La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo que había impulsado Fuerza Patria para evitar que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza en reemplazo de José Luis Espert y que sea la figura de Karen Reichardt quien ocupe ese lugar.

Con un breve texto y a menos de 24 horas de haber recibido el expediente, el máximo tribunal dio por terminada la polémica en torno a la lista de candidatos libertarios en la provincia de Buenos Aires y dejó firme al ex vicejefe de Gobierno porteño en la administración de Larreta al frente de las boletas.

"El recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima", concluyeron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

De esta manera, los magistrados rechazaron la apelación que había recibido de la Cámara Nacional Electoral presentada por Malena Galmarini, la dirigente de Fuerza Patria, que buscaba que sea Reichardt quien quede al frente de la lista, basado en la paridad de género.

El conflicto se originó luego de que Espert renunciara a su candidatura a diputado nacional por Buenos Aires, acorralado por su vinculación con el empresario Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico.

En primera instancia, el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, había autorizado su reemplazo por Karina Celias Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, y sin embargo, la Cámara revocó esa decisión.

El tribunal fundamentó su fallo en la ley de paridad de género 27.412 y su decreto reglamentario, que establecen que los reemplazos deben realizarse con personas del mismo género que el reemplazado. En consecuencia, determinó que el lugar de Espert debía ser ocupado por otro varón, en este caso, Santilli, quien finalmente encabezará la lista de LLA en territorio bonaerense. La Corte terminó avalando esto.

Fuente: DIB

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires firmaron un convenio para la intervención del conjunto edilicio Villa Devoto y Quinta de Bary, ubicado en Brown y Buenos Aires.

El proyecto contempla la puesta en valor y refuncionalización de uno de los patrimonios arquitectónicos más relevantes de la ciudad, con el objetivo de albergar organismos judiciales y desarrollar actividades culturales abiertas a todo público, sin descuidar la preservación de ambos espacios. El evento se celebró en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) que, a su vez, tendrá un rol central a partir de sus profesionales.

Con la participación de autoridades de los distintos organismos públicos involucrados, el aula 201 “Héctor Oddone” del segundo piso de la FAUD fue el escenario donde se llevó a cabo la exposición de argumentos, así como también del recorrido histórico de ambas propiedades.

La mesa de apertura tuvo la iniciativa del decano de dicha unidad académica, Francisco Olivo, quien agradeció la presencia de las autoridades e instituciones involucradas y destacó el valor de articular esfuerzos en el contexto actual.

“En un momento donde las vinculaciones institucionales no son fáciles, haber sido convocados en un proyecto que reúne a la Suprema Corte, a universidades y a la Municipalidad nos parece fundamental. Por eso, asumir este compromiso para nosotros implica hacerlo en función demuestras capacidades como disciplina y profesión”, expresó.

Desde esa perspectiva, celebró que se trate de una intervención respetuosa con el patrimonio: “En una ciudad donde no siempre hemos tratado bien al patrimonio arquitectónico urbano, este proyecto pone en relieve dos villas significativas en una situación de recuperación y consideración sumamente valiosa”.

Tras ello, el rector de la casa de altos estudios, Alfredo Lazzeretti, contextualizó la articulación con el Poder Judicial en una serie de trabajos previos que también contaron con el aporte académico de la universidad. “Días atrás estuvimos en la presentación de un libro -Mediar y Juzgar- sobre el desarrollo de la Justicia en el partido de General Pueyrredon, y hoy nos volvemos a dar cita, esta vez con la Facultad de Arquitectura, para contribuir a la preservación del patrimonio arquitectónico de la ciudad”.

En ese sentido, Lazzeretti destacó que esa preocupación por el patrimonio ha sido históricamente uno de los temas prioritarios para la FAUD. “Analizar lo que hay que preservar para mantener viva la historia urbana a través de sus edificaciones es parte del trabajo de la facultad. Y en este caso, además, se trata de una obra de Alejandro Bustillo, cuya impronta es tan fuerte que muchos de sus edificios aún siguen siendo grandes espacios de encuentro para los marplatenses”.

Asimismo, valoró el alcance del proyecto al señalar que "más allá de preservar, va a refuncionalizar, para que puedan desarrollarse nuevas actividades junto a las que hoy ya realiza el Poder Judicial”.

Por último, enfatizó el rol que debe asumir una universidad pública: “Es fundamental interactuar con los tres niveles del Estado y con sus tres poderes. No solo con los ejecutivos, sino también con el judicial y el legislativo. Poner a disposición todo lo que se investiga y se produce en las universidades nacionales es parte de nuestra misión”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reúne esta tarde para definir su postura sobre la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, convocó a sus colegas a las 16. Si confirman la pena de 6 años de prisión y su inhabilitación, la ex presidente no podrá ser candidata en las próximas elecciones. 

En ese marco, Rosatti y su colega Carlos Rosenkrantz ya entregaron sus votos, cada uno por su cuenta, en la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La condena saldría después de 16, el horario al que Rosatti citó al resto de los integrantes de la Corte para tratar la causa, una reunión en la que se definirá si la ex jefe de Estado sigue o no en libertad.

A la espera del fallo, el dirigente social Juan Grabois dijo que "en este momento se está pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino" y convocó a los militantes peronistas a concentrar en la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu al 100.

"La detención de la ex Presidenta de la Nación y Presidenta del principal partido de oposición, Cristina Fernández de Kirchner, es un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual dictadura", sentenció Grabois en su cuenta de X.

En el mismo sentido se expresó "Wado" de Pedro, quien aseguró que una condena a Cristina Kirchner "pone en juego" la democracia.

El senador nacional participó del encuentro de senadores de Unión por la Patria con Cristina Kirchner, donde se habló de los "proyectos de ley para proteger a los jubilados, personas con discapacidad, universidades públicas y a todos los sectores castigados por el ajuste de Milei".

Asimismo, convocó a acompañar a la ex mandataria ante el "inminente fallo de la Corte con el que quieren proscribir a Cristina", que "pone en juego no sólo el porvenir" de la oposición y el PJ "sino el de todo el pueblo en su conjunto, la democracia y la vigencia del Estado de Derecho", escribió de Pedro en X.

En tanto, el referente del Frente Renovador Sergio Massa consideró que la causa Vialidad "está plagada de irregularidades" y pidió el máximo tribunal "admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner y revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2".

Si bien estaba previsto un encuentro para diseñar un "apoyo institucional" conjunto del Frente Renovador y el Partido Justicialista, al conocerse que la Corte se reunirá esta tarde para definir si la ex presidente va presa o no, la estrategia debió ser replanteada y quedó en manos de Massa fijar una postura. "La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra República", indicó el partido del tigrense en un comunicado.

Fuente: Clarín

La ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, le pidió hoy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación su absolución en la causa de Vialidad, en la que está condenada a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y recusó para que intervenga en el caso a Manuel García-Mansilla, uno de los cuatro jueces del máximo tribunal que fue designado en el cargo por decreto por el presidente Javier Milei.

La defensa de la ex mandataria hizo esta mañana dos presentaciones en la Corte Suprema. La primera fue el recurso de queja directo en el máximo tribunal contra su condena y el segundo la recusación de García-Mansilla. Ambos escritos fueron difundidos por Cristina Kirchner en sus redes sociales. 

Cristina Kirchner tenía plazo hasta mañana a las 9:30, al igual que el resto de las partes, para hacer su presentación ante la Corte. Así como la defensa pidió la absolución, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, hará lo propio con su solicitud de que la condena se eleve a 12 años de prisión por asociación ilícita.

Desde hoy la causa ya queda en manos del máximo tribunal, que no tiene plazos para resolver el expediente y podría definir la detención de la ex mandataria en caso que rechace su apelación y confirme la condena.

La defensa apeló el fallo de la Cámara de Casación que rechazó su recurso extraordinario contra la resolución que confirmó su condena, que había sido dictado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.

Los abogados de la ex mandataria hablaron en su presentación ante la Corte Suprema de “alevosas violaciones a garantías constitucionales cometidas durante todo el trámite del proceso” y de una “grosera arbitrariedad en que incurrieron los magistrados al decidir la condena de nuestra defendida”. Y adelantaron que si el máximo tribunal confirma la condena acudirán a organismos internacionales.

La ex presidenta, en en un texto de 10 páginas, señaló que durante la causa “se vulneró la garantía de ser juzgado por jueces independientes e imparciales y el deber de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal”. También que se violó “el principio de congruencia” e hicieron referencia que en lo que se llamó el “Plan limpiar todo”, la acusación apareció recién en el alegato de los fiscales y que se trató de un informe pericial de otra causa que no pudieron controlar.

El plan limpiar todo fue lo que la Fiscalía llamó a los mensajes que se encontraron en el celular del ex secretario de Obras Públicas José López. Allí había comunicaciones con el empresario Lázaro Báez y con allegados a la entonces presidenta para cerrar las empresas y que se cobre todo lo que se le debía antes de que dejara el gobierno.

En su queja, la defensa también sostuvo que se violó el derecho de defensa en juicio porque no se aceptó su planteo de peritar las 51 obras públicas que eran objetadas y también el principio de cosa juzgada porque por los mismo hechos la ex presidenta había sido sobreseída por la justicia de Santa Cruz.

En su segundo la defensa recusó a García-Mansilla para que no intervenga en la causa. Explicó que el juez fue designado por decreto por el presidente Milei y que eso vulnera su independencia porque su continuidad en el cargo depende del jefe de Estado.

La defensa explicó que la semana pasada Milei dio un reportaje en el que sostuvo que Cristina Kirchner va a ir presa por esta causa. “En tal contexto, la integración de este Alto Tribunal con un magistrado nombrado en comisión, designado por el propio Presidente de la Nación, quien anticipa o reclama lo que debe resolverse en el caso, genera un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo”, sostiene la recusación.

“En otras palabras, la manifestación del Presidente de la Nación, además de importar una indebida e intolerable intromisión en asuntos judiciales (algo expresamente vedado en el art. 109 de la Constitución Nacional), repercute en forma directa en la situación del juez nombrado en comisión, quien ha sido emplazado en el cargo, como ya se dijo, por la exclusiva voluntad de Javier Milei, quien públicamente reclama la condena y prisión de nuestra defendida. Como si todo ello fuera poco, no hace muchos meses atrás el propio García-Mansilla manifestó que nunca aceptaría ocupar en comisión el cargo de Ministro de la CSJN, sin que se haya explicado ahora cuál es la razón que justifica tan abrupto cambio de temperamento”, concluyó la defensa.

Fuente: Infobae

Finalmente, tal como había trascendido, el presidente Javier Milei firmó los decretos para designar en comisión a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema.

“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, anunció en un comunicado Presidencia.

En ese sentido, el Gobierno resaltó que “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".

De hecho, en el comunicado recordaron que “cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema en sus mandatos, durante meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

A solo cuatro días de asumir la Presidencia, el 14 de diciembre del 2015, Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatt, 72 horas después de que se hiciera efectiva la renuncia de Carlos Fayt al máximo tribunal, que sumada a la de Raúl Zaffaroni de un año antes, había dejado a la Corte con Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco como sus únicos miembros.

De todos modos, tras críticas de la oposición, Rosenkrantz y Rosatti esperaron para tener el aval del Senado y recién ahí jurar en la Corte.

En el caso actual, el proceso de nominación se inició el 20 de marzo de 2024, cuando el Ejecutivo envió al Senado los pliegos de los candidatos para su correspondiente acuerdo. Posteriormente, el 15 de abril, se publicaron en el Boletín Oficial los antecedentes de ambos juristas y se activaron los procedimientos de consulta y participación ciudadana. Luego de cumplirse todas las instancias requeridas, la administración remitió los mensajes al Senado el 27 de mayo de 2024 para solicitar su aprobación.

El 21 y 28 de agosto se llevaron a cabo las audiencias de Lijo y García-Mansilla, respectivamente. Tras estas instancias, ambos candidatos quedaron en condiciones de obtener dictamen y ser sometidos a votación en la Cámara Alta. Sin embargo, sus pliegos no fueron tratados durante el período ordinario de sesiones, y ante esta situación, el presidente optó por incluir la cuestión en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, aunque el Senado tampoco dio curso al proceso.

Debido a “la inacción del Senado y al prolongado estancamiento del proceso”, el Ejecutivo decidió avanzar con la designación en comisión de los jueces, amparado en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a realizar nombramientos transitorios en caso de vacantes durante el receso legislativo. La medida estará vigente hasta la finalización del próximo período legislativo.

Fuente: Infobae

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió hoy que el Gobierno analiza la posibilidad de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Al ser consultado con respecto a si el presidente Milei analiza la posibilidad de designarlos por decreto, respondió que "son alternativas que están en análisis".

"El Ejecutivo ha presentado -como establece la Constitución- candidatos a ministros de la Corte que no ha sido tratada aún por el Senado y estamos con una Corte que va a quedar con 3 miembros en los próximos días, con lo cual hay una preocupación del Gobierno en que la Corte esté integrada", expresó.

La referencia es a Juan Carlos Maqueda, quien cumple en diciembre 75 años, edad límite establecida para ocupar su cargo, por lo que el Máximo Tribunal perderá a uno de sus cuatros miembros y hasta el momento los pliegos no han avanzado en el Parlamento.

El miércoles, el jefe de Estado reveló que no descartaba nombrar a Lijo y García Mansilla a través de un decreto. "Nosotros hemos cumplido con todos los procedimientos, hemos enviado los pliegos al Senado, que tiene que dictaminar. Yo no voy a estar dando posiciones antes de que el Senado no avance con el tema", manifestó el mandatario durante una entrevista.

Cuando específicamente le consultaron si desmentía el rumor de nombramiento de jueces vía decreto por comisión, como hizo Mauricio Macri en diciembre de 2015 -aunque después se retractó-, Milei evadió la respuesta: "Necesitamos que operen los mecanismos institucionales. Nosotros hemos presentado los pliegos y estamos cumpliendo con todos los pasos. Esa es la situación real. Yo estoy esperando que actúe el Senado. Cuando tenga respuesta, veré cómo tengo que funcionar. Necesitamos que se expida el Senado".

Sin embargo, el ministro Francos reconoció que al oficialismo le cuesta "un esfuerzo enorme" avanzar en el trámite parlamentario, debido a que cuenta con minoría en ambas cámaras.

Los dos postulantes presentados por el Gobierno defendieron sus pliegos ante las preguntas de los senadores en agosto, pero hace un mes y medio la negociación por las candidaturas se empantanó. La comisión de Acuerdos del Senado no emitió despachos sobre las postulaciones.

El Gobierno, además, anunció el envío al Senado de pliegos para vacantes en la Justicia. Son 146 jueces federales, 37 fiscales y 45 defensores públicos, según confirmó en conferencia de prensa el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que responde a Santiago Caputo. Ahora la Casa Rosada espera una señal del kirchnerismo para los pliegos de los dos jueces para la Corte Suprema, lo que podría avanzar en sesiones extraordinarias en diciembre.

Finalmente, el jefe de ministros señaló que La Libertad Avanza contará con más legisladores en el futuro para poder tener una posición sólida en el Congreso y permitirles una negociación "más fluida".

Fuente:  Clarín

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó hoy firme un fallo en donde se declaró la inconstitucionalidad de la prisión perpetua en la Argentina, porque excluye la posibilidad de conceder la libertad condicional a un acusado cuando se cometen determinados delitos. Fue al rechazar un recurso de la fiscalía contra ese caso en particular en el que la defensa alegaba la afectación al derecho a la esperanza de un condenado. La decisión fue firmada por los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, en tanto que Ricardo Lorenzetti no suscribió.

“No se advierte que en el recurso extraordinario federal la apelante haya rebatido las afirmaciones de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional respecto del derecho de una persona a conocer, desde el momento mismo de la imposición de la condena privativa de la libertad efectivamente perpetua, cuál es el régimen definitivamente aplicable de la pena impuesta”, se afirmó.

Se trata del caso en el que el delincuente Sebastián Alejandro Guerra disparó con arma de fuego y asesinó a María Luján Campilongo, de 34 años, que era cabo de la Policía Federal; hiriendo también a su novio, Diego Hernán Ghiglione, de 28 años, quien sobrevivió a los disparos recibidos.

En términos generales, el fallo de la CSJN implica declarar la inconstitucionalidad del art. 14, inc. 1° del Código Penal, en cuanto establece que los condenados por alguno de los delitos previstos en el art. 80 del Código Penal no pueden acceder a la libertad condicional. La principal consecuencia es que la pena de “prisión perpetua” deja de ser “realmente perpetua” a su respecto, dado que pueden acceder, eventualmente, a la libertad condicional, con independencia del delito cometido.

La pareja de policías estaba de vacaciones, pero iba a trabajar vestida de civil. Ella manejaba y cuando estaban por llegar a la seccional, los rodearon dos autos con al menos seis delincuentes que dispararon 30 tiros y la asesinaron al impactar un disparo en la cabeza. El 19 de noviembre de 2014, Guerra fue condenado por el Tribunal Oral de Menores N°2 de CABA a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas por ser considerado coautor penalmente responsable de los delitos de robo con arma de fuego reiterado en cuatro oportunidades (dos en grado de tentativa) y homicidio también reiterado en dos oportunidades (una de ellas en grado de tentativa).

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2012. Doce años después, el fallo avala una postura que permitiría la libertad del condenado con independencia de la afectación de las víctimas. La sentencia se basa en “el derecho a la esperanza”, es decir, que el condenado a prisión perpetua tiene derecho a que se le permita la rehabilitación y por ende su libertad.

En rigor, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró mal concedido un recurso extraordinario en una causa en la que la fiscalía había cuestionado el momento en que se puede examinar la validez de la pena de prisión realmente perpetua, que excluye toda posibilidad de que la persona condenada recobre la libertad en algún momento de su vida.

En el caso, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal había declarado la inconstitucionalidad de la norma que excluye la posibilidad de conceder la libertad condicional cuando se cometen determinados delitos. El caso llegó a la Corte por apelación del fiscal, quien alegó que no era el momento procesal para analizar la legalidad de esas normas.

La Corte consideró mal concedido el recurso extraordinario federal, pues la fiscalía “no rebatió los argumentos de la sentencia de cámara”, y aclaró que en el caso “no se encuentra discutida la validez constitucional de la pena de prisión perpetua”. Lo que la recurrente alega, explicó, es la inexistencia de un agravio concreto y actual para el condenado, que justifique la declaración de inconstitucionalidad.

La defensa de Guerra solicitó la inconstitucionalidad de la pena de prisión realmente perpetua, por la imposibilidad de acceder a la libertad condicional y la libertad asistida, entre otros beneficios, pero el tribunal rechazó el planteo. Entendió que Guerra aún no se encontraba habilitado para solicitar la libertad condicional, al no haber cumplido el tiempo mínimo de pena exigido para la evaluación de su concesión. “Solo el efectivo y concreto perjuicio pueden habilitar la competencia del tratamiento de una cuestión como la planteada”, dijo.

Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Allí sostuvo la inconstitucionalidad de la pena de prisión realmente perpetua y, en particular, de su aplicación al caso, en tanto el régimen legal vigente a la fecha del hecho no admitía el egreso anticipado. Señaló que tal sanción vulneraba el mandato resocializador de la pena privativa de la libertad, la exigencia de proporcionalidad y de estricta legalidad, y la prohibición de imposición de castigos crueles o inhumanos.

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, por mayoría, declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y, en consecuencia, su inaplicabilidad respecto de la pena impuesta a Guerra. Afirmó que resultaba inequívoco que el artículo 14 del CP, aplicado a penas privativas de libertad perpetua, perseguía la exclusión social del condenado de modo definitivo y, por ende, era inconciliable con diversos tratados internacionales de derechos humanos.

Contra esa decisión, fue la Fiscalía General la que presentó un recurso extraordinario federal. Entendió que la sentencia era arbitraria, que el momento oportuno para discutir la constitucionalidad de la norma en cuestión sería aquel en que el condenado se encontrase en condiciones de acceder, por ejemplo, a la libertad condicional, y que la resolución cuestionada había declarado la inaplicabilidad de una norma que (aun) no resultaba aplicable al caso concreto.

La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional concedió el recurso y remitió el caso a la Corte. El Máximo Tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, declaró mal concedido el recurso extraordinario. “En el caso no se encuentra discutida la validez constitucional de la pena de prisión perpetua”, se subrayó, pero “lo que la recurrente alega es la inexistencia de un agravio concreto y actual para el condenado que justifique la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14 del C.P., toda vez que no ha cumplido con el tiempo mínimo necesario para solicitar acceder a la libertad condicional”.

El Máximo Tribunal consideró que la Fiscalía no rebatió los argumentos de la sentencia de Cámara en términos que satisfagan el requisito de fundamentación autónoma (artículo 15 de la ley 48), que supone que el escrito debe rebatir todos y cada uno de los fundamentos en los que se apoya el tribunal apelado, de manera concreta y razonada.

En tal sentido, señaló que “sin realizar un mínimo esfuerzo por responder los numerosos fundamentos que dieron sustento a la resolución casatoria, la apelante se limita a sostener la inexistencia de un agravio concreto y actual para examinar la constitucionalidad del artículo 14 del C.P. a partir de que el condenado no ha cumplido con el tiempo mínimo necesario para solicitar la concesión de la libertad condicional”.

Al respecto, la Corte recordó que, para que una norma respete el principio de legalidad en materia penal es necesario que, además de describir la conducta reprochable, establezca la naturaleza y límites de la pena de modo tal que, al momento de cometer la infracción, su eventual autor esté en condiciones de representarse en términos concretos la sanción con la que se lo amenaza.

El recurso, concluyó la Corte, no refuta las conclusiones de la Cámara. Allí se afirmó que el principio de legalidad en materia penal, que contiene el mandato de certeza, aunado con el mandato resocializador de las penas privativas de la libertad y la prohibición de imponer penas crueles, inhumanas y degradantes, “exige que la ley defina, de modo explícito y con carácter previo, la conducta delictiva, la extensión temporal de la pena aplicable y, como derivación necesaria en el caso de las penas privativas de la libertad perpetuas, las condiciones que debe cumplir el condenado para su reinserción social, lo que supone establecer el plazo de revisión del cumplimiento de tal pena y sus requisitos, de modo que el condenado pueda saber qué debe hacer, en términos de cumplimiento del tratamiento penitenciario, para recuperar su libertad”.

Fuente: Infobae

El gobierno de Javier Milei propuso hoy al juez federal de Comodoro Py Ariel Lijo y al abogado y académico Manuel José García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lijo fue postulado para ocupar el lugar que Elena Highton de Nolasco dejó en el máximo tribunal en octubre de 2021 cuando renunció. Y García-Mansilla para el que dejará en diciembre próximo Juan Carlos Maqueda que llegará a laos 75 años, la edad máxima que establece la Constitución para ser magistrado.

Fuentes oficiales informaron que el Poder Ejecutivo inició el proceso de designación de los postulantes que incluye una instancia de opiniones públicas y la aprobación del Senado de la Nación, donde se necesita una mayoría calificada que el oficialismo por si solo no tiene y requiere el apoyo del kirchnerismo.

En el comunicado oficial difundido a las 13.40, la Oficina del Presidente oficializó la propuesta y aseguró: “Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contentos con una Justicia que defienda estricta y honrorosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos”.

La Corte actualmente está integrada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Maqueda. Cuando asumió el gobierno de Milei, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, había dicho que su objetivo era proponer en febrero al procurador General de la Nación -hoy de manera interina Eduardo Casal- y en marzo al nuevo integrante de la Corte Suprema.

El ministro encabezó ayer en Casa Rosada una reunión para la puesta en marcha en mayo próximo del sistema acusatorio en Rosario y en la conferencia de prensa le preguntaron por la vacante en la Corte Suprema. “La Corte está a estudio producto de los tiempos. Tenemos candidatos, candidatas. Los tenemos en carpeta y están a estudio”, respondió Cúneo Libarona.

Maqueda cumplirá 75 años el 29 de diciembre. Es la edad máxima que establece la Constitución Nacional para ser juez con la posibilidad de que el Senado extienda su continuidad por cinco años más. Para eso se requiere la aprobación del Poder Ejecutivo que con la postulación de García-Mansilla marca que no propondrá a Maqueda si el juez lo pidiera. Este miércoles, le agradeció a Maqueda por su labor en el tribunal y resaltó su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado. “En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años”, precisó.

El Presidente Javier Milei, cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del Decreto 222/2003 que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley.

El Poder Ejecutivo expresa su gratitud por la distinguida labor del Dr. Maqueda y resalta su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la Provincia de Córdoba. En particular, se le agradece y reconoce su valiosa participación como Juez de la Corte Suprema de Justicia durante veinte años.

A su vez, con la finalidad de ocupar la vacante dejada en la Corte por la Dra. Elena Highton de Nolasco tras su salida el 1 de noviembre del año 2021, el Presidente de la Nación ha resuelto nominar al juez Ariel Lijo. Ambas nominaciones permitirán reestablecer el número de ministros de la Corte Suprema a cinco.

El Dr. Lijo actualmente ejerce como Juez Federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Los cambios que la Argentina necesita para volver a los principios de la Constitución de Alberdi que hicieron grande nuestro país no serán permanentes a menos que contemos con una Justicia que defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos.

Que Dios bendiga a los argentinos y que las Fuerzas del Cielo nos acompañen.

Fuente: Infobae

La Corte Suprema de la Nación levantó este lunes la feria judicial extraordinaria por la pandemia de coronavirus para todos los tribunales nacionales y federales con asiento en esta ciudad, salvo los juzgados de primera instancia, para los cuales el receso fue prorrogado hasta el próximo domingo.

A través de la acordada 27/20 la Corte aclaró que el próximo lunes, salvo que disponga lo contrario, también comenzará la actividad habitual para los juzgados de primera instancia que, respetando las medidas y protocolos sanitarios, deberán priorizar el trabajo remoto con la utilización de herramientas digitales.

Con esta decisión, la Corte continúa con la estrategia de sumarse a las disposiciones sanitarias del Poder Ejecutivo, adecuándolas a las necesidades y realidades del sistema de justicia.

No obstante la apertura, el máximo tribunal mantuvo las licencias excepcionales para magistrados, funcionarios y empleados que formen parte de los grupos de riesgo, que seguirán prestando servicio en sus tribunales mediante las herramientas remotas, se indicó.

Los ministros Carlos Rosenkrantz, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti establecieron también que se suspendan los plazos procesales entre el 18 de julio y el 3 de agosto, y que dichos plazos se reanuden automáticamente a partir del 4 de agosto.

Los magistrados aclararon que esta suspensión de los plazos no resultará aplicable a las causas en que las que hubiera dispuesto la habilitación de la feria, como ocurrió en numerosos expdientes.

La medida dispuso del mismo modo que las cámaras federales que aún no fueron habilitadas deberán enviar un informe a la Corte antes del 23 de julio, evaluando "la posibilidad de disponer el levantamiento de la feria judicial extraordinaria a partir del 27 de julio" para que el máximo tribunal decida si corresponde la reapertura.

Entre los tribunales que desempeñarán su actividad a partir de hoy figura la propia Corte, para la que se declaró concluido el receso extraordinario, durante el que, con habilitación de días y horarios, dictó centenares de resoluciones.

La feria judicial extraordinaria comenzó hace cuatro meses, cuando la Corte, en sintonía con la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 y el decreto de necesidad y urgencia 297/20, dispuso mediante la Acordada 6/20, varias veces prorrogada, el receso como medida para prevenir el contagio del virus.

En la acordada la Corte 27/20, firmada de manera digital por todos sus miembros, la Corte tuvo en cuenta que, por DNU 605/20 el Poder Ejecutivo Nacional decidió mantener el "aislamiento social preventivo y obligatorio" hasta el 2 de agosto.

Reseñó que el criterio que "guía" al máximo tribunal, "como cabeza de un Poder del Estado" es "lograr el mayor aumento del servicio necesario para la comunidad compatible con la preservación de la salud de las personas que lo prestan y de aquellos que concurren a recibirlo".

En las últimas semanas, también por acordadas, la Corte había dispuesto el levantamiento de la feria judicial extraordinaria para numerosos tribunales de primera y segunda instancia con asiento en distintas provincias.

En sucesivas acordadas, el máximo tribunal fue habilitando distritos judiciales con baja circulación del virus, como Salta, Comodoro Rivadavía, La Rioja, Mar del Plata y Catamarca, entre otros, que previamente fueron consultados sobre la conveniencia o no de reanudar la actividad.

Las excepciones puntuales alcanzaron a 14 provincias desde el inicio de la feria extraordinaria, que fueron volviendo a la actividad presencial, mayormente en juzgados federales con menor circulación de personas y expedientes, aunque con protocolos sanitarios y la recomendación de dar prioridad a las herramientas digitales.

Ahora, la Corte decidió levantar la feria para todos los tribunales orales y cámaras federales que aún no habían sido habilitados y que, en caso de oposición "fundada", resolverá la medida pertinente.

La decisión de la Corte coincide con el reclamo de los colegios y agrupaciones de abogados que venían insistiendo con que se reanudara la actividad, aunque con protocolos y normas sanitarias.

Como un camino hacia una mayor apertura de la dinámica judicial, la Corte recordó por último la necesidad del "empleo prioritario de las herramientas digitales, la modalidad de trabajo remoto, la limitación de atención al público y la observancia por parte del personal judicial de las medidas de prevención, higiene y movilidad".

Gobernadores y representantes de la oposición de 13 provincias se presentaron este lunes frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de dejar sin efecto los decretos anunciados la semana pasada por el Presidente Mauricio Macri, por considerar que les generan pérdidas de entre 600 y 1900 millones de pesos a cada una de ellas.

Específicamente, apuntaron contra la eliminación del IVA en alimentos, la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la rebaja de aportes y el congelamiento del precio de los combustibles.

Según informó Clarín, los escritos de Catamarca, Santiago del Estero y La Pampa fueron los tres primeros en ingresar por la mañana en la mesa de entradas y fueron girados a la Secretaría de Originarios, que trata los conflictos entre provincias o entre las provincias y el Estado nacional porque son materia originaria de la Corte Suprema.

La semana pasada, los gobernadores peronistas, a los que se sumaron los de otras provincias cuyos gobiernos no están en Cambiemos, se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones para planificar la forma de revertir los efectos de los decretos de Macri que rebajaron los pagos de la clase media por impuesto a las Ganancias y eliminaron el IVA para un grupo de alimentos de la canasta básica. La queja surgió porque parte de la recaudación por esos dos tributos nacionales es coparticipable a las provincias.

El impacto de la medida, en ese sentido, depende del porcentaje de coparticipación asignado a cada distrito. El monto total de la pérdida de recaudación para las provincias, según los gobernadores, será de 40.000 millones de pesos. Buenos Aires, por ejemplo, podría perder hasta $ 6.000 millones y Tucumán unos $1.500 millones, que para la provincia del norte significan los pagos de un mes de salario para todos los empleados públicos del distrito.

El núcleo de los recursos presentados ante la Corte es un planteo de inconstitucionalidad, que se sostiene en que es el Congreso y no el Poder Ejecutivo el que tiene la facultad de cambiar las leyes sobre impuestos. A su vez, en los escritos se reclama una medida cautelar que suspenda de inmediato el efecto de los decretos, mientras la Corte analiza la decisión de fondo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó a través de un comunicado publicado en el Centro de Información Judicial (CIJ) que el juicio oral y público de la causa conocida como Vialidad, en el que será juzgada la ex presidenta Cristina Kirchner, deberá comenzar el martes próximo, tal como estaba previsto inicialmente.

El Tribunal Oral Federal N°2, a cargo del proceso, le remitió este jueves por la mañana a la Corte el expediente completo, tal como el máximo tribunal había solicitado el martes.

La Corte decidió emitir este comunicado para aclarar "la difusión de diversas informaciones vinculadas al expediente mencionado, que no tienen ninguna relación con los hechos".

El tribunal aseguró que existen, "además de la causa de referencia, un total de ocho recursos más que fueron deducidos por las partes en el marco de la causa principal 5048/2016, todos ellos en trámite" y que el pedido de remisión de actuaciones es una medida "habitual en la Corte y ha sido adoptada en numerosas oportunidades", como en las causas Romero Feris, Raul, Martel y Tejerina Romina, entre otros.

"Esa decisión no tiene firma alguna de los ministros ni disidencias, y se concreta con la sola firma del secretario, tal como es de estilo y como fuera oportunamente publicado en el Centro de Información Judicial", agregaron.

Además, destacaron que "dicho pedido no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido". "La medida es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificadas las copias pertinentes, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno", explicaron.

"La actividad desplegada obedece a que la Corte debe cumplir con su misión de guardián de las garantías constitucionales que corresponden a todos los ciudadanos por igual, examinando el correcto cumplimiento del debido proceso conforme con lo que disponen la Constitución Nacional y las leyes que son su consecuencia", concluyeron los magistrados.

El ministro de Justicia Germán Garavano sostuvo hoy que "es un fallo muy inusual" y que "obviamente tiene un condimento político muy grande. Es una decisión muy escueta de la Corte; el requerimiento de un expediente. Lo que sí preocupa es que impide la realización de un juicio oral, que es lo que había fijado el sistema de Justicia: que los fiscales acusen y las partes involucradas se defiendan"

El funcionario calificó la decisión del tribunal como "por lo menos extraña", y agregó que "pareciera que lo que quieren es que no se realice el juicio".

Con respecto al futuro de la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, Garavano explicó que "la Oficina Anticorrupción se ha presentado y le ha pedido al Tribunal Oral que igual realice el juicio, pero es una decisión del tribunal".

A su vez, el ministro de Justicia sostuvo que "es peculiar que las revisiones en Cámara o en tribunales superiores se realicen entes del juicio. Eso ha servido para generar impunidad en temas de corrupción. La política sigue influyendo demasiado en la justicia".

Para finalizar, Garavano le envió un mensaje al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz: "Habría que traer a colación su discurso en la apertura del año judicial, donde casualmente hizo una autocrítica  y dijo que los jueces tienen que fallar de acuerdo a la ley. Hoy pareciera que muchas cosas pueden estar influidas por cuestiones políticas como ya ha pasado mucho en la Argentina durante los últimos veinte años"

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidenta Cristina Kirchner en la investigación por la firma del memorándum con Irán vinculado a la causa AMIA , denunciado por el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir.

Por unanimidad y sin analizar el fondo de la cuestión, el máximo tribunal desestimó los recursos de queja presentados por la senadora y su ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.

La Sala II de la Cámara Federal había confirmado los procesamientos de Cristina y Parrilli y había considerado el hecho como el delito de estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado. En esa decisión, los camaristas federales habían confirmado la prisión preventiva de Cristina, cuya ejecución quedó en suspenso hasta ver qué sucede con el proceso de desafuero que el juez Claudio Bonadio pidió al Senado.

Contra ese fallo de la Cámara Federal, la ex presidenta apeló, pero la Sala IV de la Cámara de Casación consideró inadmisibles esos recursos porque se orienta a cuestionar un fallo que no es una sentencia definitiva o equiparable a ella. A pesar de ello, la ex Presidenta interpuso entonces un recurso extraordinario que fue rechazado por la Casación por lo que insistió con un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para barrer con su prisión preventiva.

El máximo tribunal, con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, también desestimó los recursos de queja porque consideró que no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable, según informó La Nación.

Con ello se agotó la vía de la expresidenta para cuestionar esta resolución. En paralelo, la causa por la firma del Memorándum con Irán está elevada a juicio oral y el Tribunal Federal N° 8 aún no fijó fecha al proceso. Los jueces José Michilini y María Gabriela López Iñiguez deberán sortear a un nuevo juez que los acompañe, pues el fin de semana pasado falleció el camarista Carlos Tassara, que iba a integrar este tribunal.