La Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener bajo la modalidad de arresto domiciliario el ex fiscal federal de Mar del Plata Gustavo Demarchi, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, al declarar “inadmisibles” los planteos formulados por las querellas y por la fiscalía contra la decisión que le otorgó ese beneficio.

La decisión fue adoptada por la sala 2 del máximo tribunal penal de este país con los votos de los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, mientras que su colega Alejandro Slokar votó en disidencia, según surge del fallo al que accedió Télam.

Los jueces Mahiques y Yacobucci declararon “inadmisibles” las críticas de la fiscalía y los querellantes contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de Mar del Plata que lo había beneficiado a Demarchi (74) con el arresto domiciliario, por su estado de salud, pese a haber estado prófugo por más de un año.

Cuando le otorgaron el beneficio del encierro domiciliario, los jueces del TOF de Mar del Plata se basaron en que el acusado había sufrido una rotura total del talón de Aquiles de pierna derecha y padecía otra lesión en una a de sus rodillas.

En el fallo de Casación, el juez Mahiques ponderó “los graves problemas de salud que atraviesa el interno, y la urgencia por la que debió ser internado” tras invocar que la defensa de Demarchi había informado que tal circunstancia fue producto de un accidente cerebrovascular.

En tanto, el juez Slokar sostuvo que corresponde “meritar con extrema prudencia y carácter sumamente restrictivo la aplicabilidad de estas disposiciones en supuestos de delitos graves, conforme normas constitucionales, convencionales y de derecho interno”.

Además remarcó que el ex fiscal Demarchi -condenado a prisión perpetua- estuvo prófugo por más de un año y tuvo que ser extraditado de la República de Colombia, y concluyó que “los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no pasibles de indulto ni amnistía, tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad”.

En 2016, el ex fiscal federal fue condenado a prisión perpetua –no firme- por ser coautor de 6 asesinatos cometidos a mediados de la década del 70 en la ciudad balnearia cuando estaba al frente de la Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Se trata de la investigación de los homicidios de Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg, cometidos en la denominada "noche de la masacre del cinco por uno", en marzo de 1975.

Demarchi además fue condenado por la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica María del Carmen “Coca” Maggi, y por el delito de asociación ilícita.

Una nueva concentración para pedir por cárcel común para el genocida Gustavo Demarchi tendrá lugar este miércoles a las 19 en Güemes y Roca para que el asesino cumpla su sentencia en la cárcel".

La manifestación se realiza bajo el lema "la única casa para un genocida es la cárcel". Fue convocada por organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, gremiales, sociales y entidades intermedias.

Demarchi fue condenado a cadena perpetua por integrar en la previa del Golpe de Estado una asociación ilícita bajo el nombre de Concertación Nacional Universitaria (CNU).

Sin embargo fue beneficiado con prisión domiciliaria, lo que generó un gran rechazo del Ministerio Público Fiscal y, sobre todo, de los organismos de derechos humanos. Incluso, tras la sentencia de diciembre, la fiscalía pidió que se revoque este beneficio.

El Ministerio Público Fiscal interpuso este lunes un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para que se revoque el arresto domiciliario de Gustavo Modesto Demarchi, recientemente otorgado por los jueces que integraron el Tribunal Oral Federal que lo condenó a prisión perpetua por integrar en la previa del Golpe de Estado una asociación ilícita y por el homicidio de seis personas, la familia Videla – Elizagaray y el médico Bernardo Goldemberg en la noche del 5x1, y el secuestro y asesinato de la entonces decana de la Facultad de Humanidades, María del Carmen Maggi. “El acto jurisdiccional pone en jaque la seriedad con que deben sancionarse los crímenes contra la humanidad”, indicaron.

El recurso se interpuso a fin de que se revoque la decisión del TOF “por resultar arbitraria, carecer de fundamentación, afectar la garantía de debido proceso legal y comprometer las obligaciones asumidas por el Estado Argentino ante la comunidad internacional”. En este sentido, señalaron: “Resulta de gravedad institucional que un ex fiscal de la Nación condenado a prisión perpetua por intervenir en el asesinato de seis personas en ejercicio de la función se lo autorice a salir de la prisión y se vaya a la casa porque se le rompió el tendón de Aquiles”. En contraposición, para el MPF se debe ordenar que la prisión preventiva sea cumplida en un establecimiento de salud penitenciario en el que se garantice la adecuada atención de las patologías diagnosticadas.

Con base en una nutrida jurisprudencia, normativa nacional e internacional, los fiscales argumentaron la presentación del recurso y los gravámenes que la decisión del arresto domiciliario acarrea, como el riesgo de fuga y consecuente incumplimiento de la pena impuesta a Demarchi, en los términos de los compromisos internacionales asumidos.

Al hacer un recorrido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entendieron que el caso se verifica con absoluta evidencia. “La gravedad del caso que nos ocupa resulta innegable por la trascendencia pública de los hechos a juzgarse, es decir, su repercusión más allá de las partes. Además, la solución se proyectaría sobre casos futuros y afecta la administración de justicia, puesto que dejaría el camino liberado para que se pusiere en serio riesgo el cumplimiento de las sanciones por crímenes contra la humanidad de conformidad con el derecho vigente. Esta situación es intolerable para el Estado de Derecho”, detallaron.

De acuerdo con los argumentos de la defensa, la viabilidad de la medida de morigeración solicitada encuentra sustento, entre otras cuestiones, en que su defendido se encontraría con una rotura completa del tendón de Aquiles de su pierna derecha y que dicha lesión no resultaría curable mediante un tratamiento quirúrgico.

Frente al planteo, el Tribunal dispuso que el Cuerpo Médico Forense realice un examen bajo la modalidad de junta médica clínica y traumatológica, en el que se indicó -en relación a estas cuestiones- que Demarchi “deambula con dos muletas y lleva colocado Walker en pierna derecha”. La atención médica que el interno necesita, se aclaró, puede ser efectuada en la unidad de detención y/o de no contar con dicha posibilidad, extra muros.

Conocido el estado de salud, el TOF pidió a la sección médica de la UP Nº 34 que informe si el actual lugar de detención cuenta con los elementos para tratar adecuadamente las dolencias que aquejan a Demarchi y la respuesta fue positiva.

Al correrse vista en ese momento al Ministerio Público Fiscal, contestó solicitando el rechazo de la pretensión de morigeración de la prisión preventiva, en función de que el propio Servicio Penitenciario Federal ha informado que se encuentra en condiciones de atender las patologías diagnosticadas a Demarchi y en especial, haciendo mención a la existencia del severo riesgo de fuga que prima en el caso.

El MPF entendió que hubo “una valoración parcial y arbitraria” de los informes producidos por el Cuerpo Médico Forense y la Unidad Penitenciaria donde se aloja el imputado, puesto que se omitió considerar que los informes médicos no han concluido que sus patologías no puedan ser atendidas dentro del establecimiento penitenciario.

Tampoco se evidencia en el expediente, ni la parte ha arrimado elemento alguno que demuestre que, luego de la cirugía de su rodilla, sus dolencias no puedan ser abordadas adecuadamente dentro del lugar de alojamiento carcelario, o en instituciones extramuros a las que sea trasladado para su tratamiento postoperatorio, con los resguardos que deban adoptarse en esa hipótesis.

“Nos encontramos frente a una sobrevaloración del estado de salud del imputado, que no presenta en rigor, sino una situación de lesión en su talón de Aquiles. Imagínense qué argumento fácil para los presos por delitos comunes que sobrepueblan las cárceles de la Argentina, lesionarse el talón. Salvo el caso de Aquiles, pocos son quienes no se han recuperado de esa dolencia. Esta es la única situación de salud diferente a la que poseía con antelación y que diera lugar a las resoluciones previas de la CFCP, que habían confirmado el rechazo a la pretensión de morigeración de la prisión preventiva”, recordaron los fiscales.

Por otro lado, planteó que la situación etaria y valetudinaria no debe ser ponderada en abstracto. Al tener en cuenta circunstancias anteriores, recordaron que se mantuvo prófugo de la Justicia por más de un año; al evaluar circunstancias concomitantes, entendieron que “resulta absolutamente violatorio de las reglas de la sana crítica racional que el tribunal haga lugar a la pretensión de arresto domiciliario de quien fue condenado a prisión perpetua por graves delitos de lesa humanidad, y que por ende, tiene la expectativa de pasar el resto de su vida en prisión”. Y en cuanto a las circunstancias posteriores, repararon en que la CFCP ya ha decretado la existencia de riesgo procesal en estas mismas actuaciones, en la resolución del 8 de octubre de 2018, donde plantearon “un real y concreto peligro de fuga”.

En el recurso presentado, se puso de relieve que los hechos por los que resultó condenado Demarchi fueron categorizados como crímenes de lesa humanidad, respecto de los cuales el Estado argentino se ha obligado a su investigación, persecución, juzgamiento y represión: “la eventual frustración de la aplicación de la pena, por la materialización de los riesgos suficientemente justificados, podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado”. Y de esta manera, advirtieron, “estamos frente a una franca violación a los artículos 1.1. y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 33 y 75, inc. 22° de la Constitución Nacional”.

“El problema al que nos enfrentamos, teniendo en cuenta las garantías, principios, derechos y obligaciones internacionales involucrados, genera una situación de gravedad institucional que debe ser atendida”, manifestaron los fiscales en el escrito.

Por otro lado, se reparó en la omisión que el Tribunal realizó sobre la opinión de las víctimas, que fueron especialmente consultadas para tomar la decisión. En ese momento, adujeron “que los precedentes internacionales citados por el acusado no son aplicables al caso; que los establecimientos penitenciarios cuentan con áreas de sanidad adecuadas para su dolencia, por lo que sería un beneficio indebido el que se pretende obtener; que tiene una condena a prisión perpetua por delitos contra la humanidad, y en particular varios homicidios calificados; que estuvo prófugo más de dos años, escapándose del país inclusive; que dispone de medios económicos y materiales, así como relaciones con grupos de poder que facilitarían cualquier posibilidad de fuga”.

También refirieron que desde que se iniciaron las actuaciones por las que terminaría condenado, el imputado atacó, difamó, querelló, persiguió, amedrentó y molestó a todos lo que de algún modo tenían vinculación con el proceso, que inclusive mientras estuvo prófugo continuó haciéndolo; que estando en detención, desde un blog continuó con su sistemático ataque a todos los involucrados, haciendo y fomentando publicaciones en contra de cada persona vinculada al proceso.

Las víctimas hicieron referencia a su sentir, y a los temores que esta situación les provoca, pero esto no fue tomado en consideración por el TOF a la hora de beneficiar a Demarchi con el arresto domiciliario. “El tribunal ha omitido valorar  la opinión de las víctimas, lo que resulta una cuestión esencial a la luz de la normativa vigente, que  obliga a fiscales y jueces a poner foco en el punto. De la lectura del fallo se observa una ausencia de tratamiento de la cuestión”, repararon los representantes del MPF.

Fuente: Fiscales.gob

Gustavo Demarchi, el ex fiscal condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en el inédito fallo de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) que tuvo lugar a fines de diciembre de 2016.

La resolución fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.  De esta manera, el genocida cumplirá su condena en su vivienda. La justificación recae sobre los "problemas de salud" que padece.

A Demarchi se lo acusó por liderar una asociación ilícita, enmascarada en la Concentración Nacional Universitaria y conformada para cometer delitos, bajo protección estatal.

El fallo del tribunal integrado por Luis Imas, Víctor Bianco y Alfredo Ruiz Paz, había sido inédito en el país ya que, haciendo caso omiso al planteo de la defensa, los magistrados consideraron que se trataba de delitos de lesa humanidad pese a haber sido cometidos antes del comienzo de la última dictadura cívico militar. Además, se trató del primer juicio a civiles de la ciudad de Mar del Plata.

La decisión judicial generó el inmediato repudio de diferentes organizaciones. Desde la CTA Autónoma, por ejemplo, exigieron "que se revoque el beneficio de la prisión domiciliaria, porque el único lugar para un genocida es la cárcel común y efectiva".

"Entre los crímenes atribuidos a la CNU figuran los de la llamada “Noche del 5 por 1”, cuando fueron asesinados Jorge Enrique Videla, Guillermo Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla, Bernardo Goldemberg y Enrique “Pacho” Elizagaray. También se atribuye al mismo grupo los crímenes de la entonces secretaria general de la Universidad Católica, María del Carmen “Coca” Maggi, Jorge Stoppani y Daniel Gasparri, secuestrados y luego asesinados", detallaron en un comunicado.