“Ustedes lo pedían, ustedes lo querían.Ahí lo tienen.El cisne apareció y ustedes.Miren lo que han hecho con el duende del rock.Lo han destrozado.Lo han convertido en una estampa estúpida de sumisión”.(“Pobre duende”, Babasónicos)

Desde el 30 de diciembre de 2004 cada fin de año tiene en Argentina un sabor amargo. Ya no sólo pesan los balances y el año transitado, sino además el recuerdo de uno de los hechos más tristes que recuerden las crónicas periodísticas: el incendio del boliche República Cromañón, donde murieron 194 personas y más de 1400 resultaron heridas. Un episodio que se llevó trágicamente la vida de muchos jóvenes, trastocó para siempre la vida de innumerable cantidad de amigos y familiares de las víctimas, y pegó fuerte en el sonido eterno de la juventud: el rock and roll.

Esa noche en República de Cromañón se presentaba Callejeros, una ascendente banda de lo que se denominaba rock barrial, erigida como la principal heredera de los ya extintos por entonces Redondos de Ricota. Letras complejas, metáforas rebuscadas, espíritu provocador, rock masivo y banderas en tu corazón. El folklore de ese rock argentino amasado en los 90’s como forma de respuesta al neoliberalismo que terminaría haciendo eclosión en una noche funesta.

La noche del 30 de diciembre de 2004 era una noche de veranito y víspera de fin de año como cualquier otra. Hasta que dejó de serlo. Los canales de noticias comenzaron a mostrar las imágenes de un boliche porteño, sobre el que no había demasiadas certezas más que la masa humana saliendo entre la humareda, el desborde de la asistencia para atender la acumulación de reclamos y los muertos que comenzaban a sumarse. Todo era confuso, de uno y otro lado de la pantalla.

La madrugada se extendió frente a la pantalla, mientras los muertos se iban sumando. Para la mañana del 31, ya había una mayor claridad sobre el nivel de la tragedia, una de las más grandes de la historia del país. Esa noche, cono signo de respeto, no hubo mayores festejos a lo largo y ancho del país. Los boliches y bares decidieron cerrar sus puertas. La llegada del 2005 fue un luto general. Era el comienzo de una historia que llega hasta nuestros días.

En un comienzo la información se acumulaba con torpeza, como siempre ocurre en estos casos. Con el tiempo se fue teniendo mayor claridad sobre lo que ocurrió esa noche en República de Cromañón. Una bengala encendida por alguien del público había sido el comienzo del fin, el chispazo que encendió el techo del recinto, recubierto con material altamente inflamable. Fue la humareda la que terminó matando a muchos por asfixia, pero más aún la escandalosa organización de un evento que no tendría que haber ocurrido: el local estaba habilitado para algo más de 1000 personas y había entre 2800 y 3000.

A los datos reales se sumaron mitos, como la presencia de una guardería para chicos en el interior de Cromañón, pero lo certificado en la causa señala que las salidas de emergencia estaban cerradas o bloqueadas, que no existían los controles adecuados y que había graves falencias en materia de seguridad: de los 15 matafuegos existentes, solo 4 funcionaban correctamente. El resto estaba descargado, defectuoso o fuera de norma. En cuanto a la ventilación, había solo 2 extractores de aire en funcionamiento porque los otros 2 fueron apagados para evitar ruidos. Sumado al detalle de que el techo contaba con materiales altamente tóxicos, como espuma de poliuretano, guata y media sombra de polietileno.

Como no podía ser de otra manera, el trágico incendio en Cromañón expuso una cadena de irregularidades y responsabilidades, que incluyeron al dueño del local, a funcionarios municipales que no hicieron los controles debidos, los integrantes de la banda y las fuerzas de seguridad, sumado a la figura del jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que fue sometido a un juicio político por su responsabilidad en las fallas de control y habilitación del local. En noviembre de 2005 fue suspendido de su cargo, mientras que el 7 de marzo de 2006 fue destituido por mayoría en la Legislatura porteña. Como pena, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por cuatro años.

La causa tuvo sus idas y vueltas, con absoluciones iniciales en 2009 para los músicos, cambios de carátula y penas entre 2011 y 2012, revisión final ordenada por la Corte y confirmada en 2015. Entre las condenas, destacaron la del ex gerenciador del boliche, Omar Chabán, un reconocido empresario vinculado al ambiente del espectáculo, quien recibió 10 años y 9 meses de prisión. Sin embargo, post Cromañón, su vida atravesó diversas situaciones, desde excarcelaciones, regresos a prisión y escraches públicos, convirtiéndose en una figura conflictiva y principal señalado por la tragedia. Finalmente murió el 17 de noviembre de 2014. También fueron condenados los integrantes de la banda, como el líder Patricio Fontanet que recibió 7 años, funcionarios del Gobierno porteño, integrantes de la fuerza policial y empresarios relacionados con Cromañón.

Si bien pasaron 21 años ya, la causa Cromañón continúan con litigios civiles e indemnizaciones. Este año, por ejemplo, un sobreviviente recibió una indemnización por la responsabilidad profesional de sus abogados, quienes perdieron la oportunidad de reclamar una reparación por la caducidad del plazo procesal de la demanda original. Convertida en símbolo, además cada año familiares y sobrevivientes organizan marchas, misas y actos en memoria de las víctimas, a la vez que convirtieron el lugar en un santuario.

Obviamente que aquella noche cambió para siempre la vida de esas 194 familias, pero también modificó aspectos relacionados con la nocturnidad y la forma de acceso a espacios cerrados para dar recitales y shows musicales. Eso, necesariamente, terminó cambiando formas de acceso a la cultura y de consumo cultural. El rock como lo conocimos, y su folklore -como dice aquella canción de Babasónicos citada al comienzo y editada en 2005 en el disco Anoche (no del todo oficializada como canción sobre lo que ocurrió en Cromañón)- comenzarían a dar sus últimos bocanadas ante una escena musical que cambiaría para siempre. Una noche que dejó 194 jóvenes víctimas, pero que le hizo perder la inocencia a una generación.

El boliche Cluster Club, ubicado en la localidad bonaerense de Burzaco, fue escenario de lo que pudo haber sido una tragedia: en medio de una fiesta electrónica, dos DJ prendieron una bengala y quemaron parte del techo del local cerrado. La secuencia, que trae inevitablemente a la memoria la tragedia de Cromañón, fue filmada por uno de los asistentes. La discoteca fue clausurada.

Pereira Remix y Tuti DJ, quienes habían sido contratados para dar un show en el boliche, fueron los músicos que prendieron fuego parte de la estructura mientras pasaban música. En las imágenes se ve cómo los disc jockeys levantan la mano y apuntan la bengala directamente contra el techo sin percatarse de que lo quemaban.

Luego, asistentes al evento que estaban en el escenario se percataron de lo que sucedía y le avisaron a uno de los DJ. La madre de uno de jóvenes que presenció el show, al ver lo que había pasado, compartió las imágenes en las redes, que se viralizaron.

El episodio ocurrió el domingo pasado en una discoteca ubicada en la rotonda Los Pinos. Según dio a conocer el canal TN, el 29 de marzo el boliche fue inspeccionado por el municipio, en donde se le labró un acta en la que le pidieron reacondicionar el techo y mejorar las salidas de emergencia. Pese a eso, las medidas no se tomaron y el evento se llevó a cabo.

“Se ve el fuego en el techo, después ellos borraron las historias, pero llegué a filmar con captura”, dijo la mujer que compartió el video.

Un vecino del barrio habló con el móvil del mismo canal que estaba trabajaba en el lugar y contó que ese boliche “está hace muchos años, pero siempre cambia de nombre”. ”Siempre lo abrían un par de fechas y lo cerraban”, detalló.

“En el primer boliche que era Maracaná mataron a un chico en el baño, de ahí lo cerraron y después era cualquiera”, denunció el vecino.

En declaraciones con Canal Trece, un joven identificado como Nicolás, quien se presentó como el organizador de la fiesta, admitió que “normalmente se utiliza chispa fría” como parte de “efectos especiales” pero que en esta ocasión emplearon “chispas de pistola” que “no se van a volver a utilizar”.

“El techo es ignífugo y está preparado para que no encienda. En este caso, al tirar papeles, quizás quedaron ahí y agarró un poquito el fuego. De igual manera, se apagó. Ni bien pasó, personal de seguridad subió con matafuegos para prevenir”, explicó.

La filmación rápidamente se viralizó en las redes sociales. Causó indignación y el repudio a los DJ de miles de usuarios que compartieron el video.

Pero no fue lo único. Las imágenes trajeron a la memoria casi de inmediato lo ocurrido en el boliche Cromañón del barrio porteño de Once, el 30 de diciembre de 2004 durante el recital de la banda Callejeros, en donde murieron 194 personas y más de 1400 resultaron heridos por el fuego, la inhalación de humo y traumatismos.

En aquella oportunidad, el lugar estaba repleto de jóvenes que se habían convocado para escuchar a la banda de rock. A poco tiempo de que comenzara el show, uno de los presentes prendió una bengala que incendió el lugar. Las llamas tomaron parte de la estructura y se empezaron a expandir con rapidez.

Además de los muertos, los sobrevivientes sufrieron las secuelas del horror, con heridas físicas y psicológicas.

La causa tuvo cuatro juicios orales en los que fueron juzgadas 26 personas, de las cuales 21 fueron condenadas y 18 de ellas fueron a prisión. A lo largo de estos procesos, se juzgaron a los responsables del lugar, los músicos de Callejeros, funcionarios del Gobierno de la Ciudad, empresarios, integrantes de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal y autoridades policiales.

Fuente: Infobae.

En los quince años que pasaron desde la Tragedia de Cromañón, la responsabilidad del Estado estuvo presente en los cuatro juicios que se llevaron adelante. En tres de ellos fueron condenados desde funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta bomberos e inspectores. Los ejes centrales fueron las coimas y la omisión de los deberes de funcionario público.

El 30 de diciembre de 2004, cerca de las 22:50, Callejeros comenzó a tocar su primer tema. Minutos antes, el gerenciador del lugar Omar Chabán les había pedido a las personas que estaban allí que no tiraran bengalas, algo que para ese momento era más que habitual en los recitales de rock.

Durante esa primera canción, una “candela” impactó contra la media sombra que recubría el techo del local y se incendió rápidamente. La banda dejó de tocar y la luz se cortó automáticamente. Un humo denso y oscuro invadió todo el lugar y generó que las más de 4500 personas que estaba allí adentro quisieran salir. El pánico y la desesperación para lograrlo, sumado a que el lugar ni siquiera contaba con una salida de emergencia habilitada, llevó a que las y los jóvenes se amontonaran en las cercanías de la única puerta de acceso.

194 personas murieron como consecuencia de lo ocurrido esa noche y más de 1400 sufrieron heridas que las dañaron de manera física y psíquica.

“Al estar el establecimiento colmado de gente, en cantidad excesivamente superior a la permitida, y con sus salidas en parte obstruidas y en algún caso ‘clausurada’, y tomando en consideración que al instante de iniciarse el incendio se cortó la luz de la parte interior del local, denotan el peligro al que se vieron expuestas las personas”, estableció en uno de sus fallos el Tribunal Oral en lo Criminal N°24.

El juicio “Bomberos”

El 27 de diciembre de 2007, los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos por recibir coimas por parte de dos empresarios. La causa fue un desprendimiento del expediente principal que investigaba la tragedia. En una declaración indagatoria, la subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fizsbin (que luego terminaría condenada también) aseguró que los bomberos cobraban coimas para habilitar boliches.

De acuerdo a un informe citado en el fallo condenatorio, para junio de 2003 alrededor de un 70% de los locales de baile de la Ciudad no poseía instalaciones contra incendios y un 20% nunca había actualizado el certificado que otorgaba la Superintendencia de Bomberos.

En la condena se indicó que los empresarios Rubén Fuertes y Luis Alberto Perucca le otorgaban ciertas sumas de dinero a Alberto Corbellini (jefe de la división de Prevención de Incendios de Bomberos de la Policía Federal), a Marcelo Nodar y a Marcelo Fabián Esmok. A cambio se aseguraban la obtención del certificado de la Superintendencia Federal de Bomberos, además de la tramitación “más ágil y cómoda para sus intereses, evitando el cumplimiento de las formalidades que eran regla de acuerdo al instructivo de la División Prevención”.

Corbellini y Nodar fueron condenados a cuatro años de prisión por cohecho pasivo mientras que a Esmok le dieron una pena de dos años y seis meses de prisión. A los tres le fijaron una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Tanto Nodar como Corbellini ya cumplieron con su pena.

Funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En diciembre de 2004, Fabiana Fiszbin estaba a cargo de la Subsecretaría de Control Comunal mientras que Gustavo Juan Torres ocupaba la Dirección General de Fiscalización y Control. La Dirección General Adjunta estaba a cargo de Ana María Fernández. Los tres, junto con el por entonces subcomisario Carlos Rubén Díaz, fueron juzgados en el debate donde estaban como imputados también Omar Chabán y los músicos de Callejeros.

El Tribunal consideró en ese fallo que Fiszbin “debía ejercer, controlar y coordinar el poder de policía en materia de salubridad, seguridad e higiene en el ejido de la Ciudad de Buenos Aires”. Fernández, por su parte, tenía como responsabilidad ejercer el poder de policía en materia de habilitaciones y permisos. “Ambas imputadas tenían un deber de control y lo incumplieron notablemente”, marcaron los jueces. Torres fue absuelto en ese juicio. Cuando la causa llegó a Casación, los magistrados Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky lo incluyeron como responsable.

“Resulta indiscutible que Fiszbin, Torres y Fernández eran, desde la órbita de la administración pública, los responsables de evitar que, a raíz de las extensas irregularidades e incumplimientos en materia de seguridad, se desencadenara un hecho como el que aquí ocurrió. Y no lo hicieron, ya que en ningún momento se ocuparon de inspeccionar el local ‘Cromañón’, lo que por supuesto podían y debían realizar de oficio ya que sus funciones así lo indicaban, pero ni siquiera se ocuparon de hacerlo luego de la denuncia efectuada por el Defensor del Pueblo Adjunto, Atilio Alimena, que motivó la formación de la actuación nro. 631 en el área de la Secretaría”, sostuvo Casación. Así, le fijaron a Fiszbin una condena de 4 años, a Torres 3 años y 9 meses y a Fernández, 3 años y 6 meses.

Cuando la sala de Casación integrada por Juan Carlos Gemignani, Gustavo Hornos y Pedro David revisaron el fallo de sus colegas, le fijaron finalmente una pena de 2 años y 10 meses a Fernández.

Con respecto al subcomisario Díaz, la pena que tuvo que cumplir por su responsabilidad en el incendio fue de ocho años de prisión. “Bastaba una sola orden del Subcomisario Díaz para que se activen los mecanismos institucionales para proceder a la clausura de “República Cromañon”. Sin embargo, guiado por el cobro de sobornos omitió denunciar el local y permitió que siguiera funcionando durante varios meses”, marcaron en el Máximo Tribunal penal.

Tanto en el juicio a los bomberos como en el principal, el Ministerio Público Fiscal estuvo representando por el fiscal Jorge López Lecube. Por la complejidad del caso donde se juzgaban a los músicos, a Chabán y a los funcionarios, el por entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, designó en carácter de coadyuvantes a los fiscales Alejandra Perroud y Fabián Céliz.

El inspector

“Falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho” fue el delito por el que condenaron al inspector del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Roberto Calderini, en el que fue el último de los juicios relacionados con la Tragedia de Cromañón.

En 1997, Calderini aprobó la habilitación del local donde luego funcionaría el boliche “Cromañon”, a pesar de que tres meses antes había destacado varias irregularidades que no fueron corregidas en el inmueble. En ese momento, cuando se inspeccionó el local, la superficie era mucho mayor que la declarada, faltaban salidas de emergencias y había puertas que se conectaban con otros inmuebles, pese a que esto estaba prohibido para los locales de baile “clase c”. Tanto el fiscal de juicio Fabián Céliz como el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 marcaron en abril de 2016 que las deficiencias en los controles en 1997 se ven volcadas en el 2004, aunque aclararon que no podían endilgarle una responsabilidad directa en lo ocurrido.

La situación de Aníbal Ibarra

La jueza María Angélica Crotto sobreseyó al Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por considerar, en agosto de 2006, que los hechos que se le imputaban no eran delictivos. En esa resolución, había marcado que dentro de las funciones que Ibarra tenía no estaba la de controlar de forma personal el funcionamiento de los locales bailables. Un mes después, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional coincidió con esa argumentación.

En septiembre de 2007, la Cámara de Casación compartió ese criterio. Luego, se investigó su posible responsabilidad en un accionar negligente en el rescate y atención a las víctimas. Tres años después, esa posibilidad se diluyó: “los funcionarios actuaron en la medida de las posibilidades que las características de la tragedia les permitió” sostuvo Casación.

* Por Carlos Walker

Vecinos de Playa Grande manifestaron su preocupación por presuntas irregularidades en locales nocturnos instalados en el paseo costero de ese sector del distrito de General Pueyrredon.

A través de una nota presentada en el Concejo Deliberante, a la cual El Marplatense tuvo acceso, el Dr. Federico Cerrudo, representante legal de los vecinos, denunció que “ninguna de las Unidades Turísticos Fiscales del complejo Playa Grande que desarrollan actividad de local bailable tiene autorización para explotar un uso semejante”.

“Las UTF involucradas, dada la evidente infracción contractual en la que están inmersas y su consecuente gravedad debieron ser sancionadas con la caducidad de la concesión”, afirmó el abogado, quien remarcó: “Esto pone en tela de juicio no ya solamente la regularidad en la ejecución contractual, sino lisa y llanamente la seguridad pública”.

Y destacó: “En la temporada de verano la afluencia en el sector supera las 30.000 personas, lo que deja nuevamente a las claras que la actividad desarrollada es de local bailable y no de gastronomía”.

Según los vecinos, “hay un connivencia en la facilitación de una actividad para la cual los peticionantes no cuentan ni con autorización municipal ni con habilitación comercial correspondiente”.

“Lo cual deja en ciernes, tomando en consideración la cantidad de público que concurre al sector, un nuevo caso Cromañón”, alertó el letrado. Para finalizar, Cerrudo manifestó: “Quedan pues los concejales prevenidos de la ostensible situación de ilegalidad en juego”.

* Aclaración: los conceptos vertidos de quienes opinan son absoluta responsabilidad del firmante.