Las ventas de juguetes para esta Navidad cayeron un 6,9% en unidades respecto del año pasado, según informó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). El descenso se produjo en un contexto de consumo más cauteloso y hogares con menor poder adquisitivo.

El presidente de la entidad, Matías Furió, señaló que, aun con la baja interanual, diciembre mostró un desempeño mejor al previsto si se lo compara con noviembre, mes en el que se había registrado una caída significativa. “En los días previos a Nochebuena se notó una mejora en la actividad, aunque no alcanzó para compensar la baja del Día del Niño ni los fuertes retrocesos de los meses anteriores”, explicó.

La cámara destacó que las promociones, los descuentos y las opciones de financiamiento fueron determinantes para sostener parte de la demanda, especialmente en las compras de último momento. La reducción de las tasas de interés también favoreció tanto a consumidores como a comercios, que pudieron ofrecer planes de cuotas más accesibles.

Los medios de pago electrónicos dominaron las operaciones: tarjetas de crédito, billeteras virtuales y otros sistemas digitales concentraron cerca del 95% de las transacciones, con una presencia casi nula del efectivo. En paralelo, las ventas online -que representan alrededor del 25% del mercado- se mantuvieron estables respecto del año anterior, sin mostrar crecimiento.

El ticket promedio varió según el canal de venta: en jugueterías de barrio rondó los $19.000 por producto, en supermercados se ubicó cerca de los $10.000 y en cadenas especializadas alcanzó aproximadamente los $45.000.

Entre los rubros más demandados se destacaron los juguetes didácticos para primera infancia, artículos para el aire libre, juegos de mesa familiares, sets de manualidades y muñecas. También creció el interés por peluches interactivos y juguetes tecnológicos simples.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Tres organizaciones ambientales —Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina y Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)— presentaron una demanda judicial ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado Nacional y la provincia de Santiago del Estero por lo que consideran un “grave daño ambiental de incidencia colectiva” provocado por la obra del Nuevo Canal de la Patria.

La demanda busca que la Justicia ordene medidas urgentes y efectivas para mitigar el impacto ambiental de esta infraestructura, cuya construcción fue financiada por el Estado Nacional y ejecutada por el gobierno santiagueño.

El canal fue diseñado para abastecer de agua a poblaciones y fomentar el desarrollo ganadero en la región.

Si bien su primera versión —excavada en tierra a fines de los años 70— presentaba deficiencias técnicas y falta de mantenimiento, en 2020 se puso en marcha una nueva obra revestida en hormigón, con una extensión total de 250 kilómetros. Sin embargo, el rediseño, lejos de solucionar problemas, habría generado otros de gran magnitud.

La obra del Canal de la Patria. (Foto: Ministerio de Economía)

Según denuncian las organizaciones, el canal presenta paredes de hormigón resbaladizas y en pendiente, lo que impide que los animales que caen al agua puedan salir.

En apenas seis meses, se documentó la muerte de más de 250 ejemplares de más de 40 especies —entre ellas varias amenazadas— incluyendo osos hormigueros, tortugas terrestres, corzuelas, pecaríes, mulitas y matacos.

Es que, en rigor, la obra se emplaza en plena ecorregión del Chaco Seco, una de las zonas con mayor deforestación y degradación ambiental del mundo.

“El Canal de la Patria está causando un impacto gravísimo sobre la fauna silvestre, con cientos de animales muertos, muchos de ellos de especies amenazadas“, advirtió Cristian Fernández, coordinador de Legales en FARN.

El canal también representa un riesgo para la salud humana. Las organizaciones alertan que la gran mortandad de animales y su descomposición podrían contaminar el agua que consumen miles de personas.

“El acceso al agua segura, asequible y suficiente para satisfacer sus necesidades básicas es un derecho humano fundamental, pero la infraestructura para garantizarlo no puede construirse sin el debido cuidado ambiental“, sostuvo Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.

“Pedimos a la Corte Suprema que dictamine sobre esta obra llamada Canal de la Patria, que en realidad es el canal de la infamia“, subrayó.

Manuel Jaramillo, director de la ONG Vida Silvestre. (Foto: prensa Vida Silvestre)

En concreto, la demanda exige la elaboración y puesta en marcha de un plan de recomposición ambiental que contemple:

“La demanda por daño ambiental se funda en una obra pública que ha sido mal diseñada —nunca se tuvo en cuenta los efectos graves que produce sobre los animales y la biodiversidad— y luego de construida nunca fue monitoreada ni corregida“, explicó José Esain, abogado patrocinante de las organizaciones demandantes.

“Nuestra Constitución Nacional en su artículo 41 genera la obligación prioritaria de recomponer el ambiente. El canal debe existir porque cumple una función social, pero debe hacerlo sin comprometer la biodiversidad“, agregó el letrado.

El reclamo se presenta tras años de denuncias, informes científicos y exhortaciones oficiales que no lograron respuestas concretas. Entre ellas se destaca la Resolución N°53/24 de la Defensoría del Pueblo, que en diciembre pasado intimó al Gobierno Nacional y a Santiago del Estero a implementar medidas correctivas y de mitigación.

Fuente: TN

El Tribunal del Trabajo N°4 resolvió rechazar en las últimas horas una demanda que pretendía atribuirle a UTHGRA Mar del Plata el carácter de empleador de un trabajador contratado en otro ámbito.

A través de un comunicado, desde el gremio destacaron que se trató de “un fallo histórico” y señalaron que “los jueces fueron categóricos” ya que “no existió relación de dependencia entre el demandante y UTHGRA Mar del Plata, como quedó demostrado a lo largo del proceso, que además dejó en evidencia maniobras fraudulentas ejecutadas durante la anterior conducción del sindicato”.

La sentencia expone que Carlos Costa, ex secretario gremial de la seccional, “utilizó los conflictos laborales para generar honorarios que se repartían entre la entonces secretaria general, el propio secretario gremial y el abogado patrocinante: 50% para la conducción, 25% para el gremial y 25% para el abogado”, señaló el comunicado de UTHGRA.

Según indicaron, este dato “revela de manera cruda el uso de los problemas de los trabajadores como una fuente de negocios personales y la existencia de una verdadera ‘industria del juicio’ que la actual conducción repudia y rechaza categóricamente”.

“La sentencia deja en claro -agregaron- que la acción judicial carecía de pruebas reales que la justificaran y perseguía únicamente un daño moral, económico y político, sin fundamentos anclados en la realidad”.

Por otra parte, señalaron que “este intento de judicializar cuestiones gremiales sin sustento evidencia una estrategia de desgaste y desprestigio, en la que algunos abogados, con fines ajenos a los intereses de los trabajadores, recurrieron a prácticas fraudulentas, deshonestas y oportunistas”.

“Desde UTHGRA Mar del Plata celebramos la sensatez de la resolución de la Justicia y reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y la defensa del trabajo genuino”, agregaron a la vez que destacaron que “no vamos a permitir que el ‘carancheo’, la industria del juicio ni otras prácticas desleales de conducciones anteriores se impongan sobre la verdad y la vocación de servicio que guía todos los días nuestra defensa de los trabajadores”.

Un grupo de comerciantes gastronómicos realizó una presentación judicial contra el Gobierno por la "inconstitucionalidad" del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Aspo) y que se habilite el regreso al trabajo. Esperan novedades en los próximos días.

"Terminando la semana pasada nos anoticiamos de la aceptación por el Juzgado Federal de la acción judicial. Se establece la necesidad de entablar una acción judicial para llevar adelante una disputa de intereses entre el sector privado (comerciantes con incidencia en la ciudad) y el poder público que establece el sistema de aislamiento nacional que lo consideramos inconstitucional", explicó Fernando Herrera, abogado de los comerciantes, en diálogo con CNN Radio Argentina (FM 88.3).

En este contexto, Herrera detalló que hay una disputa de intereses entre el sector público y el privado, "que pasado más de siete meses es inconstitucional mantener este sistema de aislamiento a través de un DNU y que el sistema legal argentino ha establecido con claridad que las habilitaciones son facultades no delegadas en el Poder Ejecutivo nacional y estamos solicitando de forma inmediata se autorice al intendente a establecer una política sanitaria de los parámetros para trabajar en Mar del Plata".

"Reclamamos que se deje sin efecto el sistema de DNU, que hace más 7 meses están establecinedo reestricciones al derecho de trabajar y pedimos que no nos manden al trabajo ilegal", aseveró el doctor.

La demanda fue realizada por 12 comerciantes gastronómicos y otros empresarios de canchas de fútbol y paddle. "Nuestro sistema comercial no es un agente de contagio y podemos ejercerlo con los protocolos de sanidad y seguridad aprobados por el Municipio", afirmaron.

"Se está disponiendo con bastante celeridad. Una de las cuestiones innovadoras de la Fiscalía Federal es esta solución alternativa de conflicto, se transformó la acción en una sumarísima, de rápida acción, con plazos de tres días a la Municipalidad para presentarse, al Gobieron nacional para expedirse y 7 días para contestar la demanda, que estamos sacando los oficios mañana", puntualizó el abogado con respecto a las instancias judiciales.

En este sentido, también informó que plantearon la necesidad de que el intendente, "con un control epidemiológico de la ciudad, establezca con claridad si podemos abrir o no". "Para eso citamos a audiencia a los integrantes de la Comisión de Reactivación para que expongan lo que han dicho públicamente. Que la gastronomía y centros deportivos no son centros de contagio de covid y así podemos abrir con tranquilidad", añadió.