El Tribunal Oral Federal Nº5 resolvió desdoblar los procesos judiciales en las causas Hotesur y Los Sauces y fijó el cronograma de los juicios contra Cristina Fernández y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero.

Según la decisión de los magistrados, ambos expedientes, que inicialmente iban a ser tratados en un único debate oral y público, se desarrollarán de manera separada.

En ese marco, el juicio correspondiente a la causa Los Sauces comenzará el 23 de octubre de este año, mientras que el debate por la causa Hotesur fue programado para marzo de 2027.

La resolución del TOF 5 establece así un esquema desdoblado para el tratamiento de ambas investigaciones, en una causa de alto impacto político e institucional.

Los abogados de la ex presidente Cristina Fernández, Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentaron hoy un informe pericial ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad y solicitar la suspensión de la pena, la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la revisión de la prisión domiciliaria.

La estrategia de la defensa se sustenta en una auditoría económico-financiera elaborada por la consultora brasileña Specs, cuyos analistas trabajaron sobre registros oficiales vinculados a la causa Cuadernos. Según el documento, el análisis busca contextualizar la ejecución de obra pública entre 2009 y 2015 y la participación de distintas empresas constructoras en la asignación presupuestaria.

El informe detalla que la Fuente 14 del Presupuesto Nacional financió 367 obras a 114 empresas por un total aproximado de 2200 millones de dólares. En ese universo, se consigna que 17 proyectos correspondieron a firmas del Grupo Austral (entre ellas Austral Construcciones, Gotti, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani), lo que representaría el 0,85% del monto total asignado, de acuerdo con los peritos. El documento compara además esa participación con la de otras constructoras del sector.

Con estos elementos, la defensa busca impulsar un recurso de revisión que habilite una reapertura del debate judicial en el caso y frene los efectos de la inhabilitación, a la espera de eventuales definiciones del organismo internacional previstas para octubre.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu solicitó un informe detallado sobre los movimientos de Cristina Fernández dentro del edificio donde cumple prisión domiciliaria, ubicado en San José 1111, en el barrio de Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco del control judicial de su detención.

La medida fue dispuesta luego de que se conociera la adquisición del departamento ubicado inmediatamente debajo de su vivienda por parte de Soledad Calle, dirigente sindical vinculada a la agrupación La Cámpora.

A través de un oficio, el magistrado requirió a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) que informe si existen registros o alertas de eventuales desplazamientos de la exmandataria hacia esa unidad, así como también sobre sus movimientos hacia espacios comunes como la terraza del edificio.

En ese sentido, se recordó que Fernández cuenta con autorización para acceder a la terraza desde el 17 de septiembre de 2025, además de los informes periódicos que el organismo remite al juzgado en el marco del monitoreo electrónico.

Actualmente, el régimen judicial vigente le permite realizar una salida diaria de hasta dos horas en horario diurno, entre las 06:00 y las 20:00, bajo supervisión. El requerimiento se inscribe en el seguimiento de la condena dictada en la causa Vialidad y su situación procesal en el expediente conocido como Cuadernos.

Un incendio se registró durante la tarde en el tercer piso de un edificio ubicado en San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, en un inmueble lindero a la residencia de la ex presidente Cristina Fernández. El siniestro movilizó a los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y obligó a la autoevacuación preventiva de los ocupantes del edificio y de propiedades cercanas.

El fuego provocó una densa columna de humo que se expandió por el inmueble y las fincas linderas. Ante la situación, una dotación de los Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar para combatir las llamas y controlar el siniestro.

Fuentes del SAME informaron que dos personas adultas sufrieron cuadros de inhalación de monóxido de carbono como consecuencia del humo. Ambas recibieron asistencia médica y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Penna.

Según se informó, no se registraron personas con heridas de gravedad como consecuencia del incendio.

El hecho generó especial preocupación en el sector debido a la proximidad del inmueble afectado con el domicilio de la ex mandataria. En tanto, peritos del cuerpo de Bomberos trabajan en la inspección del edificio y en la recolección de elementos que permitan determinar las causas que originaron el fuego.

La Cámara de Apelaciones de Washington ratificó un fallo adverso contra la República Argentina en el litigio derivado de la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, y dejó firme la obligación de pago por más de US$ 390 millones a favor del fondo Titan Consortium.

El tribunal estadounidense rechazó el recurso presentado por la defensa argentina, que buscaba aplicar un plazo de prescripción de tres años. En cambio, la Cámara determinó que corresponde un período de 12 años, convalidando la resolución previa de la Corte de Distrito del Distrito de Columbia y habilitando la ejecución del laudo.

El conflicto judicial tiene su origen en la expropiación de ambas aerolíneas en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández, cuando el Estado tomó el control de las compañías que pertenecían al grupo español Teinver.

En 2017, el tribunal arbitral del CIADI condenó a la Argentina al pago de US$ 321 millones más intereses y costas. La decisión quedó firme en 2019 tras el rechazo de los pedidos de nulidad. Con la actualización del monto, para diciembre de 2024 la deuda ascendía a US$ 390.907.115,55, cifra a la que continúan sumándose intereses.

Tras conocerse el fallo, voceros de la Procuración del Tesoro de la Nación indicaron que el Estado se encuentra evaluando alternativas legales para amortiguar el impacto financiero de la sentencia.

Desde el organismo, además, atribuyeron el origen del pasivo a decisiones adoptadas por gestiones anteriores y encuadraron el caso dentro del conjunto de litigios internacionales que enfrenta el país en tribunales del exterior.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo presentado por la defensa de la ex presidente Cristina Fernández, que buscaba habilitar la intervención de la Corte Suprema para revisar las condiciones de su prisión domiciliaria.

Con esta decisión, el tribunal ratificó el esquema vigente desde junio del año pasado, cuando comenzó a ejecutarse la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa “Vialidad”.

El recurso extraordinario pretendía que el máximo tribunal analizara tres aspectos centrales del régimen de detención: la obligatoriedad de la tobillera electrónica, las limitaciones al régimen de visitas y la prohibición de acceder a la terraza del departamento ubicado en San José 1111.

Por mayoría, los jueces de la Sala IV, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, consideraron que el planteo no cumplía con los requisitos legales para su admisión. “No reviste el carácter de una sentencia definitiva”, sostuvo Hornos, quien además indicó que no se acreditó un perjuicio irreparable.

En la misma línea, Barroetaveña afirmó que los argumentos de la defensa reflejan una discrepancia subjetiva con resoluciones previas y no una vulneración concreta de derechos constitucionales.

En disidencia, el juez Mariano Borinsky consideró que el recurso sí involucraba cuestiones de índole constitucional vinculadas a la privacidad, la intimidad y la igualdad ante la ley, y se pronunció a favor de habilitar la instancia extraordinaria.

Tras este fallo adverso, la defensa de Fernández aún puede recurrir directamente ante la Corte Suprema mediante un recurso de queja.

El Gobierno nacional confirmó la aplicación de una serie de deducciones y recortes sobre los haberes previsionales de la ex presidente Cristina Fernández, quien comenzará a percibir una pensión mensual bruta de $15.683.154,06 a partir de agosto, sujeta a distintos descuentos.

La medida se formalizó luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informara ante la Justicia que dará cumplimiento a una resolución cautelar que ordenó restituir uno de los beneficios previsionales que le habían sido suspendidos en noviembre de 2024.

El esquema dispuesto contempla la reactivación provisoria de una de las asignaciones previstas en la Ley Nº24.018, que regula las pensiones vitalicias para ex presidentes y otros altos funcionarios. Hasta su suspensión, la ex mandataria percibía en simultáneo su jubilación como jefa de Estado y la pensión derivada por el fallecimiento de Néstor Kirchner.

Con la restitución parcial del beneficio, Fernández volverá a quedar alcanzada por el régimen de retenciones vigentes, incluyendo aportes a la obra social y el impuesto a las ganancias. Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar dos recortes adicionales que impactarán de manera directa en el monto final.

Por un lado, se eliminó el suplemento por zona austral, bajo el argumento de que la beneficiaria cumple prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro, se dispuso un descuento mensual de $3.136.630,81 destinado a recuperar una suma total de $660.052.338,87 que el Estado considera percibida de forma indebida.

El conflicto judicial en torno a los haberes se mantiene abierto. Desde la ANSES aclararon que el cumplimiento de la medida cautelar no implica desistir del recurso presentado ante la Corte Suprema para dejar sin efecto el beneficio. En la misma línea, el Ministerio de Capital Humano sostiene que la ex mandataria no reúne las condiciones para acceder a asignaciones de carácter excepcional, al considerar incompatible su percepción con la condena por administración fraudulenta.

A menos de veinticuatro horas de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la actualización del decomiso civil en la causa Vialidad, fijándolo en $684.990.350.139,86 mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la ex presidente Cristina Fernández y el empresario Lázaro Báez presentaron recursos de queja ante el máximo tribunal para intentar frenar la ejecución patrimonial. La medida fue adoptada tras el fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La estrategia procesal impulsada por el abogado Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria -quien cumple arresto domiciliario desde hace un año en su vivienda de la calle San José 1100-, busca resistir la incautación de un conjunto de bienes que incluye cerca de veinte activos inmobiliarios.

Entre los bienes alcanzados se encuentran residencias en Río Gallegos y El Calafate, complejos hoteleros operados por Hotesur S.A. y 4,7 millones de dólares en cajas de seguridad pertenecientes a Florencia Kirchner. La defensa sostiene que las instancias judiciales previas incurrieron en arbitrariedad, al considerar que no existe una pericia concluyente que vincule esos activos con el delito de administración fraudulenta investigado en las 51 licitaciones viales en Santa Cruz.

No obstante, fuentes judiciales recordaron que los recursos de queja carecen de efecto suspensivo, por lo que los juzgados federales intervinientes conservan la facultad de avanzar con la ejecución forzosa, la tasación y el eventual remate de los bienes involucrados.

En paralelo, el destino de los fondos decomisados abrió un nuevo frente institucional, luego de que la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitara formalmente que los activos dinerarios queden bajo su administración, en el marco de sus competencias en materia de prevención del lavado de activos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la actualización del decomiso civil en la Causa Vialidad y ordenó que Cristina Fernández, Lázaro Báez y el resto de los coimputados restituyan solidariamente $684.990.350.139,86, en una decisión firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El fallo declaró “inadmisibles” los recursos de queja presentados por las defensas, lo que deja firme la ejecución patrimonial y habilita la tasación pericial de 111 bienes previamente embargados.

El monto original del decomiso había sido fijado en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal Nº2 en alrededor de $85.000 millones, en relación con irregularidades en 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz. Posteriormente, tras la confirmación de la Cámara de Casación Penal en 2024 y la ratificación de las condenas en 2025, el valor fue actualizado por el Cuerpo de Peritos Contadores utilizando el índice inflacionario del INDEC.

Las defensas de la ex mandataria, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, cuestionaron el método de actualización, mientras que la representación de Báez objetó la competencia del tribunal. Ambos planteos fueron rechazados por la Corte en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo de la defensa de Cristina Fernández y confirmó sin cambios las condiciones de su prisión domiciliaria en la causa Vialidad, manteniendo la tobillera electrónica y las restricciones vigentes sobre visitas y uso de espacios comunes.

El fallo de la Sala IV ratificó la resolución del Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que el buen comportamiento no habilita automáticamente una flexibilización del régimen, sino que constituye el requisito básico para conservar el beneficio de detención fuera de una unidad penitenciaria.

En esa línea, los jueces remarcaron que el monitoreo electrónico es la regla general, salvo excepciones médicas o técnicas que en este caso no se acreditaron.

Respecto al régimen de visitas, se mantuvo el esquema más restrictivo fijado tras el episodio de noviembre de 2025: encuentros limitados a dos veces por semana, con un máximo de tres personas por jornada y autorización judicial previa.

Finalmente, el tribunal también avaló las limitaciones horarias para el uso de la terraza del inmueble, al considerar que buscan equilibrar el derecho al esparcimiento de la ex mandataria con la convivencia del resto de los residentes del edificio.

La militancia kirchnerista realizará hoy desde las 15:00 un “banderazo” en el Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar la liberación de la ex presidente Cristina Fernández, en el marco del Día de la Bandera.

La convocatoria fue impulsada por la organización La Cámpora a través de redes sociales y se replicará en más de un centenar de localidades en todo el país, bajo la consigna Por Argentina. Por Cristina.

El acto central contará con la participación del diputado nacional Máximo Kirchner, quien brindará un discurso, mientras que no se descarta un mensaje de la exmandataria, aunque no fue confirmado oficialmente.

La actividad se trasladó a Parque Lezama luego de las manifestaciones realizadas en el domicilio de la ex presidente, que derivaron en incidentes y motivaron advertencias judiciales sobre el cumplimiento de su arresto domiciliario.

En ese contexto, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó a la ex mandataria a respetar estrictamente las condiciones de detención y advirtió que podría revocar el beneficio si se reiteran situaciones que alteren el orden público.

Con información de DIB.com.ar

El Tribunal Oral Federal 2 intimó a la ex presidente Cristina Fernández a abstenerse de realizar conductas que perturben la tranquilidad del barrio, tras el banderazo realizado el 14 de junio frente a su domicilio ubicado en San José 1111, en el marco de su prisión domiciliaria.

La resolución judicial advierte que la ex mandataria debe cumplir con las condiciones impuestas para el cumplimiento de su pena y evitar acciones que impliquen un incumplimiento de las pautas establecidas. “Intímase a Cristina Kirchner para que, en lo sucesivo, se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones”, sostuvo el tribunal.

El episodio que motivó la advertencia incluyó la instalación de una bandera con la consigna De San José 1111 a la Rosada, desplegada durante una concentración convocada por la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza. Según la Justicia, la estructura ocupó la vía pública sin autorización y generó cortes de calles y una importante aglomeración de personas.

El fallo remarcó que la situación presentó características distintas a manifestaciones anteriores, ya que en esta ocasión la ex presidente “participó activamente” en el despliegue de la bandera, incluso utilizando el balcón de su domicilio como punto de anclaje y colaborando en la instalación.

El tribunal enumeró tres aspectos que tornan reprochable la conducta: el riesgo para la integridad física de la propia condenada y terceros, la posible comisión de una contravención municipal por el uso del espacio público sin permiso y la perturbación de la tranquilidad del vecindario.

“La suma de los extremos señalados revela que la conducta verificada el 14 de junio pasado no es compatible con las obligaciones asumidas en el marco de la prisión domiciliaria”, señala la resolución, que marca un endurecimiento en el criterio judicial frente a este tipo de manifestaciones.

Con información de TN

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó ejecutar los bienes de la ex presidente Cristina Fernández, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de cubrir un monto actualizado de $684.990.350.139,86, según el fallo firmado hoy.

La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes avanzaron con el decomiso de los bienes tras constatar que los condenados no cumplieron con la intimación de pago.

El monto original, fijado en $84.835.227.378,04, fue actualizado tras la intervención de peritos oficiales, fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La medida incluye inmuebles de empresas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL, además de propiedades que fueron cedidas a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner. También se prevé avanzar sobre bienes de otros condenados si los activos iniciales resultan insuficientes.

Entre los inmuebles alcanzados figura una propiedad ubicada en el Departamento III Lago Argentino, sobre avenida 17 de Octubre al 800, adquirida en 2007, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados.

El listado incluye además diez unidades sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, adquiridas en 2007, así como un inmueble en 25 de Mayo al 200, incorporado en 2010, y otra propiedad en Presidente Néstor Kirchner al 400, sumada en 2006.

También se contemplan terrenos en el Departamento III Lago Argentino, en las inmediaciones de El Calafate, entre ellos el predio donde se desarrolló el complejo hotelero Los Sauces, junto a parcelas adyacentes adquiridas en distintos años.

En ese mismo departamento, el inventario incorpora dos propiedades de gran extensión: una de 44.106 metros cuadrados y otra de 87.046 metros cuadrados, ambas adquiridas en 2007.

Asimismo, se incluye el hotel La Aldea del Chaltén, dentro del conjunto de activos alcanzados por la medida judicial.

La resolución también contempla la eventual ejecución de bienes de otros condenados, entre ellos Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich, en caso de no alcanzarse la suma fijada.

Fuente: con información de Infobae

Hugo Luis Biolcati, ex titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), falleció hoy y fue una de las figuras centrales del conflicto entre el sector agropecuario y el kirchnerismo durante 2008, en torno a la Resolución 125 que establecía retenciones móviles a las exportaciones.

Biolcati presidió la SRA entre 2008 y 2012, período que coincidió con el primer mandato y parte del segundo de la ex presidente Cristina Fernández, en un contexto de fuerte confrontación política y económica.

Durante ese tiempo, mantuvo una postura crítica hacia el Gobierno nacional, al que calificó como “anticampo”, y se posicionó como uno de los principales referentes del sector rural en el debate público.

En el marco del conflicto por la Resolución 125/2008, Biolcati integró la Mesa de Enlace junto a Luciano Miguens (SRA), Mario Llambías (CRA), Eduardo Buzzi (Federación Agraria Argentina) y Fernando Gioino (Coninagro), espacio desde el cual se articuló la oposición a la medida oficial.

La iniciativa del Gobierno buscaba incrementar la recaudación fiscal ante la suba de los precios internacionales de los granos y “redistribuir la riqueza”, además de desacoplar los precios internos. Sin embargo, desde el sector agropecuario fue considerada “confiscatoria” y perjudicial para la inversión, debido a que las alícuotas aumentaban en función del valor de los commodities.

El conflicto derivó en un paro agropecuario de 129 días, con protestas, cortes de rutas y un alto impacto político y social, en el que Biolcati se destacó como uno de los principales portavoces.

Tras meses de tensión, la medida fue enviada al Congreso y el 17 de julio de 2008 el Senado empató la votación. En ese contexto, el entonces vicepresidente Julio Cobos definió el resultado con su voto en contra y la frase: “Mi voto es NO positivo”, lo que determinó la caída de la resolución.

La firme postura de Biolcati frente al Gobierno y su defensa de los intereses del sector lo consolidaron como un dirigente influyente dentro del ámbito agropecuario y una figura clave en la articulación gremial del campo durante esos años.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La ex presidente Cristina Fernández fue alcanzada por dos resoluciones judiciales en las últimas horas: la Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó que vuelva a percibir la pensión por viudez de Néstor Kirchner y, en paralelo, los fiscales solicitaron avanzar con el decomiso de un departamento ubicado en San José (San José 1111), donde cumple prisión domiciliaria.

La Cámara suspendió la resolución de la ANSES que había dado de baja el beneficio previsional, al considerar que su eliminación implicaba una privación de carácter “alimentario”. De esta manera, el tribunal dejó sin efecto la quita dispuesta por el organismo previsional.

En noviembre de 2024, el Gobierno nacional había dado de baja tanto la jubilación de Cristina Kirchner como ex presidenta como la pensión por viudez de Néstor Kirchner. Por ambas asignaciones, la ex mandataria percibía alrededor de 21 millones de pesos brutos mensuales.

La medida se fundamentó en el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la condena de Cristina Fernández en la causa Vialidad a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Ejecutivo argumentó que las jubilaciones de ex presidentes se otorgan en función del honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo, condiciones que consideró incompatibles con una condena penal.

La ex mandataria inició una acción judicial para revertir la decisión de la ANSES y recuperar la pensión por viudez. A través de sus abogados sostuvo que la ley establece que esos beneficios solo pueden ser revocados mediante un juicio político, instancia que no se produjo en su caso.

En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron avanzar con el decomiso de bienes vinculados a la causa Vialidad, entre ellos el departamento de San José (San José 1111). El pedido incluye un total de 141 inmuebles, 46 automotores y sumas de dinero depositadas en distintas cuentas y cajas de seguridad.

“Solicitamos el decomiso de 141 inmuebles -13 pertenecientes a sociedades de la familia Kirchner y 128 a sociedades vinculadas a Lázaro Báez-; 46 automotores; US$4.664.000 de la caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner; US$992.134 de la caja de ahorro del Banco de Galicia, y $53.280,24”, señalaron los fiscales.

Además, indicaron que “las personas condenadas -intimadas a depositar la suma de $684.990.350.139,86 por la defraudación colosal a la Administración pública- todavía no han depositado ni un solo peso, a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo”.

Según el planteo fiscal, tanto Cristina Fernández como Lázaro Báez “vienen dilatando el recupero de activos que se ordenó por sentencia judicial firme”. Y agregaron: “La resistencia que demuestran exhibe su total falta de arrepentimiento y constituye una afrenta a la sentencia firme y al principio de igualdad ante la ley”.

Fuente: con información de DIB

La ex presidente Cristina Fernández se pronunció hoy sobre la captura de Nicolás Maduro, calificando el operativo militar de Estados Unidos como un “secuestro literal” y señalando que constituye una violación del Derecho Internacional. A través de sus redes sociales, sostuvo que la administración de Donald Trump “volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir”.

Fernández vinculó la acción militar con la histórica política del “Gran Garrote” (Big Stick), al afirmar que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado “atraso económico y social” en América Latina. En su análisis, desestimó las justificaciones oficiales de Washington relacionadas con la lucha contra el narcotráfico o la restauración democrática.

La dirigente peronista sostuvo que el verdadero objetivo de la denominada “Operación Resolución Absoluta” sería “apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta”. También advirtió que el operativo, que “produjo la muerte de numerosas personas”, sienta un precedente peligroso que podría habilitar a otras potencias a violar la soberanía territorial de países más débiles para apropiarse de sus recursos naturales.

La referencia de Kirchner a la política del “Gran Garrote” alude a la doctrina impulsada a comienzos del Siglo XX por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt, basada en el uso de la fuerza militar y la intervención directa en países de América Latina para proteger intereses estratégicos y económicos, bajo el argumento de mantener el orden en el hemisferio.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La ex presidente Cristina Fernández continuará internada bajo observación en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido intervenida quirúrgicamente por un cuadro de “apendicitis aguda con peritonitis localizada”. El nuevo parte médico confirmó que la evolución es favorable, aunque se mantiene la indicación de internación.

A la paciente se le practicó una tomografía computada de abdomen que “confirma el diagnóstico” realizado al momento de su ingreso. El informe detalló: “Se implementaron las medidas de soporte correspondientes esperando la resolución del mismo. Continúa bajo tratamiento antibiótico endovenoso y drenaje peritoneal; no presenta fiebre hasta el momento”.

El parte agregó que la ex mandataria permanecerá internada “hasta la resolución del cuadro”, en seguimiento estricto por parte del equipo médico del sanatorio.

Cristina cumple una condena de prisión domiciliaria confirmada por la Corte Suprema de Justicia, aunque recibió autorización judicial para salir de su residencia en el barrio porteño de Constitución y recibir atención médica inmediata, dada la gravedad del cuadro informado por los profesionales que la asistieron.

La ex presidente había solicitado asistencia médica a domicilio tras experimentar fuertes dolores abdominales. El personal de salud que la evaluó determinó que, por las características de los síntomas, era necesario su traslado urgente para la realización de estudios de mayor complejidad en el Sanatorio Otamendi.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) dispuso la ejecución patrimonial de Cristina Fernández, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y los demás condenados en la causa Vialidad, tras la confirmación de las condenas por parte de la Corte Suprema de Justicia.

La medida busca cubrir, de forma solidaria entre los nueve condenados, una cifra exacta de $684.990.350.139,86, monto actualizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte como resultado del perjuicio económico causado al Estado.

Entre los bienes alcanzados por el decomiso, se ejecutarán 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner: una a nombre de la ex presidente y 19 heredadas por sus hijos Máximo y Florencia Kirchner; el TOF 2 evaluará cuáles de los bienes individualizados por la fiscalía resultan efectivamente ejecutables en esta etapa.

En los fundamentos del fallo se observa que el decomiso responde a la necesidad de impedir que el delito rinda beneficios y de neutralizar sus efectos patrimoniales. También cumple una función reparadora del daño social causado y se enmarca en compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupción.

El tribunal aclaró además que el decomiso podrá extenderse a personas jurídicas beneficiadas por el producto del delito y a terceros que hayan recibido bienes a título gratuito. La resolución fue firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes destacaron que la ejecución patrimonial es una consecuencia inmediata de la condena firme por corrupción.

Fuente: con información de Clarín

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se incorporó esta tarde a la caravana organizada por el Día de la Lealtad hacia el departamento de la ex presidente Cristina Fernández, ubicado en San José 1111 de la Capital Federal, donde ella cumple prisión domiciliaria.

Esta participación, inicialmente no prevista, se concretó mediante el acompañamiento de una columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su sector dentro del peronismo, en un gesto que busca fortalecer la unidad interna de cara a las elecciones del próximo domingo 26.

Más temprano, Kicillof había encabezado un acto por el Día de la Lealtad en la Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, donde calificó el encarcelamiento de la ex presidente como un acto de persecución política. Esta denuncia ya había sido expresada la noche anterior, durante la presentación de un libro en La Plata.

Aunque Kicillof no ingresó al departamento de San José 1111, como sí lo hicieron otros dirigentes, su presencia generó atención en medio de la tregua electoral en el peronismo. Estuvo acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, dos de los principales referentes del MDF, un espacio cuestionado por el cristinismo.

En su entorno explicaron las razones de esta adhesión: “Siempre quiso ir”, indicaron fuentes cercanas al gobernador. Se recuerda que Kicillof visitó el departamento de la ex presidente tras las elecciones del 7 de septiembre, en un encuentro discreto sin fotos ni declaraciones, lo que evidencia la tensión persistente en la relación, pese a la actual pausa electoral.

La movilización de los seguidores de Fernández de Kirchner, denominada Leales de corazón, se desarrolla desde las 17:00.

Fuente: con información de DIB

El Tribunal Oral Federal N°2 intimó a la ex vicepresidente Cristina Fernández y a los otros ocho condenados en la Causa Vialidad a abonar la suma de $684.990.350.139,86, equivalente a aproximadamente 537 millones de dólares según el cambio oficial, por el fraude al Estado comprobado durante el proceso. La intimación, dictada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, establece como plazo máximo la media mañana del 13 de agosto y afecta también a Lázaro Báez, José López y otras cinco personas.

El monto determinado por el tribunal se basa en un informe elaborado por peritos de la Corte Suprema, quienes actualizaron la cifra inicial de 85 mil millones de pesos, establecida al cierre del juicio en diciembre de 2022, utilizando el índice de precios al consumidor (IPC). Los magistrados destacaron que las razones presentadas por los expertos contables “se aprecian sólidas y debidamente justificadas, en mérito de las normas contables invocadas” para realizar el cálculo.

Asimismo, los jueces señalaron que ninguno de los peritos de las nueve defensas cuestionó ni impugnó la metodología empleada por la perito oficial, lo que refuerza la validez del cálculo presentado. En caso de incumplimiento del pago, el tribunal procederá con el remate de bienes o activos registrados a nombre de los condenados, un proceso que podría ser largo y complejo.

La ejecución de bienes enfrenta obstáculos adicionales, especialmente en el caso de Lázaro Báez, el condenado con mayor patrimonio. Báez también está siendo ejecutado por el Tribunal Oral Federal N°4 en la causa conocida como Ruta del Dinero K, donde fue condenado a 15 años de prisión y a pagar multas por $355 millones por lavado de dinero, más $55 millones adicionales por el monto del delito.

Otro inconveniente surge en el marco del juicio comercial que tramita la quiebra de Austral Construcciones, empresa vinculada a Báez. En este proceso, existen acreedores que reclaman el cobro de sus deudas. Por ello, los jueces solicitaron al Juzgado Comercial N°28 una certificación detallada del estado procesal de la quiebra y requirieron información sobre la liquidación de bienes destinada a saldar dichas obligaciones.

Fuente: con información de DIB