El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires anunció el Congreso de Ingeniería 2026 Industria Alimentaria: el desafío de crecer, que se realizará del 17 al 19 de junio en Mar del Plata, con la participación de profesionales y especialistas del sector.

La presentación estuvo a cargo de Jorge Castellano, presidente de la institución, quien destacó la importancia estratégica del encuentro para analizar el rol de la ingeniería frente a los desafíos vinculados a la producción de alimentos y el uso de los recursos naturales.

El congreso reunirá a referentes de distintos sectores productivos para abordar la cadena alimentaria desde una perspectiva integral, incluyendo aspectos tecnológicos, energéticos, logísticos y sanitarios.

“Desde esta gestión del Colegio queremos empezar a hablar de los temas que no solo son visibles para la sociedad, sino que le importan profundamente”, explicó Castellano. En ese marco, recordó que en 2025 la entidad organizó encuentros dedicados a hidráulica y energía, mientras que en esta edición el foco estará puesto en la producción de alimentos y el acceso al agua potable.

“El mundo está hoy muy convulsionado y la cuestión alimentaria se ha convertido en un tema central. Creemos que la ingeniería tiene mucho para aportar, desde la producción hasta el uso eficiente de los recursos”, afirmó.

Uno de los ejes principales será la sostenibilidad en la industria alimentaria, con paneles sobre uso del agua como insumo productivo, tratamiento de efluentes y gestión responsable de residuos.

El encuentro también tendrá un enfoque multidisciplinario, con la participación de profesionales de distintas ramas de la ingeniería, como la eléctrica, sanitaria, logística y energética.

En paralelo, Castellano se refirió a la preocupación por la calidad del agua en distintas regiones del país tras un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires sobre la presencia de arsénico en napas freáticas. Indicó que el Colegio analiza la información para elaborar un documento técnico que permita evaluar la situación.

“Estamos analizando cuál es la calidad del agua que debemos consumir y si las normativas actuales son adecuadas”, señaló, y planteó la necesidad de avanzar hacia criterios regulatorios más uniformes.

No obstante, aclaró que los primeros análisis realizados por la institución no arrojaron resultados alarmantes, aunque subrayó la importancia de continuar investigando.

Finalmente, adelantó que el Colegio continuará promoviendo encuentros técnicos en distintas ciudades de la provincia, incluyendo uno centrado en ingeniería sanitaria y tratamiento de recursos hídricos, con el objetivo de avanzar hacia modelos de economía circular.

Representantes del Centro de Castilla y León y del programa radial ¡Arre que va! realizaron la entrega oficial de los productos recaudados durante la reciente edición del Festival de Cine Español Solidario - CINESPA25 a las autoridades del Banco de Alimentos. El evento fue auspiciado por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina.

La iniciativa solidaria se desarrolló a lo largo de cinco funciones en la sala del Colegio de Escribanos, que cedió sus instalaciones para las proyecciones. Gracias a la participación del público, se logró reunir casi media tonelada de alimentos no perecederos que serán distribuidos en distintos comedores de Mar del Plata, entre ellos el del Jardín Municipal Nº13 del barrio Las Heras, apadrinado por la entidad castellano-leonesa.

Como en ediciones anteriores, las películas fueron aportadas en forma gratuita por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, reafirmando el compromiso cultural y social de la institución.

Entre las entidades que han recibido alimentos en festivales anteriores se encuentran el Hogar de la Hermana Marta, el Hogar de enfermos crónicos de la Gruta de Lourdes, el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, el comedor de la Parroquia del Barrio Santa Rita y el Hogar Nazaret de Cáritas Mar del Plata.

El Observatorio de Conflictividad Social (OCS), surgido del Centro de Estudios Históricos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), realiza desde 2012 informes tanto trimestrales como anuales que permiten conocer en profundidad las características de la conflictividad social en la ciudad.

Su último informe, llevado a cabo con la misma metodología del Instituto Nacional de Censos y Estadísticas (INDEC), arrojó que una familia tipo en Mar del Plata necesitó $824.857 pesos para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA), lo que representa una suba del 31% con respecto al mismo período durante 2024.

El equipo del IPC del Observatorio de Conflictividad Social relevó además que un adulto necesitó $266.944 para cubrir sus necesidades mínimas alimentarias en General Pueyrredon, lo que ubica a la persona en la línea de indigencia.

En cuanto a las composiciones familiares, aseguraron que un hogar compuesto por tres integrantes -una mujer de 35, un joven de 18 y una jubilada de 61 años- necesita $656.682 para costear la CBA.

Por otro lado, una familia tipo compuesta por cuatro integrantes -un hombre 35, una mujer de 31, un niño de 6 y una niña de 8 años- necesita $824.857 para cubrir sus necesidades alimenticias.

Finalmente, el informe también arrojó que un hogar compuesto por cinco integrantes -un hombre y una mujer de 30 con tres hijos de 5, 3 y 1 año- debería contar con $867.568.

Según el OCS, los resultados evidencian la necesidad de políticas sociales efectivas para hacer frente a la inflación y su impacto en la seguridad alimentaria de la población. Las mediciones se realizan a partir de capturas semanales de precios mediante herramientas de web scraping, lo que permite contar con entre cuatro y cinco registros por mes. 

En el último año, los trabajadores asalariados en la Argentina mostraron cierta mejora en su poder adquisitivo sobre algunos productos de la canasta básica, como la yerba, el aceite, la leche, el huevo y el pan.

Así lo indicó el último informe realizado por Coninagro, titulado “Del Sueldo al Plato”, que analiza la evolución del salario promedio medido por el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y la capacidad de compra de ese ingreso sobre bienes alimenticios.

El salario medido por RIPTE ganó poder de compra frente a seis alimentos básicos que monitorea Coninagro, los cuales son aceite de girasol, yerba mate, leche, asado, huevo y pan.

En el caso del aceite de girasol, se pudo adquirir un 49% más de botellas de 1,5 litros en comparación con marzo de 2024, y en cuanto a la yerba mate, un 72% más de paquetes en relación con el año previo.

En tanto, fue posible comprar un 57% más de sachets de leche de un litro y 18 kilos más de asado, es decir un 16,4%. Además, un salario promedio permitió hacerse de un 33% más de huevos y un 28% más de kilos de pan.

Entre marzo de 2024 y el último marzo, los salarios aumentaron un 93%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período fue del 56%. Este crecimiento permitió una recuperación de esos ingresos. “El salario promedio pasó de $1.131.211 en marzo de 2024 a $1.401.427 en marzo de 2025″, destacó el relevamiento.

Sin embargo, esta situación empezó a generar “una dificultad para la rentabilidad de los productores agropecuarios” que enfrentan dificultades debido al rezago en los precios de los alimentos. En productos como la yerba mate, los costos aumentaron más que los precios, afectando su rentabilidad.

Esta situación se replica en varias economías regionales que abastecen el mercado interno. Por ejemplo, en el último año la cebolla perdió el 51,6% de su valor real; la naranja, el 48,5%; el arroz, el 48,1%; el azúcar, el 35,6%; y la harina, el 30,1%.

El escenario plantea un desafío para equilibrar el poder adquisitivo de los consumidores con la sostenibilidad económica de los productores, quienes ven cómo sus márgenes se reducen en un contexto de costos crecientes.

Fuente: TN

De acuerdo con el relevamiento mensual que realiza el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), durante marzo una familia de dos personas adultas y dos niños necesitó $455.895 para cubrir la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en comercios de cercanía de barrios populares de Mar del Plata y Batán. Esto representa un incremento del 6,93% respecto de febrero.

El aumento se da en sintonía con los datos oficiales del INDEC, que informó una suba del 5,9% en la CBA a nivel nacional para el mismo mes.

Entre los rubros que más aumentaron se destaca la verdulería, con un 15,3%, seguida por la carnicería (6,5%) y los productos de almacén (4,2%). Los incrementos más pronunciados se observaron en los lácteos: leche (10,7%), quesos (16–18%), yogures (18%) y aceite (22%). En verduras, los mayores aumentos fueron en papa (25%), lechuga y tomate (más del 45%), y en huevos (23%). En carnes, subieron fuerte el espinazo (22,5%), el asado (15%) y la nalga (6,7%).

Rodrigo Blanco, director del ISEPCi en General Pueyrredon, advirtió: “Desde agosto del año pasado no teníamos una inflación tan alta. Los productos que más suben son lácteos, carnes, huevos, frutas y verduras, mientras que productos como harinas, azúcar y mermeladas han bajado. Esto obliga a las familias a deteriorar la calidad de su dieta”.

Además, señaló que los ingresos de la mayoría de la población vienen perdiendo sistemáticamente frente al alza en alimentos. Entre diciembre y marzo, la jubilación mínima subió solo 5,9% ($19.500), mientras que los alimentos lo hicieron un 8,3%. Lo mismo ocurrió con el Salario Mínimo Vital y Móvil, que creció un 6,1% (de $279.718 a $296.832). La Asignación Universal por Hijo (AUH), que el oficialismo señala como ingreso que supera la inflación, también quedó por debajo: creció solo un 7,5% en ese período.

Tras el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicó un desembolso de 12 mil millones de dólares, el referente del instituto a nivel local anticipó que las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional “pueden generar una mayor inflación en alimentos y tarifas, y un nuevo intento de reforma regresiva del sistema jubilatorio”.

Entre los principales puntos del acuerdo se destaca el nuevo esquema de flotación del dólar, que oscilará entre los $1.000 y $1.400. “Esto implica una devaluación inicial del 12% (el dólar oficial pasó de $1.097 a $1.200), con posibilidad de alcanzar hasta el 23%, lo cual impactará de lleno en una nueva escalada inflacionaria”, explicó.

Se estima que este salto devaluatorio podría provocar un incremento adicional de entre 1,9 y 2 puntos porcentuales mensuales en la inflación. “Esto se trasladará al consumo, afectará a la inversión real y podría derivar en una recesión, profundizando la crisis de asalariados, jubilados y trabajadores no registrados”, añadió.

Además, el FMI exige “reformas estructurales” como la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos y la modificación del sistema jubilatorio, lo que implicaría un nuevo golpe al bolsillo y a los derechos de los sectores más vulnerables.

A nivel local, el intendente Guillermo Montenegro dispuso un nuevo aumento del boleto de colectivo, lo que agrava el panorama para los usuarios del transporte público en Mar del Plata y Batán. La tarifa plana pasó de $1.180 a $1.360 (15,25% de aumento), mientras que los pasajes a Sierra de los Padres superan los $2.100 y a Chapadmalal o Batán rondan los $1.944.

“El intendente vuelve a tomar decisiones unilaterales que solo aumentan las ganancias de las empresas, sin mejoras en el servicio. Y como el Concejo Deliberante le delegó facultades hasta fin de año, hay temor por más aumentos, más aún con la inflación proyectada. En 2024, el boleto subió un 300%, más del doble de la inflación oficial del 117,8%”, criticó Blanco.

Organizaciones sociales continúan con el acampe frente a las puertas del Municipio en reclamo de alimentos para los comedores y una canasta navideña para las familias más carenciadas durante las fiestas. 

Al respecto, Pablo Barragán, referente de la organización Mariano Ferreyra, declaró en diálogo con El Marplatense que “estamos a la espera de que llamen por teléfono para brindar una solución a la demanda que estamos planteando. Hay trascendidos de que no se van a comprar pollos, sino que otro producto fresco. A nosotros no nos han dicho nada y seguimos sosteniendo el acampe con los compañeros”. 

Por otro lado, notaron la llegada de los efectivos de la bonaerense: “Hasta estos días no pasaba nada, no teníamos presencia policial, estimo que estarán de rutina. Nadie vino a decirnos nada, están enfrente en una actitud intimidatoria, pero nosotros tenemos en claro que no estamos haciendo nada ilegal”. 

Respecto al video publicado por Julián Bussetti, concejal por Vamos Juntos, denunciando que estaban ‘presos en el Municipio’ por las manifestaciones en la entrada, dijo que “nosotros fuimos porque se cumplieron tres días que estábamos y nadie realizó ninguna bajada para armar una mesa de diálogo. Ellos cerraron la puerta con caños del lado de adentro, fue una delegación de 15 mujeres para hablar y ver si desde la privada del Intendente se daba alguna respuesta, no sucedió y nos quedamos ahí”. 

De modo que “los que bloquearon la entrada del Municipio fueron ellos, estuvimos en las tres entradas intentando ingresar y no nos dejaron. Pasaron distintos vecinos y nosotros no pudimos. Nunca tuvimos nada en contra de los trabajadores municipales”, indicó. 

Por último se refirió a la medida de acampe y aseguró que “estamos expuestos al clima de Mar del Plata que llueve, estamos preparados para el agua, pero acampamos en la calle. No tenemos ninguna garantía de nada, solamente nos otorgamos seguridad a nosotros mismos y a través de eso resistimos para lograr el objetivo”.

Por quinto día consecutivo, organizaciones sociales permanecen en el acampe frente al Municipio en reclamo de asistencia para los comedores y la canasta navideña para las familias más carenciadas. 

En este sentido, Pablo Barragán, referente Agrupación Mariano Ferreyra, declaró en diálogo con El Marplatense que “el intendente Montenegro se da el lujo de recortar los alimentos, todo el año reclamando asistencia para los comedores”. 

Desde el Municipio hay “una devolución que se ve reflejada en los barrios, comedores cerrados o sostenidos por la ciudadanía marplatense a través de donaciones. Un Estado totalmente ausente”, afirmó. 

Asimismo, señaló que “muchas veces a un sector de la población marplatense le molesta porque se piensan que tienen que sostener a una de parte de la ciudadanía, piensan que le tienen que dar de comer a alguien, pero la realidad que acá funciona un Estado democrático donde hay un presupuesto participativo anuales que son millonarios. ¿Dónde está esa plata? estamos hablando de la asistencia alimentaria del 2024 que son 1.400 millones de pesos y a la fecha se ha usado el 15%”. 

La respuesta del Estado Municipal “es no hay plata, es la política que han optado los sectores que deben dar respuesta o funcionar para la ciudadanía. Más impuesto, más caro el colectivo con un servicio que no está a la altura de una empresa de transporte”, enunció. 

Por este motivo, “nosotros estamos en estado de asamblea permanente, discutiendo con los compañeros cuánto más vamos a estar acá con lo que nos cuesta. Con un micro que sale 1200 pesos, los compañeros de la periferia pagan casi 1800 pesos, se está haciendo un esfuerzo enorme para llevar adelante esta lucha. Vamos viendo paso a paso cómo podemos ayudarnos entre nosotros y sostener este reclamo que llevamos adelante”. 

La continuidad se debe a que “obviamente la respuesta siempre la tienen los funcionarios del gobierno, no depende de nosotros. Nos gustaría estar en nuestras casas, pero no les interesa que estemos acá afuera”. 

“El Intendente nos tilda de delincuentes a familias que están por debajo de la línea de la pobreza, trabajadores desocupados víctimas de un sistema que crearon ellos. ¿Qué pasa con los presupuestos, el dinero que está destinado? Aquellos que son para la salud, educación, alimentos, el arreglo de las calles, luminarias. ¿No es ser delincuente que no se cumpla con un mandato político del pueblo y que la plata desaparezca?”, concluyó.  

Organizaciones sociales armaron una carpa en las puertas del Palacio Municipal en reclamo de la asistencia alimentaria en los barrios más carenciados de Mar del Plata. 

Al respecto, Pablo Barragán, referente de la Agrupación Mariano Ferreyra, declaró en diálogo con El Marplatense que "hace meses venimos con este reclamo, junto con el tema de la salud primaria donde vivimos una situación angustiante porque no hay turnos, remedios y en algunos casos no hay salitas". 

Por otro lado, está "el tema de transporte público de pasajeros en los barrios, ya que las frecuencias son como se le antoja a la empresa. Las condiciones del servicios son tremendas, se le exige a los ciudadanos marplatenses una vtv para los vehículos privados, pero no así a las empresas", explicó.

"No tienen cinturones de seguridad, llevan a la gente como ganado en los horarios picos. Todo porque el empresario siempre gana. A eso le sumamos que el Intendente le ha dado 12 aumentos en el año mediante decretos y hoy un trabajador generalmente consume cuatro micros. Se gasta gran parte de lo que está ganando porque los salarios no han aumentado en la manera que se incrementó el transporte", continuó. 

De modo que "la problemática es muy amplia y se enmarca en una emergencia social, económica y alimentaria donde el gobierno retrocede con las responsabilidades que asumió", remarcó. 

En un análisis, argumentó que "están copiando el modelo político nacional, trasladándolo a nivel municipal. En vez de tratar de ayudar a la gente, y ojo que acá no estamos hablando de que el Municipio para ayudar en esta situación económica tenga que hacerle pagar un costo a los ciudadanos marplatenses, porque hay un presupuesto destinado a la asistencia social y se ha usado un 15%".

Respecto a los reclamos a nivel local, contó que "no hubo ninguna respuesta, tres petitorios presentamos. Por eso digo que no le interesa al poder político que hoy esté la organización acá o que mañana venga otro a hacer el mismo reclamo". 

"No solo reclamamos para los compañeros de nuestra organización, sino para todas las familias. Nosotros convivimos con los vecinos en los barrios, no estamos ajenos a eso. Muchas veces piden organizarse, pero no tienen para pagar un boleto de colectivo por el costo", agregó. 

Por lo que "estamos desde ayer, plantamos esta carpa en repudio a la falta de respuesta que otorga este gobierno. Decidimos hacer una huelga de hambre y responsabilizo directamente al Intendente porque no nos deja otra alternativa. Somos los que perjudicamos el tránsito, según ellos, pero son ellos los responsables de que tengamos que maximizar las exigencias para nuestras demandas porque no hay respuestas", concluyó. 

Organizaciones sociales realizarán un “Ollazo nacional” para denunciar que el ministerio de Capital Humano no entregó alimentos para los comedores populares, a pesar de las ocho resoluciones judiciales presentadas.

A través de un comunicado, señalaron que “Milei creó 1 millón de nuevos pobres y aumentó la indigencia al 18% de la  población. Los programas sociales como el Volver al Trabajo están congelados en 78 mil pesos con una inflación anual de más del 100%”.

Esto se suma a que “el gobierno cortó el aporte al monotributo social que hacía el Estado para la salud de las personas más vulnerables con lo que más de 1 millón de personas se quedaron sin asistencia. Algunos con tratamientos oncológicos que están en riesgo de vida”.

Para ejemplificar, contaron que “hubo el mes pasado más de 60 mil bajas del programa Acompañamiento social, que abarca a personas mayores de 50  años y mamás con más de 4 hijos, el motivo? ‘No se reempadronaron’ es decir, dejaron de estar organizados”.

Por lo que “mientras el hambre recorre el País de arriba abajo, un puñado de especuladores hacen fortunas con los bonos que le garantiza “el Mago Caputo” y se dispone a entregar al País a los monopolios internacionales”, continuaron.

De modo que “el gobierno no sólo no ha creado un solo puesto de trabajo, sino que la recesión y la destrucción de la obra pública ha dejado cientos de miles de nuevos desocupados”, afirmaron.

A nivel local, manifestaron que “Montenegro aplicó un ajuste enorme para la asistencia de comedores y merenderos. En ese sentido se vuelve fundamental que comencemos a organizar el pedido por canastas navideñas para las Miles de familias que lo necesitan, entre ellas muchos jubilados”.

Por estos motivos, desde las organizaciones sociales reclaman “la devolución de los alimentos a los comedores populares, el aumento de los programas sociales al salario mínimo vital y móvil, el bono de fin de año de 100 mil ( IFE) para que todas las familias trabajadoras puedan pasar dignamente las fiestas y que dejen de criminalizar a los que luchan, basta de reprimir a los trabajadores”. 

En medio del frente judicial que Alberto Fernández afronta en el fuero federal penal, en la justicia de familia porteña se abrió un nuevo escenario que podría complicar los ingresos que percibe como ex jefe de Estado. La abogada de Fabiola Yáñez presentó una medida para reclamar un acuerdo definitivo sobre los alimentos que corresponden al hijo que la ex pareja tiene en común y una medida cautelar para embargar la jubilación de privilegio que percibe Fernández.

La defensa de Fabiola Yáñez, la abogada Mariana Gallego, inició esta semana una mediación extrajudicial en el fuero de familia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para llegar a un acuerdo respecto a los alimentos para Francisco, el hijo que tiene la ex primera dama con Alberto Fernández. Hasta que ello ocurra, en caso de hacer lugar la justicia, se pidió una medida cautelar provisoria sobre los alimentos y un embargo de la pensión de privilegio que recibe el ex presidente y que supera los $14 millones mensuales.

Hasta tanto se acepte la mediación extrajudicial, que se concentra en un acuerdo definitivo por alimentos para el niño de casi tres años, la abogada de la ex primera dama pidió que se regulen alimentos de forma provisoria.

A los tres meses de haber dejado la Casa Rosada, el ex mandatario recibió la jubilación de privilegio que asciende a $14.272.997,79 en bruto. Cuando el número se analiza en términos netos, es decir lo que recibe en mano el ex presidente, se contabilizan $10.000.630,64.

Pero no es lo único que comenzó a recibir por mes. A raíz de la resolución 4643 de ANSES de marzo, se sumó un retroactivo contabilizado a partir del pedido de la prestación. La cifra asciende a $32.207.388,83, con los descuentos aplicados.

El expediente se encuentra bajo reserva y no se conoce aún qué decisión adoptó la justicia de familia. Una de las inquietudes de la ex primera dama es la situación económica que atraviesa con su hijo en Madrid, donde alquila un departamento de renta temporaria en el centro turístico de la ciudad.

Parte de la denuncia por hostigamiento y amenazas se concentra en el presunto chantaje del ex presidente para que Yáñez no avance con la causa penal a cambio de la ayuda financiera.

Fuente: Clarín

Luego de reunirse con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social, uno de los referentes de la Agrupación Mariano Ferreyra, Pablo Barragán, contó que le pidió a la Municipalidad que integren a más personas al Programa Municipal de Seguridad Alimentaria y que incrementen el monto de la tarjeta. Además, reclamó por la caída del empleo en la ciudad y la entrega de la canasta navideña a fin de año. 

Orientado a grupos familiares bajo línea de indigencia, en situación de vulnerabilidad y riesgo alimentario, el programa consiste en una tarjeta con un monto fijo de dinero destinado a la compra de alimentos en distintos comercios de la ciudad, según consigna la página oficial del Municipio.

“Hoy estamos en una jornada de lucha, atendiendo la grave situación económica que se está viviendo, donde los trabajadores aún teniendo trabajo no alcanzan a cubrir las necesidades básicas, así que imagínense de los compañeros que cobran un programa que desde diciembre se congeló en 158 mil pesos”, le explicó a El Marplatense las razones por las que pidieron una reunión con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social.

Según sostuvo, le plantearon al Municipio y a la cartera local que necesitan una “atención mayor” en los barrios de Mar del Plata y Batán, y propusieron “que integren a más vecinos al programa municipal de alimentos” y que, a su vez, esa política social “tenga un aumento” porque el monto “es muy bajo”.

Asimismo, el líder de la organización comentó que otro de los puntos que se trataron en la reunión fueron el contexto de los puestos de trabajo, debido a que consideran que “la situación más complicada es la caída del empleo en la ciudad, que se ha profundizado en los rankings de todos los años”.

“Se acercan las fiestas y a diferencia del año pasado, que no dieron las canastas navideñas, entendemos que en este diciembre no pueden desatender esa problemática. Lo planteamos con tiempo y trajimos un listado con las personas que necesitan esa asistencia. Ese fue el planteo que trajimos al Municipio, que lo escucharon pero no contestaron”, añadió.

Y por su lado, aseguró que desde Desarrollo Social “se comprometieron a aumentar las partidas de alimentos” que reciben, aunque subrayó que “solo es un paliativo” y no lo que necesitan.

Por orden del juez Sebastián Casanello, la Justicia avanzó en una diligencia en las oficinas de la Secretaría de Niñez, dependiente del Ministerio de Capital Humano, como parte de la investigación que apunta a dilucidar los motivos de la retención de 6 mil toneladas de alimentos que el Estado adquirió y se encontraban guardados en galpones.

La medida se realizó hoy en las dependencias de la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello. Tuvo como fin obtener documentación y computadoras que contengan información sobre la logística, stock y fechas de entrega de los productos señalados.

De acuerdo a información sobre el procedimiento, entre los elementos obtenidos se encuentran el back up de la computadora asignada al director de Logística del Ministerio de Capital Humano, las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo, los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo en dicha provincia, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos, las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios.

La pertinencia de la información recabada radica en que la Justicia analiza si hubo una gestión indebida de los recursos señalados. Desde la cartera a cargo de Pettovello, en tanto, niegan esa acusación y defienden el trabajo desplegado desde que se hicieron cargo del Ministerio a partir de la falta de transparencia en la que, aseguran, incurría gestión anterior.

La causa se inició por una denuncia penal que Juan Grabois presentó contra Sandra Pettovello por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad ante el desabastecimiento alimentario de los comedores comunitarios. En respuesta a esas acusaciones, desde el Ministerio calificaron a Grabois como “un profesional de la mentira”.

El litigio comenzó a partir de la queja que realizaron distintas organizaciones sociales y que Grabois materializó en una presentación judicial.

El reclamo obedecía al freno en la entrega de productos por parte de la gestión del presidente Javier Milei, en el área que conduce Pettovello. Allí se produjo un entredicho que se replica hasta hoy: mientras el Gobierno sostiene que existían “comedores fantasma”, esto es, sitios en donde se destinaban recursos en concepto de ayuda social que en realidad no cumplían ese fin o directamente no existían, las organizaciones acusan a las autoridades actuales por desabastecer completamente la red asistencial que se construyó durante la última década en barrios donde las personas tienen ingresos bajos o nulos.

El Gobierno insiste en que desde el inicio de la actual administración hubo “una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales”.

En relación a las diligencias realizadas por la Justicia durante esta jornada, desde el ministerio calificaron que las actuaciones fueron “sorpresivas e injustificadas”, dado que hasta el momento cumplieron con cada requerimiento realizado por el juez.

Además, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, con el que apunta a “defender la división de poderes” marcando que el Poder Judicial “no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas q son competencia del Poder Ejecutivo”.

La distribución de mercadería objetada involucraba más de mil toneladas de leche en polvo, más de cuatro mil de harina de maíz, entre otros productos que debían distribuirse a familias en situación de vulnerabilidad por falta de ingresos.

Fuente: Infobae

En el marco de una nueva jornada nacional, organizaciones sociales salieron a la calle a reclamar alimentos para los comedores y merenderos de Mar del Plata, lugares que atraviesan una fuerte crisis ante el aumento de la demanda por el contexto económico. 

En ese sentido, numerosos integrantes volvieron a las puertas del Palacio Municipal para hacer un “ollazo” por alimentos y asistencia de garrafas ya que los valores quedaron libres y posiblemente se incrementen. Además, preocupan los “tarifazos” de luz y gas que comenzaron a llegar.

Sobre esto, Julia Vazquez referente de CUBA-MTR dialogó con El Marplatense y dijo: "Estamos otra vez en una jornada nacional, en donde por supuesto siempre sumamos las cuestiones locales y de nuestros compañeros. Remarcamos las cuestiones alimenticias porque estamos con ollas vacías porque no se entregan hace más de nueve meses los alimentos para comedores y merenderos. Hay una situación bastante crítica en diferentes barrios marplatenses y eso se suma a los tarifazos en la luz, el gas, los de las garrafas. Los compañeros no solo no tienen para comer sino que ni siquiera para cocinar con lo poco que les queda". 

"Recién tuvimos una reunión con Secretaría de Desarrollo Municipal pero por ahora la respuesta es un potencial con una posible entrega. Sabiendo que es el mes del niño, hasta ahora, los diferentes festejos que se realizaron en los comedores de los barrios fueron a pulmón de la gente que los lleva adelante. No tenemos ningún tipo de ayuda ni nacional ni Provincial en esta cuestión. En el ámbito municipal seguimos a a la espera pero deseamos que se pueda concretar", mencionó.

"También sumamos las cuestiones habitacionales. Estamos pasando un clima complejo, con mucho viento, frío. Hay compañeros a los que se les volaron los techos pero todavía no tuvimos respuestas de nada". 

"Lo que reclamamos hoy es que tengan en cuenta que hay un montón de comedores y merenderos en los diferentes barrios. Son más de 25 los que tenemos con las organizaciones y pedimos ayuda para poder sostenerlos y que no se cierren porque cuesta muchísimo salir adelante. También necesitamos alimentos, todo lo que es fresco, el tema de las garrafas que todavía está en licitación y las cuestiones habitacionales"

En el marco de una jornada nacional, organizaciones sociales salieron a la calle a reclamar alimentos para los comedores y merenderos de Mar del Plata, lugares que atraviesan una fuerte crisis ante el aumento de la demanda. 

Al respecto, Lorena Quiroga, referente de la agrupación Libres del Sur, comentó en diálogo con El Marplatense que “le estamos exigiendo alguna respuesta concreta a la Ministra, teniendo en cuenta que hace varios meses, incluso con la Justicia fallando para que empiece a entregar alimentos a comedores y merenderos, lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos nada”. 

En esta línea, remarcó que estos lugares “hoy en día son el primer cordón de contención de un montón de familias que están en una situación muy grave y tienen que concurrir a los comedores comunitarios”. 

Por lo que para sustentarlos, “apelamos a la mayoría de la sociedad civil mediante la solidaridad que siempre tienen los marplatenses y batanenses, pero eso lamentablemente en algún momento se va a cortar porque la situación va escalonada y está llegándole al cuello la gravedad que vivimos en materia económica”. 

Asimismo, destacó que “muchas familias, que incluso tienen trabajo en relación de dependencia, se acercan a los comedores y es cada vez más la gente que necesita de estos espacios para tener algo tan básico como lo es un plato de comida”. 

Respecto a la cantidad de personas que acuden a los comedores comunitarios en Mar del Plata, afirmó que “es muy difícil tener números concretos porque se va sumando más gente, pero el comedor que menos asiste, atiende a 150 personas”. 

De modo que “la situación es muy complicada y sobre todo, es un dato de suma preocupación, que no solamente son familias -papá, mamá y niños- sino que también hay muchísimos adultos mayores que producto del bajo sueldo de las jubilaciones y pensiones, lamentablemente están pensando si pagan el alquiler, compran la medicación o comen”. 

Para ejemplificar, contó que “en un comedor que se cocina para 150 personas, estamos hablando de unos ocho paquetes de fideos, otra cantidad de tomate y lo que implica ponerle en la olla, ya sea carne, verduras, que sale del poco bolsillo que tienen las compañeras que llevan adelante los comedores”. 

A nivel local, “también estamos exigiendo al intendente Montenegro y a la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, que también entreguen partidas de alimentos frescos a los comedores y merenderos que no lo hacen desde noviembre del año pasado, al igual que las garrafas”, concluyó. 

El diputado provincial de Unión por la Patria, Germán Di Cesare, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires que propone la prohibición deL ingreso de deudores alimentarios inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia (RDAM) a casinos, salas de juego de azar y bingos bonaerenses.

El proyecto de ley intenta “proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, prohibiendo el ingreso de deudores alimentarios inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la provincia (RDMA) a casinos, salas de juego de azar y bingos en toda la provincia de Buenos Aires”, según informó Di Cesare en sus redes sociales.

Y continúa: “Este proyecto busca sancionar y, sobre todo, incentivar el cumplimiento de estas obligaciones fundamentales, recordando que los derechos de los niños, niñas y adolescentes deben ser siempre la prioridad”.

“Nuestro objetivo es claro: quienes no cumplen con sus deberes hacia sus hijos no podrán participar en actividades lúdicas hasta regularizar su situación”, cierra el legislador y exintendente de General Alvarado.

El Registro de Deudores Alimentarios, creado por la Ley 13.074, tiene por objeto registrar por orden judicial a todo obligado u obligada al pago de alimentos por sentencia firme o por convenio homologado judicialmente, que adeude determinado número de cuotas (tres cuotas consecutivas o cinco alternadas) previa intimación al pago.

A fines de julio, en tanto, se presentó en la Ciudad de Buenos Aires un proyecto para que los deudores alimentarios no puedan entrar a canchas de fútbol ni a recitales en Capital. Aquella propuesta fue impulsada por el legislador porteño Juan Manuel Valdés (Unión por la Patria). Mientras que en agosto la Legislatura porteña comenzó a tratar una iniciativa similar presentada por el legislador de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso. Ambas propuestas buscan generar una nueva herramienta para combatir la morosidad en los pagos de esas obligaciones parentales.

A raíz de la presentación del informe que realizó el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) acerca de la fuerte suba de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) en Mar del Plata, el director del organismo, Rodrigo Blanco, sostuvo que esas cifras “desmienten el relato del Gobierno".

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer hoy que la inflación de julio fue del 4%, mientras que la interanual del 263,4%. Marca un descenso del 0,6% sobre junio, cuando había sido del 4,6%. 

Pero de acuerdo al relevamiento del instituto local, una familia de dos adultos y dos niños necesitó de $353.563 para adquirir la CBA durante julio, lo que representa una suba de 9,73% con respecto a junio. También comentaron que el rubro de frutas y verduras fue el que más aumentó, en un 29,7%.

Junto al informe que presentó el instituto que dirige, Rodrigo Blanco señaló que si bien el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, “siguen anunciando la continuidad del descenso de la inflación con llegada al 0% a fin de año, los alimentos y los servicios básicos indispensables para la vida cotidiana de las familias no dejan de aumentar".

Además, manifestó que “los alimentos subieron un 111,3%, con picos en frutas y verduras, lácteos, farináceos y arroz durante los ocho meses de Gobierno”, lo que “desmiente el relato del Gobierno sobre la continuidad de la tendencia descendente del valor de los alimentos y de los servicios básicos”.

"Una familia de cuatro integrantes –conformada por dos adultos y dos niños- en julio necesitó de $31.000 más que treinta días atrás para adquirir los mismos productos”, alertó Blanco.

Y asimismo, opinó que “ante las dificultades para estabilizar los indicadores macroeconómicos, centradas en la carencia de reservas en el Banco Central con perspectivas negativas para aumentarlas significativamente, el equipo económico encara la etapa llamada ´emisión cero´, que implica profundizar la recesión, con previsibles consecuencias de incrementos de la pobreza e indigencia”.

Por otro lado, el director del ISEPCi remarcó que el sostenimiento del valor del dólar en los mercados paralelos se consigue “a costa de perder reservas”, una situación que consideró que “compromete aún más la sustentabilidad del equilibrio macro”.

"Ello ocurre sin que la inflación mantenga la tendencia descendente que el Gobierno pronostica todos los días. La contracara son las tristes cifras que dio a conocer UNICEF, que ratifican que millones de niños se van a dormir cada día sin haber comido”, sentenció.

Según el relevamiento mensual que realiza el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en comercios de cercanía de los barrios populares de Mar del Plata y Batán, una familia de dos adultos y dos niños necesitó de $353.563 para adquirir la Canasta Básica de Alimentos (CBA) durante julio, lo que representa una suba de 9,73% con respecto a junio.

Después de algunos meses con aumentos de los alimentos por debajo del 5% mensual, los fuertes incrementos se volvieron a sentir en julio en los comercios de cercanía de General Pueyrredon. El valor de la CBA alcanzó los $353.563 contra los $167.313 de noviembre pasado, por lo que en los ocho meses del Gobierno de Javier Milei aumentó un 111,3%. 

El rubro de frutas y verduras lidera las subas entre los alimentos (29,7%), seguido por carnicería (7,9%) y almacén (3,2%). Y en coincidencia con los fuertes incrementos experimentados en el primer rubro, se conoció en los últimos días un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que advierte que la demanda de dichos alimentos cayó un 40% en julio.

Desde CAME indicaron que “durante el julio, fruto de la disminución del poder adquisitivo y la falta de convalidación de precios por parte del consumidor, se observó una caída de la demanda de entre un 30% y un 40%”.

La razón principal de esta caída se encuentra en parte en la composición y evolución de los ingresos mínimos que han sufrido pérdidas significativas desde el inicio de la gestión del nuevo gobierno, según explicaron desde ISEPCi.

El salario mínimo vital y móvil de julio se ubicó en $254.232, siendo un 74% de incremento acumulado desde el inicio del mandato de Milei (se ubicaba en $146.000 en noviembre pasado), lo que configura una pérdida del 37,3% al compararse con los valores de la CBA actual.

Este dato también demuestra que el salario mínimo no alcanza a cubrir de manera íntegra el valor de la CBA: cubre un 72% de la misma, sin tener en cuenta que las familias afrontan otros gastos esenciales como alquiler, vestimenta o servicios básicos.

Y por su parte, la jubilación mínima se ubicó en los $285.622 en julio, con una bono incluido de $70.000 para los haberes mínimos, lo que representa una suba del 82% desde noviembre, significando una pérdida del 29,3% con respecto a la CBA actual.

Según el relevamiento mensual que realiza el Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en más de cien comercios de cercanía de los barrios populares del Mar del Plata y Batán, una familia de dos adultos y dos niños necesitó de $322.209 en junio para adquirir la Canasta Básica de Alimentos (CBA), lo que representa un incremento del 4,01% respecto al valor de mayo.

De acuerdo a este informe, después de un mayo en que hubo menores aumentos de los alimentos, los incrementos volvieron a sentirse en junio en los comercios de General Pueyrredon, donde detectaron una suba de la CBA mayor a la informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en junio (+1,6%).

También expresaron que el valor de la CBA para una familia de dos adultos y dos hijos alcanzó en julio los $322.209 contra los $167.313 de noviembre, por lo que tuvo un aumento del 92,6% en los primeros siete meses del nuevo gobierno.

En junio, los productos de carnicería marcaron el ritmo de los mayores aumentos con un 6,8%, mientras que los de almacén subieron un 2,8% y el rubro de verdulería un 3%.

La crisis económica ha cambiado el esquema de la ciudad, cada vez más familias se acercan a los comedores barriales a pedir un plato de comida y las organizaciones sociales han extendido el reclamo en múltiples marchas frente a la Municipalidad. 

En este contexto, se reunió la Mesa de Diálogo por la Dignidad de General Pueyrredon. Ana Marías Vulcano, una de las integrantes, manifestó en diálogo con El Marplatense que “hay escasez de alimentos, a la gente le falta la comida. Todos los que estamos trabajando en la periferia sabemos que hay comedores que están cerrados porque no llegan alimentos y es urgente que esto se revierta. No es una situación ideal, lo mejor sería que la gente pueda comer en su casa la comida que quiere, que la familia se reúna, pero cuando no se puede hay que hacer comedores comunitarios y es necesaria la ayuda del Estado”. 

Asimismo, destacó que “en la mesa expusimos que el Municipio a Cáritas le ha prometido una ayuda, y seguramente se la va a dar, pero no es solamente esa organización la que está en las periferias, también hay muchos movimientos sociales que en Mar del Plata están trabajando muy bien”. 

Por otro lado, “hay una mala prensa de estos comedores y no todo es así. Acá hay necesidad, la gente tiene que comer, los niños van a escuelas públicas y en la mayoría están comiendo, pero es una sola comida la que se garantiza”, denunció. 

Además, en la ciudad “hay otros sectores vulnerables, los adultos mayores, gente que no tiene trabajo. El programa social que están recibiendo hasta el momento son 76 mil pesos, es muy poco. Hay gente que no está acostumbrada a pedir la mercadería, lo que está funcionando más ahora es la entrega de alimentos, de lo poco que tenemos, pero no alcanza porque se incrementó el número”. 

De modo que “acá dependemos todos de la solidaridad, la empatía que tengamos con el que está pasando hambre porque no lo estamos exagerando, en los barrios hay mucha solidaridad, pero me parece que se necesita una política pública que se haga cargo. El Estado en sus tres estamentos se tiene que poner de acuerdo porque esta situación hay que revertirla, es muy grave y dolorosa también”. 

Hasta el momento, “La Provincia está en las escuelas recibiendo mercadería para los comedores y les entregan a los chicos, pero habría que implementarlo para poder llegar a todos, nosotros recibimos cada dos meses, pero no alcanza. Entonces la otra parte del Estado, Municipal y Nacional, tienen que ayudar. La tarjeta municipal de alimentos es de 800 pesos, hay que incrementar el valor o buscar otro mecanismo”. 

Respecto al rol de Desarrollo Social, contó que “Vilma Baragiola se ha reunido con nosotros y realmente muestra una actitud muy positivo para con Cáritas, estamos por recibir ayuda desde el Municipio, pero la crisis no deja que esto se pueda ascender a otras organizaciones. Como mesa desde el obispado, necesitamos que llegue a todo. Cáritas en cada parroquia es abierta, estamos para todos, pero no nos alcanza y tenemos que ver qué pasa con los movimientos sociales, los comedores comunitarios, hay que dar una mano”. 

Por consiguiente, “me parece que es momento de que la ciudad, los que tenemos un poquito más, nos solidaricemos con esta situación porque realmente es grave. Los pedidos son cada vez mayores y si falta el alimento, hay un montón de derechos que se están vulnerando también”.

En este contexto, “no hay acceso a la salud, educación, mucha violencia que por ahí no sale en los diarios. La droga ha atravesado de una manera increíble toda la sociedad, los barrios estamos atravesados por el narcotráfico y esto no se habla. Los que estamos trabajando en comunidades, lo vemos todos los días. Sumado a la falta de comida, no es buen panorama. Nosotros tenemos la esperanza de que esto puede cambiar, la gente tiene ganas de alcanzar un proyecto de vida diferente y estamos trabajando para eso”, concluyó. 

Organizaciones sociales se manifestaron en las puertas del Centro de Operaciones y Monitoreo en reclamo de mejores condiciones alimentarias y la reconstrucción de los barrios periféricos de la ciudad. 

Al respecto, Susana Figueroa, referente de Utep y Movimiento Evita, señaló que “estamos pidiéndole al señor Intendente que nos reciba para poder contarle las necesidades que estamos viviendo en el barrio que cada vez son más”. 

En este contexto, aseguró que “la gente se acerca a nuestros comedores y desde la decisión que tomó en diciembre de ya no hacernos llegar más alimentos, se nos está dificultando el poder garantizar al menos una comida al día”. 

Asimismo, declaró que “nos sentimos avergonzados del gobierno que lleva adelante a nuestra pobre Patria por tener alimentos guardados en galpones a punto de vencerse, sabiendo que hay personas que están pasando hambre”. 

“Hay nenes y adultos mal nutridos por la poca alimentación que podemos brindarle desde los comedores, la verdad que nos da vergüenza ajena todo esto que está sucediendo y que el Intendente se ponga en la misma línea que el gobierno nacional”, afirmó.

Por otro lado, resaltó que “los barrios están olvidados, hace años que Montenegro no se preocupa, no somos parte de su agenda claramente”. 

A su vez, “Las cooperativas de trabajo que hasta hace un año atrás podíamos hacer cosas para tratar de tener un bienestar, derecho de todos como el tener trabajo, educación, salud y principalmente una alimentación, se nos están negando”, argumentó. 

“Nosotros tenemos cooperativas de trabajo y tampoco nos hemos podido sentar a dialogar para que nos den. Ellos trabajan con empresas privdas, lo hicieron siempre y nos sentimos afuera del Estado Municipal”, concluyó.