Tres organizaciones no gubernamentales presentaron un amparo colectivo para impedir lo que describen como la “destrucción inminente e irreversible” del Luna Park. La acción fue interpuesta el pasado lunes 1 con el patrocinio de los abogados Jonatan E. Baldiviezo, Jorge Barbagelat y Pacífico Rodríguez Villar, y busca frenar el proyecto aprobado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al que consideran incompatible con el régimen de protección patrimonial vigente sobre el inmueble.

La presentación fue elevada ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N°5, donde ya tramita otra denuncia por el mismo tema, con la intervención del abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. La iniciativa surgió tras la autorización otorgada por la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante la Disposición 1283/DGIUR/25.

Las entidades -Asociación Civil Basta de Demoler, Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y Fundación Ciudad- sostienen que la habilitación da lugar a una obra que excede lo permitido para un edificio declarado Monumento Histórico Nacional y catalogado con protección estructural, categoría que prohíbe demoliciones y modificaciones de volumen.

El amparo se apoya en un informe técnico elaborado por los arquitectos Marcelo Magadán y Francisco Girelli, especialistas en patrimonio arquitectónico. Allí se afirma que el proyecto presentado como una “puesta en valor” constituye “la demolición encubierta de casi todo el edificio, a excepción de las fachadas, que se modifican sustancialmente”. El escrito advierte sobre el reemplazo de la cubierta histórica, el incremento del volumen edilicio y la construcción de un nuevo estadio con capacidad ampliada, que pasaría de 8400 a entre 11.000 y 13.000 espectadores.

Según las ONG’s, estas intervenciones implican “la pérdida irreparable del bien protegido” y violan numerosos artículos del Código Urbanístico. Señalan que la normativa exige conservar tipología, materialidad exterior y elementos que definen la forma del edificio, permitiendo únicamente adecuaciones menores, reversibles y sin impacto en la volumetría ni en la estética del conjunto.

El documento subraya que las mejoras tecnológicas necesarias -como actualización de instalaciones, seguridad, iluminación y acondicionamiento- podrían ejecutarse sin demoler la cubierta ni las tribunas, sin aumentar el volumen ni modificar las fachadas. En esa línea, sostiene que existen alternativas de rehabilitación compatibles con la normativa y que la propuesta aprobada provoca una pérdida “prácticamente total” de los componentes patrimoniales.

En la medida cautelar, las asociaciones solicitaron suspender los efectos de la disposición, prohibir cualquier intervención sobre el inmueble -incluyendo demoliciones, modificaciones de fachada, reemplazo de la cubierta o excavaciones- y ordenar a la Ciudad abstenerse de otorgar permisos basados en la factibilidad aprobada.

Finalmente, las entidades acusan al Ejecutivo porteño de incumplir su deber de preservar el patrimonio cultural y de actuar con arbitrariedad al habilitar una intervención que consideran contraria al Código Urbanístico. Afirman que la autorización implica atribuirse facultades legislativas, ya que una obra de tal magnitud sobre un edificio protegido requeriría una ley de la Legislatura con doble lectura y audiencia pública. Advierten, además, que el caso pone en cuestión la capacidad del Estado para aplicar las normas de preservación frente a intereses económicos y remarcan el “sinsentido” de destruir un edificio histórico con el argumento de conservarlo.

Fuente: con información de Ejes.com

El emblemático estadio Luna Park, ícono cultural de la Ciudad de Buenos Aires, enfrenta un nuevo capítulo en su rica historia, esta vez marcado por la controversia: un proyecto de remodelación presentado por la empresa DF Entertainment, liderada por el empresario argentino Diego Finkelstein, propone demoler el interior del estadio.

A partir de estas obras, se busca ampliar el volumen del estadio en un 80% y duplicar su altura con una nueva fachada y un techo de mayores dimensiones. Estas modificaciones, sin embargo, contravienen las normativas de protección histórica tanto de la Nación como de la Ciudad, que resguardan al Luna Park como Monumento Histórico.

El conflicto surge de un concurso privado convocado por el Arzobispado de Buenos Aires y la comunidad salesiana, propietarios del estadio en partes iguales desde 2013, tras la herencia dejada por Ernestina Lectoure. A través de la auditora EY, las entidades religiosas lanzaron una licitación para la remodelación y explotación del Luna Park por un período de 20 años, con la condición de respetar las restricciones impuestas por su estatus protegido, que prohíben alterar la fachada, ampliar el volumen o demoler su estructura interna.

En el proceso participaron diez oferentes, entre ellos DF Entertainment, S.A. La Nación, Fenix Entertainment, el productor Marcelo González y ASM Global. A pesar de las directrices, el Arzobispado seleccionó la propuesta de DF Entertainment, que contempla la construcción de un estadio significativamente más grande, lo que permitiría un mayor aforo y, en consecuencia, un canon más elevado para los propietarios.

Sin embargo, esta decisión ha generado críticas, ya que la iniciativa incumple las regulaciones vigentes. Se destaca que DF Entertainment cuenta con el 51% de su accionariado controlado por la corporación estadounidense Live Nation Entertainment Inc.

La controversia pone en jaque el equilibrio entre la modernización del Luna Park y la preservación de su valor histórico. Mientras el proyecto avanza, se esperan respuestas sobre cómo se garantizará la protección de este símbolo porteño, cuya trayectoria ha marcado generaciones.

En una polémica decisión tomada en tiempo récord, la Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones el proyecto de demolición del emblemático Luna Park impulsado por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein.

La resolución, firmada el 6 de enero, generó un fuerte revuelo debido a que el estadio, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007 y ubicado en un Área de Protección Histórica, tiene prohibida su demolición, así como cualquier modificación en su volumen original. Sin embargo, el proyecto prevé la ampliación de su capacidad en un 53%, pasando de 8.400 a 13.000 espectadores.

El plan arquitectónico es promovido por DF Entertainment, empresa de Finkelstein, que tiene la concesión del estadio por 40 años. Como parte del acuerdo, el empresario se comprometió a pagar un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión, además de un canon anual del mismo monto.

La decisión de la Comisión, que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación, fue impulsada por su presidenta, Mónica Capano, y por Juan Vacas, vocal del organismo y actual subsecretario de Paisaje Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, quien responde políticamente al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El proceso de aprobación, que tardó solo dos meses, se dio en medio del receso vacacional, lo que generó sospechas. Trámites similares suelen demorar meses o incluso años. Ahora, la decisión final está en manos del Gobierno de la Ciudad y del papa Francisco, quien debe dar su visto bueno según el contrato de concesión.

Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler denunciaron la iniciativa y solicitaron acceso al expediente y al acta de aprobación sin obtener respuesta. Argumentan que la modernización del estadio es posible sin violar las normas de protección patrimonial ni comprometer su valor histórico.

El gobierno porteño, que inicialmente había rechazado la viabilidad del proyecto, enfrenta ahora cuestionamientos debido a la participación de su funcionario Juan Vacas en la votación favorable dentro de la Comisión.

Fuente: Noticias Argentinas

El Ministerio de Capital Humano encabezó un “proceso de reordenamiento en sus espacios públicos” y retiró afiches, fotos, bustos de Eva Perón y Néstor Kirchner, entre otros. Y a última hora volvió a correr con fuerza un rumor que ya había sido desmentido durante este Gobierno, pero que ahora toma otro significado: la retirada de las esculturas de Eva Perón del Ministerio de Salud, ex Obras Públicas, en la avenida 9 de Julio, podría ser el puntapié inicial de la demolición del histórico edificio.

Así lo reveló este viernes por la noche el periodista Jonatan Viale en TN. “Me lo acaba de confirmar una fuente muy importante del Gobierno”, comenzó Viale. Y continuó con su revelación: “La próxima idea que quieren ejecutar es cerrar y luego demoler el llamado ‘Edificio Evita’”. La denominación popular del ex Ministerio de Obras Públicas y ex de Desarrollo Social viene por las esculturas de hierro de Eva Perón colocadas -ya con polémica en ese momento- en el año 2011, durante la campaña electoral que llevó a la segunda presidencia de Cristina Fernández.

El 17 de octubre, hace menos de un mes, y el día más importante del calendario justicialista, el vocero presidencial Manuel Adorni había salido a desmentir rumores sobre la demolición o venta del edificio histórico construido entre 1933 y 1934.

Adorni sostuvo en conferencia de prensa en la Casa Rosada que el tema no estaba “en agenda” y que por el momento no había posibilidades de que el edificio sea vendido ni destruido, aunque no descartó que alguna acción pueda producirse “en algún momento” de la gestión libertaria que encabeza Javier Milei.

“En algún momento como pasa con otros edificios se tomará alguna otra decisión, este particularmente es incómodo para todos los que transitan la 9 de Julio pero veremos llegado el momento qué determinación tomar”, cerró el vocero.

La idea de tirar abajo el monumental edificio racionalista, obra del arquitecto Alberto Belgrano Blanco y decorado con esculturas de Troiano Troiani, no es para nada nueva. En 2022 lo había propuesto el legislador porteño Roberto García Moritán (Juntos por el Cambio) y mucho más atrás, en 1995, también había hablado sobre el tema el entonces presidente Carlos Menem. Siempre la idea conductora fue la misma, mejorar el tránsito en la Avenida 9 de Julio. Aunque ahora de trasfondo haya una cuestión eminentemente ideológica.

Fuente: DIB

La Municipalidad de General Pueyrredon, en un trabajo conjunto entre Defensa Civil y el EMVIAL, demolió este martes una estación de servicio abandonada en Monseñor Zabala y Beruti, que representaba un riesgo estructural para los vecinos de la zona y era foco de actividades peligrosas, tales como el consumo de sustancias y pernocte.

Este procedimiento se enmarca dentro de la política de orden y control del espacio público que lleva adelante el Municipio, a través de la Secretaría de Seguridad. Durante este año, el Municipio ha realizado operativos similares, como el retiro de vehículos abandonados en la vía pública y la remoción de estructuras irregulares en espacios verdes, promoviendo la seguridad en distintos barrios de la ciudad. En este caso, tras una autorización de YPF, propietaria del espacio, se obtuvo el permiso para demoler la estructura en estado de abandono.

Para esta tarea se emplearon una retroexcavadora y una pala mecánica del EMVIAL, con apoyo de personal de Defensa Civil, quienes delimitaron la zona para impedir el ingreso de personas ajenas al lugar. El proceso de demolición tomará aproximadamente dos días debido a la extensión del espacio, tras lo cual el EMSUR se encargará de la limpieza y el retiro de escombros, asegurando un entorno más seguro para los vecinos.

El director de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, comentó: “A raíz de reiteradas denuncias de vecinos sobre la presencia de personas en situación de calle que frecuentaban el lugar y provocaban robos e incendios, decidimos intervenir. Establecimos un acuerdo con YPF, que cubre los costos de la intervención.”

“La estructura estaba en muy mal estado y, debido a sus dimensiones, estamos trabajando en su demolición y limpieza, un proceso que llevará varios días. De esta forma, brindaremos tranquilidad a los vecinos y dejaremos un espacio seguro para la circulación en el barrio”, agregó. 

A través de la Secretaría de Seguridad, la Municipalidad de General Pueyrredon participó en un operativo que incluyó siete allanamientos simultáneos y culminó con el derribo de dos búnkers de drogas apenas separados por 50 metros de distancia, ubicados en la calle Azopardo al 11.100, en el barrio Belgrano.

Con esta intervención realizada en la jurisdicción de la Comisaría Decimoprimera, y de la cual también participaron la Fiscalía de Drogas y la Dirección de Drogas Ilícitas, ya son ocho los búnkers derribados en lo que va del año.

En este sentido, el secretario de Seguridad Rodrigo Goncalves hizo referencia a la participación del Municipio en el operativo, a través de maquinaria del EMVIAL. “Se ha podido avanzar en siete allanamientos simultáneos con un trabajo de logística y en la demolición de dos búnkers, los que se agregan a una amplia lista que estamos armando con un trabajo coordinado. Aportamos otros recursos para estos allanamientos, como el traslado del personal y camiones para trabajar, enfocados en todos los temas que están vinculados a la seguridad en General Pueyrredon”, manifestó el funcionario municipal.

Además, destacó que en este caso trabajaron junto a diferentes áreas municipales, donde accionaron con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para derribar los lugares que son identificados como búnkers. "Este es el camino; la investigación, los allanamientos, los detenidos y contrarrestar lo que tanto daño le hace a la sociedad”, concluyó el líder de la Secretaría de Seguridad.

"El intendente Guillermo Montenegro ordenó el desalojo y la demolición de esta construcción por el peligro inminente de derrumbe que representa un peligro para las personas que tomaron este lugar, por lo que estamos terminando los trabajos de desalojo con aproximadamente 20 personas", dijo el subsecretario de Seguridad Martín Ferlauto, a metros de la ruta 11.

Es que como adelantó El Marplatense en forma exclusiva, el Municipio comenzó este viernes los trabajos de desalojo del edificio conocido como "Villa Joyosa", ubicado a la vera de la ruta 11, en la zona norte de General Pueyrredon.

"Es un trabajo en equipo con personal de Bomberos, de Desarrollo Social, policía, el EMVIAL, de rescate, porque el espíritu es poner en resguardo las vidas de las personas que vivían acá. Esto tenía informes desde hace 10 años en la secretaría de Planeamiento", aclaró Goncálvez.

La demolición lleva por delante un trabajo de riesgo "pero como existe una pileta abandonada en el predio, se colocarán los escombros allí por lo que no demandará de mucho trabajo y los gastos correrán por cuenta de los propietarios", confirmó Martín Ferlatuto.

En cuanto al desalojo, se confirmó que "son 20 personas, de tres grupos. Hay dos de ellos que ya fueron reubicados y el otro por el que estamos abocados a buscarle un espacio para que puedan alojarse", dijo el funcionario de Seguridad.

"La situación es compleja porque además a estos grupos de personas se sumaban personas conocidas como trapitos. El lugar es tan grande que se ubicaban dentro para pasar la noche. Con los dueños venimos hablando para pensar qué utilidad se le dará al predio", adelantó el funcionario luego.

"Villa Joyosa" es una construcción emblemática que se construyó sobre la década del 80 y se convirtió en una discoteca que se convirtió en un furor de aquellos años, en una zona no muy poblada de la zona Norte.

Pero tras el abandono del lugar, el edificio se convirtió en un sitio que vino siendo denunciado por los vecinos ya que "se complicaba pasar y se alojaban delincuentes", como dijeron en su momento.

La Defensoría del Pueblo también realizó su presentación en su momento, pidiendo una solución: "Es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo en el cual participamos de muchas reuniones, fundamentalmente Daniel Barragán, con vecinos de la zona, donde se ha trabajado sobre usurpaciones, delitos en los barrios aledaños a Parque Peña y el estado de abandono del predio de Villa Joyosa, a pesar de que tiene propietaria identificada", explicó el Defensor del Pueblo.

"Además de ser un presunto aguantadero para cuestiones delictivas o al narcomenudeo, reúne requisitos de riesgo para las personas que lo ocupan. Hay que trabajar en el traslado de las dos familias que son numerosas y ocupan el lugar, y la demolición para que no vuelva a ser objeto de usurpación", agregó.

En cuanto al futuro del lugar, Rizzi indicó que "una de las ideas es la utilización social del predio para actividades deportivas o lo que fuera, hasta que los dueños lo vendan o el destino que le quieran dar. En un principio se hablaba de una cesión en comodato de 5 años".

Tal como lo anticipó de manera exclusiva El Marplatense este jueves, comenzaron los trabajos de desalojo en el edificio "Villa Joyosa", para dar lugar luego al proceso de demolición, tal como estaba previsto por las áreas Municipales destinadas a tal función.

Los trabajos fueron programados desde las primeras horas de este viernes con un importante operativo de seguridad, que incluyó a la policía, la secretaría de Seguridad, con la patrulla Municipal, Defensa Civil y Desarrollo Social. Llegaron camiones de EMVIAL y mucho personal.

"Lo que tenemos como objetivo aquí es llevar adelante el desalojo de este edificio en donde vivían familias en estado precario, con muchas dificultades, que serán reubicadas por personal especializado del Municipio", contaron las fuentes consultadas en el lugar.

En el decreto que firmó el intendente Montenegro se solicitó la intervención, además, al Ente de Servicios Urbanos (EMSUR) y otorgó la coordinación del evento a la dirección General de Defensa Civil.

Tiempo atrás, más precisamente el pasado 25 de noviembre vecinos de los barrios acudieron al lugar para hacer visible el reclamo a las autoridades Municipales.

"Estamos reunidos para hacer visible la desidia y el abandono de este lugar, llamado Villa Joyosa, y no es otro el reflejo de lo que pasa en los barrios Félix U. Camet, Parque Peña, Las Dalias, Parque Camet y jardín de Parque Camet que son jurisdicción de la comisaría 15ta", dijo Karina Scarafia, referente de los vecinos e integrante del Foro de Seguridad, institución que acompañó en el reclamo.

"Se generan hechos de inseguridad - siguió-. De hecho el año pasado la línea 221 dejó de parar en las garitas porque robaban a las personas que esperaban o bajaban. Y eso no puede pasar".

Para la vecina, "Villa Joyosa está usurpado desde hace 3 años. En otro tiempo se usó como aguantadero, como se dice, pero ahora necesitamos que el Municipio, la Provincia y la dueña nos den una solución a este problema".

Tal como lo adelantó de manera exclusiva este portal de noticias, el Municipio comenzó este viernes los trabajos de desalojo del edificio conocido como "Villa Joyosa", ubicado a la vera de la ruta 11, en la zona norte de General Pueyrredon.

Luego de 211 días del pedido de vecinos y autoridades, el Municipio tomó la decisión de desalojar y demoler el espacio, de lo que fue una discoteca en los años ´80 y hoy se encuentra usurpado y los vecinos de la zona han realizado infinidad de denuncias, ya que se han generado hechos de inseguridad en los barrios adyacentes o en las paradas del colectivo 221.

La Defensoría del Pueblo se hizo presente junto a los vecinos en cada uno de los reclamos y pidió esta intervención del Estado municipal. Por ello, su referente expresó sus sensaciones en cuanto a este avance por parte del Municipio.

"Es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo en el cual participamos de muchas reuniones, fundamentalmente Daniel Barragán, con vecinos de la zona, donde se ha trabajado sobre usurpaciones, delitos en los barrios aledaños a Parque Peña y el estado de abandono del predio de Villa Joyosa, a pesar de que tiene propietaria identificada", explicó el Defensor del Pueblo Fernando Rizzi, en diálogo con CNN Radio Mar del Plata.

"Además de ser un presunto aguantadero para cuestiones delictivas o al narcomenudeo, reúne requisitos de riesgo para las personas que lo ocupan. Hay que trabajar en el traslado de las dos familias que son numerosas y ocupan el lugar, y la demolición para que no vuelva a ser objeto de usurpación", agregó.

En cuanto al futuro del lugar, Rizzi indicó que "una de las ideas es la utilización social del predio para actividades deportivas o lo que fuera, hasta que los dueños lo vendan o el destino que le quieran dar. En un principio se hablaba de una cesión en comodato de 5 años".

Este viernes, personal de las áreas municipales encontraron en el edificio dos familias, una de ellas con 12 integrantes (incluido 8 menores). La otra 10. Además el personal comunal comprobó que había personas dedicadas al trabajo informal en las calles, más conocidos como "trapitos" o "franelitas".

Las familias serán reubicadas, para poder comenzar los trabajos de demolición de la estructura.

Por Carlos Walker

Tal como lo adelantó El Marplatense, vecinos de la zona norte del distrito de General Pueyrredon se mostraron preocupados por edificio que está usurpado a la vera de la ruta 11 y a través de la cual se han generado hechos de inseguridad en los barrios adyacentes o en las paradas del colectivo 221.

Se trata del edificio conocido como Villa Joyosa, un sitio que supo ser discoteca y lugar de reuniones en la -por entonces- no muy poblada zona norte de General Pueyrredon.

El predio está ubicado en la avenida Félix U. Camet y Ringuelet estaba más asociada al lugar conocido como "vaciadero" de OSSE ubicado casi enfrente de ese emprendimiento privado.

"Estamos reunidos para hacer visible la desidia y el abandono de este lugar, llamado Villa Joyosa, y no es otro el reflejo de lo que pasa en los barrios Félix U. Camet, Parque Peña, Las Dalias, Parque Camet y jardín de Parque Camet que son jurisdicción de la comisaría 15ta", dijo Karina Scarafia, referente de los vecinos e integrante del Foro de Seguridad, institución que acompañó en el reclamo en su momento junto a los Defensores del Pueblo.

Luego de 211 días de ese pedido, el Municipio tomó la decisión de desalojar y demoler el espacio, tal como lo indica la documentación a la que El Marplatense tuvo acceso de manera exclusiva.

Bajo el decreto 1061, el jefe comunal estableció avanzar con el Expediente tras ponerse al tanto de los informes que se adjuntan, de parte de la secretaría de Obras (área de Obras Privadas) y de Defensa Civil quienes determinaron la "vulnerabilidad de los distintos ambientes y un notorio estado de dejadez".

El decreto contempla, además, una sentencia clara en cuanto a la "situación permanente de personas que usurpan el espacio y han emplazado un área habitacional, precaria, donde moran en condiciones de riesgo permanente".

Luego de casi dos meses del voraz incendio en Torres y Liva, los trabajos de demolición de la estructura de la distribuidora que quedó en pie, a cargo de la empresa Grupo Mitre de Capital Federal, contratada por el municipio, se encuentran en su última etapa.

Las acciones en el predio se iniciaron en un sector cercano a Rivadavia y 14 de Julio, respetando el protocolo de seguridad con el objetivo mantener a la gente alejada de cualquier situación de riesgo.

"Estamos en la tercera etapa de lo que consideramos el final del siniestro, que fue uno de los peores incendios que ha sufrido la ciudad, donde ya se encuentra trabajando personal de Defensa Civil y Bomberos, llevando adelante esta última etapa, la cual tiene que ver con la vuelta a la normalidad del barrio", manifestó Jorge González, secretario de Obras del municipio, en diálogo con el programa "Minuto a Minuto", por CNN Radio Mar del Plata.

"El trabajo se viene desarrollando normalmente, de acuerdo a las etapas planteadas en el protocolo del mismo. La empresa está trabajando de manera coordinada con las demás áreas que van marcando, de acuerdo a las sugerencias que hemos dado desde el municipio y a las directivas que dio el propio intendente municipal", destacó.

"Se desarrollaron los vallados de seguridad y se están retirando los escombros. Esperamos cumplir con el plazo, después de 54 días, estamos trabajando en el lugar y tomando las decisiones en función de la seguridad pública, llevando adelante todo el trámite administrativo, para recurrir luego sobre el sector privado y compañías de seguro, para que el municipio recupere esta erogación que ha tenido que realizar en función de asegurar el sector", subrayó el secretario de Obras.

Consultado sobre su gestión en la secretaría de Obras del municipio, González indicó que "al asumir realizamos una evaluación primaria, donde hemos encontrado algunas dificultades desde lo administrativo, que a veces exceden a la propia secretaría. El tema de planificación estaba de alguna manera también demorado, por estas cuestiones vinculadas a lo económico, pero mas allá de esa situación ya han pasado 60 días, por lo que estamos trabajando en la planificación general, poniendo el énfasis en esta primera etapa, con el inicio del ciclo lectivo en marzo".

"Estoy trabajando con cada uno de los secretarios y coordinando con las demás áreas del municipio, las cuales tiene a su tarea, tanto trabajos de mantenimiento como de obra pública, como el Emvial, el Emsur y OSSE", remarcó.

Con respecto al Fondo de Infraestructura Municipal, González señaló que "ha tenido una primera etapa, donde ya hemos quedado en contacto con autoridades provinciales y nacionales, mas allá de algunas indefiniciones en cuanto a presupuestos disponibles en todos los estamentos. De todas maneras tenemos la seguridad de que si Mar del Plata presenta los proyectos como debe hacerlo y con la ciudad detrás de cada uno de ellos y avalandoló, seguramente habrá respuestas positivas", aseguró el secretario de Obras del Municipio.

"La municipalidad hace años que viene llevando adelante distintos programas de trabajo adelante, los cuales con mayor o menor ritmo se han mantenido, por lo que intentaremos coordinar con todos los sectores para poder darle mayor influencia. Hoy estamos abocados al tema escolar particularmente, pero no perdemos de vista aquellas grandes obras que en la ciudad, de alguna manera han quedado inconclusa o que hay que retomar desde el punto de vista de la gestión para poder concretarlas", destacó.

"Mar del Plata es una ciudad que tiene mucho por donde empezar. Somos una ciudad turística con una gran afluencia de turismo en el verano, por lo que hay temas de saneamiento, de recuperación de playas, de recuperación de la red vial, el alumbrado público, el hábitat es un problema cada vez mas creciente en la ciudad y hay que encontrarle una respuesta. La verdad es que la ciudad debe volver a poner en marcha los grandes proyectos y descartamos que la coordinación con Provincia y Nación va a ser exitosa para poder llevarlos adelante", concluyó Jorge González.

Casi dos meses transcurrieron desde el voraz incendio en Torres y Liva para que se inicien los trabajos de demolición de la estructura de la distribuidora que quedó en pie. Con la empresa Grupo Mitre de Capital Federal, contratada por el municipio finalmente este viernes comenzó el operativo que llevará aproximadamente 45 días.

Las acciones en el predio se iniciaron en un sector cercano a Rivadavia y 14 de Julio, respetando el protocolo de seguridad que fue organizado por Seguridad, Defensa Civil, secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, Desarrollo Social, Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same), Bomberos y policía y tiene como objetivo mantener a la gente alejada de cualquier situación de riesgo.

Incluso este viernes, se tapiaron las vitrinas de los comercios lindantes para no sufrir ningún incidente en perjuicio de los comerciantes, más allá de que deben estar cerrados durante un tiempo. Y a medida que fueron cayendo los escombros, los Bomberos rociaban el sector para que la polvareda sea controlada.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, decretó la contratación directa de una empresa para que realice la demolición de la distribuidora Torres y Liva. Se trata de la firma Deomoliciones Mitre SRL por un monto de $11.639.570,60 (once millones seiscientos treinta y nueve mil quinientos setenta con sesenta centavos).

Tal como lo había anticipado El Marplatense, el Municipio trabajaba para contratar una empresa. Sin embargo, este decreto permitió "saltear" el proceso de licitación para dar una adjudicación directa debido a la necesidad de realizar el trabajo "de manera inmediata".

"El estado de la construcción es crítico, la estructura resistente fue afectada y presenta riesgo de derrumbe. Por lo tanto, se considera, a fin de reducir el peligro para la seguridad pública que presenta el actual estado edilicio, ejecutar la demolición total", se explica en el decreto.

El Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (CAPBA IX) elevó un informe técnico en el que afirma que debe realizarse la demolición de manera inmediata, "ya que evidencia riesgo de derrumbe a consecuencia de las lesiones irreversibles que presenta, producto de las altas temperaturas que afectaron a la estructura de hormigón".

Según el decreto, se encuentra “ampliamente justificada la excepción al requisito previo de licitación ya que obedece a una urgencia reconocida que demanda la inmediata ejecución” con el fin de “preservar a la ciudadanía de cualquier daño que pudiera sufrir dada la inestabilidad que presenta el edificio”.

Por este motivo, se contrató a la firma Demoliciones Mitre SRL, "por ofrecer menor precio para la presente obra, contando con una vasta y reconocida experiencia en nuestro país, habiendo sido premiada por el World Demolition Summit acreditando solovencia y experiencia suficiente para realizar esta tarea”.

El depósito de la distribuidora Torres y Liva ubicado en Rivadavia y 20 de Septiembre se incendió en la noche del 15 de diciembre, en lo que fue uno de los incendios más importantes de la ciudad. El siniestro afectó a casi 50 departamentos linderos. Por el hecho, se encuentra detenido un hombre de dentificado como Néstor Gustavo Arrativel (54), quien está imputado por "daños e incendio agravado por riesgo en la vida de más de 100 personas".

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de un operativo conjunto entre diferentes áreas, realizó este jueves un operativo integral en una losa abandonada ubicada en el barrio Las Canteras en la que pernoctaba una familia.

A partir de un relevamiento de diferentes áreas municipales -EMSUR, Inspección General, Seguridad, Secretaría de Legal y Técnica, Desarrollo Social, Salud y Obras Privadas-, se constató que el espacio no contaba con las condiciones mínimas de habitabilidad, por lo que se trasladó a sus moradores a un parador municipal y se procedió a la demolición de la loza a cargo de su propietario.

En este marco, el subsecretario de Seguridad, Marcelo Lencina, explicó que “tuvimos que retirar gente que estaba pernoctando en una losa totalmente vulnerable que estaba a punto de caerse". "Luego de un relevamiento del área de infraestructura, acudimos con diferentes áreas municipales con una directiva del Intendente y pudimos llevar a esta familia en una camioneta a un parador”, agregó.

“Esto surge a través de las inspecciones que hace la Comuna y diferentes denuncias de los vecinos que llevaron al Intendente a decidir verificar el lugar y, en consecuencia, derribarlo”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, destacó que "se hizo una tarea preventiva de la mano de los asistentes sociales".

"Habiéndose constatado hace 15 días que estaba agravado el deterioro de la estructura y que no tenía ninguna condición de habitabilidad, se dictó un decreto por parte del Intendente municipal donde se dispone el desalojo del lugar por cuestiones de seguridad pública y personal de los que habitaban en el lugar por el peligro de derrumbe y posterior demolición, siendo esto último tarea a cargo del propietario”, manifestó.

Además, Gil de Muro explicó que “la familia que estaba habitando en condiciones indignas e inhumanas en ese lugar fue trasladada al parador municipal ubicado en la Laguna de los Padres". "Se hizo un relevamiento por parte de las asistentes sociales del equipo tanto de Niñez como de Desarrollo Social, y hoy la gente ya está instalada en la laguna con sus pertenencias. Y con costo y cargo del propietario de las tierras se comenzó con las tareas de demolición y limpieza de todo el lugar”, concluyó.