El bloque de concejales del Frente Renovador presentó un pedido de informes con el objetivo de que el Departamento Ejecutivo local informe sobre varios puntos con relación a una serie de irregularidades en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).

En el proyecto, al cual El Marplatense tuvo acceso, se pide detalles sobre:

En ese sentido, la bancada massista manifestó su preocupación por “los reclamos de los vecinos de Mar del Plata y turistas frente a la actual incapacidad de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de brindar respuestas efectivas a las denuncias y consultas”.

Según datos de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, las denuncias vinculadas al comercio electrónico y servicios financieros encabezan el ranking de reclamos en Argentina. Entre 2023 y 2024, las estafas digitales y fraudes online crecieron más del 200% en el país, afectando especialmente a compras por internet, billeteras virtuales y servicios financieros digitales.

Desde el Frente Renovador indicaron que “la expansión del comercio digital exige un rol cada vez más activo del Estado en la protección de los consumidores, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y económica", y que "las personas mayores y jubilados constituyen uno de los sectores más vulnerables frente a estafas digitales y fraudes de consumo, dado que muchas veces deben utilizar medios electrónicos para el cobro de haberes, pago de servicios o gestión de trámites, lo que los expone a maniobras fraudulentas tales como phishing, estafas telefónicas y engaños en plataformas de compra online”.

Y remarcaron que el área de Defensa del Consumidor “constituye una herramienta central del Municipio de General Pueyrredon para garantizar los derechos de consumidores y usuarios frente a prácticas abusivas", por lo que "el Estado municipal, como nivel de gobierno más próximo a la ciudadanía, debe asegurar instancias de defensa rápida y eficaz, contribuyendo a la confianza en las instituciones”.

A su vez, consideraron que “el funcionamiento pleno de la OMIC resulta indispensable para resguardar los intereses de los vecinos y turistas que realizan reclamos de bienes y servicios, y la falta de pago del servicio de correo impide hoy la tramitación de reclamos y notificaciones, paralizando de hecho la gestión de la dependencia".

Además, puntualizaron que “en el Partido de General Pueyrredon no se actualizan estadísticas oficiales sobre consumo y reclamos de la OMIC desde el año 2015, lo que impide dimensionar con precisión el crecimiento de los conflictos de consumo en la última década y limita la formulación de políticas públicas basadas en evidencia”.

“Esta situación genera un perjuicio concreto a los usuarios, al no poder acceder a mecanismos de resolución de conflictos previstos por la ley. Además, limita la capacidad del Municipio de intervenir en reclamos de otras jurisdicciones, obstaculizando la articulación con organismos nacionales y provinciales”, alertaron desde la oposición.

“Garantizar el correcto funcionamiento de la OMIC no sólo fortalece la defensa de los consumidores, sino que también proyecta una imagen institucional de compromiso con la transparencia y la legalidad”, sentenciaron.

El Tribunal en lo Criminal N°3 de Mar del Plata dictaminó, mediante un fallo la presencialidad completa de las oficinas del área de Defensa al Consumidor (OMIC) el 15 de diciembre del corriente. 

El Marplatense tuvo acceso a los documentos de la sentencia  y ésta pone énfasis en la condena al Municipio de "pagar honorarios por ser reticentes a cumplir con la apertura de una oficina publica".

Por tal motivo este medio se comunicó con el abogado que realizó esta acción colectiva, Rafael Luena, quien explicó que "esta es una acción de amparo que interpuse en diciembre del 2020, el 30 de diciembre tuvimos una medida cautelar que ordenaba a la OMIC restablecer la atención presencial, ya que en ese momento solo era virtual. Esto hacia que un montón de gente en situación de la vulnerabilidad, que no tiene acceso a internet o a las redes no podían realizar ningún tipo de reclamo, en un momento donde quizás más lo necesitaban, en plena pandemia".

"El Tribunal en lo  Criminal n°3 nos dio la razón preliminarmente y ordenó restablecer, aunque sea un servicio semipresencial, en febrero del corriente tuvimos una audiencia donde pasó a resolverse y este miércoles se dictó la sentencia definitiva donde condenó a la Municipalidad de General Pueyrredon y obliga ahora a tener el servicio de la OMIC totalmente presencial", agregó.

Por otro lado mencionó que "nosotros realizamos el oficio de apertura y ellos no abren inmediatamente e incluso tuvimos que notificar que no estaban cumpliendo. El amparo es una acción judicial y en este caso contradictorio. Cuando la Municipalidad de se presenta en vez de allanarse a la presencial y abrir, dicen que no se puede, que ellos están cumpliendo con los protocolos y solicitan el rechazo del amparo. Se resolvió que el amparo está bien interpuesto y dada la contradicción que toma la Municipalidad la sanciona a costa del proceso".

Asimismo remarcó que "ellos tienen una vía recursiva que ellos pueden utilizar que es apelar la sentencia, que probablemente lo hagan, salvo que el Municipio cambie el planteo. Todavía están con turnos, pero el fallo aclara que tienen que abrir de forma plena. Lo importante de este amparo es que abran y que la gente pueda hacer su denuncia normalmente, que todos tengan acceso".  

LA SENTENCIA: 

Desde el bloque de concejales del Frente de Todos elevaron un proyecto al intendente Guillermo Montenegro donde le solicitan que arbitre todos los medios necesarios para la puesta en funcionamiento pleno de la oficina de Información al consumidor municipal.

En el mismo sentido, pidieron al Municipio que informe los motivos por los cual se dispuso el cierre y cese de actividades desde el mes de marzo en dicha oficina.

En esa línea, el concejal autor del proyecto, Marcos Gutiérrez, aseguró que “es responsabilidad del Ejecutivo Municipal brindar la atención del organismo ante los reclamos de la ciudadanía" y agregaron que "hace nueve meses que está cerrada".

En tanto, el edil agregó: "Esta situación da cuenta no solo de una violación a los derechos de consumidores y usuarios, al no permitir a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad ejercerlos plenamente, sino que también constituye un claro posicionamiento ideológico en un momento en el que debemos estar del lado de los que menos tienen y más se ven afectados por la especulación y el abuso en las relaciones de consumo”.

“Es importante la apertura plena de la Oficina Municipal, teniendo en cuenta el gran flujo de visitantes que frecuentan la ciudad y los derechos que cada uno tiene”, resaltó Gutiérrez en relación a la llegada de turistas a Mar del Plata para este verano.

La Dirección de Protección al Consumidor informó que durante enero ingresaron 384 reclamos registrándose un nivel de acuerdos conciliatorios del 70 %, marcando una mejoría respecto de los registros de los años 2018 y 2019 en donde el nivel de solución de los conflictos rondo el 53%.

Asimismo, se comunicó que los servicios financieros, planos de ahorro y telefonía celular se mantienen entre los principales rubros motivos de reclamo en esta área municipal.

Por otra parte, a través de la Dirección de Lealtad Comercial se constató en ocho supermercados adheridos al programa Precios Cuidados, sin perjuicio de advertir alguna anomalía puntual en un inspeccionado (faltantes de productos comprendidos en el programa), un alto cumplimiento del convenio de mención por parte de las firmas involucradas.

No obstante esto, se procedió al labrado de actas por infracciones a las normas consumeriles, entre las que se destacan la falta incumplimiento de ofertas, diferencia de precios en góndola y caja registradora, falta de exhibición de exhibición de precios al publico, control adicional de pago con tarjeta de crédito/debito etc.

Precios altos, falta de agua en las viviendas y estafas o problemas con el alquiler fueron las principales quejas presentadas por los turistas en la Defensoría del Pueblo. La información fue brindada por el encargado del área, Fernando Rizzi. 

En diálogo con El Marplartense, el funcionario enumeró: "El visitante tiene muchísimas quejas de distintos sentidos, por problemas barriales, por el funcionamiento de comercios e industrias, por el transporte, la recolección de residuos".

Sobre el balance que puede realizar hasta el momento, expresó: "Es intenso, funciona el programa de Defensoría del Turista, se trabaja en la prevención por los alquileres en Internet y por la venta de anteojos sin receta". En ese sentido, detalló que han recibido denuncias por estafas y varias quejas por ruidos molestos.

"La temporada viene movida, junto a los temas que cotidianamente llevamos adelante en la oficina, ahora nos reunimos con los nuevos funcionarios, vamos a hablar con las autoridades de Defensa del Consumidor para abordar un esquema de trabajo en común, ver si podemos ingresar en el programa precios cuidados", comentó. Las áreas que más coordinación requieren son las de Derechos Humanos y Seguridad.

"Entendemos que debe haber una necesaria cooperación entre organismos y ofrecemos trabajar en conjunto", concluyó.

La Dirección General de Defensa del Consumidor y Usuario del municipio brindó un balance de su gestión durante el 2018 del que surge que, en ese período, se lograron 2055 acuerdos entre consumidores y denunciados sobre un total de 3572 denuncias, lo que representa un 60% de presentaciones resultas en esa instancia.

El rubro que más denunciado por los marplatenses fue el de servicios financieros, con 1134 denuncias y 656 acuerdos, seguido por: artículos para el hogar con 330 denuncias y 251 acuerdos; planes de ahorro, 280 denuncias y 135 acuerdos; telefonía fija, 208 denuncias y 135 acuerdos; transporte, 200 denuncias y 128 acuerdos; televisión por cable, 162 denuncias y 93 acuerdos; servicios turísticos, 160 denuncias y 90 acuerdos; telefonía celular, 156 denuncias y 83 acuerdos; seguros, 126 denuncias y 78 acuerdos; indumentaria, 120 denuncias y 60 acuerdos; salud, 112 denuncias y 52 acuerdos.

Mientras que el rubro automotores recibió 108 denuncia y 51 acuerdos; plataformas online, 101 denuncias y 44 acuerdos; reparación de celulares, 67 denuncias y 44 acuerdos; educación, 62 denuncias y 32 acuerdos; construcción, 54 denuncias y 30 acuerdos; servicios técnicos, 45 denuncias y 27 acuerdos; supermercados, 43 denuncias y 24 acuerdos; alarmas, 34 denuncias y 20 acuerdos; correo, 18 denuncias y 9 acuerdos; restaurantes, 17 denuncias y 4 acuerdos. Siguen otros rubros como servicios públicos, Internet, bienes inmuebles, farmacias y quioscos.

Por otra parte, de acuerdo a lo informado por las autoridades municipales, fueron dictados 346 autos de imputación, en los que se verificó el incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor de diversos proveedores.

Por el caso del falso comercio que giraba comercialmente como Provincia Net en la avenida Fortunato de la Plaza al 4600, Defensa del Consumidor recibió en total 267 denuncias, acreditando los consumidores los comprobantes de pago que se le dieron en dicho local.

En el transcurso de ese proceso, se realizaron dos audiencias a la cuales comparecieron Provincia Net, Rapipago y el titular de la habilitación vigente del local, a quienes se les requirió aportar la información del caso y documentación vinculada al comercio en cuestión.

Posteriormente, se encaminaron gestiones con la empresa Rapipago a partir de un ofrecimiento conciliatorio que aquella expuso a esta Dirección, con la intención de dar solución a la totalidad de los reclamos presentados e incorporados a la actuación de oficio.

Así es que, actualmente, se están desarrollando las audiencias de conciliación de aquellas denuncias, compareciendo los denunciantes y la firma Rapipago (Gire SA), siendo satisfactorios los resultados, acordando el reintegro del total reclamado por los consumidores. De esta forma, se logró devolver a los consumidores un total de $725.237,92.