El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, cuestionó el Régimen de Inocencia Fiscal recientemente reglamentado por el Gobierno nacional y afirmó que se trata de “un blanqueo permanente para los más ricos, disfrazado de alivio para la clase media”.

Según explicó, el esquema presentado por el Ejecutivo se apoya en un discurso que invoca valores como la libertad individual y el estímulo a la iniciativa privada, pero su diseño concreto demuestra a quiénes beneficia. “No está pensado para la clase media trabajadora ni para quienes producen y viven de su esfuerzo. El relato apunta a seducir a sectores medios y a ciertos perfiles profesionales, pero el impacto real favorece a grandes patrimonios, incluso a actividades de origen dudoso”, sostuvo.

Uno de los aspectos que Girard consideró más preocupantes es la confusión que se instala en torno al delito de evasión fiscal. “Se intenta hacer creer que la evasión dejó de ser un delito penal, y eso es falso. No se modificó la ley penal. Lo único que cambia es que el fisco decide no controlar hasta determinados montos, pero el delito sigue existiendo”, advirtió.

En ese marco, señaló que el régimen construye una falsa sensación de seguridad jurídica que podría volverse en contra de quienes adhieran. “Un gobierno puede cambiar el criterio de control, o puede hacerlo una gestión posterior. Las deudas solo se extinguen con la prescripción. El riesgo sigue estando”, remarcó.

Girard vinculó además el impulso del nuevo esquema con la fragilidad macroeconómica y la escasez de divisas. “Se monta un relato de macroeconomía ordenada cuando en realidad faltan dólares. Sobre esa ficción se construye otra: que ahora no hay delito y que se pueden sacar los dólares del colchón sin consecuencias”, expresó.

“Necesitan esos dólares de manera urgente. Esto no es una señal de fortaleza, es una muestra de debilidad. Están intentando convencer a la gente de que entregue sus ahorros para sostener un esquema financiero que no resuelve los problemas estructurales de la economía”, agregó.

Finalmente, el titular de ARBA ubicó la discusión en un debate estructural sobre el sistema tributario argentino. “La clase media y los sectores populares soportan una carga tributaria elevada porque durante décadas se gravó el consumo y se debilitó el cobro de impuestos a quienes más capacidad contributiva tienen, sumado a la evasión y la fuga de los sectores más ricos”, explicó.

“El debate que viene es casi fundacional: cómo hacemos crecer la economía, cómo revertimos el ajuste, cómo financiamos al Estado. Este régimen no va en ese sentido: consolida la injusticia fiscal y erosiona la legitimidad del Estado”, concluyó.

El director de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, Cristian Girard, se encuentra coordinando en Mar del Plata, las tareas de fiscalización que el organismo realiza en el marco del operativo de verano 2020, que durante enero y febrero abarcará distintos municipios de la costa atlántica bonaerense.

"Hoy estamos desplegando el operativo, con once puntos fijos en Mar del Plata. Todo el operativo cubre desde Necochea hasta Pinamar y el Partido de la Costa, donde llevamos a cabo diversos tipos de controles, los cuales son el resultado de un trabajo de inteligencia fiscal, donde seleccionamos los casos y a partir de esa selección, desplegamos agentes en el territorio con el objetivo de visibilizar a la agencia, retomando el perfil de fiscalización, que en los últimos años, desde nuestro punto de vista estuvo desbalanceado en favor de los servicios", señaló Girard en declaraciones a El Marplatense.

A la par de estas fiscalizaciones, la Agencia de Recaudación llevará adelante controles de mercadería en tránsito para verificar que los transportistas cuenten con documentación de respaldo de la carga; notificará deuda de Automotores y otros tributos; y buscará detectar irregularidades, como la existencia de construcciones no declaradas que evaden el Impuesto Inmobiliario o bien la falta de inscripción en Ingresos Brutos.

"La fiscalización para nosotros es importante porque hay una injusticia de base muy grande, si una parte de la población cumple con el pago de los impuestos y una parte menor no lo hace. Hay un universo muy heterogéneo, gente con muchos recursos que no pagan los impuestos y gente con pocos recursos que tampoco los paga", remarcó el titular de ARBA.

"Por este motivo, hay que hacer un trabajo de cultura tributaria, de facilitar la tarea en el caso de los sectores de bajos recursos y en los de altos recursos, hay que trabajar en la fiscalización para aumentar la percepción de riesgo y demostrar que ARBA esta comprometida con el cumplimiento de los objetivos. Es fundamental que el Estado recaude para poder desplegar sus planes de inversión pública, orientados a desarrollar la Provincia y la Nación", afirmó Girard.

"Hoy estamos en un contexto de emergencia crítico y en ese contexto contar con los recursos es condición necesaria para dar las mínimas respuestas ante el aumento de la pobreza y la necesidad de contar con escuelas y hospitales que funcionen. Desde la provincia estamos comprometidos con poner todos los recursos que logremos obtener en pos de generar crecimiento económico, creación de empleo y formalización de la economía, con empleos de calidad y mejores salarios", subrayó.

Con respecto a la cuota del impuesto inmobiliario y automotor, Girard indicó que "se nos corrió el calendario fiscal, porque se aprobó la ley impositiva el 8 de enero, la cual debería haberse aprobado el año anterior. Para evitar que cayeran juntos los impuestos automotor e inmobiliario, lo que hicimos, fue pasar el vencimiento del impuesto automotor de enero al 12 marzo".

En referencia a los niveles de morosidad de los contribuyentes "atendiendo el contexto de crisis de los últimos años, los niveles son razonables. La cobrabilidad del impuesto inmobiliario ronda los 85 puntos y en el automotor tenemos un 65% de cobrabilidad y hay mucho para trabajar. Estamos pensando en algún plan para atender los casos que tienen que ver con la caída de ingresos y perdida de empleo, que dificultaron el pago de los impuestos", afirmó el funcionario.

Al ser consultado sobre un posible relevamiento inmobiliario, Cristian Girard manifestó que "uno de los procedimientos que realizamos, es el de fiscalización catastral. Básicamente consiste en un archivo de imágenes satelitales, que permiten el estudio de la evolución de los catastros, cotejándolos con impuestos que se cobran en determinadas partidas y si se condice con lo que las imágenes muestran. En caso de no ser así, inteligencia fiscal selecciona los casos y nuestros inspectores realizan una inspección in situ".