El Tribunal Oral Federal N°7 tomará este jueves la declaración del exsecretario de Obras Públicas José López, junto a los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano, en lo que marcará el cierre de las indagatorias en la causa conocida como “Cuadernos”.

Con estas exposiciones, concluye una de las etapas centrales del juicio por presunta administración fraudulenta, que tiene entre sus principales acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A partir de mayo, el proceso avanzará con la instancia testimonial: los jueces escucharán a 43 testigos distribuidos en ocho audiencias.

El cronograma comenzará el 5 de mayo con la declaración de los periodistas Diego Cabot, Candela Ini y Santiago Nasra, quienes participaron en la recepción de los cuadernos originales. Dos días después será el turno, entre otros, del periodista Héctor Guyot, del expolicía Jorge Bacigalupo, a quien Oscar Centeno entregó los escritos, y de Hilda Horovitz, exesposa del chofer.

El 12 de mayo están previstas las presentaciones del exministro de Economía Roberto Lavagna y de la diputada Mariana Zuvic, mientras que las restantes audiencias se repartirán entre el 14, 19, 21, 26 y 28 del mismo mes, con la participación de empresarios, exfuncionarios y personas vinculadas al expediente.

La causa se originó a partir de los cuadernos del exchofer Oscar Centeno, en los que se detallaba un supuesto circuito de recaudación de coimas vinculado a la obra pública durante más de una década.

Según la acusación, durante los gobiernos kirchneristas se habría implementado un sistema organizado para el cobro de sobornos a empresarios de distintos sectores, como la construcción, la energía y el transporte, a cambio de beneficios para sus compañías. 

La investigación sostiene que este esquema operaba a través de distintos mecanismos, incluyendo la recolección directa de dinero en efectivo por parte de funcionarios.

Fuente: TN

La segunda audiencia del juicio oral por la causa de los Cuadernos volvió a abrir este jueves el foco sobre el esquema de trabajo elegido por el Tribunal Oral Federal N°7, que decidió mantener la modalidad virtual pese a los reclamos de las defensas y de la Cámara de Casación. El caso involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y otros 85 imputados, en uno de los procesos de corrupción más grandes de las últimas décadas.

De Vido llegó a Comodoro Py poco antes de las 8.30 para ponerse a disposición del Tribunal Oral Federal N°4, que ordenó su detención por la tragedia de Once. Desde allí, conectado de manera remota, siguió el reinicio de la audiencia, en la que continúa la lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio de casi 700 páginas.

El debate por la virtualidad volvió a ser protagonista. La Cámara Federal de Casación Penal citó para la próxima semana a los jueces del TOF 7 para analizar cambios de modalidad, entre ellos la posibilidad de realizar audiencias presenciales en la remodelada Sala AMIA, capaz de albergar a más de 200 personas, y aumentar la frecuencia semanal para acelerar el proceso.

El tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, defendió el formato remoto argumentando la complejidad logística de reunir a todas las partes. Sostienen que, en esta etapa dedicada únicamente a la lectura de requerimientos, no habría necesidad de modificar el esquema.

La fiscal Fabiana León continúa participando de las audiencias, mientras que los acusados y sus abogados permanecen conectados a distancia. Esta semana, el tribunal decidió extender las sesiones hasta las 15 para avanzar más rápido en un expediente que acumula 87 imputados y abarca maniobras que, según la acusación, funcionaron durante más de una década en la obra pública.

El juicio retomará el jueves próximo con la lectura de las imputaciones por cohecho activo y los requerimientos de los otros dos tramos de la investigación, en medio de un debate cada vez más intenso sobre cómo avanzar con uno de los procesos judiciales más resonantes del país.

Fuente: Infobae

La subasta del inmueble, que incluye una cochera y una baulera, se realizará el 25 de octubre de 2019, a las 14, de manera online, y el precio base será de U$S 489.123, y los interesados pueden inscribirse hasta el 21 de octubre a las 12.

El inmueble que se subastará estaba a nombre de Sergio Todisco, uno de los testaferros del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, quien estuvo detenido 20 días hasta que se acogió a la figura del imputado colaborador en noviembre del año pasado, y su ex mujer Elizabeth Ortiz Municoy.

Esta subasta, que es pública y electrónica, se da en el marco del decreto 598/2019, por el que el gobierno nacional determinó que todos los bienes muebles e inmuebles vinculados a causas de corrupción sean subastados de manera inmediata "en beneficio de los argentinos".

“Estamos reparando todo el daño que produjo la corrupción. La subasta de este inmueble significa recuperar lo que nunca debieron habernos quitado”, dijo el titular de la AABE, Ramón Lanús.

La autorización para la convocatoria a la subasta pública del inmueble se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La AABE fue designada para disponer de esos bienes decomisados cuando esta decisión queda firme en las diferentes instancias judiciales para que ese patrimonio vuelva al Estado nacional.

De acuerdo a lo informado por la AABE, las comunicaciones relacionadas con el proceso de subasta deberán ser dirigidas a la Dirección de Compras, Contrataciones y Subastas de esa agencia, en tanto que el pliego será accesible a través del sitio electrónico www.comprar.gob.ar o en el sitio web de AABE.

El departamento, que estará disponible para ser exhibido, posee 99,80 metros cuadrados y se compone de una habitación amplia, cocina, dos baños, dos balcones y un living, y se encuentra completamente vacío, según se precisó.

AABE continuará con la subasta de 29 bienes que el juez Claudio Bonadio ordenó decomisar y fueron adquiridos por Daniel Muñoz como resultado de operaciones de blanqueo, según se explicó en el comunicado.

Según esa investigación, el fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner era el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios.

La investigación es un desprendimiento del caso de los cuadernos de la corrupción en la que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner junto a ex funcionarios de su gobierno.

El juez Claudio Bonadio dio por clausurada la instrucción y envió a juicio oral a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de ser jefa de una asociación ilícita que se dedicó a la recaudación “de fondos ilegales”.

El magistrado le atribuyó a la candidata a vicepresidenta 28 hechos de cohecho pasivo. Se trata de la causa conocida como los cuadernos de las coimas, un expediente que cuenta con 172 procesados y 31 imputados colaboradores.

Asimismo, fueron enviados a juicio en calidad de organizadores Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, y como miembro de la asociación el ex chofer Oscar Centeno y un extenso listado de empresarios.

Entre los empresarios, de los cuáles hay marplatenses, se encuentra el primo de Mauricio Macri Ángelo Calcaterra, Macri, Carlos Wagner, Néstor Otero, Benjamín Romero, Enrique Pescarmona entre otros, todos acusados sólo de pagar coimas.

Fuente: Clarín

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) abrió una pesquisa preliminar destinada a confiscar activos en el territorio de los Estados Unidos derivados de la corrupción registrada en la Argentina durante los últimos años y tiene en su mira los inmuebles que compraron los empresarios marplatenses Elizabeth Ortiz Municoy y Sergio Todisco en Miami y Nueva York.

Según consigna La Nación, la investigación del FBI registra como disparador al fallecido ex secretario privado y presunto testaferro de la familia Kirchner Daniel Muñoz, quien invirtió decenas de millones de dólares, como mínimo, en Estados Unidos. Lo hizo mediante una operatoria de lavado que incluyó sociedades offshore en paraísos fiscales a nombre de Todisco, Ortiz Municoy y otros testaferros.

Los empresarios marplatenses, "arrepentidos" en la causa de los cuadernos, figuran como titulares de las sociedades offshore que se utilizaron para sacar unos US$70 millones de la Argentina e invertirlos en inmuebles en Miami y Nueva York. Esas inversiones en la isla de Manhattan -una de ellas en el conocido Hotel Plaza, frente a Central Park- son las que dispararon la preocupación estadounidense, ya que no saltaron las alarmas antilavado previstas.

Los funcionarios del Departamento de Justicia y agentes del FBI que integran la llamada Sección de Lavado de Dinero y Recupero de Activos (Mlars, por sus siglas en inglés) empujan un "proyecto" de nombre singular: la llamada Iniciativa de Recupero de Activos de la Cleptocracia. Según la definición de la Real Academia Española (RAE), la cleptocracia es un "sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos".

El agente del FBI Jared Randall viajó a la Argentina en marzo pasado para obtener datos y reunirse con funcionarios de los ministerios nacionales de Seguridad y Justicia, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), a los que preguntó sobre Muñoz y el entramado de personas y sociedades que comenzó a salir a la luz con la difusión de los Panama Papers, en abril de 2016.

Randall también requirió información precisa sobre otras derivaciones de los "cuadernos de la corrupción", sobre las empresas involucradas y los empresarios, exfuncionarios y financistas que se acogieron al régimen de "imputados colaboradores", es decir, como "arrepentidos".

Involucrado en investigaciones sobre el crimen organizado en Colombia, la mafia rusa y el escándalo conocido como "FIFAgate" -investigación de alcance global que él lideró-, Randall preguntó, entre otros, por la marplatense Ortiz Municoy, la primera mujer que se convirtió en arrepentida en la causa.

Por orden del juez federal Claudio Bonadio, que dictó la prisión preventiva, la Policía detuvo este sábado a otros cuatro ex funcionarios que formaban parte del gobierno de Cristina Kirchner, en el marco de la causa conocida como "cuadernos de las coimas".

Se trata de Nelson Periotti (ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad), Sandro Férgola (ex gerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de Vialidad), Sergio Passacantando (ex gerente de Administración de la DNV) y Germán Nivello (ex funcionario de la Secretaría de Obras Públicas y Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda), según informó Clarín.

Las detenciones y allanamientos a cargo de la Policía Federal se realizaron en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, donde el juez Bonadio ordenó 101 indagatorias en el tramo que se concentra en la adjudicación de obra pública civil.

Después de una serie de documentación obtenida durante la instrucción y más testimonios que se fueron sumando a la causa, se decidió avanzar con la detención de este conjunto de ex directores de Vialidad Nacional.

Será el lunes a primera hora cuando el magistrado indague a los ex funcionarios del Gobierno kirchnerista que cumplían funciones en la Dirección de Vialidad Nacional.

Estos ex directivos se encuentran procesados por el juez Julián Ercolini en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública vial a favor de Lázaro Báez.

En el caso de Nelson Periotti, quedó procesado como partícipe de la asociación ilícita y defraudación al Estado por $ 46.000 millones. Deberá en mayo enfrentar el juicio oral junto al empresario K y a Cristina Kirchner.

En tanto Sandro Férgola quedó procesado en una segunda instancia, por los mismos delitos, junto a Martín Báez el mayor de los hijos varones del dueño del Grupo Austral y en breve se solicitará la elevación a juicio oral de dicho tramo de la investigación.

En la causa de los Cuadernos, la Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015.

Odebrecht: un arrepentido contó que Néstor Kirchner sabía de las coimas que Angelo Calcaterra le pagaba a Ricardo Jaime por el tren Sarmiento Mirá también Odebrecht: un arrepentido contó que Néstor Kirchner sabía de las coimas que Angelo Calcaterra le pagaba a Ricardo Jaime por el tren Sarmiento En este tramo tuvo incidencia la confesión de Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, que detalló cómo funcionaba la cartelización de la obra pública, y también el testimonio de Ernesto Clarens que entregó un extenso listado de empresas que eran parte del pago de sobornos a ex funcionarios para garantizarse obras.

Según entiende el juez, Cristina Kirchner que ya declaró en este expediente, lideró una "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal" y en la que los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, "para procurar la afluencia de dinero". Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.

Por ello el juzgado avanzó en una nueva citación contra la ex mandataria vinculada al tramo de la causa que investiga los contratos de obra pública para más de 70 empresas.

Es en este tramo del expediente, que investiga la cartelización de la obra pública, que se realizó el extenso llamado a indagatoria que incluyó a Carlos De Sousa (hermano de Fabián, socio de Cristóbal López), Gustavo Weiss, Mario Rovella y, Fabián Biancalani, entre otros.

Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el Juzgado impulsó 82 operativos. En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.

La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido.

El marplatense Patricio Gerbi, el titular de la reconocida firma de construcción Coarco, prestará su declaración en las próximas horas ante el juez Claudio Bonadío, que está al frente de la causa conocida como los “cuadernos de las coimas”.

El empresario, de fuerte presencia en la industria, es uno de los primeros hombres que comenzará la amplia rueda de indagatorias que tiene previsto llevar el magistrado hasta fines de febrero, según el dictamen que dio a conocer a principios de mes.

En los tribunales de Comodoro Py, declarará el hombre que supo estar al frente de la Cámara Argentina de la Construcción, que se encuentra como "arrepentido" en la causa. En la lista de este miércoles también figuran Miguel Aznar, Juan Chediak, Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel Pedro Losi y Luis Losi.

El miércoles 6 de febrero Bonadío había resuelto un amplio llamado de nuevas declaraciones, en el que se incluyó a la ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner, a algunos de sus ex funcionarios Julio De Vido, José López y Roberto Baratta, y otros importantes empresarios, como el propio primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

En total, Bonadio citó a 101 personas, con la expectativa puesta en mantener un ritmo de entre ocho y diez indagatorias por día. Después del aporte que haga en su puntapié inicial Gerbi, el ciclo cerrará con la declaración del ex ministro de Planificación Federal.

Inicialmente, Carlos Wagner, otro ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, había ligado a Coarco con las millonarios maniobras fraudulentas que intentan esclarecerse en los manejos que se realizaron con la obra pública durante el Gobierno de los Kirchner. La empresa de Gerbi se encuentra entre las 30 compañías que más resultaron ganadoras en las licitaciones de obra pública que asignó la gestión kirchnerista, entre los años 2003 y 2015.

Tras ello, el marplatense decidió a mediados de agosto convertirse un “arrepentido” más en la causa, comprometiendo realizar los aportes que se requirieran desde la Justicia Federal para dar un curso positivo al avance de la compleja pesquisa.

El financista Ernesto Clarens, quien admitió haber cobrado coimas de empresas beneficiadas con contratos en el Estado en nombre del ex presidente Néstor Kirchner, aportó luego un listado en el que detalló que Coarco recibió 500 millones de pesos en concepto de obra pública.

El 31 de mayo de 2016, el empresario santacruceño Cristobal López le facilitó al juez Sebastián Casanello un listado con los colegas que habrían sido beneficiados aún más que él en negocios con el Estado durante los 12 años del kirchnerismo. En el escrito presentado por sus abogados, en el que rechazó los delitos que se le imputan, aparece el nombre de Gerbi en el puesto 19 de 36 firmas.

Importantes trabajos civiles, urbanísticos, hidráulicos, de infraestructura sanitaria y de vialidad llevó adelante en la última década Coarco. Entre ellos, se destaca la fallida Terminal de Cruceros, que nunca pudo ponerse en funciones para los fines que se habían anunciado, el Centro Cultural Estación Terminal Sur, el Museo MAR  y el desagües pluvial de la cuenca de Arroyo del Barco.

El empresario marplatense Patricio Gerbi, el titular de la reconocida empresa de construcción Coarco, es uno de los nombres que figura en la extensa lista que definió en las últimas horas el Juez Claudio Bonadío para realizar nuevos llamados a indagatoria en el marco de la causa conocida como los "cuadernos de las coimas".

Según lo que consignó el diario La Nación, el hombre que supo estar al frente de la Cámara Argentina de la Construcción deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py el 20 de febrero, junto a Miguel Aznar, Juan Chediak, Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel Pedro Losi y Luis Losi.

En el llamado que había resuelto este miércoles el magistrado, se incluyó a la ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner, a algunos de sus ex funcionarios Julio De Vido, José López y Roberto Baratta, y otros importantes empresarios, como el propio primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

En total, Bonadio citó a 101 personas, que a un ritmo de entre ocho y diez indagatorias por día. Así, el puntapié inicial lo dará Gerbi este 20 de febrero hasta cerrar el ciclo con la declaración del ex ministro de Planificación Federal.

Inicialmente, Carlos Wagner, otro ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, había ligado a Coarco con las millonarios maniobras fraudulentas que intentan esclarecerse en los manejos que se realizaron con la obra pública durante el Gobierno de los Kirchner. La empresa de Gerbi se encuentra entre las 30 compañías que más resultaron ganadoras en las licitaciones de obra pública que asignó la gestión kirchnerista, entre los años 2003 y 2015.

Tras ello, el marplatense decidió a mediados de agosto convertirse un "arrepentido" más en la causa, comprometiendo realizar los aportes que se requirieran desde la Justicia Federal para dar un curso positivo al avance de la compleja pesquisa.

El financista Ernesto Clarens, quien admitió haber cobrado coimas de empresas beneficiadas con contratos en el Estado en nombre del ex presidente Néstor Kirchner, aportó luego un listado en el que detalló que Coarco recibió 500 millones de pesos en concepto de obra pública.

El 31 de mayo de 2016, el empresario santacruceño Cristobal López le facilitó al juez Sebastián Casanello un listado con los colegas que habrían sido beneficiados aún más que él en negocios con el Estado durante los 12 años del kirchnerismo. En el escrito presentado por sus abogados, en el que rechazó los delitos que se le imputan, aparece el nombre de Gerbi en el puesto 19 de 36 firmas.

Importantes trabajos civiles, urbanísticos, hidráulicos, de infraestructura sanitaria y de vialidad llevó adelante en la última década Coarco. Entre ellos, se destaca la fallida Terminal de Cruceros, que nunca pudo ponerse en funciones para los fines que se habían anunciado, el Centro Cultural Estación Terminal Sur, el Museo MAR  y el desagües pluvial de la cuenca de Arroyo del Barco.

Por tercera vez, Cristina Kirchner deberá presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa conocida como de "cuadernos de las coimas", según lo resuelto en las últimas horas el juez Claudio Bonadio, que dispuso un nuevo llamado a indagatoria que incluye a la ex mandataria y también a un importante grupo de empresarios vinculados a la obra pública, entre ellos Ángelo Calcaterra, primo del Presidente.

Además, deberán declarar nuevamente por este tramo de la causa los ex funcionarios Julio De Vido, José López, Roberto Baratta, entre otros. En total, Bonadio citó a 101 personas, que a un ritmo de entre ocho y diez indagatorias por día, comenzarán a declarar el 20 de febrero, hasta cerrar el ciclo con la declaración del ex ministro de Planificación Federal.

Según entiende el juez, la ex presidenta lideró una "comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal" y en la que los distintos funcionarios intervinientes "operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria".

La maniobra se desplegó desde el extinto Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, "para procurar la afluencia de dinero". Según el magistrado, con ese motivo esos organismos celebraban los contratos distribuidos en rubros de la obra pública, de la concesión de licencias de corredores viales y de transporte.

Para determinar cómo estaba armada esa organización, Bonadio tomó indagatorias a ex funcionarios y empresarios que participaron o conocían el área de las concesiones y subsidios al transporte y los corredores viales.

Con la información recabada, el juzgado avanzó en una nueva citación contra la ex mandataria vinculada al tramo de la causa que investiga los contratos de obra pública para más de 70 empresas.

Varios empresarios también deberán comparecer ante la Justicia otra vez. El listado está conformado por Carlos Wagner, Juan Chediack (ambos ex titulares de la Cámara Argentina de la Construcción), Ángelo Calcaterra, entre otros. Volverán a Comodoro Py todos los empresarios ya indagados en la primera parte de la causa. Las indagatorias comenzarán el 20 y De Vido será el último en declarar.

Por pedido de los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli, antes de concretar este nuevo llamado a indagatoria, el Juzgado impulsó 82 operativos. En ellos requirió información a 71 empresas en 14 provincias. Esas compañías estuvieron involucradas en la causa a raíz de los contratos obtenidos durante la gestión kirchnerista.

La sospecha de la Justicia es que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido.

Cuando firmó el procesamiento de la ex presidenta, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de "dinero ilegítimas en mano propia" no la exime de "responsabilidades". En ese marco, se dio por comprobada "la existencia de una organización delictiva" planteada por la "recaudación de coimas" que comenzó con Néstor Kirchner y que "continuó durante la gestión" de la actual senadora.

Apoyando el planteo de Bonadio, la Sala I de la Cámara indicó que Cristina tuvo siempre "conocimiento del sistema de recaudación" y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la "asociación ilícita".

Por tal motivo, el juez de la causa volvió a citarla a indagatoria para que responda "por nuevos hechos corroborados en su contra", indicaron fuentes judiciales a Clarín.

El ex ministro de Hacienda de Néstor Kirchner en Santa Cruz y arrepentido en la causa de los cuadernos, Juan Manuel Campillo, recuperará la libertad. Es que el juez federal Claudio Bonadio hizo lugar a un nuevo pedido de excarcelación de su abogado bajo caución juratoria.

Así, un ex funcionario clave en el entorno del ex Presidente será liberado bajo la promesa de presentarse en la causa cada vez que sea requerido y a cambio de otras condiciones que fueron impuestas por el magistrado.

Esta semana Campillo había ampliado su declaración como arrepentido. Fuentes judiciales revelaron a Infobae que hizo un aporte sustancioso para el curso de la investigación.

El ex defensor de la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y su yerno son los nuevos detenidos que tiene el expediente iniciado a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. El juez Claudio Bonadio ordenó la detención del abogado Miguel Ángel Plo y su yerno, Federico Zupicich. La orden no incluyó a la hija del abogado, la abogada María Jesús Plo, para quien los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, también habían pedido su detención.

Plo -un respetado abogado, con fuertes lazos en el peronismo bonaerense y ex secretario de Política Penitenciaria en el gobierno provincial en 2001- quedó en la mira de los investigadores en el capítulo de la investigación en el que se intenta determinar qué pasó con más de 70 millones de dólares que salieron de la recaudación de la banda de los cuadernos y que terminaron en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner y su viuda. En el expediente figuran una serie de viajes que Plo y su familia hicieron a Estados Unidos vinculados a la disolución y reconducción de los activos que, para principios del 2016, poseía el matrimonio de Muñoz y Pochetti en aquel país.

Plo, su yerno y su hija fueron indagados por Bonadio. Aseguraron que los viajes se hicieron por razones personales. Pero el testimonio de varios de los arrepentidos del capítulo Muñoz-Pochetti del Caso Cuadernos les otorgaron un papel preponderante en la organización investigada en Argentina y Estados Unidos por el delito de lavado de dinero. Hasta hoy Plo y su yerno estaban en libertad. Pero luego de las confesiones de Pochetti y de su primo Carlos Gellert -ambos arrepentidos- el juez ordenó la detención de los dos. Los fiscales Stornelli y Rívolo habían solicitado la detención el 14 de diciembre pasado.

Plo -a partir de testimonios y de documentación sumada al expediente- es considerado un actor importante en las maniobras que se activaron para que su ex defendida y otros imputados, considerados testaferros de Muñoz, se desprendieran de las propiedades que se detectaron en Miami y Nueva York.

Stornelli ya investigaba a Muñoz y su entorno, primero por su patrimonio y después (cuando dejó de ser funcionario) a raíz del escándalo de los Panamá Papers. La causa estaba en manos del juez Luis Rodríguez. En setiembre pasado, Stornelli motorizó indagatorias y pedidos de detención para la viuda de Muñoz y sus testaferros, precisamente por haber encontrado las pruebas sobre un entramado de sociedades que armaron el ex secretario presidencial y Pochetti. El matrimonio, a través de prestanombres, compró 16 departamentos en Miami y Nueva York. Luego se detectó que habían buscado venderlos rápidamente. Rodríguez rechazó aquellos pedidos de detenciones, detalló Infobae.

El boomerang desatado por la causa de los cuadernos de la corrupción dejó efectos colaterales: la Justicia comenzó a investigar por qué el Gobierno argentino le pagó más de 66 millones de pesos, a partir de 2007, a la remisería en la que trabajaba Oscar Centeno, el autor de las anotaciones que dispararon la investigación por la que la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex ministro Julio De Vido están procesados como líderes de una banda que recaudaba coimas entre empresarios de la obra pública.

Fue así que un fiscal solicitó una batería de medidas a diferentes organismos oficiales para determinar cuánto facturaba la agencia de remises, qué autos prestaban servicios, qué cuentas bancarias tenían y si tenían empleados en blanco.

Se trata de una ramificación que se abrió a raíz de la causa de los cuadernos. Según el dictamen al que accedió Infobae, el fiscal Eduardo Taiano abrió una causa y le pidió al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que lleve adelante una serie de diligencias para investigar a la empresa Transcom Service SA, una agencia de remises ubicada en San Fernando que entre 2007 y 2015 facturó "la suma de $66.111.531,56 en virtud de los presuntos servicios de transportes brindados al entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación".

Uno de esos autos era conducido por Centeno, que se encargaba de trasladar a Roberto Baratta, ex secretario de Coordinación de la cartera. Sus viajes fueron los que quedaron relatados por Centeno, en donde se hablaba de entregas y retiros de dineros que vincularon a funcionarios y empresarios.

Cuando el caso explotó mediáticamente el 1 de agosto, el chofer, que confesó que quemó los cuadernos, se convirtió en arrepentido y pasó a formar parte del programa de protección de imputados-colaboradores. Está procesado como partícipe de la banda de los cuadernos que habría liderado Cristina Kirchner y que estuvo organizada, según la Cámara Federal, por De Vido, Baratta, el ex secretario José López, el financista Ernesto Clarens y el empresario Carlos Wagner.

Fue la ex esposa de Centeno, Hilda Horovitz, la que puso en la mira la agencia de remises. "Sospeché que Centeno se quedaba con dinero porque un simple chofer no puede hacer todo lo que hizo. Pasar de remisero a todo lo que hizo, tener una agencia propia. Me decía que le tiraba migajas Roberto Baratta. Él las guardaba en la caja fuerte, pero yo nunca lo vi –dijo en declaraciones a la prensa al comienzo del caso-. Empezó como chofer y después arrancó a comprar autos, no sé cómo hizo. Después hizo que yo sea dueña de la remisería, que me fui dando cuenta más tarde. Yo no recibía plata".

Como testigo ante el juez Claudio Bonadio, Horovitz contó que fue instada a sacar préstamos para comprar cuatro autos que él puso a trabajar para el ex Ministerio de Planificación. Además, Jorge Bacigalupo, el ex amigo de Centeno que colaboró con la difusión de los cuadernos, también habría tenido al menos un auto a nombre suyo, adquirido por Centeno.