Dos menores de edad fueron aprehendidos  en Mar del Plata, acusados de robo agravado por ser vehículo dejado en la vía pública, luego de sustraer una motocicleta Honda Wave S de color negro y escapar por el centro de la ciudad.

El personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera fue alertado por vecinos que observaron a dos jóvenes merodeando en la zona de 3 de Febrero entre Mitre e Yrigoyen. Al arribar al lugar, los efectivos vieron a los sospechosos subirse al rodado e iniciar la fuga.

Tras una breve persecución, la moto se despistó en 9 de Julio y Neuquén, donde fue aprehendido el primer menor, de 15 años. El segundo, de 16, intentó escapar a pie, pero fue detenido en 3 de Febrero y Don Bosco.

En poder de los adolescentes se secuestró la motocicleta sustraída, que tenía el tambor de encendido violentado y una yuga.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, dispuso que se labren actuaciones por “Robo agravado por ser vehículo dejado en vía pública”, el traslado de ambos al Hospital Materno Infantil para revisión médica y su posterior derivación al Centro Especializado en Aprehensión (CEA).

Un episodio que involucró a jóvenes contra jóvenes ocurrió en pleno centro marplatense, donde uno de 20 y un menor de 15 fueron aprehendidos por amedrentar e intentar asaltar a otro joven de 16.

La víctima pidió auxilio a integrantes de la Fuerza Barrial de Aproximación, quienes intervinieron en la confrontación que se daba entre los malvivientes y el joven atacado. Los delincuentes huyeron y fueron perseguidos por los agentes.

En primera instancia lograron interceptar al de 20 en peatonal San Martín y Buenos Aires, mientras que el de 15 fue atrapado en Corrientes y Belgrano. El más chico portaba una navaja plegable que fue secuestrada.

En el caso tomaron intervención los fiscales Marcelo Yáñez Urrutia, quien dispuso labrar actuaciones por “tentativa de robo”, además de la fiscal de Flagrancia, María Isabel Sánchez. Ambos jóvenes quedaron en libertad.

Mientras los legisladores discuten la baja de la edad e imputabilidad, y el proyecto (que definió en 14 y no en 13 la edad, como se proponía en un comienzo) ya cuenta con media sanción de Diputados, desde aquellos sectores que tienen que impartir justicia surge una mirada de cierta inquietud: “Si bien esto refleja un intento de abordar la problemática de la delincuencia juvenil, me preocupa profundamente la capacidad del sistema para implementarlo”, consideró al respecto el fiscal Walter Martínez Soto, titular de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el fiscal señaló que “hemos tenido serios inconvenientes en los lugares de alojamiento y en la infraestructura destinada a brindar respuestas positivas para la resocialización de los jóvenes”, por lo que aseguró que “no contamos con los medios suficientes para solventar la ejecución de eventuales penas, incluso para los mayores de 16 años”. 

Esta realidad impacta fuertemente en Mar del Plata, donde según testimonio del fiscal hay “índices delictivos de menores similares a los de Avellaneda, Lanús, San Isidro o San Martín”, aunque ligeramente por debajo de los grandes departamentos del AMBA: “Esto nos lleva a preguntarnos si no estamos trasladando una ‘cultura del delito’ dentro de la provincia. La forma en que se cometen los delitos en Mar del Plata está empezando a replicar dinámicas que antes veíamos solo en áreas metropolitanas, lo cual es una señal de alerta”.

Con la posibilidad de la baja de imputabilidad, Martínez Soto consideró que según “los índices de criminalidad que manejamos, esta medida podría incrementar el grado de criminalización en un 20 o 30%, lo cual agrava la situación. Con los recursos actuales, ya no podemos dar una respuesta adecuada. Si esto se incrementa, será aún más complicado. Nuestro objetivo es evitar que los institutos para menores se conviertan en una suerte de ‘precárcel’ o en un espacio que reproduzca las dinámicas del régimen carcelario, con sus formas de vida y comunicación”.

En cuanto a la situación de los menores, Martínez Soto detalló que los que tiene menos de 16 no son punibles, mientras que los mayores de 16 y hasta 18 años sí pueden recibir una sanción penal, aunque la jurisprudencia establece que debe tratarse como un delito en grado de tentativa, lo que reduce la pena final en dos tercios. “Sin embargo, más allá de la respuesta penal, lo que me parece crucial es la actividad preventiva y la realidad que observamos en los menores”, señaló. 

El fiscal se refirió de esta manera a la actitud que encuentra en los menores que delinquen: “Los más jóvenes, particularmente los de 13 o 14 años, exhiben un discurso que glorifica lo delictivo, con la certeza de que no enfrentarán medidas ejecutivas que restrinjan su libertad. Parecen percibir su condición de menores como un ‘plus’ que los ampara para cometer cualquier tipo de delito, incluso desafiando a las autoridades”.

“Esto me lleva a reflexionar sobre si la ley por sí sola puede establecer los límites de nuestro comportamiento. Los verdaderos límites son de índole cultural, están arraigados en lo que absorbemos en nuestras familias, en cómo nos relacionamos con los demás en el barrio o con los amigos, y en el respeto que tenemos por el otro. En ese sentido, creo que estamos perdiendo una batalla cultural muy importante, que va de la mano del aumento del delito”, aseguró.

En el análisis del agente fiscal se observa cierta frustración. Y bajo su punto de vista “no se centra tanto en la percepción de la sociedad” sino “en el sistema judicial mismo, que no realiza una autocrítica sobre su función pública. El Poder Judicial no parece tomar dimensión de las decisiones que adopta ni de los efectos que estas generan en la sociedad. A veces, da la impresión de que solo se preocupa por sus propias responsabilidades, mirando su propio ombligo”.

Martínez Soto señaló que si bien el sistema es uno solo, más allá de sus competencias, no hay una conexión efectiva entre el fuero penal, el de familia y otras ramas de la justicia. “Esto genera una crítica constante y justificada por parte de la sociedad, porque las respuestas que damos no son justas. Uno puede estar de acuerdo o no con la ley, pero el juez o el funcionario público encargado de administrar justicia no puede limitarse a dar respuestas meramente legales. Deben ser respuestas jurídicamente válidas, pero también justas. Si esto persiste, la gente comenzará a preguntarse para qué existe el Poder Judicial, si sus resoluciones, aunque legales, no generan una sensación de justicia para todos”, reflexionó.