La abogada argentina Agostina Páez demorará al menos dos semanas en regresar al país tras ser detenida en Brasil por realizar gestos racistas, luego de un acuerdo judicial aún pendiente de definición, firmado en el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro, donde intervienen la fiscalía y el juez de la causa.

Pese a que inicialmente la fiscalía no se oponía a reducir las medidas cautelares mientras se cerraba el caso, modificó su postura y solicitó que Páez permanezca en Brasil hasta que el acuerdo esté completamente definido. En ese marco, pidió que las restricciones se flexibilicen recién una vez concluidas todas las condiciones del entendimiento.

El cambio de criterio se produjo tras la filtración del monto que se habría propuesto como resarcimiento a las víctimas. Según el Ministerio Público, la joven debería abonar cerca de US$50.000 a cada una de las personas afectadas.

Durante una audiencia de Instrucción y Juzgamiento realizada el martes por la tarde, se resolvió que Páez podrá regresar a la Argentina y cumplir tareas comunitarias, aunque su salida efectiva del país dependerá del cierre definitivo del acuerdo. Además, resta que el juez determine cuándo se le retirará la tobillera electrónica.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó Páez, de 29 años. También manifestó su deseo de volver a Brasil en el futuro, aunque reconoció que la situación actual le genera temor: “Es un país que me gusta, pero obviamente que tengo miedo”.

La abogada aseguró que durante el proceso judicial dijo la verdad y pidió disculpas a las personas afectadas. “Fue la peor experiencia de mi vida”, afirmó, y remarcó que su prioridad es regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su entorno cercano: “Lo único que me importa es estar en Santiago y con mi gente”.

En cuanto al proceso judicial en Brasil, a diferencia del sistema argentino, gran parte del trámite se concentra en una sola audiencia, en la que el magistrado puede absolver, condenar o derivar el caso a otra instancia. Si no se alcanza una definición, se fija una nueva fecha para continuar el debate.

La abogada defensora Carla Junqueira explicó que “se puede definir todo en esta jornada”, lo que finalmente ocurrió en este caso, aunque con aspectos aún pendientes de resolución.

Fuente: con información de TN

Colegios profesionales vinculados a la construcción presentaron una nota conjunta ante la Municipalidad para expresar su preocupación por el funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas y solicitar medidas que mejoren su desempeño administrativo y técnico en Mar del Plata.

La presentación fue realizada por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 y el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito 2, entidades que agrupan a profesionales responsables del proyecto, dirección y ejecución de obras en el distrito.

En el documento, las instituciones señalan que desde hace tiempo se registran diversas dificultades, entre ellas demoras en la tramitación de expedientes, falta de sistemas adecuados de seguimiento administrativo, inconsistencias en la normativa disponible y extravío de documentación.

Asimismo, advierten sobre el aumento de obras ejecutadas fuera de los procedimientos reglamentarios, lo que -según indicaron- impacta en el ordenamiento urbano, el ejercicio profesional regulado y los mecanismos de control técnico.

Otro de los puntos destacados es la coexistencia de sistemas en soporte papel y digital, lo que genera incertidumbre en los circuitos administrativos y dificulta el acceso claro a la información tanto para profesionales como para particulares.

En ese contexto, los colegios solicitaron la implementación de medidas administrativas, organizativas y tecnológicas que permitan restablecer un funcionamiento eficiente, transparente y previsible en los procesos de evaluación, aprobación y control de obras privadas.

A su vez, manifestaron su disposición a colaborar con el Municipio en la búsqueda de soluciones que optimicen los procedimientos y fortalezcan el sistema de control edilicio, en un sector clave para la economía local.

Vecinos de Mar del Plata volvieron a reclamar ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por la presunta falta de acceso público a la ribera sur del arroyo Corrientes, en la zona del Paseo Costanero Sur, donde se ve claramente una cerca blanca. El planteo forma parte de una actuación iniciada a partir de denuncias sobre restricciones para circular por ese sector costero.

Según en la denuncia realizada por Kanki Alonso a la que tuvo acceso este medio, Inés Rivera, integrante del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, comunicó que el organismo nacional solicitó informes a distintas dependencias municipales como la Dirección de Gestión Ambiental y el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), a la vez que indicó que se enviaron nuevas notas a los organismos competentes para avanzar con el análisis del caso.

En sus presentaciones, Alonso sostuvo que el problema central es la falta de cumplimiento del derecho de libre acceso a las riberas previsto en el Plan de Gestión Territorial aprobado por el Concejo Deliberante. También afirmó que la margen sur del arroyo estaría cercada por un emprendimiento privado, lo que -según señaló- impediría el ingreso público al área.

El denunciante incorporó además información técnica al expediente y remitió un plano de las parcelas que bordean el arroyo, junto con aclaraciones sobre cambios normativos recientes que establecen restricciones para edificaciones cerca de la ribera y de la línea de costa. En ese marco solicitó que toda esa documentación sea incorporada a la actuación para continuar con el trámite.

Por su parte, desde la Unidad de Gestión del Paseo Costanero Sur se informó que en el margen sur del arroyo Corrientes “la vegetación del paseo se encuentra en estado natural, sin verificarse impedimentos físicos para la circulación”. El informe agregó que la transitabilidad se realiza principalmente sobre la servidumbre de paso “C” ubicada en el margen norte del arroyo.

Desde el área municipal también indicó que la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires es el organismo competente para el control de los cuerpos y cursos de agua, por lo que se sugirió dirigir consultas específicas a esa dependencia provincial.

Por su parte, Marcelo Javier Ragonese, director de Gestión Ambiental del EMSUR, informó que se volvió a dar intervención a la Unidad de Gestión del Paseo Costanero Sur. Según detalló, ese organismo labró un acta sobre la situación del lugar, la cual fue incorporada al expediente como documentación adjunta para su evaluación dentro de la actuación en trámite.

Juan Román Riquelme atraviesa un escenario de fuerte tensión institucional tras conocerse una denuncia penal en su contra por presunta administración fraudulenta. La presentación fue realizada en el Fuero Penal Federal y apunta a supuestas irregularidades en la gestión del club vinculadas al manejo de socios, entradas y recaudaciones.

La denuncia fue presentada por Walter Federico Klix, director nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación y socio activo de Boca Juniors, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°39, a cargo del juez Santiago Bignone. La investigación quedó en manos del fiscal Carlos Vasser.

En el escrito, Klix acusa a Riquelme de haber montado un “mercado negro” y “un esquema mafioso” para la manipulación y distribución de entradas, localidades y protocolos, con el objetivo de obtener un beneficio económico y consolidar control político dentro del club. Se trata de la segunda denuncia impulsada por el funcionario, ya que una anterior por presunta asociación ilícita fue archivada el año pasado en Comodoro Py por falta de pruebas. En esta oportunidad, el denunciante aseguró contar con 102 testigos, además de chats, fotos y videos como elementos probatorios.

La acusación también alcanza al secretario general del club, Ricardo Rosica, y a todos los integrantes de la Comisión Directiva, a quienes se señala como partícipes de una supuesta defraudación que, según la presentación, configuraría una asociación ilícita. El escrito desarrolla cuatro ejes principales.

Uno de ellos refiere a la presunta manipulación fraudulenta de la condición de socio. Según Klix, mientras miles de adherentes esperan durante años para acceder a la categoría de socios activos, otras personas lograrían ese estatus de manera inmediata. El denunciante sostiene que no se trataría de errores administrativos aislados, sino de un sistema de prebendas y clientelismo en el que los trámites se acelerarían a cambio de apoyo político o pagos de dinero.

Otro punto central es la supuesta subdeclaración de ingresos en partidos oficiales. En particular, se menciona el encuentro disputado el 25 de febrero de 2025 ante Alianza Lima por la fase 1 de la Copa Libertadores, para el cual el club informó una asistencia de 28.099 espectadores y una recaudación de $1.252.436.000. Según la denuncia, el estadio se encontraba colmado y la diferencia entre la cifra declarada y la real habría tenido como finalidad el desvío fraudulento de fondos. En ese marco, se solicitaron pericias contables, informes a la Conmebol, a la AFIP y al Gobierno porteño, además del análisis de material audiovisual y testimonios de socios presentes.

La presentación también denuncia la venta irregular y clandestina de entradas y protocolos asignados a peñas del interior del país. Klix solicita que se investigue quiénes habrían resultado beneficiarios, qué montos se habrían recaudado por fuera de los canales oficiales y cuáles fueron los mecanismos de encubrimiento utilizados.

Finalmente, se menciona una presunta liberación irregular de molinetes y la desactivación del control de presentismo en el partido frente a Deportivo Riestra, lo que habría permitido el ingreso de personas sin validación de carnet. Según el denunciante, esta situación habría alterado el sistema de filtros y ranking de asistencia del club, modificando el perfil de ocupación del estadio y aumentando la presencia de turistas.

Fuente: con información de Labrujula24

Un enfermero domiciliario fue detenido en la ciudad de Port Jefferson, en el estado de Nueva York, acusado de golpear brutalmente a un nene de 5 años con parálisis cerebral al que cuidaba. El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2025 en la vivienda familiar del menor y quedó registrado por cámaras de seguridad.

La Policía del condado de Suffolk confirmó la detención de Bruno Valenzuela, quien se desempeñaba como asistente de salud en el hogar y trabajaba con la familia desde hacía casi tres años y medio. Según la investigación, el acusado se encontraba solo a cargo del niño al momento de la agresión.

De acuerdo con el informe policial, las imágenes muestran al enfermero golpeando al menor con cachetadas en la espalda y el pecho, provocándole moretones. El niño, que no podía defenderse debido a su condición, aparece llorando mientras es sacudido de un lado a otro.

La familia comenzó a sospechar al notar cambios en el comportamiento del nene y la aparición de lesiones en su cuerpo. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que Valenzuela lo había golpeado en reiteradas oportunidades mientras le cambiaba la ropa, al tiempo que le repetía la frase “relajate, relajate”.

Tras ver las imágenes, los padres trasladaron al niño al Hospital Universitario Stony Brook el 22 de diciembre y realizaron la denuncia policial. El material audiovisual fue clave para el avance de la causa y la posterior detención del acusado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Víctimas Especiales de la policía local. Valenzuela fue imputado por poner en peligro el bienestar de una persona físicamente discapacitada y por poner en peligro el bienestar de un menor. Luego de una audiencia judicial, fue liberado y se declaró inocente de los cargos.

En paralelo, la agencia Christian Nursing Registry, con sede en Smithtown, informó que despidió de inmediato al enfermero. Desde la empresa aseguraron que el acusado contaba con antecedentes limpios y que, según su evaluación, se habría tratado de un hecho aislado.

Fuente: con información de TN

La Asamblea Playas del Sur presentaron un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ante el Municipio de General Pueyrredon para impugnar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada al emprendimiento inmobiliario “Vivienda Multifamiliar La Reserva Explanada”, emitida por el EMSUR.

El documento oficializado en el Boletín bajo la Resolución REMS-2025-275-E-MUNIMDP-EMSUR fue firmado en un contexto de acefalía del EMSUR, tras la renuncia de su presidente, Santiago Bonifatti.

La presentación solicita la nulidad absoluta de la DIA, la suspensión inmediata de sus efectos y el control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad del acto administrativo. Esto se debe a que consideran que es un “gravamen irreparable sobre derechos de incidencia colectiva de generaciones presentes y futuras”, reza el pedido.

El grupo de vecinos, argumenta que la resolución es ilegal y arbitraria por haberse dictado sin certeza sobre la línea de ribera, sin actualización de estudios clave.

"No existe certeza dominial sobre la delimitación del área ni una línea de ribera actualizada, lo cual podría ser determinante sobre la viabilidad del proyecto", indicaron.

Además, se sostiene que la DIA se apoya en una demarcación obsoleta, desconociendo informes técnicos de la Autoridad del Agua (ADA) que advierten sobre un corrimiento significativo de la costa y riesgo de ocupación de bienes de dominio público. 

Entre las justificaciones, establecen que “esto afectaría no solo el ecosistema costero, sino también el derecho de uso común de los ciudadanos, configurando una situación de gravedad institucional y un accionar a cargo de funcionarios públicos que incurriría en la violación expresa del mandato legal, atento a LEY 25.188, “ Art. 2° inc. c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”.

En sus últimas líneas, el petitorio pide que “en virtud de la especial materia ambiental discutida y del riesgo cierto de daño grave e irreversible sobre bienes de dominio público y derechos de incidencia colectiva, el órgano interviniente arbitre de manera inmediata las medidas necesarias para disponer la suspensión de los efectos de la Declaración de Impacto Ambiental impugnada hasta tanto se resuelva de manera definitiva el presente recurso”.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación penal que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad. La causa se encuentra en una etapa inicial y apunta también a integrantes de la comisión directiva.

La medida fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante. Se trata de la primera imputación formal contra Tapia en este expediente.

Según la denuncia presentada por el área de Grandes Contribuyentes de ARCA, la AFA acumula una deuda superior a los 19.000 millones de pesos correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social de empleados propios y de clubes del fútbol argentino sin ingresarlos dentro de los plazos establecidos por el Régimen Penal Tributario.

En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Además, consideró que la investigación debe ampliarse a otros miembros de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.

La causa podría avanzar hacia nuevas medidas procesales en caso de confirmarse los hechos denunciados.

Fuente: con información de Infobae

La Justicia de Mar del Plata investiga a Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, y a Marisa Benaduche, trabajadora del hogar convivencial de Balcarce conocido como el “Patronato”, por cuatro episodios de presunto maltrato infantil ocurrido a fines de noviembre.

La causa se abrió después de que una empleada grabara un audio de unos 40 minutos donde se escucha una serie de insultos, gritos y amenazas dirigidas a dos chicos que viven en el hogar. Ese registro ya está incorporado al expediente y ambas quedaron desvinculadas del instituto.

La Sociedad de Protección a la Infancia funciona como un hogar convivencial. Allí viven chicos que, por distintos motivos, no pueden estar temporalmente con sus familias. La mayoría llegan derivados por el Servicio Local o por decisiones de la Justicia, generalmente por situaciones de vulnerabilidad, violencia familiar, negligencia o conflictos graves en su entorno.

En el hogar conviven nenes y adolescentes de distintas edades, que asisten a escuelas de la zona y que están bajo el cuidado de personal a cargo las 24 horas. La institución tiene la responsabilidad de garantizar su bienestar, acompañarlos en lo educativo y afectivo y asegurar que transiten su estadía de la manera más contenida posible mientras se define su situación familiar. Sin embargo, algo grave ocurrió dentro de la institución que derivó en una causa penal.

Todo se habría iniciado cuando uno de los nenes rompió un vidrio en medio de una crisis emocional, preocupado por la posible separación de su hermano, que podría ser trasladado a otro hogar. De acuerdo a la denuncia, hasta el lugar llegó Género, quien empezó a retarlo y a hablarle de manera violenta.

El audio, que ahora es la prueba central del caso, contiene frases como “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Cállate la boca porque te pego una cachetada” y “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”.

En medio de los gritos, la mujer que se escucha en el audio también preguntó quién había roto el vidrio y lanzó otra amenaza: “Me lo van a tener que pagar”, y continuó: “Más vale que encuentres amigos, otros pelotudos como vos, en el hogar, porque vas a tener que cortar el pasto, limpiar y pintar”.

“La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más. No valoran un carajo. Te vas a quedar solo toda tu vida. Te haces la víctima y esas son lágrimas de cocodrilo”, les dijo al chico mientras él lloraba desconsoladamente.

La secuencia continuó con un nuevo nivel de intimidación: “Cuando vayan a un reformatorio, van a tener que ir de a dos al baño. Los van a golpear, les van a pegar con una toalla mojada, los van a meter en agua fría, porque ustedes son unos groseros”.

Luego, a uno de los chicos le dijo: “Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con m*. Te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar los dedos delante de todos”. Entre otros insultos desgarradores.

Mientras avanza la investigación penal, el Juzgado de Familia N° 6 de Mar del Plata dictó una medida cautelar el 5 de diciembre para proteger a los chicos involucrados. La denuncia había sido enviada por la Escuela Especial N° 502, que intervino tras enterarse del episodio.

La jueza ordenó una prohibición de acercamiento de 200 metros y les prohibió tener cualquier tipo de contacto —por teléfono, redes sociales o mensajes— con los menores. La medida alcanza a varios trabajadores del hogar, entre ellos Género y Benaduche, y rige en todos los lugares donde los chicos puedan estar, tanto en sus casas, en la escuela y en actividades deportivas o recreativas.

La medida cautelar alcanza no solo a las dos trabajadoras investigadas, sino también a la mayoría de los cuidadores. (Foto: Gentileza Hugo Ponce)

Además, el juzgado dejó asentado que si la medida se incumple se dará aviso inmediato a la Justicia Penal por lesiones, amenazas y coacción, cuya causa tramita en paralelo en el Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata. Ambas acusadas están citadas a indagatoria el próximo 17 de diciembre ante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.

También se enviaron oficios urgentes a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, para que intervengan y hagan un seguimiento de la situación de los chicos.

Fuente: TN

Dos de los cinco argentinos acusados de robo en un shopping de Miami hablaron por primera vez y aseguraron que “no somos mecheros vip” y que todo se trató de un “episodio confuso”. Se trata de Mauricio y Juan Pablo, quienes deberán regresar a EE.UU. a fines de enero de 2026 para continuar con el proceso judicial.

“Somos trabajadores”, manifestaron los dos mendocinos en diálogo con el canal TN, al explicar la situación que los involucra en la causa por presuntos robos en locales del Dolphin Mall. Según relataron, ingresaron al centro comercial junto a tres amigos con valijas vacías para guardar las compras. “En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría”, detallaron.

Al día siguiente, la Justicia estadounidense les leyó los cargos e impuso una fianza para la excarcelación. “No nos defendimos porque no era la instancia”, remarcaron. Ambos aclararon que ninguno fue deportado y que pudieron salir de Estados Unidos sin inconvenientes: “Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra. Solo es un reporte”.

El abogado Roberto Castillo señaló que el proceso será arduo y extenso, pero insistió en que “es simple esclarecer que acá no hay ninguna organización, ni tampoco que robaron”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La fiscal Laura Mazzaferri, junto al fiscal general Marcelo Colombo –referente de PROTEX–, presentó un recurso de casación para revertir la absolución del pastor evangélico Roberto Tagliabué, responsable de la iglesia El Shaddai. El mes pasado, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata lo había dejado libre de culpa y cargo, pero los fiscales piden que se lo condene a 14 años de prisión, tal como habían solicitado durante el juicio, por trata de personas y otros delitos.

Tagliabué había llegado acusado de haber armado un sistema de explotación que involucraba a jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Según la fiscalía, los reclutaba bajo la excusa de brindarles contención, tratamiento por consumos problemáticos y un lugar donde vivir, pero terminaba reduciéndolos a una situación de servidumbre. Además, señalan que explotaba a nueve víctimas —entre ellas un menor y una persona con discapacidad— y que incluso ejercía ilegalmente la medicina.

En el recurso, los fiscales sostienen que el fallo que lo absolvió es ilegal y debe ser revocado. Le pidieron a la Cámara de Casación que imponga la pena de 14 años, que inhabilite de por vida a Tagliabué para cualquier actividad vinculada a la salud, la asistencia terapéutica o la dirección de programas comunitarios, y que ordene la reparación integral de las víctimas. También reclamaron que se decomisen los bienes y propiedades que —afirman— fueron usados para cometer los delitos.

La investigación expuso que el pastor utilizaba la iglesia, un comedor comunitario, dos comercios de su propiedad y un supuesto programa cristiano de rehabilitación para explotar laboralmente a los jóvenes. Según la fiscalía, no solo se beneficiaba con el trabajo de las víctimas sino también con sus ingresos: pensiones por discapacidad, AUH y otros subsidios. Todo esto habría ocurrido durante más de dos décadas, tiempo en el que Tagliabué se consolidó como referente barrial y acumuló poder e influencia.

A pesar de la cantidad de pruebas presentadas, el juez federal Roberto Falcone entendió lo contrario y lo describió como un “benefactor social” que brindaba ayuda donde el Estado no llegaba. Con ese argumento, lo absolvió y ordenó su inmediata liberación. Solo lo condenó por comercialización de fauna silvestre y maltrato animal, una pena de seis meses ya cumplida con la prisión preventiva. La fiscalía sostiene que el magistrado desestimó pruebas claves, interpretó mal escuchas telefónicas y le dio un peso desproporcionado a los testimonios que defendían al pastor, dejando de lado los relatos de quienes lo denunciaban.

Para Mazzaferri y Colombo, la sentencia incurre en arbitrariedades graves y desconoce normas básicas de protección a las víctimas. Aseguran que el juez reveló identidades, no respetó los dispositivos especiales previstos para estos casos y aplicó una mirada “romántica” que ignora la dinámica real de la trata: aislamiento, manipulación emocional y religiosa, control de comunicaciones, amenazas y explotación económica. Según ellos, nada de lo ocurrido puede tomarse como “ayuda” o “contención recíproca”, sino como una relación de poder y sometimiento construida durante años.

Fuente: www.fiscales.gob.ar

El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció penalmente a Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. 

La presentación fue realizada ante la Justicia federal por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich.

El eje de la denuncia son declaraciones públicas de Aguiar, realizadas en el marco de la inminente presentación del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”, afirmó el dirigente en una entrevista. Para el Ministerio de Seguridad, esa frase constituye una amenaza dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente Javier Milei.

En el escrito se sostiene que el llamado a “poner en crisis” al Gobierno podría encuadrar en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que castigan las amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. “Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, publicó Bullrich en sus redes, mensaje que luego fue replicado por el propio Milei.

La presentación también subraya la gravedad institucional de que esas declaraciones provengan del representante de los trabajadores estatales y destaca la amplia difusión que tuvieron, al ser replicadas en medios de comunicación y en plataformas como Instagram, X y TikTok. Para el Gobierno, esa masividad refuerza el carácter público y la “idoneidad” de la amenaza atribuida al sindicalista.

En un contexto de fuerte tensión política y sindical por la reforma laboral, la denuncia reaviva el debate sobre el límite entre la protesta gremial y la protección del orden democrático. Semanas atrás, Aguiar había sido recibido por Cristina Kirchner en el domicilio de San José 1111, un dato que en la Casa Rosada leen como parte del reacomodamiento de fuerzas frente a las reformas oficiales.

Fuente: Infobae

La Justicia del Reino Unido declaró culpable a Julia Wandelt, joven polaca de 24 años que desde 2022 sostiene ser Madeleine McCann, por acosar a los padres de la niña desaparecida en Portugal en 2007. El fallo fue emitido por el tribunal de Leicester tras cinco semanas de juicio, y la acusada recibió una pena de seis meses de prisión, además de una orden de restricción que le prohíbe todo tipo de contacto con la familia McCann.

La denuncia fue presentada por Kate y Gerry McCann luego de recibir reiterados mensajes y llamadas entre julio de 2022 y febrero de 2025, en los que Wandelt insistía en que era su hija. Durante el proceso judicial, se incorporaron pruebas documentales, declaraciones y una prueba de ADN que descartó cualquier vínculo biológico entre la joven y los McCann.

“Sólo quiero saber realmente quién soy”, expresó Wandelt ante el tribunal. Si bien fue hallada culpable de acoso, fue absuelta del cargo de “stalking”, figura legal que implica conductas obsesivas como seguir o presentarse en el domicilio de otra persona. El tribunal consideró que ese comportamiento se dio en una única ocasión, por lo que no se configuró el delito.

La sentencia no implicará prisión efectiva, ya que Wandelt permanecía bajo custodia desde febrero de este año, tiempo que se computó como cumplimiento de condena. No obstante, la orden judicial le impide acercarse, mencionar o contactar a los McCann por cualquier medio.

Tras conocerse el veredicto, Kate y Gerry McCann emitieron un comunicado en el que expresaron: “A pesar del veredicto de culpabilidad por acoso emitido por el jurado, no nos complace el resultado”. Durante el juicio, ambos declararon que las acciones de Wandelt reabrieron el dolor por la desaparición de su hija.

“Como la mayoría de la gente, no queríamos pasar por un proceso judicial y solo queríamos que cesara el acoso. Esperamos que la Sra. Wandelt reciba la atención y el apoyo adecuados que necesita y que ninguna vulnerabilidad sea explotada por otros”, añadieron.

Finalmente, reiteraron su pedido de colaboración ciudadana: “Si alguien tiene nuevas pruebas relacionadas con la desaparición de Madeleine, por favor, hágalas llegar a la policía”.

Fuente: con información de TN

Las denuncias no alcanzaron. Una familia del barrio La Herradura sufrió un violento episodio cuando una mujer - con la que ya tuvieron conflictos previos- ingresó a su vivienda junto a otros dos sujetos para destrozar el inmueble y agredir a los ocupantes. 

La cuñada de la víctima relató en diálogo con El Marplatense que “fue a las 9 de la mañana, mi hermana se fue a trabajar y mi cuñado se estaba por ir, pensaron que estaba sola la casa y entraron. Rompieron todo el auto, las ventana de la casa a piedrazos”.

En su intento por irse del lugar, al cuñado “lo agarraron entre tres, le empezaron a pegar y le rompieron el brazo. Como pudo llamó a mi hermana que estaba en el mercado trabajando, pudo venir a ayudarlo”.

Sin embargo, los delincuentes continuaron con su labor “mi hermana está con la cabeza rota porque le tiraron cascotes al auto. Ahora estamos esperando que el comisario haga lo que debe. Esto se tiene que terminar, hay que agradecer que los chicos estaban en la escuela”.

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La primera denuncia llegó a fines de septiembre. Los vecinos reclamaron medidas concretas: mayor presencia policial, medidas cautelares que garanticen la protección de la familia, y la intervención de las áreas de Niñez, Salud Mental y la Municipalidad para ofrecer protección y seguimiento. 

En medio del dolor sentenciaron: “todo esto pasó por inactividad de la policía, esta mina loca entró a la casa, casi mata a mi hermana y me rompió todo el auto”. 

La mujer denunciada cuenta con antecedentes penales y la familia afectada tiene miedo a que la violencia que reciben a diario termine con un desenlace fatal. 

Vecinos del barrio Florentino Ameghino manifestaron su preocupación por la acumulación de residuos, que genera tanto contaminación ambiental y visual, así como condiciones propicias para la proliferación de roedores y otros vectores transmisores de enfermedades.

En ese sentido, le detallaron a El Marplatense que la zona afectada se encuentra en un área urbana residencial, con un constante tránsito de vecinos que “nos vemos expuestos a malos olores, suciedad y riesgos sanitarios derivados de la descomposición de la basura y la presencia de roedores”.

Y alertaron que “los microbasurales son focos de contaminación ambiental y paisajística, afectando no solo a la salud pública, sino también a la calidad de vida de quienes habitan y circulan por la zona”.

A su vez, añadieron que “la presencia de desechos domiciliarios, restos de poda, escombros y otros elementos en desuso facilita la propagación de roedores, moscas y mosquitos, lo que implica una amenaza directa para la comunidad y para el ambiente”.

A continuación, indicaron que “la formación de microbasurales espontáneos se encuentra asociada tanto a la falta de conciencia ciudadana como a deficiencias en la recolección de residuos, resultando indispensable llevar adelante campañas de educación ambiental junto con un accionar municipal inmediato”.

En ese contexto, los concejales de Unión por la Patria le pidieron al Ejecutivo local que proceda "a la limpieza inmediata del microbasural a cielo abierto ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Augusto Sandino, del barrio Florentino Ameghino".

Desde la oposición consideraron que “es deber del Estado municipal garantizar la limpieza y el saneamiento de los espacios públicos, evitando la consolidación de focos de contaminación que atentan contra la salud, el ambiente y el paisaje urbano”.

Vecinos y agrupaciones ambientalistas de la zona de Acantilados revelaron que detectaron movimientos ilegales de arena, avance del sector privado en el espacio público y un incendio que levanta sospechas. 

Al respecto, declararon en diálogo con El Marplatense que “el incendio intencional en la reserva del Paseo Costanero Sur, justo en el frente costero de Costa Azul, no es un hecho aislado. Es parte de una secuencia que huele a negocio, a abandono planificado, y a una estrategia de vaciamiento del espacio público”.

El hecho ocurrió el viernes cerca de las 20 y fueron los bomberos del Cuartel San Jacinto el que logró controlar el foco ígneo rápidamente. En este sentido, indicaron que “quemar la reserva por la noche es una forma de borrar lo que molesta: lo comunitario, el derecho al disfrute, a la playa pública, al paisaje compartido”.

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Por otro lado, denunciaron que el Municipio no interviene en la situación: “El abandono no es desidia, es complicidad. Desde el año 2016 sostenemos que cuando no hay mantenimiento, señalización, ni presencia estatal en estos espacios, se habilita el terreno para que algo pase”.

En este línea, aseguraron que “ la falta de luminarias, cámaras y presencia municipal no solo favorece el abandono, sino que crea zonas liberadas.  Si el espacio público se vuelve peligroso, se vuelve descartable, y si se descarta, se privatiza”.

“Lo que antes era reserva, paseo, encuentro, se transforma en lote, en proyecto inmobiliario, en render de lujo. Y lo hacen sin decirlo. Lo hacen quemando, dejando que el abandono avance, y luego presentando ‘soluciones’ que no incluyen ni a la comunidad ni a la historia del lugar”, concluyeron.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes, presentaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para solicitar el juicio político del juez federal Alejandro Patricio Maraniello. La acción se fundamenta en la medida cautelar dictada por el magistrado que permitió la censura previa de audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco del escándalo por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En la denuncia, los legisladores acusan a Maraniello de mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Según la presentación, la prohibición de difundir chats, fotos, audios y videos de Karina Milei constituye “lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa”, violando el derecho constitucional a la libertad de expresión y el acceso a la información pública.

“Presentamos un pedido de juicio para desplazar al juez Maraniello. La libertad de expresión es un límite que nunca debemos atravesar”, expresó Reyes en su cuenta de X, añadiendo que “un mal juez empobrece a todo el país, nos vuelve menos confiables”.

La Coalición Cívica solicita la apertura de un procedimiento de acusación, la suspensión de Maraniello en su cargo y su eventual destitución. Los denunciantes argumentan que la medida cautelar representa un avasallamiento de derechos fundamentales, respaldado por juristas y colegios de abogados, y que afecta la confianza en las instituciones democráticas. “Las instituciones se defienden cuando te conviene y cuando no te conviene. Ojalá los que abandonaron el republicanismo puedan volver algún día”, enfatizó Reyes.

Además, la denuncia señala una posible connivencia entre Maraniello y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios en su contra, lo que podría vulnerar la independencia judicial y la división de poderes. Los legisladores también destacan que Maraniello es socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC), una entidad que, según la denuncia, formaría parte de una supuesta red de tráfico de influencias en el Poder Judicial, con “auspiciantes” como los Laboratorios HLB Pharma y Ramallo, implicados en casos de corrupción vinculados al fentanilo contaminado, que causó cerca de un centenar de muertes.

Por último, la presentación detalla que Maraniello acumula cinco denuncias ante el Consejo de la Magistratura y la Cámara Civil y Comercial Federal por abuso moral, sexual y violencia de género, presentadas por personal de su juzgado. “Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, concluyeron Carrió, Campagnoli y Reyes.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció un esquema de sobreprecios en la compra de lentes intraoculares por parte del PAMI: habrían pasado de costar $35.000 a $230.000 por unidad, con insumos de menor calidad. En ese contexto la diputada suplente por La Libertad Avanza y ex funcionaria del PAMI, Viviana Aguirre, denunció irregularidades en la institución y cuestionó fuertemente a la actual gestión: “Acá no hay licitación. Acá es entongamiento puro con las personas justas”.

Consultada sobre si le sorprendían las recientes acusaciones, Aguirre fue categórica: “No, para nada. De hecho, fui la primera que denunció corrupción en el PAMI allá por febrero del 2024”. Y relató que, al ser convocada para asumir como directora de PAMI, aceptó el cargo con entusiasmo debido a su trayectoria en el ámbito social desde 2003.

“Amo lo que hago. Entonces para mí fue realmente un orgullo, porque vos fijate que PAMI es algo muy vulnerable, donde están los abuelos, donde hay muchas personas que necesitan justamente una buena gestión”, afirmó la denunciante en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

Sin embargo, su experiencia dio un giro cuando, según narró, recibió una propuesta indebida antes de asumir el cargo. “Una semana antes de que me dieran la dirección, me llama Juan Osaba, mano derecha de Sebastián Pareja, en 7 y 49 en el despacho justamente de Pareja. Y me dice, ‘Mirá, Viviana, me tenés que dar un millón de pesos todos los meses. Tenés que firmar papeles ilegales, incorporar gente nuestra de La Libertad Avanza sin licitación’”, denunció.

Aguirre, quien había aportado 15 millones de pesos de su bolsillo para la campaña de La Libertad Avanza, se mostró indignada ante la propuesta. “Imaginate que yo vengo trabajando mucho para la gente y trabajé mucho justamente para esta gestión de Javier. Entonces digo, ‘Mirá, Juan, vos sabés todo lo que yo trabajé como para que vos vengas hoy a plantearme esto. ¿Cómo voy a meter gente sin licitación? ¿Cómo voy a firmar papeles ilegales?’”, relató.

Aguirre describió cómo Osaba le pidió el dinero en efectivo, sin transferencias bancarias. “Me dice, ‘No, me lo ponés en un sobre, yo lo retiro una vez al mes’”, señaló. Tras una discusión, decidió no aceptar las condiciones y fue desplazada del cargo de directora. Finalmente, asumió como coordinadora contable bajo la dirección de Raúl Simonetti, pero continuó observando irregularidades. Según ella, referentes de La Libertad Avanza, retiraban carpetas de prestadores para obtener comisiones del 5 al 10%.

Al ser consultada sobre si denunció estas irregularidades, Aguirre afirmó haberlo hecho, aunque enfrentó obstáculos. “Primero le escribí al señor presidente, pensando que él no sabía nada y cuando él me clavaba el visto, ahí me di cuenta que obviamente sí era parte de todo esto”, aseguró. Explicó que, tras realizar la denuncia formal, no obtuvo respuesta durante meses. Actualmente, planea trasladar la causa a Comodoro Py con su abogado Lucas Carril, ya que, según afirmó, “la causa había quedado totalmente archivada”.

La diputada suplente también denunció graves irregularidades en los geriátricos asociados al PAMI, como desnutrición y abandono de los afiliados. “La causa había quedado totalmente archivada, con algo tan grave que yo estoy denunciando como los geriátricos que están matando a abuelos, los tienen desnutridos, están pagando de un millón a tres millones de pesos por afiliado y los tienen en peores condiciones”, afirmó. En ese contexto señaló a Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, número uno y número dos del organismo, por amañar las licitaciones.

“Acá no hay licitación. Acá es entongamiento puro con las personas justas”, señaló y relató que, al intentar gestionar licitaciones para insumos como pañales o geriátricos, se encontraron con un sistema centralizado que impedía cualquier acción local: “Todo directamente arreglaba central, es decir, vos no tenías posibilidades de nada acá abajo. Yo soy de la ciudad de La Plata y estaba en la UGL7. Entonces, la licitación directamente no existe. No es nada transparente”.

El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó la apertura de una investigación judicial para esclarecer una denuncia del Gobierno argentino sobre una presunta operación ilegal de inteligencia. Según la acusación, se habrían grabado y difundido conversaciones privadas de funcionarios, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los hechos habrían ocurrido en el ámbito federal, involucrando jurisdicciones bajo competencia del Gobierno nacional.

En su dictamen, Stornelli señaló que la denuncia apunta a prácticas delictivas que incluyen la captación, edición, manipulación y difusión clandestina de audios privados. Estas acciones, según el Ejecutivo, habrían sido amplificadas a través de redes sociales y ciertos medios de prensa, algunos seleccionados intencionalmente o sorprendidos en su buena fe.

El fiscal subrayó que la investigación “no podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional y sin perjuicio de que alguno quiera voluntariamente, en ese sentido, aportar datos que sirvan al descubrimiento de la verdad”.

La denuncia del Gobierno sostiene que el propósito de estas maniobras sería desacreditar al Ejecutivo, influir en la opinión pública, generar falsas acusaciones, alarmar a la población, desestabilizar indicadores económicos, afectar las próximas elecciones legislativas y provocar una crisis política con posible ánimo destituyente. Además, se menciona la participación de sectores de la oposición kirchnerista en una presunta campaña de desinformación.

El pedido de investigación surge tras la solicitud del abogado del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, quien exigió el allanamiento del canal de streaming Carnaval, que difundió audios atribuidos a Karina Milei y Diego Spagnuolo, así como de los domicilios de periodistas y empresarios vinculados al medio. Stornelli aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empecé al análisis de las conductas ya efectuadas”.

Fuente: con información de Infobae

En el marco del escándalo por la filtración de audios que involucran a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en presuntas coimas, se presentó una nueva denuncia judicial en su contra. La acusación, realizada en Córdoba, señala delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La presentación fue efectuada por el abogado Pablo Olmos en la Justicia Federal de Córdoba, quedando a cargo de la Fiscalía Federal 1, liderada por Enrique Senestrari.

La denuncia apunta a un presunto esquema sistemático para rechazar pensiones por discapacidad. Según explicó Olmos declaraciones radiales, “básicamente, el delito tiene que ver con haber orquestado todo un aparato dirigido a rechazar de manera sistemática todas las pensiones por discapacidad que estaban siendo sometidas a un proceso de revisión”.

El abogado señaló que la ANDIS modificó los estándares de evaluación del sistema Baremo en enero de 2025, pero dicha resolución fue derogada en mayo, quedando sin efecto legal. 

De acuerdo con la presentación, Spagnuolo ordenó auditorías médicas sobre beneficios vigentes de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), sin un marco legal válido. Olmos destacó que estas revisiones se realizaron sin notificaciones fehacientes a los beneficiarios, especialmente en el interior del país, lo que les impedía asistir a las evaluaciones.

“A partir de la aparición de los audios, comienza a mostrarse todo un armado sistemático para evitar o para darle de baja a las pensiones de manera masiva para que le cierre el número”, afirmó el letrado. 

Además, Olmos solicitó una medida cautelar para que el fiscal ordene la reanudación del pago de las pensiones hasta que las auditorías se realicen conforme a la normativa. “Necesitamos que las personas vulnerables se puedan defender. Por eso, hay que ponerle una pausa, restablecer el pago y desarrollar el proceso de auditoría de una manera normal”, subrayó.

Paralelamente, Spagnuolo enfrenta otra investigación por los audios filtrados que lo vinculan al cobro de coimas, en los que también se menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem, un dirigente cercano.

Fuente: con información de TN

Tras el escándalo desatado por los audios revelados de Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que conducía, en las últimas horas difundieron otras grabaciones adjudicadas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.

La semana pasada, en el programa Data Clave, de Carnaval, se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo era amigo de Javier Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de Estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En la noche del jueves 21 de agosto, apenas conocidos los audios, el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó 14 allanamientos, que incluyeron las sedes de la ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y los domicilios de varios involucrados.

Por ejemplo, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaba yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres, en cuyos interiores había distintas cantidades de dólares. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.

A Spagnuolo lo encontraron al día siguiente, mientras manejaba dentro de un country en Pilar.

Además, esta mañana volvieron a realizar múltiples allanamientos en sedes de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina. El objetivo es dar con documentación de interés para la causa que será secuestrada y puesta en manos de la Justicia.

Ayer, Spagnuolo presentó ante la Justicia Federal el nombre de los dos abogados que llevarán el caso: el ex funcionario designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales. Hasta el momento, se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada.

Fuente: Infobae