El presupuesto 2021 será tratado este lunes en la sesión del Concejo Deliberante. En este marco, Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo, cuestionó que hay una reducción en el estimado para el área.

"El presupuesto es inferior en un 22% al de este año, sin contar la inflación,  por demás austeros que apenas alcanzan para funcionar. No garantiza ni siquiera el volver a cubrir dos cargos que quedaron vacantes de los seis cargos que teníamos, de los cuales hoy solo tenemos cuatro cargos administrativos y necesitamos imperiosamente la designación de dos personas más", afirmó Rizzi en diálogo con Antes que sea tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

En este sentido, destacó que "lo que tiene asignado el programa de Defensoría al turista para todo el año 2021, es de 8 mil pesos que no alcanza ni para lapiceras, por lo que estamos en este momento debatiendo con las autoridades del Concejo Deliberante las necesidades que realmente tenemos para funcionar".

Al ser consultado sobre si este año se trabajará con la Defensoría del turista de cara a la temporada, respondió afirmativamente y señaló que "vamos a tener una temporada más chica en cuanto a la cantidad de visitantes, pero seguramente más intensa y compleja en cuanto a reclamos, teniendo en cuenta de que estaremos en tiempos de pandemia donde hay una sensibilidad mayor de la población".

Por otra parte, respecto a la reunión que mantuvieron desde la Defensoría con la Cámara de Empresarios de Balnearios, Restaurantes y Afines de la Costa de Mar del Plata (CEBRA), Rizzi explicó que es un encuentro que realizan todos los años "para ajustar un sistema que permita canalizar quejas y denuncias de los usuarios de las playas, ya sean públicas como privadas y tener un ámbito de resolución inmediata de cualquier problema o cualquier conflicto".

"Esto significa por ejemplo, reclamos de bajadas públicas, servicios de guardavidas, baños públicos y prestación de servicios en general. Con un determinado nivel de quejas y consultas que tenemos cada año, nosotros actuamos en casos de una violación de contrato, un incumplimiento grave, como un exceso del espacio de sombra permitido o diferente tipo de inconvenientes, para los cuales tenemos un canal o mecanismo con CEBRA, como para que se resuelvan inmediatamente", apuntó Rizzi.

En referencia a los espacios públicos que se han reclamado mediante diferentes manifestaciones en las playas públicas, dijo que cuando se vuelvan a hacer licitaciones de concesión, se deberá "requerir mayores espacios públicos o directamente hacer playas públicas equipadas, donde haya alquiler de sombrillas, de reposeras, servicios gastronómicos y no carpas".

"Mientras tanto obviamente se debe realizar el control estricto y exhaustivo de los espacios de playa pública, que en muchos casos son franjas perpendiculares o paralelas al mar, para que se cumpla con esto, porque obviamente es el espacio que le corresponde a la comunidad y que varía en sus porcentajes en cada balneario", aseveró.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires denunció este martes que las grandes cadenas de hipermercados no cumplen con el programa de Precios Máximos, tras detectar faltantes de mercaderías en las góndolas y verificar importes por encima de lo pactado.

El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, explicó que se controlaron "vía web 50 artículos incluidos en el listado de Precios Máximos, dentro de los que se encuentran productos como aceites, azúcar, arroz, harinas, gaseosas, conservas de tomate y arvejas, mermelada, mayonesa, fideos, café, cacao en polvo, lácteos como crema, queso untable, manteca, yogur, leche, leche saborizada y dulce de leche".

El organismo apuntó contra Vea, Día, Disco y Walmart. Eduardo Carnicero, delegado de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Mar del Plata, "en esta época difícil para el bolsillo de todos los ciudadanos, se han observado muchos incrementos", señaló.

"En estos 4 supermercados se ha detectado falta de stock y en algunos casos montos superiores a los establecidos por el Gobierno", indicó.

A su vez, Carnicero sostuvo que "más allá de las infracciones que puedan sufrir las empresas por el incumplimiento de las normativas, lo importante es que se cumpla y de ese modo cuidar la economía de la ciudadanía".

"Los precios máximos están prorrogados hasta agosto y en esta situación de emergencia no son una opción. Hay una obligación a fin de que las cadenas cumplan", manifestó.

Además, remarcó la importancia de la medida de Lorenzino para establecer los controles a través de medios digitales. "Entendemos que no se puede establecer un control en góndola por el contexto, por eso la iniciativa del titular de la Defensoría es muy ingeniosa a pesar de los impedimentos", expuso.

Por último, dijo que "la Defensoría es un organismo de contralor, que registra el cumplimiento de la normativa y denuncia a las entidades correspondientes", concluyó.

Los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán manifestaron su preocupación por el maltrato que las entidades bancarias están propinando a jubilados y pensionados.

La entidad recibió centenares de llamados de vecinos preocupados por no poder cobrar sus haberes, por lo que exigieron a los bancos que den "una inmediata respuesta a los miles de habitantes de General Pueyrredon que necesitan de su dinero para poder cubrir sus necesidades más básicas".

Las colas de personas queriendo cobrar en las puertas de las sucursales han llegado hasta las dos cuadras y las promesas de instalar los cajeros con huella dactilar no se han cumplido. En ningún caso los teléfonos de los bancos 0800 o 0810 responden y encontramos enorme cantidad de personas recorriendo la ciudad para poder extraer algo de dinero.

Las empresas bancarias cobran importantes comisiones por sus servicios pero en este momento en que la sociedad las necesita no están a la altura de la responsabilidad social que les compete.

Por último, alertaron a las empresas bancarias porque en unos días cuando se agregue el Ingreso Familiar Extraordinario la situación va a empeorar. "Las acertadas políticas del gobierno nacional no pueden ser obstaculizadas por el irresponsable accionar de quienes disponen del dinero de jubilados y pensionados", concluyeron.

Por Carlos Walker

Este martes, la Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon remitió al Concejo Deliberante su Informe Anual de la labor llevada a cabo desde 14 de noviembre de 2018 hasta el 14 de noviembre del corriente año.

En la documentación, se puntualizó que “la Agencia de Recaudación Municipal, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) y Obras Sanitarias (Osse) son las reparticiones que más reclamos y expedientes han generado, con mucha diferencia respecto al resto de las dependencias”.

En el informe, al cual este medio tuvo acceso, los Defensores del Pueblo señalaron que “desde el comienzo de nuestra gestión el 14 de noviembre de 2018 hemos procurado dar respuesta a las problemáticas acercadas por los vecinos y vecinas. En la anterior gestión, a la que reivindicamos por su excelente trabajo, las respuestas estuvieron centradas especialmente en la solución de los requerimientos individuales, los cuales también en este período hemos atendido”.

Y remarcaron que “desde el principio, dimos enorme importancia a los requerimientos que han afectado derechos colectivos. Para lo cual la orientación ha sido trabajar en la visibilización de los problemas y en el reclamo junto a los distintos grupos afectados a los que llamamos colectivos. Así, la dinámica de los problemas, gracias a la participación de los distintos sectores, nos ha permitido tener mejores respuestas por parte de los demandados”.

A continuación, detallaron que “hemos así desarrollado nuestra tarea por áreas de trabajo, teniendo además en cuenta que no ha quedado área de la vida cotidiana de los habitantes de General Pueyrredon que no haya sido afectada por el ajuste presupuestario y las restricciones de la economía”.

A continuación, enumeraron: “El empeoramiento de las condiciones de vida y la reducción del accionar de los Estados nacional, provincial y municipal en la protección de los derechos de los habitantes de Mar del Plata y Batán se acrecentó día tras día. Hemos visto en el seno de nuestra sociedad un recorte profundo de derechos de acción individual y colectiva”.

“Por esta razón nuestras primeras acciones estuvieron orientadas a discutir el contenido de la propuesta de presupuesto municipal que significó un recorte de partidas ante el avance de una extraordinaria inflación anual. El recorte de subsidios nacionales al transporte y a las tarifas sociales también fue motivo de nuestras primeras acciones. Ha sido tarea de nuestra Defensoría, analizar, consensuar, e impulsar políticas públicas de recuperación de derechos que tengan como objetivo revertir esta situación”, concluyeron desde la Defensoría del Pueblo.

A través de actividades recreativas, de promoción y difusión de derechos, se llevará adelante un recorrido por las diferentes ciudades balnearias. En Mar del Plata, la oficina se instalará desde el 2 de enero hasta el 28 de febrero, en la intersección de Colón y Arenales.

Mientras que en Miramar del 3 al 15 de enero, en Avenida Costanera y calle 23. En San Clemente del Tuyú del 2 al 9 enero, en Avenida Costanera y calle 63, y en Tigre, del 3 al 14 de enero, en la Estación Fluvial.

Para poder llevar adelante esta propuesta se puso a disposición personal de las delegaciones para realizar consultas y tomar reclamos de las diferentes temáticas vinculadas a los derechos humanos, y así los bonaerenses puedan consultar sobre las principales problemáticas que los afectan.