Se realizó la presentación de una serie de proyectos de ley elaborados por la diputada Margarita Recalde que incorporan una perspectiva de inclusión laboral y ambiental en los procesos de Compras y Contrataciones de la provincia de Buenos Aires.

Según explicó la legisladora, “la idea es hacer una modificación en la actual Ley de Compras y Contrataciones para incorporar la perspectiva de discapacidad a la hora de ser proveedor del Estado provincial, trabajando con talleres protegidos y cooperativas y, de esta forma, tener prioridad en las compras y contrataciones”.

De este modo, “aquellas empresas y pymes que quieren ser proveedoras del Estado provincial tengan en su planta contratadas formalmente a personas con discapacidad para tener prioridad a la hora de ser proveedoras”.

Así también, fue presentado otro proyecto de ley para crear un Registro Provincial de Transportistas de Personas con Discapacidad “para darle previsibilidad y confianza a aquellas familias que necesitan contratar a alguien para trasladar a familiares con discapacidad”, puntualizó Recalde.

Por su parte, el periodista, escritor y actor Gonzalo Giles, activista argentino que perdió la voz a los cinco meses por una meningitis pero se comunica a través de una aplicación en su celular,  remarcó que “el trabajo no debería ser un privilegio sino un derecho con acceso real, pero hay miles de personas con discapacidad que no consiguen empleo, no porque no puedan, sino porque el sistema no quiere verlos debido a que lo seguimos confundiendo con caridad y las oportunidades con favores”.

Por tal motivo, reclamó “políticas públicas que no se queden en los slogans sino que exijan cupos reales y accesibilidad física en los lugares de trabajo”, y consideró necesario legislar al respecto “porque sin ley no hay derechos y sin derechos no hay dignidad, la igualdad no se negocia se garantiza”.

Participaron también del panel la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones de la provincia de Buenos Aires, María Victoria Anadon, y la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud de la provincia de Buenos Aires, María Lourdes Farias, mientras que estuvieron presentes autoridades provinciales, legislativas y municipales, y miembros y representantes de entidades de bien público e invitados especiales.

La Federación de Cooperadoras Escolares de General Pueyrredón denunció una desigualdad entre los alumnos de escuela pública y exigieron una ampliación de los cupos del Servicio Alimentario Escolar (SAE). El reclamo fue iniciado por los padres de escuelas secundarias, porque sólo reciben módulos, en casos puntuales, pero no alimentos.

"En este contexto de pandemia la situación económica es crítica para las familias de la escuela pública. Nos pareció justo el reclamo y lo trasladamos ante el consejo escolar. Ellos van a evaluar porque tienen que ampliar el cupo del servicio alimentario. Siempre es dispar la entrega entre los niveles de enseñanza, pero en este momento la crisis económica se necesita el respaldo del Estado para todas las familias", aseveró Maria Gabriela Vives, Secretaría de la Federación, en diálogo con El Marplatense.

La presentación fue realizada este martes y aguardan la respuesta del Consejo Escolar. "Pedimos una rápida respuesta del Estado porque la gente no puede esperar. Hace dos meses se está incumpliendo y no lo hicimos antes porque supuestamente iban a hacerlo. La cuarentena continua, la crisis económica es terrible y están vulnerando todos los derechos de los chicos", apuntó Vives.

Por otra parte, los bolsones que se entregan son "insuficientes" ya que "sólo llevan productos secos, no se cumple con la dieta balanceada y saludable para los chicos" y "tendría que haber productos frescos, artículos de limpieza".

"Vamos a esperar hasta el viernes, ahí concurriremos al Concejo. Si no organizaremos una junta de firmas de los padres y hacer un reclamo más amplio", concluyó la secretaria de la Federación.