La reunión del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires estuvo atravesada por un clima de tensión luego de que el sector que responde al gobernador Axel Kicillof rechazara una propuesta impulsada por el ala referenciada en Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro, que debía avanzar en definiciones internas, terminó exhibiendo las diferencias que hoy atraviesan al peronismo bonaerense.

Antes del inicio formal del cónclave, los representantes alineados con Kicillof hicieron llegar su postura de manera clara: no aceptarían un esquema que mantuviera la actual conformación del partido sin discutir una redistribución del poder interno. Ese planteo generó malestar y demoró el comienzo de la reunión, que ya desde el arranque se desarrolló en un contexto de fuerte tirantez política.

El eje del desacuerdo pasó por la conformación de los órganos clave del PJ provincial, en especial la integración de la junta electoral y el sistema de apoderados. Desde el kicillofismo reclamaron mayor equilibrio y representación, al considerar que el esquema propuesto no reflejaba el peso político de los distintos sectores que hoy conviven dentro del partido.

En paralelo, dirigentes cercanos al gobernador mantuvieron encuentros previos para unificar criterios y llegar al debate con una posición consensuada. Esa movida reforzó la idea de un bloque interno decidido a marcar límites y a disputar espacios de poder dentro de la estructura partidaria bonaerense.

Del otro lado, el sector kirchnerista sostuvo su intención de preservar la unidad del PJ, aunque con diferencias sobre los tiempos y las formas para avanzar en la reorganización interna. La reunión dejó en evidencia que, más allá de los discursos de unidad, las tensiones siguen latentes y anticipan un escenario de negociaciones complejas dentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires.

El juicio de la Causa Cuadernos tuvo hoy su tercera audiencia de lectura, donde el Tribunal Oral Federal N°7 finalizó el repaso de los descargos de 32 imputados y los aportes de 18 imputados colaboradores. La causa tiene en el centro a la expresidenta Cristina Fernández y otros 85 acusados por presunta corrupción y asociación ilícita entre 2003 y 2015.

Durante la jornada, el tribunal informó que podría haber cambios en la frecuencia y modalidad de las audiencias. La Cámara de Casación ofreció la sala Auditórium de Comodoro Py para continuar el debate, aunque los jueces prefieren usar la Sala de Derechos Humanos del Palacio de Justicia. La decisión final se tomará cuando la Corte responda los pedidos pendientes.

Otro punto relevante fue el apartamiento del empresario Enrique Pescarmona, quien quedó fuera del proceso por incapacidad mental sobreviniente. Un informe del Cuerpo Médico Forense confirmó que padece un deterioro cognitivo severo que le impide afrontar el juicio.

Mientras tanto, el tribunal sigue intentando acelerar el debate, que tiene más de 600 testigos previstos. Para eso, ya sumaron una segunda audiencia semanal y buscan mejoras edilicias y de recursos para sostener un proceso de gran magnitud.

Con esta instancia completada, el juicio avanza hacia la próxima etapa, donde comenzarán las declaraciones testimoniales en una de las causas de corrupción más grandes y complejas de los últimos años.

La interna del peronismo bonaerense se convirtió en el principal factor de parálisis del justicialismo a nivel nacional. La pelea por la conducción entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof no solo afecta a los protagonistas directos: arrastra a todas las tribus del peronismo y condiciona la posibilidad de diseñar un proyecto competitivo hacia 2027.

En el interior del país, dirigentes de distintas provincias ven en la conflictiva relación bonaerense un foco permanente de tensión que erosiona al conjunto del espacio. Aunque no formen parte activa del contrapunto, coinciden en que la disputa impacta de lleno porque ambos sectores conviven bajo el paraguas de Fuerza Patria y comparten una identidad política común.

Algunos referentes son moderadamente optimistas y creen que las circunstancias electorales del próximo año forzarán un acuerdo. Para otro sector, la única salida es que Cristina Kirchner reconozca que su ciclo político ya no ofrece competitividad y dé paso a un liderazgo renovado. Del otro lado, hay quienes consideran que Kicillof debe profundizar su autonomía, mostrar volumen nacional y avanzar hacia el control del PJ bonaerense, incluso si eso implica romper definitivamente con La Cámpora.

Un peronismo sin orden ni conducción

La falta de síntesis en Buenos Aires —distrito que concentra el 40% del electorado y actúa históricamente como ordenador del justicialismo— mantiene al peronismo nacional en un estado de parálisis. “La interna de CFK y Axel afecta mucho porque la provincia ordena. Si eso no está, nada funciona”, reconoció un senador nacional.

En provincias del norte, centro y sur del país se repite la misma lectura: hay agotamiento frente al fuego cruzado entre kicillofismo y cristinismo, una dinámica que se profundiza y que deja al peronismo sin un liderazgo claro. “Estamos atados a lo que pase en la interna bonaerense”, admitió un diputado. “Cristina debería bajar la exposición, sino solo alimenta al Gobierno”, planteó otro.

Muchos intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) sostienen que, si el gobernador quiere consolidarse como figura nacional, deberá “patear la mesa” y ofrecer señales contundentes de conducción. En paralelo, algunos gobernadores ya analizan avanzar en un armado propio si la interna no se resuelve.

Un final de ciclo y un refugio político

Entre dirigentes del interior también circula una lectura más cruda: la disputa no sería por liderazgos nacionales en ascenso, sino por “el último refugio kirchnerista”. Desde esa óptica, la pelea se explica como la puja por conservar el bastión bonaerense ante un escenario de fin de ciclo.

Las dudas también alcanzan al propio Kicillof. Aunque hoy mantiene distancia de Cristina Kirchner, muchos consideran que su proyección nacional es escasa fuera de Buenos Aires y que ningún gobernador arriesgará capital político para involucrarse en un conflicto que no ofrece certezas.

Un 2026 decisivo

Dirigentes de distintas provincias coinciden en que 2026 será un año clave. El peronismo deberá ordenar su interna en Buenos Aires para evitar llegar desgastado a las próximas elecciones ejecutivas. Sin una síntesis en el principal distrito del país, el espacio quedaría obligado a una gran PASO que defina quién conduce y quién acompaña.

Mientras tanto, la interna bonaerense se prolonga y deja al justicialismo atrapado en una pelea que, lejos de resolverse, sigue fracturando al espacio político que históricamente se definió por su capacidad de ordenar y construir mayorías.

Contra todos los pronósticos, La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en las elecciones legislativas bonaerenses, relegando al segundo puesto a Fuerza Patria, que venía de un triunfo contundente el pasado 7 de septiembre. La pérdida de más de 260 mil votos encendió las críticas internas y desató reclamos entre los jefes comunales del conurbano.

Uno de los primeros en romper el silencio fue Gastón Granados, actual intendente de Ezeiza e hijo del histórico dirigente Alejandro Granados, quien gobernó el distrito en ocho oportunidades. Desde el búnker de Fuerza Patria en el club Tristán Suárez, el joven mandatario fue tajante: “Este resultado es un mensaje para los dirigentes nacionales. Los intendentes somos los que tenemos los votos, los que representamos a la gente”.

De acuerdo con los datos del escrutinio provisorio, en Ezeiza el peronismo logró imponerse por seis puntos sobre La Libertad Avanza, aunque el triunfo no alcanzó para revertir el resultado provincial. Desde Quilmes, Mayra Mendoza también marcó posición: “El conurbano va a salvar a la patria”, afirmó, y respaldó la estrategia de Axel Kicillof al recordar que “Cristina tenía razón” con el desdoblamiento electoral.

Granados no fue el único en levantar la voz. Tiempo antes de los comicios, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ya había advertido sobre la falta de representatividad en las listas de Fuerza Patria. “El peronismo es mucho más que La Cámpora. No hay un solo intendente en las listas, y no puedo permitir que mi voz la lleve Grabois al Congreso”, expresó en una entrevista con FM Cielo.

El malestar de Gray fue tan profundo que terminó conformando su propio espacio, Unión Federal, con el que compitió como candidato a diputado nacional. Aunque su lista terminó quinta con el 1,76% de los votos, en su distrito cosechó más de 34 mil sufragios, quedando tercera con el 21,09%. Esa cantidad le hubiera bastado a Fuerza Patria para superar a La Libertad Avanza en Esteban Echeverría.

En la misma línea, Juan Zabaleta, exintendente de Hurlingham y exministro de Desarrollo Social, también cuestionó la estrategia de su espacio. En diálogo con Infobae, sostuvo: “Se arman listas que responden más a las necesidades de algunos dirigentes que a una verdadera representación política. Está claro que un intendente hubiera hecho la diferencia”.

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes los ofrecimientos económicos presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios en la megacausa conocida como “Los cuadernos de las coimas”, al considerar que no correspondía aplicar la figura de la “reparación integral” prevista en el Código Penal para extinguir la acción penal.

La resolución, liderada por el juez Enrique Méndez Signori y acompañada por sus colegas Fernando Canero y Germán Castelli, alcanzó a todos las propuestas realizadas en los últimos meses, que incluían montos en efectivo y bienes muebles e inmuebles por un total estimado entre 12 y 21 millones de dólares. Con este pronunciamiento, los imputados deberán afrontar el juicio oral que comenzará el próximo mes.

Entre los oferentes figuraban empresarios de la construcción, la energía y el transporte, así como algunos exfuncionarios. Los montos más altos correspondían a Ángelo Calcaterra -primo del ex presidente Mauricio Macri-, con 1,68 millones de dólares; Ernesto Clarens, con 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones. También presentaron propuestas Gabriel Pedro Losi (557 mil), Juan Manuel Collazo (603 mil), Héctor Javier Caballero (460 mil) y Mario Rovella (494 mil).

Otros oferentes fueron César y Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán (1,08 millones); Hugo Draggnotti, de Panedile (960 mil); Osvaldo Acosta, de Electroingeniería (295 mil); Santiago Altieri, de Iecsa (309 mil); Miguel Marconi, de Supercemento (342 mil); Rubén Valentí y Enrique Pescarmona, de IMPSA (344 mil); y Benjamín Romero, de Hidrovías y Ferrovías (344 mil). También se mencionaron las propuestas de Patricio Gerbi (139 mil), Miguel Aznar (162 mil), Claudio Glazman (206 mil), Ricardo Scuncia (221 mil), Julio Paulecci (256 mil) y Jorge Benolol (290 mil).

En el caso de los exfuncionarios, Juan Manuel Abal Medina ofreció una suma cercana a los 40 mil dólares, mientras que Fabián García Ramón, exdirector de Energías Renovables, propuso casi un millón. Ambos habían reconocido la recepción de dinero como parte de supuestos aportes de campaña.

Algunos ofrecimientos fueron de escasa entidad. Alberto Taselli propuso 10 mil dólares, Mario Marcussi 203, Carlos Román 1.823 y Carlos Arroyo la misma cifra. Luis Armani, de Vialmani, ofreció 3.379; Roberto Orazi, de Hidraco, 92 mil; Rodolfo Poblete, de Hidrovía, 33 mil; y Juan Luciano, de Luciano S.A., 60 mil. Los hermanos Adrián y Mauricio Pascucci, de Alquimaq, comprometieron 133 mil pesos.

La fiscal federal Fabiana León se opuso a todas las presentaciones y afirmó que “no se puede pagar para zafar”. En la audiencia, señaló que aceptar esos montos implicaría “tarifar la impunidad”. La Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, adhirió a esa posición. Su director, Paul Starc, sostuvo que las propuestas equivaldrían a “mercantilizar la corrupción”, mientras que el representante del organismo, Mariano Galpern, advirtió que “la complejidad del proceso no habilita la impunidad”.

Las defensas argumentaron que la reparación integral es una figura vigente que no distingue por tipo de delito y que puede aplicarse cuando los montos ofrecidos provienen de fondos lícitos. Señalaron que la oposición de la fiscalía se apoyó en razones de carácter general sin sustento jurídico. Algunos abogados destacaron además la magnitud del juicio, que involucrará a cerca de un centenar de acusados y podría extenderse durante varios años.

La causa “Cuadernos”, en rigor, se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó durante años supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Esos cuadernos, junto con declaraciones de arrepentidos, derivaron en una investigación que alcanzó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a decenas de empresarios de distintos sectores.

El fallo firmado por la unanimidad del Tribunal Oral Federal 7 deja sin efecto la posibilidad de sobreseimiento mediante compensaciones económicas y confirma que todos los acusados deberán presentarse al debate oral previsto para el 6 de noviembre.

Fuente: Infobae.

La fiscal general Fabiana León rechazó los pedidos de reparación integral y conciliación presentados por las defensas de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios en el marco de la causa “Cuadernos de las coimas”. Argumentó que “la confianza en la justicia no se construye con soluciones fáciles, sino cuando las reglas se ponen a prueba en los casos difíciles”.

Durante la audiencia virtual ante el Tribunal Oral Federal N°7, León advirtió que aceptar una salida transaccional “abriría un mercado de impunidad que premia a quien puede pagar” y que la corrupción “no es un daño patrimonializable, sino que erosiona la confianza pública y las instituciones”. En ese sentido, señaló que el único camino posible es el juicio oral previsto para noviembre, donde se definirá la responsabilidad o no de los acusados.

La fiscal enfatizó que la reparación integral prevista en el artículo 59 del Código Penal exige una víctima concreta y un daño mensurable, condiciones que —aseguró— no están presentes en este expediente. “No se negocia lo que el sistema ya afirmó que debe ser juzgado”, sentenció.

La causa se inició en 2018 e involucra a funcionarios y empresarios acusados de pagar y recibir sobornos para la adjudicación de contratos de obra pública, energía y transporte. Entre los imputados figuran la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido, exfuncionarios de Planificación y Transporte, además de reconocidos contratistas.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 16 de septiembre para escuchar las réplicas de las defensas, pero todo indica que el proceso avanzará hacia el juicio oral fijado para el 6 de noviembre.

La defensa de Cristina Kirchner presentó ante la Justicia un nuevo informe técnico que cuestiona la cifra oficial del monto a decomisar en la Causa Vialidad. 

Según el perito de parte José Lucas Gaincerain, el total actualizado por los peritos de la Corte, que asciende a más de $684.000 millones, es exagerado y no representa el verdadero valor financiero.

En su lugar, Gaincerain propuso una actualización basada en la tasa pasiva promedio del Banco Central, lo que arroja una suma cercana a los $42.494 millones, apenas el 6% del monto fijado por la Corte Suprema, que utilizó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC como referencia.

La defensa argumenta que esta metodología refleja con mayor precisión la “rentabilidad potencial” del dinero, sin caer en proyecciones infladas por la inflación. Sostienen que los valores estimados por la Corte “generan montos que no se corresponden con la evolución real del valor financiero” desde los hechos ocurridos entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral Federal N° 2 será el encargado de definir cuál será el monto base para el decomiso que deberán afrontar los nueve condenados en la causa. Desde la fiscalía se manejan distintos valores, que oscilan entre $230.000 millones y $723.000 millones, según el criterio de actualización adoptado por cada perito.

Fuente: Radio Mitre

La ratificación de la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad generó un fuerte impacto político en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto, la Legislatura bonaerense suspendió sesiones, frenó reuniones de comisión y congeló el tratamiento de proyectos clave.

La decisión incluyó la cancelación de una sesión en el Senado que tenía previsto avanzar con el tratamiento de los pliegos judiciales enviados por el gobernador Axel Kicillof.

El funcionamiento de la Cámara alta también se vio afectado por la suspensión de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que debía tratar la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales para cubrir vacantes en al menos una docena de departamentos judiciales del territorio bonaerense.

En paralelo, quedaron en pausa iniciativas como la polémica propuesta del oficialismo para habilitar la reelección indefinida de legisladores, concejales y consejeros escolares, que ya había sido trabada por la oposición en la última sesión. En esa oportunidad, el bloque de Unión por la Patria no logró reunir el quórum necesario por la ausencia de una senadora propia, y la oposición del PRO, UCR y La Libertad Avanza optó por no bajar al recinto.

Por su parte, la Cámara de Diputados no sesiona desde el 7 de mayo. Su agenda también sufrió demoras en proyectos como el que plantea la condonación de deudas municipales del Fondo de Emergencia Sanitaria, iniciativa que fue reemplazada por una propuesta del Ejecutivo para suspender esas obligaciones a cambio de autorizar un endeudamiento por USD 1.045 millones.

En medio del freno legislativo, el gobierno de Kicillof evalúa nuevas estrategias para reactivar el tratamiento de su paquete de proyectos, entre ellos el que busca extender el beneficio de la reelección indefinida a intendentes, medida resistida por todo el arco opositor.

Fuente: Diputados bonaerenses

Organizaciones sociales, sindicatos y espacios políticos se manifestaron este miércoles frente al Tribunal Federal en rechazo a la condena judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

Ezequiel Navarro, secretario adjunto de ATE y secretario general de la CTA, advirtió, en dialogo con El Marplatense: que “este gobierno no cree en la democracia, es autoritario” y vinculó la situación judicial de la exmandataria con una estrategia de disciplinamiento político“Si no hay justicia para Cristina Fernández, evidentemente la democracia está en peligro”.

Durante la manifestación, Navarro hizo referencia a hechos recientes que, según denunció, atentan contra el estado de derecho. “La semana pasada, en un acto sin precedentes, detuvieron a Juan Grabois por orden directa de la ministra Patricia Bullrich. Días después, condenaban a la expresidenta, y horas previas algunos medios ya tenían la sentencia antes de que se dictara”, sostuvo.

El referente sindical remarcó que las movilizaciones de este miércoles se replican en todo el país y forman parte de un “grito colectivo en defensa de la democracia”. “Hace muchos miércoles que este gobierno viene reprimiendo y golpeando a los jubilados porque tiene un modelo que sin represión no cierra”, subrayó.

Consultado sobre los rumores en torno a una posible detención domiciliaria o traslado a una cárcel para Cristina Fernández, Navarro cuestionó el accionar de la Justicia y la doble vara: “No tiene el mismo trato que el presidente Milei, al que se le archivó la causa por la estafa de LIBRA, ni que Mauricio Macri, que tiene muchísimas causas sin resolver, como la del Correo”.

La movilización frente al tribunal contó con un acto previsto hasta el mediodía. Según los organizadores, la consigna central fue clara: “Sin justicia no hay democracia”.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron hoy al Tribunal Oral Federal 2 que rechace el pedido de prisión domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de cárcel en la causa Vialidad.

Según informaron fuentes judiciales, el dictamen que no es vinculante para el Tribunal se entregó a media mañana de hoy y los fiscales argumentaron que "no se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria" a la ex presidenta, de 72 años.

"La privación de la libertad en un establecimiento carcelario no supone, por sí misma, un menoscabo de la vida o la integridad de Fernández", agregaron, mientras que con este dictamen el Tribunal ya quedó en condiciones de resolver.

A partir del análisis de las constancias del expediente y de la presentación de la defensa, el Ministerio Público sostuvo que “no se advierten las razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”.

“No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, añadió. En el informe socioambiental del 12 de junio, Cristina Kirchner dijo estar bien de salud a nivel general,  remarcaron.

"La defensa no ha demostrado –ni se advierte– que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante, más allá de las restricciones propias que implica la ejecución de una pena privativa de libertad”, analizaron.

Y compararon, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, denegó ese beneficio al ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime, condenado y preso en la cárcel de Ezeiza por la tragedia  de Once, quien también argumentó haber cumplido 70 años y razones de salud. En el caso de que a Cristina Kirchner se le conceda la prisión domiciliaria, Luciani y Mola exigieron que sea con tobillera electrónica.

En cuanto a los motivos de seguridad por el intento de asesinato que sufrió y por su rol institucional como ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, los fiscales remarcaron que el Ministerio de Seguridad garantizó en su informe que puede ser "preservada" en un establecimiento carcelario.

Fuente: NA

En la madrugada del domingo, un operativo conjunto entre la Policía de la Ciudad y la Policía Federal desalojó a militantes que acampaban frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Constitución.

El despliegue comenzó cerca de las 2:30 de la mañana e incluyó a más de 160 efectivos. Según detalló la vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, también participaron agentes de Espacio Público. “Se secuestraron ocho gazebos, seis parrillas ilegales, mesas, sillas, pasacalles, cartelería y banderas”, explicó. Asimismo, se realizó una limpieza de aceras, paredes y sectores afectados por la vigilia. Alonso afirmó que el operativo se llevó a cabo “con total normalidad” y “sin resistencia a la autoridad”.

Desde el partido Nuevo Encuentro, sin embargo, denunciaron la confiscación de pertenencias utilizadas para hacer guardias en apoyo a la exmandataria. “Nos llevaron la bandera grande de Nuevo Encuentro que estaba guardada en el portaequipaje de una camioneta”, señalaron voceros del espacio liderado por Martín Sabbatella.

El procedimiento tuvo lugar en la esquina de San José y Humberto I, en las inmediaciones del domicilio donde Cristina Kirchner podría cumplir prisión domiciliaria. El Tribunal Oral Federal N.º 2 ordenó su detención y la Justicia ya confirmó que el inmueble es apto para ese régimen. “Prisión domiciliaria” es la modalidad solicitada por la defensa, que alegó cuestiones de edad y seguridad.

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, ya formalizó el pedido de arresto domiciliario, argumentando la edad de su defendida, cuestiones de seguridad personal por su rol institucional y el intento de homicidio que sufrió en 2022. “Intento de homicidio” es uno de los puntos clave de la presentación judicial.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Alonso justificó la decisión de realizar el operativo en horas de la madrugada: “Notamos una alteración del orden habitual de la vida y la convivencia en el barrio”, afirmó. Por eso se decidió intervenir también para facilitar el secuestro de estos materiales y la limpieza de la zona.

Además, pidió diferenciar las movilizaciones del acampe permanente, y subrayó que las parrillas y estructuras instaladas sin permiso en la vía pública son una contravención. “Queremos armonizar derechos: los vecinos tienen derecho a una vida tranquila y los manifestantes a expresarse”, sostuvo.

Alonso también aclaró que la Ciudad de Buenos Aires no tiene injerencia en la causa judicial ni en la decisión sobre la prisión domiciliaria, pero ratificó que garantizará “el orden y la seguridad” ante cualquier movilización prevista, como la anunciada para el miércoles, día en el que Cristina deberá presentarse ante la Justicia.

En la madrugada de hoy, más de 160 efectivos de la Policía de la Ciudad y operarios de Espacio Público trabajaron en la limpieza de la zona de Humberto 1° y San José, Constitución, donde se habían instalado gazebos, parrilla y pasacalles frente al domicilio de la ex presidenta… pic.twitter.com/kLCTNua22S

La vocera porteña consideró que el fallo de la Corte Suprema “es histórico” y lo definió como “una divisoria de aguas con la corrupción”. También instó a que avancen otras causas judiciales que involucran a la exmandataria: “Espero que sea el comienzo de una serie de juzgamientos que aún están detenidos por falta de capacidad física, no de compromiso judicial”.

Con el frente judicial en marcha y el conflicto político en plena efervescencia, el escenario en torno a la figura de Cristina Kirchner vuelve a concentrar la atención pública, en un contexto donde se cruzan demandas sociales, tensiones partidarias y decisiones institucionales de alto voltaje.

Fuentes: Noticias Argentinas, TN, Infobae

La tobillera, el arresto domiciliario, el indulto y la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la ex presidente Cristina Kirchner son todas las dudas que el abogado experto en derecho constitucional, Enrique del Carril, despejó al ser consultado por Los datos del día, que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7)

En primera instancia, acerca de la posibilidad de indultar a la ex líder del PJ en un futuro incierto, el profesor universitario contempló: “Es un tema complejo, pero es verdad que el presidente tiene la facultad de indultar en general, es una cosa tradicional. Siempre el Poder Ejecutivo tuvo la facultad de, en alguna medida, meterse en la decisión del Poder Judicial por una cuestión de control de poderes entre los casos de condenas por corrupción, en donde tenemos un marco internacional de lucha”.

En esa línea, también recordó que ese poder está previsto en el artículo 36, “que habla de la idea de mantener limpia la Constitución”, por lo que consideró que “es un tema abierto que habría que analizar”.

Entonces, resumió la respuesta al mencionar que, “en principio, desde la letra de la Constitución, el presidente sí puede -bajo dos requisitos, que sea jurisdicción federal y con previo informe del juzgado interviniente- puede indultar a una persona” y que el jefe de Estado “no tiene ningún límite en ese punto”. 

Por otro lado, en cuanto a la presentación que realizó uno de los abogados de la ex mandataria en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comentó que allí “el margen es mucho más limitado, ya que la última instancia en la Argentina es la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Y en este marco, el docente de Derechos Humanos en FASTA explicó: ”La comisión es el órgano que presenta los casos ante la Corte Interamericana, y por lo tanto debe analizar la presentación y ver si la admite o no. En el caso de una condena de la Corte Interamericana, no traería para atrás la sentencia, sino que implicaría una responsabilidad del Estado argentino, eventualmente una indemnización o algún acto de desagravio, pero no anularía la condena".

Volviendo a la idea del indulto, subrayó que “es un concepto bastante más viejo, de las monarquías, en las que actuaba como la gracia del rey, quien tenía ese poder de perdonar por valoraciones políticas”. Y asimismo, aclaró que “a pesar de que la persona era culpable, esto no quiere decir que tras el indulto sea inocente, sino que son culpables pero no van a ir presos”.

Además, recordó que “han habido indultos en Argentina, como el de los militares del último golpe militar en el gobierno de Carlos Menem, y que luego fueron dejados sin efecto”.En último lugar, del Carril se refirió al largo debate por la tobillera de la ex presidente, ya que ella planteó que como tiene custodia residencial, podría obviar su uso, donde aseguró que esa “es una posibilidad” y “totalmente viable”.

Tras la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, el juez que debe detenerla el próximo miércoles anunció que se tomará licencia durante una semana.

Se trata del juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF N°2), quien entrará de licencia el lunes, situación que estaba prevista antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmara la condena contra la expresidenta. Su lugar lo asumirá el juez Rodrigo Giménez Uriburu.

El TOF N°2 ordenó la ejecución de la pena de seis años de prisión y estableció un plazo de cinco días para que la exmandataria -al igual que los otros ocho condenados- se presente ante la Justicia. Solo entonces será efectiva su detención.

Carlos Beraldi, el abogado de la expresidenta, confirmó que ya solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria.

El escrito que presentaron los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy detalló las razones para que el Tribunal Oral conceda la prisión domiciliaria.

Una de las primeras fue la edad de la expresidenta, que ya tiene más de 70 años. Pero, además, los doctores hablaron de motivos “de seguridad personal” por los años en el ejercicio de la presidencia que tuvo CFK. Sostuvieron que por su cargo político tuvo acceso a “información sensible de carácter secreto o confidencial”.

Asimismo, otro de los argumentos que aparecen en el escrito es el intento de homicidio que sufrió Cristina en 2022. “Su alojamiento en una institución carcelaria de ninguna manera es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, escribieron.

Los abogados también citaron la “ausencia de riesgos procesales”, ya que creen que durante todo el proceso judicial, la exmandataria no presentó “un riesgo procesal de fuga”.

Fuente: TN

La interna del peronismo volvió a quedar al descubierto tras las declaraciones de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, referente de La Cámpora, quien cuestionó la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones en la provincia de Buenos Aires y la vinculó directamente con la reciente condena de la Corte Suprema a Cristina Kirchner.

“Hubiera sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado. Estaríamos hablando de esto recién en octubre”, aseguró Sagasti, al considerar que el calendario electoral unificado a nivel nacional podría haber brindado mayor respaldo político a la expresidenta, que, según dijo,  “enfrentó en soledad un escenario de fuerte adversidad”.

Las declaraciones no tardaron en generar malestar en el entorno de Kicillof. Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y uno de los principales armadores del oficialismo provincial, respondió con tono crítico: “No se entiende bien el argumento, pero Anabel debe estar muy dolida para decir esto”. Desde el Ejecutivo provincial consideraron que estas disputas “no ayudan a construir unidad dentro del peronismo”.

En la misma línea se expresó Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura bonaerense, quien sin nombrar a la senadora mendocina, lanzó: “Lo que no hay que hacer ahora es boludear con estas cosas”, en referencia al clima de tensión que se vive en el oficialismo tras el fallo contra Cristina Kirchner.

Kicillof, por su parte, evitó confirmar si mantendrá o no el desdoblamiento, pero reconoció que el escenario cambió radicalmente: “Estamos todos un poco conmovidos y choqueados. Las elecciones son el día que son, pero obviamente esto cambia muchas cosas”, señaló. Afirmó que existe voluntad dentro del peronismo de “buscar una lista común”, aunque no adelantó definiciones.

La tensión entre La Cámpora y los afines a Kicillof suma así un nuevo capítulo, en medio de un escenario convulsionado tras la inhabilitación definitiva de la principal figura del espacio político que gobernó durante más de una década.

Fuente: Diputados Bonaerenses

“La Justicia independiente hizo lo que tenía que hacer”, afirmó ante estudiantes de la Universidad Hebrea, al destacar que su gobierno no interfiere en las decisiones judiciales.

La declaración se dio en el marco de una clase magistral que ofreció en el aula magna de la prestigiosa casa de estudios, donde dejó de leer su discurso por unos instantes para pronunciarse sobre el tema que sacude la política argentina.

El tema Cristina Kirchner sobrevoló toda la agenda de Milei en Israel. En el país, aún resuena el memorando firmado por el kirchnerismo con Irán para cerrar la causa AMIA, el asesinato del fiscal Alberto Nisman, y la falta de condena pública de la exmandataria ante el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.

En ese contexto, Milei fue galardonado con el Premio Nobel Judío, entregado por la Fundación The Genesis Prize. Durante la ceremonia, se destacaron su alineamiento con Israel y Estados Unidos en la ONU, su condena a Hamas y Hezbollah, y su gestión para liberar a los cuatro rehenes argentinos que aún permanecen en Gaza.

Mientras seguía los detalles del fallo desde Jerusalén, el presidente evitó declaraciones inmediatas y se limitó a postear en su cuenta oficial de X un breve mensaje que replicó el estilo de su vocero Manuel Adorni: “Justicia. Fin”.

Con esta postura, Milei no solo reafirmó su apoyo a la independencia judicial, sino que también envió una señal política interna y externa, en medio de un escenario donde la condena a Cristina Kirchner comienza a reconfigurar el tablero del peronismo.

Fuente: Infobae

El episodio tuvo lugar luego de que un grupo vinculado a La Cámpora atacara las instalaciones del canal de noticias en rechazo al fallo judicial contra la exmandataria. Lepere, dirigente de esa agrupación kirchnerista, fue registrado en video en las inmediaciones del ataque con una botella de agua en la mano. La Policía de la Ciudad lo identificó y se espera que se presente en la fiscalía.

Lepere fue secretario del Ministerio del Interior entre 2019 y 2023, y también ocupó el cargo de subsecretario general de la Presidencia en 2015, durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Además, fue concejal en Almirante Brown y actualmente figura como senador suplente por la tercera sección electoral bonaerense, en representación del Frente de la Victoria.

Según informó TN, el dirigente kirchnerista es considerado una figura clave en el armado bonaerense de La Cámpora. En redes sociales, Lepere había manifestado su apoyo explícito a Cristina Kirchner horas antes de los incidentes. En su cuenta de X (ex Twitter) publicó: “Van a seguir viendo peronismo hasta el fin de sus vidas. Nos van a encontrar más organizados que nunca” y agregó: “Vamos a estar junto a Cristina siempre”.

Imágenes en su cuenta de Instagram lo ubican en las inmediaciones del domicilio de la expresidenta en Constitución, en el momento en que se desataban las agresiones a la sede de TN.

Hasta el momento, la única detención confirmada es la de Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, de 43 años, vecino de Villa Ballester y empleado del INTI. También integra la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Fue arrestado en la madrugada del miércoles por efectivos de la Comisaría Vecinal 1C y el equipo de Despliegue de Intervenciones Rápidas, tras ser identificado en las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano como uno de los encapuchados que ingresaron al canal.

Según las autoridades, el detenido vestía la misma ropa utilizada durante el ataque, lo que facilitó su identificación. La causa está en manos de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Florencia Pagilanitti.

Por otro lado, hay tres personas más identificadas por la Policía porteña que estarían vinculadas a La Cámpora y responderían al concejal Juan De Bandi, también de Almirante Brown.

Fuente: Infobae

El mandatario, que suspendió la agenda oficial prevista para este miércoles en los distritos de Carlos Tejedor y Florentino Ameghino.

Por otro lado aplazó las actividades del Movimiento Derecho al Futuro programadas para el fin de semana se expresó en las redes sobre la sentencia a Cristina Kirchner : “esta condena termina de consagrar una auténtica infamia. Es un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías”.

Kicillof también recordó el rol del gobierno de Mauricio Macri en la causa: “Se montó un sistema de espionaje ilegal, se armaron causas y se manipularon pruebas para perseguir a Cristina, su familia y sus exfuncionarios. El lawfare y la estigmatización del campo popular se convirtieron en políticas de Estado”, escribió. Y agregó: “Con un presidente para quien ‘la justicia social es una aberración’, el clima de odio, autoritarismo y hostigamiento se ha intensificado”.

Kicillof acompañó a Cristina Fernández en la sede del PJ tanto el lunes como el martes, convirtiéndose en el único gobernador que le expresó su respaldo en persona. Otros mandatarios, como Ricardo Quintela (La Rioja) y Gildo Insfrán (Formosa), se pronunciaron a través de redes sociales.

Hoy condenan a @CFKArgentina, un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia. Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se…

Fuente: Dib

Mientras el peronismo denunció una “proscripción política”, desde la oposición celebraron lo que consideraron un “fallo histórico”. Legisladores marplatenses no quedaron al margen de la discusión.

El diputado provincial Gustavo Pulti (AM), con origen político en Mar del Plata, fue uno de los primeros en reaccionar. “Repudiamos rotundamente la decisión amañada, irresponsable y arbitraria de la Corte”, expresó. Y agregó: “Ni Iguacel, ni Marijuan, ni Luciani pudieron aportar una sola prueba que avale la acusación a la expresidenta”. El exintendente remarcó que la sentencia “confirma una narrativa política, no un hecho jurídico”.

Desde el oficialismo, también se expresó la senadora Laura Clark, quien pidió “defender a la Patria y a la única que nos cuida”, en referencia a la expresidenta. En la misma línea, legisladores como Alejandro Dichiara y Lucía Iañez calificaron la resolución de la Corte como un acto de persecución política y lo vincularon con otros episodios históricos de proscripción.

Por el lado de la oposición, la reacción fue de euforia. El senador radical marplatense Ariel Bordaisco fue tajante: “Presa por robarle a millones de argentinos. Cristina no volverá a ejercer cargos públicos nunca más. La mayor condena que tiene es la social e histórica. El kirchnerismo será siempre sinónimo de corrupción”.

A su vez, el diputado libertario Guillermo Castello, también con base en General Pueyrredon, celebró el fallo como “el inicio de una nueva era donde la Justicia deja de estar sometida a los intereses del poder político”. “Se consolidó el Estado de Derecho”, afirmó.

El contrapunto entre Bordaisco y Pulti expone el quiebre político que la sentencia de la Corte volvió a poner en evidencia dentro del tablero bonaerense, y en particular, en la representación legislativa de Mar del Plata.

Mientras tanto, desde el entorno judicial se avanza con los pasos procesales para la efectiva ejecución de la pena, mientras el abogado de Cristina Kirchner tramita un pedido de prisión domiciliaria que aún no tiene resolución.

Fuente: Legislatura Bonaerense

El abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, ya solicitó la prisión domiciliaria, al considerar que se trata de una modalidad de cumplimiento de la condena y no de un beneficio excepcional. El Tribunal Oral Federal N° 2, por su parte, pidió al Ministerio de Seguridad que informe en un plazo de 24 horas los posibles lugares donde podrían ser alojados los condenados, atendiendo las características particulares de cada uno.

En el caso de Cristina Kirchner, los jueces tuvieron en cuenta su edad, 72 años, su rol como expresidenta y el antecedente del intento de asesinato que sufrió en septiembre de 2022. Estos elementos serían clave para definir si corresponde otorgarle el arresto domiciliario.

Mientras tanto, la expresidenta permanece en su domicilio de Constitución. El juez Jorge Gorini ordenó que, una vez que se presente ante la Justicia, sea trasladada al lugar designado por el Ministerio de Seguridad. Recién entonces se resolverá si se le concede el cumplimiento de la pena en su casa.

Beraldi también anticipó que llevará el caso a tribunales internacionales y expresó que espera una pronta respuesta a su pedido: “Entiendo que se le va a dar trámite a partir de mañana y esperamos que antes del plazo fijado el Tribunal nos dé una respuesta favorable, porque es lo que corresponde a cualquier persona”.

Fuente: TN

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se reúne esta tarde para definir su postura sobre la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, convocó a sus colegas a las 16. Si confirman la pena de 6 años de prisión y su inhabilitación, la ex presidente no podrá ser candidata en las próximas elecciones. 

En ese marco, Rosatti y su colega Carlos Rosenkrantz ya entregaron sus votos, cada uno por su cuenta, en la Secretaría Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La condena saldría después de 16, el horario al que Rosatti citó al resto de los integrantes de la Corte para tratar la causa, una reunión en la que se definirá si la ex jefe de Estado sigue o no en libertad.

A la espera del fallo, el dirigente social Juan Grabois dijo que "en este momento se está pergeñando la ruptura definitiva del orden constitucional argentino" y convocó a los militantes peronistas a concentrar en la sede del Partido Justicialista de la calle Matheu al 100.

"La detención de la ex Presidenta de la Nación y Presidenta del principal partido de oposición, Cristina Fernández de Kirchner, es un estado de sitio encubierto y el inicio de una virtual dictadura", sentenció Grabois en su cuenta de X.

En el mismo sentido se expresó "Wado" de Pedro, quien aseguró que una condena a Cristina Kirchner "pone en juego" la democracia.

El senador nacional participó del encuentro de senadores de Unión por la Patria con Cristina Kirchner, donde se habló de los "proyectos de ley para proteger a los jubilados, personas con discapacidad, universidades públicas y a todos los sectores castigados por el ajuste de Milei".

Asimismo, convocó a acompañar a la ex mandataria ante el "inminente fallo de la Corte con el que quieren proscribir a Cristina", que "pone en juego no sólo el porvenir" de la oposición y el PJ "sino el de todo el pueblo en su conjunto, la democracia y la vigencia del Estado de Derecho", escribió de Pedro en X.

En tanto, el referente del Frente Renovador Sergio Massa consideró que la causa Vialidad "está plagada de irregularidades" y pidió el máximo tribunal "admita el recurso extraordinario presentado por la defensa de Cristina Kirchner y revise la sentencia dictada por el TOF N.º 2".

Si bien estaba previsto un encuentro para diseñar un "apoyo institucional" conjunto del Frente Renovador y el Partido Justicialista, al conocerse que la Corte se reunirá esta tarde para definir si la ex presidente va presa o no, la estrategia debió ser replanteada y quedó en manos de Massa fijar una postura. "La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra República", indicó el partido del tigrense en un comunicado.

Fuente: Clarín