Este mediodía se conoció la sentencia en el denominado Juicio La Huerta, uno de los procesos más importantes por delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 12 durante la última dictadura militar.

En total se dictaron ocho condenas, de las cuales cuatro fueron a prisión perpetua. Por primera vez recibieron esta pena los jefes de Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea de Tandil -Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado- junto a Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret.

En tanto, Martín Carlos Luzuriaga fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión; Luis Ernesto Benítez a 6 años y 9 meses; Roberto Jorge Casares a 6 años; y José Luis Álvarez a 5 años. Además, el tribunal dictó 27 absoluciones. Los fundamentos se darán a conocer el próximo 19 de diciembre.

Tras la lectura del veredicto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno -hijo del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, una de las víctimas- destacó: “Es un proceso angustiante pero reparador. Los sobrevivientes fueron fundamentales para construir la verdad”.

El fallo reconoció que los hechos juzgados fueron delitos de lesa humanidad, incluyendo secuestros de sindicalistas en Azul la noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La audiencia tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil, con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos de toda la región. La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense actuó como querellante en el proceso iniciado el 25 de febrero de 2022.

El Circuito Represivo de la Subzona 12 incluyó centros clandestinos en Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores y Sierra Chica, entre otros. Se juzgaron crímenes cometidos contra 191 víctimas, aunque algunas no pudieron declarar por su avanzada edad y otras fallecieron antes de testimoniar.

Fueron 104 audiencias en las que se escucharon más de 200 testimonios. Con esta sentencia, se consolida un nuevo paso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia -más de cuatro décadas después de los crímenes-.

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, condenó a cuatro hermanos a la pena de multa de $10.823.981,25 cada uno como coautores del delito de lavado de activos provenientes de delitos de lesa humanidad. Las personas condenadas son hijas e hijo de un miembro de la denominada “banda de Aníbal Gordon”, que actuó desde el centro clandestino de detención y torturas Automotores Orletti y en su modus operandi incluía el robo de dinero y bienes de sus víctimas.

Para el magistrado -que integró de forma unipersonal el tribunal de juicio- se probó durante el debate que María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save buscaron darle apariencia lícita a los fondos provenientes de ilícitos a partir de maniobras irregulares para adquirir, transferir y administrar dos terrenos de 36 hectáreas en total en la ciudad de Chascomús. En línea con el pedido del MPF, el predio fue decomisado y destinado a la creación de un sitio de memoria, verdad y justicia, lo cual constituye una decisión innovadora.

Durante la lectura del veredicto, estuvieron presentes las personas acusadas junto a sus defensores; y la fiscala Laura Mazzaferri, la auxiliar fiscal María Eugenia Montero y el auxiliar fiscal Julio Darmandrail -integrantes de la Oficina de Coordinación de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad en Mar del Plata-, quienes coadyuvaron con el fiscal federal de Dolores, Juan Pablo Curi, conectado a la audiencia de manera remota. También estuvieron las representantes de la querella de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, mientras que por vía remota se conectaron al cierre del debate los representantes de las querellas del Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos (CODESEDH) y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

“El lavado de activos, mediante la acción típica de administración, integra la categoría de los llamados delitos permanentes, cuya consumación no cesa al momento de la realización típica, sino que se perpetúa en el tiempo, mientras se mantenga el estado antijurídico del autor", sostuvo el juez Falcone.

El juez Falcone tuvo por probada la hipótesis llevada a juicio por el Ministerio Público Fiscal: la operatoria realizada por las personas acusadas buscó dar apariencia de licitud al origen espurio del dinero del que se valieron para adquirirlo en el año 1976 los miembros de la denominada "banda de Aníbal Gordon", entre quienes se encontraba su padre, Leonardo Miguel Save.

Antes de la lectura del veredicto, el juez brindó una breve explicación de la valoración de la prueba volcada durante el debate y explicó que el obrar de los hermanos fue doloso porque “la indiferencia o desconsideración no pueden interpretarse como una recompensa que los exima de responsabilidad”.

Para Falcone se tuvo por probado que los hermanos adquirieron y administraron las dos parcelas de campo valiéndose para la escrituración de esos bienes -rubricada en año 2008- de una sucesión de actos irregulares cuyo origen data de octubre de 1976. Según explicó, allí comenzó el proceso de lavado de dinero, iniciado entre otros por el progenitor de los imputados, y concluyó con la sentencia de este miércoles.

De acuerdo siempre a la reconstrucción del juez, Leonardo Miguel Save -padre de las cuatro personas ahora condenadas- fue parte del grupo de tareas que actuó en la época del terrorismo de Estado desde el centro clandestino de detención y torturas denominado Automotores Orletti, que fue un enclave de la coordinación represiva del Plan Cóndor. En ese marco, los integrantes de la banda se hicieron de dinero y de bienes de sus víctimas. Entre otros hechos, en septiembre de 1976 sustrajeron de la vivienda del militante uruguayo Alberto Mechoso Méndez, de acuerdo a la sentencia del TOF N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo fallo se encuentra firme.

Luego de los robos, sus miembros –entre los que se encontraba Save- insertaron sumas millonarias de dinero en el mercado legal, a través de operaciones de compra venta de dos lotes destinados a instalar un emprendimiento comercial inmobiliario.

Entre otras prueba citadas, Falcone explicó que en fechas concomitantes al secuestro de Mechoso Méndez -el 19 y 30 de octubre de 1976- se firmaron los boletos de compra venta con las familias titulares de las parcelas 1164G y 1164X, y que allí “las verdaderas identidades de los adquirentes quedaron enmascaradas detrás de personas inexistentes, con datos filiatorios apócrifos”, según se pudo comprobar en el juicio.

El juez explicó que, con posterioridad, los integrantes de la banda que compraron los terrenos llevaron personal para que trabaje en su desarrollo inmobiliario. Esas personas fueron secuestradas por integrantes de las fuerzas armadas cuando se encontraban realizando labores sobre los predios, que quedaron en aparente abandono durante más de veinte años. Y, a partir de 1999, el hijo y las hijas de Save llevaron adelante una serie de maniobras para lograr la transferencia y la incorporación de los terrenos a su patrimonio.

La decisión receptó favorablemente el requerimiento por el Ministerio Público Fiscal dirigido a que, en un concepto amplio de reparación integral, se incluyeran medidas satisfactivas y vinculadas a la garantía de no repetición de crímenes de lesa humanidad.

En línea con la acusación fiscal, el juez Falcone encuadró los sucesos objeto de juzgamiento en el delito de lavado de activos de origen ilícito, reprimido en el artículo 303 del Código Penal.

“El lavado de activos, mediante la acción típica de administración, integra la categoría de los llamados delitos permanentes, cuya consumación no cesa al momento de la realización típica, sino que se perpetúa en el tiempo, mientras se mantenga el estado antijurídico del autor, el que va a cesar con el dictado de esta sentencia”, sostuvo el juez.

El juez dispuso también que las parcelas en cuestión, ubicadas en el barrio Parque Girado, a la vera de la laguna de Chascomús, deben ser decomisadas y entregadas -tal como lo propuso el MPF con la adhesión de la querella- al Estado provincial, con destino específico en la Subsecretaría de Derechos Humanos, parte querellante de este proceso, para “emplazar allí un sitio de memoria, verdad y Justicia, asociado a la reparación integral en materia de crímenes que han afectado a la humanidad en su conjunto”, consignó el veredicto. La solución del caso es el primer precedente en ese sentido que se registra en nuestro país.

“Ello –sumó Falcone- en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de Derechos Humanos y en la prevención y sanción del delito de lavado de dinero y recupero de bienes ilegítimamente adquiridos”.

La decisión receptó favorablemente el requerimiento por el Ministerio Público Fiscal dirigido a que, en un concepto amplio de reparación integral, se incluyeran medidas satisfactivas y vinculadas a la garantía de no repetición, teniendo en cuenta que los delitos precedentes eran crímenes de lesa humanidad, que han socavado la base misma del Estado democrático de derecho, afectando a toda la comunidad.

La fiscalía contó durante el proceso de investigación y de juzgamiento con la colaboración de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), a cargo de María del Carmen Chena, y con la asistencia de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. 

Sobre Kyburg, que actualmente tiene 72 años y es ciudadano alemán, pesan órdenes de arresto nacional e internacional desde 2012 y en marzo de 2015, la Justicia argentina emitió un pedido de extradición a Alemania.

"Aquí estoy, espero responder ante un Tribunal en Alemania, no en Argentina. Soy inocente", le confió el sospechoso a Bild cuando fue abordado, en la convicción de que Alemania es reticente a la extradición de sus ciudadanos a terceros países.

Ante una consulta del diario, la organización de los derechos humanos germana Berlín Ecchr estimó que esa nación "no debía ser un lugar seguro para criminales de la dictadura argentina" y pidió a la fiscalía local que inicie un proceso para Kyburg responda ante las Justicia que lo requiere.

Entretanto, la Secretaría de Derechos Humanos nacional indicó en un comunicado que "gracias al trabajo de víctimas y familiares, que lograron primeramente ubicar a Kyburg en Alemania" se emitió el 11 de julio de 2013 un pedido de captura nacional e internacional a partir de su imputación en la causa 44447/2004.

Kybirg está acusado de participar en los escuadrones de la muerte que operaron en Mar del Plata durante la última dictadura cívico militar y se desempeñó como segundo comandante de la Agrupación Buzos Tácticos UT 612.

Además se desempeñó como jefe del Departamento Personal, Operaciones y Logística de la Armada Argentina con sede en la Base Naval de Mar del Plata, unidad sindicada de ser responsable del secuestro y asesinato de 152 personas entre 1976 y 1983.

En 2010, a través del Programa Verdad y Justicia, el Estado argentino comenzó su intervención en la causa junto a víctimas, familiares y testigos.

Por su condición de ciudadano alemán no fue factible aún su extradición por lo que, desde la Secretaría que encabeza Horacio Pietragalla Corti "se asesora y asiste en la prosecución de la causa abierta en Alemania".

"Coordinando la operatoria para las declaraciones testimoniales por videoconferencia pautadas para este año que se llevarán a cabo desde Mar del Plata", indicaron desde la Secretaría de Derechos Humanos.

Durante el proceso de estudio que derivó en su localización, el Archivo Nacional de la Memoria y el Espacio Faro de la Memoria fueron consultados y prestaron material, información y registro de acompañamiento para la investigación periodística del diario alemán Bild que dio con su localización exacta, se consignó en la comunicación oficial. ]]>

El ex oficial naval Luis Esteban Kyburg, acusado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, fue localizado en el barri...]]>

Frente al pedido de la defensa de uno de los acusados y en línea con lo requerido por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que encontró eco en la Cámara Federal de Casación Penal, el fiscal general requirió que se convoque a una audiencia por videoconferencia a fin de establecer pautas que permitan reanudar la audiencia de debate. Para ello, evaluó algunas posibles condiciones, puso de relieve lo extraordinario de la situación que atraviesa el país y el mundo a causa de la pandemia por coronavirus, y reparó en la relevancia internacional de llevar adelante los juicios que juzgan crímenes de lesa humanidad.

Al plantear su posición, contempló que es necesario garantizar el respeto por los derechos de las partes, los principios que rigen el juicio oral y la normativa dictada para cuidar la salud de la población a raíz de la epidemia de Covid-19.

Particularidades

Frente a las particularidades de este debate, dado que todos los jueces que integran el Tribunal residen en la Ciudad de Buenos Aires, con las dificultades para el traslado hacia Mar del Plata y el alojamiento en ella que acarrea esta situación, señaló que las audiencias podrían realizarse en una sala de los tribunales porteños, y las partes que residan fuera de CABA podrían participar de manera remota.

Entre los fundamentos volcados en la presentación hecha ante el Tribunal Oral Federal que integran los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, el fiscal general comprendió que la paralización de la mayoría de las actividades frente a la emergencia sanitaria las medidas “son por demás excepcionales, esencialmente momentáneas y que, por eso, sólo pueden ser mantenidas con fundamento en la salud pública en la estricta medida de lo necesario y siempre y cuando no entren en franca colisión con otros principios constitucionales, como ser en el caso el acceso a la justicia y el cumplimiento de compromisos internacionales”. Si bien descartó que pueda haber una apertura indiscriminada de cualquier actividad ante el riesgo que podría correrse, señaló que cada caso debe ser apreciado con suma prudencia, cotejando el contexto particular, los principios en juego y si es factible disponer de alternativas que permitan minimizar los riesgos de un potencial contagio.

Ouviña reparó en que el servicio de justicia es una actividad esencial en un estado republicano, y sostuvo que los funcionarios que lo integran tienen obligaciones especiales, entre las que se encuentran asumir mayores riesgos que el resto de los ciudadanos. “Por supuesto que esto no significa actuar de manera ciega y no tomar previsiones  especiales dentro de una pandemia –pues no sólo se puede afectar la salud propia sino también la del resto de la población-, sino que estamos obligados a asumir en todo momento nuestras obligaciones públicas”, expresó en su escrito.

Por otro lado, apuntó que el debate ya ingresó en su fase final: “Según entiendo, para que se produzcan los alegatos sólo restaría proceder a la ampliación de indagatoria requerida por uno de los imputados (Oscar Héctor Corres); definir lo que corresponda respecto de la única declaración testimonial pendiente y la incorporación por lectura de diversas constancias. Se advierte así que son pocos los pasos que restan para que el Tribunal pueda dictar sentencia, por lo que la exposición a riesgos sanitarios aparece como relativamente pequeña”.

Y entre los argumentos también reparó en la medida cautelar que cumple el otro acusado Eduardo Salvador Ullúa, quien se encuentra con prisión preventiva y la suspensión indefinida del juicio podría, eventualmente, implicar una afectación a su derecho a ser juzgado en un plazo razonable. A esto sumó, que también podría darse un incumplimiento de las normas internacionales que obligan al Estado Argentino a investigar y castigar hechos como los que son juzgados en este debate.

A su vez Ouviña informó a los magistrados que luego de una reunión virtual de funcionarios de la Procuración General de la Nación –de la que participó la Unidad que encabeza-, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad realizó una presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de encontrar los mecanismos que permitan el desarrollo de las audiencias de debate en las causas que involucran el juzgamiento de hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad. Frente a ello, esta semana la presidencia de la Cámara emitió un proveído y recomendó a los tribunales que tengan en trámite estos juicios, puedan darles continuidad, con observancia de las medidas emanadas de la autoridad sanitaria.

Publicidad del debate

En su presentación, el fiscal general sumó la importancia de que, cualquiera sea el mecanismo que se implemente, deben tomarse recaudos adicionales para garantizar la publicidad del debate. “A mi modo de ver, una alternativa podría ser habilitar la sala del Tribunal en la Ciudad de Mar del Plata tanto para que asistan las partes que residen allí, en caso de que así lo prefieran, como el público en general, en caso de que se flexibilicen las medidas de aislamiento social dispuestas en esa ciudad. Por supuesto que, llegado el caso, deberán adoptarse todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias recomienden. También podría habilitarse la asistencia de público en la sala en la Ciudad de Buenos Aires, si se dan las condiciones señaladas. La otra medida que podría adoptarse es asegurar la transmisión de las audiencias a través del portal del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, detalló Ouviña.

En el marco de la presentación de un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante realizado por el concejal del Frente de Todos, Roberto "Chucho" Páez, el cual rechaza 11 medidas de prisión domiciliaria para condenados por delitos de lesa humanidad en la ciudad, entre los que se encuentran dos casos paradigmáticos como el de Miguel Etchecolatz y Gustavo Demarchi, distintas voces se sumaron en apoyo a la iniciativa.

"Estábamos al tanto de la inquietud del concejal y apoyamos absolutamente, la gestión y presentación de este proyecto de ordenanza, porque en realidad es un aspecto más y muy importante porque se trata de encontrar consenso sobre algo que ya fue discutido, ya es cosa juzgada, cosa sentenciada, pero que lamentablemente está siendo manipulado por una parte de la justicia", manifestó Fabián Muñoz, hijo de Carmen Ledda Barreiro de Muñoz, Abuela de Plaza de Mayo, en declaraciones a El Marplatense.

"Lamentablemente Mar del Plata tiene el dudoso honor de ser el mayor hogar de genocidas con prisión domiciliaria del país. Recordemos que esta es una de las ciudades mas castigadas por la represión ilegal durante la dictadura militar, con cerca de 500 desaparecidos, como también es una de las ciudades con mayor cantidad de exiliados que tuvo durante la dictadura militar, con una gran cantidad de presos y perseguidos políticos", aseguró.

"Mar del Plata también ha sido cuna de ese grupo que se formó en el año 69 en conjunto con la ciudad de La Plata, que fue la Concentración Nacional Universitaria (CNU), que no comenzó con la dictadura militar. La CNU mató a Silvia Filler en el 71, en una asamblea estudiantil, por lo que hay una larga data de terror en Mar del Plata de grupos parapoliciales, de gente vinculada a fuerzas de seguridad de esa época y también civiles que eligieron esta ciudad para vivir", afirmó Muñoz.

"Esta que gente que eligió Mar del Plata para vivir, es gente que en su momento venía a vacacionar y que tenían gran cantidad de contactos en el aparato represivo de esa época, por eso cuando se llega a estas instancias de prisiones domiciliarias mal otorgadas, significan una ofensa a lo que se han sido 40 años de lucha por memoria, verdad y justicia", destacó.

"El mensaje que se envía desde una parte de la justicia con estos casos, es sumamente peligroso, incluso para las generaciones venideras, porque es como decir que no importa si cometes delitos de lesa humanidad, generas matanzas desde el Estado, torturas gente, secuestras y demás, porque lo mas factible es que termines siendo mayor en tu casa, cuidando a tus nietos", ejemplificó Muñoz.

"Por este motivo el proyecto de Páez, es absolutamente coherente y esperamos que tenga el apoyo unánime, para que Mar del Plata marque también indicios no solo por lo negativo que son las domiciliarias, sino por lo que es el rechazo de la comunidad a este tipo de situaciones", destacó.

"Este proyecto de ordenanza, va a permitir transparentar el rechazo de la clase política, sobre este acuerdo que se ha instalado en la inmensa mayoría de la sociedad, de que nunca mas se vuelva a cometer un genocidio en la Argentina", concluyó Fabián Muñoz.

Dos ex integrantes de la organización de ultraderecha Concentración Nacionalista Universitaria (CNU) serán juzgados desde este miércoles en Mar del Plata, imputados por delitos de lesa humanidad cometidos antes del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

Corres y Ullúa serán juzgados desde las 9.30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, mientras que la querella estará a cargo del fiscal Pablo Ouviña.

En cuanto a los acusados, Ullúa, quien estuvo nueve años prófugo y fue detenido en 2017, está imputado por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg, Daniel Gasparri y Jorge Stoppani.

Además, será juzgado por la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi, secuestrada en su domicilio en mayo de 1975.

Tanto Ullúa como Torres están acusados de formar parte de la CNU, que según señaló la fiscalía en su pedido de elevación a juicio, fue una asociación ilícita que entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976 "sembró el terror en la ciudad de Mar del Plata contra un sector político determinado y contó con cobertura y aquiescencia estatal para ello".

El TOF marplatense condenó en diciembre de 2016 a otros siete integrantes de esta agrupación, entre ellos el ex fiscal federal Gustavo Demarchi, sentenciado a cadena perpetua.

Según la prueba reunida en la investigación, a cargo del fiscal Nicolás Czizik, y a lo largo del primer juicio, los delitos cometidos fueron "homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas".

De acuerdo al Ministerio Público, el objetivo de esta agrupación fue "la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado".

Si bien los hechos juzgados son previos al golpe de estado, son considerados delitos de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles.

"Son crímenes contra la humanidad, los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación, por acción u omisión, del poder político de iure o de facto", señaló Czizik durante la instrucción del caso.

En el primer juicio, junto a Demarchi, condenado por ser el jefe de la organización, fueron sentenciados a prisión perpetua el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense Mario Ernesto Durquet.

A su vez, José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión, Juan Pedro Asaro recibió una pena a cinco años y Juan Carlos Asaro y Roberto Justel fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, todos ellos por integrar una asociación ilícita.

Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, dos ex miembros de la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU),  comenzarán a ser juzgados el miércoles próximo en Mar del Plata por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante los años ’70, cuando integraban la banda parapolicial.

Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa están imputados por integrar la CNU, una asociación ilícita conformada para cometer delitos, de la que ya fueron condenados siete de sus antiguos integrantes, en un proceso que se realizó en 2016.

Ullúa, quien estuvo nueve años prófugo de la Justicia, está procesado también por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray; Guillermo Enrique Videla; Jorge Enrique Videla; Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani.

También se le sindica a este ex intregrante de la CNU la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

También el miércoles, pero en Neuquén, se conocerá el veredicto en el juicio la Escuelita VI, por la desaparición forzada, torturas y las persecuciones políticas sufridas por ciudadanos que residían en las localidades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes y Bariloche (Río Negro).

Por otra parte, este lunes continuarán los alegatos en el juicio ESMA IV, en el que se ventilan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y sustracción de niños y niñas, perpetrados por los grupos operativos de la Armada.

El martes, en tanto, se iniciarán en Salta los alegatos en el juicio contra el ex juez federal Ricardo Lona, acusado de no haber investigado el secuestro y desaparición forzada de Miguel Ragone, ex gobernador de la provincia.

Lona también está imputado por el asesinato de Santiago Arredes y la tentativa de homicidio de Margarita Martínez de Leal, testigos del homicidio del ex mandatario.

También el martes, continuará, en los Tribunales de San Martín, el juicio por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la represión ilegal a la denominada “Contraofensiva montonera”, ocurrida en 1979 y 1980.

El miércoles proseguirá en La Plata el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo, que alcanza a 19 imputados y 84 víctimas.

En esa jornada seguirá en los Tribunales de San Martín el juicio por crímenes cometidos contra más de 323 de víctimas, que entre los años 1976 y 1978 estuvieron alojadas en el Centro Clandestino de Detención Campo de Mayo y secuestradas en la Zona de Defensa IV.

Como todos los miércoles, seguirán en la ciudad de Rosario las audiencias en el juicio conocido como “Faced III” que tiene a 13 imputados por los delitos de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abusos sexuales, homicidios, violaciones y asociación ilícita cometidos por la estructura policial santafesina, contra 152 víctimas.

El jueves, el Ministerio Público Fiscal pronunciará su alegato en el juicio denominado “Coordinación Federal”, en el cual se analizan dos causas por delitos padecidos por las personas que estuvieron recluidos en los centros clandestinos de detención que se encontraban bajo órbita de esa dependencia.

Este jueves, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata determinó como sentencia cinco casos de perpetua y otras ocho de entre 9 y 22 años de prisión, en el marco de la sentencia del juicio por delitos de lesa humanidad comprendidos en el segundo tramo de la causa Monte Peloni, donde se ventilan delitos cometidos contra 45 víctimas en los distritos bonaerenses de Olavarría, Tandil, Las Flores y Azul.

Con apenas ocho de los 23 acusados en la sala y el resto en sedes judiciales de Olavarría, Corrientes, San Martín, Salta y Capital Federal, este jueves los jueces Alfredo Ruiz Paz, Víctor Bianco y Luis Imas dieron a conocer la sentencia del segundo tramo del juicio que se inició en Mar del Plata en agosto de 2017.

Recibieron prisión perpetua: Oscar José Bardelli, Roberto Jorge Casares, Eduardo Héctor Bernadou, Osvaldo Miguel Guarnaccia y Argentino Alberto Balquinta. Además, se condenó a Héctor Alberto González Cremer (20 años), Walter Jorge Grosse (22 años), Carlos Alberto Muñoz (14 años), Raúl Ángel Córdoba, Román Valdecantos, Luis Alberto Juárez, Alberto Padilla (15 años) y Francisco Oscar Sarmiento (9 años).

Por otra parte, fueron absueltos Horacio Rubén Leites, José Clemente Forastiero, Néstor Omar Vapore, Juan Carlos Luján, Enrique Vázquez, Héctor Rubén Rinaldi, Roberto Manuel Fantini, Julio César Tula, Edgardo Mariano Viviani y Julio Néstor Cazaux.

Sobre ellos pesaban las acusaciones por robos, coacciones, privaciones ilegales de la libertad, violación, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 45 víctimas. En tanto, el Tribunal anunció que los fundamentos se conocerán el 1 de noviembre.

En el marco de la investigación sobre el accionar de la asociación ilícita integrada por miembros de la agrupación de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU), llegarán a juicio a partir del 11 de septiembre Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa. El Ministerio Público Fiscal señaló que está acreditado con las constancias colectadas en la instrucción que la organización sembró el terror en la ciudad de Mar del Plata contra un sector político determinado y que contó con cobertura y aquiescencia estatal para ello.

Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar la asociación ilícita junto a siete miembros condenados en diciembre de 2016 con el objetivo de cometer una serie de ilícitos, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

Ullúa, que estuvo casi diez años prófugo, está procesado también por los homicidios de Enrique "Pacho" Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

Los "miembros" habrían tomado parte en la organización de las más diversas formas: existían grupos de ideólogos y grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en algunos casos también, de la inteligencia previa. También necesitaban los espacios para las ejecuciones -muchas de las víctimas fueron acribilladas por más de una veintena de disparos-, para lo que debían necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas y, sobre todo, manejarse con un grado de impunidad otorgado por la cobertura de organismos del Estado.

El tribunal que juzgará los hechos está integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y en representación el Ministerio Público Fiscal actuará el fiscal Pablo Ouviña.

Delitos en la previa del Golpe e imprescriptibles

Al requerir la elevación a juicio, el fiscal federal Nicolás Czizik reparó en que la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las ideas políticas que detentaban sus miembros, sino que se limita a la investigación del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976. De acuerdo a la prueba que consta en el expediente, y el juicio condenatorio a otros integrantes de la banda, cometieron distintos delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas, “para la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”.

Si bien los hechos juzgados son anteriores al Golpe cívico militar, son catalogados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. “Son crímenes contra la humanidad los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación, por acción u omisión, del poder político de iure o de facto”, citó el fiscal a cargo de la instrucción.

De acuerdo a la investigación desarrollada, el accionar de la asociación ilícita contó con el apoyo de diversas instancias del poder local -como Universidad, la Fiscalía Federal y Fuerzas de Seguridad, donde sus integrantes prestaban funciones o tenían vínculos- y con la colaboración de la CNU La Plata e integrantes de la organización Triple A. “El accionar de este grupo era conocido incluso por los servicios de inteligencia estatales al mismo momento de los hechos (…) a lo que debe sumarse el resultado casi nulo de las investigaciones judiciales abiertas en relación a los mismos, todo lo cual acredita como mínimo la aquiescencia estatal prestada a la comisión de los hechos investigados”, sostiene el requerimiento de elevación a juicio interpuesto por el MPF.

Modus operandi de la banda

Entre las características de la forma de actuar de la organización delictiva, el fiscal destacó el uso de armas, la ilegítima identificación  como fuerzas armadas o de seguridad en el marco de su accionar, además de la utilización de vehículos robados para cometer los delitos. Incluso, se detectó la utilización de credenciales presuntamente falsas por parte de los miembros del grupo, sobre todo en oportunidad de realizar los “operativos” domiciliarios que terminaban con la privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio de las víctimas.

Como parte de la modalidad de actuación, llegaban a los hogares de las víctimas, montaban un operativo cortando calles y amedrentando a los vecinos, contando para ello con la certeza de que no serían reprimidos por las fuerzas de seguridad en lo que hoy podría llamarse una “zona liberada”. Posteriormente golpeaban o ingresaban por la fuerza a las viviendas identificándose a los gritos como policías o mostrando identificaciones apócrifas. Revolvían el lugar, secuestraban a sus víctimas y antes de irse se llevaban los objetos de valor que les interesaban como botín de guerra. Luego trasladaban a las víctimas a zonas alejadas de la ciudad y descargaban sus armas sobre los cuerpos maniatados y golpeados. Posiblemente disparaban todos como una forma de sellar un pacto entre ellos, por la cantidad de proyectiles de distinto calibre que constan en las autopsias realizadas sobre los cuerpos y en las pericias balísticas.

“Llamativamente -reparó la Fiscalía al requerir la elevación a juicio de las causas- la policía no se enteraba de estas tropelías a pesar de que se hacían llamados a la comisarías luego de los secuestros, andaban por la calle vehículos robados, llenos de hombres fuertemente armados y atravesando la ciudad desde zonas céntricas a zonas despobladas de Mar del Plata. Pero luego ante un llamado anónimo se apersonaban en el lugar donde estaba el cadáver acribillado o incinerado, según el caso”.

Fuente: fiscales.gob