El Gobierno designó al nuevo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la salida de Diego Spagnuolo por la difusión de una serie de audios donde denunciaba hechos de corrupción. Además, el Ejecutivo confirmó que comenzará una auditoría sobre todos los procesos internos del organismo.

El reemplazo de Spagnuolo será Alejandro Vilches, quien hasta ahora se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria. Se trata de un funcionario cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hoy estuvo reunido desde temprano con el asesor presidencial Santiago Caputo, y más tarde circuló por las oficinas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por su lado, la Casa Rosada mantiene la postura de que no tiene información para corroborar si las grabaciones que le atribuyen a Spagnuolo son ciertas, y asegura que colaborará con la investigación y con el proceso judicial. “No podía seguir más tiempo en el cargo. Aparte, reconoce ser cómplice de lo que denuncia, en caso de que se comprueben los hechos”, agregan en Nación.

Bajo este marco, el presidente Javier Milei firmará hoy el decreto de la designación, que saldrá publicado en el boletín oficial de mañana. En paralelo, el oficialismo también formalizó el desplazamiento del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, uno de los apuntados en la denuncia sobre el cobro de coimas.

En los considerandos del decreto, el Gobierno expresó que “la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del Estado, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública”.

“Por razones de público conocimiento y a fin de que el Poder Judicial efectúe las investigaciones que resulten necesarias, corresponde, en esta instancia, limitar las designaciones del doctor Diego Orlando Spagnuolo y del doctor Daniel María Garbellini en los cargos referidos”, agregó.

En cuanto a Vilches, es médico egresado de la Universidad del Salvador y ya cuenta con un paso por la gestión pública y por el sistema solidario de salud. Se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en el Congreso, además de ocupar distintos cargos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y en la Armada Argentina. También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En el ámbito sindical y de la seguridad social, tuvo responsabilidades en varias obras sociales: la de ceramistas, la de químicos y petroquímicos de Zárate-Campana, la del gremio de la carne y la de trabajadores del cuero, entre otras. En todos los casos, ejerció como director médico o gerente de prestaciones.

La jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, suspendió el decreto 461 que el presidente de la Nación, Javier Milei, dictó el 8 de julio pasado y de ese modo disolvió la Dirección Nacional de Vialidad.

La magistrada, en su resolución, le ordenó al Poder Ejecutivo “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad“.

Lo hizo al dictar una medida cautelar en una causa que inició el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA). La jueza estableció en seis meses la vigencia de la suspensión del decreto.

En su resolución, sostuvo que en el caso se dan los dos requisitos para dictar una medida cautelar: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. “Dentro del limitado marco de conocimiento que admite el presente pronunciamiento cautelar, considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, consideró la magistrada.

Además, Forns explicó que Vialidad Nacional “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones” de su decreto de creación y a las leyes que dictó el Congreso de la Nación. También que la relación laboral de sus empleados se rige por la ley de contrato de trabajo y por el régimen de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad.

“Sobre tales bases, no puedo dejar de señalar que, y tal como lo refiere la actora (Nda: el gremio que inició la causa), toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo nula de nulidad absoluta conforme lo establece el artículo 7 del mismo cuerpo normativo”, analizó la magistrada.

La jueza explicó que el decreto que disuelve Vialidad establece que el personal pasará a otras áreas del estado y que la estabilidad laboral se dará “hasta tanto se adecúen la conformación y estructura organizativa correspondiente” y con así “se vulneran las normas y garantías laborales vigentes que fueron detalladas en los párrafos precedentes”.

“Asimismo, resulta indudable que el artículo 33 del Decreto citado, al establecer que ‘todo movimiento de personal que se origine en la Comisión y en los organismos alcanzados por las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 20 del presente decreto, ya sea con destino dentro de la jurisdicción o fuera de ella, independientemente de su figura de contratación o régimen de empleo, deberá contar con la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado’, conlleva la subordinación de las decisiones relativas al personal de la Dirección Nacional de Vialidad a la exclusiva discrecionalidad de dicha Secretaría", sostuvo en otro tramo de su resolución.

Y agregó: “Dicha disposición vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.

Así, para la jueza esta situación laboral genera “un temor a sufrir un daño inminente, derivado de un acontecimiento natural o humano, que amenaza gravemente con sacrificar un interés tutelado por el derecho”.

“Cabe señalar que la urgencia y temor de daño son las condiciones de procedencia del peligro en la demora. La falta de una protección jurisdiccional inmediata ante el riesgo cierto de un daño inminente e irreparable puede derivar en un perjuicio efectivo, frustrando el objeto del proceso y tornándolo ilusorio”, concluyó para suspender la vigencia del decreto.

El gobierno puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de San Martín.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional creó la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), un nuevo organismo que centralizará la gestión administrativa y financiera de cinco hospitales nacionales. La medida fue oficializada mediante el Decreto 459/2025.

Simultáneamente, el Ejecutivo disolvió el Instituto Nacional del Cáncer, el de Enfermedades Cardiovasculares y el de Medicina Tropical, cuyas funciones pasarán al Ministerio de Salud o al Instituto Malbrán.

La ANES tendrá bajo su órbita la gestión de los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur.

El decreto también prohíbe crear nuevos hospitales SAMIC, como el Garrahan o El Cruce. Según el Gobierno, buscan simplificar estructuras, evitar sobreprecios y eficientizar la compra de insumos médicos.

Desde Salud justificaron la reforma en base a auditorías que revelaron sobreprecios de hasta 400% y procesos de licitación irregulares. “Los recursos son limitados y la eficiencia en su uso es un imperativo”, afirmaron.

Fuente: Infobae

En el tramo final de la vigencia de las facultades delegadas por la Ley Bases, el presidente Javier Milei firmará un decreto para derogar más de 40 leyes que considera innecesarias u obsoletas. La medida, bautizada como "decreto hojarasca", fue diseñada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y será publicada en el Boletín Oficial en los próximos días.

Entre las normas que se eliminarán figura la Ley 20.843, que instituye el padrinazgo presidencial de los séptimos hijos y otorga beneficios simbólicos como una medalla y una carta del presidente. También se eliminará la Ley 20.120, que exige notificar con antelación reuniones en lugares cerrados, permitiendo al Ejecutivo limitar eventos por razones de seguridad.

Otras leyes que serán derogadas incluyen:

El carnet de mochilero (Ley 20.802), obligatorio para quienes viajen pidiendo ayuda para acampar.

Leyes que establecen el uso obligatorio de microfilm para conservar documentos oficiales en organismos como el Ejército, ANSES y Banco Nación.

La Ley 23.634, que promovía la cría de conejos (cunicultura) con beneficios fiscales y creación de bancos genéticos.

La Ley 27.652, que proponía una estrategia nacional para apoyar a estudiantes afectados por el aislamiento educativo tras la pandemia.

Normas sanitarias vinculadas a la prevención de la viruela y medidas de aislamiento sanitario dictadas en 1960 y 1979.

El Gobierno argumenta que estas leyes “ya no cumplen ningún objetivo concreto” o son “resabios de otro tiempo”. Sturzenegger defendió la medida como parte de una modernización normativa del Estado, y destacó que se eliminarán leyes que representan trabas burocráticas, gasto innecesario o que ya no tienen aplicación práctica.

El decreto llega en un momento de alta tensión política y económica para el oficialismo, en plena disputa con gobernadores por fondos, con la suba del dólar y en la previa de las elecciones legislativas de 2025.

Fuente: TN

La mediad firmada por el presidente Javier Milei, imponía límites al derecho a huelga y ampliaba el alcance de las actividades consideradas esenciales

La resolución fue firmada por la jueza laboral Moira Fullana, quien ya la semana pasada había fallado contra otra medida del Ejecutivo: la eliminación del asueto por el Día del Trabajador Estatal.

En esta nueva decisión, la magistrada dejó sin efecto los artículos 2 y 3 del decreto, que consideraban al transporte marítimo y fluvial como servicios esenciales, y establecían la obligatoriedad de mantener una prestación mínima del 50 al 75% en caso de medidas de fuerza.

La jueza entendió que esas disposiciones violan convenios internacionales ratificados por Argentina, como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protege la libertad sindical y el derecho a huelga.

La medida fue impulsada por la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA) y cuenta con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT), que había anticipado que recurriría judicialmente contra varias disposiciones del DNU.

La causa podría escalar a instancias superiores si el Gobierno decide apelar, aunque se trata de otro revés para el plan de reformas del oficialismo por vía de decreto.

Fuente: TN

El presidente de la Nación, Javier Milei, regresa hoy a la Argentina tras concluir su gira internacional más extensa, con el objetivo de acelerar la firma de una serie de decretos que deberán promulgarse antes del 8 de julio, fecha en que expiran las facultades delegadas otorgadas por la Ley Bases. Estas medidas, que incluyen recortes presupuestarios, cierre de organismos estatales y reformas estructurales, se implementarán desde la Casa Rosada y son consideradas prioritarias por el Gobierno antes del recambio legislativo.

Con menos de cuatro semanas para el vencimiento de las atribuciones extraordinarias, el Poder Ejecutivo trabaja contrarreloj para concretar al menos trece decretos ya redactados. Estas normativas apuntan a reducir el gasto público, centralizar funciones gubernamentales y cerrar diversos organismos estatales. La urgencia responde a la necesidad de aprovechar las facultades delegadas, sancionadas en 2024, que permiten al presidente legislar sin pasar por el Congreso en ciertas áreas.

Entre las reformas más relevantes, destaca la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que podría incluir despidos, venta de activos y cambios en su gobernanza. Otros organismos bajo revisión son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Instituto Nacional del Cáncer, cuya desregulación aún no ha sido reglamentada. Las carteras de Salud, Capital Humano y Economía concentrarán el mayor volumen de cambios pendientes.

La implementación de los decretos enfrenta desafíos, ya que cada normativa requiere una exhaustiva revisión legal, lo que podría retrasar su entrada en vigor dentro de los plazos establecidos. Además, fuentes gubernamentales indicaron que los anuncios podrían posponerse debido al feriado o a eventos de alto impacto mediático.

En paralelo, las reformas incluyen una nueva reducción del personal estatal, cuya planta se redujo de 322.000 a 292.000 empleados en el último año. Los salarios de los altos funcionarios permanecen congelados desde diciembre de 2023, mientras que los monotributistas reclaman actualizaciones pendientes desde octubre pasado.

Una incertidumbre clave es el futuro del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, tras el vencimiento de las facultades delegadas. Aunque podría mantener un rol consultivo, su capacidad para impulsar reformas se verá significativamente limitada. 

Fuente: con información de DIB

El Gobierno confirmó la transformación de la Casa de Moneda en una Sociedad Anónima Unipersonal. La medida se tomó mediante el decreto 295/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial. 

El Gobierno ratificó la decisión del Directorio de Casa de Moneda de transformar a la entidad en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) y dispuso la prórroga por 120 días de su intervención, que continuará a cargo de Pedro Cavagnaro.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida forma parte del proceso de adecuación de la Casa de Moneda como sociedad anónima, luego de que se realizará una asamblea en diciembre del año pasado donde se dispuso su transformación.

La nueva estructura que se propone es a través de cinco unidades de negocio: la fabricación de dinero circulante; la producción de estampillas fiscales y/o instrumentos fiscales de control (IFC) y servicio de trazabilidad; la producción de pasaportes; la producción de chapa patente y los servicios de atesoramiento y de destrucción de billetes a favor del Banco Central.

En el estatuto publicado en el anexo de la resolución, se especifica un capital social de $123.519.854, representado por igual cantidad de acciones nominativas no endosables de un peso cada una y derecho a un voto por acción.

El decreto mencionó que “a través del DNU N° 70/23, entre otras cuestiones, se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025″. Y planteó que “la citada norma tuvo en consideración que a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas”.

A fines de octubre de 2024, el Gobierno confirmó la intervención por 180 días de la Casa de Moneda. Previamente, había establecido la suspensión de la impresión de billetes, por lo que el único rol de la empresa estatal seguía siendo la producción de chapas patentes y otros documentos como pasaportes y cédulas.

Según datos aportados por la gestión libertaria en octubre del año pasado, la Casa de Moneda tenía 1.318 empleados y un déficit operativo de $14 mil millones, lo que la ubica en el noveno lugar en el listado de las compañías públicas con déficit. En ese mes fue intervenida.  

Aunque jurídicamente la mutación es significativa, el proceso no implica por ahora una pérdida de control estatal: el Estado nacional continúa siendo el único accionista, tal como quedó estipulado en el nuevo estatuto aprobado oficialmente. (DIB)

Al respecto, representantes gremiales de la Casa de Moneda advirtieron días atrás que se está “buscando el cierre” de la empresa, así como “estigmatizarla”, responsabilizándola por la falta de chapas patentes de automotores, una de sus funciones.

El juez Alejo Ramos Padilla declaró la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del decreto presidencial que había dispuesto el nombramiento en comisión como jueces de la Corte Suprema de Manuel García-Mansilla y de Ariel Lijo.

De esta manera, el magistrado a cargo del Juzgado Federal N°2 de La Plata, dictó sentencia definitiva en el amparo iniciado por distintas organizaciones que solicitaban declarar la nulidad e inconstitucionalidad del Decreto N°137/2025. Pese a que García-Mansilla renunció tras estar 40 días en el cargo y Lijo nunca asumió, el fallo busca sentar un precedente para evitar otras maniobras similares del Ejecutivo en un futuro.

“La Corte Suprema sostuvo que puede funcionar adecuadamente con tres miembros e indicó el mecanismo específico para su integración con conjueces en los casos excepcionales donde no se lograra el acuerdo necesario para tomar una decisión”, argumentó Ramos Padilla. Y sostuvo que “el nombramiento en comisión del García-Mansilla resulta más perjudicial para el sistema de administración de justicia, la división de poderes y la independencia judicial que acudir a la designación de conjueces”.

La decisión de Milei, acompañado por sus ministros, de impulsar mediante un decreto la designación de jueces en comisión “es violatoria de la forma republicana de gobierno, de la división de poderes, de la independencia del Poder Judicial y de la garantía del juez imparcial”, remarcó el juez federal en el fallo.

En ese sentido, defendió el procedimiento vigente al señalar que, tanto la necesidad de contar con un “adecuado sistema de nombramiento de jueces que garantice la independencia judicial” como la aprobación de los pliegos a través “de una mayoría agravada en el Senado”, acompaña la jurisprudencia de la Corte Suprema “dictada con posterioridad a la reforma constitucional de 1994 y con distintos precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

A fines de febrero, Milei decidió avanzar con la firma de un decreto para nombrar en comisión a Lijo y García-Mansilla, pese a no contar con el apoyo del Senado. Entre los fundamentos esgrimidos, indicó que la Constitución faculta al mandatario nacional a “llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

El decreto finalmente llegó al Senado el 3 de abril. En una sesión especial, los nombramientos propuestos no lograron alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios y fueron rechazados. Días después, García-Mansilla presentó su renuncia, y ahora, tras dos semanas, el juez le dio un nuevo revés al Ejecutivo.

Fuente: DIB

En el 43° aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, el presidente Javier Milei firmó un decreto mediante el cual se reconocerá con el rango de subtenientes de reserva a todos los soldados aspirantes a oficiales de reserva (AOR) que combatieron en el conflicto del Atlántico Sur y que hasta hoy no habían sido oficialmente ascendidos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la medida fue anunciada este martes a través de un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, donde se reafirma además el reclamo de soberanía argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El texto oficial afirma que esta decisión se enmarca en una política de reparación histórica para con las Fuerzas Armadas y los veteranos de guerra, y busca poner fin a una etapa “en la que la política los estigmatizaba y desvalorizaba”. En ese sentido, se destaca que el actual Gobierno inició un proceso de “reconciliación nacional” con las Fuerzas Armadas.

“La lucha por las Malvinas no cesará hasta que nuestra bandera vuelva a flamear en las Islas”, concluye el documento firmado por el Ejecutivo.

Fuente: NA

El Gobierno prepara un decreto para que las fuerzas de seguridad puedan reutilizar armas decomisadas. La iniciativa la impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y la mesa técnica de Javier Milei ya está revisando los detalles. En Nación esperan que la norma se publique en los primeros días de enero en el Boletín Oficial.

Se trata de modificaciones sobre la reglamentación de la Ley del Registro Nacional de Armas de Fuego y Materiales Secuestrados (25.938), que se publicó en 2005 en el Boletín Oficial bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Es el decreto 531/2005, que fija los lineamientos del proceso de destrucción de armas incautadas.

Según la norma actual, las armas decomisadas se destruyen una vez que termina el proceso judicial que se inició a raíz de la incautación. El proceso de registro y destrucción lo regula la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que tiene cerca de 100.000 armas en establecimientos a la espera de la decisión de jueces.

La Casa Rosada incluirá una tercera categoría en el articulado de la ley que habilite la reutilización de las armas decomisadas por los agentes de seguridad en caso de que estén en buenas condiciones y coincidan con el modelo vigente que usa la fuerza.

El Gobierno no definió en el articulado de qué forma se redistribuirán las armas incautadas entre las fuerzas de seguridad: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (PFA), Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal.

En Balcarce 50 reconocen que la mayoría de las armas decomisadas no tienen un posible margen de uso, pero aseguran que “se suelen secuestrar una gran cantidad de pistolas de nueve milímetros, que son las que usan las fuerzas”.

“Hoy solo se conciben las categorías de depósito transitorio y de destrucción directa. Queremos establecer la posibilidad de reutilizar las armas que estén en buen estado. En muchos allanamientos se termina encontrando una armería entera sin uso, que se termina destruyendo”, expresó un funcionario.

Las fuerzas de seguridad deben notificar actualmente el lugar y fecha del secuestro junto con el tipo de arma, sistema de disparo, marca, modelo, calibre y numeración de serie. El reporte debe incluir además los detalles del tipo de munición y su cantidad.

El decreto forma parte de una serie de cambios que está realizando el Gobierno en el ministerio que preside Patricia Bullrich, que pasará a llamarse de “Seguridad Nacional”. El proceso incluye también un traspaso de atribuciones de otras carteras -como Defensa y Justicia- para ampliar sus funciones.

El Ejecutivo prepara además una Ley de Seguridad Nacional para darle más poder a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a las Fuerzas Armadas. Milei anunciará el envío del proyecto en la apertura de sesiones ordinarias del primero de marzo.

La iniciativa contiene la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que coordine la estrategia exterior. Lo integrarían en principio el presidente, los ministros de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Incluye también cambios en el marco de acción de las Fuerzas Armadas en el territorio interno. Buscan fijar una legislación que habilite a los militares a derribar avionetas que violen el espacio aéreo argentino. Lo mismo aplica para los combates a fuego contra carteles nacionales de narcotráfico que los ataquen.

Fuente: TN

A través del Decreto 1027/24 del Gobierno nacional estableció como días no laborables con fines turísticos para el año próximo el 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre. Sin embargo, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG) manifestaron que el mismo “ha creado incertidumbre respecto a los feriados para el próximo año 2025”.

A través de un comunicado, desde la entidad reconocieron que si bien en los considerandos del decreto se establece que “la facultad de fijar tres feriados anuales resulta una política destinada a fomentar el turismo”, por otro lado “asigna a los días festivos correspondientes al año venidero el carácter de día no laborable con fines turísticos”.

En ese sentido, los empresarios indicaron que “en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador”. Ante esto, “si desde la actividad privada se determina la existencia de una jornada laboral común, el turismo se verá afectado ya que eso impactará de manera directa en el flujo de visitantes convirtiendo a dicho feriado en un fin de semana más”.

Por este motivo es que desde la Asociación invitaron a las demás filiales de la provincia de Buenos Aires para elevar en conjunto a la Jefatura de Gabinete de ministros una petición para “modificar dicha norma”.

En medio del conflicto que se desató luego de que el presidente Javier Milei firmara el veto al financiamiento universitario, que derivó en una serie de tomas de instituciones educativas por parte de alumnos y docentes, el Gobierno firmó hoy una resolución que lo habilita a auditar las casas de altos estudios.

De acuerdo con el documento firmado por el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, se autoriza a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a controlar los fondos que se destinan a estas entidades.

Hasta el momento, la tarea solamente podía ser realizada por la Auditoría General de la Nación (AGN), un cuerpo que responde al Congreso, no al Poder Ejecutivo, y que está encabezado por Juan Manuel Olmos, vicejefe de Gabinete durante la administración de Alberto Fernández.

“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, señala el dictamen de Barra.

Para el funcionario, “el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521″.

La decisión se las habían comunicado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, a los diputados del PRO y del MID que participaron de las habituales reuniones de seguimiento legislativo en la Casa Rosada.

Un día después de aquel encuentro, se firmó el dictamen en el que se indicó que el artículo 1° de la Constitución Nacional apoya la existencia de mecanismos de control sobre la gestión pública y “no puede olvidarse que los objetivos de ética y transparencia constituyen principios generales reconocidos por normas de rango superior a las leyes”.

Para Barra, “de modo alguno podría interpretarse que el marco normativo veda a la SIGEN a ejercer el control interno”, ya que el hecho de que la Ley de Educación Superior prevea expresamente que todas las universidades “deben generar mecanismos de auditoría interna”, no implica que el organismo no pueda cumplir también ese rol.

“Ello no solo no surge de la norma, sino que tampoco sería incompatible uno y otro control, que se encuentran presentes –ambos– en la mayoría de los entes descentralizados o autárquicos”, remarcó el procurador del Tesoro.

La medida se enmarca en un contexto de conflicto entre el Gobierno y las autoridades de las casas de altos estudios, a las que el presidente Milei quiere supervisar para hacer un seguimiento de los fondos que se destinan a estas instituciones.

“En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos, cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo común para poder estudiar”, sostuvo Javier Milei el sábado al presentar el nuevo nombre del ahora ex CCK, que pasó a llamarse Centro Cultural Palacio Libertad Domingo Faustino Sarmiento.

Todo surgió luego de que el mandatario firmara un veto que anuló el proyecto que había sido aprobado en el Congreso y que establecía un aumento para todo el personal docente y no docente del sector, lo que motivó a las tomas en los edificios educativos.

Una de las iniciativas del Poder Ejecutivo es controlar que las universidades respeten “los procedimientos de compra que tiene todo el Estado” y cumplan con “los mismos estándares que en la administración pública”. Así lo anticipó en una entrevista radial el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque la idea surgió de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, a cargo de Alejandro Álvarez, un área que está bajo la órbita de Capital Humano.

Desde esos despachos oficiales se aseguró que “se está evaluando la forma de implementar esa medida” que, “en principio, no afecta la autarquía de las universidades nacionales, en tanto no indica ni autoriza qué deben comprar o dejar de adquirir”, sino que se busca “que el sistema sea más transparente”.

Fuente: Infobae

Con los votos del interbloque de Juntos por el Cambio y Crear más Libertad, el Concejo Deliberante aprobó este jueves la adhesión de la Municipalidad de General Pueyrredon al Régimen de Incentivo para la Grandes Inversiones (RIGI). En tanto, Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador se opusieron.

El RIGI había generado una gran polémica en la provincia de Buenos Aires, ya que fue presentado por el Gobierno nacional para fomentar las inversiones, pero Provincia no se adhirió y, como un acto de rebeldía, dijo que crearía el RIGI bonaerense. Esto último nunca ocurrió.

Uno de los primeros en referirse a la aprobación del Concejo fue el diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Alejandro Carrancio, quien consideró que se trata de “una gran noticia para Mar del Plata” y vaticinó: “Ahora sí vamos a atraer grandes inversiones y fomentar la creación de empleo”. 

"Bienvenidos todos los que la empiezan a ver", comentó la concejal de LLA, Cecilia Martínez.

Semanas atrás, el presidente del bloque de diputados provinciales de la UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, le había dicho a este medio: “Por un capricho del gobernador o una pelea de Kicillof con Milei jugando a la candidatura presidencial de 2027, no podemos perjudicar el desarrollo estratégico-productivo de la provincia de Buenos Aires. Perder una inversión como la instalación de una Planta de Gas Licuado (GNL) en Bahía Blanca o de otras que no son tan grandes, por un capricho de no adherir a una ley nacional, le está costando muy caro a los bonaerenses”.

Además, había explicado: “La ley nacional del RIGI establece beneficios impositivos federales para las empresas que quieran hacer inversiones por encima de los 200 mil dólares. Por ejemplo, por 30 años se van a mantener las alícuotas o se los va a exhibir de determinados impuestos, es decir que son algunas atracciones para que inviertan acá. Lo que se genera es una seguridad jurídica por 30 años, ya que no se modifican las reglas del juego, que es lo que siempre sucedió en Argentina”.

Y en esa ocasión también sostuvo que las provincias para adherirse debían establecer un sistema “parecido” al nacional, en torno a “la estabilidad impositiva y las condiciones del gravámenes”, mientras que los municipios tienen que "establecer por un tiempo determinado las mismas condiciones, como por ejemplo, que no van a pagar tasas de seguridad e higiene ni tendrán gastos de habilitación, ese tipo de cuestiones”.

Trabada la posibilidad de llegar a buen puerto en el Congreso, el Gobierno Nacional decidió por decreto establecer la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que impactará en los haberes recién a partir de julio. Para abril, mientras tanto, se aplicará un ajuste del 12,5% decidido por el Gobierno, más adelantos todavía no precisados de la movilidad correspondiente a junio que se otorgarán, también, con los haberes de mayo.

Tal como habían adelantado desde Casa Rosada, la actualización estará basada en el Índice de Precios al Consumidor. Pero la publicación sorprendió al contradecir un comunicado oficial del viernes último. Al final, el ajuste por inflación llegará recién en el mes de julio. Mientras tanto, habrá un esquema de transición.

Esto va en contra de lo publicado por la Oficina del Presidente de la República que aseguraba, el 22 de marzo, que “desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor”.

Por el efecto del bono de $70.000, la mínima en abril volverá a ser de $204.445

La actualización por inflación, entonces, deberá esperar. Mientras tant, para el mes entrante habrá un porcentaje de suba que será del 12,5%. Son dos puntos por encima de la propuesta inicial del ministro de Economía, Luis Caputo, que queda, sin embargo, por debajo del 20 por ciento que exigía la oposición.

Y que no se sentirá en los haberes más bajos, que ya tenían una suba en sus montos de bolsillo por la aplicación de un bono de $70.000. La mínima, quedará por segundo mes consecutivo en los $204.445 que se pagaron en marzo. Percibirán aumentos los que superen ese nivel de haber o quienes, estando por debajo

“Los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC)”, se estableció en el Decreto 274/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial. “En ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario”, se aclaró.

De acuerdo a la nueva fórmula, el Gobierno ejemplificó: “En julio de 2024 se abonará la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a mayo de 2024. En agosto se abonará la variación correspondiente a junio, y así sucesivamente”.

Además del incremento extraordinario en abril, en mayo se abonará un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio del mismo año; y en junio un incremento calculado conforme a la pauta fijada en el artículo 32 de la Ley N° 24.241. Dichos aumentos “serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente. Una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido”, explicó el Poder Ejecutivo. “En caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula mencionada en el primer párrafo de este artículo, no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante”, se agregó.

En los considerando, el Gobierno cuestionó la fórmula de movilidad vigente: “Ha arrojado resultados desastrosos para los jubilados y pensionados del país, quienes han sufrido una notoria pérdida del poder adquisitivo”.

“La urgente necesidad de modificar la fórmula jubilatoria a los efectos de lograr mantener el estándar de vida de los adultos mayores y evitar que continúen perdiendo poder adquisitivo y el inminente inicio del mes de abril, cuyo transcurso dificultaría el debido empalme de fórmulas dan cuenta de las circunstancias excepcionales que exigen el dictado del presente decreto”, justificó.

“Que la gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes”, sentenció el Poder Ejecutivo a través del decreto que lleva la firma de Javier Milei y de todo el Gabinete de Ministros.

Fuente: Infobae.

Sin esperar a que lo discuta el Congreso de la Nación, el Gobierno aplicará por decreto que las jubilaciones y pensiones se actualicen por inflación a partir de abril. A su vez, dispondrá un ajuste de entre 12% y 14% para compensar parte del costo de vida de enero, según trascendió hoy de fuentes del sistema previsional.

El Poder Ejecutivo determinará por decreto que las jubilaciones en abril se actualicen por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una compensación que estaría entre el 12 y el 14% por la inflación de enero. Hecho este empalme, el Gobierno pretende que a partir de mayo las jubilaciones se actualicen por el IPC mensual.

De esta manera, la Casa Rosada busca adelantarse a la discusión que pretende dar la oposición en el Congreso.

En un principio, la gestión de Javier Milei pretendía que la nueva fórmula jubilatoria se tratara como un capítulo dentro de la nueva Ley Bases, que de acuerdo a los tiempos que quiere manejar la Casa Rosada, se trataría en diputados recién a mediados de abril.

Si bien la nueva Ley Ómnibus viene cosechando consensos en buena parte de su contenido, tanto el bloque Pro como el radicalismo y Hacemos Coalición Federal –los bloques más amigables para el oficialismo– le plantearon al Gobierno que era imperioso cambiar cuanto antes la fórmula previsional, luego de la fuerte pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los haberes jubilatorios en los primeros dos meses del año.

En tanto, los diputados opositores de la Comisión de Previsión y Seguridad Social decidieron impulsar una ley de movilidad jubilatoria por su cuenta. Y ante la falta de acuerdos, el Poder Ejecutivo decidió anticiparse y avanzar por decreto con la fórmula que diseñó el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo.

La utilización de este instrumento jurídico fue una alternativa que se debatió mucho en el seno del Gobierno en los últimos días, porque la primera intención era que este tema tuviera fuerza de ley. Pero finalmente se definió avanzar de forma unilateral, sin llevarlo al Congreso.

En el borrador de la nueva Ley Bases, el Gobierno había propuesto una fórmula jubilatoria que indexe por inflación a partir de abril con una compensación adicional del 10% por la inflación de enero. Por su lado, los bloques dialoguistas de Diputados exigían una compensación mayor, que contemple enteramente lo que los jubilados y pensionados perdieron por la inflación del primer mes del año, que fue de 20,6%.

Por Marcelo Marcel

Tal como lo adelantó de manera exclusiva El Marplatense, a partir de julio, el nuevo sistema de scoring empezará a regir para todas las licencias de conducir. Establece una serie de puntos que disminuyen a medida que se cometen infracciones de tránsito. En el caso de alcanzar los cero puntos, se suspenderá el registro del conductor como última instancia de aplicación del nuevo formato.

Anteriormente, este sistema solo era utilizado en algunas provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en mayo, el Ministerio de Transporte oficializó este formato para todo el país a través del Decreto 242/2022.

Desde la firma de la normativa, que fue el pasado 6 de mayo, las provincias tenían 60 días para su implementación por lo que desde el próximo 6 de julio empezaría a regir el scoring para los conductores.

La #SeguridadVial depende de cada uno de nosotros. Cada conductor o conductora, además de respetar las normas, debe asegurarse que su vehículo esté en condiciones de circular y así prevenir posibles siniestros viales.?️1 al 7 de julio: Semana de la #SeguridadVehicular??️ pic.twitter.com/tPB4o2qneS

— Seguridad Vial (@InfoSegVial) July 1, 2022

Asimismo, en caso de sufrir una suspensión aplicaría en todas las jurisdicciones. A pesar de ello, cada provincia mantiene la libertad de elegir los límites y las distintas reglas que establece para otorgar como para quitar puntos.

¿Cuántos puntos hay y qué pasa al llegar al límite? Los portadores de las licencias de conducir tienen 20 puntos que pueden ir bajando a medida que cometen infracciones de tránsito. El valor que se descontará depende de la gravedad de la falta.

Cuando se llega a cero, la licencia es suspendida por 60 días, para luego restablecerse con 10 puntos. Mientras que a nivel nacional, esto se realiza de manera automática, la CABA exige realizar y aprobar un curso de educación vial.

Las causas con mayores penas -que contemplan la quita de los 2o puntos- son: conducir inhabilitado o participar de competencias organizadas de velocidad (conocidas como picadas); en tanto manejar alcoholizado quitará la mitad de los puntos: 10.

Cuando esté vigente esta medida, que aguarda con expectativas el ministerio de Transporte de la Provincia, situación que pondrá a Mar del Plata en adhesión lógica, sobre todo porque el intendente Montenegro prometió ordenar la circulación vial (aunque se le esté cayendo el proyecto de Fotomultas) los que circulen sin casco perderán 5 puntos, al igual que quienes no respeten los semáforos.

En Mar del Plata, más allá de las consultas realizadas oportunamente, no se dio a conocer ninguna palabra oficial, aunque las fuentes consultadas deslizaron que "acataremos lo que Provincia haga", en una clara demostración que en ese tema deben estar los distritos alineados al tratarse de un decreto Nacional en pos de mejorar la seguridad vial y de las personas, algo por lo que viene trabajando desde hace tiempo y reclamando soluciones al Estado.

Por Marcelo Marcel

Luego del video que se viralizó y por el que se tomó real conciencia del peligro que resulta manejar en Mar del Plata bajo los efectos del alcohol, la discusión sobre la "Tolerancia 0" volvió a posicionarse en la primera plana local.

Las frases "Si nos matamos, nos matamos" que manifestaba Ignacio Aróstegui mientras circulaba a alta velocidad por la costa marplatense, observar desde el mismo video la velocidad que llevaba y cómo iba tomando las curvas de las torres Pelli y la de Playa Chica, conmovió desde el mismo momento en que el video llegó a cada celular de un marplatense o batanense.

Claramente el hecho en sí es un disparador importante para que se de una nueva discusión en el ámbito político marplatense. Sobre todo, cuando está en vigencia el decreto del intendente Carlos Fernando Arroyo. En su momento también se lo envió al entonces titular del bloque de Cambiemos en la cámara de Diputados provincial, Manuel Mosca, pero nada hizo para que avance.

Por medio del decreto N°1980/18 (desde el 24 de septiembre de 2018), el entonces jefe comunal puso en vigencia la denominada "Tolerancia cero" y justificó su decisión por la "preocupación" que se desprende de la "gran cantidad de accidentes de tránsito que hay en la ciudad, los cuales en su mayoría son a causa del alcohol", según explicó.

En el expediente firmado por Arroyo, se establece en su artículo 2 que "queda prohibido, en todo el territorio del Partido de General Pueyrredon, la conducción de cualquier tipo y/o especie de vehículo y/o medio de transporte con una presencia de alcohol en sangre superior a CERO (0) miligramos por litro de sangre.”

A su vez, en el artículo 3 del se señala que “queda prohibido, en todo el territorio del Partido de General Pueyrredon la conducción de cualquier tipo de vehículos bajo el consumo de estupefacientes y/o psicotrópicos y/o cualquier otra sustancia que disminuya la aptitud de conducir”.

"No quiero más muertos. Debemos entender que el alcohol al volante mata", enfatizó Arroyo quien agregó: "Debemos convencernos que beber alcohol y conducir son acciones incompatibles. Pido a todos los vecinos de la ciudad que tomen esta iniciativa como propia. La seguridad vial es una responsabilidad de todos”.

La medida, tomada hace 4 años, fue bien recibida por los conductores en Mar del Plata y Batán, de acuerdo a un relevamiento que este medio realizó tras la decisión de Arroyo.

MEDIDAS DE CONDUCTOR DESIGNADO 

Una decisión del gobierno de Cambiemos local en el 2016 fue poner en marcha el programa "Conductor Designado", una iniciativa que contemplaba que a la persona “asignada” por el grupo de amigos se le colocaba un precinto en su mano y podría consumir bebidas sin alcohol de forma gratuita.

"El objetivo de esta iniciativa fue generar conciencia acerca de un consumo responsable de bebidas alcohólicas a la hora de conducir", indicó quien lo coordinaba, Emiliano Mensor, a cargo de Mar del Plata Segura, dirigida por Gustavo Blanco.

En el acto de presentación, en un bar ubicado en la zona de Playa Grande participaron integrantes del Observatorio Vial, entre otros, además de funcionarios de Arroyo.

Actualmente, algunos empresarios de boliches y de la nocturnidad, están pidiendo que este programa u otros similares se pongan en práctica. "Estamos cansados de decirles a los funcionarios que no queremos más chicos muertos", confió un importante referente de la nocturnidad a El Marplatense.

UNA ORDENANZA QUE DUERME EN EL HCD

Sobre este tema, el ex Secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, declaró en CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3) que "creo que lo que pasó con este chico es un disparador importante para que se de una nueva discusión en el ámbito político".

"En Mar del Plata se sancionó un decreto en el año 2018, en el cual se estableció la tolerancia 0 para conducir cualquier tipo de vehículos y al no haber sido derogada esa norma sigue vigente. Se realizó ya que se comprobó que más del 50% de los siniestros viales, que ocurren en el Partido de General Pueyrredon, eran por este motivo. Lo que se esperó era la ordenanza que hasta lo que yo sé no fue tratada".

Peligro, borracho al volante: perdió el control y chocó a un joven que llevaba un carro - https://t.co/NRBB19VwkH

— El Marplatense.com (@ElmarplatenseOK) November 22, 2021

"En este último tiempo hemos podido corroborar esta situación de que alcohol es protagonista de muchos siniestros de nuestra ciudad. La ley Nacional de Tránsito establece que las autoridades locales, cuando circunstancias excepcionales, y fundamentadas, pueden apartarse de dicha ley y de ese modo tanto los Municipios como las Provincias pueden regular de manera diferente. De modo en el que se está imponiendo esta nueva idea de que cuando se conducen vehículos no hay que ingerir alcohol", agregó.

Asimismo, mencionó que “esta norma se sancionó tiene que ir acompañada con campañas de difusión y concientización. Programas que sean acompañados no solo por el Estado, también por organizaciones no gubernamentales. Esta ordenanza tendría que ser un acuerdo de todas las fuerzas políticas y que sea pionero General Pueyrredon en la Provincia y así preservar la vida y salud. Con esto no se va a radicar la diversión, ni la actividad nocturna, esto va a generar en el transporte público un incremento en el transporte público". 

DATOS OFICIALES

Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, "Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro y Santa Cruz. También en las ciudades de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Pueblo Esther, Neuquén, Ushuaia, Río Grande, Posadas y Moreno, tienen mejores resultados de siniestralidad vial".

El informe de la ANS establece que en promedio las personas testeadas con una graduación de entre 0 y 0,5, fue menor a las de las jurisdicciones sin esta normativa.

A su vez, en las cuatro ediciones de Alcoholemia Federal en las que se basó el estudio, los test positivos de los conductores nunca superaron el 7 por ciento del total. Sin embargo, estos casos positivos, aunque son minoritarios, indican altas graduaciones alcohólicas que representan un riesgo para todas las personas que transitan por la vía pública.

Para demorar al máximo posible la difusión en el país de la peligrosa cepa Delta del Coronavirus, el presidente Alberto Fernández firmará un decreto que extenderá sin cambios la mayoría de las medidas de cuidado vigentes, pero restringirá el ingreso de viajeros desde el exterior hasta la mitad de los permitidos hasta ahora.

La provincia de Buenos Aires, además, los obligará a realizar la cuarentena posterior en hoteles y no en domicilios particulares como hasta ahora, para evitar incumplimientos.

El pedido para reducir los vuelos, una recomendación que el comité de expertos le había hecho llegar a Fernández, fue la principal medida bajo análisis en las horas previas a extender el DNU, que regirá por las próximas dos semanas, hasta el 9 de julio, bajo la lógica de que los casos, el número de muertes y el de uso de camas UTI vienen en descenso. La preocupación es ahora que la cepa Delta, de la que en el país se detectaron pocos casos y que hasta ahora no se expandió, ingrese por Ezeiza y acelere una tercera ola de pandemia.

Con el último DNU, el vigente, el Gobierno redujo la cantidad de vuelos permitidos y a la vez amplió los destinos prohibidos: a Inglaterra, India, Brasil. México y Chile, entre otros, agregó Turquía y los países del continente africano. Se acotaron, además, las excepciones: los extranjeros no residentes que viajaban por trabajo, que antes no debían hacer cuarentena, tuvieron que empezar a hacerlo.

Con ese esquema, hasta hoy ingresan al país desde el exterior entre 1.500 y 2 mil pasajeros por día. Las nuevas restricciones reducirán ese número a la mitad o, incluso, un poco más, hasta el 70%. Con eso se sella prácticamente la frontera, explicaron desde el gobierno, ya que los pasos fronterizos por tierra son mucho más restrictivos.

Sobre esa base, el decreto dejará librado a cada provincia la decisión de qué hacer con la cuarentena obligatoria de siete días que deben cumplir quienes ingresan al país –aun con PCR negativos- y que hasta ahora se podía hacer en domicilios particulares. Según pudo saber DIB, el gobierno de Axel Kicillof plantea establecer la obligatoriedad de realizarla en hoteles, que deberán contar con la asistencia necesaria para los viajeros. La provincia plantea pedirle a quienes salgan del país la firma de una declaración jurada en la que se acepte esa medida.

La lógica de la medida es clara: Es más fácil controlar que la cuarentena no se iole si se realiza en un hotel asignado por el Estado.

Ayer, se conocieron datos sobre los operativos de control de las personas que están cumpliendo esa medida en la actualidad en sus casas que revelaron altos nieles de incumplimiento. El 54% de los contorlaos en Bahía Blanca no estaba en aislamiento en su casa cuando se realizó el chequeo y el 58% de los marplantenses tampoco, por caso.

El intendente Guillermo Montenegro firmó el decreto mediante el cual se habilita, de forma precaria, siete nuevas actividades en Mar del Plata. Se trata de los administradores de propiedad horizontal, academias de conducir, talleres de autos (para no esenciales), empresas TIC, lavaderos de autos (para no esenciales), fotografos profesionales y administración y cobranzas de universidades privadas.

El decreto señala que las secretarías de Salud, Desarrollo Productivo y la subsecretaría de Inspección General deberán garantizar el cumplimiento de los protocolos respectivos, vigentes y aprobados, y de las normas dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria.

La Comisión Especial de Reactivación Económica se había reunido este martes con el objetivo de avanzar sobre la elaboración de un texto para recomendar al Ejecutivo municipal la habilitación de estas siete actividades.

Se tratan de los primeros sectores que no fueron autorizadas por el gobierno provincial que podrán retomar su actividad de forma "precaria".

#NuevasActividades Desde la Comisión Especial de Reactivación Económica del Concejo Deliberante hoy elevamos una recomendación al Intendente @gmontenegro_ok, quien firmó un decreto habilitando, a través de permisos precarios, la #apertura de siete nuevas actividades en la ciudad. pic.twitter.com/WnfyLlfVqJ

— Fernando Muro (@FernandoMuroOK) June 30, 2020

La Comisión tiene como objetivo “analizar, avalar y aprobar el otorgamiento de permisos precarios para la apertura y desarrollo de aquellas actividades cuyas respectivas autorizaciones se encuentren pendientes de resolución en los ámbitos del Gobierno Provincial o Nacional”.

Quedaron fuera de esta reapertura precaria son los gastronómicos, quienes aguardan por una respuesta positiva este miércoles para volver a funcionar de forma provisoria hasta la habilitación provincial.

Enorme satisfacción que desde la comisión que impulse en el HCD, y en conjunto con todas las fuerzas políticas, hoy recomendamos y el Ejecutivo autorizó la vuelta a la actividad de 7 sectores que venían reclamando x soluciones. pic.twitter.com/gAS0xgENMr

— Alejandro Carrancio (@alecarrancio) June 30, 2020

Este lunes, el secretario de Desarrollo Productivo, Fernando Muro, confirmó que este martes se llevará a cabo la reapertura de los comercios minoristas de bienes no esenciales en el distrito de General Pueyrredon, luego de la aprobación de los protocolos presentados.

El intendente Guillermo Montenegro firmó el decreto en donde se autoriza dicha apertura de locales. En principio, el permiso tiene validez a partir de este martes y por un plazo de 72 horas, en las que los comerciantes “deberán respetar y hacer respetar las condiciones de seguridad e higiene dispuestas en los Protocolos Sanitarios correspondientes”.

El Marplatense habló con comerciantes minoristas, quienes aseguraron que no piensan dar marcha atrás de haber cambios, tal como les pasó después de la "Prueba Piloto".

Leandro Furundarena, comerciante de la zona de San Juan, remarcó que "si llega a haber alguna modificación o se vuelve atrás con el protocolo nosotros igualmente a partir de este martes abrimos, no vamos a permitir tener un día más cerrado. A partir de acá ya no retrocederemos con las medidas, así que mañana volvemos a nuestra actividad normal".

"Respecto a las medidas de higiene son las mismas conocidas, el tapabocas, el trapo con lavandina antes del interior del local, el alcohol en gel, la distancia social. Por parte de la gente acudir a los comercios de cercanía", indicó.

Además, Furundarena habló sobre las tasas y dijo que "hay muchos, y me incluyo, que todavía no hemos pagado las boletas que nos llegaron de la Municipalidad". "Nuestras prioridades son la luz y el alquiler y todo lo que conlleva, alumbrado, barrido limpieza, pero no podemos abonarlos ahora y seguiremos así hasta que podamos volver a reactivar el comercio y reestablecernos después de este tiempo cerrados", expresó.

"La modalidad sigue siendo take away para aquellos comercios que venden productos consumibles, para evitar que las personas se quiten el tapabocas". Y añadió: "En cuanto a los comercios de indumentaria, la gente no podrá probarse la ropa". Respecto a otras ventas "como pochocleros, shoppings, gimnasios", Furundarena dijo que "todavía no van a poder abrir".

El comerciante también habló sobre "la aplicación que hay que bajar para circular" y dijo que la "analizaron y muchos están en contra porque ya estamos grandes para que nos controlen para llevar a cabo nuestra actividad laboral".

Y agregó: "Muchos se van a mantener en esa postura de no bajarla, por no querer estar controlados y dependiendo del movimiento del celular en cada situación. Eso también avala que por medio del GPS puedan ver todo lo que haces, y no está bueno".

Uno de los puntos del nuevo protocolo, indica que ni los propietarios ni los empleados de los comercios pueden utilizar transporte público, sino que deberán llegar por otro medio. En referencia a esto, expresó que "la mayoría con los que he hablado cuenta con vehículo particular". Sin embargo, dijo que van a "empezar a discutir a ver cuál es la opinión en concreto por el tema del traslado".

Por otra parte, Renzo Forace, propietario de "The Tunnel Group", sobre Castelli al 1200, comentó que "es polémico", aunque a él "no le afecta", ya que la gente que trabaja en su local "vive relativamente cerca y vienen en bicicleta o caminando".

Y añadió: "Es complicado, tengo gente conocida con locales en zona Güemes que tienen empleados que viven lejos". "Es raro, porque si te pones a pensar que no hay chicos yendo al colegio o las universidades, no se si es tanto lo que podrían cargar el transporte público", señaló.

Por último concluyó sobre la reapertura: "Hay que respetar todas las cuestiones sanitarias, y pienso que con el frío que se vino y vendrá no creo que tampoco haya un aluvión de gente que salga a comprar toda de golpe, y más sabiendo que los locales ya empezarán a estar abiertos todos los días de lunes a sábado".