Este mediodía se conoció la sentencia en el denominado Juicio La Huerta, uno de los procesos más importantes por delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 12 durante la última dictadura militar.

En total se dictaron ocho condenas, de las cuales cuatro fueron a prisión perpetua. Por primera vez recibieron esta pena los jefes de Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea de Tandil -Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado- junto a Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret.

En tanto, Martín Carlos Luzuriaga fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión; Luis Ernesto Benítez a 6 años y 9 meses; Roberto Jorge Casares a 6 años; y José Luis Álvarez a 5 años. Además, el tribunal dictó 27 absoluciones. Los fundamentos se darán a conocer el próximo 19 de diciembre.

Tras la lectura del veredicto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno -hijo del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, una de las víctimas- destacó: “Es un proceso angustiante pero reparador. Los sobrevivientes fueron fundamentales para construir la verdad”.

El fallo reconoció que los hechos juzgados fueron delitos de lesa humanidad, incluyendo secuestros de sindicalistas en Azul la noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La audiencia tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil, con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos de toda la región. La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense actuó como querellante en el proceso iniciado el 25 de febrero de 2022.

El Circuito Represivo de la Subzona 12 incluyó centros clandestinos en Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores y Sierra Chica, entre otros. Se juzgaron crímenes cometidos contra 191 víctimas, aunque algunas no pudieron declarar por su avanzada edad y otras fallecieron antes de testimoniar.

Fueron 104 audiencias en las que se escucharon más de 200 testimonios. Con esta sentencia, se consolida un nuevo paso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia -más de cuatro décadas después de los crímenes-.

A 48 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, los organismos de derechos humanos marcharán a la Plaza de Mayo recordando a las víctimas, en el primer día de la Memoria, Verdad y Justicia bajo el mandato de Javier Milei.

Las Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación H.I.J.O.S convocaron a las 12 del mediodía en la Avenida de Mayo y Piedras bajo el lema “30 mil razones para defender la patria”. Nunca más miseria planificada”. 

Las voces de la convocatoria son: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Argentina, Liga Argentina de los Derechos Humanos, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Por otra parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se concentrará desde las 11 de la mañana, en Hipólito Yrigoyen 1484, con un acto político desde las 12 y la consigna será “La patria no se vende. La vida no se entrega. El pueblo se subleva”.

También, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que agrupa organizaciones de derechos humanos y de izquierda, hará un acto independiente, ya que la propuesta de compartir un acto con agrupaciones peronistas fracasó. La misma será a las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacía la Plaza de Mayo. La consigna será “Son 30 mil, fue y es genocidio. Abajo el plan de Milei, los gobernadores y el FMI”.

En la ciudad de Mar del Plata, las organizaciones de Derechos Humanos elaboraron un documento denominado “más de 30 mil razones para defender la Patria”, donde invitan a adherirse a las movilizaciones y reivindicar la memoria de los 30 mil desaparecidos a nivel federal.  La marcha será el domingo desde Luro y Mitre a las 15 hs.

El documento fue firmado por Abuelas Plaza de Mayo Filial Mar del Plata – APDH Regional Mar del Plata, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, Colectivo Faro de la Memoria, Espacio para la Memoria Ex CCD ESIM Asociación Nacional de ex Presos Políticos – Hijos Resiste – Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste y Nietes Mar del Plata.

En La Plata, el Municipio anunció una guía turística por la ciudad en bicicletas y/o en colectivo: “con el objetivo de reconocer los espacios marcados por el terrorismo de estado”, para “reflexionar sobre los horrores vividos durante la última dictadura cívico-militar.

A 48 años del golpe cívico-militar de 1976, la Justicia contabiliza 321 sentencias, en las que fueron condenadas 1.176 personas y 183 resultaron absueltas, desde los primeros juicios orales y públicos realizados en 2006 por delitos contra la humanidad, tras la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las denominadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

De acuerdo con el sitio fiscales.gob.ar, 17 juicios se encuentran en curso en diferentes jurisdicciones y 62 causas cuentan con requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal. En este contexto se registran 661 personas detenidas, 1.491 en libertad y 36 están prófugas.

Los datos corresponden a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicados por la oficina especializada a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. Son el resultado de la información suministrada hasta el 15 de este mes por las fiscalías federales y unidades fiscales de todo el país que intervienen en los procesos por crímenes de lesa humanidad. La comparación anual evidencia que el último año en que se registraron más personas detenidas que en libertad fue 2015. A partir de 2016, el segundo grupo comenzó a superar paulatinamente al primero. Y desde 2021 las personas en libertad son más del doble que las detenidas.

De acuerdo con el informe, entre quienes se encuentran privados y privadas de la libertad, 508 obtuvieron el arresto domiciliario, 91 permanecen en establecimientos penitenciarios y 62 se encuentran en otro tipo de dependencias. De estos últimos, 61 están en la denominada Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el ámbito de la guarnición militar de Campo de Mayo y que la procuraduría especializada no considera una institución penitenciaria.

Por otro lado, desde el reinicio de los procesos fallecieron 1.559 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

Uno de los aspectos que puso de relieve la procuraduría en la difusión de las estadísticas tiene relación con el juzgamiento y visibilización de los delitos de violencia sexual: 162 de las 1.176 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad fueron encontradas responsables de esos delitos. La visibilización de la violencia sexual aparece en 53 sentencias -17% del total-, de acuerdo con el informe. La primera sentencia que incluyó delitos sexuales fue dictada en 2010 y desde entonces, con la excepción de 2011, en todos los años hubo sentencias que visibilizaron esos crímenes.

El Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata denegó por segunda vez el pedido de prisión domiciliaria para el represor Carlos María Robbio, quien fue condenado a prisión perpetua el pasado 27 de abril por los crímenes cometidos en la denominada Subzona 15 de esta ciudad bonaerense durante la última dictadura cívico militar, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión se fundamenta en la gravedad de los hechos cometidos por el condenado, así como la posibilidad existente de fuga, sumado a que en la unidad carcelaria 31 del Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, en la que esta alojado, "se están tomando las medidas de prevención necesarias para evitar los riesgos de contagio relacionados al Covid-19".

El Tribunal destacó que "las medidas preventivas existentes en la cárcel no difieren de las tomadas en el resto del territorio nacional", y remarcó que "son las pautas a las que se ha llegado en función de los conocimientos científicos y experiencias con los que se cuenta a la fecha".

"Las autoridades penitenciarias no han reportado contagios ni casos sospechados dentro de la población carcelaria e infirió la existencia de riesgos procesales a partir de la grave condena impuesta por sentencia -no firme- en los autos principales”, sostuvo el tribunal en su fallo.

Para llegar a esta decisión, el TOF 1 tuvo en cuenta las opiniones de los abogados de las distintas partes y a las víctimas, y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quienes se opusieron expresamente a que el beneficio de la prisión domiciliaria le sea otorgado al represor Robbio.

El argumento utilizado por la defensa en los dos pedidos fue la persistencia de pandemia del coronavirus y los riesgos sanitarios que implica, a lo cual los jueces respondieron negativamente por entender que el condenado "tiene garantizadas las medidas de prevención adecuadas".

Carlos María Robbio (ex jefe de la Agrupación Buzos Tácticos de la Armada) es uno de los 35 condenados en el juicio conocido como “Subzona 15“ cuya sentencia se conoció el pasado 27 de abril.

Él -al igual que otros 27 represores- recibió la pena de prisión perpetua por haber formado parte como "jefe de una asociación ilícita agravada por mediar violencia, amenazas e imposición de tormentos contra perseguidos políticos y además por haber sido autor de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravada y homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas".

El primer rechazo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, integrado por Roberto Falcone y Mario Portela, llegó el pasado 18 de mayo al entender que la modalidad de cumplimiento de la pena no firme de Robbio en unidad carcelaria deviene proporcional y adecuada.

Asimismo, los jueces repararon en informes de la división Seguridad Interna sector “A” anexo residencial para adultos mayores y la división Asistencia Médica de la Unidad 31 del SPF que dieron cuenta que “no padece enfermedad infectocontagiosa y que se encuentra en tratamiento con medicación acorde a sus patologías”.

Los informes expresan sobre las medidas sanitarias adoptadas, tanto para la población penal alojada como para el personal penitenciario, incluso al ingreso del penal, con control de temperatura corporal, elementos de desinfección y la obligación del uso de barbijos.

Por crímenes de lesa humanidad cometidos bajo la órbita conocida como "Subzona 15" durante la última dictadura cívico militar, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó este lunes a 28 imputados a prisión perpetua, a siete a los sentenció a penas de entre 25 y 7 años, y absolvió a otros 5 acusados.

Los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Alfredo Ruiz Paz estuvieron en sintonía con lo solicitado por la fiscalía, que había pedido la pena máxima prevista por el Código Penal para 31 de los 40 imputados. El próximo 18 de junio serán entregados los fundamentos a las partes.

Virton Modesto Mendiaz, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Julio Cesar Fulgencio Falcke, Oscar Ayendez, Héctor Raúl Azcurra, Policarpo Vázquez, Rafael Alberto Guiñazú, José Omar Lodigiani, Carlos María Robbio, Justo Alberto Ignacio Ortíz, Eduardo Carlos Frías, Alfonso Eduardo Nicolás, Roberto Mario Blanco Azcarate, Luis Héctor Bonanni, Raúl César Pagano, Osvaldo Gaspar Siepe, Néstor Ramón Eduardo Vignolles, Héctor Eduardo Vega, Fortunato Valentín Rezzet, Carlos Alberto Suárez, Hugo Ernesto Pabón, Alcides José Cerutti, Oscar Ramón Gronda, Alfredo Raúl Weinstabl, Ernesto Davis y Raúl Enrique Pizarro fueron condenados a prisión perpetua.

En tanto, Juan Eduardo Mosqueda fue sentenciado a 25 años de cárcel; Ariel Macedonio Silva, a 22, Gonzalo Gómez Centurión, a 12; Cesar Enrique Martí Garro y Miguel Ángel Domingo Parola, a 10; Carlos Arturo Mansilla y Juan Carlos Aiello, a 7.

Por su parte, el Tribunal decidió absolver a los acusados Eduardo Carlos Isasmendi Sola, Juan Roberto Contreras, Silverio Abel Cortez, Juan Tomás Carrasco y Juan Alberto Rincón.

El juicio se inició en abril de 2018 con un total de 43 imputados y se centró en 272 hechos cometidos dentro del ámbito jurisdiccional que abarcó las localidades de General Pueyrredon, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano; y en los centros clandestinos de detención de Mar del Plata conocidos como "La Cueva" y la Base Naval.

Dos de los imputados murieron durante el transcurso del juicio y otro realizó una presentación de incapacidad, por lo que 40 llegaron hasta la instancia final del proceso. Todos ocupaban puestos jerárquicos y 31 de ellos no habían estado jamás sentados en el banquillo desde que se reanudaron los juicios en 2006. Diez pertenecían al Ejército, dos a la Fuerza Aérea, 25 a la Armada, cinco a la Prefectura y el restante fue el jefe de la comisaría de Miramar.

De las 272 víctimas, 133 permanecen desaparecidas y se recuperaron los cuerpos de otras 28. El juicio también incluyó lo padecido por 111 sobrevivientes. Más de 90 casos se reconstruyeron durante las audiencias.

El Fiscal General del Departamento Judicial de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, apelará en los próximos días su procesamiento en una causa en la que se investiga su participación en crímenes de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Según pudo saber El Marplatense, la defensa del funcionario entiende que "no ha existido modificación al material probatorio presente en la causa" en la que la misma jueza Federal de San Martín, Alicia Vence, dictó con anterioridad la falta de mérito con relación a la denuncia en su contra, que fue parcialmente confirmada por la Sala I de la Cámara Federal del Departamento Judicial de San Martín.

De acuerdo a la valoración de la defensa de Fernández Garello, la prueba con la que se dictó la falta de mérito en septiembre de 2018 es la misma con la que dispone ahora el procesamiento, mediante una resolución de la misma magistrada con fecha 12 de abril de 2019, es decir, que no se habrían incorporado nuevos elementos a la causa. 

El 18 de diciembre de 2018 la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó parcialmente la falta de mérito del Fiscal General de Mar del Plata y le devolvió el expediente a la jueza Vence para que decida si procesaba o sobreseía a Fernández Garello, que está imputado por los procedimientos del 23 y 24 de julio de 1981 que culminaron con la detención y tortura de tres integrantes del Partido Comunista chileno en la Brigada de Investigaciones III de San Martín.

En su resolución, Vence sostuvo que hay pruebas que demuestran que el funcionario judicial fue “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público; e imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos, en tres hechos, todos los cuales concurren realmente entre sí”.

Fernández Garello sostiene que en, esas tres detenciones, había tomado intervención el juez federal Roberto Mollard, quien había convalidado las actuaciones llevadas a cabo por el grupo de efectivos policiales del que formaba parte por aquel entonces.

"Las mismas se realizaron con las formalidades y plazos dispuestos por el Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha de los hechos, y sin que se hubieran producido lesiones o apremios de ninguna naturaleza", destaca la defensa del Fiscal General.