El Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores condenó a tres personas por abuso sexual y corrupción de menores en Villa Gesell, con penas de hasta 15 años de prisión, tras comprobarse hechos reiterados contra dos niños de entre 6 y 8 años, en una causa considerada de extrema gravedad por la Justicia.

Según el fallo, los hechos acreditados revelaron que las víctimas eran sometidas no solo a abusos físicos, sino también a “prácticas ultrajantes”, en un contexto de vulnerabilidad sostenida. La sentencia puso especial énfasis en la situación de la niña, a quien calificó como víctima de “vulnerabilidad interseccional” por su doble condición de mujer y menor de edad.

Los jueces señalaron además que los imputados ejercían el rol de “guardadores de hecho”, es decir, asumían el cuidado de los niños, lo que fue utilizado para vulnerar su integridad de manera sistemática. En ese marco, recordaron la obligación del Estado de actuar con “diligencia reforzada” en la protección de la niñez, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y las 100 Reglas de Brasilia.

Para establecer las penas por encima de los mínimos legales, el tribunal consideró como agravantes la corta edad de las víctimas, la reiteración de los abusos y el daño psicológico acreditado por peritos. Como atenuante, se contempló la ausencia de antecedentes penales de los acusados.

El fallo fue dictado por los magistrados Juan Paulo Gardinetti, Christian Ariel Rabaia y Marcos Milano, quienes desestimaron los argumentos de las defensas y avanzaron con una sentencia condenatoria.

Fuente: con información de DIB

Un hombre de Rosario se convirtió en protagonista de un caso inédito en Santa Fe: será el primero en llegar a juicio oral por una denuncia falsa de abuso sexual infantil. Se trata de Eduardo Otero, quien en 2022 fue acusado por su ex pareja en medio de una disputa por el régimen de cuidado de su hija.

La causa en su contra fue investigada por la fiscal Alejandra Raigal, quien resolvió desestimarla. Esa decisión fue posteriormente ratificada por instancias superiores, lo que dejó sin efecto la acusación original.

Tras el archivo del expediente, Otero se presentó como querellante y promovió una acción judicial contra quienes impulsaron la denuncia. El proceso avanzó y cuatro personas -entre ellas la madre de la menor, dos testigos y una abogada- fueron elevadas a juicio oral.

La medida fue dispuesta por el camarista Gustavo Salvador y ya quedó firme, por lo que el debate se realizará en los próximos meses.

Según sostuvo Otero, la denuncia tuvo como objetivo obstaculizar el vínculo con su hija: “Me hace una falsa denuncia penal por abuso hacia la nena para obstruir el vínculo”, afirmó en declaraciones radiales.

El hombre también hizo hincapié en las consecuencias personales del caso y aseguró que lleva más de tres años sin poder ver a la menor. “Hace tres años y medio que no veo a mi hija y no sabe por qué”, expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de una resolución que permita restablecer el contacto: “Yo tengo el derecho de estar con mi hija y mi hija de estar conmigo”, concluyó.

Fuente: con información de Rosario Nuestro

El fiscal federal Carlos Martínez, a cargo de la investigación por el episodio ocurrido a bordo del buque fresquero Niño Jesús de Praga, aseguró que hasta el momento no existe una denuncia formal por intento de abuso y que la causa se encuentra en una etapa inicial centrada en la recolección de pruebas.

“Hasta el momento no hay denuncia de intento de abuso. Sí alguna situación irregular como la que se relata y estamos recabando evidencia para determinar qué pudo haber pasado”, explicó el funcionario judicial en declaraciones a El Marplatense.

En ese marco, Martínez señaló que la tripulante involucrada se encuentra en buen estado y recibiendo contención, al tiempo que precisó que, tras el arribo de la embarcación, se realizaron requisas tanto en el barco como a los tripulantes. “No se encontraron drogas ni ningún otro elemento que pudiera vincularse al hecho”, detalló.

Asimismo, indicó que actualmente se analizan las cámaras de seguridad del buque, una de las medidas clave para reconstruir lo sucedido durante la navegación. La investigación, que tramita en el fuero federal, busca esclarecer las circunstancias de un episodio que, por ahora, permanece sin una calificación penal definida.

La influencer que denunció por abuso sexual al músico Chelo Torres, integrante de Grupo Green, reveló cómo comenzó el contacto entre ambos a través de redes sociales y relató detalles de los mensajes que recibió antes del encuentro que derivó en la denuncia.

Según contó la mujer en el canal América TV, el músico se comunicó con ella a través de TikTok y comenzó a enviarle mensajes en los que la halagaba y le pedía su número de teléfono. “Yo lo conocía, nunca había tenido diálogo. El lunes se contactó conmigo y me dejó un mensaje. Yo sabía quién era, pero no era fan”, relató.

De acuerdo con su testimonio, el artista insistió en comunicarse mediante una videollamada, que en un principio ella rechazó. Tras varios intentos decidió atender, momento en el que Torres reiteró su interés en verla personalmente.

La mujer explicó que finalmente el músico pasó a buscarla en su vehículo y ambos se dirigieron a una estación de servicio, donde él dijo que quería comer algo porque no había cenado. Durante ese encuentro, relató, el artista tomó su teléfono celular y comenzó a revisarlo.

“Me sacó mi teléfono, se reía irónicamente y se puso a revisarlo. Quería saber sobre mi familia. Me pedía que le mostrara fotos de mis hijas. Cuando terminó de comer le dije que me llevara a casa, pero no frenó en la puerta, se estacionó en la esquina donde hay dos propiedades en venta”, señaló.

Según la denuncia, en ese momento el músico le propuso trasladarse al asiento trasero del vehículo para conversar “más cómodos” y evitar que la policía los considerara sospechosos.

“Dijo que quería que hablemos más cómodos. Una vez atrás, me apretó, me empezó a besar y se bajó el short. Me agarró de los pelos y me obligó a hacer algo. Después me empujó y me violó. Me preguntaba si me gustaba”, afirmó la denunciante.

Tras la presentación judicial, Chelo Torres -cuyo nombre completo es Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz- quedó detenido mientras avanza la investigación del caso.

Fuente: con información de TN

Un hombre de 30 años que era buscado por la Justicia de San Nicolás en el marco de una causa por abuso sexual agravado, fue atrapado por agentes policiales en la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata.

Del operativo participaron efectivos del Destacamento Ferroautomotor y de la Comisaría Cuarta, al constatarse que pesaba sobre él una orden de captura activa por abuso sexual agravado. El procedimiento se llevó a cabo cuando los agentes identificaron al individuo y verificaron sus datos a través del sistema informático policial.

Según se informó, el sujeto era requerido por la Justicia en una causa caratulada “abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido por el encargado de la guarda”, con intervención de la Fiscalí de Violencia de Género del Departamento Judicial San Nicolás.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Miofo, quien fue notificada del procedimiento y dispuso la inmediata detención del imputado, quien quedó alojado a disposición judicial y se coordinó su traslado a sede judicial de Tigre para continuar con las actuaciones correspondientes.

Un camionero que realizaba tareas vinculadas a la cosecha en una zona rural de Villa Ana, en el departamento santafesino de General Obligado, fue víctima de un abuso sexual grupal perpetrado por cinco compañeros de trabajo, quienes además registraron el ataque en un video.

El hecho ocurrió el 24 de enero pasado en un campo ubicado sobre un camino rural, a unos 200 metros de la Ruta Provincial 32. De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por los agresores mientras cumplía tareas laborales en el mismo establecimiento.

Según consta en la causa, el hombre fue amenazado con un arma blanca, reducido y sometido a un ataque sexual por parte del grupo. Luego del hecho, los agresores lo habrían intimidado para que no realizara la denuncia, bajo la amenaza de causarle graves lesiones.

El material audiovisual del ataque fue secuestrado por los investigadores y se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente judicial.

La fiscal Elisabeth Aguirre estuvo a cargo de las primeras actuaciones y ordenó la detención de los cinco imputados, identificados como Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez.

Durante la investigación, los acusados intentaron minimizar lo ocurrido al señalar que se trató de “un chiste”, argumento que fue descartado por la fiscalía ante la gravedad de los hechos y las pruebas reunidas.

La Justicia dispuso la prisión preventiva para cuatro de los imputados, mientras que Benítez continuará el proceso en libertad bajo estrictas condiciones judiciales.

Todos fueron imputados por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por el número de personas intervinientes y por la utilización de arma”. La causa continúa en etapa de investigación.

Fuente: con información de Clarín

Un archivo recientemente divulgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrojó luz sobre las intenciones del financista Jeffrey Epstein para distribuir su patrimonio antes de su fallecimiento en 2019.  Según el documento , que hasta ahora se mantenía oculto, Epstein firmó un fideicomiso dos días antes de que se confirmara su presunto suicidio en una cárcel federal de Nueva York.  

El instrumento legal, denominado “Fideicomiso 1953”, incluía una lista de casi cuarenta personas que habrían sido beneficiarias de parte de su fortuna, entonces estimada en cientos de millones de dólares. El texto sitúa a su entonces pareja, Karyna Shuliak, como la principal destinataria de esos bienes, con una asignación total prevista de 100 millones de dólares y acceso a numerosas propiedades.  

Shuliak, de origen bielorruso y residente en Nueva York, conocía a Epstein desde el 2012 y, según los archivos, fue la última persona con la que habló antes de su muerte en 2019. El fideicomiso incluía además otros beneficiarios puntuales, entre ellos el abogado personal de Epstein, Darren Indyke, y su contador, Richard Kahn, con montos estipulados de 50 y 25 millones de dólares respectivamente. También figuraban el hermano de Epstein, Mark Epstein, y Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por delitos relacionados con la red de abusos.  

No obstante, expertos legales consultados en los documentos aclararon que estas asignaciones estaban supeditadas a que todas las reclamaciones y deudas pendientes del patrimonio quedaran totalmente satisfechas, incluyendo las presentadas por mujeres que denunciaron haber sido abusadas por Epstein. 

Hasta ahora, gran parte de los activos del fideicomiso ha sido utilizada para pagar indemnizaciones y restituciones a víctimas, y el valor neto disponible para herederos no ha sido determinado en forma definitiva por las autoridades.  

La publicación de estos archivos forma parte de un conjunto de millones de páginas de investigación que comenzaron a hacerse públicas recientemente, con la intención de ofrecer mayor transparencia sobre las finanzas y actividades de Epstein antes de su muerte.  

Un caso estremecedor salió a la luz en las últimas horas en Lomas de Zamora tras la detención de un hombre de 33 años acusado de abusar sexualmente de una nena de 11. Ahora, investigan si la víctima está embarazada como consecuencia de los ataques.

El operativo, ordenado por la fiscal Fabiola Juanatey, se hizo en una casa del barrio Olimpo y estuvo a cargo de efectivos de la DDI local.

La causa se inició el 21 de enero pasado a raíz de la denuncia de la mamá de la menor, una mujer de 40 años que es dueña de un taller de ropa. Según su testimonio, el acusado trabajaba como empleado en su negocio.

La madre también advirtió que el sospechoso, de nacionalidad boliviana, habría intentado abandonar el país, lo que aceleró la intervención judicial y la orden de detención en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos.

En su declaración, la denunciante aseguró que su hija habría sido abusada durante al menos tres años por el hombre, que aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con ella para someterla. El último ataque habría ocurrido en diciembre.

En los últimos días, la nena comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, lo que llevó a la familia a pedir un turno médico en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, en el barrio porteño de Flores.

Allí, según publicaron distintos medios locales, los médicos le hicieron estudios para confirmar si la menor está embarazada como consecuencia de los abusos. La familia se encuentra a la espera del resultado de los estudios.

La causa quedó caratulada de manera preventiva como “Abuso sexual ultrajante con acceso carnal”. Intervienen la fiscal Fabiola Juanatey y la jueza de Garantías N.º 6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni.

En tanto, el acusado permanece detenido mientras avanza la investigación.

Fuente: TN

La Justicia revocó la prisión domiciliaria del ex instructor de Bomberos de Córdoba Rodrigo Santi, acusado de abuso sexual contra menores, luego de que un allanamiento de urgencia en la vivienda donde cumplía el arresto revelara que tenía un teléfono celular, elemento cuyo uso estaba expresamente prohibido.

Según informaron fuentes judiciales a Agencia Noticias Argentinas, la medida se adoptó tras un procedimiento realizado en una vivienda de la ciudad de Villa María, donde el acusado cumplía la domiciliaria. Allí, los investigadores hallaron el celular oculto dentro del depósito de polvo de una aspiradora, junto con el chip que utilizaba para comunicarse.

Ante esta situación, la Fiscalía de Fuero Múltiple N°2 de Villa María dispuso revocar el beneficio otorgado el 23 de diciembre de 2025, ordenar su traslado al Establecimiento Penitenciario N°5 y dejar sin efecto la colocación de la tobillera electrónica. Además, se indicó que el Servicio Penitenciario deberá garantizar la atención médica y psicológica necesaria, de acuerdo a su estado de salud.

Las acusaciones y las denuncias de irregularidades

La causa contra Santi se inició meses atrás, cuando varias víctimas denunciaron abusos ocurridos durante prácticas en el cuartel de Bomberos. Actualmente, el ex instructor enfrenta cinco imputaciones: tres abusos sexuales simples a menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.

Desde la querella vienen denunciando irregularidades en el proceso, entre ellas la concesión de la prisión domiciliaria por problemas de salud mental, notificada a las víctimas varios días después de haber sido otorgada, y la falta inicial de control con tobillera electrónica.

El abogado de una de las víctimas, José Tomás Corigliano, sostuvo que el acusado “salía del domicilio y se movía por la zona”, y cuestionó además un acuerdo de juicio abreviado que redujo la posible pena de 12 o 14 años a ocho años de prisión.

Corigliano calificó el caso como “escandaloso”, denunció incompatibilidades éticas en la actuación de ex funcionarios vinculados a la defensa y aseguró que Santi “es un abusador serial”, al tiempo que afirmó que existirían más víctimas, aunque esos hechos estarían prescriptos.

Con la revocación de la domiciliaria, Rodrigo Santi volverá a cumplir prisión efectiva en un penal cordobés, mientras la causa continúa su curso judicial.

Fuente: NA

La causa judicial que sacude a la Legislatura bonaerense sumó en las últimas horas un nuevo y grave capítulo. La fiscal Ana Claudia Roche resolvió ampliar las imputaciones contra Nicolás Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado bonaerense, quienes permanecen detenidos y son acusados de liderar una estructura de características sectarias dentro del ámbito legislativo.

La decisión se tomó luego de que dos nuevas víctimas prestaran declaración, aportando testimonios que describen abusos sexuales reiterados y prácticas de sometimiento físico y psicológico. Según trascendió, los nuevos elementos probatorios indican que los hechos no solo habrían ocurrido en ámbitos privados, sino también en despachos de la Cámara Alta, en pleno centro de La Plata.

De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscalía analiza ahora si existió una red de encubrimiento que involucró a funcionarios de mayor jerarquía, a partir de los lugares donde se habrían cometido algunos de los abusos y del acceso institucional de los imputados.

El dictamen judicial sostiene que las víctimas eran captadas mediante un ardid de tipo “guía espiritual” o “mesiánico”, para luego ser sometidas a vejaciones físicas y abusos sexuales. En ese marco, resultaron claves las pruebas obtenidas de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que permitieron avanzar en la ampliación de la acusación.

Respecto del rol de Silva Muñoz, la imputación señala que lejos de proteger a las integrantes del grupo, cumplía una función activa en la captación y el sometimiento psicológico de las jóvenes. La Justicia remarcó que su participación fue necesaria para sostener el entramado de abusos.

Actualmente, el expediente reconoce cuatro víctimas formalmente identificadas —dos en una causa iniciada en 2019 y otras dos incorporadas en 2025—, aunque los investigadores estiman que el número real de mujeres atacadas podría ser mayor. Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud mental, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.

Los testimonios coinciden en la existencia de rituales de castigo físico, como laceraciones y caminatas sobre fuego, que tenían como objetivo anular la voluntad de las víctimas. En esa línea, la investigación profundiza ahora sobre la posible responsabilidad de otros niveles del Senado bonaerense.

Según consta en la causa, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos bajo la promesa de una pasantía. A partir de 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto sistemáticos, con la consolidación de una presunta organización denominada “Orden de la Luz”.

Dentro de esa estructura, Rodríguez era presentado como una figura con rasgos sobrenaturales, bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz actuaba como guía espiritual o “sensei”. Las víctimas relataron controles permanentes, amenazas y comunicaciones con lenguaje codificado, lo que, para la Justicia, refuerza la hipótesis de una organización planificada y no de hechos aislados.

La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y se incorporen más testimonios.

Fuente: DIB

Paula Martínez fue abusada el 10 de diciembre de 2016 durante una fiesta en Florencio Varela. Denunció que fue drogada con escopolamina, raptada y violada por varios jóvenes. Durante años sostuvo la acusación, atravesó procesos judiciales, amenazas y hostigamientos.

El 26 de diciembre de 2021, con 23 años, la encontraron muerta en su casa. Se había quitado la vida. Su mamá sostiene que no resistió la revictimización y el amedrentamiento constante por parte del entorno de los acusados, ya que Paula encabezó múltiples marchas y pidió justicia por televisión.

A nueve años de la violación grupal que denunció, y a más de cuatro de su muerte, su mamá vuelve a pedir justicia. No solo por las condenas ya dictadas y el juicio que absolvió al último acusado, sino por un ADN clave que sigue siendo una incógnita.

Sandra Zapata aseguró que las pericias arrojaron la existencia de un sexto ADN que hasta el momento no fue identificado, y que no corresponde a ninguno de los imputados que ya fueron juzgados.

Paula Martínez, la víctima que denunció una violación grupal en Florencio Varela. (Foto: TN)

Actualmente, el expediente judicial está dividido en dos líneas. Por un lado, las causales de muerte de Paula, que continúa abierta pero sin resolución, pese a haber pasado más de cuatro años.

Por otro, una causa paralela que fue archivada y que es la que hoy la familia busca reactivar: la que investiga la presencia de un perfil genético masculino NN detectado en el material recolectado tras el abuso.

Según consta en la causa, ese ADN no coincide con ninguno de los cinco hombres que fueron juzgados. Sin embargo, la investigación fue archivada con el argumento de que en la Argentina no existe un banco de violadores que permita realizar comparaciones.

La mamá de Paula asegura que ese fundamento es falso, que el Banco Nacional de Datos Genéticos existe y puede ser utilizado para avanzar en la identificación.

Por ese motivo, pide que el expediente sea desarchivado y que se ordenen nuevas pericias. En concreto, solicita que se comparen los perfiles genéticos con personas señaladas durante la investigación y con testigos aportados por las defensas de los abusadores. “Hay un sexto ADN que nunca fue explicado. Ese dato sigue sin respuesta”, sostiene.

La causa por el abuso sexual está en manos de la fiscal Mariana Dongiovanni, de la UFI 2, una funcionaria cuestionada por familiares de víctimas y organismos por su falta de compromiso en este tipo de expedientes. “Esta mujer desampara por completo a las víctimas”, expresó Sandra. 

En el primer juicio, realizado en 2022, la Justicia bonaerense condenó a Diego Gabriel Domínguez, Gonzalo Daniel Sandoval, Gustavo David Carbonel y Guillermo Adrián Chávez por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Domínguez recibió la pena más alta, de 20 años de prisión, por haber sido funcionario público (ex Guardia Comunal de Florencio Varela), mientras que los otros tres fueron sentenciados a 19 años de cárcel. Todos fueron considerados coautores del ataque.

En tanto, el quinto acusado, Mauro Nair Goncalves, permaneció prófugo durante cinco años. Por él, el Ministerio de Justicia ofreció una recompensa de cuatro millones de pesos.

Difunden la cara del sospechoso en las redes para facilitar la búsqueda. (Foto: Instagram/ personasdesaparecidasba)

Goncalves fue finalmente detenido en 2022 y juzgado en un debate aparte, a pedido suyo, mediante un jurado popular en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Florencio Varela. El jurado lo declaró no culpable.

Aun así, el resultado del juicio no despejó una de las principales incógnitas del caso sobre la presencia de un sexto perfil genético que no corresponde a ninguno de los hombres sentados en el banquillo.

Ese dato, que figura en el expediente, quedó sin investigación activa tras el archivo de la causa. Para la familia de Paula, se trata de una deuda central del sistema judicial. “No se puede cerrar una historia cuando hay una prueba biológica que indica que falta alguien”, remarcó su mamá.

En paralelo al reclamo judicial, la mamá de Paula denunció estar atravesando una situación que define como grave. “Tanto la Policía Bonaerense como la Guardia Comunal del Municipio de Florencio Varela me siguen, vigilan mis movimientos y generan un ambiente de intimidación hacia mí y mis hijos”, reveló.

Sandra asegura que cuenta con pruebas y testigos que respaldan esos hechos y por eso solicita protección urgente. En particular, pide que se le otorgue custodia fija dependiente de fiscalías y no de comisarías, por temor a sufrir represalias.

La mamá de Paula Martínez sigue pidiendo justicia. (Foto: Instagram SamZapa)

“Con todo el dolor que implica volver a exponerme, recurro nuevamente para que el caso tenga visibilidad, para que haya justicia y respuestas”, señaló.

El reclamo no se limita al pasado, sino que apunta a una investigación que considera inconclusa y a una prueba científica que, hasta hoy, no fue explicada.

Fuente: TN

Un adolescente de 17 años con retraso madurativo denunció haber sido víctima de un ataque sexual en la localidad de Los Mojones, Santiago del Estero. Tras las primeras medidas de investigación, cuatro hombres fueron detenidos, acusados de haber abusado de él en un rancho abandonado.

La madre del joven radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia en noviembre, luego de que su hijo relatara el hecho. De acuerdo con su testimonio, el grupo de agresores lo interceptó y lo llevó por la fuerza hasta un rancho alejado de la zona urbana.

La mujer señaló que, bajo amenazas con un cuchillo, los hombres habrían atado al adolescente de manos y pies con sogas y cintas de nylon para someterlo sexualmente. Parte del ataque fue presenciado por algunos adolescentes del lugar, quienes alertaron a la madre de la víctima.

Con esta información, la fiscal Florencia Torres ordenó pericias médicas de urgencia, que confirmaron lesiones compatibles con abuso sexual. En paralelo, personal de la División Trata de Personas y Delitos Conexos realizó tareas para identificar a los sospechosos, cuyos apellidos son Toledo, Aguirre y Del Castaño.

Con las evidencias reunidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención de los acusados. Los operativos se concretaron en cuatro viviendas del barrio, donde además se secuestraron elementos de interés para la causa: tres teléfonos celulares, cintas de nylon con nudos, una soga blanca de 80 centímetros y un cuchillo tipo tramontina.

Los detenidos enfrentan cargos por abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas, y quedaron a disposición del Juzgado de Control y Garantías. La causa es instruida por la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.

Fuente: con información de TN

Además de imponerle una restricción de 300 metros, allanar las propiedades y secuestrarle las computadoras y los celulares fue una de las primeras medidas que se tomó en la causa en la que se investiga si el empresario Marcelo Porcel (51) abusó de al menos nueve chicos, dos de ellos hermanos, compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico, con modus operandi persistente que funcionaba captando la confianza de los chicos, pero también la de sus padres. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave.

Fuentes del caso dijeron  que se trata de dos celulares marca XIAOMI (modelos M2007J3SY y 2208121206) que fueron secuestrados durante los procedimientos en el domicilio del imputado de la avenida Godoy Cruz al 3000, en el barrio porteño de Palermo, en septiembre de 2024.

Todo fue peritado por un especialista de la División Análisis y Pericias Tecnológicas (DAPT). El informe, con fecha del 29 de octubre pasado, consta en la causa que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

Allí, el especialista dejó en claro que, digitalmente, se “identificaron 23 imágenes tentativamente de interés” en uno de los teléfonos, pero finalmente se quedó con “cinco”, que podían estar vinculadas a la causa contra el empresario.

Fuentes del caso describieron que, en ese pack de cinco fotos, se ve a un adolescente “desnudo de frente y de cuerpo entero bajo la ducha”. Como anotación dejó en claro que “aparenta ser una captura de pantalla” de una cámara oculta. Luego, en otra imagen, el especialista resaltó que se ve a un chico vistiéndose: “Poniéndose un calzoncillo al lado de una cama, totalmente desnudo”.

“De las cinco imágenes hay dos capturas de video de un mismo menor desnudo, de frente, en el interior de una bañera de doble puerta de vidrio traslúcido”, ampliaron las fuentes del caso y destacaron que fueron reconocidas por una de las víctimas y por sus padres, que son uno los siete querellantes del caso.

Y continuaron: “(La víctima) Identificó con exactitud que el lugar era el baño que usaban los menores cuando iban a quedarse a dormir en el departamento de la familia Porcel”. De ese domicilio de la calle Godoy Cruz, el acusado se mudó tras el escándalo.

En tanto, en el otro celular peritado, el especialista constató la existencia de “tres imágenes de personas presuntamente menores de posible interés para la causa”.

Porcel, actualmente en Punta del Este por el casamiento de su sobrina, fue denunciado en julio de 2024 por llevar a los adolescentes a su domicilio de la calle Godoy Cruz y a su oficina de Avenida del Libertador, del barrio porteño de Retiro, en donde organizaba “reuniones y fiestas”. Según la causa, todo esto sucedió “de manera reiterada durante los años 2022 al 2024″ y sin poder precisar la cantidad de veces.

Los chicos presuntamente abusados eran compañeros del hijo del acusado en el Colegio Palermo Chico

Allí, siempre según la causa, les proveía alcohol, organizaba juegos, apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa, “incitándolos a desnudarse completamente en la parte inferior de sus cuerpos, a fin de lograr observar sus partes íntimas”.

Durante estos encuentros, los chicos contaron en Cámara Gesell que el empresario “les efectuaba masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas”.

El fiscal Turano cuando pidió la indagatoria el pasado 3 de diciembre lo hizo por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de un menor de (18) años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales. No adhirió a la solicitud de la querella del arresto del imputado.

Pero Porcel aún no fue indagado. ¿La razón? La querella sumó a un nuevo denunciante y entonces el expediente debió volver a manos de Turano para que le corra vista. Una vez resuelto este paso procesal obligatorio, el juez Bruniard podrá decidir cuándo citar al imputado.

La única restricción vigente hasta el momento es la prohibición absoluta dictada el 30 de septiembre de 2024 que impide a Porcel acercarse o tomar contacto, ya sea de manera presencial en un radio de 300 metros, o a través de dispositivos electrónicos, con los menores víctimas, los menores testigos y sus familiares directos.

El expediente muestra que el imputado no ha impugnado ninguna de las pruebas aportadas por los padres, ni el carácter de querellante de los progenitores ni la capacidad de los menores para declarar ni los informes periciales psicológicos y técnicos.

Fuente: Infobae

El Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata condenó hoy a 20 años de prisión a un hombre por haber explotado económicamente a dos exparejas que ejercían la prostitución y por el abuso sexual reiterado, desde que era niña, de una adolescente. Además, en un hecho inédito para la justicia federal de la jurisdicción, se dispuso no solo una reparación dineraria, sino la “restitución in natura” de una vivienda para dos de las víctimas y que el dinero incautado en la investigación sea destinado a la tercera. En el juicio intervino el fiscal general subrogante ante ese TOF, Carlos Fioriti.

El condenado fue Christian Gilberto Bustos, quien fue considerado autor del delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución en perjuicio de dos mujeres agravado por haber sido conviviente de ellas y por haberse aprovechado de situaciones de vulnerabilidad y haber mediado violencia y amenazas (contemplado en el artículo 127 del Código Penal), en concurso real con el de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando su situación de convivencia dado que era hija de una de sus exparejas, y el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en cinco hechos (artículo 119 del C.P.), en perjuicio de la tercera víctima.

Los jueces Roberto Falcone, Fernando Minguillón y Nicolás Toselli -quien siguió el debate de manera remota- resolvieron también de manera unánime revocar en forma provisoria la prisión domiciliaria de la que goza Bustos y ordenar su inmediato alojamiento en la delegación local de la Policía Federal Argentina.

En este sentido, el tribunal resolvió que el hombre sea evaluado personalmente por un especialista en oftalmología del Cuerpo Médico Forense a fin de determinar la patología que padece, el grado de disminución visual que presenta y, en su caso, si su supuesta incapacidad le impide cumplir la pena de prisión impuesta en una unidad carcelaria federal.

El veredicto, cuyos fundamentos se darán a conocer el 2 de febrero, ordenó también la reparación de las víctimas N.C. y de S.P.G. a la suma de 20 millones de pesos, en virtud del daño material y moral ocasionado por resultar víctimas de explotación sexual. En tanto para XM, quien era adolescente al momento de los hechos, en virtud del daño moral ocasionado se resolvió una reparación por 30 millones de pesos.

Por otro lado, en una resolución sin precedentes en la Justicia Federal marplatense, se ordenó la restitución in natura del inmueble de Playa Serena, por ser instrumento resultante de la explotación. En este sentido, una vez que la sentencia quede firme, deberá librarse un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble provincial para que inscriba la casa a nombre de N.C. y S.P.G.. En tanto, a X.M. se ordenó restituirle el dinero (en pesos, dólares y euros) secuestrado en el marco de la causa. De esta manera, se garantiza una reparación primaria y directa a las víctimas de estos delitos.

Por último, se dispuso el secuestro y decomiso de una camioneta Volkswagen Amarok, una furgoneta Nuevo Fiorino y una moto Honda XR 250, que quedarán a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Durante el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Fioriti, de la Unidad Fiscal Mar del Plata, cuyo titular es el fiscal general Daniel Eduardo Adler, y por Inés Jaureguiberry, por la Defensoría Pública de Víctimas, quien actuó como querellante.

En el alegato del 4 de diciembre pasado, el fiscal había solicitado una pena de 25 años de prisión, ya que también había acusado a Bustos por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, bajo la modalidad de acogimiento.

El fiscal general subrogante Carlos Fioriti, el día de su alegato ante el TOF de Mar del Plata. Foto: B. Cano.

El caso

Al exponer la acusación, Fioriti indicó que en el caso de S.P.G., fue trasladada por el imputado de La Plata a Mar del Plata y fue sometida al ejercicio de la prostitución desde que tenía 18 años, en 2001. El cálculo que hizo la fiscalía, con el monto actualizado, es que Bustos se llevaba unos mil dólares diarios por la explotación sexual de su entonces pareja.

El segundo hecho tuvo como víctima a N.C., cuyo vínculo con Bustos se había iniciado en 2010, luego de que ella fuera con sus dos hijos a vivir a la casa de su madre en Mar del Plata, tras una relación trunca. Seis meses después, mientras la mujer cursaba un embarazo, el acusado dispuso en 2013 la mudanza a otra vivienda en esa ciudad. De acuerdo con la investigación, en ese entonces Bustos comenzó a insistir para que la víctima se prostituyera. Según reconstruyó la querella, la situación de explotación se repitió todas las noches, durante cinco años, sin importar el clima ni el estado de salud de la mujer.

El tercer caso es el de X.M., hija de N.C., quien tenía 9 años cuando comenzó a convivir con Bustos. De acuerdo con lo relato por la parte acusadora en el juicio, a sus 14 años X.M. era obligada a realizar las tareas de la casa y a cuidar de sus hermanos más chicos, mientras el acusado explotaba a su mamá. Según la acusación, las situaciones de abuso sexual comenzaron en 2011, cuando el acusado ejercía tocamientos en sus partes íntimas, y continuó poco tiempo después, con 11 años, con abuso sexual con acceso carnal, por primera vez. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, hubo al menos cinco situaciones de abuso.

Fuente: Fiscales.

Marcelo Porcel se encuentra en Punta del Este, Uruguay, por el casamiento de su sobrina. Se quedará allí hasta el 5 de enero, al menos ese fue el permiso que tuvo de la Justicia, ya que está imputado por los presuntos abusos denunciados por los compañeros de sus hijos del Colegio Palermo Chico. En el expediente contra el empresario se incluyen tocamientos, masajes en las piernas con una crema con olor a menta -y no sólo tras partidos de fútbol-, un video de chicos corriendo en calzoncillos y dos fotos a un adolescente duchándose.

Esta semana, la causa en la que también las víctimas describieron reuniones en las casas y en la oficina del acusado, en donde incitaba a los adolescentes a beber alcohol y les daba plata para hacer apuestas online; sumó un nuevo querellante, pero no buenas noticias para las víctimas: no hubo adhesión por parte de la Fiscalía al segundo pedido de detención de Porcel.

En ese contexto, este medio accedió a parte de lo que denunciaron los nueve chicos que se presentaron a declarar en Cámara Gesell. Hay que aclarar que dos de ellos son hermanos, en un expediente que investiga la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1 de Pablo Turano, y que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

Desde el 5 de julio de 2024, el día en que se activó la causa, entre todas las víctimas que denunciaron al empresario ante la Justicia ya suman siete querellantes y un denunciante, todos patrocinados por el mismo abogado Pablo Hawlena Gianotti. En las últimas horas del viernes, otro damnificado se presentó ante la Justicia.

En ese contexto, por orden judicial ya fueron allanados los domicilios y las oficinas de Porcel y se secuestraron computadoras y celulares para ser peritados. Además de que se hicieron las Cámaras Gesell a todos los menores, también el juzgado le dicto una restricción al empresario que le impide acercarse a las víctimas a 300 metros, por lo que no puede ir al colegio ni al club GEBA (Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires), donde los chicos practican deportes. Aunque, los cuatro hijos de Porcel ya no concurren al Palermo Chico.

Todas las víctimas concurrían al Colegio Palermo Chico

Por lo pronto, el pasado 27 de noviembre, las querellas presentaron un pedido de indagatoria y detención de Porcel. Fue por los delitos de abuso sexual agravado por la condición de guarda, corrupción de menores agravada y producción y tenencia de imágenes de un menor (en dos hechos) más posible distribución de esas imágenes.

“Hay dos imágenes captadas a través del lente de una cámara oculta que enfoca a la ducha de uno de los baños del domicilio de Porcel de la calle Godoy Cruz. Las dos fotos son del mismo menor", explicaron fuentes del caso con acceso al expediente.

Y dijeron que el macro de las declaraciones de las víctimas incluye “tocamientos de zonas inguinales, nalgas, testiculares y de pene, no en todos y no con todos; y más de uno vivió eso”. También indicaron que algunos de esos manoseos sucedieron por encima y por debajo de los pantalones, “en ocasión de hacerles masajes con una crema que tenía olor a menta post futbol y también cuando los chicos estaban borrachos”.

Hay que recordar que la denuncia dice que Porcel “organizaba las reuniones con los compañeros de su hijo y les daba alcohol e, incluso, los incentivaba a beber con dinero".

En las descripciones que hicieron las víctimas de esos encuentros, se mencionó que hubo desafíos de alcohol a cambio de figuritas del Mundial Qatar 2022 y que les ofreció dinero por dar una vuelta en calzoncillos a una mesa de la oficina.

“También les transfería plata para que jugaran on line y los promovía a apostar, aun cuando uno de los adolescentes tiene problemas de ludopatía”, comentaron.

Esas reuniones se hacían en el domicilio familiar de Palermo del imputado, pero también en el departamento vacío de su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero o en sus oficinas. Todo atravesado por insistencias para que los chicos se quedaran a dormir, mensajes de WhatsApp y el pedido de que todo quedara entre ellos. El traslado, claro, corría por su cuenta.

El fiscal Turano solicitó la indagatoria para Porcel el 3 de diciembre pasado e, incluso, agravó uno de los delitos de la querella: fue por abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción y tenencia de imágenes de un menor (2 hechos). Pero no adhirió al pedido de detención, al considerar que el imputado estuvo a derecho siempre, que no hay riesgo de fuga, que tiene arraigo en el país y no posee antecedentes penales.

La defensoría de Menores coincidió con el funcionario judicial: sí a la indagatoria, pero no a la detención. Pero Porcel aún no fue indagado. ¿La razón? La querella sumó a un nuevo denunciante y entonces el expediente debió volver a manos de Turano para que le corra vista. Una vez resuelto este paso procesal obligatorio, el juez Bruniard podrá decidir cuándo citar al imputado.

Así las cosas, la defensa de las víctimas reiteró el pasado 15 de diciembre el pedido de detención de Porcel. “Descubrieron que se había mudado de su casa de la calle Godoy Cruz y no había avisado”, detallaron las fuentes del caso. Pero el fiscal no adhirió otra vez. Dos días después, Porcel salía rumbo a Punta del Este.

Fuente: Infobae

Un grave episodio sacudió a la Policía Bonaerense en Luján tras la denuncia de una joven agente que aseguró haber sido abusada sexualmente por un compañero mientras dormía en una habitación destinada al personal femenino dentro de la Departamental de Seguridad local.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió cerca de las 23.30 del jueves 4 de diciembre, cuando la víctima descansaba en uno de los dormitorios del primer piso del edificio. En ese contexto, otro efectivo ingresó sin autorización, se metió en la cama y la habría besado y manoseado de manera forzada. La mujer logró zafarse y, en estado de shock, bajó corriendo a la Comisaría Luján Primera para pedir auxilio.

La denuncia fue recibida por una comisaria inspectora que se encontraba a cargo de la seccional. Posteriormente, la agente fue trasladada al Hospital Municipal Nuestra Señora de Luján, donde recibió atención médica y contención psicológica.

De acuerdo a lo informado por el medio local El Civismo, el acusado ya habría intentado un ataque similar contra otra joven policía tiempo atrás. Esa primera víctima no habría denunciado en su momento, pero al conocerse el nuevo episodio decidió presentarse ante las autoridades para exponer su caso.

En el plano penal, la causa es investigada como un delito grave, mientras que en el ámbito administrativo intervino la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, que inició un sumario para determinar responsabilidades y evaluar la conducta del efectivo denunciado.

La Departamental de Seguridad de Luján cuenta con habitaciones adaptadas como dormitorios para el personal que llega desde otras ciudades a cumplir servicio. El caso vuelve a poner en foco las condiciones internas, los controles y los mecanismos de prevención dentro de las fuerzas de seguridad.

Fuente: Dib

La Justicia condenó a 10 años de prisión a Marina Jiménez, fundadora y directora del Ballet Salta, por abusar sexualmente de su nieto entre los 10 y los 17 años. La sentencia fue confirmada por su hijo Aníbal Jiménez, quien actuó como denunciante en la causa y expresó tras el fallo: “Se hizo justicia”.

El caso se inició en 2022, cuando Emanuel, hoy de 31 años, decidió llevar su testimonio a los tribunales. En declaraciones a TN, relató lo difícil que fue para él poder hablar: “Es muy doloroso, me costó mucho poder hablarlo, sentí mucha vergüenza por mucho tiempo. No sabía ni cómo manejarlo”.

El joven contó además que la primera persona con la que pudo compartir lo sucedido fue un amigo en 2021, y que desde entonces continúa trabajando el trauma con su terapeuta.

Según la denuncia, los abusos comenzaron con manoseos y se prolongaron durante años. Emanuel recordó que su abuela le decía que no debía contarlo porque “íbamos a tener un problema”. El relato fue acompañado por sus padres y su hermano, quienes sostuvieron el proceso judicial.

La sentencia establece una pena de 10 años de prisión, aunque resta definir si será de cumplimiento efectivo o bajo arresto domiciliario, decisión que dependerá de la edad y el estado de salud de la condenada, de 73 años.

Fuente: con información de TN

Una nena de 12 años de la comunidad wichí vivió una situación límite en Tartagal, al norte de Salta. En las últimas horas, se encadenó en el edificio de la Ciudad Judicial por miedo a que la Justicia intentara obligarla a interrumpir su embarazo de cinco meses, producto de un abuso sexual.

La confusión surgió a partir de la citación judicial: la víctima interpretó que la audiencia era para forzarla a abortar, cuando en realidad solo debía prestar declaración testimonial en el marco de la causa penal.

Durante la protesta, la nena estuvo acompañada por su propia madre y por la referente wichí Marcela Calermo.

Todo empezó con una denuncia presentada por la fiscal penal de Violencia de Género de Tartagal, tras un caso de abuso sexual ocurrido en un paraje donde vive la comunidad wichí.

El acusado es un joven de 19 años, sobre quien pesa una orden de detención por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

En esta misma causa, la víctima fue citada días atrás para declarar a través de un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), para resguardar su integridad y privacidad.

Sin embargo, la nena creyó que la convocatoria era para interrumpirle el embarazo en contra de su voluntad. Por eso, se encadenó en el edificio judicial, con su familia y referentes de la comunidad.

Ante la escena, una psicóloga del Ministerio Público de Tartagal intervino de inmediato. Le explicó a la nena que la citación era solo para que pudiera contar lo sucedido, y que nadie podía obligarla a interrumpir el embarazo en contra de su voluntad.

También se sumó un intérprete para garantizar que tanto ella como su familia entendieran perfectamente el procedimiento.

Una vez despejadas las dudas, la víctima accedió a brindar su testimonio y la causa judicial pudo avanzar.

En diálogo con distintos medios locales, la directora de Materno e Infancia de Salta, Patricia Leal, contó que fue ella quien detectó el embarazo durante un operativo sanitario en la zona rural, cuando la nena tenía unas ocho semanas de gestación.

Leal aclaró que la madre fue informada sobre todas las opciones legales, tanto la posibilidad de continuar con el embarazo como la de interrumpirlo, pero remarcó que “de ninguna manera se la obligó a abortar”.

Desde entonces, la menor recibe controles médicos periódicos en el hospital de Tartagal, con seguimiento de un equipo de tocoginecología, psicología, asistencia social y nutrición. Incluso fue internada para realizarle todos los estudios necesarios, ya que vive en una zona alejada.

Paula Tackzek, directora de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Tartagal, enfatizó que la ley argentina no puede obligar a nadie a interrumpir un embarazo en contra de su voluntad. Asimismo, recordó que una nena no puede dar consentimiento para mantener relaciones sexuales.

El Juzgado de Garantías N°2 ya ordenó la detención del joven acusado, y la Policía continúa con la búsqueda.

Fuente: TN

Dos hombres fueron detenidos en un operativo realizado por la DDI tras el feroz ataque a la Escuela Primaria N°21 y la vivienda de un chico denunciado por un supuesto abuso a dos niñas que asistían a la misma institución educativa. 

Desde la fiscalía, Alejandro Pellegrinelli, declaró en diálogo con El Marplatense que uno de los aprehendidos “es el autor principal del incendio y el otro fue vinculado a una causa por tenencia de estupefacientes”. 

Asimismo, señaló que se “allanaron tres domicilios y nueve personas fueron imputadas en total. El resto fue notificados por participación en el incendio, daño agravado en la escuela y lesiones a la madre del menor”. 

A la par del avance de la investigación, el Consejo Escolar comenzó con las reparaciones de la institución que lleva semanas con las clases suspendidas. En este sentido, Celeste González Bracciale, consejera escolar, explicó en diálogo con El Marplatense que “desde el día de los incidente se comenzaron las reparaciones. Primero se trabajó en el exterior, los vidrios, las cerraduras y las rejas. Después se hizo un relevamiento en el interior donde también hubo destrozos en las paredes”. 

De igual modo, recalcó que “el Consejo Escolar que tiene a cargo la reparación de la infraestructura, ya las resolvió, lo único que está quedando pendiente es una reja exterior que se mandó a fabricar a medida y con eso concluirían las tareas”. 

El monto hoy asciende a 7 millones de pesos entre el exterior e interior de la escuela N°21 y la secundaria N°54. 

Por otro lado, aclaró que “como Consejo Escolar no tenemos competencia ni estamos a cargo de las decisiones que se relacionan a lo pedagógico e institucional, pero te puedo confirmar que los docentes ya se encuentran en la institución y seguramente estén trabajando en algún plan de continuidad pedagógica. Qué día van a retomar las clases depende de otro organismo, la Jefatura Distrital”.

El 11 de noviembre un grupo de padres de la Escuela Primaria N°21 se apersonó en la institución, ubicada en Onésimo Leguizamón y Bolívar, luego de que dos madres denunciaran que sus hijas habrían sido abusadas sexualmente por un alumno de un grado superior. 

Con los alumnos fuera del colegio, los padres ingresaron generando destrozos y enfrentamientos que derivaron en la intervención de personal de prefectura para dispersar a los manifestantes. 

No obstante, el grupo de familiares se dirigió hasta la vivienda del joven acusado y la prendieron fuego. La fiscal Mariana Baqueiro, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quedó a cargo de la investigación donde se deberán esclarecer las denuncias de abuso sexual y los actos de violencia de los padres.

En un contexto de creciente visibilización de los abusos contra niñas, niños y adolescentes, profesionales de la ONG aseguran que en la ciudad no aumentaron los hechos, pero sí las denuncias gracias a la Educación Sexual Integral (ESI). También remarcan que faltan dispositivos terapéuticos para agresores infantiles, demoras judiciales y mayor apoyo municipal.

La problemática del abuso sexual infantil sigue siendo una preocupación central en Mar del Plata. Para la ONG A.N.A, que desde 1997 brinda asistencia a víctimas y a sus familias, el escenario actual muestra más visibilidad y más denuncias, aunque no necesariamente un incremento real de casos. “No es que haya más abusos, sino que hoy, a raíz de la ESI y de las políticas de género, se denuncian más tocamientos. Ya no vemos con la misma frecuencia las violaciones graves de otras épocas”, explicaron Mónica Deramo (trabajadora social) integrante del equipo de la ONG en diálogo con El Marplatense.

Según la profesional aún falta acompañamiento institucional más sostenido: “Con el Municipio ha sido complejo. Nuestra ONG funciona desde 1997 y recién en 2007 logramos un convenio provincial. A nivel municipal, no hubo respuestas cuando solicitamos asistencia económica como institución”.

Otra problemática creciente es la falta de dispositivos para trabajar con agresores que también son niños. “En los últimos años atendimos muchos casos donde el agresor era un niño. Informamos a los Centros de Protección porque necesita un espacio de atención, pero nosotros no lo podemos atender. Ese dispositivo no existe y es una deuda”, remarcó Mariana Good, psicóloga, y parte de la ONG.

Respecto de la Justicia, el diagnóstico es crítico. “La mayoría de las causas por tocamientos terminan archivadas, no porque no haya existido la situación abusiva, sino porque no hay pruebas suficientes. Eso genera frustración en las familias”, explicó la abogada Natalia Álvarez. 

La ONG sostiene que el error es tratar estos hechos exclusivamente como un problema probatorio, cuando deberían abordarse también como un fenómeno social que demanda intervenciones integrales.

Las profesionales remarcaron, además, la necesidad de ampliar la red asistencial. “Cuando tenemos mucha lista de espera, los chicos no tienen otros dispositivos donde recurrir en los centros asistenciales barriales. Ese faltante se siente”, señalaron.

Los datos internacionales acompañan la preocupación: en Argentina 1 de cada 10 mujeres afirma haber sufrido violencia sexual durante su niñez, y a nivel global entre 240 y 310 millones de niños y hombres atravesaron abusos en su infancia.

Al ser consultadas sobre el impacto de las estadísticas dijeron:  “Son cifras durísimas. Refuerzan que esto no es un hecho aislado ni individual, sino un problema social que requiere equipos interdisciplinarios y trabajo interinstitucional permanente”.