El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó hoy a Francisco Adorni, diputado bonaerense y ex funcionario del Ministerio de Defensa, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en una causa iniciada tras una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

El expediente recayó por sorteo en el Juzgado Federal N°6, subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en el fiscal. La pesquisa apunta a posibles inconsistencias en el patrimonio del legislador, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según la denuncia, Francisco Adorni ingresó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y luego fue designado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para el pago de retiros y pensiones militares (IAF). Posteriormente, accedió a una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por el espacio La Libertad Avanza.

De acuerdo con sus declaraciones juradas, en 2024 el funcionario informó un patrimonio de $43.790.000, compuesto por el 50% de una vivienda en City Bell, La Plata, y un vehículo. En 2025, ese monto ascendió a $80.500.000. La diferencia se explicaría por la compra de una camioneta y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario de aproximadamente $60.000.000 otorgado por el Banco Provincia.

En este punto, la denuncia sostiene que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con sus ingresos, su nivel salarial resultaría insuficiente para explicar la cancelación anticipada del préstamo en un período tan breve.

En un dictamen de 19 páginas, el fiscal aclaró que la investigación se centrará exclusivamente en el patrimonio de Francisco Adorni. En ese sentido, precisó que las menciones realizadas sobre Manuel Adorni “no serán objeto de esta investigación”, dado que el funcionario ya se encuentra bajo proceso en una causa a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Como parte de las medidas de prueba, Marijuán convocó a Pagano a ratificar su denuncia y solicitó información a más de 30 organismos. Entre ellos, requirió datos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), el Banco Central, Migraciones y distintos registros de la propiedad.

Asimismo, pidió levantar el secreto fiscal y bancario del imputado y solicitó informes detallados sobre movimientos financieros, bienes registrables, participación en sociedades comerciales y eventuales antecedentes administrativos o penales.

También se requirió al Banco Provincia que remita la documentación vinculada al crédito hipotecario, incluyendo el cronograma de pagos, condiciones de otorgamiento y eventuales refinanciaciones.

Finalmente, el fiscal solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) la elaboración de un informe integral sobre la situación patrimonial, financiera y societaria del legislador, así como la verificación de posibles operaciones sospechosas.

Fuente: con información de Infobae

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata amplió hoy el procesamiento con prisión preventiva del empresario Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en el marco de la causa que investiga muertes por fentanilo contaminado en distintos puntos del país.

Según la resolución judicial, el empresario fue considerado “prima facie coautor penalmente responsable” del delito de adulteración de sustancias medicinales, que habría derivado en la muerte de al menos 70 personas, además de múltiples casos de lesiones de diversa gravedad. Estas víctimas se suman a otras 20 muertes ya atribuidas en septiembre de 2025.

La investigación, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, también dispuso mantener el embargo y la inhibición general de bienes del imputado. Las mismas medidas alcanzan a su hermano, Diego Hernán García, quien permanece con prisión preventiva.

En tanto, Nilda Furfaro continuará detenida bajo arresto domiciliario, mientras que otras diez personas siguen procesadas en la causa, que ya contabiliza 13 imputados.

De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente registra hasta el momento 90 víctimas fatales y 44 no fatales, además de 42 querellantes. La complejidad del caso se refleja en más de 400 legajos en trámite y cerca de 600 cuerpos de actuaciones, sin contar las historias clínicas analizadas.

Las pericias del Cuerpo Médico Forense determinaron que, en los casos estudiados, la administración del opioide contaminado fue determinante en el desenlace fatal de al menos 114 pacientes.

La causa investiga la distribución de más de 300.000 ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma, cuyos lotes ya habrían sido recuperados. El impacto sanitario alcanzó a varias jurisdicciones, entre ellas La Plata, Rosario, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, donde se registraron fallecimientos vinculados al caso.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La Justicia de Brasil confirmó la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, luego de que el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región rechazara las apelaciones presentadas por la defensa y dejara firme la sentencia en régimen semiabierto.

Con esta resolución, el actor recibió un nuevo revés judicial y deberá cumplir la pena bajo una modalidad que le permite salidas diurnas, pero con la obligación de regresar a una unidad penitenciaria.

El caso se originó en 2018, cuando Fardin denunció hechos ocurridos en 2009 durante una gira de la obra Patito feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y Darthés 45.

Tras conocerse el fallo, Fardin expresó su satisfacción en redes sociales. “Ganamos otra vez”, escribió, y agradeció el acompañamiento recibido durante el proceso judicial.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina celebró la decisión y afirmó que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

El recorrido judicial del caso incluyó múltiples instancias. En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés, pero la decisión fue apelada y revertida el 10 de junio de 2024, cuando se dictó la condena por mayoría.

Meses después, con la intervención de nuevos magistrados, la sentencia fue nuevamente ratificada por el tribunal brasileño, que en esta instancia rechazó los últimos recursos presentados por la defensa, dejando firme la condena.

El proceso fue considerado inédito por la cooperación entre los Ministerios Públicos Fiscales de Argentina, Brasil y Nicaragua, y se extendió durante ocho años, con declaraciones, pericias y diversas instancias judiciales.

Fuente: con información de Infobae

La muerte de Matías Vilches, un trabajador del Puerto de 37 años que falleció hoy a bordo de un buque tras sufrir diversas dolencias, generó indignación entre sus familiares, además del dolor evidente. Es que según manifestaron, desde Prefectura no se habrían realizado los protocolos adecuados una vez que el hombre mostró síntomas de malestar.

Romina Mangione, esposa de Vilches, relató a El Marplatense que ayer alrededor de las 14:00 su marido le envió un audio en el que le decía que estaba sufriendo “un preinfarto”. En ese mensaje, le pidió que avisara a su madre y que se comunicara con Prefectura.

Ante esta situación, la mujer se dirigió inmediatamente a la dependencia, donde le indicaron que se quedara tranquila, que lo estaban monitoreando y que aparentemente se trataba de un problema estomacal, aunque aclararon que debían esperar un parte médico. Mientras tanto, desde la empresa para la que trabajaba su esposo no le contestaban.

Posteriormente, Mangione volvió a acercarse para obtener información y allí le comunicaron que su marido “estaba bien, estabilizado y durmiendo”. Sin embargo, comentó que por medio de un mensaje, su pareja le pidió de manera urgente: “Manden un helicóptero o un médico, me estoy muriendo”.

Por este motivo, la mujer volvió a Prefectura: “Les rogué que me mandaran un helicóptero. No querían, no me querían dar información. Me dijeron que vaya a la Agencia de Embarque”. Esto fue cuestionado por la esposa de Vilches por considerar que no tenía relación con la emergencia que estaba atravesando su marido a bordo del barco.

Finalmente Vilches murió esta mañana en un caso que generó conmoción en el Puerto de Mar del Plata. La víctima había manifestado dolor en el pecho, molestias en la garganta y náuseas. Esta mañana, cuando fue llamado por sus compañeros, no respondió e inmediatamente se dio aviso a las autoridades, por lo que se activó un protocolo que contó con la participación de agentes de Prefectura.

El intendente Agustín Neme encabezó una presentación judicial ante el Ministerio Público Fiscal para solicitar medidas urgentes de investigación por presuntas irregularidades y posibles delitos vinculados a la denominada “Feria de la Bristol”, también conocida como “La Saladita”, que fue demolida el pasado jueves.

El escrito plantea que el predio, de dominio público municipal y con permisos presuntamente vencidos, habría sido explotado durante años bajo un esquema irregular. La presentación se da en el marco de una causa federal que incluyó allanamientos el miércoles, tras los cuales se conocieron testimonios de feriantes que denunciaron el pago de sumas elevadas -sin facturación ni respaldo legal- a cobradores informales.

Según se detalla en la denuncia, los montos abonados por los puestos podían alcanzar cifras millonarias mensuales, lo que evidenciaría un circuito de recaudación fuera de todo control fiscal en un espacio donde ningún particular estaría habilitado para percibir esos ingresos.

En ese contexto, también se mencionan indicios de otras actividades ilícitas detectadas en la investigación federal, como la venta masiva de mercadería falsificada en infracción a la ley de marcas, la posible comercialización de productos de origen ilegal -incluidas importaciones irregulares desde Paraguay- y la existencia de una estructura organizada que administraba el predio con fines de lucro.

La iniciativa judicial se enmarca en una postura que el jefe comunal ya había manifestado públicamente. “Lo que durante años fue una ocupación ilegal empieza a ser parte del pasado”, había señalado Neme en redes sociales, en referencia a los operativos realizados en la zona.

En la misma línea, el intendente había remarcado la necesidad de avanzar sobre estas prácticas: “No podemos permitir que se consoliden espacios donde se vulnera la ley y se perjudica a quienes trabajan en regla”, sostuvo, al tiempo que planteó la importancia de recuperar el orden en espacios públicos.

En la presentación, se solicita además que se profundice de manera inmediata la investigación para esclarecer los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales en torno al funcionamiento de la feria.

Una familia del barrio Nuevo Golf denunció el pasado sábado un presunto hecho de abuso ocurrido en diciembre en el Natatorio Alberto Zorrilla, donde una adolescente de 14 años habría sido víctima de otro menor de 17 años al finalizar una clase de pileta.

Tras la presentación judicial, realizada cuatro meses después del episodio, la familia difundió la situación públicamente y se presentó ante el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), donde fue recibida y se activaron los protocolos correspondientes. En ese marco, se dio intervención a las áreas de Desarrollo Social y Salud, y se gestionó asistencia psicológica para la familia.

La causa se encuentra actualmente en el ámbito de la Justicia. En paralelo, se registraron amenazas cruzadas entre ambas familias, que residen en el mismo barrio.

Según informaron desde el Municipio, tras tomar contacto con el fiscal interviniente, se dispusieron medidas preventivas: el joven tiene prohibido el ingreso al natatorio, se establecieron restricciones mutuas de acercamiento entre las familias y se avanzará con la realización de una Cámara Gesell a la menor. Además, se realizarán informes socioambientales y una evaluación integral del adolescente.

Ambos jóvenes participaban del programa Nadar en familia, que se desarrolla los sábados en el natatorio, con turnos asignados y clases de 40 minutos bajo la modalidad de pileta escuela.

De acuerdo con las condiciones establecidas por la Dirección del Natatorio, cada grupo debe contar con coordinadores responsables que actúan como nexo con el establecimiento y supervisan la permanencia de los participantes. Asimismo, las instituciones participantes deben disponer de personal acompañante en los vestuarios -dos personas en el femenino y una en el masculino- para garantizar el cuidado de los menores durante la actividad.

Desde el Municipio señalaron que continuarán colaborando con la investigación y acompañando a la familia en el marco de las intervenciones iniciadas.

La abogada argentina Agostina Páez demorará al menos dos semanas en regresar al país tras ser detenida en Brasil por realizar gestos racistas, luego de un acuerdo judicial aún pendiente de definición, firmado en el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro, donde intervienen la fiscalía y el juez de la causa.

Pese a que inicialmente la fiscalía no se oponía a reducir las medidas cautelares mientras se cerraba el caso, modificó su postura y solicitó que Páez permanezca en Brasil hasta que el acuerdo esté completamente definido. En ese marco, pidió que las restricciones se flexibilicen recién una vez concluidas todas las condiciones del entendimiento.

El cambio de criterio se produjo tras la filtración del monto que se habría propuesto como resarcimiento a las víctimas. Según el Ministerio Público, la joven debería abonar cerca de US$50.000 a cada una de las personas afectadas.

Durante una audiencia de Instrucción y Juzgamiento realizada el martes por la tarde, se resolvió que Páez podrá regresar a la Argentina y cumplir tareas comunitarias, aunque su salida efectiva del país dependerá del cierre definitivo del acuerdo. Además, resta que el juez determine cuándo se le retirará la tobillera electrónica.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó Páez, de 29 años. También manifestó su deseo de volver a Brasil en el futuro, aunque reconoció que la situación actual le genera temor: “Es un país que me gusta, pero obviamente que tengo miedo”.

La abogada aseguró que durante el proceso judicial dijo la verdad y pidió disculpas a las personas afectadas. “Fue la peor experiencia de mi vida”, afirmó, y remarcó que su prioridad es regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su entorno cercano: “Lo único que me importa es estar en Santiago y con mi gente”.

En cuanto al proceso judicial en Brasil, a diferencia del sistema argentino, gran parte del trámite se concentra en una sola audiencia, en la que el magistrado puede absolver, condenar o derivar el caso a otra instancia. Si no se alcanza una definición, se fija una nueva fecha para continuar el debate.

La abogada defensora Carla Junqueira explicó que “se puede definir todo en esta jornada”, lo que finalmente ocurrió en este caso, aunque con aspectos aún pendientes de resolución.

Fuente: con información de TN

Colegios profesionales vinculados a la construcción presentaron una nota conjunta ante la Municipalidad para expresar su preocupación por el funcionamiento de la Dirección de Obras Privadas y solicitar medidas que mejoren su desempeño administrativo y técnico en Mar del Plata.

La presentación fue realizada por el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires Distrito 9, el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 5 y el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires Distrito 2, entidades que agrupan a profesionales responsables del proyecto, dirección y ejecución de obras en el distrito.

En el documento, las instituciones señalan que desde hace tiempo se registran diversas dificultades, entre ellas demoras en la tramitación de expedientes, falta de sistemas adecuados de seguimiento administrativo, inconsistencias en la normativa disponible y extravío de documentación.

Asimismo, advierten sobre el aumento de obras ejecutadas fuera de los procedimientos reglamentarios, lo que -según indicaron- impacta en el ordenamiento urbano, el ejercicio profesional regulado y los mecanismos de control técnico.

Otro de los puntos destacados es la coexistencia de sistemas en soporte papel y digital, lo que genera incertidumbre en los circuitos administrativos y dificulta el acceso claro a la información tanto para profesionales como para particulares.

En ese contexto, los colegios solicitaron la implementación de medidas administrativas, organizativas y tecnológicas que permitan restablecer un funcionamiento eficiente, transparente y previsible en los procesos de evaluación, aprobación y control de obras privadas.

A su vez, manifestaron su disposición a colaborar con el Municipio en la búsqueda de soluciones que optimicen los procedimientos y fortalezcan el sistema de control edilicio, en un sector clave para la economía local.

Vecinos de Mar del Plata volvieron a reclamar ante la Defensoría del Pueblo de la Nación por la presunta falta de acceso público a la ribera sur del arroyo Corrientes, en la zona del Paseo Costanero Sur, donde se ve claramente una cerca blanca. El planteo forma parte de una actuación iniciada a partir de denuncias sobre restricciones para circular por ese sector costero.

Según en la denuncia realizada por Kanki Alonso a la que tuvo acceso este medio, Inés Rivera, integrante del Area de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, comunicó que el organismo nacional solicitó informes a distintas dependencias municipales como la Dirección de Gestión Ambiental y el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), a la vez que indicó que se enviaron nuevas notas a los organismos competentes para avanzar con el análisis del caso.

En sus presentaciones, Alonso sostuvo que el problema central es la falta de cumplimiento del derecho de libre acceso a las riberas previsto en el Plan de Gestión Territorial aprobado por el Concejo Deliberante. También afirmó que la margen sur del arroyo estaría cercada por un emprendimiento privado, lo que -según señaló- impediría el ingreso público al área.

El denunciante incorporó además información técnica al expediente y remitió un plano de las parcelas que bordean el arroyo, junto con aclaraciones sobre cambios normativos recientes que establecen restricciones para edificaciones cerca de la ribera y de la línea de costa. En ese marco solicitó que toda esa documentación sea incorporada a la actuación para continuar con el trámite.

Por su parte, desde la Unidad de Gestión del Paseo Costanero Sur se informó que en el margen sur del arroyo Corrientes “la vegetación del paseo se encuentra en estado natural, sin verificarse impedimentos físicos para la circulación”. El informe agregó que la transitabilidad se realiza principalmente sobre la servidumbre de paso “C” ubicada en el margen norte del arroyo.

Desde el área municipal también indicó que la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires es el organismo competente para el control de los cuerpos y cursos de agua, por lo que se sugirió dirigir consultas específicas a esa dependencia provincial.

Por su parte, Marcelo Javier Ragonese, director de Gestión Ambiental del EMSUR, informó que se volvió a dar intervención a la Unidad de Gestión del Paseo Costanero Sur. Según detalló, ese organismo labró un acta sobre la situación del lugar, la cual fue incorporada al expediente como documentación adjunta para su evaluación dentro de la actuación en trámite.

Juan Román Riquelme atraviesa un escenario de fuerte tensión institucional tras conocerse una denuncia penal en su contra por presunta administración fraudulenta. La presentación fue realizada en el Fuero Penal Federal y apunta a supuestas irregularidades en la gestión del club vinculadas al manejo de socios, entradas y recaudaciones.

La denuncia fue presentada por Walter Federico Klix, director nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación y socio activo de Boca Juniors, ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°39, a cargo del juez Santiago Bignone. La investigación quedó en manos del fiscal Carlos Vasser.

En el escrito, Klix acusa a Riquelme de haber montado un “mercado negro” y “un esquema mafioso” para la manipulación y distribución de entradas, localidades y protocolos, con el objetivo de obtener un beneficio económico y consolidar control político dentro del club. Se trata de la segunda denuncia impulsada por el funcionario, ya que una anterior por presunta asociación ilícita fue archivada el año pasado en Comodoro Py por falta de pruebas. En esta oportunidad, el denunciante aseguró contar con 102 testigos, además de chats, fotos y videos como elementos probatorios.

La acusación también alcanza al secretario general del club, Ricardo Rosica, y a todos los integrantes de la Comisión Directiva, a quienes se señala como partícipes de una supuesta defraudación que, según la presentación, configuraría una asociación ilícita. El escrito desarrolla cuatro ejes principales.

Uno de ellos refiere a la presunta manipulación fraudulenta de la condición de socio. Según Klix, mientras miles de adherentes esperan durante años para acceder a la categoría de socios activos, otras personas lograrían ese estatus de manera inmediata. El denunciante sostiene que no se trataría de errores administrativos aislados, sino de un sistema de prebendas y clientelismo en el que los trámites se acelerarían a cambio de apoyo político o pagos de dinero.

Otro punto central es la supuesta subdeclaración de ingresos en partidos oficiales. En particular, se menciona el encuentro disputado el 25 de febrero de 2025 ante Alianza Lima por la fase 1 de la Copa Libertadores, para el cual el club informó una asistencia de 28.099 espectadores y una recaudación de $1.252.436.000. Según la denuncia, el estadio se encontraba colmado y la diferencia entre la cifra declarada y la real habría tenido como finalidad el desvío fraudulento de fondos. En ese marco, se solicitaron pericias contables, informes a la Conmebol, a la AFIP y al Gobierno porteño, además del análisis de material audiovisual y testimonios de socios presentes.

La presentación también denuncia la venta irregular y clandestina de entradas y protocolos asignados a peñas del interior del país. Klix solicita que se investigue quiénes habrían resultado beneficiarios, qué montos se habrían recaudado por fuera de los canales oficiales y cuáles fueron los mecanismos de encubrimiento utilizados.

Finalmente, se menciona una presunta liberación irregular de molinetes y la desactivación del control de presentismo en el partido frente a Deportivo Riestra, lo que habría permitido el ingreso de personas sin validación de carnet. Según el denunciante, esta situación habría alterado el sistema de filtros y ranking de asistencia del club, modificando el perfil de ocupación del estadio y aumentando la presencia de turistas.

Fuente: con información de Labrujula24

Un enfermero domiciliario fue detenido en la ciudad de Port Jefferson, en el estado de Nueva York, acusado de golpear brutalmente a un nene de 5 años con parálisis cerebral al que cuidaba. El hecho ocurrió el 20 de diciembre de 2025 en la vivienda familiar del menor y quedó registrado por cámaras de seguridad.

La Policía del condado de Suffolk confirmó la detención de Bruno Valenzuela, quien se desempeñaba como asistente de salud en el hogar y trabajaba con la familia desde hacía casi tres años y medio. Según la investigación, el acusado se encontraba solo a cargo del niño al momento de la agresión.

De acuerdo con el informe policial, las imágenes muestran al enfermero golpeando al menor con cachetadas en la espalda y el pecho, provocándole moretones. El niño, que no podía defenderse debido a su condición, aparece llorando mientras es sacudido de un lado a otro.

La familia comenzó a sospechar al notar cambios en el comportamiento del nene y la aparición de lesiones en su cuerpo. Al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron que Valenzuela lo había golpeado en reiteradas oportunidades mientras le cambiaba la ropa, al tiempo que le repetía la frase “relajate, relajate”.

Tras ver las imágenes, los padres trasladaron al niño al Hospital Universitario Stony Brook el 22 de diciembre y realizaron la denuncia policial. El material audiovisual fue clave para el avance de la causa y la posterior detención del acusado.

La investigación quedó a cargo de la Unidad de Víctimas Especiales de la policía local. Valenzuela fue imputado por poner en peligro el bienestar de una persona físicamente discapacitada y por poner en peligro el bienestar de un menor. Luego de una audiencia judicial, fue liberado y se declaró inocente de los cargos.

En paralelo, la agencia Christian Nursing Registry, con sede en Smithtown, informó que despidió de inmediato al enfermero. Desde la empresa aseguraron que el acusado contaba con antecedentes limpios y que, según su evaluación, se habría tratado de un hecho aislado.

Fuente: con información de TN

La Asamblea Playas del Sur presentaron un recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio ante el Municipio de General Pueyrredon para impugnar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) otorgada al emprendimiento inmobiliario “Vivienda Multifamiliar La Reserva Explanada”, emitida por el EMSUR.

El documento oficializado en el Boletín bajo la Resolución REMS-2025-275-E-MUNIMDP-EMSUR fue firmado en un contexto de acefalía del EMSUR, tras la renuncia de su presidente, Santiago Bonifatti.

La presentación solicita la nulidad absoluta de la DIA, la suspensión inmediata de sus efectos y el control de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad del acto administrativo. Esto se debe a que consideran que es un “gravamen irreparable sobre derechos de incidencia colectiva de generaciones presentes y futuras”, reza el pedido.

El grupo de vecinos, argumenta que la resolución es ilegal y arbitraria por haberse dictado sin certeza sobre la línea de ribera, sin actualización de estudios clave.

"No existe certeza dominial sobre la delimitación del área ni una línea de ribera actualizada, lo cual podría ser determinante sobre la viabilidad del proyecto", indicaron.

Además, se sostiene que la DIA se apoya en una demarcación obsoleta, desconociendo informes técnicos de la Autoridad del Agua (ADA) que advierten sobre un corrimiento significativo de la costa y riesgo de ocupación de bienes de dominio público. 

Entre las justificaciones, establecen que “esto afectaría no solo el ecosistema costero, sino también el derecho de uso común de los ciudadanos, configurando una situación de gravedad institucional y un accionar a cargo de funcionarios públicos que incurriría en la violación expresa del mandato legal, atento a LEY 25.188, “ Art. 2° inc. c) Velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular”.

En sus últimas líneas, el petitorio pide que “en virtud de la especial materia ambiental discutida y del riesgo cierto de daño grave e irreversible sobre bienes de dominio público y derechos de incidencia colectiva, el órgano interviniente arbitre de manera inmediata las medidas necesarias para disponer la suspensión de los efectos de la Declaración de Impacto Ambiental impugnada hasta tanto se resuelva de manera definitiva el presente recurso”.

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación penal que analiza la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad. La causa se encuentra en una etapa inicial y apunta también a integrantes de la comisión directiva.

La medida fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante. Se trata de la primera imputación formal contra Tapia en este expediente.

Según la denuncia presentada por el área de Grandes Contribuyentes de ARCA, la AFA acumula una deuda superior a los 19.000 millones de pesos correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social de empleados propios y de clubes del fútbol argentino sin ingresarlos dentro de los plazos establecidos por el Régimen Penal Tributario.

En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Además, consideró que la investigación debe ampliarse a otros miembros de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.

La causa podría avanzar hacia nuevas medidas procesales en caso de confirmarse los hechos denunciados.

Fuente: con información de Infobae

La Justicia de Mar del Plata investiga a Alejandra Género, presidenta de la Sociedad de Protección a la Infancia, y a Marisa Benaduche, trabajadora del hogar convivencial de Balcarce conocido como el “Patronato”, por cuatro episodios de presunto maltrato infantil ocurrido a fines de noviembre.

La causa se abrió después de que una empleada grabara un audio de unos 40 minutos donde se escucha una serie de insultos, gritos y amenazas dirigidas a dos chicos que viven en el hogar. Ese registro ya está incorporado al expediente y ambas quedaron desvinculadas del instituto.

La Sociedad de Protección a la Infancia funciona como un hogar convivencial. Allí viven chicos que, por distintos motivos, no pueden estar temporalmente con sus familias. La mayoría llegan derivados por el Servicio Local o por decisiones de la Justicia, generalmente por situaciones de vulnerabilidad, violencia familiar, negligencia o conflictos graves en su entorno.

En el hogar conviven nenes y adolescentes de distintas edades, que asisten a escuelas de la zona y que están bajo el cuidado de personal a cargo las 24 horas. La institución tiene la responsabilidad de garantizar su bienestar, acompañarlos en lo educativo y afectivo y asegurar que transiten su estadía de la manera más contenida posible mientras se define su situación familiar. Sin embargo, algo grave ocurrió dentro de la institución que derivó en una causa penal.

Todo se habría iniciado cuando uno de los nenes rompió un vidrio en medio de una crisis emocional, preocupado por la posible separación de su hermano, que podría ser trasladado a otro hogar. De acuerdo a la denuncia, hasta el lugar llegó Género, quien empezó a retarlo y a hablarle de manera violenta.

El audio, que ahora es la prueba central del caso, contiene frases como “Si llegás a escupir, te rompo la cara. Te la rompo en 20”, “Cállate la boca porque te pego una cachetada” y “Esto no es un hotel, mañana te llevo a un reformatorio”.

En medio de los gritos, la mujer que se escucha en el audio también preguntó quién había roto el vidrio y lanzó otra amenaza: “Me lo van a tener que pagar”, y continuó: “Más vale que encuentres amigos, otros pelotudos como vos, en el hogar, porque vas a tener que cortar el pasto, limpiar y pintar”.

“La vida insoportable se las voy a hacer yo. Son una basura. No los soporto más. No valoran un carajo. Te vas a quedar solo toda tu vida. Te haces la víctima y esas son lágrimas de cocodrilo”, les dijo al chico mientras él lloraba desconsoladamente.

La secuencia continuó con un nuevo nivel de intimidación: “Cuando vayan a un reformatorio, van a tener que ir de a dos al baño. Los van a golpear, les van a pegar con una toalla mojada, los van a meter en agua fría, porque ustedes son unos groseros”.

Luego, a uno de los chicos le dijo: “Si vos te volvés a hacer las necesidades encima, te vas a tener que chupar el dedo con m*. Te voy a meter la mano en el inodoro y te la vas a chupar los dedos delante de todos”. Entre otros insultos desgarradores.

Mientras avanza la investigación penal, el Juzgado de Familia N° 6 de Mar del Plata dictó una medida cautelar el 5 de diciembre para proteger a los chicos involucrados. La denuncia había sido enviada por la Escuela Especial N° 502, que intervino tras enterarse del episodio.

La jueza ordenó una prohibición de acercamiento de 200 metros y les prohibió tener cualquier tipo de contacto —por teléfono, redes sociales o mensajes— con los menores. La medida alcanza a varios trabajadores del hogar, entre ellos Género y Benaduche, y rige en todos los lugares donde los chicos puedan estar, tanto en sus casas, en la escuela y en actividades deportivas o recreativas.

La medida cautelar alcanza no solo a las dos trabajadoras investigadas, sino también a la mayoría de los cuidadores. (Foto: Gentileza Hugo Ponce)

Además, el juzgado dejó asentado que si la medida se incumple se dará aviso inmediato a la Justicia Penal por lesiones, amenazas y coacción, cuya causa tramita en paralelo en el Juzgado de Garantías N°2 de Mar del Plata. Ambas acusadas están citadas a indagatoria el próximo 17 de diciembre ante los fiscales Rodolfo Moure y Laura Molina.

También se enviaron oficios urgentes a la Dirección de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia del Municipio de Balcarce y al Servicio Zonal de Promoción y Protección de Derechos, para que intervengan y hagan un seguimiento de la situación de los chicos.

Fuente: TN

Dos de los cinco argentinos acusados de robo en un shopping de Miami hablaron por primera vez y aseguraron que “no somos mecheros vip” y que todo se trató de un “episodio confuso”. Se trata de Mauricio y Juan Pablo, quienes deberán regresar a EE.UU. a fines de enero de 2026 para continuar con el proceso judicial.

“Somos trabajadores”, manifestaron los dos mendocinos en diálogo con el canal TN, al explicar la situación que los involucra en la causa por presuntos robos en locales del Dolphin Mall. Según relataron, ingresaron al centro comercial junto a tres amigos con valijas vacías para guardar las compras. “En el patio de comidas la Policía nos detiene, nos piden abrirlas y de muchas de las cosas teníamos los tickets, pero de otras no, por lo que ahí nos llevan a la comisaría”, detallaron.

Al día siguiente, la Justicia estadounidense les leyó los cargos e impuso una fianza para la excarcelación. “No nos defendimos porque no era la instancia”, remarcaron. Ambos aclararon que ninguno fue deportado y que pudieron salir de Estados Unidos sin inconvenientes: “Migratoriamente no hay ninguna causa en nuestra contra. Solo es un reporte”.

El abogado Roberto Castillo señaló que el proceso será arduo y extenso, pero insistió en que “es simple esclarecer que acá no hay ninguna organización, ni tampoco que robaron”.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

La fiscal Laura Mazzaferri, junto al fiscal general Marcelo Colombo –referente de PROTEX–, presentó un recurso de casación para revertir la absolución del pastor evangélico Roberto Tagliabué, responsable de la iglesia El Shaddai. El mes pasado, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata lo había dejado libre de culpa y cargo, pero los fiscales piden que se lo condene a 14 años de prisión, tal como habían solicitado durante el juicio, por trata de personas y otros delitos.

Tagliabué había llegado acusado de haber armado un sistema de explotación que involucraba a jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Según la fiscalía, los reclutaba bajo la excusa de brindarles contención, tratamiento por consumos problemáticos y un lugar donde vivir, pero terminaba reduciéndolos a una situación de servidumbre. Además, señalan que explotaba a nueve víctimas —entre ellas un menor y una persona con discapacidad— y que incluso ejercía ilegalmente la medicina.

En el recurso, los fiscales sostienen que el fallo que lo absolvió es ilegal y debe ser revocado. Le pidieron a la Cámara de Casación que imponga la pena de 14 años, que inhabilite de por vida a Tagliabué para cualquier actividad vinculada a la salud, la asistencia terapéutica o la dirección de programas comunitarios, y que ordene la reparación integral de las víctimas. También reclamaron que se decomisen los bienes y propiedades que —afirman— fueron usados para cometer los delitos.

La investigación expuso que el pastor utilizaba la iglesia, un comedor comunitario, dos comercios de su propiedad y un supuesto programa cristiano de rehabilitación para explotar laboralmente a los jóvenes. Según la fiscalía, no solo se beneficiaba con el trabajo de las víctimas sino también con sus ingresos: pensiones por discapacidad, AUH y otros subsidios. Todo esto habría ocurrido durante más de dos décadas, tiempo en el que Tagliabué se consolidó como referente barrial y acumuló poder e influencia.

A pesar de la cantidad de pruebas presentadas, el juez federal Roberto Falcone entendió lo contrario y lo describió como un “benefactor social” que brindaba ayuda donde el Estado no llegaba. Con ese argumento, lo absolvió y ordenó su inmediata liberación. Solo lo condenó por comercialización de fauna silvestre y maltrato animal, una pena de seis meses ya cumplida con la prisión preventiva. La fiscalía sostiene que el magistrado desestimó pruebas claves, interpretó mal escuchas telefónicas y le dio un peso desproporcionado a los testimonios que defendían al pastor, dejando de lado los relatos de quienes lo denunciaban.

Para Mazzaferri y Colombo, la sentencia incurre en arbitrariedades graves y desconoce normas básicas de protección a las víctimas. Aseguran que el juez reveló identidades, no respetó los dispositivos especiales previstos para estos casos y aplicó una mirada “romántica” que ignora la dinámica real de la trata: aislamiento, manipulación emocional y religiosa, control de comunicaciones, amenazas y explotación económica. Según ellos, nada de lo ocurrido puede tomarse como “ayuda” o “contención recíproca”, sino como una relación de poder y sometimiento construida durante años.

Fuente: www.fiscales.gob.ar

El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció penalmente a Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. 

La presentación fue realizada ante la Justicia federal por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, por instrucción directa de la ministra Patricia Bullrich.

El eje de la denuncia son declaraciones públicas de Aguiar, realizadas en el marco de la inminente presentación del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno. “Lo quiero decir con total sinceridad... Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”, afirmó el dirigente en una entrevista. Para el Ministerio de Seguridad, esa frase constituye una amenaza dirigida a afectar el ejercicio del mandato popular del presidente Javier Milei.

En el escrito se sostiene que el llamado a “poner en crisis” al Gobierno podría encuadrar en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que castigan las amenazas contra el orden constitucional y la vida democrática. “Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional”, publicó Bullrich en sus redes, mensaje que luego fue replicado por el propio Milei.

La presentación también subraya la gravedad institucional de que esas declaraciones provengan del representante de los trabajadores estatales y destaca la amplia difusión que tuvieron, al ser replicadas en medios de comunicación y en plataformas como Instagram, X y TikTok. Para el Gobierno, esa masividad refuerza el carácter público y la “idoneidad” de la amenaza atribuida al sindicalista.

En un contexto de fuerte tensión política y sindical por la reforma laboral, la denuncia reaviva el debate sobre el límite entre la protesta gremial y la protección del orden democrático. Semanas atrás, Aguiar había sido recibido por Cristina Kirchner en el domicilio de San José 1111, un dato que en la Casa Rosada leen como parte del reacomodamiento de fuerzas frente a las reformas oficiales.

Fuente: Infobae

La Justicia del Reino Unido declaró culpable a Julia Wandelt, joven polaca de 24 años que desde 2022 sostiene ser Madeleine McCann, por acosar a los padres de la niña desaparecida en Portugal en 2007. El fallo fue emitido por el tribunal de Leicester tras cinco semanas de juicio, y la acusada recibió una pena de seis meses de prisión, además de una orden de restricción que le prohíbe todo tipo de contacto con la familia McCann.

La denuncia fue presentada por Kate y Gerry McCann luego de recibir reiterados mensajes y llamadas entre julio de 2022 y febrero de 2025, en los que Wandelt insistía en que era su hija. Durante el proceso judicial, se incorporaron pruebas documentales, declaraciones y una prueba de ADN que descartó cualquier vínculo biológico entre la joven y los McCann.

“Sólo quiero saber realmente quién soy”, expresó Wandelt ante el tribunal. Si bien fue hallada culpable de acoso, fue absuelta del cargo de “stalking”, figura legal que implica conductas obsesivas como seguir o presentarse en el domicilio de otra persona. El tribunal consideró que ese comportamiento se dio en una única ocasión, por lo que no se configuró el delito.

La sentencia no implicará prisión efectiva, ya que Wandelt permanecía bajo custodia desde febrero de este año, tiempo que se computó como cumplimiento de condena. No obstante, la orden judicial le impide acercarse, mencionar o contactar a los McCann por cualquier medio.

Tras conocerse el veredicto, Kate y Gerry McCann emitieron un comunicado en el que expresaron: “A pesar del veredicto de culpabilidad por acoso emitido por el jurado, no nos complace el resultado”. Durante el juicio, ambos declararon que las acciones de Wandelt reabrieron el dolor por la desaparición de su hija.

“Como la mayoría de la gente, no queríamos pasar por un proceso judicial y solo queríamos que cesara el acoso. Esperamos que la Sra. Wandelt reciba la atención y el apoyo adecuados que necesita y que ninguna vulnerabilidad sea explotada por otros”, añadieron.

Finalmente, reiteraron su pedido de colaboración ciudadana: “Si alguien tiene nuevas pruebas relacionadas con la desaparición de Madeleine, por favor, hágalas llegar a la policía”.

Fuente: con información de TN

Las denuncias no alcanzaron. Una familia del barrio La Herradura sufrió un violento episodio cuando una mujer - con la que ya tuvieron conflictos previos- ingresó a su vivienda junto a otros dos sujetos para destrozar el inmueble y agredir a los ocupantes. 

La cuñada de la víctima relató en diálogo con El Marplatense que “fue a las 9 de la mañana, mi hermana se fue a trabajar y mi cuñado se estaba por ir, pensaron que estaba sola la casa y entraron. Rompieron todo el auto, las ventana de la casa a piedrazos”.

En su intento por irse del lugar, al cuñado “lo agarraron entre tres, le empezaron a pegar y le rompieron el brazo. Como pudo llamó a mi hermana que estaba en el mercado trabajando, pudo venir a ayudarlo”.

Sin embargo, los delincuentes continuaron con su labor “mi hermana está con la cabeza rota porque le tiraron cascotes al auto. Ahora estamos esperando que el comisario haga lo que debe. Esto se tiene que terminar, hay que agradecer que los chicos estaban en la escuela”.

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La primera denuncia llegó a fines de septiembre. Los vecinos reclamaron medidas concretas: mayor presencia policial, medidas cautelares que garanticen la protección de la familia, y la intervención de las áreas de Niñez, Salud Mental y la Municipalidad para ofrecer protección y seguimiento. 

En medio del dolor sentenciaron: “todo esto pasó por inactividad de la policía, esta mina loca entró a la casa, casi mata a mi hermana y me rompió todo el auto”. 

La mujer denunciada cuenta con antecedentes penales y la familia afectada tiene miedo a que la violencia que reciben a diario termine con un desenlace fatal. 

Vecinos del barrio Florentino Ameghino manifestaron su preocupación por la acumulación de residuos, que genera tanto contaminación ambiental y visual, así como condiciones propicias para la proliferación de roedores y otros vectores transmisores de enfermedades.

En ese sentido, le detallaron a El Marplatense que la zona afectada se encuentra en un área urbana residencial, con un constante tránsito de vecinos que “nos vemos expuestos a malos olores, suciedad y riesgos sanitarios derivados de la descomposición de la basura y la presencia de roedores”.

Y alertaron que “los microbasurales son focos de contaminación ambiental y paisajística, afectando no solo a la salud pública, sino también a la calidad de vida de quienes habitan y circulan por la zona”.

A su vez, añadieron que “la presencia de desechos domiciliarios, restos de poda, escombros y otros elementos en desuso facilita la propagación de roedores, moscas y mosquitos, lo que implica una amenaza directa para la comunidad y para el ambiente”.

A continuación, indicaron que “la formación de microbasurales espontáneos se encuentra asociada tanto a la falta de conciencia ciudadana como a deficiencias en la recolección de residuos, resultando indispensable llevar adelante campañas de educación ambiental junto con un accionar municipal inmediato”.

En ese contexto, los concejales de Unión por la Patria le pidieron al Ejecutivo local que proceda "a la limpieza inmediata del microbasural a cielo abierto ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Augusto Sandino, del barrio Florentino Ameghino".

Desde la oposición consideraron que “es deber del Estado municipal garantizar la limpieza y el saneamiento de los espacios públicos, evitando la consolidación de focos de contaminación que atentan contra la salud, el ambiente y el paisaje urbano”.