El Juzgado Federal Nº 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, procesó sin prisión preventiva a 29 personas por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, en el marco de una causa que investiga el funcionamiento de una red de “cuevas financieras” vinculada a los grupos Jonestur y Transcambio. 

Según la resolución judicial, estos imputados habrían proporcionado la infraestructura societaria, operativa y financiera necesaria para canalizar fondos ilícitos hacia el sistema financiero nacional e internacional, usando estructuras offshore, cuentas en el exterior y operaciones no declaradas. 

Para la fiscal federal Laura Mazzaferri, impulsora de la causa junto a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), los grupos actuaban como “bancas de hecho”, realizando operaciones cambiarias, apertura de cuentas, préstamos, inversiones y traslados de fondos sin fiscalización. 

La investigación detectó que operaban de manera encubierta dentro de casas de cambio autorizadas, así como también mediante operadores en la vía pública -conocidos como "arbolitos”- en el corredor de la avenida Luro, con la colaboración de algunos efectivos policiales que evitaban controles y allanamientos. 

Entre los casos emblemáticos vinculados al entramado investigado, se mencionan las maniobras de lavado en torno al fallecido ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, y el grupo Salvatore, vinculado al tráfico de cocaína hacia Europa en la causa conocida como “Carbón Blanco”. 

El fallo dispuso además embargos por sumas que van desde 10 mil millones hasta 50 mil millones de pesos sobre los bienes de los imputados, así como inhibiciones generales de bienes incluso a nivel internacional para los activos que se detectaron en el exterior. 

La causa tiene antecedentes que datan de 2014, cuando se recibió un reporte del Banco Central a PROCELAC sobre operaciones cambiarias no autorizadas. A lo largo de la investigación se realizaron peritajes forenses, informes de entidades públicas y privadas, y cooperación internacional con Andorra y Panamá. 

El magistrado consideró que algunos miembros de Jonestur y Transcambio actuaron como jefes de la asociación ilícita, mientras que otros cumplían funciones de operadores y directivos, y decretó la falta de mérito para imputados con menor participación.

La acusación sostiene que estas estructuras no solo movían fondos ilícitos, sino que también ofrecían un andamiaje financiero para blanquearlos, los cuales eran volcados a inversiones inmobiliarias, fondos fiduciarios o administrados en cuentas en el exterior. 

La resolución fue dictada el 25 de septiembre, tras el pedido de procesamiento presentado en diciembre pasado por Mazzaferri y el procurador de PROCELAC, Diego Velasco, luego del análisis de un voluminoso caudal de documentación y pruebas recabadas.

Fuente: Fiscales

La viuda de Daniel Muñoz, Carolina Pochetti, finalmente fue aceptada, este martes, como la más reciente arrepentida en la causa de los cuadernos de las coimas, convirtiéndose en la segunda mujer "imputada colaboradora", luego de la marplatense Elizabeth Ortiz Municoy.

Pochetti debió ampliar su declaración ante el juez federal Claudio Bonadio, en una audiencia que duró tres horas y media. Luego de este encuentro, el magistrado aceptó homologar el acuerdo que la imputada había celebrado con los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli la semana pasada.

Sin embargo, y al igual que el anteúltimo arrepentido de la causa, el ex funcionario kirchnerista Juan Manuel Campillo, no será liberada como la mayoría de los imputados colaboradores, sino que continuará detenida con prisión preventiva. 

Tanto Campillo como Pochetti fueron señalados por otra arrepentida de la causa, Ortiz Municoy, quien -junto a su ex marido, el empresario textil local Sergio Todisco, y otros empresarios marplatenses- está acusada de ser testaferro de Muñoz y de integrar la asociación ilícita que funcionó durante el kirchnerismo para cobrar sobornos a cambio de obra pública. 

Muñoz, ex secretario privado de los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, habría conformado una red de empresas en la Argentina y en el extranjero para blanquear 100 millones de dólares provenientes del pago de sobornos, según se desprende de la declaración de la empresaria inmobiliaria marplatense.

Muñoz –remisero de profesión antes de trabajar con los Kirchner- murió en mayo del 2016 y se retiró de la función pública en el 2009, declarando ser dueño de dos terrenos, ahorros por 430 mil pesos y un Ford Focus.

Sin embargo, ahora se sabe que tanto él como última pareja, Carolina Pochetti, eran millonarios. Hicieron inversiones por más de 70 millones de dólares, según probó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Unidad de Información Financiera (UIF), al mando de Mariano Federici. En la causa que lleva adelante Bonadio, fue señalado como el principal “valijero” del matrimonio Kirchner.

La hipótesis judicial es que el secretario de Néstor Kirchner fue, también, su testaferro. Y que manejó tanto dinero que él mismo, a su vez, montó una estructura de testaferros propios, y de complejas sociedades off shore que se retroalimentan unas con otras. Municoy admitió que ella integró esa red ilegal, pero responsabilizó por eso a su ex marido,Todisco, amigo de Muñoz.

Apenas unas horas antes de que Pochetti se convirtiera en la última arrepentida de la causa, Bonadio ordenó la detención del abogado de Pochetti, Miguel Ángel Plo y de su yerno, Federico Zupicich.

Plo -un respetado abogado, con fuertes lazos en el peronismo bonaerense y ex secretario de Política Penitenciaria en el gobierno provincial en 2001- quedó en la mira de los investigadores al intentar determinar qué pasó con los más de 70 millones de dólares que salieron de la recaudación de la banda de los cuadernos y que terminaron en manos del fallecido ex secretario de Néstor Kirchner y su viuda.