Un hombre de 35 años fue aprehendido tras un operativo policial que permitió recuperar un vehículo retenido de forma indebida, en el marco de una causa por defraudación iniciada por la denuncia de un propietario de una flota de autos de alquiler, en un procedimiento realizado en el barrio Cerrito Sur.

La investigación se originó a partir de la presentación de un hombre de 54 años, quien denunció que uno de los conductores interrumpió el contrato vigente, se negó a devolver un Citroën C3 negro y acumuló una deuda superior a los dos millones de pesos por el uso del rodado.

Con las pruebas reunidas, el fiscal Carlos Bruna, titular de la Fiscalía Nº10, solicitó una orden de allanamiento al Juzgado de Garantías Nº5, que fue ejecutada por personal de la Comisaría Novena junto al Gabinete Técnico Operativo en un domicilio de Cerrito al 2900.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron aprehender al sospechoso y secuestrar el vehículo junto con sus llaves de encendido. Por disposición judicial, el automóvil fue restituido a su propietario bajo la figura de depósito provisorio tras la realización de los peritajes correspondientes.

El imputado fue notificado de la formación de la causa por el delito de defraudación por retención indebida y posteriormente recuperó la libertad.

El fiscal federal Nicolás Czizik pidió penas de entre 1 año y 6 meses y 8 años y medio de prisión para 20 de los acusados, al concluir, tras seis horas de exposición, su alegato en el megajuicio por asociación ilícita y más de 300 fraudes contra la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), con un perjuicio millonario al Estado, a través de la fabricación de beneficios previsionales fraudulentos.

Caso por caso y de manera detallada, el representante del Ministerio Público Fiscal dio cuenta de las responsabilidades de las personas acusadas. También requirió la absolución de 19 imputados: 17 de ellos beneficiarios y dos mujeres -una abogada y una psicóloga- por no determinarse en instancia de juicio sus responsabilidades en las maniobras. Además, solicitó la absolución parcial de un ex funcionario de la ANSES por falta de evidencia, pero requirió pena por la tenencia ilegítima de tres armas de fuego de guerra.

Por otro lado, abordó los acuerdos de juicio abreviado donde reconocieron su responsabilidad cuatro médicos, dos empleados, otra persona con vínculos en el estudio y una contadora, y pidió su homologación.

Como la semana pasada, la audiencia de este juicio que comenzó hace casi un año, tuvo 34 audiencias y por el que cual declararon 117 testigos, volvió a conjugar la presencialidad y la virtualidad.

Czizik -quien estaba a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Mar del Plata cuando se instruyó la causa-, alegó de manera remota ante el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) de Mar del Plata, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Luis Imas y Karina Yabor.

En la sala de audiencias del TOCF, estuvieron presentes algunos de sus empleados; algunos imputados con sus abogados; y la secretaria de la fiscalía, Guillermina Jiménez.

LAS PENAS

Las penas más altas fueron solicitadas para los cuatro principales imputados que tenían a cargo el estudio previsional desde donde se realizaban las defraudaciones. Para el abogado Luis Miguel Iros, pidió una pena de 8 años y 6 meses de prisión; para el también abogado Rubén David Cagni y para Roberto Balbuena, el pedido fue de 8 años y 3 meses de prisión y para el letrado Luciano Conrado Diez Suárez el requerimiento fue de 7 años y medio.

Los cuatro están acusados de ser jefes de la asociación ilícita, además de 97 casos de defraudación contra la administración pública, más 250 en grado de tentativa, 102 adulteraciones dolosas de registros y cuatro casos de tenencia ilegítima de DNI ajenos. El primero, además, fue acusado por dos casos de cohecho.

El fiscal pidió, para los cuatro, absoluciones por 15 casos de defraudación, uno de alteración dolosa de registro y otro de utilización de documento privado falso, además de siete tenencias ilegítimas de DNI ajenos.

Además, requirió el decomiso de los inmuebles ubicados en la esquina de avenida Paso 2880 y 2890, además el dinero en efectivo incautado a los cuatro principales responsables de la organización. El juicio se reanudará en dos semanas, con el inicio de los alegatos de las defensas.

Fuente: Fiscales.gob.ar