Vecinos de Mar del Plata volvieron a reclamar ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por la presunta falta de acceso público a la ribera sur del arroyo Corrientes, en la zona del Paseo Costanero Sur, donde se ve claramente una cerca blanca. El planteo forma parte de una actuación iniciada a partir de denuncias sobre restricciones para circular por ese sector costero.

Según en la denuncia realizada por Kanki Alonso a la que tuvo acceso este medio, Inés Rivera, integrante del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, comunicó que el organismo nacional solicitó informes a distintas dependencias municipales como la Dirección de Gestión Ambiental y el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), a la vez que indicó que se enviaron nuevas notas a los organismos competentes para avanzar con el análisis del caso.

En sus presentaciones, Alonso sostuvo que el problema central es la falta de cumplimiento del derecho de libre acceso a las riberas previsto en el Plan de Gestión Territorial aprobado por el Concejo Deliberante. También afirmó que la margen sur del arroyo estaría cercada por un emprendimiento privado, lo que -según señaló- impediría el ingreso público al área.

El denunciante incorporó además información técnica al expediente y remitió un plano de las parcelas que bordean el arroyo, junto con aclaraciones sobre cambios normativos recientes que establecen restricciones para edificaciones cerca de la ribera y de la línea de costa. En ese marco solicitó que toda esa documentación sea incorporada a la actuación para continuar con el trámite.

Por su parte, desde la Unidad de Gestión del Paseo Costanero Sur se informó que en el margen sur del arroyo Corrientes “la vegetación del paseo se encuentra en estado natural, sin verificarse impedimentos físicos para la circulación”. El informe agregó que la transitabilidad se realiza principalmente sobre la servidumbre de paso “C” ubicada en el margen norte del arroyo.

Desde el área municipal también indicó que la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires es el organismo competente para el control de los cuerpos y cursos de agua, por lo que se sugirió dirigir consultas específicas a esa dependencia provincial.

Por su parte, Marcelo Javier Ragonese, director de Gestión Ambiental del EMSUR, informó que se volvió a dar intervención a la Unidad de Gestión del Paseo Costanero Sur. Según detalló, ese organismo labró un acta sobre la situación del lugar, la cual fue incorporada al expediente como documentación adjunta para su evaluación dentro de la actuación en trámite.

Este jueves y viernes se realizará en Mar del Plata el III Plenario 2025 de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), con la participación de representantes de defensorías del pueblo de todo el país con el objetivo de abordar temas clave relacionados con los derechos humanos y la protección de las garantías ciudadanas.

El encuentro congregará a cerca de 40 defensores del pueblo nacionales, provinciales y municipales. Durante dos jornadas, los participantes trabajarán en una amplia agenda de debate, enfocada en problemáticas sociales, sanitarias, ambientales y de servicios públicos que afectan a diversas jurisdicciones del país.

La apertura oficial tendrá lugar el jueves a las 08:45 en el recinto del Concejo Deliberante, donde la presidente del cuerpo, Marina Sánchez Herrero, dará la bienvenida a los presentes y entregará la Declaración de Interés otorgada por el Concejo.

Las sesiones deliberativas se desarrollarán en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde se realizarán mesas redondas para compartir diagnósticos, coordinar estrategias y unificar criterios de acción. Estas actividades buscan fortalecer el trabajo conjunto entre las defensorías. El acto de cierre está programado para el viernes por la tarde en la Villa Mitre.

La presidente de ADPRA, María Rosa Muñoz, defensora del pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, liderará las jornadas junto a defensores de todo el país. Este plenario representa “un fuerte apoyo” a la gestión de la Defensoría del Pueblo Municipal de Mar del Plata, anfitriona del evento.

En palabras del Defensor del Pueblo local, este encuentro es “una oportunidad para visibilizar la importancia del rol de las defensorías en la protección de los derechos de los ciudadanos y un reconocimiento al trabajo que se desarrolla desde Mar del Plata, fundamentalmente en el acceso a la salud, en esa dirección”.

Según detalló Marcelo Lacedonia, defensor adjunto, el área de salud concentra el 41% de los casos, con problemas vinculados a negativas de cobertura, suspensión de tratamientos y dificultades de afiliación en obras sociales y prepagas.

“Los destinatarios principales de los reclamos son las obras sociales y prepagas, y en menor medida el sistema público de salud local y provincial”, explicó Lacedonia en diálogo con El Marplatense. 

Otro eje en alza es el cibercrimen, que representa casi un 10% de las gestiones, con adultos mayores como grupo más vulnerable debido a la falta de alfabetización digital. “En algunos casos nuestra tarea es solo orientar, pero en otros acompañamos la denuncia penal en la fiscalía correspondiente”, precisó el funcionario.

El informe también revela reclamos por dificultades de inquilinos para afrontar alquileres, conflictos de vecindad, propiedad horizontal, renovaciones de licencias de conducir trabadas por multas en otras jurisdicciones y problemas con servicios básicos de luz, gas y agua.

“Podemos concluir que la salud es un tema de altísima relevancia para los vecinos y la mayor causa de reclamos en nuestra Defensoría”, cerró Lacedonia, subrayando que el objetivo central es evitar la judicialización y dar respuestas rápidas a las problemáticas más urgentes.

A mediados de enero, numerosos afiliados de Accord Salud, en Mar del Plata y Balcarce, denunciaron que la empresa eliminó su Plan Dorado, reduciendo así significativamente la cobertura médica y la atención en clínicas sin previo aviso. 

La medida, implementó en Balcarce desde el 1 de diciembre, dejó a cerca de 2000 personas sin cobertura médica, lo que generó indignación entre los usuarios. Los afectados relataron que, además de cobrarles la cuota habitual, ahora deben pagar extras y bonos, mientras que la de medicamentos se redujo considerablemente. 

Ante esto, la Defensoría local ya intervino en el caso, y los afiliados criticaron duramente a la empresa, señalando que el cambio a un plan básico no fue consensuado y que recuperar el nivel de cobertura anterior requiere un pago mensual tres veces mayor.

Sobre esto, en las últimas horas, Marcelo Lacedonia, Defensor del Pueblo General Pueyrredon afirmó a El Marplatense una posible conciliación entre las partes: "Hubo una iniciativa por parte de un grupo de afiliados que durante la feria judicial inició un amparo colectivo, patrocinado por un abogado particular pero como la cantidad de los reclamos que recibimos desde diciembre hasta febrero por el tema de la tercerización del Plan Dorado de Accord Salud, decidimos que era una cuestión de interés colectivo. Esto afecta a alrededor de 10 mil personas en Mar del Plata y es por eso que con ese amparo colectivo, nos presentamos en el Juzgado Federal N°2 bajo la figura de amigo del tribunal". 

"Ante esto, fuimos admitidos con ese carácter y citados para el próximo lunes a una audiencia conciliatoria entre las partes, en donde la Defensoría no participa pero si es un tercero interesado en la resolución del conflicto", indicó. 

Y sumó que hasta el momento, "aunque con menor frecuencia, siguen llegando reclamos sobre esto. Lo que pasó es que se hizo un cambio sustancial en la modalidad de las prestaciones que la gente contrató en su momento. La gente tenía la posibilidad de realizar libre elección de los prestadores que tenía la empresa. Pero eso se modificó de manera tal que ya no pueden acceder a internarse en las clínicas tradicionales de Mar del Plata y tampoco pueden elegir o sacar turno con un especialista en forma directa, sino que tienen que pasar a través de un filtro de un médico generalista que atiende en la sede de esta gerenciadora". 

"Existe normativa vigente que establece que toda persona tiene derecho a la continuidad de su tratamiento más allá de que la empresa cambie los prestadores porque ya es uno vigente. En esos casos, necesitamos primero el requerimiento a la empresa y en segundo término también a la Superintendencia de Salud de la Nación", mencionó.

"La verdad que estamos esperanzados ante esta audiencia conciliadora porque el Juez  genera un escenario de charla donde las partes deberían, fundamentalmente la empresa, respetar lo que la normativa exige que es la similitud en cuanto a los prestadores. Nosotros decimos que no hubo un cambio de prestadores sino una supresión. Por lo tanto, habría que mantener el equilibrio de los prestadores que la gente en su momento contrató", agregó el Defensor. 

Y a modo de conclusión, dijo: "Nosotros vamos a dar esta opinión fundamentalmente porque hemos receptado de parte de los afiliados afectados. Además, el denominador común fue un poco la presión de la empresa hacia ellos, de cara al cambio a un plan superador, supuestamente, pero mucho más caro que el que vienen pagando. Lo cual también es violatorio de los derechos del consumidor y en ese sentido vamos a expresarlo en esa audiencia".

En los primeros días del año, la Defensoría del Pueblo ha tenido incontables intermediaciones entre los conflictos de los vecinos con empresas públicas y privadas relacionadas a los servicios, la salud y el alquiler. 

Al respecto, Eduardo Carnicero, defensor del pueblo, declaró en diálogo con El Marplatense que “la mayoría de los reclamos son por los servicios, facturas muy difíciles de afrontar por los ciudadanos. Nosotros asesoramos mucho en esos casos, sobre todo con la luz que ha tenido aumentos desproporcionados al consumo”. 

Por este motivo, “explicamos a todos los usuarios el sistema de subsidios para que accedan, corroboramos que cuadren en las condiciones previstas por la normativa y gestionamos el ingreso. Obviamente ayudamos a que se pongan al día con los datos de titularidad y otras consultas”. 

Segundo se encuentra “el tema salud, con IOMA hay una gerenciadora en la cual vamos resolviendo los casos con las autoridades y tenemos buenas repercusiones. Sabemos que está colapsado el sistema, al bajarse las clínicas es más complejo porque hay mucha demanda. De la misma manera trabajamos con Accord Salud con el asesoramiento”, enunció.

Por último, “están los fraudes que en este 2025 hemos tenido casos de gente que ha alquilado mediante páginas web y han sido víctimas de defraudación porque no corroboran”, indicó. 

“Nosotros siempre tiramos algunos tips de cómo cuidarse y prevenir esta situación, corroborar que el inmueble exista, tratar de buscar la intermediación donde pagás más de comisión pero te garantiza que alguien va a responder”, continuó. 

Esto se debe a que “a veces lo que pasa con las plataformas es que te derivan a un WhatsApp, transfieren plata por billeteras virtuales y después no existe ni el locador, ni el inmueble. Cuando sucede, brindamos los medios para hacer las denuncias penales en las fiscalías de delitos económicos para que se investigue”, concluyó.

La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon inauguró una nueva instancia de mediación para los vecinos con el objetivo de garantizar el derecho a la salud. El programa se llama “Defensoría de la Salud” y fue aprobado en la Resolución 4/2024.

En este sentido, Marcelo Lacedonia, defensor del pueblo, declaró en diálogo con El Marplatense que “ya veníamos trabajando de manera informal desde la Defensoría, por lo que esto le da un marco de institucionalidad”. 

Este programa “lo que pretende es abordar los reclamos que casi de manera sistemática nos llegan a diario sobre negativa o falta de cobertura, demoras en la respuesta por parte de los financiadores, obras sociales, prepagas y mutuales, hacia sus afiliados”, explicó. 

De modo que “el objetivo es generar una instancia voluntaria para los reclamados, pero que tiene la virtud de tener inmediatez con el afiliado y lo que se trata es de tener una mediación, un método alternativo de resolución de un conflicto que en la mayoría de los casos termina judicializado”, indicó. 

Además, “por lo general los casos tienen que ver con las respuestas muy cerradas de parte de las auditorías médicas de estas entidades donde se aferran a la normativa, el PMO que es un presupuesto mínimo de cobertura”, resaltó. 

Para ejemplificar, contó el caso “de una hernia inguinal donde la entidad autorizó la vía convencional y no laparoscópica que tiene muchísimos más beneficios, en toda la bibliografía médica indica que el post operatorio no tiene complicaciones, no hay riesgos de infecciones, permite una reinserción laboral rápida, casi una cirugía ambulatoria”. 

“Entonces no guarda relación con el sentido común no autorizar ese tipo de intervención cuando la vía tradicional requiere días de internación, riesgos de infección y el costo es mayor”, continuó. 

Por consiguiente, “lo que se propone desde la Defensoría es generar una instancia de diálogo, ya que generalmente lo que genera el conflicto es la mala comunicación. Es una mediación escuchando ambas partes, porque también la judicialización excesiva genera que los jueces resuelvan de quien va en búsqueda de la tutela de su derecho a la salud sin escuchar las razones de la prestación”, expresó. 

“A veces impulsado por la idea generalizada de que no van a aprobar las prácticas, la gente recurre directamente al amparo. Lo que genera que los juzgado atiendan un montón de situaciones que deberían ser resueltas en el ámbito sanitario”, agregó. 

Entonces, “creemos que tenemos las herramientas para hacer una instancia de mediación, escucha activa, y sobre todo, resolver rápidamente para bien o para mal. A la gente esta instancia le puede servir para mostrar su buena fe de que no quiso ir directamente a la vía judicial”, enunció. 

Para obtener más información, “tenemos un número de WhatsApp que es el 2236152488, se pueden comunicar por ahí en una primera orientación, y de ahí les vamos a indicar cuál es la documentación a aportar, según el objeto de reclamo”. 

“Quiero destacar que es un procedimiento informar, gratuito y confidencial. Toda la documentación está protegida, es como si tramitara en una institución de salud”, concluyó.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires publicó un informe sobre el consumo de alcohol en la adolescencia, realizado por el Observatorio de Consumos Problemáticos y Adicciones.

En este sentido, Eduardo Carnicero, delegado de la Defensoría, declaró en diálogo con El Marplatense que “se entrevistaron a 18 mil jóvenes de toda la Provincia con distintas preguntas de forma anónima, una técnica que hace a la veracidad porque ningún joven se exponía, para reflejar la realidad”. 

Tras un análisis, “los resultados son preocupantes porque dan cuenta de un incremento de la exposición a este riesgo por parte de los jóvenes. Son chicos entre 12 y 21 años que el 68% nos manifiesta que ha consumido alcohol. Otro factor preocupante es que entre los 12 y 15 años el 56% manifiesta haber probado alcohol”, indicó. 

Por lo que este estudio es “a fines de que se adopten políticas públicas para atenuar las consecuencias nocivas de esta problemática y sobre todo concientizar a los padres”, señaló. 

Por otro lado, comentó que “el 36% de los encuestados manifestó haber subido a un vehículo conducido por un joven que consumió alcohol. Sabemos que la mayor causa de muerte en nuestro país son los accidentes de tránsito y que está prohibido con la Ley de Alcohol Cero”. 

Al profundizar, “esta encuesta hace hincapié en este tipo de cuestiones y es alarmante decir que casi 4 de cada 10 chicos manifiesta haber estado en un vehículo conducido por una persona que consumió alcohol”, continuó. 

Por lo que el objetivo “en este caso es concientizar, los mecanismos de control, los padres para que no le den los vehículos a sus hijos cuando saben que va a concurrir a un lugar donde tienen exposición a este tipo de situaciones”. 

Otro de los datos relevantes “es que más del 40% de los encuestados, la mayoría menores de edad, manifiestan haber comprado alcohol. Se tienen que poner políticas públicas para un mayor control por parte del Estado para evitar el expendio”. 

No obstante, “sabemos que esto es dificultoso, las nuevas tecnología hacen que muchos chicos llaman al delivery, se pide a un domicilio y no hay control, pero la ley de prohibición de venta a menores está”, argumentó. 

Ante esta situación, “el Municipio debe articular estas políticas para evitar este tipo de situaciones porque el único modo de aplicar de forma exhaustiva la ley es mediante el control y la sanción a quienes la vulneran”. 

Igualmente, “desde los hogares decimos que las nuevas tecnología han cambiado las metodologías de venta como delivery, por lo que estaría bueno poner este tema sobre la mesa a fines de que los organismos correspondientes tomen medidas”, concluyó. 

“Pobreza energética”. Esa fue la calificación que le dio el delegado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Carnicero, al panorama actual tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar los precios máximos en las garrafas: “Hay gente que no va a poder afrontar el pago”.

Con relación a este cambio tarifario, el funcionario señaló que “nosotros seguimos la misma línea en la que nos hemos expresado innumerable cantidad de veces, oponiéndonos a toda quita de subsidios que implique una suba desproporcionada. Hay facturas que implican más de un 20% de un ingreso; en una situación donde las necesidades básicas no se pueden cubrir y sumado a que se trata del sector más castigado”.

En declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Carnicero explicó que la mayoría de la gente usa la garrafa “para calefaccionar o cocinar” y que se suelen usar “dos o tres garrafas por mes para la cocina”. También está quien opta por la energía eléctrica y en ese sentido aseguró que “a mucha gente le están viniendo aumentos muy desproporcionados” en la tarifa de luz.

El delegado de la Defensoría provincial resaltó que el tema “es complejo” tras señalar que “cuando vos tenés de energía un monto superior al subsidiado, pagás una tarifa plana y va a ser proporcional”. Por eso, según su punto de vista, se va a dar “la pobreza energética, gente que no va a poder afrontar el pago. En el caso del gas es preocupante porque son los sectores más vulnerables los que van a sentir esta quita de un tope máximo”.

Sobre la liberación de las tarifas, Carnicero que recordó que “se aumentan las tarifas, los alimentos, la canasta básica, pero están planchadas las jubilaciones y los sueldos. Tenemos en cuenta que el gas por red tiene un costo inferior al de garrafa, es decir, cuando hablamos de gas de garrafa nos referimos a distintos inmuebles de los sectores más vulnerables que necesitan ayuda y son precisamente los más castigados con este tipo de medidas”.

El funcionario también se refirió a los cambios que realizan los consumidores para paliar la situación, lo que puede traer nuevas complicaciones: “El riesgo, si vos tenés la luz subsidiada y tenés N2, el segmento de los menores ingresos, tenés un mínimo de consumo. Cuando mutás la calefacción de gas a energía eléctrica, corrés el riesgo de que tengas que pagar una tarifa plana y se te va con boletas que tampoco se pueden pagar”.

Carnicero también rebatió el discurso oficial que habla de la posibilidad de competencia entre empresas que regule el mercado: “Hay pocas empresas. Y al no tener topes máximos, la empresa va a buscar mayor rentabilidad. Por eso entendemos que la necesidad es que el Estado establezca un precio mínimo, negociando con la empresa o estableciendo subsidios”.

De todos modos fue pesimista: “Lamentablemente tenemos como experiencia las prepagas, que cuando se liberaron los precios, y el mercado reguló en la competencia, mucha gente tuvo que abandonarlas. Nunca va a ser en beneficio del usuario, acá va a pasar lo mismo”.

Daniel Barragán finalizó su mandato en la Defensoría del Pueblo tras de 5 años y medio de gestión que compartió con Fernando Rizzi y Luis Salomón. Su reemplazante es Marcelo Lacedonia, abogado con paso en la política como presidente de la FUM, Delegado del Comfer y director regional del IOMA.

Durante el periodo de pase de funciones, Barragán dialogó con El Marplatense y realizó un balance de la gestión: “Fueron cinco años de mucho trabajo que a mi personalmente me trajeron muchas satisfacciones porque hemos entablado relaciones con una enorme cantidad de sectores de la ciudad de Mar del Plata y Batán”. 

Asimismo, “junto con el trabajo con personas y sus reclamos en forma individual, mucho de nuestro tiempo fue empeñado en las problemáticas que se relacionan con derechos comunes en entidades de la sociedad como clubes, sindicatos, centros de jubilados, sociedades de fomentos”, señaló. 

Esta situación, “nos llevó rápidamente a entender que el problema es qué modelo de ciudad se está desarrollando.  Tiene un crecimiento explosivo, cada día avanza más, pero de manera desorganizada y sin planificación, sin los servicios imprescindibles”, afirmó. 

“Esto implica que en general, acompañado con el deterioro de las prestaciones de servicios en el conjunto de todo el Partido, se vaya profundizando la desigualdad, la exclusión. Hay sectores profundamente acomodados y que acumulan importantes ganancias en detrimento de sectores que no tienen agua, cloacas y conectividad. El deterioro del esquema vial ha sido profundo en este tiempo”, agregó. 

Además, “el haber trabajado con las entidades de la sociedad civil, que fueron las que nos eligieron, porque lo importante es que 305 entidades de todo tipo fueron las que tomaron la decisión y eso representa, más allá de lo que pueda decir el nuevo defensor electo, a muchas personas de nuestro Partido”, sintetizó. 

Por lo que “nosotros creemos que la comunidad, entre el rol del Estado y la sociedad civil, es la que puede permitir que la sociedad se desarrolle de forma armónica e inclusiva”, resaltó. 

Sin embargo, “eso lamentablemente no está pasando y la decisión de dejar de elegir por las entidades de la sociedad significa que el nombramiento lo lleve adelante el Concejo Deliberante. Una mayoría automática que decidió el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cuando se votó la nueva ordenanza, que llevaría a la Defensoría una persona afín al gobierno Municipal, lo cual se ha comprobado poniendo a un funcionario del gobierno a controlar”, declaró. 

Sobre la posibilidad de reunirse con el nuevo defensor del pueblo, dijo que “estoy a disposición, Marcelo Lacedonia es una buena persona, entendemos que su origen de designación es legal porque así lo estableció la ordenanza, pero con una base de legitimidad mucho menor al sistema de elección anterior”. 

Esto se debe a que “la decisión que tomó el Ejecutivo de restringir la elección, significa de alguna forma restringir la participación democrática. La verdad que por supuesto que vamos a ayudar, pero entendemos que es malo el comienzo y las primeras declaraciones para legitimar la elección de alguna forma desestiman las capacidades y virtudes de las organizaciones de la sociedad civil”, expresó. 

“Como en estos cinco años y medio, nuestra voluntad es defender los intereses de todos los vecinos de Mar del Plata y Batán porque para eso nos eligieron en ese momento. Ha pasado esto, pero por lo menos nosotros estamos para servir en el lugar donde nos toque circunstancialmente”, continuó. 

Sobre el posible conflicto de intereses, indicó: “Hoy a dar un ejemplo, el año pasado la Defensoría del Pueblo tuvo una activa participación en el rechazo a la propuesta de establecer una fábrica de jeans. En este caso el Ejecutivo Municipal impulsa, a través de una sociedad de fomento que ese emprendimiento se establezca. La pregunta es qué va a hacer el Defensor del Pueblo que formó parte de ese Ejecutivo cuando tenga que confrontar con esta decisión. Lo mismo con el transporte, la salud, educación”. 

“En la Defensoría del Pueblo llegan quienes no han encontrado respuestas en las dependencias del gobierno municipal, provincial y nacional o las de servicio público privatizado. Va a tener que hacerse cargo de confrontar con el gobierno. La verdad es que dado su origen y forma de elección, va a tener que hacer un gran esfuerzo para confrontar a quienes lo eligieron”, concluyó. 

Con la presentación de 28 nombres finalizó la inscripción para presentarse como candidato a defensor del pueblo de General Pueyrredon, cargo que a partir de ahora será unipersonal y significará un cambio de sistema “que va a representar mejor las necesidades de los vecinos”, según aseguró el concejal de la UCR, Daniel Núñez.

El edil explicó que a partir de ahora habrá un plazo de tres días, que vencerá el 3 de junio, para impugnar a los aspirantes, y luego del 4 al 10 los candidatos pueden realizar su descargo. “Una vez vencido se llamaría a una sesión especial del Concejo Deliberante para el nombramiento del defensor”, comentó el edil.

En diálogo con El Marplatense, Núñez indicó que buscarán el consenso con el resto de los bloques, “como siempre lo intentamos con todos los proyectos de ordenanzas, y particularmente con estos”, aunque señaló que la decisión puede llevar un tiempo: “No me quiero adelantar, porque analizar los candidatos nos va a llevar unas semanas a cada uno de los 24 concejales”.

Por otra parte, el edil radical destacó que “no sólo va a haber un nuevo defensor del pueblo”, sino que además “habrá un nuevo modelo de Defensoría, que pasará a ser unipersonal en vez de tres, un titular de dos adjuntos”. Y este es, confió, “un sistema que va a representar mejor las necesidades de los vecinos de la ciudad”.

La Defensoría del Pueblo está actualmente integrada por Daniel Barragán y Luis Salomón, aunque llegaron a ser tres con Fernando Rizzi, quien finalmente asumió como secretario de Educación de la Municipalidad.

En cuanto a los postulantes, son 28, y la lista está integrada por Juan Manuel Aiello, Agustina Alem, Fernando Ariel Álvarez, Ariel Alejandro Antúnez, Gabriel Horacio Biocca, Rodrigo Blanco, Alejandra Bonci, Brian Jesús Cardoso, Enrique Eduardo Casellas, Mónica Felices, Leandro Augusto Gabás, Elvio Sebastián Garro y María Alejandra Gaudini.

También Andrea Roxana González, Marcelo Lacedonia, Gonzalo López, Daniel Ricardo Medina, María Belén Nacimiento, Jorge Patricio Núñez, Ezequiel Perazzo, Pablo Matías Perugini, José Antonio Prystupa, Sonia Rawicki, Marisa Analía Sánchez, Verónica Simaz, Diego Martín Simón, Diana Beatríz Trigo y María Valeria Zarza.

Cerró la inscripción para presentarse como candidato a Defensor del Pueblo de General Pueyrredon. En total 28 personas se anotaron y ahora el Concejo Deliberante será el encargado de elegir quién ocupará el puesto.

A partir de ahora se abre el plazo para formular observaciones respecto de los candidatos propuestos: eso abarca hasta el 3 de junio en tanto del 4 al 10 el plazo para que los candidatos observados puedan efectuar su descargo. 

La Defensoría del Pueblo tiene actualmente dos componentes, Daniel Barragán y Luis Salomón, pero llegaron a ser tres, cuando Fernando Rizzi (hoy secretario de Educación) ocupaba también un lugar en ese espacio que depende del HCD.

La lista completa de candidatos: 

Juan Manuel Aiello

Presidente de una cooperativa OKTUPAK, que desarrolla sus actividades adentro y afuera del penal de Batán. Se desarrolló como empleado en Luna Roja en la tarea de supervisión y apoyo en la obtención de recursos financieros y no financieros. Trabajó en Aldosivi, club de futbol de Mar de Plata, con funciones de gestion general de los recursos humanos y materiales. Asimismo, desde el 2011 hasta el 2015 fue Director del EMDER municipal (MDP).

Agustina Alem

Asesora Legal de la Dirección General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto de la Municipalidad de General Pueyrredon. Durante el 2020 se desempenó como docente en Proyecto de Extensión de Practicas Inclusivas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Facultad Nacional de Mar del Plata.

Fernando Ariel Álvarez 

Veterano de la Guerra de Malvinas. Ex presidente y actual miembro del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata. Declarado Ciudadano Ejemplar por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.

Ariel Alejandro Antúnez

Profesor de Judo I dan Federación Internacional de Judo. Conserje del Hotel Boutique S.U.T.P.A. Cumplió el rol de socorrista desde el 2015 al 2016. 

Gabriel Horacio Biocca

Abogado recibido de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, matriculado en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mar del Plata y en la Cámara Federal del mismo Departamento Judicial.

Rodrigo Blanco

Abogado en el campo del Derecho Civil, Laboral, Cooperativo y de Defensa del Consumidor desde el año 2014 a la fecha. Miembro de la mesa nacional del ISEPCI (Instituto de Investigación Social, Económico y de Política Ciudadana) y coordinador del mismo en la ciudad de Mar del Plata. 2014-2024.

Alejandra Bonci

Profesora de nivel inicial. Directora de un jardín de la ciudad desde 1996 hasta la fecha, con estudios cursados en el Instituto Superior de Formación Docente Nº 19.

Brian Jesús Cardoso

Dirigente Sindical y Promotor del Progreso Local. Responsable del Centro Cultural Padre Mugica. Coordinador de Centros Territoriales del Registro Nacional de las Personas. Presidente de la Cooperativa Fratelli de la Terraza.

Enrique Eduardo Casellas

Actual como Secretario del Instituto de Seguros y Responsabilidad Civil del Colegio Abogados Mar del Plata – Segundo mandato 2022-2024. Perito Liquidador de Siniestros y Averías – Matrícula 278 – Superintendencia de Seguros de la Nación.

Mónica Felices

Representante de la comunidad Cargo Provincial HIGA. Presidente de la Federación de Asociación vecinal de Fomento General Pueyrredon. Defensora del Pueblo del 2008 hasta el 2013.  Gerente de empleo y Capacitación de Ministerio de trabajo de La Nación General Pueyrredon General Pueyrredon.

Leandro Augusto Gabás

Abogado en el rol de asesoramiento integral en lo Civil y Comercial, Propiedad Horizontal, Laboral y Penal. Presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata 2022 a la actualidad.

Elvio Sebastián Garro

Comerciante. Presidente de Biguá Rugby Club Mar del Plata. Director General de la ONG Asuntos de la Comunidad.

María Alejandra Gaudini

Licenciada en Psicología. Miembro Equipo Técnico Programa Nacional de Desarrollo Infantil Primeros Años. (Abordaje familiar y comunitario con acompañamiento a familias con niños de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad social). Técnico Consultor.

Andrea Roxana González

Abogada socia fundadora del estudio jurídico González y Barra. Docente de educación secundaria en el Instituto Carlos Tejedor. Consultora juridica. 

Marcelo Lacedonia

Abogado. Director general de Capital Humano de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon. Ex director regional de IOMA. 

Gonzalo López

Ex librero, con 8 años de experiencia, de una reconocida cadena de librerías. Actualmente, se desempeña como trabajador independiente del sector de la construcción.

Daniel Ricardo Medina

Arquitecto, graduado en 1981, Universidad Nacional de Mar del Plata. Titular de Estudio Profesional propio desde el 2008, con obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones de carácter comercial y de viviendas.

María Belén Nacimiento

Docente en secundario para adultos FINES. Profesora de clases particulares de computación. Comerciante. 

Jorge Patricio Núñez

Escritor, periodista, gestor cultural. Se desempeñó como asesor de prensa y cultura de la Asociación Sindical de Empleados Municipales de Gral. Pueyrredon (ASEM). Personalidad destacada de la Cultura 2023, distinción otorgada por Gran Premio Literario Libro de Oro Mar del Plata. 

Ezequiel Perazzo

Abogado. Profesor en la materia Actuación del Auxiliar en la Administración de Justicia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

Pablo Matías Perugini

Abogado. Responsable juridico del área de instrucción de la Dirección General de Protección al Consumidor de la Municipalidad de General Pueyrredon. Docente en la Universidad Fasta y el Instituto ETER.

José Antonio Prystupa

Arquitecto. Auxiliar de la ingeniería en la especialidad instalaciones eléctricas, para el proyecto, dirección técnica y ejecutiva de obras particulares y oficiales, tarea realizada en el Partido de Gral. Pueyrredón.

Sonia Rawicki

Abogada especializada en DDHH y triple impacto. Socia fundadora Ex.ante Consultoría Coach ontológica en Kairos Consulting Facilitadora de contenidos para #women4solutions.

Marisa Analía Sánchez

Presidenta de la Liga de Consumidores y Amas de Casa de General Pueyrredon. Catequista.

Verónica Simaz

Abogada. Trabaja en el sector privado como cuentapropista ejerciendo su título universitario y como comerciante en el rubro de electrónica.

Diego Martín Simón

Supervisor administrativo en la Municipalidad de General Pueyrredon. Emprendedor con formación en comunicación y marketing. 

Diana Beatríz Trigo

Secretaria del Foro Municipal de General Pueyrredon. Presidenta de la ONG Los Notables de tratamiento de adicciones. Presidenta de la Sociedad de Fomento Santa Mónica.

María Valeria Zarza

Abogada independiente recibida de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente del secretariado jurídico del Instituto Sarmiento. 

Esta noche cierra el formulario de inscripción para postularse como nuevo defensor del pueblo tras la modificación de la ordenanza, llevada a cabo por la comisión de Legislación, donde plantean que la elección la hará el Concejo Deliberante. 

Al respecto, Luis Salomón, actual defensor del pueblo, manifestó en diálogo con El Marplatense que “todos aquellos que estén interesados en postularse, no se olviden que cierra a las 00hs y que la inscripción es a través de la página del Concejo Deliberante, de modo que por más que cierre el Palacio Municipal, se pueden anotar”. 

Por la convocatoria, “han venido algunos vecinos a interiorizarse, se los asesoró de cómo llegar a la inscripción, pero no ha sido un caudal como para decir que la decisión provocó en los vecinos de General Pueyrredon un desafío. Creo que va a haber muchos menos candidatos que en las elecciones anteriores”, declaró.

Respecto a la modificación planteada por la comisión de Legislación, afirmó que “son decisiones, nosotros públicamente estuvimos en contra de la ordenanza, pero los concejales del oficialismo y la Libertad Avanza modificaron la normativa”. 

“El Partido de General Pueyrredon era la única defensoría en toda la República Argentina que no salía por un acuerdo político, lo que comúnmente se llama la casta política. Ahora se modificó para que sea electo así. Antes era elegido por los vecinos de los distintos barrios en las instituciones organizadas de la población”, agregó. 

Desde su perspectiva "esto será una oficina como el Concejo Deliberante que es la escribanía del Ejecutivo Municipal. Responden 100% al Intendente, veremos el desempeño, no lo sé porque ni siquiera tengo conocimiento de los candidatos anotados”. 

No obstante, “se lo va a ver con el caminar, cuando los vecinos sigan haciendo reclamos. Si la defensoría se va a poner al frente de las necesidades, tratando de promover una respuesta para los marplatenses, de la oficinas que dependen del Ejecutivo Municipal”.

“Vamos a ver si es alguien que designen desde el bloque mayoritario que le responde al Intendente, si van a poner a alguien que tenga una visión de defender el lugar de los vecinos y discutir, si es necesario, con el Intendente para que dé las respuestas. Hasta ahora, siembra dudas, veremos más adelante”, concluyó. 

Comercios locales y nacionales deberán adaptar una nueva modalidad de pago para evitar fraudes. Se trata de una normativa que se oficializó este martes y comprende a los posnet. 

Con la implementación de esta normativa dictada por la Secretaría de Comercio, se realizarán dos cambios fundamentales en los pagos con tarjetas de crédito y débito: en primer lugar, ya no sería necesario presentar el DNI u otro documento para acreditar identidad; en segundo lugar, los plásticos solo podrán ser manipulados por el cliente y no por los comerciantes.

Sobre esto, Eduardo Carnicero, delegado en Mar del Plata de la Defensoría del Pueblo PBA dialogó con El Marplatense y dijo: "Lo que salió publicado en el Boletín Oficial fue la resolución 87 del 2024 de la Secretaría de Comercio, que establece un cambio en pos de proteger de los fraudes a los usuarios de compras, lo cual es constante por la captación de datos, el robo de información de las tarjetas. Creemos que es buena la prevención, en defensa de los intereses de los usuarios pero así mismo va a ser complicado en la práctica de adaptación". 

Y adhirió que "los posnet que están hoy vigentes, imposibilitan de forma inmediata su aplicación. Por eso, con buen criterio, la norma establece un periodo de adaptación de 180 días". 

"Lo de que no se pediría el DNI fue un rumor porque hasta tanto la norma no fuese publicada, no era algo oficial. Entendemos que no pedirlo, expone más el riesgo al fraude y a la vulnerabilidad. Esta Ley, la 25065 está vigente pese a que el DNU tuvo una reforma pero no en esto. El proveedor está obligado a pedir el documento al cliente, precisamente para evitar estafas", continuó.

"También, lo que busca esta norma es que uno vaya a un lugar, abone pero nunca se desapodere de la tarjeta. Tienen que acercar el posnet para que el usuario no pierda de vista su medio de pago. El consumidor no puede quedar, en ningún momento, desapoderado de ella. Esto es difícil porque no todos los comercios cuentan con este tipo de tecnología y los existentes de aproximación también ofrecen dificultades de aproximación", expresó el delegado de la Defensoría del Pueblo. 

"Esto va a ser algo que a partir de hoy y de acá a 180 días, los comercios deben cumplir, con lo cual entendemos que tienen que ayornar sus dispositivos. Mientras eso sucede, los posnet deben acercarse a las mesas o las personas a los dispositivos para no perder de vista la tarjeta", finalizó. 

La Defensoría del Pueblo de Mar del Plata advirtió que se registró un aumento del 300% en los casos de "phishing" contra clientes de bancos locales. Se trata de una modalidad de estafa, que tiene como objetivo obtener a través de internet datos privados de los usuarios, especialmente para acceder a sus cuentas o datos bancarios.

Por este motivo los Defensores del Pueblo de General Pueyrredón Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón, emitieron una Resolución mediante la cual la Defensoría del Pueblo recomienda al Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tenga a bien evaluar y, en su caso, emitir las comunicaciones y/o instrucciones que estime pertinentes para todas las entidades bancarias y financieras que se encuentran bajo su esfera, con el fin de evitar este tipo de delitos.

"Uno de los temas que más recurrentemente se nos están presentando y la gente lo está advirtiendo tiene que ver con las estafas bancarias o lo que comúnmente conocemos como ciberdelito, que son las estafas cometidas a través del uso de internet", manifestó Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo, en declaraciones a El Marplatense.

Fernando Rizzi, Defensor del Pueblo de General Pueyrredón.

"En estos casos toman los datos de una persona, a quien engañan previamente y con esos datos se solicitan créditos en las entidades bancarias a nombre de la persona damnificada", detalló.

"La persona titular de la cuenta nunca se entera hasta que el banco le empieza a reclamar los montos de un crédito para la devolución del mismo en cuotas, algo  que lógicamente nunca pidió y que terminó beneficiando al delincuente", aseguró Rizzi.

"Lo que nosotros estamos haciendo, replicando en cierta forma lo que hizo la defensoría del pueblo de CABA y otras defensorías del país, es solicitar al Banco Central que se establezcan pautas para el otorgamiento de créditos, que protejan al cliente y que establezcan requisitos controlados para el acceso a un crédito", subrayó.

"La lógica es que el crédito debe solicitarse en la sucursal bancaria con el DNI. Sabemos que estamos en pandemia y se han informatizado muchos trámites, pero tampoco se puede otorgar ligeramente un crédito a una persona que pasa datos y pasa claves y nada más", remarcó el Defensor del Pueblo.

"A su vez estamos solicitando la responsabilidad de los bancos por los créditos mal otorgados y que no tengan posibilidad de reclamar el dinero mal otorgado en préstamos bancarios. Los bancos tienen que hacerse cargo de esa responsabilidad", aseveró.

En referencia al aumento de los casos, Rizzi sostuvo que "el ciberdelito es algo que ha crecido en los últimos tiempos un 300% y se ha agudizado con la pandemia. Todos los días estamos recibiendo muchísimos casos. La Fiscalía 10 de Delitos Económicos recibe cantidad de casos. Se ha alertado y concientizado a la población, pero es tan sutil la forma que tienen de engañar a las personas, que finalmente resultan damnificadas. Las personas caen en su buena fe y otorga los datos que le solicitan".

Al ser consultado sobre como se debe actuar en caso de ser víctima de una estafa virtual "nos pueden contactar a la Defensoría del Pueblo de 8 a 13.30 en Belgrano 2740 o comunicarse al 499 6502 o a través de nuestras redes sociales. Nosotros estamos dispuestos siempre para atenderlos y para vincular a las víctimas con la Fiscalía de Delitos Económicos", destacó.

"La Fiscalía de Delitos Económicos había logrado en su momento una cautelar con un banco en particular para que no proceda con los descuentos, pero por su parte la Cámara revocó esto. Evidentemente la gente tiene que ir a la vía civil para que no le hagan los descuentos bancarios o no les reclamen las cuotas", opinó el Defensor del Pueblo.

"Se trata de un tema engorroso y el damnificado merece otro tratamiento y otras soluciones, por lo que pedimos que el Banco Central también se haga eco de estas situaciones y establezca cuales las condiciones en las que van a operar los bancos", concluyó Fernando Rizzi.

Medidas preventivas al operar con tarjeta de débito o crédito y de manera online:

No facilitar a terceros la tarjeta de débito o crédito, su numeración, código de seguridad y/o pin.

No compartir ni divulgar el usuario, la clave, clave token, y contraseñas, a través de ningún medio (teléfono, e-mail, redes sociales, whatsapp, msn o sitios web no oficiales).

No brindar los datos personales o bancarios.

No efectuar transferencias bancarias de dinero a cuentas de terceros que ofrezcan un préstamo, premio o beneficio.

En caso de tener que actualizar los datos bancarios, verificar que la dirección web de la entidad sea la correcta (escribiéndola en el navegador web) Debe comenzar con «https:»; e indicar que es un sitio seguro mediante el símbolo de un “candado”. Evitar acceder a ella a través de buscadores.

Controlar los perfiles en las redes sociales. Los perfiles verdaderos o cuentas confiables tienen junto a su nombre un ícono de verificación (tilde azul). Los perfiles falsos, generalmente, son recientes, tienen pocos seguidores y suelen contactar a través de mensajes directos a seguidores de cuentas oficiales indicando que son cuentas de ayuda para clientes.

Controlar los movimientos de la cuenta bancaria con frecuencia para detectar posibles anomalías.

Al detectar consumos no realizados, deben ser impugnados ante la entidad bancaria y la administradora del plástico, por escrito y dentro de los 30 días de la recepción del resumen.

Medidas de prevención en compras presenciales:

Al momento de pagar no perder de vista el plástico ni entregarlo a un tercero, porque es allí donde se obtienen los datos de las tarjetas o copias de las mismas para cometer fraudes.

Antes de firmar el cupón, controlar el monto de la compra y la modalidad de pago.

Con cada temporada de verano que llega a Mar del Plata crecen los riesgos de las estafas en alquileres online por páginas de internet o redes sociales. Sin embargo, el promedio de este año descendió y sólo se han registrado 3 según informaron desde la Defensoría del Pueblo.

"La temporada evidentemente es más restringida que otras, hay menos cantidad de reclamos en virtud de que tenemos menos visitantes en la ciudad. La nota negativa de color la pone a veces también las defraudaciones en contrataciones por internet. Este año recibimos 3 casos, siempre recibimos entre 10 y 20", explicó el defensor del pueblo Fernando Rizzi en diálogo con El Marplatense.

A nivel general, la cantidad de reclamos en comparación con el verano anterior "está en la mitad". Los mayores pasan por el abastecimiento de agua potable o el funcionamiento general de los servicios.

"Se está trabajando con la justicia. Lo ideal sería que la gente contrate a través de un profesional dedicado al negocio inmobiliario. Si contratas por internet, fb o insta se arriesga a ser estafado, y es lo que pasa.  Ha sido un año donde la gente se acostumbró a las estafas bancarias, en virtud de la pandemia surgieron mayor cantidad de delitos por internet", apuntó Rizzi.

Un importante apoyo de organizaciones sociales y sindicales y fomentistas tuvieron este jueves los Defensores del Pueblo de General Pueyrredon en un acto que tuvo como objetivo dar a conocer su malestar ya que “el proceso de vaciamiento de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon continúa firme”, denunciaron durante el acto.

La Confederación General del Trabajo (CGT), el apoyo de la CTA de los Trabajadores Buenos Aires, la CTA autónoma Mar del Plata, el INADI Mar del Plata y el Foro de Seguridad municipal convocaron a este evento que contó con la presencia de referentes barriales y del fomentismo.

Todo ello ocurre, a pocos días de un proyecto de Angélica González quien propone derogar la actual conformación de 3 miembros de la Defensoría del Pueblo, volver al formato original de un Ombudsman, y utilizar los recursos resultantes de dicha reducción para crear una Oficina de Transparencia y Anticorrupción Municipal.

Luego de dos reuniones con el presidente del Honorable Concejo Deliberante Ariel Martínez Bordaisco, los defensores de Pueblo denunciaron que “el proceso de vaciamiento de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon continúa firme”.

“La reducción en un 30% del presupuesto de la repartición para 2021 nos lleva a los Defensores Fernando Rizzi y Daniel Barragán a comunicar que en caso de insistir el presidente del HCD y el gobierno municipal en este ajuste la Defensoría no podrá mantener su funcionamiento”, indicaron desde el organismo municipal en un comunicado de prensa.

A su vez, se remarcó que “aún no han sido designados los reemplazos de las vacantes financiadas que han bajado la dotación de seis a cuatro trabajadores y desde presidencia se ofreció a la Defensoría una devolución del 4,5% para todo el año. Con este dinero no se podrían continuar con el trabajo habitual y necesario. No se podrán comprar útiles de trabajo, insumos, mantener pagos los servicios ni hacer limpieza y mantenimiento de nuestra sede”.

En ese sentido, los Defensores del Pueblo expresaron “enorme preocupación. Veríamos con enorme desagrado que se esté debilitando la Defensoría para impedir nuestro accionar y que sea inhabilitada la única institución en el partido de General Pueyrredon que tiene la función republicana de controlar los servicios que debe prestar el Poder Ejecutivo para favorecer el ejercicio de los derechos de marplatenses y batanenses”.

“Ante el enorme recorte de presupuesto -dijeron a los presentes-, observando que otras áreas han tenido importantes incrementos en los suyos, creemos que el gobierno municipal y el presidente del Honorable Concejo Deliberante tienen la responsabilidad de garantizar lo que hasta el 30 de junio de 2020 fue el normal funcionamiento. Las Defensorías del Pueblo fueron creadas por la Constitución Nacional de 1994, reafirmadas en la Constitución provincial y por la Ordenanza Municipal 13663. Existen en todo el país. El gobierno municipal será el responsable de la mutilación de nuestra Defensoría”, concluyeron desde el organismo.

Esta iniciativa encontró, de momento, con una posición en contrario del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien rechazó el proyecto de ordenanza que busca crear una Oficina Anticorrupción con los fondos que recibe el organismo.

En esa línea, los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán expresaron su preocupación por el presente y futuro de la Defensoría del Pueblo en un comunicado, en donde dejan en claro que este jueves estarán acompañando la acción promovida.

“Su función principal y que resaltamos es ser un Organismo de Contralor de la Administración Municipal”, señalaron.

Un abrazo solidario al edificio de la Defensoría del Pueblo está organizado para este jueves, en apoyo a las medidas de "recorte y vaciamiento" que vienen denunciando los propios representantes del organismo que depende del Honorable Concejo Deliberante.

A las 10, organizaciones, gremios, la CTA e instituciones de la ciudad se reunirán en Belgrano y San Luis para acompañar a Fernando Rizzi y Daniel Barragán quienes hoy son los Defensores del Pueblo en actividad, dado que Luis Salomón se encuentra en una sanción hasta fin de año. El propio Salomón fue quien advirtió de la situación en el mes de julio.

Todo ello ocurre, a pocos días de un proyecto de Angélica González quien propone derogar la actual conformación de 3 miembros de la Defensoría del Pueblo, volver al formato original de un Ombudsman, y utilizar los recursos resultantes de dicha reducción para crear una Oficina de Transparencia y Anticorrupción Municipal.

Esta iniciativa encontró, de momento, con una posición en contrario del Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien rechazó el proyecto de ordenanza que busca crear una Oficina Anticorrupción con los fondos que recibe el organismo.

En esa línea, los Organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata-Batán expresaron su preocupación por el presente y futuro de la Defensoría del Pueblo en un comunicado, en donde dejan en claro que este jueves estarán acompañando la acción promovida.

“Su función principal y que resaltamos es ser un Organismo de Contralor de la Administración Municipal”, señalaron.

Asimismo, "nos preocupa el presente cuando en el actual proyecto de Presupuesto Municipal 2021 se recorta un 22% lo destinado a la Defensoría del Pueblo y en términos reales significa un 43% lo que representa un fuerte ajuste”, apuntan.

Luego expresan que “nos preocupa aún más el futuro de la Defensoría del Pueblo cuando se la desmantela de presupuesto y empleados, y cuando el titular del H.C.D., Ariel Martínez Bordaisco se ha negado en reiteradas oportunidades de recibir y dialogar con los Defensores”, apuntan.

La Defensoría del Pueblo bonaerense elaboró un mapa interactivo que actualiza día a día la información sobre las actividades habilitadas en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto debido al coronavirus.

Según publica la página web del organismo, haciendo click en cada uno de los distritos se puede encontrar datos detallados sobre cuál es el estado de la actividad en cada ciudad.

Entre la información que contiene el mapa interactivo figuran el estado de las actividades y servicios autorizados para que comiencen a funcionar, como el de los comercios de venta por mayor y menor; y los servicios profesionales.

También los que habilitaron el ejercicio de algunas profesiones como abogados, contadores y escribanos; las inmobiliarias; la construcción, los servicios de salud; veterinarias e industrias, entre otros.

La actualización del mapa se realiza según los datos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia a partir de las resoluciones del gobierno que habilita las actividades por pedido de los intendentes.

Fuente: Télam

La Defensoría del Pueblo de la Nación emitió un comunicado en el que vuelve a manifestar el marcado incremento de denuncias de casos de violencias de género en el marco de las situaciones complejas a las que muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes se ven enfrentados por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, como así también por la alarmante persistencia de femicidios registrados durante el mismo periodo.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) ha desplegado una amplia variedad de medidas para mitigar estos efectos no deseados, como el fortalecimiento de la Línea 144 y nuevos canales de comunicación a través de correo electrónico y whatsapp.

Tal como fue contado en este medio, los llamados al 144 aumentaron un 39% desde que empezó la cuarentena, los femicidios no frenaron, y el aislamiento agrava la situación de las víctimas.

A raíz del otorgamiento de prisiones domiciliarias, la Defensoría del Pueblo insiste en que las mismas, “sin las garantías adecuadas va en contra de las medidas de protección establecidas”. Al no haberse adoptado un análisis minucioso de cada caso, se han visto beneficiados con estas excarcelaciones personas condenadas por delitos graves, violaciones, violencia de género.

La jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento de Quilmes, Dra Julia Márquez declaró que fueron excarcelados 176 detenidos con condenas por delitos contra la integridad sexual.

En el comunicado donde expresan la disconformidad y reiteran la preocupación expusieron casos de detenidos que cumplían condenas por violencia de género y que han vuelto a sus casas para cumplir prisión domiciliaria, revictimizando de esta forma a los dañados, sin que le avisaran a la familia o al abogado en cumplimiento de la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Y fundamentan: “Si bien es cierto que las medidas de excarcelación se fundan en el Comunicado 66/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el organismo recuerda a los Estados su especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en nuestro país, Roberto Valent, ha marcado una clara advertencia a la que esta Defensoría suscribe, “establecer una ‘coordinación transversal’ en las medidas de contención social y de mitigación del COVID-19 que ‘incluya a todas la regiones y a todos los sectores de la vida política y económica, pública y privada’”.

Es decir, "evitar que medidas acertadas tomadas por un sector de la administración, en este caso el Poder Ejecutivo Nacional a través del MMGyD, se vean anuladas o perjudicadas por acciones de otros poderes u organismos, por ejemplo, el Poder Judicial”.

Asimismo, recomendaron que al considerar nuevos otorgamientos de prisión domiciliaria no sólo se tengan en cuenta los antecedentes de la persona privada de libertad, sino también que se haga un informe ambiental del domicilio donde cumplirá la medida, dado que en muchos casos las condiciones de vulnerabilidad de los mismos por hacinamiento, falta de infraestructura adecuada, situación de pobreza o indigencia de los convivientes, hacen que no sólo no se logre el objetivo de garantizar los derechos humanitarios del condenado, sino que se ponga aún en un mayor riesgo a otras personas y se incrementen situaciones de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

En el medio de una crisis y emergencia sanitaria que atraviesa a toda la población, las empresas telefónicas han dispuesto un aumento del 9% en las tarifas, que afecta tanto a las telefonías fijas como móviles. El Marplatense habló con Eduardo Carnicero, titular de la Defensoría del Pueblo en Mar del Plata, y comentó sobre las presentaciones que se han dado para pedir que se retrotraiga este incremento.

"Las empresas han dispuesto un aumento aproximado de un 9%, contrariando lo que se venía conversando mediante el ejecutivo nacional y ENACOM como ente regulador, y ha impactado en todos los organismos de consumidores, las defensorías de distintos ámbitos se han manifestado en contra de este incremento que se da en este contexto de aislamiento", expresó.

En cuanto al fundamento de las empresas, Carnicero explicó que "el argumento que esgrimen las empresas prestatarias es que el aumento obedecería a octubre del 2019 y que se fue postergando en el tiempo. Lo cierto es que efectivizarlo en este contexto no es adecuado, teniendo en cuenta que la telecomunicación fue declarada por los DNU como un servicio esencial, ya que es imprescindible para los chicos y la escuela, para que los abuelos puedan establecer turnos y recetas por ese medio, para los trabajos, mismo nosotros atendemos los reclamos por estos medios".

"Hacer el incremento en este contexto vulnera los derechos de los más desprotegidos, de las personas que están aisladas, por eso pedimos que se mantengan las tarifas previas, desde el punto humano es sorprendente", subrayó.

Y agregó: "Otro debate que se tendría que establecer que lo piden todos los organismos de consumidores, y la Defensoría adhiere, es que se declare también como un servicio público que no lo es por ley".

"Esta pandemia ha demostrado que las telecomunicaciones son un servicio esencial e indispensable porque hoy es el único medio para acceder a todas las prestaciones, los chicos se educan mediante las videoconferencias, los abuelos se comunican o tienen contacto a través de las videollamadas, acceden a la percepción de las distintas asignaciones. Hoy es imprescindible para todo", reafirmó el titular de la Defensoría del Pueblo local.

Además, planteó que la telecomunicación "es una actividad exceptuada, por lo que siguen con el trabajo, es más, se ha incrementado para ellos, entonces no corresponde establecer un aumento que implicará perjudicar a la gente que hoy ya tiene imposibilidad de acceder a sus alimentos y se les dificulta pagar las tarifas actuales".

"Por una razón humanitaria y de sentido común se pide que se retrotraigan las tarifas y que se mantenga mientras dure la cuarentena", subrayó.

Al consultarle por cómo seguirá el proceso de este petitorio, Carnicero manifestó que entiende "que a la brevedad va a haber novedades, nosotros somos un organismo que no tenemos poder de decisión pero siempre acompañamos, desde el ENACOM se han hecho presentaciones en la misma línea y entendemos que las empresas por los argumentos que estoy manifestando deberían hacer lugar a este pedido y retrotaer la tarifa al menos para todas las personas físicas y las pymes, que son las que en forma imprescindible necesitan de estos servicios".

Además, contó que también se solicitó "que a todos aquellos que ya hayan efectuado pagos se les descuente en la próxima factura, en el caso de acceder, y tenemos fe que las empresas van a estar a la altura de las circunstancias si tienen en cuenta la crisis sanitaria y económica".