Representantes de la flota fresquera y de plantas de procesamiento advirtieron sobre una crisis “sin precedentes” en el sector y reclamaron medidas urgentes al Gobierno nacional, en un contexto de fuerte aumento de costos y tensiones operativas que afectan a la actividad en distintos puertos del país.

A través de un comunicado, los actores del sector señalaron que la situación podría volverse “terminal” y convocaron a las cámaras empresarias y armadores independientes a trabajar de manera conjunta en la elaboración de propuestas que permitan afrontar el escenario actual. “Sólo unidos lograremos afrontar estos desafíos”, expresaron.

Entre los principales pedidos, solicitaron audiencias “al máximo nivel” con el presidente de la Nación o el ministro de Economía, así como un encuentro con el Consejo Federal Pesquero para abordar la problemática de manera integral.

También manifestaron su apoyo a la flota costera, parte de la cual se encuentra paralizada debido al aumento del combustible y a lo que calificaron como una “absurda pretensión” de incorporar un segundo patrón en embarcaciones menores.

En materia regulatoria, exigieron “transparencia y cumplimiento de la letra y el espíritu de la Ley de Pesca”, y rechazaron cualquier modificación que no haya sido debatida abiertamente o que implique mayores costos para la actividad. En ese sentido, cuestionaron posibles sanciones que consideraron “extemporáneas y absurdas”.

Asimismo, instaron a los gremios a contemplar la gravedad de la situación y a negociar nuevos acuerdos, al considerar que resulta inviable un incremento del costo laboral en el actual contexto.

En un planteo que abarca tanto al puerto de Mar del Plata como a otras terminales del país donde opera la flota fresquera, reclamaron responsabilidad a los proveedores de insumos y servicios de toda la cadena pesquera, al advertir que la actividad “no resiste más quebrantos” y que no es posible continuar absorbiendo aumentos de costos.

El sector de discapacidad de Mar del Plata, integrado por prestadores, instituciones, transportistas, personas con discapacidad y sus familias, elevó un nuevo reclamo con el objetivo de visibilizar la situación crítica que atraviesa y exigir respuestas urgentes al Estado. Describieron un escenario de colapso, marcado por atraso y falta de actualización de aranceles, demoras en los pagos, recortes en prestaciones y riesgo en la continuidad de tratamientos y apoyos esenciales: “La situación ya es más que de emergencia y de crisis”, aseguró Jesica Machado, integrante de Prestadores Unidos.

Machado advirtió, en diálogo con El Marplatense, que “la situación ya es más que de emergencia y de crisis” y la definió como “un escenario límite que afecta a todos los actores del sistema y, principalmente, a las personas con discapacidad”.

Asimismo, cuestionó el nuevo proyecto de ley enviado al Congreso bajo el título de Fraude en las pensiones por invalidez, al señalar que incluye medidas que “siguen vulnerando derechos”. En particular, hizo foco en la posibilidad de nuevas auditorías sobre las pensiones, al remarcar que “es muy complejo” debido a que las personas con discapacidad “dependiendo del lugar donde viven, tienen o no accesibilidad para recibir notificaciones”. Eso, explicó, profundiza desigualdades y pone en riesgo el acceso a un derecho básico.

En la misma línea, Machado expresó preocupación por el criterio que vincula las pensiones por invalidez con la imposibilidad de trabajar. Según sostuvo, uno de los puntos más críticos es que se plantea que ambas condiciones son incompatibles, cuando desde el modelo social de la discapacidad se promueve que las personas puedan “recibir su pensión y, al mismo tiempo, tener un empleo” que favorezca su inclusión en la vida social.

Por otro lado, advirtió sobre las consecuencias de la desregulación del nomenclador, al que definió como una herramienta clave para garantizar equidad en el sistema. En ese sentido, explicó que fija los pisos de valores para cada prestación, independientemente de la cobertura de cada usuario, y alertó que su modificación implicaría que “se rompe ese piso de igualdad y se profundizan las desigualdades en el acceso a las prestaciones”.

En ese contexto, los distintos actores reclamaron la efectiva aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad como medida indispensable para garantizar el sostenimiento del sistema y el acceso a derechos fundamentales, en un escenario que -según remarcaron- impacta directamente en la calidad de vida de miles de personas.

Finalmente, Machado transmitió el posicionamiento del colectivo, al expresar “preocupación y rechazo a la vulneración de derechos” y convocar a la comunidad a acompañar el reclamo, al advertir que “la situación es tan grave que no puede esperar un día más”.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Mar del Plata y de la Confederación General del Trabajo (CGT) local, José Luis Rocha, advirtió sobre la profundización de la crisis en la ciudad, con impacto en el empleo y la producción, al señalar que “tenemos un gran problema en el puerto, en el sector textil y en el comercio”, en el marco de la discusión paritaria del sector metalúrgico.

En diálogo con la prensa durante el Congreso de la UOM en Mar del Plata, Rocha advirtió que la crisis excede al sector y afecta a toda la industria: “Ya no es solo un problema de la Unión Obrera Metalúrgica, sino de la industria en general”. Y agregó que “se han perdido muchísimos puestos de trabajo”.

En el plano local, describió un escenario complejo en Mar del Plata: “Tenemos un gran problema en el puerto, en el sector textil y en el comercio”, y alertó que “se está desarmando el entramado productivo del país”.

Asimismo, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis: “Cada empresa que cierra son trabajadores y familias que se quedan sin sustento”. En esa línea, señaló que en la obra social “ha crecido muchísimo la cantidad de trabajadores desempleados que se atienden” y advirtió que “si no estamos en niveles récord, estamos cerca”.

El secretario general de la UOM advirtió además sobre distorsiones en el esquema salarial del sector en el marco de las paritarias, al señalar que el “mínimo global de referencia” genera desigualdades y pérdida de incentivos laborales. Según explicó, este mecanismo “en su momento se utilizó y sirvió”, pero con el tiempo “lamentablemente se fue comiendo las categorías” y hoy “abarca casi cuatro categorías”, lo que impacta directamente en la estructura salarial.

En ese sentido, sostuvo que el esquema “permite que los trabajadores tengan un sueldo, pero no permite la apertura de categorías”, y detalló: “Alguien que ingresa no tiene incentivo para ser oficial metalúrgico, porque la diferencia es muy poca”, mientras que “el oficial metalúrgico tampoco tiene incentivo porque está ganando casi lo mismo que un operario que recién ingresa”. Frente a este escenario, afirmó: “Hay que corregirlo”.

Rocha subrayó la necesidad de recomponer las diferencias salariales entre categorías y remarcó que “debería existir” una brecha clara entre operarios, oficiales y oficiales múltiples. “Hay conocimiento y habilidades que el trabajador adquiere dentro de la metalúrgica, y eso se tiene que remunerar como corresponde”, enfatizó.

Por último, cuestionó la política económica y confirmó la posibilidad de medidas de fuerza. “Secar el mercado de pesos implica recesión y destruir la industria”, afirmó, y agregó: “Ese no es el camino, el camino es la producción y el trabajo”. En ese marco, sostuvo que “se terminó la etapa de los discursos y hay que empezar con la lucha en la calle”, y concluyó que “de la misma forma que hoy se están perdiendo derechos, los vamos a recuperar con lucha”.

Especialistas, universidades y organismos públicos advierten que la psicología atraviesa una etapa de expansión, impulsada por la crisis de salud mental, el avance tecnológico y nuevas demandas sociales que redefinen su campo profesional.

La pregunta sobre si la psicología tiene futuro reaparece con frecuencia en un contexto atravesado por chatbots, algoritmos e inteligencia artificial. Sin embargo, los datos relevados en Argentina muestran un escenario opuesto: lejos de volverse obsoleta, la profesión se fortalece y amplía su alcance, destacando el valor de la escucha profunda, la empatía y el vínculo terapéutico frente a respuestas automatizadas.

El malestar psicológico alcanzó niveles críticos. En enero, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires informó un incremento cercano al 30% en las consultas de salud mental infantil y adolescente. A su vez, el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires registró más de una internación diaria por riesgo suicida, con adolescentes representando el 90% de los casos.

Las redes sociales actúan como un factor agravante. Un estudio citado por OSPEDyC indicó que el 46% de los jóvenes argentinos se siente abrumado por su uso y que el 72% califica su nivel de estrés como negativo. La exposición constante a imágenes idealizadas, la búsqueda de validación digital y la alteración de los hábitos de sueño generan cuadros de angustia que ninguna herramienta automatizada puede resolver.

Desde el ámbito académico, Fabiana A. Del Col, vicedecana de la Facultad de Psicología y Ciencias Sociales de UFLO Universidad, sede Patagonia, afirmó que “el futuro de la psicología no está en competir con máquinas, sino en profundizar lo que las máquinas no pueden hacer. En un mundo donde la crisis emocional es cada vez más visible, la psicología se redefine como una disciplina central para construir sociedades más saludables y humanas”.

En el mercado laboral, la situación también es alarmante. Según datos del Ministerio de Capital Humano de la Nación, la inasistencia por problemas de salud mental promedia 5,2 días por trabajador al año. Mercer Argentina señaló que en abril de 2025 el ausentismo alcanzó el 8,2% mensual, impulsado principalmente por trastornos emocionales.

El fenómeno del “presentismo” agrava el escenario. De acuerdo con Randstad, el 63% de los empleados asiste a su puesto sin poder concentrarse ni rendir adecuadamente. El costo del estrés laboral supera los 1,5 billones de pesos anuales. A pesar de ello, solo el 16% de las empresas ofrece programas integrales de bienestar emocional, según un relevamiento del Ministerio de Trabajo. Este contexto posiciona a la psicología como una disciplina estratégica para el desarrollo organizacional.

La inteligencia artificial llegó a la salud mental con promesas de accesibilidad permanente y bajo costo. Sin embargo, se observa un fenómeno creciente: adolescentes que llegan a consulta con autodiagnósticos obtenidos mediante buscadores y aplicaciones. Los profesionales advierten que su rol es indispensable para desmontar errores, acompañar la navegación digital y ofrecer una relación humana donde la vulnerabilidad sea contenida y no explotada.

En el ámbito educativo, instituciones como UFLO Universidad sostienen una formación integral basada en múltiples corrientes teóricas y prácticas en hospitales, empresas y comunidades. Según Del Col, la demanda de profesionales en el mercado laboral creció un 45% en los últimos tres años, especialmente en organizaciones que buscan diseñar estrategias de bienestar integral.

La discusión ya no gira en torno a si la psicología seguirá siendo relevante, sino a si habrá suficientes profesionales para responder a la magnitud de la crisis emocional actual.

La empresa Textilana S.A., fabricante de la marca Mauro Sergio, extendió hasta junio de 2026 la suspensión de 175 trabajadores de su planta de Mar del Plata, que originalmente estaba prevista hasta el 31 de marzo. La decisión fue comunicada tras una reunión entre la gerencia y los operarios.

La medida se da en medio de la crisis que atraviesa la industria textil en Argentina, marcada por la caída del consumo interno y la apertura a la importación de prendas extranjeras, factores que impactaron en la actividad de la compañía.

Según trascendió, los trabajadores recibieron la noticia con preocupación, ya que profundiza la “incertidumbre” sobre la continuidad de los puestos laborales. En total, 175 empleados se encuentran suspendidos, mientras que unos 60 operarios mantienen alguna actividad dentro de la planta pero también temen por su situación laboral.

La crisis de la empresa se agravó el año pasado, cuando a mediados de noviembre se acordó suspender a 175 de los 250 operarios de la planta ubicada en Ruta 88 hasta el 31 de marzo de 2026, plazo que ahora fue extendido.

Por ese acuerdo, durante el período de suspensión los trabajadores perciben el 78% de su salario de bolsillo y el aguinaldo se paga en dos cuotas, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo de los asalariados.

Fuente: con información de DIB

La relación entre los industriales y el Gobierno se tensó esta semana, luego de las definiciones del presidente Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y la respuesta de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA) a través de un duro comunicado. En ese sentido, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la UIA, Ignacio Duelo, replicó que “hay muchas industrias que están pasando por un momento crítico”.

En el comunicado, los empresarios indicaron que “para avanzar hacia un crecimiento sostenido, es indispensable promover un diálogo constructivo y respetuoso entre el gobierno y el sector privado de modo de remover los obstáculos al desarrollo, así como de generar condiciones cada vez más favorables para la concreción de inversiones productivas en diferentes sectores de la actividad económica”.

Asimismo, desde AEA subrayaron para que puedan desempeñar plenamente su función “es necesario seguir avanzando en el proceso de estabilización de la economía que permita generar las condiciones para el crecimiento sostenido”.

Al respecto y en diálogo con El Marplatense, Duelo comentó que en las últimas horas se realizó un encuentro con empresarios del norte del país que se acercaron “a plantear sus preocupaciones” y advirtió que “hay muchas industrias que están pasando por un momento crítico”.

El integrante de la entidad empresarial detalló que esas empresas enfrentan “muy poco financiamiento” y “mucha carga impositiva”, a lo que se suman problemas estructurales como los costos logísticos, que “en el norte se notan más todavía”.

Según explicó, “hay muchos problemas y en el centro de todo está el bajo nivel de actividad”, ya que las industrias “tienen poca demanda” y además “compiten con importados también ahora en muchos sectores”.

A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales del Frente Renovador reclamó condiciones adecuadas de trabajo, formación y remuneración para los residentes del INAREPS, así como la continuidad y calidad de la atención brindada a sus pacientes.  

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada massista se denunció “la grave situación que atraviesan los residentes del INAREPS, quienes manifiestan atrasos de varios meses en el pago de sus haberes, precarización laboral y falta de respuestas concretas de las autoridades”.

En ese sentido, se explicó que  “desde su fundación en 1952 como Centro de Rehabilitación de Niños Lisiados (CERENIL) —un dispositivo pionero en la atención de niños afectados por la poliomielitis— hasta su consolidación actual como Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS), la institución ha sostenido a lo largo de más de siete décadas una impronta distintiva: el abordaje integral e interdisciplinario de la rehabilitación”.

A su vez, se afirmó que  “el INAREPS desarrolla programas terapéuticos especializados en rehabilitación neurológica y traumatológica, rehabilitación respiratoria y cardiovascular, tratamiento de la disfagia y de la espasticidad, estimulación multisensorial, terapias físicas y ocupacionales, apoyo psicológico e hidroterapia, entre otros”.

Y se puntualizó que “su trayectoria, su producción científica y profesional lo convierten en un pilar del sistema público de salud argentino y en un centro de referencia nacional e internacional. A mediados de Julio el gobierno nacional a través de la Resolución 2109/2025  del Ministerio de Salud de la Nación, modificó el régimen de residencias nacionales, transformando la relación laboral de residentes en una beca”.

“En respuesta a la crisis del sistema de salud, el Congreso Nacional sancionó la Ley 27.796, que declaró la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud, estableciendo entre sus disposiciones la obligación de garantizar una actualización salarial adecuada para residentes y trabajadores del sistema público, Resolución 2109/2025. La aplicación de dicha ley fue posteriormente suspendida por el Poder Ejecutivo Nacional, alegando falta de financiamiento, lo que agrava la situación de precarización y los atrasos salariales que afectan directamente a residentes de instituciones como el INAREPS”, se añadió.

A continuación, se remarcó que “desde mediados de julio de 2025, el INAREPS pasó a depender de la Administración   Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), junto con otros hospitales nacionales. La situación actual manifestada por la asamblea de residentes del INAREPS —atrasos en pagos, precarización de residentes, incertidumbre institucional por el cambio de dependencia administrativa— pone en riesgo no sólo a los trabajadores sino también a las personas usuarias del instituto, afectando seriamente la calidad y continuidad de los servicios esenciales”.

Al mismo tiempo, se recordó que  “en julio de 2025 se desarrolló una jornada de lucha con un abrazo solidario al INAREPS — junto a pacientes, sindicatos, trabajadores de la salud y organizaciones sociales— lo que evidencia el grado de movilización colectiva y el carácter estructural del conflicto. La precarización del régimen de residencias y la falta de actualización y pagos de salarios profundizan la crisis del sistema público de salud, afectando la capacidad del INAREPS para garantizar una atención adecuada y sostenida, especialmente en un instituto de referencia regional en rehabilitación psicofísica”.  

“Resulta deber del Estado —en sus distintos niveles— garantizar condiciones dignas de trabajo a quienes sostienen la salud pública, así como la calidad y continuidad de los servicios de salud a la población de nuestro municipio. La continuidad del INAREPS, con sus servicios y su equipo de profesionales y residentes capacitados, es esencial para garantizar el derecho a la salud, la rehabilitación, la inclusión social y laboral de muchas personas con discapacidad de Mar del Plata, la región y otras zonas del país”, finaliza el texto.

La Agrupación Nacional de Panaderos “Antonio López” salió al cruce de versiones que circularon en medios nacionales sobre una supuesta crisis generalizada en la actividad. Si bien reconocieron que la baja en las ventas durante junio y julio golpeó a muchas panaderías por la caída del poder adquisitivo de las familias, remarcaron que en agosto y septiembre se registró una recuperación.

En ese sentido, la entidad aclaró que no hubo cierres masivos ni despidos en el sector, incluso recordando que ni en plena pandemia de Covid-19 -cuando la actividad fue considerada esencial- se registró una situación de tal magnitud.

En paralelo, desde la agrupación señalaron que la verdadera preocupación pasa por otro lado: el crecimiento del empleo precario e informal. “Este fenómeno de trabajo sin registrar vulnera los salarios, las condiciones de trabajo y el futuro de los panaderos y panaderas. Mientras se intenta instalar un clima de crisis para justificar medidas que los perjudiquen, nosotros trabajamos para combatir esta informalidad y garantizar la dignidad de nuestros representados”, expresaron.

Asimismo, desconocieron el origen de algunas cifras difundidas y consideraron que se busca “magnificar irresponsablemente una crisis” para evitar mejoras salariales. “La verdadera catástrofe es el avance del empleo clandestino, que además constituye una competencia desleal frente a quienes cumplen con la ley”, subrayaron.

Finalmente, la organización reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales y convocó a un “diálogo honesto y constructivo sobre el futuro de la industria panadera en Argentina”.

Mar del Plata enfrenta una crisis turística sin precedentes, con el primer semestre de 2025 registrando la menor ocupación hotelera en dos décadas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que recopila un informe de la web especializada La Agencia de Viajes. Entre enero y julio se contabilizaron 2.207.842 pernoctaciones, marcando un descenso histórico que afecta tanto a la demanda como a la oferta hotelera.

Según el informe, la caída en las pernoctaciones fue del 16,4% respecto al mismo período de 2024 y del 25,6% en comparación con 2023. Este número es el más bajo desde 2004, cuando se registraron 2.251.430 pernoctaciones en el contexto de la crisis económica post-2001. Además, la cantidad de turistas hospedados disminuyó a 587.656, frente a los 646.894 del año anterior, y la estadía promedio se redujo de 3,7 a 3,4 noches, evidenciando una tendencia hacia viajes más cortos.

La oferta hotelera también se vio afectada, con una reducción significativa en las plazas disponibles. En junio, Mar del Plata contó con 1.365.000 plazas, un 20% menos que las 1.724.000 de diciembre de 2014. Este fenómeno se agudizó en el análisis mensual de junio, que mostró una caída del 9,3% en las plazas hoteleras, pasando de 889.050 en 2014 a 805.559 en 2025.

La temporada de invierno reflejó la magnitud de la crisis, con una ocupación hotelera que apenas alcanzó el 30%, el nivel más bajo en 20 años. Factores como la crisis económica, los altos costos y el cambio en los hábitos de consumo, con preferencia por viajes más económicos y breves, explicarían este escenario

De cara al verano, Mar del Plata enfrenta el desafío de reactivar el sector turístico y recuperar la confianza de los visitantes. Entre las medidas propuestas se incluyen incentivos para estadías más largas, apoyo a pequeños y medianos hoteles afectados por la baja rentabilidad y la promoción de paquetes turísticos combinados.

Con la temporada alta en el horizonte, la ciudad busca revertir esta tendencia negativa para evitar un deterioro estructural en su industria hotelera, un pilar clave de su economía.

Fuente: con información de La Agencia de Viajes

El Colegio Profesional de Terapia Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires (CoTOBA) expresó su “profunda preocupación” por la precarización de las condiciones laborales de los terapistas ocupacionales en el ámbito privado de Mar del Plata. La denuncia responde al deterioro de los derechos profesionales y al impacto en la calidad de atención a la comunidad.

El CoTOBA señaló que, tras el cierre de la Asociación Marplatense de Terapistas Ocupacionales y durante la transición hacia el actual Colegio, diversas prestadoras privadas están “aprovechando el vacío” institucional. Estas empresas “imponen prácticas que vulneran los derechos laborales, como contratos que encubren relaciones de dependencia mediante el monotributismo, recortes de horas, exigencias de trabajo en grupo en espacios inadecuados y pagos por hora que no reflejan la complejidad de las prestaciones”.

Además, el Colegio denunció demoras en los pagos por parte de obras sociales y prepagas, así como aranceles por debajo de los estándares éticos, lo que compromete la sustentabilidad del ejercicio profesional. “Estamos ante condiciones irrespetuosas, precarias y avasallantes”, afirmaron desde la entidad, destacando que estas prácticas no solo afectan a los profesionales, sino también a la calidad de atención, especialmente en el ámbito de la discapacidad, agravado por el reciente veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

En respuesta, el CoTOBA se declaró en estado de alerta y reafirmó su compromiso con la defensa de la disciplina. Actualmente, trabaja en la elaboración de los Honorarios Mínimos Éticos, una herramienta que establecerá criterios claros y actualizados para guiar a profesionales y prestadores en la negociación de contratos. 

“Exigimos condiciones de trabajo acordes a la responsabilidad, formación y función social que la terapia ocupacional cumple en Mar del Plata y toda la provincia”, concluyeron desde la entidad presidida por Claudia Spidalieri.

La crisis de la economía se comienza a manifestar en situaciones como la suba en la cantidad de cheques rechazados, que muestra un grado de quebranto importante en el sector empresarial argentino ya que la mayoría de los casos se da por falta de fondos. En diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata, el economista Nicolás Vellini analizó el incremento en la morosidad bancaria y su relevancia en el contexto económico de Argentina, tras destacar que “estamos hablando de una situación de las magnitudes de crisis 2001 o crisis 2008”.

Para el economista el aumento de cheques rechazados es “sin lugar a dudas” un dato significativo, y detalló tras el último informe del Banco Central que este problema no se limita a las finanzas de las familias, como las moras en tarjetas de crédito o préstamos, sino que también afecta gravemente a las empresas: “El monto alcanzado ronda el 3% de la totalidad de los cheques emitidos”, destacó.

Con el objetivo de poner un contexto donde esa cifra adquiera cierta relevancia, Vellini explicó a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, que “en la pandemia el número llegó al 14%, una situación totalmente extraordinaria donde el Banco Central incluso había eliminado las multas que las empresas se adjudican al momento de no pagar un cheque que se habían comprometido a hacerlo. Cuando hablamos del 2001, o incluso la crisis del 2008, los valores rondaban el 3 y 4%”.

Vellini destacó un aspecto que agrava la situación: “Quienes trabajamos con bancos permanentemente sabemos lo difícil que es hoy que un cheque venga rechazado por un motivo que no sea la falta de fondos”. Y recordó que los cheques son el principal instrumento de financiación para las empresas, con plazos de 30, 60 o 90 días según los proveedores, y que la tecnificación del sistema, donde “el E-check hoy por hoy es el 80% del total del mercado”, elimina errores de emisión como firmas faltantes o datos ilegibles.

Vellini aseguró que esta dificultad impacta en el circuito de pagos, ya que los cheques circulan por toda la economía. Este flujo, según el economista, “va atravesando diferentes instancias y esto empieza a generar una complicación en los diferentes sectores en donde ese cheque se ve depositado”. Resaltó lo que sucede en Mar del Plata, donde este problema se manifestó con fuerza en el sector portuario, al que consideró “el primer semáforo, donde estalló la primera bomba en este sentido”.

En cuanto a las posibles soluciones a este problema, el economista señaló que el cheque, como instrumento de financiación, ofrece a los empresarios “un poco de aire y un poco de plazo”, ya que alternativas como tomar un crédito o descontar un cheque son más costosas. Por eso las altas tasas de financiación son un factor clave: “No todas las empresas logran poder descontar un cheque en el mercado de capitales porque tenés que tener cierto aval. La tasa ronda el 35%. Cuando vos vas a querer descontar un cheque al banco, donde la tasa es muy alta, con una inflación proyectada del 20 o 22%, lo que hace muy difícil para el empresario poder empezar a cumplir con esas obligaciones”.

“Esto se agrava por la caída de la actividad económica, que reduce los ingresos necesarios para cubrir los cheques emitidos”, agregó el especialista. Y consideró que se trata de “una situación que hay que abordarla desde muchos de los lugares. La macro es una, pero creo que hoy las empresas están demandando algo un poco más micro”.

Por otra parte, Vellini indicó que en períodos inflacionarios, las ineficiencias operativas de las empresas, como tener más empleados de los necesarios, se disimulan al poder aumentar precios. Sin embargo, “cuando la inflación cae, y cae junto a la actividad y al poder adquisitivo de las personas, se genera un problema de que las empresas no están pudiendo competir primero entre ellas y después contra lo que sucede con las importaciones y algunos sectores que tienen sus rubros con mucha apertura”.

Aunque reconoció la importancia de estabilizar la inflación y el tipo de cambio, el economista insistió en que “el Gobierno hoy podría atender demandas de las empresas en términos de competitividad. Puntualmente, la baja de impuestos creo que es algo muy sensible hoy por hoy para poder seguir en el ruedo para algunas empresas”.

En el contexto de la crisis que atraviesa la industria textil argentina, agravada por la creciente importación de ropa extranjera, la empresa Textilana S.A., fabricante de la reconocida marca Mauro Sergio, anunció el despido de 150 operarios y una reducción del 20% en su producción. Los despidos responden a la reestructuración de la compañía ante la falta de demanda y el sobrestock de mercadería.

Según denuncian los gremios, la empresa pasó de contar con 350 trabajadores a poco más de 200, y se reportan casos de despidos sin indemnización y renuncias forzadas debido a bajos salarios y atrasos en los pagos. “La temporada invernal no trajo alivio”, indicaron desde el sector sindical, alertando sobre el impacto en los trabajadores.

A nivel nacional, más del 70% del consumo de indumentaria en Argentina proviene de productos importados. Entre enero y mayo de 2025, las compras al exterior crecieron un 136%, alcanzando un valor de US$ 1.572 millones, según datos de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). Las importaciones textiles, por su parte, aumentaron un 93%, con un valor promedio por kilo de apenas US$ 5,67, lo que evidencia prácticas de dumping que afectan la competitividad local.

En paralelo, las importaciones “hormiga” a través de plataformas como Shein o Temu ganan terreno. Solo en mayo, estas operaciones superaron los 50 millones de dólares, y se proyecta un nuevo récord para julio. Mientras tanto, la producción nacional de hilados cayó un 14% y la de tejidos un 26%, según la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA).

La crisis ha golpeado duramente al sector textil, que emplea a más de 530.000 personas, de las cuales el 69% son mujeres, y agrupa a 24.000 empresas en 17 provincias. En lo que va del año, 68 pymes textiles cerraron, se perdieron más de 4000 empleos y la capacidad instalada del sector cayó al 40%. En el Conurbano, más del 40% de la maquinaria industrial permanece inactiva, agravando la situación de las economías regionales.

Fuente: con información de DIB

La manta corta. Argentina venía de una proceso inflacionario muy extenso y ese es uno de los puntos que ataca la política económica actual, con un acierto evidente. Sin embargo, la situación dista de ser la ideal porque a la par se han revelado algunos inconvenientes, cono la recesión y el desempleo. Ante este panorama, el economista Marcelo Corbalán resaltó que como consecuencia, comienza a verse un aumento de los cheques rechazados y falta de fondos en las cuentas.

Corbalán señaló que el rechazo de cheques, tanto físicos como electrónicos, responde principalmente a dos causas: “Se produce, te diría, por dos motivos: o no tenés plata o el cheque tiene algún error de tipo formal. Hoy con la digitalización y con la gran cantidad de e-checks, los errores formales son cada vez menores. El problema es porque no hay fondos. Ese es el punto en las cuentas, es alarmante”.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el economista destacó que el incremento de cheques rechazados se acompaña de un aumento en la morosidad de tarjetas de crédito y atrasos en préstamos personales. “Estamos batiendo todos los récords mes a mes a medida que vos vas mirando ese número que va dando el Banco Central”, añadió.

Corbalán explicó que la falta de fondos en las cuentas tiene consecuencias significativas, que van desde multas hasta el cierre de cuentas en casos extremos. También mencionó que los embargos, especialmente por parte de los fiscos, agravan la situación. “Si no pagás la deuda, primero va a cobrar el que tiene embargado y tiene que haber fondos suficientes”, señaló, atribuyendo el problema principal a la recesión que afecta de manera desigual a distintos sectores.

Ante este panorama, el especialista reconoció hacia el futuro que hay avances en la macroeconomía, pero alertó sobre los desajustes en la microeconomía. “Hay un paso que es innegable, que es el de haber ordenado la macroeconomía, que tus gastos sean menores a tus ingresos. Pero eso trajo algunos desajustes en la microeconomía, en las cuestiones más personales”, expresó.

Para mitigar estos problemas, Corbalán propuso dos enfoques: la eficiencia empresarial y el aumento del poder adquisitivo. Sin embargo, señaló limitaciones en ambos. “Eso tiene, para mí, dos patas de arreglo. Una es el trabajo que deberían hacer las empresas, que de hecho lo están haciendo, que es el ajuste, ajustarse la estructura de gastos, ser más eficientes. Eso también tiene un límite. Pero lo que veo por el otro lado es que no aumenta el poder adquisitivo de la gente”, indicó, destacando que sectores como el gastronómico y el turismo enfrentan dificultades debido a la falta de movimiento y los altos costos.

El economista también reflexionó sobre el cambio de paradigma económico, donde la inflación ya no compensa ineficiencias como en el pasado. “Es otro paradigma, es otro juego, es otra cosa. Antes, la inflación te arreglaba algunas ineficiencias. Y ahora la cuestión ha cambiado, con lo cual hay que ver en qué territorio, cuáles son las reglas de juego. Y las reglas de juego, por lo que uno está viendo, es que van a seguir siendo las que están: superávit, baja inflación y, bueno… capitalismo”, confió.

En este contexto, los cheques rechazados y el aumento de la morosidad son consecuencias directas de la falta de capacidad económica. “A la gente no la alcanza, entonces empiezan a venir los cheques rebotados, empieza a aumentar la morosidad en las tarjetas de crédito y en los créditos personales. Y en otro contexto donde todavía el crédito es carísimo y difícil de acceder”, subrayó.

Corbalán abordó el creciente uso de tarjetas de crédito, impulsado por la búsqueda de cuotas y descuentos para enfrentar la inflación, aunque esto no compensa la pérdida de poder adquisitivo ni el aumento del desempleo. “Cierto es que muchos precios están bajando, pero sigue sin alcanzar. Si no, no estarían pasando estos números que estamos viendo y, como está aumentando el desempleo también. No solamente en lo público, en la motosierra, digamos. La motosierra también está pasando en el empleo privado”, concluyó.

Después de que se diera a conocer que 400 familias que se dedicaban al sector pesquero fueron despedidas en Mar del Plata durante los últimos meses, el concejal de Unión por la Patria (UxP), Juan Manuel Cheppi, alertó que “desde los 90 que no se da una crisis así” y pidió la intervención del intendente Montenegro y del Ministerio de Economía. 

Al ser consultado por el importante número de personas que se quedaron sin trabajo, indicó que “esto viene siendo un llamado de atención para toda la economía de Mar del Plata” y que se cuela en “la agenda a nivel nacional”, ya que “por diferentes vaivenes, fundamentalmente por precios internacionales y costos en dólares que han aumentado, no es rentable salir a pescar”.

En ese sentido, puntualizó que influye “más que nada en el langostino y la merluza, que son tan importantes para la economía local” e “impacta de lleno en el empleo y en la generación de trabajo de todo el ecosistema del puerto”.

“Hoy estamos en una temporada de langostino que marca un hecho histórico, debido a que desde los 90 que no se da una crisis así. A partir de los despidos que diferentes plantas de producción de pescado están tomando, es lo que puede llegar a venir en nuestra ciudad”, indicó el edil.

Asimismo, comentó que “hay una caída del 20%, fundamentalmente en las especies que tienen tratamiento en tierra”, y contó que por ejemplo “el calamar tuvo una buena temporada”, pero que “como se pesca, se congela y se exporta, y no lleva un tratamiento". Por ese motivo, Cheppi sostuvo: “Entonces, lo que planteamos es que el Gobierno nacional tiene que tomar medidas e incentivar a que los empresarios de forma temporal, por lo menos, saquen los barcos y no solamente tengan a su planta de personal con el salario garantizado en tierra, porque eso genera un círculo negativo para todo el entorno que vive de la pesca en la Argentina”.

Además, según expresó, otro de los pedidos es “que el jefe comunal ponga esto en agenda porque es muy importante que le encontremos una salida temporal, teniendo en cuenta que la pesca no es una economía regional que ha necesitado de subsidios o de ayudas, sino que es una industria que va sola”.

En otro punto, sobre algún tipo de reunión que se haya llevado a cabo para destrabar el conflicto, el ex secretario de Economía del Conocimiento descartó esa chance y aseguró que “el Gobierno nacional está enceguecido con un modelo económico con este tipo de cambio planchado que trae estas consecuencias”.

“Hay que tener una acción concreta y política, que trata de llevar este problema al Ministerio de Economía para hacerles entender a Caputo y compañía de que la pesca necesita una ayuda. Al intendente lo vemos más preocupado subiendo videos en los que golpean y sacan a gente en situación de calle, que por los problemas estructurales de la economía, como el empleo y el desarrollo productivo de la ciudad”, concluyó. 

Raúl “Tato” Cereseto, empresario y especialista en pesca, analizó la fuerte caída del precio internacional del langostino, los altos costos internos y el conflicto entre las flotas fresquera y congeladora. Advirtió que la falta de medidas podría agravar el deterioro del sector.

“El langostino representa aproximadamente el 60% de las exportaciones pesqueras del país, así que imaginate la importancia que tiene dentro del octavo complejo exportador de Argentina”, introdujo Raúl “Tato” Cereseto, contador público, empresario del sector e integrante de la Cámara de la Flota Amarilla.

Actualmente, según explicó en diálogo con Los datos del día (Radio Mitre Mar del Plata), el sector enfrenta un conflicto entre la flota congeladora -que procesa el pescado a bordo- y la fresquera -que encajona el producto y lo lleva a tierra-. “El negocio está roto, eso está fuera de discusión. Y desde hace dos años hay un nivel de agresión entre las partes que se expresa incluso en redes sociales”, planteó.

Para el especialista, las causas son múltiples, pero el punto de quiebre fue la caída del precio internacional: “El langostino perdió mercado, sobre todo frente al Vannamei, un camarón de criadero que compite con el salvaje. Esto debilitó el interés de los mercados por nuestros productos”.

“El precio internacional del langostino cayó un 40% en los últimos tres años y más del 100% en la última década. Mientras tanto, los costos subieron más del 120% por inflación. Esa brecha, entre precios que bajan y costos que suben, se llama pérdida de competitividad, y hoy supera el 100%. Cuando tus costos van en pesos, tu venta en dólares y el precio se desploma, tenés un flor de problema estructural”, sintetizó.

A eso se le suma, indicó, un “contexto internacional adverso, una matriz fiscal no competitiva por la presión impositiva y una estructura de costos absolutamente desnaturalizada”.

Respecto a la coyuntura política, tras varias reuniones en la Secretaría de Trabajo, Cereseto recordó el cambio de postura oficial: “Pasamos de un discurso donde nos acusaban de ‘pescar gratis’, a otro donde buscan cómo generar alivios fiscales. Es una brecha discursiva enorme en menos de un año. Alguien se estaba equivocando, y todo indica que no éramos nosotros”.

Si bien reconoció que la parte salarial es clave, pidió revisar toda la estructura de costos de la industria: “No alcanza con discutir lo gremial: hay que revisar el modelo completo”.

El experto en acuicultura también puso el foco en la dimensión social del conflicto: “El langostino genera entre 1200 y 3000 millones de dólares anuales en exportaciones, representa el 60% de la actividad pesquera y da empleo a más de 40.000 personas. Cuando esta industria se frena, se estancan las economías regionales de las provincias con litoral marítimo”.

Por último, sostuvo que el Estado debe involucrarse de manera integral: “Tiene que ordenar la actividad, no sólo desde lo fiscal o gremial, sino también desde lo productivo y biológico. La pesca es una de las actividades más federales y generadoras de empleo en zonas sin otras industrias. Si no se toman decisiones estructurales, lo que hoy parece una disputa entre flotas va a convertirse en una crisis regional”.

En medio de una crisis creciente en uno de los sectores productivos clave del país, el ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, lanzó un duro diagnóstico: “Milei está llevando al abismo al sector pesquero”. La afirmación surge tras la reciente suspensión de la prospección de langostino en aguas nacionales debido a la falta de buques inscriptos, un hecho que deja en evidencia el impacto de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional sobre la industria.

Javier Rodríguez responsabilizó directamente a la administración de Javier Milei por el agravamiento de la situación pesquera, que afecta a más de 60.000 trabajadores y trabajadoras, y golpea de lleno a la economía de Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires y otras regiones del litoral marítimo argentino. “La pesca está siendo atacada desde los primeros días del gobierno de Milei”, sentenció el ministro, quien apuntó también contra Federico Sturzenegger por los intentos de desmantelar la Ley Federal de Pesca mediante un sistema de licitación internacional.

Los números hablan por sí solos: la industria pesquera procesa anualmente 793.000 toneladas de productos, genera 46.000 empleos directos y exporta a más de 100 mercados internacionales, con un aporte de 1.981 millones de dólares en divisas. Sin embargo, la decisión del Gobierno de Milei fue aumentar los Derechos Únicos de Extracción (DUE) en promedio un 234% en términos reales, amenaza su continuidad.

“La combinación de un dólar atrasado y el aumento de impuestos a través del ajuste del DUE es mortífera para el sector”, aseguró el ministro. “Aunque nosotros hemos planteado como provincia la necesidad de revertir el aumento del DUE, la negativa del gobierno de MiIei está llevando al abismo al sector pesquero”.

En particular, los aumentos más drásticos se registraron en especies clave como el calamar (+509%) y la merluza hubbsi (+174%). El langostino, principal especie de exportación, sufrió un incremento del 80%, siempre en términos reales.

La situación llevó a que la reciente convocatoria para realizar la prospección de langostino —etapa clave previa a la apertura de la temporada— fracasara. Las empresas no nominaron buques, en un escenario de una cotización del dólar desfavorable, e incremento de DUE, baja en los precios internacionales y una negociación paritaria que no termina de acordarse.

En este escenario desde la provincia de Buenos Aires se planteó una propuesta que fue aprobada en el seno del Consejo Federal Pesquero para intentar destrabar en lo inmediato la situación, más allá de que se señaló que se debe resolver la cuestión de fondo: “Lo que se definió en el Consejo fue en base a una propuesta que llevó la provincia de Buenos Aires: en lugar de realizar una prospección mediante sorteo de los buques, propusimos que los barcos se inscriban directamente. Una vez que se completen los cuatro buques requeridos para una zona, se podrá autorizar la prospección con un observador a bordo”, explicó. Además, aclaró que no se estableció un plazo específico, sino que se irá habilitando en función del orden de inscripción a través del sistema TAD.

“Una vez realizada la prospección —que dura a los sumo 72 horas— y con los primeros datos disponibles, ya se podría iniciar la zafra de langostino en aguas de jurisdicción nacional, dentro del área de veda permanente de juveniles de merluza”, detalló Javier Rodríguez.

La propuesta bonaerense fue trabajada junto al resto de los consejeros y valorada por la autoridad de aplicación, que ahora tiene la potestad de habilitar la prospección en cada una de las cuatro zonas sugeridas por el INIDEP, luego de que la convocatoria anterior quedara desierta.

El senador nacional Maximiliano Abad reclamó hoy “medidas concretas y urgentes para aliviar la profunda crisis estructural que atraviesa la industria pesquera argentina”, en el marco de una jornada de debate en el Senado: “Necesitamos potenciar a uno de los principales complejos exportadores de la Argentina”, señaló.

“La pesca en Argentina no enfrenta un problema de rentabilidad, sino de supervivencia. Llegamos a este punto porque no hay respuestas concretas de las autoridades. Pese a los reclamos generalizados de todo el sector, aún no comprenden la magnitud de los desequilibrios, advirtió el legislador quien se reunió recientemente con representantes del sector y participó de una Mesa de trabajo con los gremios y cámaras en el Concejo Deliberante.

El legislador marplatense detalló que el panorama del sector combina una serie de factores adversos: desplome de los precios internacionales, aumento en dólares de los insumos importados, presión tributaria asfixiante, incrementos en los costos operativos y una maraña de regulaciones que dificultan toda la actividad. “Sus economías regionales, ¿podrían sobrevivir en estas circunstancias?”, interpeló Abad a sus pares.

En ese contexto, criticó las medidas adoptadas por el Gobierno, como la baja parcial de los Derechos Unicos de Extracción y del precio del gasoil, por considerarlas insuficientes: “Las redes vacías no se van a llenar solamente con alivios fiscales transitorios: necesitamos un plan integral para salvar a la pesca”.

Abad remarcó que el complejo pesquero argentino es el quinto mayor exportador del país, con transacciones que en 2024 superaron los 2000 millones de dólares. “Sin medidas urgentes, la situación pasará de grave a terminal. Una cadena productiva que crea valor y sustenta a miles de familias está en riesgo de desaparecer”, alertó.

El senador también hizo hincapié en la necesidad de políticas coordinadas entre Nación y provincias. “El federalismo no debe ser una traba, sino una herramienta eficiente para brindar previsibilidad a los sectores productivos”, afirmó. Y anticipó una hoja de ruta construida en diálogo con empresarios, trabajadores y especialistas del sector.

Además, el legislador ofreció una lista de medidas concretas, entre las que figuran la eliminación total de las retenciones a la pesca, la supresión de impuestos al gasoil, revisión de aranceles para insumos importados, incentivos fiscales específicos para el sector fresquero y un proceso de desburocratización normativa.

Además, instó al Estado a facilitar acuerdos entre gremios y empresas y a preparar una estrategia nacional ante los impactos del nuevo escenario internacional. “Depositar toda la confianza en los vínculos personales del gabinete es un error geopolítico. Argentina debe actuar con planificación y voluntad política”, aseguró.

Abad cerró con un llamado institucional y personal: “Estoy hablando como senador nacional, pero también como vecino de Mar del Plata, donde la pesca es historia, identidad y cultura. Esta paralización golpea a todo el litoral pesquero. En momentos en que el Gobierno busca dólares debajo de los colchones, van a dejar de entrar divisas por la merluza y el langostino que no se pescan ni se exportan”.

La situación actual en el Puerto de la ciudad es crítica, con muchos barcos paralizados y trabajadores que acuerdan su desvinculación o son despedidos, directamente. En ese contexto, el secretario general de SIMAPE, Pablo Trueba, confió que “estamos volviendo a los 90’s” y analizó que “el problema más difícil que tiene la actividad, que es netamente exportadora, es el tipo de cambio, por lo que el negocio deja de ser negocio”.

“Estamos volviendo a la década del 90, a la época de Menem, en el 1 a 1, que el sector exportador más la actividad pesquera se le dificultó bastante. En esa época muchas grandes empresas pesqueras quebraron, mucha gente perdió el trabajo”, indicó el gremialista tras recordar el caso de una empresa de conservas que la semana pasada cerró sus puertas.

En diálogo con la prensa, Trueba insistió en trazar un paralelo con los 90’s: “Ojalá que no lleguemos a esa situación, pero tenemos barcos ya paralizados, barcos de gran porte, fresqueros, que están paralizados porque tienen que ir a arreglos a dique. Quizá algún armador, algún empresario, no lo envía a reparar porque no tiene un interés económico de seguir con el negocio”.

Por este contexto, Trueba indicó que desde enero “gente de distintos frigoríficos como personal embarcado también, han llegado a acuerdos, desvinculaciones, despidos”, por lo que “la situación es compleja”. Y en ese contexto aseguró que “se nos hace mucho más difícil discutir la paritaria”, pero “hay que dar esa discusión igual, sobre todo para cuidar los puestos de trabajo”.

Tras un encuentro entre diversas partes que se realizó en el Concejo Deliberante, el referente de SIMAPE indicó que “no hubo grandes avances” y confió que “el problema más difícil que tiene la actividad, que es netamente exportadora como el campo, es el tipo de cambio, que el negocio deja de ser negocio”.

Al respecto, consideró que “por más que te reduzcan algún impuesto, canon, lo que fuera, no le hace al problema principal que es el tipo de cambio. Es una actividad netamente exportadora, el 95% de lo que se captura se exporta en Argentina. Tenés competitividad de otros países, por ejemplo China, que le vende a nuestro primer socio comprador, que es Brasil, a precios mucho más bajos. Y eso complica”.

De todos modos, el gremialista no avizoró posibilidades de que la industria se reconvierta. “No, hoy no veo a futuro la reconversión. Hay tecnologías nuevas seguramente, reconversión no porque la actividad pesquera es extractiva, se larga una red al agua, se saca, se procesa y se exporta. Todo depende de los precios internacionales. Y Argentina, más allá de ser un país productor, uno de los más grandes productores de materia ictícola, no es formador de precios”, remarcó.

En Mar del Plata, de las 35 plantas conserveras que había, sólo sobreviven 5, y el negocio no es rentable ante la competencia que ofrecen los productos importados que llegan a las góndolas. El panorama es sombrío y “en los próximos meses la situación se va a agravar inclusive más”, según manifestó Federico Angeleri, ex director de Pesquera Veraz, quien analizó la situación y aseguró que “estamos atravesando una de las peores crisis que hemos vivido”.

Obviamente esta situación de una de las principales industrias de Mar del Plata genera complicaciones en términos de fuentes laborales: “En nuestra fábrica trabajan 1045 personas. Desde fines de enero estamos sin trabajar, hemos abierto un retiro voluntario, y muchos trabajadores se están acogiendo. En el sector en general, hay muchos barcos parados, plantas que empiezan a cerrar, plantas que están trabajando a una capacidad muy disminuida”, comentó el empresario.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Angeleri resaltó que “todo el sector pesquero está pasando un momento bastante particular. Quizás estamos atravesando una de las peores crisis que hemos vivido y mirá que hemos vivido varias bastante complejas. Los que están ya hace un tiempo en el negocio dicen que no recuerdan una como esta. La vemos bastante negra, porque hoy son muy pocos los negocios con una ecuación positiva en el sector. Y la verdad que no se visualiza una salida en el corto plazo”.

Sobre los motivos que llevó la industria a este presente, el empresario consideró que “son muchos, son un mix” y teniendo cuenta a la conserva, “creo que tenemos unos costos muy altos desde insumos hasta producción, y también el costo argentino que le llamamos: el costo logístico, costo de monopolios, de envases. Además, la competencia que está generando el ingreso de productos importados con valores muy competitivos”.

Ante este panorama, Angeleri detalló cómo se da el problema de costos y la lucha contra los importadores. “Nuestros costos de producción fueron por el ascensor. Con una inflación del 115% anual, como fue el año pasado, hoy fabricamos una lata con un costo de aproximadamente 1700-1800 pesos. Pero lo que es peor es que llega a la góndola a $2500, y al lado tenés una lata de atún importada a $1600”.

Angeleri se refirió a otro problema que señalan los empresarios, el tipo de cambio. “Se hace muy interesante importar, y nosotros no podemos competir con la producción nacional. Estamos con el negocio de Andrés, como digo yo, producimos a cuatro, vendemos a tres. Puedes estar así un tiempo, pero no eternamente, porque llega un momento en donde te fundiste”.

Como forma de salir de esta situación, el ex director de Pesquera Veraz reconoció que el sector “no va a poder tener un mejor tipo de cambio”, pero que en contrapartida “está solicitando otro tipo de medidas, como una reforma impositiva que nos ahoga fiscalmente, una reforma laboral, muchas desregulaciones que serían muy beneficiosas, actualizaciones de convenios colectivos de trabajo que tenemos del año 70”.

De todos modos, aseguró que el diálogo con el Gobierno nacional no existe. “No hay comunicación. Nunca hubo, básicamente. No estamos en agenda y, además, me parece que es un poco el modelo que pregona este Gobierno: si no sos competitivo, cerrá tus puertas y sé competitivo en otra cosa. ‘Yo me voy a encargar de la macro, la micro se encarga cada uno’. Lo que frustra un poco es que para poder crecer en la micro hay un montón de reformas que son necesarias y que no alcanzaron con las pocas que se hicieron hasta el momento”.

Por eso, reconoció el empresario, están pensando en la reconversión del negocio. Por ejemplo, “la importación, principalmente en lo que respecta al atún. Después analizaremos también con la caballa, que es el caballito de batalla de las conserveras en Mar del Plata”.

El prestigioso diario estadounidense The Wall Street Journal publicó recientemente un artículo titulado El milagro del mercado argentino está en suspenso, en el que analiza los desafíos económicos que enfrenta Argentina bajo la administración del presidente Javier Milei. 

El medio reconoce la recuperación de los bonos soberanos desde la asunción de Milei, pero advierte que los inversores esperan señales más concretas sobre el rumbo económico a largo plazo.

El artículo destaca que, aunque el decreto presidencial para preaprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma el avance de las negociaciones, los mercados no reaccionaron significativamente, lo que indica que los inversores ya habían descontado este acuerdo. Desde diciembre de 2023, los eurobonos argentinos han experimentado una fuerte recuperación; el bono de referencia con vencimiento en 2038 subió de 39 a 67 centavos por dólar, reflejando la confianza de los mercados en el ajuste fiscal del gobierno, que ha logrado reducir la inflación mensual del 20% al 2% sin generar protestas masivas.

Sin embargo, The Wall Street Journal advierte que, aunque las calles no reaccionaron con fuerza al ajuste, los bonos comenzaron a estabilizarse en niveles bajos. El medio señala que Argentina ha vivido momentos similares antes, pero romper el ciclo de crisis económicas llevará años. 

Además, se menciona que el nuevo programa con el FMI incluiría unos 12.000 millones de dólares destinados en gran parte a refinanciar la deuda de 40.000 millones que Argentina mantiene con el organismo desde la gestión de Mauricio Macri. No obstante, el monto no sería suficiente para respaldar el próximo desafío: la salida del control cambiario. 

El artículo también aborda la cuestión del tipo de cambio y el control de capitales. Según el analista Mauro Roca, el peso sigue sobrevalorado, lo que genera precios del dólar elevados a nivel mundial. No obstante, liberar de forma prematura el control sobre el dólar podría poner en riesgo los avances en la lucha contra la inflación. The Wall Street Journal concluye que, aunque Milei ha logrado lo que muchos consideraban imposible en términos de inflación, el milagro del mercado argentino sigue en suspenso. 

Finalmente, el artículo resalta que el futuro económico de Argentina dependerá no solo del nuevo acuerdo con el FMI, sino también de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que consoliden la estabilidad fiscal y el crecimiento sostenible. Aunque Milei mantiene una popularidad superior al 50%, incluso tras el escándalo del token $LIBRA, los expertos advierten que un buen resultado electoral no garantiza estabilidad económica a largo plazo.

Fuente: Noticias Argentinas