La Comisaría 15°, ubicada en el Barrio Parque Peña, se encuentra sin agua "desde hace un mes", según lo indicado por la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon. Dicha situación se vuelve aún más relevante cuando se tiene en cuenta el contexto de pandemia y los protocolos de higiene que deben llevarse a cabo para evitar la propagación del coronavirus.

En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon afirmó que ha recibido ya hace más de un mes la denuncia de vecinos de Parque Peña que afirma que la comisaría 15 no tiene agua porque se rompió el encamisado del pozo que la abastecía.

Además, detalló que "hace ya varios meses la seccional policial es servida con aguas que los vecinos hacen llegar desde un domicilio aledaño a costo de la vecina poseedora del bombeador. La vecina solidaria ha visto incrementada de forma considerable su factura de energía eléctrica".

Los defensores del Pueblo Fernando Rizzi, Luis Salomón y Daniel Barragán aseguraron que han "realizado gestiones tanto a nivel policial como con OSSE sin haber obtenido ninguna respuesta positiva". Además, señalaron que las mismas tratativas han sido realizadas por vecinos en forma individual y grupal con idéntico resultado.

Y remarcaron: "En estos tiempos de crisis sanitaria donde se le pide con absoluto acierto a la población que guarde las medidas sanitarias y los servidores públicos no tienen agua para lavarse las manos".

"¿La solidaridad de la vecina debe pagar el agua y la luz del Estado o la policía tiene que buscar sponsors para hacer un pozo de agua que cuesta $18000?", se preguntaron los defensores del Pueblo.

Por último, concluyeron: "Entendemos que se debe dar inmediata solución a una problemática tan elemental como que la comisaría tenga agua. No solucionar esta problemática es una vergüenza y pone en riesgo la salud de los agentes policiales y los vecinos del Barrio Parque Peña".

La Defensoría del Pueblo de la Nación emitió un comunicado en el que vuelve a manifestar el marcado incremento de denuncias de casos de violencias de género en el marco de las situaciones complejas a las que muchas mujeres, niñas, niños y adolescentes se ven enfrentados por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, como así también por la alarmante persistencia de femicidios registrados durante el mismo periodo.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) ha desplegado una amplia variedad de medidas para mitigar estos efectos no deseados, como el fortalecimiento de la Línea 144 y nuevos canales de comunicación a través de correo electrónico y whatsapp.

Tal como fue contado en este medio, los llamados al 144 aumentaron un 39% desde que empezó la cuarentena, los femicidios no frenaron, y el aislamiento agrava la situación de las víctimas.

A raíz del otorgamiento de prisiones domiciliarias, la Defensoría del Pueblo insiste en que las mismas, “sin las garantías adecuadas va en contra de las medidas de protección establecidas”. Al no haberse adoptado un análisis minucioso de cada caso, se han visto beneficiados con estas excarcelaciones personas condenadas por delitos graves, violaciones, violencia de género.

La jueza de Ejecución Penal N°1 del Departamento de Quilmes, Dra Julia Márquez declaró que fueron excarcelados 176 detenidos con condenas por delitos contra la integridad sexual.

En el comunicado donde expresan la disconformidad y reiteran la preocupación expusieron casos de detenidos que cumplían condenas por violencia de género y que han vuelto a sus casas para cumplir prisión domiciliaria, revictimizando de esta forma a los dañados, sin que le avisaran a la familia o al abogado en cumplimiento de la Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos.

Y fundamentan: “Si bien es cierto que las medidas de excarcelación se fundan en el Comunicado 66/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el organismo recuerda a los Estados su especial condición de garante frente a las personas privadas de libertad, el Coordinador Residente de las Naciones Unidas en nuestro país, Roberto Valent, ha marcado una clara advertencia a la que esta Defensoría suscribe, “establecer una ‘coordinación transversal’ en las medidas de contención social y de mitigación del COVID-19 que ‘incluya a todas la regiones y a todos los sectores de la vida política y económica, pública y privada’”.

Es decir, "evitar que medidas acertadas tomadas por un sector de la administración, en este caso el Poder Ejecutivo Nacional a través del MMGyD, se vean anuladas o perjudicadas por acciones de otros poderes u organismos, por ejemplo, el Poder Judicial”.

Asimismo, recomendaron que al considerar nuevos otorgamientos de prisión domiciliaria no sólo se tengan en cuenta los antecedentes de la persona privada de libertad, sino también que se haga un informe ambiental del domicilio donde cumplirá la medida, dado que en muchos casos las condiciones de vulnerabilidad de los mismos por hacinamiento, falta de infraestructura adecuada, situación de pobreza o indigencia de los convivientes, hacen que no sólo no se logre el objetivo de garantizar los derechos humanitarios del condenado, sino que se ponga aún en un mayor riesgo a otras personas y se incrementen situaciones de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

El Defensor del Pueblo Daniel Barragán dialogó con El Marplatense y se refirió a la sesión que se llevó adelante este viernes en el Concejo Deliberante, en la cual la comunidad docente municipal pidió respuestas por la quita de la bonificación.

"No es lógico que cuando se debe apostar profundamente a la educación de las actuales generaciones, los docentes que ponen mucho esfuerzo tengan que ver como sus condiciones de vida empeoran por una decisión política que indudablemente es errónea y que no tiene justificativo", manifestó Barragán.

En este marco, el Defensor del Pueblo sostuvo que "las personas docentes del sistema municipal están planteando cuál es su situación y la situación en la cual están prestando servicios en cada uno de los servicios municipales. Entendemos que hay una clara demostración del esfuerzo que ponen todos los días para poder llevar adelante su tarea, y entendemos también que obviamente el reclamo que están haciendo es absolutamente lógico y justo, por lo tanto desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon acompañamos sus necesidades".

"En lo que podamos colaborar con ellos vamos a hacerlo. No se puede bajar el sueldo en nuestro país, ya demasiado se baja el sueldo, su poder adquisitivo, con la inflación reinante", agregó Daniel Barragán.

Además, Barragán se refirió a la ausencia en la sesión del Secretario de Educación Luis Distéfano, quien mandó una carta para avisar que no podía asistir: "Nosotros entendemos que los funcionarios debieran escuchar, más allá de que por supuesto ya saben cómo es el tema. Deben estar presentes pero fundamentalmente deberían dar una respuesta positiva, porque no hay ninguna sociedad que pueda progresar, que inclusive pueda mantener su nivel de vida, cuando se castiga a quienes forman a los niños de esa sociedad".

Sobre los diferentes cortes de calles y los acampes que rodean la Municipalidad, Daniel Barragán sostuvo que "la situación es compleja porque hay una situación económica complicada y desgraciadamente las respuestas no llegan. Las entidades que están rodeando la Municipalidad hacen reclamos que son justos porque la desocupación ha crecido en nuestra ciudad".

En ese contexto, Barragán aseguró que "a ésto se le va a agregar en los próximos días el reclamo de 87 entidades encabezados por la UCIP, la CGT, las dos CTA, planteando que existen importantes posibilidades que muchas empresas cierren en los próximos meses por la cuestión de las tarifas, por la cuestión de la caída del poder adquisitivo y de compra, lo cual hace que la ciudad de Mar del Plata y la ciudad de Batán estén en una situación muy difícil, a la cual va a haber que darle una respuesta porque las consecuencias son que seguramente en este invierno tan crudo que tenemos por delante muchas personas se sumen a este gran ejército de personas desocupadas que hay en la ciudad".

Los defensores del Pueblo de General Pueyrredon, Fernando Rizzi, Luis Salomon y Daniel Barragan, denunciaron que el gobierno municipal no pagó durante enero ni febrero las becas por 4800 pesos a cien mujeres víctimas de violencia de género. 

Esta grave situación se da en un marco preocupante, en el que los defensores verificaron -a través de los Tribunales de Familia, la Defensoría Oficial y la Comisaría de la Mujer- un crecimiento exponencial de las denuncias por este flagelo: hubo mil en el primer mes del año en los Tribunales de Familia.

De acuerdo a la denuncia de los defensores, "la secretaría de Hacienda impuso nuevas trabas administrativas al presupuesto que el municipio destina a las víctimas". Este reclamo se suma a la denuncia por la no compra de los botones antipánico cuando, como señaló la Defensoría, hay 67 mujeres que los esperan.

Además, desde el organismo aseguraron que "el gobierno mantiene congeladas las designaciones de personal en la Dirección de Políticas de Género, lo que produce que programas que atienden esta problemática no estén funcionando".

"La nueva actitud del Ejecutivo municipal niega una asistencia imprescindible a quienes buscan ayuda ante graves situaciones. Exigimos al Intendente el inmediato pago de las becas, la compra de botones antipánico y las designaciones de personal. De lo contrario, él y sus funcionarios estarán incurriendo en incumplimiento de sus funciones", sostuvieron los defensores.