La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a penas de hasta 15 años de prisión para los secuestradores del ex corredor de Turismo Carretera Eduardo “Lalo” Ramos, al declarar inadmisibles los planteos presentados por las defensas.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario de Gabriel Armando Villalba, Matías Emanuel Avalos y Pablo Javier Gaitán.

El caso se remonta a la noche del 18 de agosto de 2015, cuando Ramos y su amigo Fernando Villar fueron secuestrados en el kilómetro 40 de la Ruta 2, en el partido bonaerense de Berazategui, mientras viajaban desde Mar del Plata hacia Puerto Madero.

Los delincuentes simularon ser policías en un falso control vehicular, los obligaron a descender del automóvil, los golpearon y los separaron. Durante el cautiverio, que se extendió por casi ocho horas, Ramos fue sometido a descargas eléctricas con una picana y ambos fueron amenazados con armas de fuego.

El rescate exigido fue de 35.000 dólares, monto tras cuyo pago las víctimas recuperaron la libertad.

El 28 de febrero de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 condenó a Pablo Franco Canabe Rogel, Gabriel Arnaldo Villalba y Pablo Javier Gaitán a 15 años de prisión por secuestro extorsivo agravado por la cantidad de personas intervinientes y el uso de armas de fuego. En tanto, Matías Emanuel Avalos recibió una pena de seis años y ocho meses como partícipe secundario.

Las condenas fueron confirmadas en 2020 por la Cámara Federal de Casación Penal y ratificadas nuevamente en 2022. Con el fallo reciente de la Corte Suprema, la sentencia quedó definitivamente firme.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Según un reconocido portal de noticias el gobierno nacional evalúa recurrir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos presidenciales al aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.

La Casa Rosada tiene en carpeta dos alternativas jurídicas: avanzar con un pedido de nulidad de la sesión en el Senado o recurrir al fuero Contencioso Administrativo, en un intento por frenar las iniciativas que cuentan con amplio respaldo parlamentario.

La jugada se produce en medio de un clima político tenso, ya que los proyectos vetados apuntaban a ampliar la cobertura social en sectores vulnerables y garantizar recursos para universidades y programas de discapacidad. La resistencia del Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, abre un nuevo frente de disputa con la oposición y las organizaciones sindicales.

En diálogo con El Marplatense, el referente de ATE en la ciudad, Ezequiel Navarro, afirmó que “estamos en una etapa de resistencia” y que el apoyo inicial al presidente “ha ido decayendo notablemente” por los efectos de la política económica. “A los 180 mil puestos estatales que se perdieron tenemos que sumarle los miles de empleos privados que desaparecieron. En Mar del Plata lo vemos todos los días con pymes que cierran y colas interminables de gente buscando trabajo”, sostuvo.

Sobre los vetos en discusión, Navarro advirtió que se trata de medidas de enorme sensibilidad social. “Un aumento mínimo a los jubilados, la financiación de las universidades y la ley de discapacidad nos parecen claves. Ojalá el Gobierno no consiga sostener los vetos, porque estamos hablando de cosas mínimas”, planteó el dirigente sindical.

El referente gremial cuestionó la estrategia del oficialismo de bloquear iniciativas que buscan contener la crisis social. “Este gobierno vino a hacer esto y no va a cambiar el rumbo, pase lo que pase”, remarcó Navarro, en línea con el diagnóstico de los gremios estatales que anticipan un año de fuertes tensiones.

Con el escenario en manos de la Corte y del Congreso, el desenlace de esta pulseada definirá no solo el alcance de los vetos presidenciales, sino también el futuro inmediato de políticas claves en jubilaciones, educación y discapacidad.

El Senado de la Nación retomará este martes el debate por la reforma de la Corte Suprema de Justicia con la incorporación de un nuevo proyecto impulsado por Juliana Di Tullio (UxP), que propone llevar el número de jueces de cinco a nueve, con criterios de paridad de género y representación federal. 

La discusión se dará en el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, a partir de las 14:30 en el Salón Illia del Congreso. Será la tercera reunión que encabeza la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, junto a Juan Carlos Pagotto por el oficialismo. 

Participarán como invitados la jueza Aída Tarditti, el académico Marcelo López Mesa y el constitucionalista Diego Armesto, quienes expondrán sobre el funcionamiento del máximo tribunal y las posibilidades de reforma.

Hasta el momento, hay diez proyectos presentados por distintos bloques, con propuestas que oscilan entre mantener cinco integrantes y ampliarlo hasta 21 miembros, como lo plantea la libertaria Marcela Pagano, quien sugiere un sistema de salas especializadas. Otros legisladores, como Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Silvia Sapag (UxP), también impulsan iniciativas que buscan mayor equidad de género en la conformación de la Corte.

El proyecto de Di Tullio plantea que “no más de cinco jueces podrán ser del mismo género” y que la ampliación permitiría “una mayor diversidad de especialidades jurídicas y representación territorial”. La senadora remarcó que su objetivo es “mejorar la calidad institucional de la República”.

El tratamiento avanza con lentitud debido a la falta de acuerdos entre el oficialismo y La Libertad Avanza, situación que ya derivó en el rechazo del Senado a las nominaciones de Javier Milei para la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, el pasado 4 de abril. Hoy el tribunal funciona con solo tres de sus cinco miembros: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

Según establece la Constitución, cualquier designación o reforma en la Corte requiere del aval de dos tercios de los senadores presentes, por lo que sin consensos amplios, ninguna propuesta podrá avanzar en el recinto.

Fuente: TN

El gobernador Axel Kicillof presentará este martes un nuevo reclamo ante la Corte Suprema de Justicia para exigir el pago de una deuda de $12,1 billones que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires. 

Según informó la Fiscalía de Estado, el pedido incluye fondos previsionales, saldos de obras públicas comprometidas y montos adeudados por programas nacionales que fueron interrumpidos o demorados.

La medida fue anunciada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien detalló que el planteo judicial busca que la Corte se expida sobre su competencia en la causa, iniciada en abril de 2024, y convoque a una audiencia con la Nación, tal como ocurrió en casos similares con las provincias de Córdoba y Santa Fe.

“Queremos que se restituya lo que es de los bonaerenses”, expresó Bianco, acompañado por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, quien acusó al gobierno de Javier Milei de “robarle la plata a la provincia”. Según Katopodis, los fondos que hoy no llegan a la provincia “tienen una afectación directa en infraestructura, salud y educación”.

El reclamo se divide en tres grandes rubros: $3 billones por deudas directas (entre ellas, transferencias de ANSES, compensaciones fiscales, salud y educación); $6,9 billones por obras públicas comprometidas y no ejecutadas (como programas Procrear, Casa Propia y obras hospitalarias); y $2,2 billones por programas nacionales interrumpidos como el FONID, Potenciar Trabajo, Plan Remediar, entre otros.

Desde la administración bonaerense aseguran que los fondos reclamados están actualizados a junio de 2025 y que el incumplimiento del Gobierno Nacional responde a una “estrategia deliberada de ahogo financiero” para forzar una reestructuración de la gestión provincial.

En simultáneo, el reclamo ocurre en un contexto de tensión creciente entre Nación y las provincias, con la Cámara de Diputados a punto de tratar una agenda sensible que incluye emergencias, decretos clave y fondos coparticipables. La disputa entre Milei y Kicillof vuelve a judicializarse, y esta vez, con cifras que representan más del 7 % del PBI nacional.

Fuente: Infoabe

La Suprema Corte de Justicia bonaerense decidió admitir una queja presentada por el abogado César Sivo, quien representa a las víctimas en el Caso Gianelli, en el que fue acusada la docente Analía Schwartz. El planteo apunta contra el segundo fallo absolutorio del Tribunal de Casación, al que considera contradictorio con las evidencias del expediente.

“Nosotros hicimos un recurso extraordinario en función de entender que había un absurdo valorativo y quiebres lógicos en esa decisión”, explicó Sivo. A su criterio, Casación desoyó incluso un fallo anterior de otra sala que había resaltado la “abrumadora cantidad de evidencias” que no fueron consideradas por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, y que luego llevaron al Tribunal N° 2 a dictar una condena.

Según el abogado querellante, el nuevo fallo de Casación “reedita los errores” del tribunal original y se enfoca en aspectos parciales de la prueba. “Si toda la prueba indica que hay una o muchas situaciones abusivas, indudablemente la sentencia no puede ser una absolución”, señaló.

El recurso presentado había sido declarado inadmisible por el propio tribunal de Casación, pero la Corte bonaerense consideró que sí debía tratarse. “La Corte señaló que el recurso debió ser admitido y vamos a tratarlo”, confirmó, y agregó que el máximo tribunal también reconoció la existencia de una posible “cuestión federal”, lo que podría habilitar una futura presentación ante la Corte Suprema de la Nación.

Uno de los puntos más cuestionados por el abogado es que la absolución se basó en que la autora no habría sido correctamente identificada. “Casación dice que no estaba claramente identificada porque solo se la nombraba como la señorita de la letra A. Pero hay 90 testimonios que hablan de la maestra de música, y Analía era la única que daba música en ese ciclo inicial”, afirmó.

Además, el letrado señaló que “algunos chicos no querían entrar a la clase de música de la señorita Schwartz” y que existían síntomas como enuresis, encopresis y trastornos del sueño, incluso antes de que estallara la denuncia. “Cuando los padres preguntaron, uno de los chicos dijo que no podían contar lo que pasaba porque la señorita les decía que si hablaban, sus papás se iban a morir”, expresó.

En su fallo, Casación también mencionó un “pánico moral” entre las familias, un argumento que Sivo rechaza de plano. “Eso lo instaló la defensa, pero las pruebas muestran lo contrario. No hubo una psicosis colectiva sino casos individuales con evidencia concreta”.

La expectativa ahora está puesta en la sentencia que pueda dictar la Suprema Corte. “La Corte de la Provincia tiene un protocolo para investigaciones de este tipo, que se acerca más a lo que nosotros postulamos. Lo lógico sería que lo aplique y revierta el fallo de Casación”, concluyó.

La discusión estaba prevista en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, pero fue cancelada antes de comenzar. La decisión se dio en un contexto de alta tensión en el Congreso, vallado por las protestas semanales de jubilados, a las que en esta ocasión se sumaron organizaciones sociales movilizadas por el fallo contra la expresidenta.

Entre las iniciativas que iban a debatirse se destaca la del senador Juan Carlos Romero (Provincias Unidas), quien propone elevar el número de jueces de la Corte a siete integrantes, con representación de distintas regiones del país y especialidades jurídicas. Además, su proyecto incluye un criterio de paridad: establece que no más de cinco miembros del máximo tribunal sean del mismo sexo.

El oficialismo, a través del senador José Mayans, ya había manifestado su apoyo a la propuesta y anticipado que también acompañarían otras iniciativas que plantean un mínimo del 40% de mujeres en la Corte.

La iniciativa necesita una mayoría especial de dos tercios en la Cámara alta para designar nuevos ministros del tribunal, según establece la Constitución. Unión por la Patria cuenta actualmente con 34 senadores sobre un total de 72, lo que obliga a tejer consensos con otros bloques, especialmente tras los rechazos recientes a las postulaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla impulsadas por el gobierno de Javier Milei.

Entre los otros proyectos que iban a ser analizados figura el de Silvia Sapag (UxP), que también propone garantizar un 40% de representación femenina en la Corte, y los de Lucila Crexell (Provincias Unidas) y Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que sugieren ampliar la composición a nueve miembros.

En declaraciones a TN, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que el Ejecutivo no respalda los proyectos en discusión: “No los hemos debatido. No lo avalamos porque no es un proyecto nuestro”, afirmó, en referencia al texto impulsado por Romero.

Por el momento, no hay una nueva fecha definida para retomar el debate parlamentario, aunque se espera una reconvocatoria en las próximas semanas.

Fuente: TN

La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández por corrupción en la causa Vialidad, relacionada con irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. 

La decisión, adoptada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, ratifica la defraudación al Estado entre 2003 y 2015, liderada por Fernández y sus funcionarios, para beneficiar al empresario Lázaro Báez mediante licitaciones irregulares, sobreprecios y obras inconclusas.

El fallo del máximo tribunal rechazó los recursos presentados por la defensa, dejando firme la sentencia que inhabilita a la ex presidenta, líder del Partido Justicialista, para postularse como candidata a legisladora por la provincia de Buenos Aires en futuras elecciones. 

En respuesta a las protestas desencadenadas por el fallo, el Gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, desplegará fuerzas federales de Gendarmería para liberar los cortes en accesos viales.

Los bloqueos, registrados en puntos como la Autopista Panamericana, Acceso Oeste y el Puente Pueyrredón, son protagonizados por trabajadores del SMATA, el Movimiento Evita y otras agrupaciones. Uno de los principales focos de conflicto se encuentra en el puente Henry Ford, cerca del ramal Pilar.

“Garantizaremos el libre tránsito y despejaremos los cortes, como siempre hemos hecho”, afirmaron fuentes del Ejecutivo. Las autoridades buscan restablecer la circulación en las zonas afectadas y mantener el orden público ante las manifestaciones.

Fuente: con información de TN

Desde el Movimiento Evita Mar del Plata Batán expresaron su "más enérgico repudio al amedrentamiento y las amenazas de detención impulsadas por la Corte Suprema de Justicia contra la compañera Cristina Fernández de Kirchner".

En ese sentido, el referente de la organización, Facundo "Apache" Villalba, manifestó: “Esta nueva avanzada judicial y mediática no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia sistemática de persecución contra el peronismo, los movimientos sociales y el movimiento obrero”.

A su vez, subrayó que "se trata de una grave violación al Estado de derecho, impulsada y avalada por el gobierno de Javier Milei, que busca disciplinar a quienes nos organizamos para frenar el brutal ajuste que padecen las mayorías populares".

"No es justicia, es proscripción. No es democracia, es persecución política", sentenció.

Por este motivo, desde el Movimiento Evita llamaron "al conjunto del campo popular a mantenerse alerta y movilizado en defensa de la democracia, los derechos conquistados y nuestras referencias políticas".

La Corte Suprema de Justicia de la Nación mantiene en revisión el expediente de la ex presidenta Cristina Fernández por la causa Vialidad, en la que fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Este proceso, que podría ratificar la sentencia, se desarrolla mientras la ex mandataria impulsa su candidatura a legisladora por la provincia de Buenos Aires, con vistas a las elecciones legislativas.

Fuentes judiciales consultadas confirmaron que el máximo tribunal, presidido por Horacio Rosatti, está en condiciones de emitir un fallo definitivo sobre la causa. La sentencia, dictada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 y ratificada por la Cámara de Casación Penal, incluye además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que podría impactar significativamente en el panorama político bonaerense.

El pasado miércoles, la Corte rechazó una recusación presentada por la defensa de Fernández de Kirchner contra el ministro Ricardo Lorenzetti, alegando falta de imparcialidad. El tribunal consideró que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carecía de fundamentos jurídicos suficientes, despejando el camino para una resolución final.

La ex vicepresidenta confirmó públicamente su postulación como legisladora por la Tercera Sección electoral de la provincia de Buenos Aires, representando al Partido Justicialista, principal fuerza opositora al oficialismo libertario. 

Sin embargo, una sentencia firme podría frustrar sus aspiraciones políticas y generar una crisis en el arco peronista, especialmente tras el rechazo en mayo del proyecto de “Ficha Limpia” en el Senado, que buscaba impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la apelación solicitada por la República Argentina para evitar un fallo adverso que habilita a un grupo de acreedores a embargar activos soberanos por un monto estimado en 310 millones de dólares. Estos activos, depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York, están asociados a los bonos Brady, emitidos en la década de 1990 y vencidos en marzo de 2023.

“Los acreedores pronto tomarán posesión de USD 310 millones depositados en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York en los EE.UU., Alemania y Suiza. Esta es la segunda derrota de la República Argentina ante una Corte Suprema en los últimos 3 meses. En octubre, la Corte Suprema del Reino Unido falló en contra del país en el caso Cupón PBI”, escribió Sebastián Maril, de Latin Advisors.

“Ahora los beneficiarios del fallo enviarán un pedido de embargo a la jueza Loretta Preska para que ella lo autorice y esa autorización sea presentada en las mesas de entrada de la Reserva Federal de Nueva York, en las sucursales que tiene Nueva York, en Alemania y no sé en qué parte de Suiza. Con eso ya tomarán posesión de los 310 millones de dólares, pero eso no cubre la totalidad del pago, que es cerca de 450 millones de dólares”, explicó Maril.

Según detalló Maril, se trata de un grupo de cinco o seis fondos, holdouts, que aún no cobraron una vieja la sentencia del juez Thomas Griesa. Como Argentina no pagó, en conjunto tienen 450 millones de dólares en demandas y en sentencias firmes. Habían pedido el embargo del colateral de los bonos Brady que Argentina aún tiene en la Reserva Federal de Nueva York, USD 250 millones; y en Basilea, unos 58 millones de euros.

La defensa argentina sostiene que estos activos son propiedad del Banco Central de la República Argentina y no del Estado, lo que los eximiría de ser utilizados para el pago de deudas soberanas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de los Estados Unidos. Además, argumenta que los títulos en cuestión no pueden ser considerados como parte de una actividad comercial, otro elemento que, de acuerdo con la legislación internacional, debería garantizar su inmunidad frente a embargos.

La jueza Preska, sin embargo, rechazó estos argumentos. En su fallo de agosto de 2022, ratificado este año por la Corte de Apelaciones, sostuvo que los derechos de reversión asociados a los bonos Brady pertenecen al Estado argentino, no al BCRA. Además, argumentó que estos activos se utilizaron previamente en actividades comerciales, invalidando el reclamo de inmunidad.

“La Argentina ha utilizado los derechos de reversión en al menos dos oportunidades previas. Aunque el país afirma que no existió un uso comercial, esta afirmación carece de fundamento”, expresó la jueza en su fallo.

Fuente: Infobae

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema retrasar la prohibición de TikTok para dar tiempo a una solución negociada, según un documento legal presentado ayer.

El documento fue presentado por John Sauer, a quien Trump nominó como procurador general, un puesto que normalmente es responsable de representar al Gobierno de Estados Unidos en tribunales de apelación como la Corte Suprema.

El documento afirma que Trump se opone a la prohibición inmediata de TikTok en Estados Unidos y espera resolver el problema por medios políticos después de asumir el cargo, agrega que Trump es hábil en la negociación y tiene la voluntad política para llegar a una solución a través del diálogo, una salida que abordaría las preocupaciones de seguridad nacional del Gobierno y salvaría la plataforma.

En un evento celebrado en Phoenix, Arizona, el pasado domingo por la organización conservadora Turning Point USA, Trump dijo que la popular aplicación, usada para compartir videos, puede haber ayudado a llegar a algunos votantes clave en la elección presidencial, y expresó la posibilidad de mantener TikTok “por un tiempo”.

En abril, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó la ley que otorga a ByteDance solo 270 días para vender TikTok, alegando preocupaciones infundadas de seguridad nacional. Si la empresa no cumple, la ley requerirá que los operadores de tiendas de aplicaciones como Apple y Google eliminen TikTok de sus plataformas.

En mayo, TikTok demandó al Gobierno de Estados Unidos para bloquear la posible prohibición, que ha generado críticas generalizadas.

A principios de diciembre, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en Washington, D.C., desestimó la afirmación de TikTok de que la prohibición es inconstitucional.

El 16 de diciembre, TikTok y su empresa matriz, ByteDance, pidieron a la Corte Suprema que suspendiera temporalmente la ley.

TikTok argumentó que la posible prohibición cerraría una de las plataformas de expresión más populares en Estados Unidos el día antes de una toma de posesión presidencial y “silenciaría el discurso de los interesados y de los muchos estadounidenses que utilizan la plataforma para comunicarse sobre política, comercio, arte y otros asuntos de interés público”.

El 18 de diciembre, la Corte Suprema acordó revisar una solicitud de TikTok y ByteDance para bloquear la ley.

Fuente: Noticias Argentinas

En la víspera de la Navidad, Cristina Kircher no abandona las embestidas políticas y arremetió contra los jueces de la Corte Suprema. En un mensaje en X definió al máximo tribunal como “mafia y delirio” y dijo que no importa lo que se vote porque “quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio”.

El mensaje de la titular del PJ contra la Corte llega días después de que el máximo tribunal confirmara que tanto ella como su hijo Máximo Kirchner deben ir a juicio por corrupción en el caso Hotesur-Los Sauces. “Aunque parezca joda…”, comienza el mensaje que difundió la ex presidenta en sus redes sociales, donde también se encargó de arremeter contra Javier Milei y Mauricio Macri, al tiempo que dejó un mensaje navideño para los argentinos.

“Macri le exigió ayer a Milei 'ser transparente’ y 'cuidar la República’. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia”, comentó Cristina sobre el cruce de mensajes sucedido ayer entre el presidente del PRO y el jefe de Estado.

En ese marco, la ex vicepresidenta apuntó también contra Carlos Rosatti, juez de la Corte Suprema, sobre el que recordó que fue designado por Macri. “Amenazó anoche desde La Nación+, el canal de los Saguier, que 'Todo termina en la Corte'”, comentó sobre los dichos del magistrado durante una entrevista televisiva.

Y remató: “O sea… no importa lo que votás porque quien finalmente decide no fue votado por nadie y además es vitalicio. Mafia y delirio, peligroso binomio para los destinos de la Patria en estas vísperas de Navidad”.

Ayer, el presidente de la Corte le hizo una advertencia a Milei por la eventual designación a través de un decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. El magistrado brindó una entrevista a LN +, donde fue consultado acerca de las designaciones para integrar el máximo tribunal. "Lo tiene que resolver la Corte en última instancia si hay cuestionamientos", señaló.

El pasado 16 de diciembre, la Corte por unanimidad se pronunció sobre el caso Hotesur-Los Sauces y confirmó lo dicho por la instancia anterior: Cristina y Máximo Kirchner deben ir a juicio oral, acusados de operaciones de lavado de dinero a través de las empresas familiares, en las que intervino -entre otros- Lázaro Báez.

El máximo tribunal rechazó los planteos con los que la ex vice de Alberto Fernández pretendía evitar estar sentada, una vez más, en el banquillo de los acusados. Durante la instrucción del caso, la Justicia dijo que tanto la firma hotelera como la inmobiliaria sólo fueron “pantallas para el blanqueo de activos”.

Aunque parezca joda…Macri le exigió ayer a Milei “ser transparente” y “cuidar la República”. Milei sigue repitiendo que su gobierno es el mejor de la historia y Rosatti (presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación designado por Macri), amenazó anoche desde La… pic.twitter.com/xpPCvcUZcz

El comentario de la presidenta del PJ en X incluyó, además de las embestidas políticas, un mensaje navideño que, de todos modos, no abandonó la rosca.

"Esta noche cuando compartamos la llegada de Jesús con nuestros seres queridos ratifiquemos nuestros valores de solidaridad y amor al prójimo", pidió. Y también hizo un llamado a la "templanza e inteligencia" y pidió reafirmar "el valor de la unidad en comunidad en momentos de tanto desamor y de 'sálvese quien pueda'".

"Solidaridad y comunidad. Feliz Navidad para todas y todos", cerró.

Fuente: Clarín

La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar los recursos de Cristina Kirchner en la causa que inició con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, lo que la conduce directamente al juicio oral y público acusada del delito de encubrimiento agravado del atentado de la AMIA. En otra resolución, coincidieron con la defensa de la ex vice y consideraron que la causa por las operaciones con el dólar futuro no debe ser juzgada.

A pocas semanas de que se modifique su conformación, cuando el ministro Juan Carlos Maqueda cumpla los 75 años, la Corte Suprema firmó dos fallos vinculados a causas que tienen como principal acusada a Cristina Kirchner.

La primera de las decisiones responde a la causa conocida como Pacto con Irán. Este expediente representa el juicio de mayor trascendencia internacional contra la ex vicepresidente.

En este debate, que debe realizarse después del fallo de la Sala I de la Casación Federal de reabrir el caso, ahora ratificado por la Corte, se juzgará el supuesto intento de encubrir a los cinco imputados iraníes acusados de como autores intelectuales del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, hecho que denunció en el 2015 el fallecido fiscal Alberto Nisman. El atentado fue perpetrado en julio de 1994 por un comando de la Jihad islámica del Hezbollah, y causó la muerte de 85 personas.

La causa fue elevada a juicio oral en 2018 y, radicada en el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8), no tuvo grandes avances hasta el 7 de octubre de 2021, cuando firmó el sobreseimiento de la vice y los demás acusados al considerar que había elementos nuevos que se incorporaban al caso y que beneficiaban a Cristina: la aparición de prueba nueva es una de las excepciones que el Código Procesal Penal contempla para anular un caso y no realizar el juicio, la tarea por naturaleza de los Tribunales Orales.

Ese criterio fue revertido por la Sala I del máximo tribunal penal, que ordenó la reapertura del expediente y el sorteo de un nuevo Tribunal, apartando a los jueces Daniel Obligado, José Michilini y la jueza Gabriela López Íñiguez, que había firmado el cuestionado sobreseimiento.

Cristina y los demás acusados acudieron a la Corte para revertir ese planteo y así evitar el juicio oral y público. Fueron justamente esos recursos los que fueron rechazados hoy, dejando firme la decisión de la Casación de que todos deberán comparecer ante un Tribunal.

La Corte consideró que el de Cristina era un recurso inadmisible, ya que lo que se apelaba no es una sentencia definitiva. Con el voto conjunto de Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda y los votos concurrentes de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el planteo por unanimidad.

Las impugnaciones fueron rechazadas por la Corte por motivos formales, de modo que no ingresó al análisis y valoración de las pruebas incorporadas a la investigación.

En el voto de Rosatti y Maqueda, al que adhirió Rosenkrantz con excepción de uno de sus considerandos, se entendió que el recurso “no satisface los recaudos exigidos por la ley 48 para su admisibilidad formal, lo que impide a este Tribunal examinar el fondo de la cuestión, sobre la cual no emitirá pronunciamiento alguno”.

El juez Lorenzetti se diferenció de sus colegas, pues entendió que “es contradictorio afirmar que el recurso adolece de falta de fundamentación y luego contestar los fundamentos, adelantando opinión sobre cuestiones que hacen al fondo de la cuestión”.

Rosenkrantz explicó que “la expresión de las razones por las cuales se declara inadmisible el recurso” encuentra una extensa tradición en la Corte, que se remonta a los inicios de su existencia y llega hasta nuestros días. “Existe una inveterada tradición de este Tribunal de explicitar, en los casos en los que lo estima conveniente, por qué se rechaza un recurso aun cuando ello se haga en virtud de la falta de fundamentación o de la falta de satisfacción del requisito de sentencia definitiva, o de otros requisitos previstos por la ley 48”.

Cuando el caso se reabrió, los camaristas fueron determinantes al señalar en el fallo que las acusaciones vertidas en el expediente responden a una hipótesis delictual que debe discutirse en un juicio y al concluir ese proceso, será el Tribunal a cargo el que determine la comisión de un delito o no.

En este sentido indicaron que la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman se basaba en una hipótesis delictiva y no discutía la potestad del Poder Ejecutivo de firmar un Memorándum de Entendimiento. Lo que se cuestionó fue la intención que persiguió tal medida bajo la presunción de que respondió al presunto encubrimiento de los ciudadanos iraníes, responsables del atentado terrorista de la AMIA.

Cristina Kirchner había sostenido ante la Corte que “lo decidido supone la indebida judicialización de actos de naturaleza estrictamente política que, como tales, se encuentran exentos de revisión por parte del Poder Judicial”.

Sin embargo, el Máximo Tribunal señaló que “la Sala I de la Cámara Federal de la Casación Penal sostuvo que la hipótesis delictiva postulada por las acusaciones no se reducía a la suscripción de un tratado internacional, sino que tal circunstancia debía ser valorada en conjunto con las negociaciones realizadas por ‘canales paralelos’ a los carriles funcionales y que vehiculizaban el fin ilícito sostenido por las acusaciones, consistente en dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes a los que se les atribuye el atentado a la AMIA”.

Los acusados son Cristina Kirchner, Eduardo Zuain, Oscar Parrilli, Carlos Zannini, Angelina Abbona, Juan Martín Mena, Andrés Larroque, Jorge Khalil, Luis D'Elía y Fernando Esteche. También fue procesado el fallecido ex canciller Héctor Timerman.

Dólar futuro

Un criterio distinto aplicaron los ministros del máximo tribunal a la hora de evaluar el caso de dólar futuro, donde además de Cristina Kirchner estaban acusados Axel Kicillof, Alejandro Vanoli, entre otros.

El expediente fue instruido por el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Eduardo Taiano. En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central por las ventas de dólar futuro a un valor inferior al que se estaba ofreciendo en el mercado fue de 54.921.788.702,40 pesos, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.

La Corte no tuvo en cuenta el dictamen del procurador general de la nación, Eduardo Casal, quien había pedido revocar el sobreseimiento de este caso y que todos los acusados enfrenten el juicio oral y público.

Asistiendo al argumento central de la defensa de la ex vice, el máximo tribunal consideró que se está ante un caso de políticas de Estado no judiciables. De esta manera, avaló el planteo de las partes y consideró que el juicio oral y público de esta causa, no debe realizarse.

Fuente: Clarín

En una maratónica audiencia pública que duró más de ocho horas, el juez federal y candidato a la Corte Suprema, Ariel Lijo, argumentó sin fisuras su postulación al máximo tribunal de Justicia del país y dependerá ahora de la anuencia de los integrantes de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta para que su pliego primero obtenga dictamen -quedó habilitado para ser firmado- y llegue al recinto, donde precisará los dos tercios de votos de los presentes para que su designación, realizada por el Gobierno libertario de Javier Milei, quede activa.

Lijo no sólo blindó con argumentos jurídicos sus actuación en distintos fallos en los que estuvo involucrado y de notoriedad pública, sino que además respondió sobre la cuestión de género en la justicia, tratados internacionales con rango constitucional, federalismo y coparticipación, la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la ampliación de la Corte, mejora en la tramitación de procesos para evitar dilaciones, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), dolarización y la potencial baja de edad de imputabilidad de menores, entre otras cuestiones.

El magistrado federal contestó la mayoría de los requerimientos realizados, salvo aquellos en los que se dispensó ante una eventual intervención futura en caso de ser designado, con los votos del Senado, como miembro de la Corte Suprema, ante varios legisladores que quedaron enfrascados en discusiones contra el juez más inclinadas hacia lo mediático que lo jurídico. Casi nadie llevó preguntas específicas sobre derecho penal, una prueba trascendental para medir la idoneidad del candidato.

Los pocos cruces que se dieron entre los senadores y Lijo fueron manejados con sobrado oficio por la legisladora del PRO y presidenta de la comisión de Acuerdos, la porteña Guadalupe Tagliaferri. Un trabajo exhaustivo previo junto a su equipo de trabajo permitió el desarrollo de una audiencia pública sin estridencias y acorde a la importancia de lo que está en juego a nivel institucional.

En cuanto a los principales puntos que tocó Lijo, sobre los objetivos para mejorar la Justicia, dijo que la Corte puede reasignar recursos, así como simplificar “el recurso extraordinario, bajando nivel de litigiosidad”. En segundo término, apuntó a segmentar las posibilidades de respuesta ante distintas categorías de conflicto, ya que “no puede ser que respondamos con las mismas personas, métodos y estructura una catástrofe ambiental que el arrebato de un celular, o fijación de cuota alimentaria”. Luego, direccionó la mira a los “procesos sumarios y orales”.

Y sobre su ampliación, aseguró que “no tengo una posición tomada de cuántos miembros tiene que tener la Corte. La Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y en todos los sistemas, la Corte funcionó. Los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento respecto de la conveniencia de su composición”.

En otro orden de temas, se expresó sobre la dolarización dejando en claro que se “debe respetar los estándares mínimos de legislación” y que, “de alguna manera, debe ser preservada la moneda”. Y agregó: “Expedirme en términos absolutos sobre si es constitucional algo que no existe no es lo correcto. Sea lo que sea, debe preservar la moneda”.

También hizo mención a temas de género. “¿Si tiene que estar integrada la Corte por una mujer? Sí”, aseveró Lijo y también resaltó que fue “formado por mujeres” y que la “cuestión de género no es sólo enunciativa ni de buenos modos o políticas, es mucho más concreta”. Habló de “poder remover obstáculos también en la toma de decisiones”.

Consultado sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el candidato detalló que existe “una jurisprudencia extensa en la Corte”, en cuanto a “que deben ser controladas las condiciones de necesidad y urgencia en cada caso, objetivas”. Seguido a ello, deslizó que el tema “merece un debate público”.

También hizo referencia a las acusaciones en su contra al señalar que “no voy a detenerme en detallar el origen de las denuncias: en 20 años no recibí una sola sanción del Consejo de la Magistratura. Nunca, ni una sanción”, destacó el juez federal. Más temprano, explicó: “Fui investigado por UIF y AFIP. Nunca encontraron nada. Es más, es mentira que me haya defendido el doctor -y actual ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona, nunca puse abogado”.

También hubo un apartado para las retenciones, al señalar que “creo que los derechos de exportación autorizados constitucionalmente, en la medida que sean razonables y no afecten al sector, puede ser regulados. Todos pueden ser revisados judicialmente”.

Fuente: Infobae

Los cuatro miembros de la Corte Suprema no asistirán al acto que realizará Javier Milei en Tucumán por el 9 de Julio, en el que el Gobierno impulsa la firma del demorado Pacto de Mayo. En tanto, Mauricio Macri volverá al país y será el único ex presidente presente.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti anunciaron su inasistencia a través del área de ceremonial del alto tribunal, que ya se lo informó a ceremonial de la Casa Rosada. No especificaron los motivos.

Pero la decisión de los jueces se da en medio del debate por la incorporación de dos nuevos integrantes a la Corte Suprema, con la polémica postulación de Ariel Lijo (empujado por Lorenzetti), y una eventual ampliación.

Los magistrados no serán los únicos ausentes en la celebración con la que la gestión libertaria buscar sellar un acuerdo con 10 puntos claves de cara al futuro. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, ratificó en los últimos días su decisión de no asistir al encuentro. “Si es una foto de marketing del Gobierno para fingir un apoyo, no cuenten conmigo”, dijo.

También serán de la partida el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto, el fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán. Quién sí asistirá es Mauricio Macri.

Desde el Gobierno dejaron saber que finalmente -pese a lo que había comunicado el presidente- los gobernadores serán los únicos habilitados para firmar. Macri, el único de los ex presidentes que había confirmado su presencia para la frustrada convocatoria del 25 de Mayo, en los últimos días había generado algunas dudas luego de que se tensionara su relación con el Ejecutivo por la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad.

Sin embargo, desde su entorno confirmaron que Macri tomará hoy un avión de regreso a la Argentina desde Europa, donde ayer estuvo presente en el torneo de tenis de Wimbledon, para sumarse a la convocatoria del libertario en Tucumán. Luego tiene previsto regresar al Viejo Continente.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en tanto, no tienen planeado asistir a la convocatoria de Milei.

Ante a las primeras versiones de ampliación de la Corte, la Justicia se mostró cautelosa, debido a que no se trata del primer proyecto que se formuló en los últimos años en torno al tema, pero también porque creen que es una cuestión que primero se tiene que zanjar en los otros poderes, a nivel ejecutivo y legislativo.

Dos jueces de la Suprema Corte ya habían expresado su postura respecto a la posibilidad de ampliación. Ricardo Lorenzetti fue uno de los que declaró en 2022 que "no se puede hacer populismo judicial", en una crítica al intento del kirchnerismo de ampliar de 5 a 15 el número de integrantes.

Sobre esa misma reforma promovida por el gobierno de Alberto Fernández, el presidente de la Corte Horacio Rosatti había sido bien claro al declarar en una entrevista televisiva que "sería bueno que nos consulten".

Los 10 puntos del Pacto de Mayo

El Gobierno de Javier Milei difundió el miércoles los 10 puntos que incluirá el Pacto de Mayo, con dos cambios relevantes: se incorporó un tópico sobre educación y se eliminó la reforma política.

En el proyecto inicial del pacto, la administración de Milei había establecido una "reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados". Pero finalmente ese punto no estará en el compromiso al que llamó el presidente para respetar 10 políticas de Estado y al que describió como un nuevo acuerdo fundacional para la Argentina.

En marzo, cuando Milei anunció el Pacto de Mayo y convocó a los gobernadores, aclaró que esos lineamientos iban a estar sujetos a la aprobación previa de la Ley de Bases y del paquete fiscal, lo que finalmente sucedió tras varias idas y vueltas.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán, encolumnó a los mandatarios provinciales oficialistas en una misma línea de cuestionamiento a lo que consideran una intromisión del máximo Tribunal. “Viola y atropella las autonomías provinciales”, reclamaron.

La Corte decidió hacer lugar a un reclamo de agrupaciones políticas opositoras, que impugnaba las reelecciones de Sergio Uñac y Juan Manzur a las gobernaciones de San Juan y Tucumán, respectivamente.

“Los dueños de la vida de los argentinos lo hicieron una vez más: en un nuevo fallo absolutamente político -como de costumbre- la Suprema Corte viola y atropella las autonomías provinciales, y suspende de la manera más arbitraria y autoritaria las elecciones en San Juan y Tucumán”, escribió en su cuenta de tuiter Alberto Weretilneck, gobernador electo de Río Negro.

Weretilneck enfrentó un proceso judicial en el que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro decidió finalmente habilitarlo para competir una vez más por la gobernación de su provincia. Ese órgano revocó el fallo del Tribunal Electoral (TEP) por considerar que podía presentarse como candidato.

“Comparto lo expresado por el Gobernador electo de Río Negro… lo hicieron de nuevo, violando las autonomías provinciales, en forma autoritaria, a 4 días de otros comicios donde sería derrotada la facción a la que pertenecen (JxC) avasallan la democracia de San Juan y Tucumán!!!”, concidió en su cuenta de la red social Twitter el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

La Corte Suprema, nuevamente en la mira de los gobernadores peronistas No es la primera vez que la Corte Suprema de Justicia queda en la mira de los gobernadores peronistas. Con el presidente Alberto Fernández decidió recortar fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, 19 mandatarios provinciales acompañaron esa iniciativa.

Sin embargo, cuando la medida se judicializó y el kirchnerismo avanzó con el pedido de juicio político a la Corte luego de que le ordenara devolver parte de esos recursos recortados en 2020, apenas una docena de gobernadores se sumaron. El bonaerense Axel Kicillof fue el más duro en esa postura.

“En el juicio político a la Corte Suprema se ventilan hechos gravísimos sobre los manejos turbios en la obra social, amenazas y extorsiones; siguen sin aclararse los delitos que figuran en los chats de Lago Escondido; coparon ilegalmente el Consejo de la Magistratura; dictaron el 2x1; decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a CABA; dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por decreto por (Mauricio) Macri. Se agrega ahora la suspensión de las elecciones en dos provincias a 4 días de realizarse”, cuestionó este martes Kicillof.

Según consideró, los miembros del máximo Tribunal “son parte de la oposición y ya ni lo disimulan”. “Esta Corte Suprema es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina. De nuevo el centralismo se quiere llevar puesto el federalismo. ¡Por esto 12 gobernadores firmamos el pedido de Juicio Político!”, agregó.

“El mismo Partido Judicial que persigue y proscribe a Cristina, que no avanza en la investigación del atentado, que encubre a los que lo planearon y financiaron, ahora prohíbe al pueblo de San Juan y Tucumán elegir a sus gobernadores”, enfatizó.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional advirtió ese viernes sobre la "preocupación" de juezas y jueces que "sienten menoscabada y afectada su investidura" ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia que resolvió que los traslados no son permanentes.

Ante esto requirió de modo "imperativo" al Consejo de la Magistratura y "a los actores políticos, cualquiera sea su signo partidario, que advierten la gravedad de las posibles derivaciones de este aspecto del fallo" que "obren con la prudencia que requiere el problema", según un comunicado difundido hoy.

La situación "puede constituir un punto de quiebre en la historia del Poder Judicial de la Nación", añadió la Asociación que agrupa a jueces y juezas de todo el país.

Según cálculos de fuentes judiciales, serían unos 70 magistrados los que podrían verse afectados por el fallo de la Corte, dictado para los casos puntuales de los camaristas federales porteños trasladados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

"Es criterio férreo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional no emitir juicios sobre el contenido de las decisiones jurisdiccionales de cualquier instancia, en especial tratándose de las dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", aclaró la Asociación al destacar que no se busca "opinar" sobre el fallo.

"Pero, sin embargo, no puede soslayarse que el voto de la mayoría (punto dispositivo 7º), al señalar, obiter dictum y más allá del principio de congruencia, la necesidad de llamar a concurso para “todos los jueces que ocupan transitoriamente cargos por traslado”, cuyas situaciones no han sido objeto de la litis, genera intranquilidad en magistrados y magistradas que pueden ver afectada la inamovilidad en sus cargos", agregó.

Tal como adelantó El Marplatense, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso el restablecimiento pleno del servicio de justicia en los órganos judiciales y dependencias administrativas en Mar del Plata a partir del 24 de agosto.

Sobre esta cuestión, este medio dialogó con Fabián Portillo, presidente del Colegio de Abogados.

"Es algo que venimos reclamando desde el principio de esta pandemia. Sosteníamos que podíamos brindar el servicio de Justicia. Luego de lograr la apertura de la institución, de las oficinas, los estudios jurídicos y la circulación de los colegas, la Corte decidió con buen fundamento que el Departamento Judicial de Mar del Plata funcione completamente", manifestó.

Asimismo, Portillo afirmó que "esta no es una decisión a partir de fundamentos en cuestión sanitaria de la ciudad y seguramente habrá elementos de protección, como yo las incorporé en la institución, al igual que las mamparas de seguridad para los colegas que están en las máquinas, la toma de temperatura a cada persona que llega. Hemos hecho todo lo posible para resguardar a todas las personas que trabajan y acceden en nuestra institución. Esperemos que esto ocurra en el Departamento Judicial".

En cuanto a la importancia de esta reactivación para el Colegio de Abogados, su presidente destacó que "nos interesa reactivar el trabajo pleno por una cuestión social. Hay muchos reclamos de la ciudadanía que no han podido ser evacuados ni analizados por el Poder Judicial, debido a que no se pudieron iniciar las causas en el momento oportuno. Por eso favorece a toda la sociedad".

En el marco de la negativa por parte del gobierno de la Provincia de Buenos de Aires de no permitir en Mar del Plata la vuelta a la actividad de diferentes sectores, como el gastronómico y las actividades deportivas y recreativas, entre otros, fue presentado ante la justicia un 'Habeas Corpus Colectivo', con el fin de revertir esa decisión, que afecta a un gran numero trabajadores.

A través de un habeas corpus, el abogado Julio Razona presentó en la Sala II de la Cámara Penal de Mar del Plata, un recurso al Poder Judicial para que se pronuncie expresamente acerca de la "inconstitucionalidad del DNU 520/2020, en el caso de la prohibición de ejercer el comercio, industria lícita o deambular, llevar a cabo una actividad deportiva o recreativa".

"La sala II de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Mar del Plata tiene en sus manos, el recurso de 'Habeas Corpus Colectivo', que he presentado con el fin de que se implementen los protocolos presentados al municipio de General Pueyrredon, por parte de comerciantes, gastronómicos, actividades deportivas, de recreación y demás, para que poco a poco Mar del Plata vaya retomando su actividad normal", manifestó Julio Razona, en declaraciones a El Marplatense.

"He solicitado a la cámara penal, que tome intervención, atento a los precedentes jurisprudenciales que existen. Ya la Corte Suprema de justicia de la Nación, ha indicado que cuando se violan derechos constitucionales básicos, como son los que violan los DNU, que están afectando a toda la población, es el poder judicial en encargado de poner las cosas en orden y que la actividad de lucha contra la pandemia, sea llevada a cabo respetando el orden constitucional y los derechos básicos de la población", concluyó Julio Razona.

Tras conocerse este martes el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional el pago del impuesto a las Ganancias por el cobro de una jubilación, el abogado previsional Adrián Tróccoli explicó en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata los alcances de esta sentencia.

"Es un fallo complejo. No está mal como primera medida, hay una intención. Pero solo corre para el caso particular, hasta tanto el Congreso no haga un tratamiento y hasta tanto no salga una ley más beneficiosa", sostuvo y advirtió que la resolución del máximo tribunal de Justicia del país "deja abierta la puerta para que los jubilados paguen algo de Ganancias, aunque no como lo hacen ahora".

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco fallaron a favor de María Isabel García, una jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, que promovió una demanda contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Lo hizo en 2015, cuando tenía 79 años, y argumentó que padecía problemas de salud y que los descuentos en su beneficio oscilaban entre el 29,33% y el 31,94%.

"La Corte solo tuvo en cuenta la situación particular de la vulnerabilidad en la que se encuentran los jubilados. Pero es difícil de traducir en una ley general. Es raro hacer una junta médica para ver si hay que pagar Ganancias o no. El Congreso tendría que cambiar los parámetros fijos, pero hasta que no salga un proyecto, estamos hablando sobre el aire", opinó el letrado.

Actualmente, el mínimo no imponible para el pago de Ganancias es de $61500, por lo que a 300.000 jubilados y pensionados se les descuenta el impuesto. "Hay otros 400 expediente con sentencia similar de la Cámara de Rosario y serían validados de forma automática. El resto de los jubilados veremos, porque la Corte no da una sentencia que abarca a todo el mundo, sino caso por caso", detalló.

"Esto es algo que sirve solo para los que hicieron juicio. Sino, tienen que seguir pagando porque la ley sigue vigente. Los que pagan Ganancias ahora tienen 2 opciones: esperar y confiar en que el Poder Legislativo genere una resolución razonable al respecto o iniciar una acción de amparo. Pero no podemos decir que esto tenga una respuesta rápida en el Congreso", agregó.

Por otro lado, sostuvo que esta sentencia podría beneficiar a aquellos jubilados que hayan iniciado juicios por reajuste de haberes y, luego de obtener una sentencia favorable, cobraron la diferencia o están en etapa de liquidación. "Este fallo dice, claramente, que, en caso de duda, hay que estar por el derecho del jubilado. Empodera a los jueces de primera instancia y allana el camino para los que ya tienen iniciado el juicio", destacó.

Por último, descartó que la resolución de la Corte Suprema pueda tener un efecto directo e inmediato sobre los trabajadores que también tributan el impuesto. "Este fallo no da mucho pie para que los trabajadores dejen de pagar Ganancias. La ley se quedó en el tiempo, no se ajustaron las alícuotas. Eso motivo esta disputa", afirmó.