La segunda audiencia del juicio oral por la causa de los Cuadernos volvió a abrir este jueves el foco sobre el esquema de trabajo elegido por el Tribunal Oral Federal N°7, que decidió mantener la modalidad virtual pese a los reclamos de las defensas y de la Cámara de Casación. El caso involucra a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y otros 85 imputados, en uno de los procesos de corrupción más grandes de las últimas décadas.

De Vido llegó a Comodoro Py poco antes de las 8.30 para ponerse a disposición del Tribunal Oral Federal N°4, que ordenó su detención por la tragedia de Once. Desde allí, conectado de manera remota, siguió el reinicio de la audiencia, en la que continúa la lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio de casi 700 páginas.

El debate por la virtualidad volvió a ser protagonista. La Cámara Federal de Casación Penal citó para la próxima semana a los jueces del TOF 7 para analizar cambios de modalidad, entre ellos la posibilidad de realizar audiencias presenciales en la remodelada Sala AMIA, capaz de albergar a más de 200 personas, y aumentar la frecuencia semanal para acelerar el proceso.

El tribunal, integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, defendió el formato remoto argumentando la complejidad logística de reunir a todas las partes. Sostienen que, en esta etapa dedicada únicamente a la lectura de requerimientos, no habría necesidad de modificar el esquema.

La fiscal Fabiana León continúa participando de las audiencias, mientras que los acusados y sus abogados permanecen conectados a distancia. Esta semana, el tribunal decidió extender las sesiones hasta las 15 para avanzar más rápido en un expediente que acumula 87 imputados y abarca maniobras que, según la acusación, funcionaron durante más de una década en la obra pública.

El juicio retomará el jueves próximo con la lectura de las imputaciones por cohecho activo y los requerimientos de los otros dos tramos de la investigación, en medio de un debate cada vez más intenso sobre cómo avanzar con uno de los procesos judiciales más resonantes del país.

Fuente: Infobae

La Corte Suprema confirmó este martes la condena contra Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, fijando en cuatro años de prisión la pena por su rol como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en el marco de la tragedia ferroviaria ocurrida en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y cientos de heridos. 

El tribunal rechazó tanto los recursos presentados por la defensa como los planteados por el Ministerio Público Fiscal, calificándolos de “inadmisibles” en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.  

Según los antecedentes, en 2018 el Tribunal Oral Federal N°4 había condenado a De Vido a cinco años y ocho meses de prisión al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de fondos públicos destinados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Con posterioridad, la Cámara Federal de Casación redujo la pena a cuatro años, que hoy quedó firme.  

La decisión de la Corte habilita la ejecución de la pena. El Tribunal Oral Federal N°4 ya convocó al exfuncionario para que se presente este jueves a las 10 horas para que se haga efectiva su detención.  

Este fallo pone fin al largo derrotero judicial en la causa por la tragedia de Once, consolidando la responsabilidad penal del exministro por administración fraudulenta, aunque fue absuelto en ese juicio del delito de estrago culposo, vinculado directamente con las muertes y lesiones del accidente.  

Con esta resolución, se reafirma el mensaje de que los altos funcionarios públicos pueden ser considerados penalmente responsables por la falta de control en la asignación y supervisión de fondos estatales para servicios críticos.

l ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y el ex secretario de Coordinación de esa cartera Roberto Baratta pudieron abandonaron el penal de Ezeiza esta madrugada luego de que la Cámara Federal de Casación le indicó al Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la causa de las fotocopias de los cuadernos, que haga efectiva las excarcelaciones dictadas a última hora de ayer.

El TOF 7 había rechazado la excarcelación pedida por los respectivos abogados (Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, en el caso de De Vido, y Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, de Baratta), pero Casación tuvo en cuenta que De Vido y Baratta llevan más de dos años de prisión y que no está fundamentado ni el peligro de fuga ni el peligro de entorpecimiento de una investigación.

En tanto, fuentes ligadas al ex ministro confirmaron a Télam que "está en su casa de Zárate acompañado por su compañera Alessandra Minnicelli y su hijo" desde hoy a alrededor de las 5.

Pese a haber abandonado el penal de Ezeiza, el ex ministro De Vido deberá cumplir con una detención domiciliaria que le fue impuesta por el TOF 1 en el marco de la causa en la que se investigan supuestos desmanejos con dinero público que debía destinarse a la mina de carbón de Río Turbio.

En tanto, Baratta, si bien no tiene dictada la prisión domiciliaria, cumple con el requisito de una tobillera electrónica, a sólo efecto de monitoreo, y se encuentra en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, indicaron a Télam fuentes de su defensa.

El juez federal Luis Rodriguez envió hoy a juicio oral a los detenidos ex ministro de Planificación del kirchnerismo, Julio De Vido, a su ex mano derecha Roberto Baratta y otros 17 procesados por presunta defraudación en los Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT).

El magistrado realizó un cierre parcial de la investigación y envió a sorteo de un Tribunal Oral a 19 procesados por supuesta "defraudación por administración fraudulenta", entre ellos De Vido, Baratta, el ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, y el intendente de Rio Turbio Atanasio Perez Osuna, según la resolución a la que accedió Télam.

Se trata de la investigación que derivó en el desafuero a De Vido en la Cámara de Diputados y su inmediata detención en octubre de 2017, por orden de la Cámara Federal porteña.

"Entiendo que no existe elemento probatorio o argumental alguno que permita modificar la situación procesal de los imputados", sostuvo Rodríguez al rechazar pedidos para dictar el sobresemiento a De Vido, Baratta y otros acusados.

Las defensas argumentaron que falta terminar una pericia contable pero el juez informó que se ordenó a los peritos la entrega de la misma para el próximo 30 de septiembre.

La investigación se centró en una supuesta maniobra defraudatoria "cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional –concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal" que debían destinarse a la reconversión del Yacimiento Carbonífero y habrían sido desviados.

Esto ocurrió a través de un convenio firmado con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la "Fundación Facultad Regional Santa Cruz".

"Ello en connivencia con funcionarios y empleados públicos del Ministerio de Planificación, Yacimientos Carboníferos Río Turbio y la Facultad Regional Santa Cruz, y los fundadores, directivos y empleados de la referida Fundación", sostuvo el juez.

A través de esa maniobra, "se celebraron convenios por un monto total de pesos cuatro mil ochocientos sesenta y seis millones cuatrocientos mil ($4.866.400.000), de los que se facturaron pesos mil trescientos setenta y nueve millones novecientos veintitrés mil novecientos cuarenta y nueve ($ 1.379.923.949)", detalló el juez en base a un informe de la Sindicatura General de la Nación.

¿Cuántos años tiene uno realmente: los que cumple o los que "transita"? Esa incertidumbre disparó en tribunales Julio De Vido, el ex ministro de Planificación que ya cumplió más de 600 días preso. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, De Vido, precandidato a diputado nacional, solicitó salir de la cárcel de Marcos Paz y que le concedan la prisión domiciliaria. Reclama irse detenido a su chacra de Zárate, bajo palabra o con una tobillera electrónica con GPS que le permita moverse en un radio de 100 kilómetros.

De Vido cumplirá 70 años el próximo 26 de diciembre, pero su defensa sostiene ya está transitado esta edad. "Este razonamiento, tan lógico como comprobable, remite a que cumplidos los 69 años, es decir, el traspaso de un total de 25.185 días aproximadamente, comienza el recuento del año 70 de vida, momento en el cual nos encontramos", sostuvo la defensa en un escrito al que accedió Infobae. Por ende, advierten que le corresponde el beneficio que le concede la ley a los reclusos de esa edad.

Pero si ese argumento no fuese de por sí suficiente, sostiene el ex ministro que debería concederse la prisión domiciliaria por razones humanitarias: es insulinodependiente, padece hipertensión arterial y enfermedad vascular coronaria, además de úlceras y un nódulo en el pulmón y en prisión -se asegura- su cuadro se ha deteriorado.

El artículo 32 de la ley 24660 establece que el juez "podrá disponer" la domiciliaria, en ciertos casos, entre los que aparecen los enfermos que no puedan ser tratados debidamente o los que tengan más de 70 años. Entre la batería de argumentos de la defensa de De Vido apareció incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema que le otorgó la prisión domiciliara a un preso de lesa humanidad en 2017 porque más allá de la "barbarie" que se cometió en la dictadura el Estado se debe garantizar "la imparcialidad en la aplicación de las leyes". El planteo de De Vido se hizo en la causa de los cuadernos, justo cuando el jueves próximo se cumplirá un año las órdenes de detención para ex funcionarios y empresarios en el escándalo mediático de las anotaciones del chofer Oscar Centeno.

De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, son los únicos que permanecen presos en la cárcel por ese expediente tras el aluvión de acusados arrepentidos, el verdadero motor de la investigación. Cristina Kirchner -hoy aspirante a la vicepresidenta- está acusada de ser la jefa de la asociación ilícita pero está libre porque mantiene sus fueros como senadora. Además, la Cámara Federal modificó criterios del juez que instruye el caso, Claudio Bonadio, como quitar de la banda a casi todos los empresarios, desprocesar por falta de pruebas a ex secretarios presidenciales, excarcelar a ex funcionarios de menor rango que pasaron seis meses u ocho meses en prisión y conceder prisión domiciliaria a aquellos que presentaban problemas de salud.

Es ahí donde apuntó del ex ministro de Planificación: si hubo prisión domiciliaria para otros, incluso para el ex director de Yacyretá Oscar Thomas ("48 días prófugo de la justicia y no cumple con ninguno de los requisitos de edad evaluados previamente") o para el abogado Miguel Pló y su joven yerno –procesados por lavado de dinero y cuando aún se buscan los 70 millones de dólares que el ex secretario de Néstor Kirchner Daniel Muñoz sacó del país-, ¿por qué no lo habría para De Vido?, se pregunta la defensa.

Casi como una chicana, la defensa buscó en los archivos un expediente en donde el juez Bonadio habilitó prisiones domiciliarias para personas menores de 70 años y "sin informe oficial alguno": fue para los hermanos Hugo y Mariano Jinkins, implicados en el caso de corrupción que envuelve a la FIFA a través de su empresa de marketing y requeridos por la justicia de Estados Unidos para su extradición.

La defensa de De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, habló de un daño irreparable de derechos y vulneración a los principios de inocencia, de humanidad en las penas, de proporcionalidad y de igualdad ante la ley. También sostuvo que están en juego "el derecho a la salud y a la dignidad humana". Sobre el debate de la edad, no solo defendió que De Vido transita sus 70 años pese a que los cumpla el 26 de diciembre, sino que afirmó que el Estado suscribió la Convención Interamericana Sobre La Protección De Los Derechos Humanos De Las Personas Mayores, en donde se habla de mayores de 60 y/o de 65 años –en donde encuadraría el hoy precandidato a diputado-.

Tras subrayar que De Vido "jamás ha evidenciado riesgo alguno e incluso, se ha presentado voluntariamente a someterse a la detención de la cual hoy es víctima", la defensa aseguró que con la prisión domiciliara "lo único que variará es la posible ingesta de dietas alimenticias ajustadas a sus necesidades, la realización de rutinas de ejercicio físico prescriptas médicamente, la contención familiar y médica necesaria". "No hablamos aquí de libertad, mucho menos de los riesgos que deben ser analizados frente a la posible excarcelación del imputado, sino de la posibilidad de sostener dicha detención bajo criterios menos gravosos para su salud, que aseguren la dignidad de la persona y la ausencia de tratos inhumanos que generen un gravamen concreto al individuo por parte del Estado que debe, frente a toda arbitrariedad, defenderlo". Según pudo saber Infobae, Bonadio ya rechazó el pedido de prisión domiciliaria para De Vido, pero ahora el tema será debatido en la Cámara Federal. Aquí se abre entonces un interrogante en medio de la feria judicial de invierno: uno de los jueces que se encuentra ahora en ese tribunal es Martín Irurzun, el camarista que dio el voto clave para que De Vido fuera encarcelado en octubre de 2017 tras perder los fueros parlamentarios.

En julio de 2017, el fiscal Carlos Stornelli -también interviene en la causa de los cuadernos- reclamaba su detención en la causa por una malversación de fondos en la causa Río Turbio y, aunque el juez Luis Rodríguez la había rechazado, el fallo de la Cámara Federal que se dio en llamar "la doctrina Irurzun" avaló el arresto en base a la peligrosidad que podían implicar los vínculos residuales de poder en la comisión de Energía de la Cámara baja.

De Vido sigue preso por esta causa, a raíz de lo cual su aspiración de prisión domiciliaria también debería tener el "okey" de Rodríguez –que todavía no la elevó a juicio oral-. Vale aclarar que la condena por la tragedia de Once -en la que recibió cinco años y ocho meses por administración fraudulenta de los ferrocarriles (no por las muertes)- no está firme y ahí el ex funcionario no tiene prisión preventiva. Esta semana, la última de la feria de invierno, intervienen en la Cámara Federal Irurzun y el juez Mariano Llorens. Ninguno de los dos son los que suelen analizar las decisiones que toma Bonadio. Pero además Llorens está excusado de intervenir porque su primo, ex funcionario de Planificación, está procesado en el expediente.

Así las cosas, si el tema se debatiera en feria, habría que salir a buscar un camarista del fuero penal económico de feria parar que analice junto a Irurzun la petición de la defensa de De Vido. En diálogo con Infobae, algunos se preguntaban si buscaba la suerte momentánea que tuvo el ex vicepresidente Amado Boudou en enero de 2018 cuando consiguió que salir de prisión, con el voto de un juez externo a Py por el receso de verano.

Sin embargo, es probable que el debate quede para cuando se reanude la actividad en tribunales y el tema quede en análisis de los camaristas originales del caso: Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que estuvieron durante la primer semana de la feria. Aún no está claro si el planteo tendrá una decisión inminente o puede demorarse. Pero cada día que pasa, De Vido se acerca más a cumplir los 70 años que, para su defensa, ya está transitando.

La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner y un grupo de sus ex funcionarios por haber recibido coimas al transporte ferroviario, en el marco de la asociación ilícita descripta en la causa de los cuadernos. El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, también alcanzó a ratificar el procesamiento de Julio De Vido y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, todos ellos ya presos por otros expedientes.

Sin embargo, la Cámara volvió a dejar afuera de la asociación ilícita a los empresarios que fueron procesados por el juez Claudio Bonadio en la asociación ilícita. El criterio seguido es que los hombres que pagaron las coimas no formaron parte de la banda de ex funcionarios kirchneristas.

Uno de los puntos claves de la resolución fue que se confirmó sólo el procesamiento para los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero, que como arrepentidos habían dado detalles del pago de las coimas. Roggio admitió haber pagado dádivas por los subsidios que recibió por la explotación del subte, y Romero, por los trenes.

Se revocó, en tanto, el procesamiento dispuesto por Bonadio para otros empresarios, como Claudio Cirigliano (preso por la tragedia de Once) y Sergio Taselli, quienes tenían a su cargo otras líneas de ferrocarriles urbanos; o Julio José Forastieri, integrante de la sociedad con la que Taselli explotaba ferrocarriles.

La causa se abrió como un desprendimiento de las confesiones de arrepentidos, en el marco del expediente por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que relató en una serie de cuadernos los viajes de recaudación que hacía para Roberto Baratta, mano derecha de De Vido. En marzo, Bonadio había sostenido que se pudo corroborar que "las personas a cargo de las empresas concesionarias de los ferrocarriles pagaban a los nombrados Jaime y Schiavi entre un 5% y un 30% de los subsidios entregados por el Estado nacional".

Hoy, la Cámara Federal analizó esa resolución y convalidó que "los sucesos que aquí se recrean aparecen enmarcados en el contexto reconstruido en la causa 9.608/18, donde se logró acreditar el circuito de recaudación ilegal instaurado desde el seno de la Administración Pública Nacional (PEN) entre 2003 y 2015, el cual receptaba el dinero que las diversas empresas entregaban para asegurarse la asignación de contrataciones públicas y otros beneficios que dependían de la voluntad administrativa".

Según se sostuvo, "el eje de la maniobra pesquisada estuvo dado por la asignación de la obra pública a cambio de la entrega de sustanciosas sumas de dinero. Los titulares de las compañías vinculadas al rubro de la construcción recibían el beneficio de ser contratados por el Estado, así como un tratamiento favorable durante el desarrollo de dichas relaciones contractuales".

Fuente: Infobae

A las 12:13 comenzó formalmente el primer juicio oral contra Cristina Kirchner por hechos de corrupción. Uno de los secretarios del Tribunal Oral Federal 2 comenzó a leer la acusación que pesa contra la ex mandataria y el resto de los imputados, entre ellos Julio De Vido y Lázaro Báez.

Luego de casi tres horas, los magistrados decidieron finalizar la jornada y pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes 27 de mayo a las 9:30, día en el que los acusados deberán volver al banquillo para seguir escuchando la lectura de los hechos y delitos que se les imputan.

La audiencia fue solamente para leer apenas 100 de las 584 páginas de la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Fue con una sala en silencio y un clima de cansancio y aburrimiento.

Comenzó con tensión. El juez Gorini le indicó al secretario del tribunal que empezara a leer la acusación pero Maximiliano Rusconi, abogado de De Vido, dijo que quería hacer un planteo. Gorini no lo dejó. Se hablaban encima y subieron el tono de voz. Rusconi decía que el momento de hacerlo era ese, Gorini que el Código establece el momento oportuno.

Fueron dos horas y 45 minutos de lectura. Después, a las 15:00, el juez Gorini anunció que el juicio continuaría el lunes a las 9:30 horas. Las defensas no pudieron hacer los planteos. "Nos apagaron los micrófonos. El estado de derecho está aniquilado", dijo Rusconi.

Saco azul, pollera al tono y camisa clara, Cristina Kirchner se sentó en la última fila de la sala. A su lado se ubicaron sus abogados, Carlos Beraldi a su izquierda y Ary Llernovoy a su derecha. Detrás de ellos está el vidrio que separa a los protagonistas del proceso que los invitados que están en la sala, la mayoría de ellos dirigentes políticos que fueron designados por la ex jefa de Estado.

Dos filas adelantes de la compañera de fórmula de Alberto Fernández, se encontraban De Vido y Báez. La ex mandataria no los saludó. Ni siquiera hubo un cruce de miradas.

La ex jefa de Estado y actual senadora Cristina Kirchner partió a las 11:14 desde su departamento de Juncal y Uruguay, en el barrio de Recoleta, con destino a los Tribunales de Retiro.

En medio de forcejeos, Cristina Kirchner se hizo paso por el cordón humano de militantes y periodistas que la esperaban en la vereda de su departamento, para subirse al Chevrolet blanco que la trasladó hacia Comodoro Py 2002.

Veintitrés minutos más tarde, la ex mandataria ingresó a Comodoro Py con su auto –custodiada por dos motos de la Policía Federal– por un acceso lateral lindero al edificio del Correo Argentino.

Según la imputación, desde su gobierno se le asignaron contratos de manera presuntamente irregular al empresario Lázaro Báez. Esta primera jornada del juicio en el que está procesada por asociación ilícita, comenzó con el inicio de la lectura del requerimiento de elevación de los fiscales Pollicita y Mahiques. Se cree que ese trámite llevará por lo menos cuatro audiencias.

Este primer juicio que se le sigue, junto a otros doce acusados, se relaciona con la adjudicación de 51 obras públicas a empresas vinculadas al detenido Báez durante el kirchnerismo, en la provincia de Santa Cruz.

Estas adjudicaciones habrían sido irregulares y la mayor parte de las obras quedaron inconclusas pese a que se pagaron en su totalidad, entre otras acusaciones.

El expediente cuenta con 60 cuerpos y está previsto que declaren 160 testigos, entre los que se encuentra Alberto Fernández, su compañero en la fórmula presidencial que ella misma anunció el sábado pasado y donde irá como vicepresidente.

Esta mañana, la ex mandataria aseguró que el juicio por la causa Vialidad "se trata de un nuevo acto de persecución" que tiene por objetivo "colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial".

Desde temprano se concentraron en el hall central de Comodoro Py referentes políticos kirchneristas para brindarle su apoyo. Varios lograron ingresar a la sala de audiencias para presenciar el debate, entre ellos, Oscar Parrilli, Carlos Tomada, Diana Conti, Hebe de Bonafini y Martín Sabbatella. Otros siguieron el proceso desde afuera.

El Tribunal Oral Federal Número 2 (TOF2) asignó 67 lugares para los invitados que en principio se irán rotando. Además, en la Sala AMIA hubo espacio para más de 60 periodistas, en el segundo piso.

Infobae