El fiscal federal Carlos Stornelli presentó este viernes un nuevo pedido de elevación a juicio de otra de las partes del extenso expediente que derivó de la investigación de los "cuadernos de las coimas", en la que están procesados, entre otros, 5 empresarios marplatenses que habrían actuado como testaferros del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y que jugaron un rol central en el armado de sociedades y cuentas off shore para lavar el dinero que provendría del presunto pago de dádivas. 

Mediante un escrito presentado también con la firma de Carlos Rívolo, la fiscalía determinó que ya está terminada la investigación sobre el núcleo de personas que intervinieron en la compra de inmuebles por algo más de 70 millones de dólares en Estados Unidos y el Caribe y que, originalmente, fueron comprados con dinero de Muñoz.

La viuda del ex secretario kirchnerista, Carolina Pochetti, y los empresarios marplatenses Elizabeth Ortíz Municoy y Sergio Todisco, entre otros, están acusados de ser coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por conformar una organización dedicada a la comisión continuada de delitos.

La lista se completa con el ex secretario de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, acusado de lavado de activos en calidad de partícipe secundario y otros tres marplatenses: Elba Municoy, como coautora de esos delitos, y Marcelo Danza y Osvaldo Parolari, también por los mismos cargos en calidad de partícipe secundario y coautor.

Finalmente, Juan Manuel Campillo, el ex ministro de finanzas de Santa Cruz y viudo del diseñador marplatense Carlos Di Doménico, también fue procesado por encubrimiento agravado.

El pedido de elevación a juicio parcial que firmó Stornelli se suma al que ya realizó en la semana en el que acusó a 47 personas, entre ellas la ex presidenta Cristina Kirchner y el exmnistro de Planificación Federal, Julio De Vido, algunos por pertenecer a una asociación ilícita destinada a defraudar al Estado y otros, por pagar o recibir coimas.

Según consigna el periodista Diego Cabot en La Nación, de esta manera se cierra una parte importante de la investigación que se valió de enorme cantidad de documental que aportó la Unidad de Información Financiera (UIF) originada en movimientos de dinero que triangularon por varios países y terminaron en Estados Unidos o el Caribe.

La fiscalía probó, en esta instancia de instrucción, a partir del año 2010 y hasta el año 2015, Pochetti, Todisco y Ortiz Municoy, junto a varios de los imputados, utilizaron fondos destinados a la adquisición de 14 inmuebles ubicados en las ciudades de Miami y Nueva York disimulados a nombre de al menos 12 personas jurídicas radicadas en los Estados Unidos y en las Islas Vírgenes Británicas.

El empresario marplatense Patricio Gerbi, fundador de la empresa constructora Coarco, fue procesado este viernes por el juez federal Claudio Bonadio mediante la misma resolución por la que se dictó el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y más de 100 personas, en el marco de la causa de "los cuadernos de las coimas". Además, la Justicia trabó un embargo sobre sus bienes por mil cien millones de pesos.

A Gerbi se le imputan los delitos de "asociación ilícita, en calidad de miembro, y cohecho activo, reiterado en quince hechos, once de ellos, en calidad de autor, y cuatro, en calidad de coautor, los cuales concurren realmente entre sí".

Pese a su procesamiento, y a que también le fue dictada la prisión preventiva, el marplatense no irá a la cárcel por su condición procesal de "imputado colaborador", ya que fue uno de los muchos empresarios que aceptó Bonadio como "arrepentidos", por lo que permanecerá en libertad, por lo menos, hasta la instancia del juicio oral y público.

Tanto Gerbi como gran parte de los empresarios "arrepentidos" fueron mencionados por su colega Carlos Wagner, sindicado por la Justicia como uno de que habría “gestado” la red de coimas en el gobierno anterior, y quien, por el momento, más datos ha aportado en sus declaraciones como “colaborador” en la causa. Se presume que Gerbi formó parte del “club de la obra pública” que pagaba al Gobierno entre un 10 y un 20 por ciento del total de los montos de obras adjudicadas en concepto de dádivas.

Según se desprende de la declaración que prestó Wagner, Coarco habría recibido 500 mil millones de pesos en contratos de obra pública durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El monto se desprende de una lista que entregó el financista a la Justicia Federal a través de una planilla de Excel, en la que también figuran otras 86 firmas que habrían pagado retornos a cambio de licitaciones por un total de 660 millones de pesos.

Coarco, la empresa constructora de Gerbi, se convirtió, en los últimos años del kirchnerismo, en una gran protagonista de la obra pública en Mar del Plata, al lograr la adjudicación de millonarios proyectos, entre los que se cuentan importantes trabajos civiles, urbanísticos, hidráulicos, de infraestructura sanitaria y de vialidad, y se destacan el Centro Cultural Estación Terminal Sur, el Museo MAR, la nueva planta de Efluentes Clocales, la pista de skate de la Bristol y la frustrada Terminal de Cruceros.

El 31 de mayo de 2016, el empresario santacruceño Cristobal López le facilitó al juez Sebastián Casanello un listado con los colegas que habrían sido beneficiados aún más que él en negocios con el Estado durante los 12 años del kirchnerismo. En el escrito presentado por sus abogados, en el que rechazó los delitos que se le imputan, aparece el nombre de Gerbi en el puesto 19 de 36 firmas.

El juez federal Claudio Bonadio amplió este jueves el procesamiento con prisión preventiva a la ex presidenta Cristina Kirchner al considerarla coautora de otros cinco hechos de cohecho pasivo, en el marco de la causa de los cuadernos, en la que ya había sido procesada por asociación ilícita.

Además, amplió el embargo sobre sus bienes a 80 millones de pesos y dijo que la prisión preventiva de la ex presidenta "se hará efectiva cuando el Senado de la Nación apruebe su desafuero, o bien, cuando cesen sus fueros". El juez consideró "inverosímil" el argumento que dio la ex presidenta cuando se defendió en los tribunales, al decir que desconocía todas las maniobras ilícitas que se le imputaban.

Entre otros elementos que están detallados en la resolución, alude a uno de los dichos de Juan Manuel Campillo, ex ministro de Hacienda de Santa Cruz, quien al declarar como arrepentido dijo que Daniel Muñoz, el ex secretario de los Kirchner, le había dicho que el dinero que estaba a su nombre era en realidad una fortuna que no era suya.

También se refiere a que, según describió en decenas de ocasiones el chofer Oscar Centeno y luego ratificaron otros imputados en sus declaraciones, el dinero recaudado por la organización delictiva era entregado en el departamento de Néstor y Cristina Kirchner, ubicado en la dirección Uruguay 1306, en el barrio porteño de Recoleta.

Cuando se presentó a declarar al juzgado de Bonadio, según La Nación, Cristina presentó un escrito donde desconoció los hechos que se le imputaron. "El desconocimiento de los sucesos que fue alegado en su presentación se vuelve más inverosímil aún si se tiene en cuenta que el destinatario del dinero recolectado en el ámbito del Ministerio señalado era el Secretario Privado de Presidencia y este era entregado, principalmente, en un domicilio de su propiedad (Uruguay 1306 de esta ciudad), como así también en la Quinta Residencial de Olivos".

Según el juez, "las constancias incorporadas dan cuenta de su participación en el sistema ilegal de recaudación llevado a cabo durante la presidencia de su cónyuge, como también su continuación hasta los últimos días de su gobierno".

En la misma resolución, Bonadio amplió los procesamientos de los empresarios de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, Osvaldo Acosta, y Jorge Neira, de los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Roberto Baratta y Ezequiel García por cohecho pasivo, y procesó a los directivos de Isolux Mario Maxit y César De Goycoechea -hermano de Juan Carlos De Goycoechea- por cohecho activo.

Apenas unos días antes de que se cumpliera este domingo un año del comienzo de una de las investigaciones judiciales más grandes de corrupción de la Argentina, la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de cinco marplatenses a los que calificó en su fallo como "figuras emblemáticas" del esquema de lavado de activos para blanquear el dinero proveniente del pago sistemático de coimas a cambio de obra pública develado en "la causa de los cuadernos".

Los empresarios Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Fabián Parolari están procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de un organización delictiva. Esta causa es una derivación de la de los cuadernos, en la que los dos primeros fueron admitidos por el juez Claudio Bonadio como imputados colaboradores.

"Las figuras emblemáticas de este esquema, con epicentro en Estados Unidos, fue el matrimonio conformado -hasta el año 2015- por Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy. En un comienzo, auxiliado por quienes les aportaron su conocimiento y colaboración -Osvaldo Parolari y Marcelo Danza-, Todisco y Ortiz Municoy lograron edificar una fortuna en torno a varios inmuebles radicados en Miami -incluso con participación de Elba Municoy, madre de la nombrada-, con alguna prolongación también en la ciudad de Nueva York", detallaron los jueces Pablo Daniel Bertuzzi y Leopoldo Oscar Briglia, en la resolución a la que accedió El Marplatense.

En tanto, el agente inmobiliario Parolari y el abogado Danza "habrían intervenido en la creación de las sociedades "Gold Black Limited" y ‘Old Wolf’ (controlantes del resto de las sociedades) radicadas en las Islas Vírgenes Británicas y, junto a Todisco, a través de dicha estructura societaria, habrían participado en la compra" de cinco propiedades en Estados Unidos por un total de casi 16 millones de dólares.

De acuerdo a la resolución de la Cámara, el 15 de abril de 2010 los marplatenses adquirieron, a través de la firma Succesfull Ideas Inc., la "unidad 403 900 Byscayne Blvd por U$S328.000"; el 9 de julio del mismo año, la "unidad 229, 10275 Collins Av., Habour HouseCondo por U$S290.000"; y, el 3 de agosto siguiente, la "unidad 2805, 485 Brickel Av., IconBrickelCondo por U$S215.000".

Al año siguiente, y por medio de la empresa Free Experience Inc., los supuestos testaferros de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, compraron dos unidades en el emblemático y exclusivo Plaza Hotel de Nueva York, operatoria que los llevó a estar en la mira del FBI. Los departamentos allí adquiridos fueron el 607 y 1608, por los que desembolsaron la friolera de U$S1.850.000 el 22 de septiembre de 2010 y U$S13.050.000 el 2 de diciembre del año siguiente.

Además, de la declaración que brindó Ortiz Municoy como "imputada colaboradora", surge que tanto Parolari como su ex esposo Todisco "concurrían juntos al domicilio de Muñoz - en la calle Alberto Williams 5631 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- a fin de retirar el dinero ilícito con el objeto de concretar las operaciones inmobiliarias y remitirlo al exterior a través de diferentes agencias de modo ilegal".

La Cámara aseguró que los marplatenses procesados fueron utilizados "como intermediarios, asesores, representantes y prestanombres a los demás imputados, según sus roles y capacidades, en el marco de una estructura organizada a fin de aparentar un origen lícito para los activos invertidos" mediante "distintas operaciones de inversión que fueron efectuadas con dinero que proporcionaba Muñoz, reservándose la propiedad de esos bienes para él y Pochetti".

"Con la colaboración inicial de Danza, quien supo ser el primigenio director en la avanzada societaria de Muñoz, en aquel entonces se formalizó una de las primeras compañías. Gold Black Limited se instituía, junto a la ya referida Old Wolf Limited, en una de las dos controlantes de todo el elenco de corporaciones que a partir de allí sirvieron para recepcionar los fondos girados por Muñoz", agregaron los jueces.

Una vez montado ese entramado, “Successful Ideas Inc”, “Free Experience Inc” (2010); “Harbor Golden Inc”, “South Golden Inc”, “Lizer Investments Llc” (2011); “Mother Queen Inc”, “North Golden Inc” (2012); “West Golden Inc”, “First All Inclusive Inc” (2013) y “Dream Golden Enterprises Inc” (2014), "emprendieron entonces una carrera inmobiliaria en las ciudades de Miami y Nueva York".

"Cabe destacar que Danza, abogado conocido de Todisco, poseía los suficientes conocimientos legales para reconocer o al menos, sospechar seriamente, de la legalidad de una operación donde “prestaba” su nombre a la constitución de una sociedad en otro país, a cambio de una considerable remuneración. Justamente, una de las sociedades emblema del señorío societario de Muñoz, controlante de todas las demás, que se instituyeron en las dueñas de los aproximadamente U$S70.00.000 invertidos en departamentos en Estados Unidos", señalaron los jueces en otro tramo de la resolución.

En igual sentido, los magistrados sostuvieron que Elba Municoy, madre de Ortiz Municoy y suegra de Todisco, pese a su menor conocimiento de las operatorias, "no por ello ha quedado distanciada del hecho". "Fue ella la titular de una de esas propiedades y la accionista, junto con su empleada doméstica, de una de las tantas sociedades constituidas en el exterior", destacaron.

Los camaristas reconstruyeron en su resolución los inicios de la relación que unió a los cinco marplatenses procesados con Daniel Muñoz, hace 12 años atrás. Según las declaraciones judiciales de los propios protagonistas, el destino hizo que hacia el año 2006 o 2007 el ex secretario de los Kirchner ingresara a la inmobiliaria que Ortiz Municoy  y Todisco, su entonces marido, tenían en Mar del Plata.

"Interesándose primero por la adquisición de algunas propiedades en la zona, la visión de Muñoz se habría inclinado luego hacia la ciudad de Miami. Fue así que, con la participación de Danza y de un bróker conocedor del rubro, Osvaldo Parolari, comenzó a incursionar en las inversiones inmobiliarias en el país del norte", detallaron.

Las tres primeras operaciones inmobiliarias en Miami (por un total de U$S833.000) fueron desarrolladas en Estados Unidos por Parolari, "quien contaba allí con varios años de experiencia en el rubro inmobiliario y que, al igual que su conocido Danza, intervino como director de una de las sociedades".

"No obstante, tras la ejecución de aquellas operaciones, y conocido su particular funcionamiento, el negocio de las inversiones fue asumido directamente por el matrimonio Ortiz Municoy-Todisco y a él se constriñó, al punto de incluir como titular de algunas de las sociedades y de las propiedades a la madre de la antes nombrada, Elba Diamantina Municoy. Es a partir de este momento, entonces, que los aludidos asumieron un rol central en este segmento de los acontecimientos pesquisados", agregaron.

A los tres departamentos citados les siguieron otros 11 en Miami y 2 más en Nueva York, pero ninguno fue adquirido por valores semejantes a los que inauguraron esta serie de operaciones. Lejos de los U$S300.000 que promediaron aquellos negocios iniciales, en estos casos los valores oscilaron entre los cuatro y los trece millones, "todo lo cual culminó arrojando una cifra cercana a U$S 70.000.000 invertidos en propiedades en Estados Unidos, en cabeza de sociedades radicadas en ese país".

En cuanto a como recibían de Muñoz el dinero para concretar las operaciones inmobiliarias, en su declaración como arrepentido, Todisco refirió: "Concurríamos a Pedro Rivera, inmueble al que ingresábamos por el garaje, y allí presentábamos proyectos inmobiliarios y propiedades. Al inmueble de Pedro Rivera siempre fui con mi ex mujer. Mi ex mujer y yo retirábamos el dinero de Pedro Rivera, de a 500.000 dólares aproximadamente, contenidos en bolsos. La mayor cantidad de dinero que transporte fueron 2 millones de dólares. Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termo sellados, en otras ocasiones los billetes estaban húmedos y atados con gomitas pegoteadas".

Los dichos de Todisco son coincidentes con lo declarado por Ortiz Municoy, quien agregó que, su entonces cónyuge, "luego enviaba este dinero a través de las casas de cambio a Estados Unidos". Por estas transacciones, los empresarios marplatenses señalaron ante el juez federal Claudio Bonadio a Jonestur y La Moneta como dos de cinco financieras que utilizaban para transferir la plata, que provenía del presunto pago de coimas, a cuentas en el extranjero.

"El esquema que gobernó estos años fue siempre el mismo, definido por la tríada Muñoz-Todisco-Ortiz Municoy. Los aportes dinerarios del primero, la dirección societaria del segundo y las operaciones inmobiliarias de la tercera signaron el desarrollo de las transacciones", afirmaron los jueces con contundencia.

Sin embargo, a comienzos de 2015 esta matriz registraría su quiebre, a raíz de la separación de los cónyuges Todisco y Ortiz Municoy, lo que supuso un cambio en la modalidad operativa seguida hasta el momento. A partir de allí, Ortiz Municoy habría sido la escogida para continuar acompañando en los hechos los negocios de Muñoz, pero no habría ocurrido lo mismo con su cónyuge, a quien se habría apartado íntegramente del manejo de las sociedades.

Se registra en ese momento el traspaso de la dirección de las compañías, ingresando en escena un nuevo matrimonio: Carlos Gellert y Perla Puente Resendez. La elección de los nuevos consortes no fue casual, Gellert está unido a Carolina Pochetti (esposa de Muñoz) por lazos de parentesco. Hacia febrero de 2015, con excepción de “West Golden Inc.”, el plexo societario del cual Todisco era director, sólo o en compañía de su esposa, pasó a estar en cabeza de Puente Resendez.

Sin embargo, el nuevo estatus no duró mucho tiempo. En abril de 2016 la filtración de datos del estudio jurídico Mossack Fonseca de Panamá -suceso conocido mundialmente como “Panamá Papers”-, así como la muerte de Muñoz poco tiempo después, generaron un nuevo conflicto en la estructura montada a efectos de encausar dinero proveniente del circuito ilegal de recaudación revelado por los “cuadernos”.

La Cámara Federal confirmó este lunes el procesamiento de los cinco marplatenses que están acusados de lavar dinero a través de un complejo entramado de empresas off shore mediante el que compraban propiedades en los Estados Unidos para blaquear coimas a cambio de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Los empresarios Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Elba Municoy, Marcelo Danza y Osvaldo Fabián Parolari están procesados, aunque sin prisión preventiva, por el delito de lavado de dinero agravado por haber sido cometido en el marco de un organización delictiva. Esta causa es una derivación de la de los cuadernos, en la que los dos primeros fueron admitidos por el juez Claudio Bonadio como imputados colaboradores.

"Las figuras emblemáticas de este esquema, con epicentro en EE.UU., fue el matrimonio conformado -hasta el año 2015- por Sergio Todisco y Elisabeth Ortiz Municoy. En un comienzo, auxiliado por quienes les aportaron su conocimiento y colaboración -Osvaldo Parolari y Marcelo Danza-, Todisco y Ortiz Municoy lograron edificar una fortuna en torno a varios inmuebles radicados en Miami -incluso con participación de Elba Municoy, madre de la nombrada-, con alguna prolongación también en la ciudad de Nueva York", detallaron los jueces.

El procedimiento incluye a empresarios, agentes inmobiliarios, inversores y abogados que formaron parte de un entramado de testaferros armado para sacar dinero del país en bolsos, comprar propiedades en Estados Unidos y luego venderlas, tras el estallido del escándalo de los Panamá Papers.  Este suceso salpicó al luego fallecido Daniel Muñoz, ex secretario de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner y señalado como un "valijero" del matrimonio.

"En tal sentido, esos movimientos se enmarcarían dentro de los aproximadamente U$S70.000.000 volcados en el mercado inmobiliario estadounidense a partir de los fondos proporcionados por Muñoz, provenientes del espurio mecanismo de recaudación investigado en la causa 9608/18 (cuadernos)", agrega la resolución.

El fallo ratificó, además, los embargos trabados a Todisco y Ortiz Municoy en 3 mil millones de pesos a cada uno, ya que la Cámara tomó como base para establecer el monto "la significación económica que habría tenido la maniobra pesquisada, que ascendería a un monto no menor a U$S70.000.000, los cuales equivalen a la suma en pesos fijada".

"No puede soslayarse, al respecto, la prioridad en procurar el recupero de los activos que aún no fueron hallados, para lo cual se tiene como parámetro esa cifra", agregaron los jueces.

En tanto, los magistrados decidieron reducir los embargos trabados a Elba Municoy a 432 millones de pesos y a Danza y Parolari, a 200 millones de pesos, dado que "se les atribuyen conductas de menor relevancia y cuya duración no abarca todo el período investigado", aunque destacaron "el carácter solidario de la obligación de reparar el daño entre todos los responsables del delito".

Mediante la misma resolución, los jueces también confirmaron los procesamientos de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, y de Juan Manuel Campillo, ex jefe de la ONCAA y viudo del diseñador de alta costura marplatense Carlos Di Domenico. 

La Cámara Federal revocó este lunes el procesamiento de Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, en la causa de los cuadernos de las coimas. Rocca, el empresario más importante de los que habían sido investigados en el caso que se inició con la información vertida en los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno, había sido procesado en noviembre, por orden del juez federal Claudio Bonadio, quien también le dictó un embargo por 4.000 millones de pesos.

El empresario apeló esa decisión argumentando que él no conocía los pagos que hicieron directivos de sus empresas a funcionarios del kirchnerismo, que fueron registrados en los cuadernos del ex chofer de Roberto Baratta, ex secretario del ex ministro de Planificación Julio De Vido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, según informó el portal Infobae, atendieron el pedido de Rocca, y de ese modo revocaron el procesamiento que pesaba sobre él.

Dos empleados jerárquicos de Techint, Héctor Zabaleta y Luis Betnaza, admitieron ante la Justicia que le pagaron coimas a funcionarios kirchneristas en distintas oportunidades, tal como aparece en las anotaciones de Centeno, aunque la empresa argumentó que fue dinero destinado a asegurar la salida de su personal de Venezuela durante el conflictivo proceso de estatización de la metalúrgica Sidor, que Hugo Chávez expropió a Techint.

Según la Cámara Federal, a pesar de que Rocca ostentaba el cargo más alto del grupo empresario, "no se puede inferir" que el empresario conociera esos pagos, debido a la "alta diversificación" de las empresas del holding.

La Justicia tiene previsto realizar este jueves una inspección en el tesoro del Banco Central para comprobar si están allí los casi nueve millones de dólares que le secuestraron en bolsos y valijas a José López, el ex secretario de Obras Públicas, en un convento de General Rodríguez o si esos billetes fueron cambiados por otros falsos, como dijo el falso abogado Marcelo D'Alessio en un audio de la causa que lo mantiene preso por extorsión, invocando al fiscal Carlos Stornelli .

Este aterrizaje del caso D'Alessio en el juicio a López -el más evidente caso de corrupción kirchnerista con billetes a la vista- se da en medio de denuncias cruzadas y operaciones judiciales y de inteligencia que buscan deslegitimar la megacausa judicial que originaron los cuadernos del chofer Oscar Centeno.

Ante el audio con revelaciones de semejante calibre, publicado el viernes por el diario Página 12, el fiscal del juicio contra López, Miguel Ángel Osorio, pidió apenas empezaba la mañana, en plena audiencia oral, inspeccionar los billetes en el banco.

El tribunal a cargo del juicio, integrado por Ricardo Basílico, Adrián Grunberg y Juan Michilini, decidió ir el jueves próximo a la bóveda del Banco Central, acompañado de la fiscalía, los abogados de los acusados y sus peritos para corroborar la autenticidad de los billetes, según consigna el diario La Nación.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, detuvo y procesó a D'Alessio por extorsión porque le pidió dinero al empresario Pedro Etchebest para no involucrarlo en la causa de los cuadernos. D'Alessio dijo que parte de la plata que le pedía el empresario era para el fiscal Stornelli. Esos diálogos entre el empresario y D'Alessio, que se presentaba como abogado y agente de la DEA, fueron grabados por Etchebest.

En esas conversaciones que se van conociendo parcialmente, D'Alessio se jacta de tener vínculos con Stornelli y con el mundo de los servicios de inteligencia. En uno de esos diálogos entre ambos -publicado parcialmente por Página 12- se produjo la "revelación" sobre los billetes de López.

Las maniobras para blanquear dinero que utilizaron  el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, y sus testaferros encendieron las alertas en varios países del mundo por el que circularon esos activos que, se sospecha, provienen de la corrupción.

Ahora, un juez de Andorra le pidió a la Justicia argentina que le tome declaración a los empresarios marplatenses Sergio Todisco y Elizabetha Ortiz Municoy y a varios financistas de la ciudad que estarían vinculados al ex secretario presidencial. En total son 18 las personas acusadas de encabezar una maniobra de lavado de dinero en ese principado europeo, por una cifra que supera los 80 millones de euros, según detalla Infobae.

El Juzgado de Instrucción Especializada N° 2 de Andorra le pidió a la Justicia argentina que ubique a 18 ciudadanos argentinos (algunos también tienen nacionalidad española) para que declaren por el sistema de videoconferencia. El oficio también solicita información sobre el estado actual de las investigaciones abiertas en nuestro país contra el Grupo Jonestur, una de las cuatro financieras que habrían participado de la maniobra para fugar el dinero de Daniel Muñoz.

El pedido de colaboración de Andorra aterrizó a fin de año en el juzgado de Sebastián Casanello, que ya ordenó enviarlo al juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti. Ese magistrado investiga junto a la fiscal Laura Mazzaferri una asociación ilícita integrada por varias financieras de La Feliz. Ese expediente estaba frenado por una sospechosa decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata, pero acaba de ser reabierto por la Corte Suprema. La decisión coincidió con los procesamientos ordenados por el juez Claudio Bonadio sobre los testaferros de Muñoz por los fondos utilizados para comprar propiedades en Estados Unidos.

Las investigaciones judiciales ya tienen varios puntos en común. Oscar Rigano, unos de los dueños de Jonestur que ya había sido procesado como parte de la asociación ilícita, ahora aparece en el oficio enviado desde Andorra. Otros dos apellidos vinculados a esa financiera se repiten en el listado: Ramaglio y García Navarro.

Entre las 18 personas acusadas de lavado de dinero se destacan Todisco y su ex mujer, Maria Elisabeth Ortiz Municoy. Ambos fueron liberados por el juez federal Claudio Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas, luego de aportar datos sobre la ruta del dinero de Muñoz. La lista enviada por Andorra se competa con estos nombres: Ruben Osvaldo Seret, Alfredo Carlos Blasco García, Maria Fernanda García, Gabriela Raquel García, Santiago Cardoso, Juan Ignacio Cardoso, Maria Belen Cardoso, Soledad Irazoqui, Marina Irazoqui, Juan Cruz Campos Carles y Carlos Alberto Fagioli.

La investigación judicial abierta en Andorra, con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera local (UIFAND), apunta a una serie de cuentas bancarias abiertas para triangular transferencia a Estados Unidos. Para abrir las cuentas se utilizaban sociedades que no tenían ningún tipo de actividad, como Brimark Holding SA, Mallerton International INC o Russhill Overseas SA.

Las cuentas sospechadas llegaron a sumar 78.202,454 de euros, según un relevamiento del 3 de octubre de 2017. A ese monto se suman otros 2.591.356 de euros en cuentas a nombre de personas físicas. "El pedido de cooperación se origina en que han estado localizados haberes por un total de 78.202.454 de euros que podrían proceder de actividades ilícitas en Argentina", detalla el oficio al que accedió Infobae.

Y agrega: "De los datos recogidos se desprende que estas cuentas de Andorra sirven de puente para bancarizar fondos que han estado recibidos por el Grupo Jonestur en efectivo, de forma que así se puede transferir internacionalmente entre bancos hacia los USA (sic)".

La investigación en Andorra hace hincapié en dos cuentas "puentes". La primera, identificada como IBAN AD11 0006 0008 2812 0054 1171, estaba a nombre de Todisco y su ex mujer, y se mantuvo abierta entre el 22 de marzo de 2012 y el 28 de julio de 2014. Según la Justicia de ese país, era utilizada para operar con empresas de Panamá, Argentina y Estados Unidos.

La segunda cuenta – IBAN AD28 0006 0008 2212 0043 0385- estaba a nombre de Juan Cruz Campos Carles y Carlos Alberto Fagioli. Los fondos entraban por transferencias y se traspasan a tres cuentas bancarias del BPA de sociedades vinculadas con el grupo Jonestur. En total se identificaron 19 transferencias por 2.405.689 dólares.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó este viernes la liberación de Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner, que está procesada por lavado de dinero y es una de las dos mujeres que fue aceptada como imputada colaboradora de la causa de los cuadernos de las coimas. 

Pochetti recuperó la libertad esta tarde, después de permanecer 4 meses detenida en el Penal de Ezeiza. Su primo, Carlos Gellert, otro de los procesados por lavado de dinero que tiene la causa, también fue excarcelado en horas del mediodía.

Pochetti declaró como arrepentida el mes pasado y su acuerdo fue considerado un aporte clave por los funcionarios que instruyen la causa, ya que dio detalles sobre la ruta del dinero de Daniel Muñoz, sobre los montos que se manejaron y sobre quiénes participaron de las maniobras de lavado.

A su vez, la viuda de Muñoz fue señalada en la investigación por una de sus testaferros: la empresaria marplatense Elizabeth Ortiz Municoy. Su ex marido, Sergio Todisco, el empresario Osvaldo Parolari, el abogado Marcelo Danza y la madre de Ortiz, Elba Municoy, completan el grupo de los cinco oriundos de la ciudad que están procesados por ayudar a Muñoz y Pochetti a lavar en el extranjero unos 70 millones de dólares provenientes de la corrupción.

Además, en ese testimonio, la mujer reconoció que su marido, Daniel Muñoz, pagó un soborno millonario a Rodríguez para que los beneficiara en la investigación judicial desprendida a partir del caso conocido como Panama Papers, por lavado de dinero. También indicó que ella y su marido compraron tierras en las islas Turks & Caicos por un total de 30 millones de dólares.

Había quedado detenida el 24 de octubre del año pasado, después de que la Cámara Federal desplazara al juez Luis Rodríguez de la investigación por lavado de dinero donde se encontraban imputados ella y su entorno de testaferros. Al apartar a Rodríguez de la causa, se sorteó y le tocó al juez Rafecas. El juez Bonadio le pidió a Rafecas el expediente, y junto con Stornelli ordenó una serie de medidas, entre ellas judiciales, la detención de Pochetti.

Los empresarios marplatenses Elizabeth Ortiz Municoy y Osvaldo Fabián Parolari -procesados por lavado de dinero en la causa de los cuadernos de las coimas- adhirieron en 2016 a ley de sinceramiento fiscal que aprobó el entonces flamante gobierno de Mauricio Macri.

Ambos formaron parte del entramado de testaferros que usó Daniel Muñoz, el ex secretario de Néstor Kirchner, para lavar 70 millones de dólares en los Estados Unidos, con la compra de 16 propiedades en Nueva York y Miami que, cuando estalló el escándalo de los Panamá Papers, se apuraron a vender.

En la información que la AFIP le envió al juez Claudio Bonadio y a los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, se detalla que, además de Ortiz Municoy y Parolari, adhirieron al blanqueo la madre de la primera, Elba Diamantina Municoy, y Oriana Valeria Sícaro, esposa del segundo. También se sumaron al sinceramiento fiscal otras 5 personas del entorno de Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz.

Según Infobae, que accedió al fallo del procesamiento, de la documentación aportada al expediente surge que Ortiz Municoy declaró un inmueble sito en Brickell Avenue 1607, en Miami, que adquirió en diciembre de 2015 y tres cuentas en el extranjero con una suma total de 146.306 dólares.

Por su parte, su madre declaró dos inmuebles en Mar del Plata -ambos en el barrio Los Troncos- por un total de $13.891.780 y dos automóviles marca Mercedes Benz por la suma total $1.593.300. También reportó un departamento en 6 Street 3205, Miami, adquirido en junio de 2014 por $9.256.250, y dos cuentas en Estados Unidos en las que acreditó $480.833,31.

En tanto, Parolari declaró un inmueble en el faro de José Ignacio, en Uruguay, por $2.369.600, adquirido en noviembre de 2015; y su esposa declaró un departamento en Mar del Plata por la suma de $2.073.400, adquirido en diciembre de 2015. También aparecen en la lista un automóvil de $310.400. Además, la hija de Parolari compró un automóvil en agosto de 2015 por $393.800.

Dos financieras marplatenses y dos porteñas fueron señaladas por los empresarios Sergio Todisco y Elizabeth Ortiz Municoy como las casas de cambio que se habrían encargado de enviar al exterior, mediante el sistema de "cables", el dinero proveniente del pago sistemático de sobornos a cambio de contratos de obras públicas durante el kirchnerismo.

En su declaración como imputados colaboradores ante el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, los empresarios marpletenses y testaferros del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, aseguraron que Jonestur y La Moneta habrían recibido bolsos con dinero que salían de la casa de Muñoz, en la ciudad de Buenos Aires, para transferirlo a cuentas en el extranjero.

La financiera más utilizada para sacar el dinero de Muñoz era Alhec Tours. De la maniobra se encargaban Todisco y Osvaldo Parolari, un empresario inmobiliario de Mar del Plata que también está procesado en la causa. "El dinero al exterior lo mandaba mi ex marido (Todisco) con Parolari al principio y luego se ocupó él. Solamente lo acompañé en una oportunidad a mandar dinero y lo hizo en la casa Alhec, ubicada a media cuadra de la calle Florida, cerca de Galerías Pacífico", confesó Ortiz Municoy, según Infobae.

De acuerdo al relato de los arrepentidos, la ruta del dinero de Muñoz siempre arrancaba en dos de sus propiedades: Alberto Williams 5625 y Pedro Ignacio Rivera 5761. Todisco transportaba los bolsos en su auto hasta las financieras. "Ciertas veces el dinero se encontraba acondicionado en paquetes termo sellados, en otras ocasiones los billetes estaban húmedos y atados con gomitas pegoteadas", contó Todisco ante el juez y el fiscal Carlos Stornelli.

Por otro lado, según el testimonio de Todisco, Jonestur habría sido la intermediaria cuando compraron un departamento en Nueva York. "Muñoz dijo que iba a comprar el estudio y cuando averiguamos ya se había vendido. A los tres o cuatro días me llama y me dijo que iba a comprar el de un dormitorio de un U$S 1.800.000. Parolari hace toda la gestión. Mandamos los fondos por una casa de cambio en Mar del Plata", detalló en referencia al departamento con vista al Central Park en Manhattan, en el Plaza Hotel, que adquirieron a través de una de las sociedades off-shore que habían montado en Panamá.

La otra financiera marplatense mencionada por los testaferros de Muñoz es La Moneta. El ex secretario de Kirchner se habría contactado por primera vez con su dueño por una operación inmobiliaria. Según Todisco, Muñoz quería vender un complejo de cabañas ubicado la localidad chubutense de Lago Puelo y el dueño de la casa de cambio vendía un lote de una manzana en la avenida Juan B. Justo entre Irigoyen y Mitre. Finalmente, el propietario de La Moneta habría tomado en parte de pago el complejo de cabañas y cobró unos 3 millones de dólares por la diferencia.

Los empresarios marplatenses Sergio Todisco, Elizabeth Ortiz Municoy, Osvaldo Parolari y Marcelo Danza fueron procesados este jueves por el juez federal Claudio Bonadio como partícipes de maniobras de lavado de dinero por más de 70 millones de dólares provenientes de un aceitado circuito de pago de sobornos a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas que se investiga en la causa de los cuadernos de las coimas.

Bonadio también procesó como partícipes de maniobras de lavado de dinero a Carolina Pochetti -la viuda de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner - al intermediario de operaciones Carlos Cortez; al matrimonio Peral Puente Resendez y Carlos Gellert (primo de Pochetti), al ahora pretenso arrepentido y ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares, y a otros empresarios que intervinieron en la adquisición de propiedades, como Sergio Dorf. También a Juan Manuel Campillo (ex secretario de Hacienda de Santa Cruz) y su sobrino Gastón Campillo.

Además, el juez extrajo testimonios y envió a sorteo para que sea investigada en otro juzgado la afirmación de Pochetti respecto al supuesto pago de una coima multimillonaria al juez federal Luis Rodríguez para beneficiar a todo su entorno en una causa por enriquecimiento ilícito. Esta grave acusación también habría sido ratificada por Ortiz Municoy. El sorteo recayó en el mismo juzgado de Bonadio, que si no se excusa deberá investigar a su colega Rodríguez.

Excepto Parolari, cuyas excarcelación fue aceptada por Bonadio, todos los procesados seguirán presos y se les trabaron embargos que van de los 1000 a los 3000 millones de pesos. Los únicos que mantendrán su libertad son los que ya habían sido excarcelados, como Todisco, Ortiz Municoy y Campillo.

Respecto a Manzanares, además de procesarlo Bonadio le dictó la prisión preventiva, y el lunes decidiría si lo acepta o no como imputado colaborador tras su extensa -y al parecer jugosa- declaración ante el fiscal Stornelli.

Además, se investiga a Antonio Gugino, Rubén y Leonardo Llaneza (dueños de una cadena farmacéutica en Santa Cruz), Elba Municoy y Mauro Profético, quienes quedaron acusados en el expediente.

La acusación formal sobre todos es la de haber “realizado diferentes transacciones comerciales entre las que se destaca la constitución de empresas y la compra de inmuebles a nombre de estas, operaciones que no se condicen con la capacidad económica de aquellos”. Según Clarín, se sospecha que la plata podría ser en realidad de los Kirchner.

El juez de la causa entendió que parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita y que, según la causa de los cuadernos de las coimas fueron recibidos por Muñoz, se puso en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen lícito.

En esta causa, el juez Bonadio aceptó como "arrepentida" a Pochetti quien acusó al juez Luis Rodríguez de haber recibido coimas por parte de Muñoz para no investigarlo. Por otro lado, pese a ser aceptada como imputada colaborador la viuda del ex secretario de Néstor Kirchner continuará detenida. En su resolución, el juez no usó la transcripción completa de la declaración de Pochetti, de la cual sólo incorporó algunos párrafos.

Otro abogado marplatense es investigado en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, aunque esta vez -a diferencia de su colega Marcelo Danza- Pablo Goldberg no está acusado de formar parte de una asociación ilícita o de lavado de dinero, sino que está bajo la lupa de la Justicia Federal por una extraña visita que hizo al Penal de Ezeiza.

El letrado ingresó a la cárcel para visitar a la detenida Carolina Pochetti, viuda del ex secretario privado de Néstro Kirchner, Daniel Muñoz, pero la mujer se negó a recibirlo, ya que no lo conoce y, minutos antes, recibió una misteriosa llamada de la marplatense Elizabeth Ortiz Municoy, en la que le decía que un amigo de ella iría a verla para transmitirle "un mensaje".

Daniel Campos, abogado defensor de Pochetti -la última imputada colaboradora de la causa-, denunció el extraño episodio antes el juez Claudio Bonadio, que investiga el pago sistemático de millonarias dádivas durante los gobierno de Néstor y Cristina Kirchner y ordenó, en octubre del año pasado, la prisión preventiva de Pochetti, quien continúa detenida pese a que fue homologado su acuerdo como arrepentida.

Sin embargo, el juez entendió que no era una cuestión pertinente a la causa, por lo que Campos hizo una denuncia ante la Cámara Federal en los primeros días de enero, que, por sorteo, recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y la intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Pochetti se sintió "presionada" por esta peculiar visita, ya que, precisamente, fue señalada en la investigación por la declaración de Ortiz Municoy, quien -junto a su ex marido, el empresario textil local Sergio Todisco– está acusada de ser testaferro de Muñoz y de integrar la asociación ilícita que funcionó durante el kirchnerismo para cobrar sobornos a cambio de obra pública. La empresaria inmobiliaria también es una de las imputadas colaboradoras de la causa. 

El episodio que ahora se investiga tuvo lugar el pasado 8 de noviembre. Ese día, en el teléfono público del pabellón de mujeres, una voz femenina pidió por Carolina Pochetti. La que llamaba era Ortiz Municoy, que días antes se había convertido en la primera mujer "arrepentida" de la causa de los cuadernos.

"Hola. Soy Liz. No digas quien soy. Va a ir a verte un amigo mío. Necesito que lo recibas. Tiene un mensaje para darte", le dijo, según detalla Infobae. Pochetti dijo que no entendía, pero la respuesta del otro lado fue: "Escuchalo, por favor".

Apenas media hora después de recibir el llamado en prisión, Pochetti fue avisada por los penitenciarios de que tenía una visita. Era Goldberg, que pedía verla. En sus manos llevaba un bolso con artículos de limpieza e higiene personal y varios alimentos.

Pochetti se negó a entrevistarse con el abogado, a quien no conocía. Tampoco quiso recibir lo que había en el bolso. Cuando el abogado supo que no iba a ser recibido, autorizó a que se repartiera el contenido del bolso entre otras reclusas.

Goldberg había dejado sus datos en la cárcel. Como era abogado, no pasó por los controles que pasan las visitas que, además, tienen ciertos días determinados para ir al penal. Registró la matrícula como abogado con tomo y folio.

Enterado de la existencia de la denuncia, Goldberg hizo una presentación espontánea por escrito en el juzgado. "Soy judío practicante y me enteré de que la señora Pochetti estaba atravesando una situación de extrema angustia. Cumpliendo los preceptos de mi fe, decidí visitarla", afirmó. Confirmó que la reunión no se concretó y que se volvió a su casa sin verla.

Ante la denuncia, la fiscalía solicitó una serie de medidas previas y envió un oficio para pedir datos del letrado al Colegio de Abogados de Mar del Plata. Su presidente, Fabián Portillo, confirmó a El Marplatense que la Secretaría Legal y Técnica recibió el requerimiento de forma digital y que ya fue contestado por la misma vía.

"Es un abogado que se encuentra suspendido en la matrícula desde el año 2004, por lo que no debe ejercer acá en Mar del Plata", manifestó Portillo. El CUIT de Goldberg también se encuentra suspendido, según se desprende de la página web que emite las constancias de inscripción de AFIP.

En tribunales dudan de que la visita frustrada a una reclusa en la cárcel pueda constituir un delito. Sin embargo, el episodio sirve para engrosar los enredos y preocupaciones que se tejen detrás de la causa de los cuadernos, esta vez, en el capítulo por detectar qué sucedió con los 70 millones de dólares que pasaron por las manos de Muñoz.

Muñoz, ex secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, habría conformado una red de empresas en la Argentina y en el extranjero para blanquear 100 millones de dólares provenientes del pago de esas coimas en la que participaron las únicas dos mujeres imputadas arrepentidas de la causa, según se desprende de la declaración de la empresaria inmobiliaria marplatense.

Mientras hicieron negocios juntas, Pochetti y Municoy fueron amigas. De hecho, Municoy estuvo en las primeras sociedades que se armaron para lavar dinero, junto a Todisco. Pero cuando Todisco y Municoy se separaron, el matrimonio Muñoz y Pochetti tuvo que salir a buscar a otros presuntos testaferros. Fue ahí que aparecieron más protagonistas. Municoy, sin embargo, siguió interactuando en varias operaciones.

Municoy fue detenida el 20 de octubre en Mar del Plata y se negó a declarar. Pochetti se entregó en Comodoro Py el 23 de octubre. Asesorada por su entonces abogado, Miguel Ángel Plo (hoy preso), la viuda lloró y aseguró que no sabía nada de los negocios de su marido.

Pero el 25 de octubre, Municoy declaró como arrepentida y contó detalles de cómo movían el dinero a Estados Unidos. Logró quedar en libertad, la primera de ese tramo de la causa en salir de prisión. Su declaración como arrepentida se fue ampliando varias veces.

Incluso, Municoy apareció en Comodoro Py el 22 de enero, cuando Pochetti designó un defensor para iniciar su camino al "arrepentimiento". Fuentes allegadas a Municoy buscaron despejar especulaciones. Según Infobae, explicaron que la mujer fue a buscar unos papeles personales que el juzgado tenía retenidos en el marco de lo secuestrado en la causa.

La viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, finalmente fue aceptada, este martes, como la más reciente arrepentida en la causa de los cuadernos de las coimas, convirtiéndose en la segunda mujer "imputada colaboradora", luego de la marplatense Elizabeth Ortiz Municoy.

Pochetti debió ampliar su declaración ante el juez federal Claudio Bonadio, en una audiencia que duró tres horas y media. Luego de este encuentro, el magistrado aceptó homologar el acuerdo que la imputada había celebrado con los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli la semana pasada.

Sin embargo, y al igual que el anteúltimo arrepentido de la causa, el ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo, no será liberada como la mayoría de los imputados colaboradores, sino que continuará detenida con prisión preventiva. 

Tanto Campillo como Pochetti fueron señalados por otra arrepentida de la causa, Ortiz Municoy, quien -junto a su ex marido, el empresario textil local Sergio Todisco, y otros empresarios marplatenses- está acusada de ser testaferro de Muñoz y de integrar la asociación ilícita que funcionó durante el kirchnerismo para cobrar sobornos a cambio de obra pública. 

Muñoz, ex secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, habría conformado una red de empresas en la Argentina y en el extranjero para blanquear 100 millones de dólares provenientes del pago de sobornos, según se desprende de la declaración de la empresaria inmobiliaria marplatense.

Muñoz –remisero de profesión antes de trabajar con los Kirchner- murió en mayo del 2016 y se retiró de la función pública en el 2009, declarando ser dueño de dos terrenos, ahorros por 430 mil pesos y un Ford Focus.

Sin embargo, ahora se sabe que tanto él como última pareja, Carolina Pochetti, eran millonarios. Hicieron inversiones por más de 70 millones de dólares, según probó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Unidad de Información Financiera (UIF), al mando de Mariano Federici. En la causa que lleva adelante Bonadio, fue señalado como el principal “valijero” del matrimonio Kirchner.

La hipótesis judicial es que el secretario de Néstor Kirchner fue, también, su testaferro. Y que manejó tanto dinero que él mismo, a su vez, montó una estructura de testaferros propios, y de complejas sociedades off shore que se retroalimentan unas con otras. Municoy admitió que ella integró esa red ilegal, pero responsabilizó por eso a su ex marido,Todisco, amigo de Muñoz.

Apenas unas horas antes de que Pochetti se convirtiera en la última arrepentida de la causa, Bonadio ordenó la detención del abogado de Pochetti, Miguel Ángel Plo y de su yerno, Federico Zupicich.

Plo -un respetado abogado, con fuertes lazos en el peronismo bonaerense y ex secretario de Política Penitenciaria en el gobierno provincial en 2001- quedó en la mira de los investigadores al intentar determinar qué pasó con los más de 70 millones de dólares que salieron de la recaudación de la banda de los cuadernos y que terminaron en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner y su viuda.

Isidro Bounine, ex secretario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue detenido este miércoles, después de que el juez Claudio Bonadio homologó el acuerdo que convierte al ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo en el último arrepentido de la megacausa que desataron las revelaciones de los "cuadernos de las coimas".

Bounine era el único secretario de la ex presidenta que hasta el momento no había sido salpicado por la investigación de una trama de corrupción que implicaba el pago de millonarias coimas a cambio de contratos de obra pública.

En diciembre pasado, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidente y senadora de Unidad Ciudadana como jefa de la asociación ilícita y responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales.

Según trascendió, Campillo mencionó a Bounine en su declaración como uno de los integrantes del círculo cercano de Cristina Kirchner que lo había llamado en alguna oportunidad para participar en maniobras de lavado de dinero.

Campillo, considerado “el primer valijero k”, quedó involucrado en la causa tras la declaración como “arrepentida” de la empresaria marplatense Elizabeth Ortiz Municoy, ex esposa de Sergio Todisco, uno de los presuntos testaferros del fallecido Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner.

Hombre de extrema confianza de Néstor Kirchner, Campillo fue ministro de Hacienda de Santa Cruz durante los años en que se administraron los fondos extra presupuestarios, aquellos que esa provincia recibió por regalías mal liquidadas de la entonces Repsol-YPF. Además, fue la última pareja del diseñador de alta costura marplatense Carlos Di Doménico.