Durante 2025 se registró una caída en los homicidios y en los robos en la Argentina, aunque aumentaron las estafas virtuales, según informó hoy en conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

De acuerdo con datos preliminares del Ministerio de Seguridad, el año pasado hubo 1705 personas asesinadas en el país, lo que representa una tasa de casi cinco homicidios por día. Con esas cifras, la tasa de homicidios dolosos descendió un 17%, al pasar de 4,4 en 2023 a 3,7 cada 100 mil habitantes en 2025.

La funcionaria destacó que la tendencia de los homicidios se mantiene a la baja en la última década, ya que en 2015 la tasa era de 6,6 cada 100 mil habitantes. Además, pese a los cuestionamientos del Gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires, los registros oficiales indican que tanto los homicidios como los robos disminuyeron también en ese distrito durante el último año.

Monteoliva aclaró que los datos difundidos son preliminares y que aún no se publicaron los informes completos ni el detalle desagregado por provincias. No obstante, anticipó que la baja de homicidios se verificó en Córdoba, Mendoza, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, y subrayó que “se redujo el área donde se concentra el 90% de los homicidios en 0,8% del territorio nacional”.

Según el informe, sin especificar por jurisdicción, en 2023 se habían registrado homicidios en 193 municipios, mientras que en 2025 el número descendió a 180. También se destacó el impacto del Plan Bandera en Rosario, ciudad considerada prioritaria, donde los homicidios bajaron un 22% respecto de 2024.

En comparación internacional, la ministra señaló que el 19% de los homicidios en Argentina están vinculados al crimen organizado, frente a un promedio del 51% en América Latina y del 22% a nivel mundial. Asimismo, indicó que el 51% de los asesinatos se cometen con armas de fuego y el 26% con armas blancas.

En cuanto a los robos, el Gobierno informó una baja del 20,8% en la tasa cada 100 mil habitantes, al contabilizar en conjunto los robos simples y los agravados. La cifra descendió de 1007 robos en 2024 a 798 en 2025, niveles similares a los registrados en 2020 y 2021, durante la pandemia.

La reducción de los robos fue generalizada en todo el país y ninguna de las 24 provincias mostró un incremento, incluida la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la cartera de Seguridad advirtió un cambio en las modalidades delictivas, con una migración hacia las estafas virtuales, que se encuentran en crecimiento.

Monteoliva definió este fenómeno como una “mutación” del delito y sostuvo que las estafas online “están en crecimiento, en tendencia a incrementarse”, lo que explicaría en parte la caída de los robos simples y agravados.

Fuente: con información de DIB

El Ministerio de Seguridad de La Nación, encabezado por Patricia Bullrich, dio a conocer las estadísticas criminales de 2024 y el informe preliminar de los homicidios dolosos cometidos en el país durante este primer trimestre de 2025.

El dato es que, según los registros oficiales, el año pasado se registró la tasa más baja de la historia en homicidios dolosos: un 3,8% cada 100 mil habitantes.

Asimismo, en los primeros meses de este año, las cifras indican que esta tendencia sigue a la baja. De acuerdo a lo informado por la funcionaria nacional, los primeros datos registraron una caída del 9,6% en comparación a años anteriores.

Las estadísticas, además, marcaron las diferencias entre cada provincia respecto al mismo delito.

La lista de las provincias más afectadas por homicidio la encabeza Santa Fe, con un promedio de 4,9% cada 100 mil habitantes. La siguen Salta y Chaco, con 4,6% las dos. Y apenas por detrás, completan el podio Buenos Aires y Río Negro, con 4,5% de crímenes contabilizados sobre el porcentaje de población indicado anteriormente.

Neuquén quedó 6º, con un 4,3%, y luego aparecen Chubut (4,2%), Tucumán (3,8%), Misiones (3,5%) y Entre Ríos, junto a Santiago del Estero y Mendoza con un promedio de 3,4%.

En contraparte, la provincia que menos crímenes sufrió en el 2024 fue La Rioja, con solo 1% de homicidios cada 100 mil ciudadanos. Índices similares se registraron en San Juan (1,2%), La Pampa (1,4%), Santa Cruz (1,5%) y Tierra del Fuego (1,6%).

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por su parte, se ubicó entre las 10 ciudades con menos homicidios en su territorio, ocupando el 8º puesto con un 2,5%, por detrás de Catamarca (1,9%) y Jujuy (2,0%).

Según se detalló en el informe, en 2024 fueron asesinadas 1.803 personas. De estas, un 51,6% fueron atacadas con armas de fuego y un 26,4% con armas blancas. Los hechos ocurrieron mayormente en la vía pública, acumulando un 57,5% de los casos, y el 32,2% sucedió en domicilios. Respecto al género, el 82,6% de las víctimas fueron varones y el 17,4% mujeres. Además, el 60% de las víctimas tenía entre 17 y 40 años.

Los femicidios, -u “homicidios de mujeres”, como los distingue el Ministerio de Seguridad- también registraron una importante baja en el último año.

Según los datos dados a conocer, en 2024 hubo 313 víctimas, mientras que en 2023 fueron 362. Esto representa una disminución total del 14,3%, con una tasa actual de 1,3 femicidios por cada 100 mil mujeres, comparada con el 1,5% registrado en 2023.

En el informe se reveló que el 56,8% de las víctimas, es decir, la mayoría de los casos, tiene un vínculo familiar y/o afectivo con su homicida, siendo esta su familiar, pareja o expareja.

En cuánto a delitos sexuales, Bullrich anunció que bajaron en un 12,8% en comparación al 2023 (el año pasado se totalizaron 36.593 víctimas, siendo casi el 73% mujeres). En este sentido, destacó: “Entre 2020 y 2023, los delitos sexuales aumentaron, al igual que el presupuesto estatal destinado a combatirlos y la falta de resultados concretos”.

Los delitos de trata simple y agravado, por su parte, bajaron un 35,9% en 2024, según datos oficiales.

Un delito que marcó un leve incremento en 2024 fueron los robos. De acuerdo a los datos oficiales, se registró una suba mínima de 0,5% en la tasa de este tipo de ilícito en las provincias. No obstante, desde el Ministerio remarcaron que la pendiente de crecimiento se redujo en un 13%, lo que muestra una desaceleración en el aumento de los robos.

También resultaron en alza las causas por lesiones dolosas (1,2% más), hurtos (1,8%) y tenencia y narcomenudeo (17,8%). En este último caso, se observó un considerable aumento de casos en Tucumán (117,8%), Salta (80,5%), Catamarca (78,8%) y CABA (78,6%). Por el contrario, hubo una disminución en Corrientes (47,4%), Córdoba (41,8%), Tierra del Fuego (39,4%), Misiones (34,2%) y Mendoza (31,8%).

Los delitos de Confabulación, Producción, Organización y Financiación del narcotráfico, disminuyeron en un 14% en el último año. Según las cifras, en 2024 se registraron 1.210 casos,} contra 1.394 en 2023, lo que significa una tasa de 2,6% este último año frente al 3,0% del anterior.

También bajaron los delitos de contrabando en todas sus modalidades. Hubo 17.696 casos en 2024 en comparación a los 18.855 ocurridos en 2023. Esto representa una disminución total de 7 por ciento

En cuanto a los ciberdelitos sexuales vinculados a menores, se reportaron 795 hechos, lo que significó una importante caída del 42,3% entre ambos periodos.

Fuente: Infobae

Un dato que surge de diversos estudios realizados en torno al delito digital, señala que en el último año las estafas de este estilo crecieron más del 40% y la mayoría de estos engaños está dirigida al público de los adultos mayores.

En ese sentido, se indicó que son cinco las modalidades de fraude más comunes que tienen como objetivo los ahorros de los jubilados: estafas a través de WhatsApp con falsas ofertas y beneficios; solicitudes de datos personales por correo electrónico; llamadas telefónicas; engaños en redes sociales y sitios web falsos; y el uso de códigos QR para redirigir a sitios apócrifos.

Los especialistas señalaron que hubo muchos casos de mensajes de WhatsApp provenientes de cuentas falsas que simulan ser del PAMI, incluso utilizando el logo oficial del organismo en su perfil. Estos mensajes ofrecen supuestos beneficios, como medicamentos gratis, o advierten que el jubilado perdió un subsidio o que su credencial ha expirado. 

Para recuperar el 100% del beneficio o renovar el carnet, se solicita a la víctima completar un formulario, lo que permite a los estafadores obtener información personal sensible.

Como se indicó, otra modalidad común se lleva a cabo a través de correos electrónicos enviados desde direcciones falsas. Al igual que en WhatsApp, los mensajes prometen medicamentos gratuitos o solicitan renovar credenciales obligatorias. 

Para acceder a estos “beneficios”, se pide a las víctimas que proporcionen datos personales, los cuales son utilizados por los delincuentes para acceder a servicios como el homebanking. En algunos casos, incluso se solicita dinero para realizar gestiones que, en realidad, son gratuitas en el PAMI, aumentando el perjuicio económico para los jubilados.

Las estafas mediante llamadas telefónicas también han proliferado. Los ciberdelincuentes emplean diversas técnicas de ingeniería social, como falsos secuestros, suplantación de identidad (a veces utilizando inteligencia artificial) o avisos de préstamos. Durante estas comunicaciones, los estafadores piden dinero directamente o solicitan información privada, como datos bancarios, que luego utilizan para vaciar las cuentas de las víctimas.

También las redes sociales y los sitios web fraudulentos se han convertido en un canal creciente de estafas. A través de plataformas como Facebook, Instagram o X, los delincuentes publican promociones falsas que ofrecen descuentos o beneficios. Al hacer clic en estas ofertas, los jubilados son redirigidos a páginas que imitan sitios oficiales de organismos, plataformas de comercio o grandes tiendas. 

Para acceder al supuesto descuento o realizar una compra, se les pide ingresar datos personales o los números y claves de sus tarjetas de crédito, los cuales son utilizados por los estafadores para realizar compras online a nombre de la víctima.

Finalmente, una técnica que ha ganado terreno en los últimos meses involucra el uso de códigos QR que dirigen a webs o formularios fraudulentos. El anzuelo es similar al de otras estafas: se prometen beneficios, subsidios, descuentos, medicamentos gratis, créditos o préstamos. Sin embargo, al escanear el código QR, las víctimas son llevadas a sitios falsos donde se les solicita información privada.

Esta modalidad busca aprovechar la confianza de los jubilados en herramientas digitales modernas para robar sus datos y, finalmente, sus ahorros.

Fuente: con información de TN

Un hombre de 43 años, acusado de sustraer un par de auriculares inalámbricos de un local ubicado en un shopping de la zona de la Vieja Terminal (Sarmiento y Rawson), fue detenido cuando se alejaba del lugar. Al constatar su identidad, se comprobó que tenía amplios antecedentes.

El hecho ocurrió cuando el imputado, aprovechando un descuido, tomó el elemento y se retiró del establecimiento por la puerta de la calle Sarmiento.

La víctima, un joven de 25 años, al sospechar del hurto, revisó las cámaras de seguridad y alertó al personal de seguridad privada del centro comercial. Gracias a la rápida intervención, el sospechoso fue retenido en la vía pública. Finalmente fue retenido por personal de la Comisaría Novena.

María Isabel Sánchez, a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, fue informada de la situación y dispuso que se notifique al aprehendido por el delito de “hurto”. Asimismo, ordenó la restitución de los auriculares a la víctima, la realización de las actuaciones de rigor y determinó no adoptar medidas restrictivas de la libertad para el imputado.

El hombre cuenta con un extenso historial delictivo, que incluye “tentativa, robo, encubrimiento, amenazas agravadas, daños, allanamiento por robo calificado, captura activa por robo y lesiones leves”.

El fiscal Fabián Fernández Garello manifestó su profunda preocupación por el impacto creciente del narcotráfico en la sociedad marplatense y el alarmante aumento de casos vinculados a delitos sexuales intrafamiliares y violencia de género. En el marco del encuentro convocado hoy por la Jefatura Distrital de Educación en la Sala Payró, describió el panorama como “crudo y preocupante” y advirtió sobre la complejidad que enfrenta el trabajo diario en las Fiscalías de turno.

“A veces no salimos de nuestro asombro en situaciones cotidianas sobre las que trabajamos. No en todas podemos aplicar criterios generales porque vemos una conflictividad social muy particular, que se manifiesta en delitos muy marcados como el consumo de sustancias ilegales y el efecto que eso tiene en distintos niveles de la sociedad”, señaló el fiscal.

Según explicó, esta problemática no distingue sectores sociales: “Se ve tanto en grados carenciados como en la clase media. La diferencia es que quien tiene un ingreso, muchas veces cuenta con obra social o un mejor mecanismo de defensa que quien solo hace changas o no tiene ingresos”, detalló.

La gravedad del consumo de drogas ilegales y la expansión del narcotráfico fueron señaladas como factores centrales que están deteriorando el tejido social. “En los últimos 15 o 20 años, la droga ha horadado valores por los cuales el pueblo argentino históricamente ha reclamado: el trabajo, la cultura, la educación. Pero a partir de la inserción de este actor denominado narcotráfico, comienzan a aparecer situaciones insólitas”, agregó.

En ese sentido, relató casos recientes que dan cuenta de una problemática profundamente instalada. “Hace una semana mandé a juicio a un sujeto que no solo abusaba de la hija de su pareja, sino que su propia hermana declaró que él también le había propuesto mantener relaciones a cambio de pagarle la pintura de la casa”, indicó.

Asimismo, se refirió a otro hecho que conmocionó a la ciudad: “Este martes, salió en las noticias que un nieto abusó de su abuela de 92 años. Le pidió permiso para quedarse a dormir y durante la madrugada la hija de la víctima, que también es su tía, escuchó ruidos raros y lo encontró encima de la señora”, relató.

Por último, el fiscal destacó que los abusos sexuales intrafamiliares y la violencia de género se han convertido en los delitos más frecuentes en el ámbito judicial. “Hace pocos días se detuvo a un hombre que violó a una joven en la puerta de la Biblioteca Municipal. Hacía mucho tiempo que no se detenía a alguien en la calle por este tipo de delitos. Hoy, estos dos aspectos concentran las mayores estadísticas que tiene una fiscalía de turno”, concluyó.

Desde la ONG Familiares de Víctimas del Delito y Tránsito de Mar del Plata expresaron su preocupación por el avance de la inseguridad en la ciudad y apuntaron contra el sistema penitenciario y las políticas de reinserción social. Héctor Blasi, uno de los referentes de la organización, afirmó que el problema no se limita solo a la cantidad de hechos delictivos, sino también a su complejidad y violencia creciente.

“Estamos muy preocupados por la ola delictiva de la inseguridad pública y estamos tratando de ver diferentes aspectos de cómo se da esto, más allá de la problemática en sí que sufrimos todos los marplatenses”, señaló Blasi, al remarcar la necesidad de abordar el tema desde una mirada integral.

Uno de los principales puntos que cuestionó fue la alta tasa de reincidencia entre personas que cumplen condenas en el complejo penitenciario de Batán. Según explicó, “el problema mayor es que tenemos una cárcel prácticamente dentro de la ciudad” y que "el programa de reinserción ha fracasado, no les enseña nada, y siguen delinquiendo”.

Además, denunció que numerosos delincuentes son trasladados desde otras ciudades a cumplir penas la Unidad Penal N° 44, lo que genera un asentamiento permanente tanto de ellos como de sus familias.

Blasi también criticó al gobernador Axel Kicillof, quien recientemente habló de “800 casos al año” en relación con la inseguridad. “Desconfiamos de esa cifra porque parecen declaraciones para la tribuna, o que buscan minimizar el problema en un año electoral”, sostuvo. Y agregó que, según datos de informes internacionales, la Argentina figura entre los países con mayores niveles de inseguridad, ocupando el vigésimo puesto a nivel global.

Por último, relacionó el crecimiento de la violencia con el narcotráfico, el consumo problemático de drogas y las disputas territoriales. Aseguró que, aunque los homicidios habían disminuido en años anteriores, actualmente se registra un aumento de hechos violentos en los barrios periféricos, en zonas cercanas a puntos de venta de estupefacientes. “Son luchas territoriales, ajustes de cuenta o problemas de vieja data, pero lo cierto es que cada vez hay más violencia”, concluyó.

Ingresó en el Congreso un proyecto de ley que busca endurecer las sanciones penales y comerciales para quienes cometan delitos o prácticas abusivas durante situaciones de extrema vulnerabilidad social, como las vividas recientemente en la ciudad de Bahía Blanca.

El proyecto, titulado Ley de Agravamiento de Sanciones en Contextos de Conmoción Social, establece que las penas para los delitos cometidos durante o inmediatamente después de desastres naturales, catástrofes humanas o tecnológicas se incrementen al doble. Además, prevé que las multas por infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Defensa de la Competencia y otras normas comerciales también se dupliquen en estos contextos.

“Lo que vivimos en Bahía Blanca fue una verdadera tragedia, con familias enteras afectadas, infraestructura devastada y servicios esenciales colapsados. No podemos permitir que haya quienes, en medio del dolor y la desesperación de la gente, se aprovechen para cometer delitos o abusos comerciales”, expresó el diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba, autor del proyecto.

Además, agregó que “no sólo nos referimos a los hechos más visibles, como los robos, sino a situaciones que generan aún más daño e inseguridad, como la violación a la propiedad y las usurpaciones. Estas acciones siembran el miedo entre quienes ya lo ha perdido todo y complican las tareas de evacuación y restablecimiento del orden”.

El proyecto también contempla que la diferencia recaudada por estas sanciones agravadas se destine directamente a la asistencia y recuperación de las víctimas y de las comunidades afectadas. “El objetivo es claro: quienes cometen delitos en medio de una catástrofe no sólo deberán enfrentar penas más duras, sino que lo recaudado por esas sanciones irá a reparar los daños sufridos por la población. Se trata de justicia y de reconstrucción social”, sostuvo el diputado.

Sánchez Wrba concluyó que “la iniciativa busca fortalecer la capacidad del Estado para actuar con firmeza y equidad en situaciones de crisis y garantizar que la solidaridad y la justicia prevalezcan por sobre la especulación y el delito”.

La creciente inseguridad en la Provincia provocó una gran inquietud en toda la región, y debido a su cercanía con Mar del Plata, la llegada de personas con antecedentes provenientes de otras ciudades durante esta temporada aumentó la preocupación a nivel local.

En los últimos meses, innumerables casos de ilícitos fueron realizados por personas oriundas del Conurbano bonaerense y muchas de ellas con antecedentes penales. En ese marco, los vecinos marplatenses de distintas zonas comenzaron a manifestar su descontento y a pedir por mayores medidas de seguridad. Uno de ellos fue el barrio Colinas de Peralta Ramos que en las últimas semanas se organizó para realizar una marcha y en las últimas horas, quienes viven en la zona del barrio Constitución. 

En ese sentido, Heraldo García, referente del Congreso Vecinal de General Pueyrredon, indicó a El Marplatense: "Hubo una reunión de vecinos en la Asociación de Fomento del Barrio Constitución este jueves, para tratar el tema de la inseguridad reciente de esta última semana porque hubo numerosos casos de robos con motochorros y alguna otra modalidad".

"El barrio siempre fue bastante tranquilo pero en este último tiempo dejó de serlo, por eso realizamos este encuentro. Se invitó a la policía pero no pudo concurrir", agregó. 

"Desde la Comisaría Séptima nos indicaron que están haciendo operativos de saturación, en distintos lugares y esperamos que haya un efecto positivo de todo eso. Vamos a seguir pidiendo reuniones con el titular de la misma y con el Jefe Departamental para charlar esto. Además, los vecinos van a hacer un registro estadístico de los delitos en la zona y se encuentran en constante contacto mediante redes sociales, en donde nos avisamos sobre situaciones sospechosas", concluyó. 

En un trabajo en conjunto con la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y el Grupo Forense de Análisis de Imágenes (GAFI) del COM, las autoridades detuvieron a un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad peruana, quienes habían cometido diversos delitos en la ciudad utilizando un auto robado. El Municipio solicitará la deportación del sujeto.

Días atrás, un grupo de personas llevó a cabo diferentes delitos usando un auto. A partir de información recabada por la DDI, identificaron el vehículo, lo que permitió cargar su patente en el sistema del Anillo Digital. Y en paralelo, el personal del GAFI utilizó las cámaras del COM para realizar un seguimiento que incluyó la identificación de trayectos, horarios y domicilios vinculados a los sospechosos.  

La DDI detuvo a un extranjero ilegal (peruano) con antecedentes en Mar del Plata: pedimos su deportación. La ciudad no es refugio para delincuentes. pic.twitter.com/Bf5GOTP3aX

El lunes por la tarde, luego de la investigación de la DDI, los interceptaron en la intersección de la avenida Tejedor y Mansilla. Allí constataron que la patente no coincidía con el modelo del vehículo y que el grabado de cristales tenía pedido de secuestro activo desde el 18 de mayo de este año.

Tanto el conductor como la acompañante, ambos de nacionalidad peruana, no poseían la documentación del vehículo y fueron aprehendidos por encubrimiento y trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.  

En esa línea, desde el Municipio solicitarán la deportación del conductor, quien se encuentra en situación irregular en el país y cuenta con antecedentes penales por hechos cometidos en la ciudad.

Ante la creciente preocupación, este miércoles se llevó a cabo una capacitación sobre ciberdelitos para adultos mayores en donde se brindó información para reconocer las señales de advertencia y protegerse de manera efectiva frente a este tipo de delitos.

Sobre esto, Leonardo Mena, secretario de Previsión del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica indicó a El Marplatense: "Este miércoles en la sala de audiovisuales del Sindicato de Empleados de Comercio se brindó una charla sobre delitos cibernéticos, la cual estuvo a cargo del Departamento de capacitación de la Secretaría de Seguridad del Municipio"

"La iniciativa trató sobre los diferentes tipos de delitos informáticos y las técnicas que utilizan los delincuentes para estafas a las personas. La idea principal es que los participantes aprendan a reconocer las señales de advertencia para protegerse de manera efectiva sobre ellos. Esta charla se realizó a través de la Secretaría de Previsión del Sindicato de Empleados de Comercio", concluyó.

Es importante destacar que todo aquel que haya sufrido alguna de estas situaciones puede denunciar la misma en Fiscalía General o en la Fiscalía de Delitos Económicos.

Recomendaciones ante estos delitos

Desde la comuna se brinda una serie de consejos a tener en cuenta para prevenir este tipo de situaciones:

- Activar la autenticidad de dos factores en cuentas de redes sociales y WhatsApp o las plataformas digitales que se utilicen. 

- No brindar ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.

- No usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios.

- Tener cuidado con los enlaces sospechosos y asegurarse siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión.

- No usar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.

- No usar redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.

Debido a las repetidas estafas en las que delincuentes se hacen pasar por trabajadores de la empresa Camuzzi, la jefa de relaciones institucionales de la entidad, Virginia Ferrer, brindó una serie de recomendaciones para evitar este tipo de delitos. Destacó que Camuzzi no realiza ofertas ni descuentos comerciales por teléfono y que los operarios no tienen permitido el ingreso a los hogares.

“Desde el año pasado, pero con mayor intensidad en las últimas semanas, hemos visto diferentes modalidades en las que se comunican con usuarios de Camuzzi con alguna excusa para obtener datos sensibles. Estamos haciendo una campaña para advertir a los usuarios y recordarles que son datos que la compañía nunca va a solicitar”, señaló en diálogo con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

Ante cualquier duda, la empresa puso a disposición el 0800 para “cortar esa comunicación, no entregar los datos que les solicitan y no completar ningún formulario”. Entonces, Ferrer recomendó llamar a Camuzzi por las líneas oficiales y “chequear si esa propuesta comercial realmente existe”.

A su vez, explicó que Camuzzi no realiza ofertas ni descuentos comerciales por teléfono, que es una de las maneras por las que delincuentes llevan a cabo sus estafas. Según la referente de la empresa, por lo general se comunican con jubilados, a quienes les ofrecen un 50% de descuento en sus facturas.

“Tampoco pedimos datos que sean códigos de cuatro cifras, que son los de activación de Whatsapp. En el caso de hacer una visita, el personal de Camuzzi porta identificación con nombre y apellido, foto y número de legajo. Además, todos los operarios visten uniforme y son los únicos a circular con la flota vehicular de la compañía. Y a su vez, no tienen permitido el ingreso a los hogares, salvo que se efectúe algún reclamo específico de verificación de la instalación interna”, agregó.

Por último, comentó que frente a un empleado que se acerca a un domicilio o se comunica por Whatsapp o mail, antes de dejarlo pasar o entregar información sensible, “la recomendación es comunicarse al 0810-555-3698”.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó hoy los detalles del proyecto del Gobierno para la baja de la imputabilidad de los menores y señaló que va a quedar "anclada en los 13 años".

“Tenemos mucho diálogo con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, ella se involucra con mucha seriedad e idoneidad en los temas. Estamos delineando las pautas finales, creo que va a quedar anclada en los 13 años la imputabilidad“, sostuvo Cúneo Libarona.

En este sentido, el titular de Justicia, aseguró: “En los últimos dos meses estuvimos trabajando en la materia y nos inclinábamos por los catorce, pero se dieron muchos casos de chicos de trece años. Eso nos hizo repensar y nos inclinamos por ver que el chico no es solamente de dieciséis, como era en la ley de 1980”.

“Estábamos entre 13 y 14, y los informes estadísticos que habíamos analizado, la legislación mundial y demás, nos llevaba a ese debate”, explicó en diálogo con el diario La Opinión Austral y la radio LU12 AM 680 de Río Gallegos.

Bullrich se había manifestado acerca de este debate al asegurar que la discusión giraba en torno a si se establecía como límite "los 14 años, o si es 13 como en Uruguay o 12 como en Brasil".

De acuerdo a lo declarado por la funcionaria nacional, junto la cartera que conduce Cúneo Libarona se encontraban analizando "cómo impactó" esa medida en la población de los países que redujeron la edad de imputabilidad.

“Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”, puntualizó la ministra durante una entrevista radial.

En tanto, la semana pasada, el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Álvaro Martínez, fue más allá y presentó un proyecto de ley que endurece el actual Régimen Penal de Minoridad, bajando la edad de imputabilidad a los 12 años.  

La propuesta de Martínez es, en ese sentido, la más osada de las presentadas hasta el momento, ya que establece el piso a una edad mucho más temprana, cuando los menores están atravesando la preadolescencia.

Este proyecto contempla penas máximas de hasta 20 años de reclusión para los mayores de 16 años y de hasta 15 años para los menores que tuvieran entre 12 y 15 años al momento de la comisión de un delito.

El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires publicó su información estadística de la cantidad de investigaciones iniciadas en 2023. Como datos más significativos, se observó que crecieron un 25% las investigaciones penales en el departamento judicial de Mar del Plata con el impulso de causas a partir de robos y hurtos, entre otras, que en algunos casos aumentaron hasta cerca de un 100% con relación al año previo. Entre los datos más alarmantes, se observó un aumento en aquellas de homicidios agravados del 25% y de hurto en casi un 60% respecto al 2022.

El aumento en el inicio de causas e investigaciones se produjo a nivel provincial con un 12,1% y también en particular en el departamento judicial de Mar del Plata, que además de la ciudad también comprende a distritos vecinos como Balcarce, General Alvarado y Mar Chiquita.

Las investigaciones de homicidios agravados cometidos por mayores de 18 años, aumentaron un 25%: de 16 en 2022 a 20 en 2023. Las de lesiones leves agravadas lo hicieron en menor proporción en un 21%, de 653 a 796. En el caso de los menores, se observó una suba de las causas de lesiones leves en un 14%.

Por otro lado, en los datos sobre delitos contra la integridad sexual se observan cifras alarmantes: las investigaciones de abuso sexual con acceso carnal aumentaron en un 23% y otros delitos contra la integridad sexual un 49%, con un total de 185 causas. Menores de edad también fueron investigados con estas carátulas: en 2023 se investigaron 101 delitos de abuso sexual simple, una suba del 9% respecto del año anterior, y 22 de abuso sexual con acceso carnal.

Los delitos contra la propiedad incluyen todo tipo de robo y hurto. Es aquí donde se observó el mayor crecimiento de investigaciones. En causas de hurto cometidas por mayores de edad, se observó un incremento del orden del 60%: 4509 en 2022 a 7171 en 2023. Particularmente, aumentó el hurto agravado de vehículos en la vía pública en un 23%, que representó un total de 2148 de los mismos.

Las causas de robo tuvieron una suba: 30%, con un total de 6468 casos, y el robo agravado por uso de arma casi un 20%.

En las causas iniciadas a menores de 18 años bajo estas carátulas también se ven incrementos: un 8,3% en el hurto, un 11,8% en el robo y 11,5% en otros robos agravados.

Las investigaciones de amenazas en menores de edad crecieron en mayor medida que en los mayores de 18 años: para estos primeros se observó una suba el 10,5% mientras que para los segundos una de 7,6%.

En suma, en Mar del Plata las investigaciones de todo tipo de delitos aumentaron en un 25%: en 2022 hubo 40.681 y en 2023 51.198. A comparación de los datos totales de la provincia de Buenos Aires, el crecimiento fue mayor: de 924.492 a 1.036.696, que representa una suba de un 12%.

De todas ellas la tasa de litigiosidad fue de un 6.4. La litigiosidad da cuenta de la cantidad de pleitos iniciados judicialmente en un determinado período de tiempo. Estos pleitos se pueden materializar como denuncias formalizadas (en el caso del Fuero Penal), o demandas. Se mide por cantidad de Investigaciones Penales Preparatorias iniciadas por cada 100 mil habitantes. Para Mar del Plata se utilizaron estimaciones basadas en el censo 2022 y se tomó una población de 798.683.

En ese mismo sentido, observando los datos de la provincia de Buenos Aires, se tomó una población de 17.676.365 habitantes y la tasa de litigiosidad alcanzada también fue menor a la del Departamento Judicial de Mar del Plata: 5.8.

Así, el Dpto. de Mar del Plata se ubica séptimo en el orden de esta tasa, antecedido por Dolores, Pergamino, Lomas de Zamora, Necochea, La Plata y Avellaneda. Comparado con Departamentos de población similar como Bahía Blanca o Moreno-General Rodríguez,  la tasa de litigiosidad es muy superior.

A partir de las capacitaciones para prevenir ciberdelitos que impulsó la Secretaría de Seguridad, el titular de la cartera, Rodrigo Gonçalves, manifestó que buscarán trasladarlas a escuelas y sociedades de fomento, al mismo tiempo que prevén una nueva charla direccionada a los jóvenes acerca de los juegos clandestinos.

La charla ofrece información sobre los diferentes tipos de ciberdelitos y las técnicas que utilizan los delincuentes, donde los participantes aprenden a reconocer las señales de advertencia para protegerse de estos ilícitos de manera efectiva.

De este modo, el secretario de Seguridad le contó a El Marplatense: “Empezamos con esta línea de charlas y capacitaciones que buscan que las personas tomen mayor conciencia de algunas cuestiones. Van de la mano con las charlas sobre el riesgo del monóxido de carbono y lo que trabajamos con Defensa Civil, y lo que hacemos con el director de Tránsito, Héctor Ragnoli, en prevención de accidentes viales. Y este año continuamos con ciberdélitos ya que tuvo buena aceptación y sobre todas las cosas, tiene una problemática que hasta fiscalmente se han orientado causas”.

Además, explicó que se trata de una nueva modalidad que “se relaciona al desarrollo tecnológico y con los inescrupulosos que entienden que hay personas de mayor edad con teléfonos inteligentes para estafarlos”. En otro punto, el anterior encargado de Defensa Civil señaló que tuvieron conversaciones con las autoridades de la Fiscalía para obtener herramientas frente a este tipo de ilícitos y lograr advertir a quienes asisten a las capacitaciones. 

Puntualmente respecto a los ciberdelitos, subrayó: “Son acciones en las que mediante un llamado telefónico persuaden a las víctimas para pedirles contraseñas con la excusa de que ganaron un premio. O también las seducen con algún elemento para ganar su confianza y robar datos personales. Es muy difícil luego hallar un culpable y lamentablemente llegó para quedarse”.

Igualmente, Gonçalves se mostró satisfecho por la aceptación de la ciudadanía, que “lo toma de muy buena manera”, y adelantó que a pesar de que las capacitaciones fueron “enfocadas para la tercera edad", se ampliarán porque la mayoría no nació ni creció con la tecnología. Por esa razón, reveló que la Secretaría de Seguridad proyecta dar cursos a los más jovenes (entre ocho y trece años) acerca del peligro de los juegos clandestinos, “debido a que está creciendo y tiene métodos de captación”.

Por esa “aceptación”, aseguró que la idea es extender las capacitaciones a otros barrios, luego de las dos jornadas de esta semana en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos y Cáritas. “Todas las capacitaciones, ser proactivos y no trabajar en la emergencia, son importantes. Y es esto; ampliarnos un poco más, dar las charlas, acercarnos a la población e ir a las sociedades de fomento y a las escuelas”, finalizó el referente en materia de seguridad de General Pueyrredon.

La detención de un menor de edad por el presunto asesinato de un playero de una estación de servicio de Rosario puso el foco, una vez más, sobre a posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. 

El debate ya había surgido en enero cuando el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anunció que impulsará un proyecto para modificar la Ley vigente en la Argentina, para que los menores puedan ser condenados a partir de los 14 años.

Asimismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, secundó la idea propuesta a través de sus redes sociales donde días atrás aseguró que "ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes”.

Este hecho enfrentó opiniones sobre cómo deben ser tratados los menores de edad que incurren en el delito. Organizaciones de Derechos Humanos aseguraron que esta medida lejos de disminuir la inseguridad, "profundiza el estigma y la violencia estatal y social hacia la niñez".

En Mar del Plata se ha registrado un aumento de los delitos cometidos por menores de edad en los últimos meses. Principalmente, los hechos de público conocimiento refieren a robos o daños de propiedades privadas. Sin embargo, no son los únicos casos. 

El fiscal Walter Martínez Soto, de la UFI Penal Juvenil, manifestó que "los delitos que más comenten suelen ser contra la propiedad, desde robos simples, a veces acompañados, pero es el mismo porcentaje que los delitos por encubrimiento de motos".

Principalmente "los robos de motocicletas dejadas en la vía pública y cosas que se dejan dentro de los autos, son los que encabezan la lista. Lo del encubrimiento, si bien es un delito menor, tiene que ver con esto porque generalmente la policía no los agarra con las manos en la masa, como generalmente dicen en Flagrancia, sino que tiempo después cuando el ladrón se la dio a otro para que cometa algún delito". 

Por otro lado, "hay un porcentaje realmente alto que se relacionan con los abusos con y sin acceso carnal, se incrementó el número en el último tiempo y son por parte de los jóvenes", apuntó. 

En un balance, Martínez Soto declaró que "hemos notado que del año pasado a este hubo alrededor de un 25% de incremento de delitos, y en particular en los últimos años, relacionados con el abuso con acceso carnal o simple hacia mujeres". 

La pregunta sobre qué lleva a un niño a cometer un delito es la que resuena es distintos análisis sobre la baja de edad de imputabilidad en Argentina. Los contextos sociales y económicos juegan un rol fundamental en la construcción de la niñez. 

En este sentido, el fiscal Walter Martínez Soto, señaló que "las edades han ido bajando considerablemente, el porecentaje la estadística no lo muestra, pero por lo que hemos podido recabar desde la fiscalía estamos en un 15% fácil de menores de 16 años que han cometido delitos". 

Al analizar la situación actual y la postura del gobierno, anticipó que "nos estamos preparando porque entendemos que hay un acuerdo a nivel del Congreso donde va a haber una reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, lo que se verá reflejado en el incremento de nuestro trabajo". 

El trabajo de la fiscalía se realiza en conjunto con el Centro Especializado de Atención o el CAD, "espacios donde debe haber una derivación directa de todo joven que sea encontrado en el marco de un delito penal", explicó. 

"La convención de la ley penal juvenil habla que la policía que interviene en primera instancia, debe tener el mínimo e indispensable contacto como para chequear el delito y después haya un grupo especializado", continuó. 

Razón por la cual, "el lugar de detención no es como algo especializado de tratamiento, sino que deriva para un conocimiento de la situación y a partir de ahí se hacen ciertos abordajes, ya sea desde el servicio local 102 o el servicio zonal donde se amplía el tipo de tratamientos", determinó. 

En la discusión, toma un papel relevante el rol del Estado en el acompañamiento de los jóvenes y el actuar judicial ante la aparición de delitos cometidos por menores de edad. Muchas veces las instituciones implicada no logran establecer un trabajo en conjunto para evitar la reincidencia. 

"Es verdad que hay una disociación en cuanto a los abordajes, que desde la óptica del poder judicial implica que no alcance lo que uno pretende. La reiteración es un ejemplo, no todos tienen sentencias condenatorias para hablar de reincidencia, pero se repiten las conductas", señaló el fiscal. 

El segmento del que se encarga el poder Ejecutivo "resulta muy complejo, por más que haya buena voluntad de todos los operadores. No es que se le da un abordaje y el joven está completamente ajeno, sino que vuelve al lugar de su familia, al barrio y a veces no son los mejores espacios", indicó. 

"Obviamente, y con esto no hay que ser ingenuo, la droga ha entrado de semejante manera que realmente atenta contra la salud de los jóvenes y estos, muchas veces, por decir el 90%, están movidos a la comisión del delito, ya sea por compromiso de pertenencia o querer pertenecer a una banda para pasarla mejor en el barrio, o tener la retribución de quienes se encargan de la comercialización de estupefacientes para tener el dinero para comprarlo o hace el favor necesario", agregó. 

No obstante, "el acompañamiento es por demás comprometido por parte de los operadores, pero escasea personal y al ser una actividad tan compleja, con tantas arista y desviaciones que se producen en la vida diaria, que afecta a una porción muy importante de la sociedad".

Desde su perspectiva, "es una tarea realmente titánica, requiere mucha coordinación y obviamente que todos hablen un mismo lenguaje en cuanto a lo que se pretende. A veces las distintas condiciones políticas no nos ayudan", reflexionó. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece en su artículo N°3 que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

En el mismo apartado, declara que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños deben cumplir las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada.

Con estos lineamientos, “el poder Judicial cambia la posibilidad de juzgamiento, antes era una situación donde había un juez omnipotente que también tenía competencia civil y aquello que arrancaba por lo penal, quizás terminaba con lo civil”, afirmó. 

Sin embargo, “hoy no es así, en el Fuero Penal Juvenil, solo se tratan temas de derecho penal bajo la teoría general del delito, en cuanto que sigue el hecho que se le atribuye implica ciertas consecuencias, se aplica una sanción que se traduce en pena. Muchas veces acompañadas de tratamiento, reinserciones sociales y demás”. 

Estas circunstancias “hacen que el Poder Judicial tenga acotada la función porque de hacer algo más implicaría violar la Constitución. Es un proceso penal como el de adultos reducido en cuanto a los años y las expectativas de la pena”, pronunció. 

Por eso “resulta muy difícil a la luz de la Convención de los Derechos del Niños considerar penas muy largas, de hecho están prohibidas las penas de perpetuidad, y que esta cuestión sea la única solución”. 

Sin dudas, “debería haber una coordinación entre la función de jurisdiccional y de prevención social, por parte del poder ejecutivo, para evitar que aquello que está en órbita de derecho penal sea la primera alarma para el abordaje de los jóvenes con derechos vulnerados”, advirtió. 

“La mayoría obviamente tienen los derechos vulnerados a la salud, a la educación. Hemos detectado en un principio, cuando comenzó el fuero en el 2008 que generalmente eran jóvenes que tenía serios problemas de contención familiar por los padres, tenían una representación parental vinculada a delito o que estaban presos”, aclaró. 

Por lo que hoy se ve en una medida bastante importante “en comparación a quien tiene una buena contención en el grupo familiar, lo que pasa es que muchas veces están envueltos en el marco de barrios donde asola el delito” destacó. 

“No es por estigmatizar, pero es sabido que hay determinados barrios donde todas las semanas hay noticias de que desbarataron un point de droga, lugares muy complejos donde el Estado está ausente por la poco organización y la falta de servicios básicos”, concluyó. 

Este mediodía, personal de la Comisaría 2da, a raíz de un llamado al 911, acudió a la zona de calle Rawson y Santa Fe. 

En el lugar interceptaron un colectivo de la línea 553 y aprehendieron a un hombre que estaba siendo retenido por los pasajeros. Este individuo momentos antes se estaba masturbando y le exhibía sus partes íntimas a una mujer de 37 años, mientras que también se filmaba con su teléfono. 

La víctima alertó a otros pasajeros de lo que estaba sucediendo por lo que dieron aviso a Emergencias y retuvieron al malviviente. 

Intervino la Fiscalía de Flagrancia a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, la cual dispuso que se secuestre el teléfono del aprehendido y se lo notifique de la formación de causa por el delito EXHIBICIONES OBSCENAS, otorgándole la libertad a tenor del art. 161 del CPP.

Tras un informe oficial presentado por el el Centro Municipal de Análisis Estratégico del Delito con respecto a los hechos delictivos durante enero de este año en Mar del Plata, el balance brindó cifras locales que permiten la reflexión e ir en busca de algunas respuestas.

Se determinó un incremento de casi un 20% en la cantidad de hechos denunciados en sede policial y una caída del 50% en homicidios dolosos. El 74% de los delitos cometidos en General Pueyrredon durante enero fueron robos y un 15% corresponden a delitos económicos vinculados a estafas.

Además, en el periodo seleccionado se recibieron un total de 24.322 llamados únicos a emergencias, 4.597 más que en diciembre del 2023. Y destacaron que los sábados y domingos fueron los días con más llamados, con picos entre las 22 y la 1.

En ese sentido, el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalvez dialogó con El Marplatense y dijo: "La publicación de los informes es algo muy sano y que quiero conservar porque salen de la propia Secretaría. Son recabados por información del Ministerio y propia. El sol no se puede tapar con las manos. Si estamos en una situación menos ventajosa que el mes pasado, hay que plasmarlo".

"Enero siempre es muy particular en la ciudad, por eso siempre se compara. Es normal que durante ese mes, que llega mucho turismo, los índices delictuales y los generales se incrementen y toquen picos máximos", explicó.

"Esto se publica porque a través de este análisis cuantitativo y cualitativo, se descifran cuáles son las zonas, los horarios y a raíz de ello, trabajar en consecuencia. La información se la genera para procesarla y trabajarla. Es muy sensible el tema de la seguridad porque siempre deja sin sabores", continuó desde el área de Seguridad.

"No es tan difícil tener planes y objetivos sobre las particularidades. Lo que si es complicado es estar atrás de cada persona que inescrupulosamente puede cometer algún hecho con violencia. Son los menos pero generan inconvenientes", afirmó.

"Nosotros transitamos un camino donde tenemos permanentes reuniones con los vecinos y nos parece que lo importante es escucharlo. Hay barrios que no la pasan bien y en ese sentido buscamos alternativas para dar respuestas. Así sabemos cuáles son las expectativas y en base a lo que tenemos, cómo se puede trabajar", siguió el secretario de Seguridad municipal.

"Sabemos que la responsabilidad jurisdiccionalmente es de la policía de la provincia de Buenos Aires y depende del Ministerio de Seguridad en todo el territorio. La Secretaría de Gobierno lo que hace es interactuar con estas fuerzas y buscar mecanismos en función de lo que pueda estar pasando. Pero nosotros estamos en permanente comunicación, con una mesa de enlace y vemos qué es lo que queda del Operativo Sol a Sol, un pedido que se hace y ya se formalizó en lo que refiere a recursos personales y en móviles", sentenció.

Y agregó: "Seguimos la línea de buscar la Gendarmería para la ciudad, que de hecho lo habló el Intendente con la Ministra de Seguridad. La UTOI es una fuerza muy importante que tiene recursos y con la Jefatura Departamental, buscamos esas alternativas".

"Tenemos la idea de reformular lo que es el COM para trabajar con telecomunicaciones, con el 911 y con efectivos de la policía. Creemos que está dado para que esto se haga y estamos avanzando con muchas negociaciones técnicas. Le va a dar un plus a la ciudad", sumó Gonçalvez.

"No son soluciones mágicas, no las tengo yo ni nadie. Esto no es un trabajo de la noche a la mañana y las realidades se cambian con planes y proyectos. Esperamos tener el tiempo para modificar la realidad que vive Mar del Plata, que está dentro de la Provincia", concluyó.

Por Marcelo Marcel

Ante la crecida del delito en los distintos barrios, el Foro Municipal de Seguridad de General Pueyrredon mostró su preocupación "ante la falta de recursos de la policía" y adelantó que se encuentra gestionando "en generar las estrategias de prevención de seguridad en diferentes sectores de la ciudad", adelantaron en un comunicado.

"Mientras se va haciendo la reforma en la distribución de patrullas y efectivos en la ciudad, ésta reutilización de los recursos está demandando mucho tiempo", detallaron a este medio.

El Foro de Seguridad Municipal reconoció que "los vecinos no tienen para esperar más, pues sus vidas se ven alteradas con los diferentes actos delictivos que se suceden a diario". "Se ve mucha violencia", sentenciaron.

"Estamos muy preocupados con lo que está pasando en Mar del Plata" dijo el titular del Foro Municipal. "Vamos a enviar una nota al Ministerio de Seguridad de la Provincia para que nos informen cuándo van a mandar los recursos que necesita la ciudad y elevaremos un informe de situación de lo que está pasando en la ciudad", agregó López.

"A lo que se vio este lunes, el asalto y los golpes salvajes que sufrió el taxista en el barrio Libertad, se suma lo mal que la están pasando los choferes de colectivos, tenemos por día entre 15 a 20 robos, arrebatos y otros son con consecuencias más preocupantes", afirmó luego. "Apuñalaron a una policía que llegó para intervenir en una pelea entre dos hombres", dijo y recordó que "el aumento del delito es un factor que venimos denunciando desde hace tiempo. No podrán decirnos que no hicimos nada para trabajar juntos con las autoridades", remarcó el presidente del organismo.

Para el Foro de Seguridad, "la gente no da más", ya que "los barrios están sufriendo en carne propia una situación límite. Anoche en el barrio Los Andes, encañonaron a dos personas y les robaron todo. Y el móvil tardó 40 minutos...no tienen recursos".

Juan Manuel López adelantó a El Marplatense que "este viernes nos reuniremos con el presidente de la Comisión de Seguridad del Concejo, Nicolás Lauría" y que más allá de los cambios en la jefaturas de la Policía "mientras no lleguen los recursos esto seguirá mal".

Los delitos cometidos en la provincia de Buenos Aires cayeron un 33% durante la cuarentena, con un pico del 56% durante los días de aislamiento más estricto y un declive a medida que se produce una mayor apertura de actividades.

Los datos fueron publicados por la Procuración General bonaerense, justo en medio de un recrudecimiento de los casos de inseguridad que golpean con fuerza en el Conurbano. La estadística surge de las investigaciones penales preparatorias (IPP) iniciadas en todas las fiscalías de la provincia a partir de la radicación de una denuncia.

Según la información, entre el comienzo de la cuarentena el 20 de marzo y el 25 junio de 2020 se cometieron un 33,4% menos de delitos que en el mismo período del año pasado: este año se iniciaron 164.939 causas penales, mientras que el año pasado en ese período ya había 247.708.

La máxima caída ocurrió entre el 20 y el 31 de marzo, con un desplome del 56,3% de los delitos. En esos días el aislamiento fue el más fuerte de todo el período: todo el país se encontraba en lo que hoy se conoce como “fase 1” y los controles policiales era estrictos.

Luego la diferencia se fue acortando, conforme se comenzó a abrir actividades y a relajar la presencia policial en las calles. En abril último el número de IPP cayó un 45,3% con respecto a 2019; en mayo la baja fue del 25,2% y entre el 1 y el 25 de junio se redujo al 17,3%.

En los departamentos judiciales del interior la caída del delito en todo el período fue del 37,3%, mientras que en el Conurbano bajó un 32%.

Por tipo de delitos

Con la drástica caída en la circulación de personas, los robos y hurtos fueron de los delitos que más cayeron durante la cuarentena. Los asaltos a mano armada, por caso, se redujeron un 57%. En tanto, los hurtos (robo simple sin mediar violencia) se desplomaron un 53%.

No obstante, los homicidios en ocasión de robo aumentaron un 71%, aunque en números concretos se trata de un ascenso de 7 a 12 hechos. El resto de los hechos englobados dentro de “delitos contra las personas” cayeron en promedio un 50% durante el período de aislamiento, al igual que las denuncias por abuso sexual.

Situación nacional

Los datos de inseguridad a nivel nacional registraron caídas más pronunciadas que las informadas por la Procuración bonaerense. Según los números provisorios, en todo el país los robos bajaron un 27% en marzo, mientras que en abril la caída llegó al 64% y en mayo se estabilizó en un 50% menos que en 2019. En lo que va del año, el número de casos cayó casi un 30%.

Respecto de los homicidios dolosos (es decir, los cometidos con intención), en el acumulado de los 5 primeros meses del año, se registró una caída del 5% (855 hechos ocurridos en 2020 contra 900 registrados en 2019). En marzo, la merma fue del 24%, mientras que en abril fue del 4,6%. Sin embargo, en mayo se revirtió la tendencia y hubo un incremento del 10% con respecto a igual mes de 2019.

El precandidato a intendente Guillermo Montenegro supervisó un operativo de control vehicular en la zona de Libertad y 180, y puso en valor “la utilización de tecnología tanto en la seguridad urbana como en las investigaciones. Es clave para enfrentar el delito”.

“La utilización de la tecnología aplicada a la seguridad urbana y en las investigaciones es clave y ha sido un gran aporte para enfrentar el delito”, señaló Montenegro quien detalló que tanto las cámaras, como el análisis de los videos, todo lo que tiene que ver con reconocimiento facial, software de detección movimientos atípicos en masas de gente, fue algo vital que se incorporó en los últimos años a las fuerzas”.

Asimismo, valoró la importancia de que las fuerzas de seguridad cuenten con amplias bases de datos con información digitalizada y sostuvo que “mediante softwares tecnológicos también se pudo avanzar en el entrecruzamiento de los llamados telefónicos, análisis de cuentas en el exterior, y otros aplicativos que son potentes en cuanto a los resultados para las investigaciones”.

Durante el operativo, Montenegro dio cuenta del uso de un dispositivo con el que cuenta la Policía Federal que permite, mediante las huellas dactilares comprobar si la persona tiene pedido de captura, y es utilizado tanto en controles vehiculares como en allanamientos.

“En cada barrio los vecinos nos manifiestan su preocupación frente a esta problemática. Estamos trabajando, junto a los ministros Patricia Bullrich (Nación) y Cristian Ritondo (Provincia) para llevar que vivan más seguros, y la incorporación de tecnología es fundamental en este camino”.