Los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar continuarán en esta semana con la culminación del alegato de la Fiscalía en el juicio "La Cueva III", en el cual está acusado Salvador Ullúa, junto a otros represores.

Ullúa también es juzgado como partícipe necesario en su rol de civil de inteligencia en la causa "CNU" (Concentración Nacional Universitaria), organización a la que se le atribuyen crímenes y delitos cometidos antes del golpe de Estado de 1976.

Este lunes proseguirá, también en Mar del Plata, el segundo juicio por delitos cometidos en la denominada Subzona 15, que abarcó las localidades de General Pueyrredón, General Lavalle, General Madariaga, Mar Chiquita, Balcarce, General Alvarado, Lobería, Necochea y San Cayetano, donde funcionaron cuatro centros clandestinos: "Cueva 2", "Base 5" y "Subzona" y "Base Naval".

Además, seguirá el proceso a cinco militares retirados por los denominados "vuelos de la muerte", realizados en aviones que trasladaron desde Campo de Mayo a militantes que luego fueron arrojados desde el aire a las aguas del Río de la Plata.

Continuará también el juicio por violación, abusos sexuales y psicológicos padecidos por tres mujeres que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención ilegal que funcionó en la ESMA, durante los años del terrorismo de Estado.

El martes, en tanto, continuarán las declaraciones testimoniales en el juicio por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, que incluye a 442 víctimas, entre ellas 18 embarazadas y muchos de sus compañeros, y siete niños/as nacidos/as en cautiverio.

También el martes, continuarán las indagatorias en el juicio contra Raúl Antonio Guglielminetti, agente Civil de Inteligencia del Ejército, y Juan Alfredo Etchebarne, ex presidente de la Comisión Nacional de Valores-CNV, por la privación ilegítima de la libertad de 28 empresarios industriales vinculados a los grupos económicos Chavanne (Banco de Hurlingham) y Grassi (Industria Siderúrgica Grassi).

El miércoles continuará en Neuquén el juicio "Escuelita VII", que juzga a 14 policías y militares retirados y al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 20 personas, entre abril y junio de 1976.

Y en los tribunales de San Martín, seguirá el debate de la megacausa de Campo de Mayo, en la que se investigan crímenes perpetrados entre 1976 y 1978 en perjuicio de 323 víctimas que fueron secuestradas en el área represiva denominada como Zona de Defensa IV.

El denominado juicio "Cueva 3", que tiene cuatro imputados en el banquillo de los acusados juzgados por distintos hechos de los 61 que llegaron a esta instancia, entró en su etapa de alegatos. El Ministerio Público Fiscal adelantó que se serán acusados Guillermo Emilio Nani, Miguel Ángel Ruiz y Eduardo Salvador Ullúa, mientras que se retirará la acusación sobre Juan José Banegas por la insuficiencia probatoria. Las próximas audiencias pueden seguirse de manera virtual a través de la plataforma Zoom.

Durante la primera jornada de alegatos, el fiscal general Daniel Adler, acompañado por María Eugenia Montero y Julio Darmandrail como auxiliares fiscales, y Romina Cavallo, Mariano Alzola y Sebastián Burgi como parte del equipo de trabajo, contextualizó ayer los crímenes de lesa humanidad que están siendo juzgados y realizó un repaso de las causas que tramitaron en la jurisdicción, en las que fueron condenados los principales mandos de las fuerzas armadas y policiales que actuaron en el plan sistemático de represión y exterminio que se desplegó en la Subzona militar 15.

El juicio se desarrolló casi en su totalidad durante la pandemia, a través de herramientas de la virtualidad y los protocolos sanitarios correspondientes. La primera jornada había sido convocada por los jueces Daniel Obligado y Fernando Machado Pelloni y la jueza Sabrina Namer, en la Base Área de Mar del Plata, lindera al aeropuerto local. Reunidos magistrados, fiscales, defensas y sobrevivientes de La Cueva, se transitaron los 600 metros que separan el ingreso del predio hasta el viejo radar, cuya construcción subterránea fue reconocida por las víctimas que indicaron espacios de detención y sala de tortura.

En su alegato de ayer, Adler reparó que están siendo juzgados los eslabones medios de una estructura de mandos que comandó en la jurisdicción la denominada “lucha contra la subversión”. “No estamos en presencia de autores directos que hayan cometido los ilícitos de propia mano y tampoco se trata de los jefes máximos de las Fuerzas Armadas en la jurisdicción que han sido condenados con anterioridad y/o no han llegado a estar en juicio a causa de su fallecimiento o de su incapacidad sobreviniente”, apuntó el fiscal general.

En este sentido, reparó en que Ruiz fue auxiliar en la Sección Operaciones del Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) 601, que estaba a cargo de Alfredo Manuel Arrillaga, quien acumula condenas firmes y otras en revisión. Y que Nani fue Jefe de Batería Comando y Servicios y luego Jefe de Personal (S1) de la plana mayor del GADA 601. “Será inevitable contextualizar su rol a partir de las funciones cumplidas por los miembros del GADA 601 en los operativos que se desarrollaron en el marco de la denominada ‘lucha contra la subversión’”, indicó el representante del MPF.

Por otro lado, planteó que el camino recorrido por las sentencias dictadas en la jurisdicción Mar del Plata en la última década también deberá ser marco para el desarrollo de la responsabilidad penal que recae sobre el imputado Ullúa. El hombre, recientemente condenado a prisión perpetua como miembro de una asociación ilícita que operó en las vísperas del golpe de estado enmascarada en la CNU local, y como coautor del homicidio calificado de ocho víctimas, había estado prófugo de la Justicia. En este debate es acusado como civil colaborador en la inteligencia previa necesaria para cometer los hechos que se conocieron posteriormente como “la Noche de las Corbatas”, por los secuestros de abogados laboralistas.

El miércoles 10 de marzo se retomará la audiencia, en la que el Ministerio Público Fiscal brindará el detalle, caso por caso, de los hechos que están siendo juzgados. Luego, realizará un análisis de la responsabilidad penal que le cabe a cada uno de los imputados, se encuadrarán sus conductas típicas y se solicitarán las condenas y la absolución que, a criterio de la acusación, se desprenden del análisis del cuadro probatorio del juicio.

“Con 63 años veo a esa adolescente y me duele. No lloro por mí, lloro por la adolescente. Como mujer adulta duele mucho que a una persona le hagan eso, es terrible. Pero bueno, acá estoy”. Margarita Ferré declaró en el juicio denominado “Cueva 3”, que la tiene como víctima. Tenía 19 años cuando la secuestraron y le robaron tres años de su vida hasta que pudo recuperar la libertad en 1979. Las huellas de la clandestinidad, la violencia cotidiana y las torturas perduran y salen a flote al narrar lo vivido durante la última dictadura cívico militar.

Ferré fue la segunda testigo que a través de la plataforma digital Zoom escucharon la jueza Sabrina Namer y los jueces Daniel Obligado y Fernando Machado Pelloni, el fiscal general Daniel Adler y los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, y los abogados defensores de los cuatro imputados que llegaron a juicio acusados por asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios en el marco del terrorismo de Estado.

También participó de la audiencia virtual el acusado Emilio Guillermo Nani, quien debió ser reconectado como público luego de interrumpir el testimonio para hablarle a su abogado: “Eduardo (San Emeterio), te mandé un mensaje”, le dijo con el micrófono abierto.

Margarita Ferré no recuerda fechas con exactitud y elije no refrescarlas. Sabe que se la llevaron en el invierno del 76 y en 1979 recuperó la libertad, con las secuelas de la violencia y la imposibilidad de estudiar y de trabajar. “Quería estudiar y no pude, me recomendaron de la Universidad que no fuera. Y con trabajos me pasó lo mismo, me decían ‘mirá, nos vinieron a ver y es mejor que te quedes en tu casa’”, relató.

El itinerario de los lugares clandestinos de detención donde estuvo empieza en la Subcomisaría Peralta Ramos, donde permaneció varios días sin que su familia supiera nada de ella. “Fui interrogada… fui torturada”, dijo con la dificultad de verse nuevamente en esa situación. Luego la trasladaron hasta la comisaría Cuarta, que funcionó como centro clandestino de detención, donde debió ser atendida por un médico a raíz de la hemorragia que le había provocado la picana.

Sobre fines de 1976, la trasladaron en avión junto a otras compañeras hasta la cárcel de Olmos, donde permaneció una semana aproximadamente. El destino final fue la cárcel de Devoto, donde estuvo detenida tres años.

Su privación ilegítima de la libertad se dio en medio de un consultorio médico del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) de Mar del Plata, donde había ido a atenderse una situación de salud, dado que por entonces trabajaba en una fábrica portuaria. Atrás había dejado su militancia en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Apenas distinguió los gorros de lana y los borcegos de las personas que ingresaron de manera violenta, porque de inmediato la pusieron contra la pared, la sacaron agachada mirando el piso, y apenas cruzaron la puerta del gremio, fue encapuchada.

Una vez que estuvo alojada en las celdas de la comisaría cuarta fue sacada -siempre de manera violenta- a distintos destinos. En una oportunidad, junto al Gallego Fernández, fue llevada hasta la costa: lo intuye por el ruido de mar y el olor de la playa tan característico.

Y al menos dos veces fue trasladada a lo que identificaría después como la Cueva, que fue el centro clandestino de detención que funcionó en el viejo radar subterráneo de la Base Aérea. “En la Cueva no me picanearon, sí fue muy violento porque hubo golpes. Nos ponían en el piso, había maltrato como para acobardarnos”, contó la testigo, que recordó haber sido trasladada esposada en el baúl de un auto y uno de los interrogatorios en el que la hicieron reconocerse en una foto. “Eso me asustó mucho, no entendía”, mencionó.

Consultada bajo qué autoridad habría estado detenida en la comisaría cuarta, dijo que serían los militares, de acuerdo a lo que le decían los propios cabos de la dependencia policial, quienes se encargaban de sacarlos de las celdas y ponerles las capuchas antes de que otro grupo pasara por ella y sus compañeros.

¿Qué militares estaban a cargo? “No sé quiénes estaban a cargo, sí recuerdo el nombre de Nani, es más mi mamá tenía su teléfono inclusive, había estado en mi casa por lo que me relató mi familia”, contó la testigo. De acuerdo a lo que le dijeron, fue a buscar ropa suya: debía cambiar sus prendas debido a la hemorragia que le habían provocado.

Lo buscaban y los miraba desde la vereda de enfrente

Antonio Marincevic tiene hoy 83 años y está jubilado. Brindó su testimonio por videoconferencia, desde Suecia, dado que la dictadura lo impulsó al exilio. “Con el Golpe del 24 de marzo todos los que teníamos actividad política nos pusimos alertas, mi caso era uno más”, mencionó.

Médico de profesión y abocado en ese momento a la investigación, militaba entonces en el PRT – ERP, por lo que sus compañeros le aconsejaron irse de Necochea, dado que allí lo conocían. Una cadena de solidaridad de amigos y familiares lo llevaron a pasar por Mar del Plata, Miramar, La Plata y Buenos Aires, donde permaneció unos dos años, cambiando continuamente de domicilio. “Me dijeron ‘no te quedes quieto en ningún lugar porque te van a detectar’”, relató 44 años después. Ya había comenzado a tramitar su salida del país, vía Brasil, con destino a Yugoslavia, donde tenía familiares, para luego llegar a Suecia.

Algún tiempo después de irse de Necochea supo que el Ejército fue “revisando” las casas donde había estado, como la vivienda de sus ex suegros. “Entraron rompiendo puertas, robaron, los vecinos vieron cómo sacaban cosas. Los oficiales de más jerarquía venían con camionetas y cargaban lo que querían”, señaló. De hecho, uno de los operativos que realizaron en la casa donde vivía Marincevic lo vio desde el balcón de la vivienda de enfrente donde había pedido resguardo.

También lo fueron a buscar a una clínica donde había prestado servicio: trabajó solo un mes porque le aconsejaron irse. “La cosa se venía poniendo brava”, rememoró. Al centro médico “entraron de la manera que entran ellos, siempre muy educados (se ríe), violentaron puertas y demás. No piden permiso”, sumó luego.

Si bien al momento de prestar declaración no recordaba el nombre de quién había estado a cargo de esos operativos, que fueron incluso publicitados por los medios, con la ayuda de un recorte del diario Ecos de Necochea -que se encuentra incorporado a la causa-, leyó que en octubre de 1976, el propio imputado Nani, entonces teniente primero, brindaba información de los operativos realizados como parte del plan establecido por autoridades superiores.

La próxima audiencia está prevista para el 14 de octubre, fecha para la que se espera escuchar tres testimonios.

En una sala de audiencias vacía, los jueces Daniel Obligado y Fernando Machado Pelloni y la jueza Sabrina Namer encabezaron el reinicio del debate por videoconferencia en el juicio denominado Cueva 3.

Del mismo modo siguieron el desarrollo de la jornada los abogados defensores, mientras que los representantes del Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes, junto a los funcionarios del Tribunal Oral Federal N°1 de Mar del Plata.

En medio de la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia del coronavirus, se retomaron las audiencias del juicio que aborda el tercer tramo de los hechos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como La Cueva, que funcionó en el viejo radar de la Base Área, lugar que fue inspeccionado en la primera audiencia del debate en febrero pasado.

Una vez ajustadas las cuestiones técnicas y con la presencia del fiscal general Daniel Adler y los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, se desarrolló la primera audiencia testimonial de un juicio por delitos de lesa humanidad luego del decreto que sancionó el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En el mismo TOF, días atrás se daba a conocer la sentencia de la megacausa Subzona 15 que terminó con 35 condenados.

Durante algunas horas, se escucharon los testimonios de Lucía Martín y Patricia Pérez Catán, que ya habían sido prestados en la causa Cueva 1 y en el juicio acumulado Subzona 15 de reciente sentencia, respectivamente.

En el juicio son cinco los acusados por los delitos de asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y homicidios cometidos sobre 61 víctimas, entre las que se encuentran los abogados desaparecidos en la denominada “Noche de las Corbatas”: Ramón Seferino Silva, Juan José Banegas, Miguel Ángel Ruiz, Eduardo Salvador Ullúa y Emilio Guillermo Nani