La jueza en lo civil, comercial y contencioso administrativo federal de San Martín, Martina Forns, suspendió el decreto 461 que el presidente de la Nación, Javier Milei, dictó el 8 de julio pasado y de ese modo disolvió la Dirección Nacional de Vialidad.

La magistrada, en su resolución, le ordenó al Poder Ejecutivo “abstenerse de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive del decreto mencionado, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad“.

Lo hizo al dictar una medida cautelar en una causa que inició el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional Casa Central de la provincia de Buenos Aires (SEVINA). La jueza estableció en seis meses la vigencia de la suspensión del decreto.

En su resolución, sostuvo que en el caso se dan los dos requisitos para dictar una medida cautelar: verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. “Dentro del limitado marco de conocimiento que admite el presente pronunciamiento cautelar, considero que se encuentran reunidos los presupuestos de admisibilidad previstos en las normas procesales para la procedencia de la medida de no innovar peticionada”, consideró la magistrada.

Además, Forns explicó que Vialidad Nacional “es una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones” de su decreto de creación y a las leyes que dictó el Congreso de la Nación. También que la relación laboral de sus empleados se rige por la ley de contrato de trabajo y por el régimen de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad.

“Sobre tales bases, no puedo dejar de señalar que, y tal como lo refiere la actora (Nda: el gremio que inició la causa), toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo nula de nulidad absoluta conforme lo establece el artículo 7 del mismo cuerpo normativo”, analizó la magistrada.

La jueza explicó que el decreto que disuelve Vialidad establece que el personal pasará a otras áreas del estado y que la estabilidad laboral se dará “hasta tanto se adecúen la conformación y estructura organizativa correspondiente” y con así “se vulneran las normas y garantías laborales vigentes que fueron detalladas en los párrafos precedentes”.

“Asimismo, resulta indudable que el artículo 33 del Decreto citado, al establecer que ‘todo movimiento de personal que se origine en la Comisión y en los organismos alcanzados por las disposiciones de los artículos 1°, 2° y 20 del presente decreto, ya sea con destino dentro de la jurisdicción o fuera de ella, independientemente de su figura de contratación o régimen de empleo, deberá contar con la aprobación previa de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado’, conlleva la subordinación de las decisiones relativas al personal de la Dirección Nacional de Vialidad a la exclusiva discrecionalidad de dicha Secretaría", sostuvo en otro tramo de su resolución.

Y agregó: “Dicha disposición vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales, al sustraerlos del ámbito de protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo vigentes y al interferir arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.

Así, para la jueza esta situación laboral genera “un temor a sufrir un daño inminente, derivado de un acontecimiento natural o humano, que amenaza gravemente con sacrificar un interés tutelado por el derecho”.

“Cabe señalar que la urgencia y temor de daño son las condiciones de procedencia del peligro en la demora. La falta de una protección jurisdiccional inmediata ante el riesgo cierto de un daño inminente e irreparable puede derivar en un perjuicio efectivo, frustrando el objeto del proceso y tornándolo ilusorio”, concluyó para suspender la vigencia del decreto.

El gobierno puede apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal de San Martín.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional oficializó, a última hora del domingo, la extensión del período de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por la pandemia de coronavirus hasta el 16 de agosto inclusive, según corresponda en cada región del país, en lo que implica la novena prórroga de la cuarentena que rige desde el 20 de marzo pasado.

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 641, el Poder Ejecutivo dispuso la renovación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio desde el 3 de agosto hasta el 16 del mismo mes.

En la medida, se enumeró una serie de actividades que quedarían prohibidas por estos 15 días en todo el territorio nacional. Sin embargo, las autoridades locales analizaron minuciosamente el documento considerando la Fase 5 que atraviesa el distrito.

La nueva normativa alcanza a todos los eventos sociales o familiares en los domicilios de las personas, así como en lugares como casaquintas o quinchos de alquiler, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. Desde la comuna instaron a la sociedad tandilense a no realizar este tipo de encuentros, así como se reiteró el pedido para continuar extremando los cuidados y respetando todas las indicaciones de prevención.

Tal como adelantó Teruggi en conversación con Eco TV, la decisión del Gobierno local es avanzar como hasta ahora, día a día monitoreando la situación y donde se evidencie que en la ciudad hay un problema concreto de una situación que no se puede controlar, aplicarán las normativas y restricciones que corresponda, consignó el diario El Eco en su edición de este martes.

Al respecto, poniendo como ejemplo las misas, recordó que en la ciudad se han habilitado de hasta 30 personas y la nueva normativa indica hasta 10. “Serán algunas de las cosas que nosotros mantendremos como se venían desarrollando hasta ahora, pero monitoreando día a día”, analizó.

La misma dicotomía se generó en cuanto a los recientes habilitados eventos sociales de hasta 30 personas, que nuevamente el jefe de Gabinete consideró que son una de las cuestiones sobre las que deberán trabajar.

Asimismo, aclaró que el protocolo de los eventos especifica que si bien están autorizados, deberán presentar con cinco días de anticipación un reglamento aparte por cada celebración a realizar para que sea aprobada. “A la normativa la vamos a dejar vigente, nos parece que la podemos dejar como está prevista”, informó.

Por otro lado, reveló que hay una serie de cuestiones que iban camino a obtener la habilitación a partir del lunes, como en el caso de las capacitaciones o los institutos con clases de hasta 10 personas, talleres y otras actividades, que deberán posponerse un tiempo más.

Aseveró, entonces, que en principio en Tandil se seguirá de la misma manera, con controles extremos en todos los sentidos.

“Por ahora no hemos tenido que retroceder nunca porque la situación sanitaria así lo ha permitido, por el contrario, hemos ido avanzando con las aperturas”, dijo, reconociendo que en ocasiones lo han hecho sin el aval de la Provincia. De todas formas, no dejó dudas y garantizó que si en algún momento es imperante dar marcha atrás, lo harán.

Finalmente, expresó que “a esta altura”, después de 150 días de pandemia, “ningún DNU nos puede decir lo que tenemos que hacer”.

El Presidente Mauricio Macri eliminó por decreto "las listas colectoras". La medida, que fue publicada este viernes en el Boletín Oficial, deja sin efecto el decreto 443, sancionado por la ex presidenta Cristina Kirchner en 2011, que habilitaba el uso de esta herramienta.

Según establece el decreto 259/2019, "la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como 'listas colectoras', genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores", lo que "conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno".

Tras el decreto de Macri, el artículo 15 del nuevo Código Electoral Nacional determina que: "En las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y en las elecciones generales, las distintas secciones de la boleta deberán corresponder a agrupaciones que tengan idéntica denominación". Esto significa que los partidos políticos no podrán ir divididos en la elección presidencial y unirse en otro nivel.

Sin embargo, la ley contempla que "solo en el caso en que no participen agrupaciones de igual denominación en todas las categorías de cargos a elegir, las listas que compiten por una agrupación de distrito podrán adherir sus boletas con las correspondientes a listas de una única agrupación política de orden nacional de diferente denominación".

Lo mismo rige para "las listas que compitan por una agrupación política de orden nacional". "Estas solo podrán adherir sus boletas con las correspondientes a listas de una única agrupación política de distrito de diferente denominación cuando no compita una de su misma denominación", establece el decreto.

Además, solo podrán adherirse a las elecciones generales, aquellas agrupaciones que hayan competido juntas en las PASO. "En ningún caso se permitirá que a través de un acuerdo de adhesión una misma lista de candidatos para las elecciones generales se encuentre en más de una boleta", explicaron.

Las adhesiones deberán contar "con el consentimiento expreso de los apoderados de las listas" y deberán presentarse "ante el Juez Federal con competencia electoral en el plazo establecido para la conformación de las alianzas".

Cristina Kirchner había impulsado las listas colectoras en las elecciones de 2011, pero después la herramienta siguió siendo ampliamente utilizada por todo el arco político. Según el portal de noticias TN, este jueves, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense manifestó su oposición a la medida del Gobierno, al que acusó de "querer modificar la normativa electoral para su conveniencia", y prometió llevar el tema a la Justicia.

Luego de que el Presidente Mauricio Macri anunció este lunes la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece el esquema para promover la renovación de la flota de buques con permiso de pesca vigentes, empresarios y gremialistas marplatenses que participaron este lunes de la reunión en Casa Rosa expresaron su conformidad ante la medida.

Del anuncio también participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, funcionarios provinciales, y representantes de cámaras, gremios y empresas del sector.

"En el DNU se venía trabajando desde hace casi un mes y es un documento consensuado con el sector empresarial. Estamos conformes, no es la máxima aspiración que podíamos tener pero, en esta primera etapa, creo que estamos muy bien y es importante para el sector", sostuvo Antonio Contessi a El Marplatense.

El decreto busca promover la renovación de los busques con permisos de pesca vigentes e incentivar la industria astillera nacional, para generar trabajo de calidad en la Argentina. "Estamos muy entusiasmados. El DNU contiene medidas de incentivo para la construcción en el país y permite una mayor flexibilidad a la hora de reemplazar los barcos y beneficios en el caso de que se reparen en el país", agregó el empresario.

A partir del 2040, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años. El plazo podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% de la nave. Aquellos buques que sean construidos en astilleros nacionales obtendrán una mejora del 10% en la capacidad de pesca.

"También prevé la posibilidad de incluir los buques como garantía para facilitar el acceso al crédito de los armadores. Hoy, para los bancos, ofrecer solo la hipoteca naval no es tan atractivo y no los quieren financiar", destacó Contessi.

Por su parte, Pablo Trueba, titular del Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE), aseguró en diálogo con El Marplatense que "hubo consenso en esta normativa de los astilleros locales y del sector empresarial". "De nuestra parte, con el personal de embarcados vemos y felicitamos la idea de un inicio. Si bien falta mucho por resolver, se puede llegar a una renovación de la flota", indicó.

Trueba destacó que el decreto promueve la "financiación económica para realizar un barco y el reconocimiento del esfuerzo de captura". "El Estado va a financiar ciertos créditos. La inversión será privada pero la financiación estará a cargo del Estado. Son anuncios para que, de una vez por todas, se modernice la flota", añadió el sindicalista.

En el marco de la mesa sectorial de Pesca e Industria Naval, el Presidente Mauricio Macri anunció este lunes en Casa Rosada la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece el esquema para promover la renovación de la flota de buques con permiso de pesca vigentes.

Del anuncio participaron la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el secretario de gobierno de Agroindustria, Luis Etchevehere, funcionarios provinciales, y representantes de cámaras, gremios y empresas del sector.

A partir del 2040, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años. El plazo podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% de la nave. Aquellos buques que sean construidos en astilleros nacionales obtendrán una mejora del 10% en la capacidad de pesca.

La medida permitirá desarrollar la cadena de valor del sector potenciando la construcción local, mejorando la eficiencia y seguridad del sector pesquero y generando empleo en la industria naval nacional. El sector pesquero exporta más del 90% de lo que produce. En 2018 se realizaron ventas a mercados internacionales por 2.000 millones de dólares.

Según la nueva normativa, cumplido el plazo de 20 años, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años, aunque la antigüedad podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% del buque en astilleros nacionales, o se fija como destino de captura de calamar.

Además, prevé incentivos para que los buques en reemplazo de los de mayor antigüedad sean construidos en astilleros nacionales mediante una mejora del 10% en la capacidad de pesca: aquellos buques de hasta 27 metros de eslora podrán recibir hasta un 10% adicional de especies excedentarias, con excepción de langostinos, en sus autorizaciones de captura.

Aquellos propietarios de buques con permisos de pesca vigente podrán ofrecerlos como garantía, complementaria a la hipoteca naval, junto a la autorización de captura y la cuota individual de captura.

"Esta medida es el resultado del diálogo permanente que mantuvimos con todos los actores del sector. Fija las condiciones de base que nos permitirán delinear reglas claras en términos de mejoras en la eficiencia operativa y la competitividad de la industria naval, favoreciendo, no sólo su desarrollo, sino también a la creación de más y mejores puestos de trabajo de calidad y a la generación de un mayor valor agregado", indicó el ministro Sica.

Al respecto, Etchevehere puntualizó que "esta importante medida posicionará aún más a la actividad pesquera al mejorar la seguridad en las embarcaciones con una flota renovada que permitirá aumentar nuestra productividad". Y agregó: "En la actualidad el sector de la pesca genera alrededor de 22.000 puestos de trabajo y en 2018 aportó al país un ingreso de USD 2.000 millones. Por su trascendente papel en la economía argentina es fundamental trabajar en la modernización de la flota para seguir desarrollando este sector de la agroindustria".

De la mesa participaron, entre otros, Mariano Pérez por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); Sebastián Agliano por la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera; Antonio fernando Mellino por la Cámara de Frigoríficos Exportadores de la Pesca (CAFREXPORT); César Ciccioti por la Unión de Interes Pesqueros Argentinos (UDIPA); Enrique Godoy y Horacio Martínez, por la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA); Silvia Martínez por la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA); Miguel Ángel Álvarez, por la Cámara Santafesina de la Industria Naval (CASIN) y Domingo José Contessi, por la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata.

Los referentes de los sindicatos del sector presentes fueron, entre otros, Raúl Durdos, POr el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU); Carlos Mezzamico por el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos; Armando Alessi, por el SindicaTo de Conductores Navales (SICONARA) y Juan Speroni, por el Sindicato Argentino de Obreros Navales (SAON).

Por las empresas, asistieron, entre otros, Jorge Arosa de Tandanor; Juan Pablo Basavilbaso de Iberpesca, Miguel Glikman de Newsan, Antonio Solimeno y José Américo Moscuzza. También, Mauro Zamboni del Grupo Argenova.

Antecedentes

El Gobierno ya había anunciado en enero una línea de financiamiento por un monto total de 500 millones de pesos a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para la adquisición de buques pesqueros construidos por astilleros radicados en el país, con el objetivo de impulsar la renovación de flota y la producción industrial nacional. La línea tendrá un plazo de hasta cinco años, un período de gracia de hasta 12 meses y se financiará hasta 60 millones de pesos (o su equivalente en dólares) por empresa o grupo que no supere el 80 por ciento del valor del bien.

Por otro lado, el Banco Central readecuó el 29 de noviembre del año pasado la normativa sobre hipoteca naval, facilitando la financiación para el sector, ya que se puede tomar garantía el 40% del valor del buque cuando está terminado o el 50% del valor tasado cuando está en construcción.

Sobre el sector

El sector de la industria naval y la pesca representa el 0.7% del PBI nacional. Existen actualmente 383 armadores inscriptos, 553 buques con permiso de pesca vigente y 135 plantas industriales en tierra. El sector pesquero exporta más del 90% de lo que produce. En 2018 se realizaron exportaciones por más de 2.000 millones de dólares, un 7% más en relación a 2017. El 60% de las ventas son langostinos.