Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina (PFA) realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio Alfar, en el marco de una causa por producción y comercialización de material de abuso sexual infantil. Durante el procedimiento, identificaron a un joven argentino de 20 años y secuestraron una computadora de escritorio y dos teléfonos celulares para su posterior análisis.

La investigación judicial se inició a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, a cargo de la fiscal Graciela Trill. A partir de distintas tareas de análisis de datos e inteligencia de campo, los investigadores lograron individualizar un inmueble en el que presuntamente se desarrollarían maniobras vinculadas con la producción y distribución de representaciones sexuales de personas menores de 18 años.

La causa se encuentra encuadrada en una presunta infracción al artículo 128 del Código Penal, contemplada en la Ley 27.436. Con los elementos reunidos durante la investigación, la titular del Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, Rosa Frende, autorizó la orden de allanamiento para el domicilio ubicado en el barrio Alfar.

Durante el operativo, los efectivos notificaron al morador de la vivienda sobre el inicio de las actuaciones procesales. Se trata de un joven argentino de 20 años, cuya situación quedó vinculada a la investigación judicial.

Además, la Policía Federal secuestró una computadora de escritorio (CPU) y dos teléfonos celulares. Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a peritajes informáticos para determinar si contienen elementos de interés para la causa.

Un hombre de 29 años fue detenido en el barrio Las Lilas, acusado de abuso sexual, lesiones y privación ilegítima de la libertad contra su pareja, de 36 años. El procedimiento se inició luego de que vecinos alertaran al 911 y la Policía acudiera a la vivienda, donde la mujer denunció que había permanecido retenida contra su voluntad durante más de 24 horas.

Tras el llamado de emergencia, efectivos del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría Duodécima y del Comando de Patrullas se desplazaron hasta el lugar. Allí entrevistaron a la víctima, quien relató que había sufrido golpes de puño en la cabeza, el pecho y las extremidades, además de agresiones sexuales que, según su denuncia, fueron cometidas mediante violencia física y amenazas.

A partir de la intervención policial, el fiscal Alejandro Berlingeri, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº5, ratificó el procedimiento y ordenó notificar formalmente al acusado por los delitos investigados. También dispuso su traslado a la Unidad Penal Nº44 de Batán, donde permanecerá a la espera de prestar declaración indagatoria este miércoles 28 de octubre.

En paralelo, la víctima recibió asistencia médica y contención en la Comisaría de la Mujer. Además, se ordenaron pericias y relevamientos fotográficos en la vivienda, a cargo de personal de la Policía Científica, para avanzar con la investigación.

Joaquín Levinton fue denunciado por su expareja por presunto abuso sexual con acceso carnal y amenazas. Según la presentación judicial, la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020 estuvo atravesada por episodios de violencia física y psicológica, además de situaciones de abuso.

La denunciante de 39 años contó que recientemente encontró registros audiovisuales de aquella época que le permitieron volver a recurrir a la justicia, ya que revivió situaciones que marcaron el vínculo.

En la denuncia describió con detalles un hecho puntual de violencia física en el cuál, según el relato, el cantante la habría tomado fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarla. La mujer aseguró que logró zafarse y escapar del lugar.

A raíz de esta denuncia, el cantante de Turf no se quedó callado y salió a explicar a través de sus redes sociales que está muy afectado por la situación.

“Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta mi casa de manera violenta”, aclaró

Levinton dijo que creyó que se trataba de un capítulo cerrado, ya que ella le había pedido perdón por redes sociales. “Continúa acosándome, mandándome fotos y videos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes", añadió.

Por último, expresó: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”.

Si Levinton es hallado culpable por la acusación de violación agravada por mediar “violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, o aprovechándose de que la víctima, por cualquier causa, no haya podido consentir libremente la acción”, según lo establecido en el artículo 119 del Código Penal, podría ser condenado a una pena de entre 6 y 15 años de prisión.

Horacio “Chacho” Asensio quedó nuevamente sin abogado en la causa que investiga presuntos abusos sexuales contra tres exjugadoras de hockey que eran menores de edad al momento de los hechos. Carlos Carnevale renunció a la defensa luego de la indagatoria realizada el lunes ante el fiscal Diego Torres.

El entrenador se había negado a declarar durante la audiencia y decidió ejercer su derecho a guardar silencio. Carnevale había asumido la representación de Asensio apenas unas horas antes de la indagatoria.  Anteriormente, el abogado bahiense Maximiliano Görg también había dejado la defensa.

 El acusado fue detenido el domingo en una vivienda ubicada en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata, durante un operativo realizado por personal de Cibercrimen de la Policía Bonaerense. Por orden de la jueza de Garantías Marisa Promé, fue trasladado a una dependencia policial de Coronel Pringles, donde permanece alojado por razones de seguridad.

La causa investiga hechos que habrían ocurrido principalmente entre 2012 y 2013, aunque las denuncias abarcan el período comprendido entre 2011 y 2014, cuando Asensio dirigía equipos femeninos de hockey del Club Deportivo Monte Hermoso. El entrenador está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Según la acusación, los hechos habrían sido cometidos por quien estaba a cargo de la educación o guarda de las víctimas. Las denunciantes declararon sobre distintas situaciones que, según sus testimonios, habrían ocurrido en espacios vinculados con la actividad deportiva y durante viajes con los planteles.

La investigación comenzó a avanzar a partir de nuevas declaraciones de las ex jugadoras, una de ellas declaró en abril de 2024 y posteriormente se incorporaron otros testimonios y elementos al expediente. La Fiscalía continúa con la investigación y deberá avanzar con nuevas medidas para determinar las circunstancias de los hechos denunciados y las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, Asensio deberá contar nuevamente con representación legal para continuar el proceso judicial.

Un hombre de 38 años fue detenido este viernes en el Palacio de Tribunales de Mar del Plata, luego de ser declarado culpable en una causa por abuso sexual con acceso carnal calificado.

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda en la zona de Tucumán y Brown, después de que un Tribunal de Juicio por Jurados emitiera el veredicto de culpabilidad.

Tras la resolución, el Tribunal en lo Criminal N° 4 del Departamento Judicial Mar del Plata dispuso la detención del acusado y su posterior traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Antes de ser alojado en el establecimiento penitenciario, el hombre fue sometido al correspondiente reconocimiento médico legal.

Un hombre de 33 años fue detenido en el marco de una causa por abuso sexual, lesiones leves agravadas por el vínculo, coacción y robo.

La investigación estuvo a cargo de personal de la Comisaría Octava, que realizó distintas tareas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios.

Con esos elementos, se llevaron adelante allanamientos en un domicilio y en el lugar de trabajo del acusado, donde finalmente fue detenido. Durante el procedimiento también se secuestró un teléfono celular Samsung A21S.

La causa se inició por un hecho ocurrido el 31 de julio en Batán, donde se denunciaron episodios de abuso sexual y lesiones.

Además, el hombre ya había sido aprehendido anteriormente por desobedecer una medida de restricción que se encontraba vigente.

Intervinieron la UFI N° 7, a cargo del fiscal Carlos Russo, y el Juzgado de Garantías N° 1. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La Cámara Nacional de Casación Penal resolvió hoy revocar el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y ordenó que la causa avance a juicio oral y público “a la mayor brevedad posible”, en un fallo dictado en la Ciudad de Buenos Aires por la Sala 3 del máximo tribunal penal.

La decisión, adoptada por mayoría con los votos de los jueces Alberto Huarte Petite y Horacio Días, dejó sin efecto el dictamen del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº16 que había sobreseído al jefe comunal por “falta de acción” y apartado a la denunciante del proceso.

En ese marco, Casación dispuso la reincorporación inmediata de Melody Rakauskas como querellante legítima, devolviéndole participación activa en el expediente. La resolución reencauza la causa hacia la etapa de debate oral para determinar responsabilidades en los hechos denunciados.

En sus fundamentos, el camarista Horacio Días calificó como “arbitraria” la exclusión de la denunciante y sostuvo que la demora en su actuación respondía a una situación de “indigencia letrada” que debía ser atendida por el tribunal. En la misma línea, Huarte Petite consideró acreditada la voluntad de Rakauskas de sostener la acusación. La postura mayoritaria se impuso sobre la disidencia del juez Jantus.

La exclusión de la denunciante se había producido tras no lograr designar un nuevo abogado dentro del plazo de 72 horas hábiles fijado por el tribunal oral, luego de la renuncia de su defensa el 17 de diciembre de 2025, en la antesala de la feria judicial.

La denuncia original data de 2021 y acusa a Espinoza de abuso sexual en un encuentro privado. En julio de 2024, la Cámara del Crimen había confirmado su procesamiento por abuso sexual y desobediencia judicial, además de imponerle un embargo preventivo de 1,5 millones de pesos.

El policía bonaerense Emilio Salim Abosalech fue condenado a 20 años de prisión por tres hechos de abuso sexual cometidos durante un período de seis años. La pena fue fijada por el juez Juan Manuel Sueyro, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Mar del Plata, luego de que un jurado popular lo declarara culpable.

De acuerdo con lo resuelto en el debate, los episodios ocurrieron entre 2016 y 2022 y afectaron a tres mujeres que mantenían vínculos de cercanía con el acusado: dos de ellas eran exparejas y la tercera, la esposa de un amigo. El jurado consideró probados tres hechos: un abuso sexual con acceso carnal, otro en grado de tentativa y un tercero calificado como gravemente ultrajante.

La pena coincidió con el planteo realizado por el fiscal Fernando Berlingeri durante la audiencia de cesura, instancia destinada a definir el monto de la condena una vez establecido el veredicto de culpabilidad. En su exposición, el representante del Ministerio Público sostuvo que los hechos respondieron a un patrón de violencia sexual sostenido en el tiempo y pidió 20 años de cárcel.

La querella, representada por el abogado Mauricio Varela, había solicitado una condena mayor, de 25 años de prisión, al remarcar la reiteración de los ataques y las consecuencias sufridas por las víctimas. La defensa, en cambio, pidió que se aplicara el mínimo legal de seis años, al considerar desproporcionadas las penas reclamadas y solicitar que se tuvieran en cuenta circunstancias atenuantes.

Finalmente, el juez Sueyro impuso una condena de 20 años al valorar la gravedad de los delitos, la cantidad de víctimas y las pruebas reunidas durante el juicio oral. En el proceso declararon las denunciantes, peritos y distintos testigos, cuyos testimonios fueron considerados suficientes por el jurado para declarar la culpabilidad del acusado.

El caso fue tramitado bajo el sistema de juicio por jurados de la provincia de Buenos Aires. En ese esquema, los ciudadanos convocados definen si el imputado es culpable o inocente, mientras que la pena queda a cargo del juez técnico. Tras la sentencia, la defensa todavía puede recurrir el fallo ante una instancia superior.

Efectivos de la Policía Federal Argentina detuvieron a un hombre de 63 años en General Madariaga, acusado de abuso sexual con acceso carnal reiterado, lesiones agravadas y amenazas contra su ex pareja, en el marco de una causa judicial en curso.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Federal de Investigaciones, a través de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Pinamar, bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La captura se concretó tras una orden emitida por el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell, a cargo del juez Mancinelli, luego de la denuncia presentada por la víctima.

Como resultado de las tareas investigativas, el imputado fue localizado y detenido en Saavedra 1100. Tras su aprehensión, fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde permanecerá hasta su derivación a una unidad del Servicio Penitenciario, en el marco de la prosecución de la causa judicial.

El Tribunal en lo Criminal N°2 de Dolores condenó a tres personas por abuso sexual y corrupción de menores en Villa Gesell, con penas de hasta 15 años de prisión, tras comprobarse hechos reiterados contra dos niños de entre 6 y 8 años, en una causa considerada de extrema gravedad por la Justicia.

Según el fallo, los hechos acreditados revelaron que las víctimas eran sometidas no solo a abusos físicos, sino también a “prácticas ultrajantes”, en un contexto de vulnerabilidad sostenida. La sentencia puso especial énfasis en la situación de la niña, a quien calificó como víctima de “vulnerabilidad interseccional” por su doble condición de mujer y menor de edad.

Los jueces señalaron además que los imputados ejercían el rol de “guardadores de hecho”, es decir, asumían el cuidado de los niños, lo que fue utilizado para vulnerar su integridad de manera sistemática. En ese marco, recordaron la obligación del Estado de actuar con “diligencia reforzada” en la protección de la niñez, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y las 100 Reglas de Brasilia.

Para establecer las penas por encima de los mínimos legales, el tribunal consideró como agravantes la corta edad de las víctimas, la reiteración de los abusos y el daño psicológico acreditado por peritos. Como atenuante, se contempló la ausencia de antecedentes penales de los acusados.

El fallo fue dictado por los magistrados Juan Paulo Gardinetti, Christian Ariel Rabaia y Marcos Milano, quienes desestimaron los argumentos de las defensas y avanzaron con una sentencia condenatoria.

Fuente: con información de DIB

Un hombre de Rosario se convirtió en protagonista de un caso inédito en Santa Fe: será el primero en llegar a juicio oral por una denuncia falsa de abuso sexual infantil. Se trata de Eduardo Otero, quien en 2022 fue acusado por su ex pareja en medio de una disputa por el régimen de cuidado de su hija.

La causa en su contra fue investigada por la fiscal Alejandra Raigal, quien resolvió desestimarla. Esa decisión fue posteriormente ratificada por instancias superiores, lo que dejó sin efecto la acusación original.

Tras el archivo del expediente, Otero se presentó como querellante y promovió una acción judicial contra quienes impulsaron la denuncia. El proceso avanzó y cuatro personas -entre ellas la madre de la menor, dos testigos y una abogada- fueron elevadas a juicio oral.

La medida fue dispuesta por el camarista Gustavo Salvador y ya quedó firme, por lo que el debate se realizará en los próximos meses.

Según sostuvo Otero, la denuncia tuvo como objetivo obstaculizar el vínculo con su hija: “Me hace una falsa denuncia penal por abuso hacia la nena para obstruir el vínculo”, afirmó en declaraciones radiales.

El hombre también hizo hincapié en las consecuencias personales del caso y aseguró que lleva más de tres años sin poder ver a la menor. “Hace tres años y medio que no veo a mi hija y no sabe por qué”, expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de una resolución que permita restablecer el contacto: “Yo tengo el derecho de estar con mi hija y mi hija de estar conmigo”, concluyó.

Fuente: con información de Rosario Nuestro

El fiscal federal Carlos Martínez, a cargo de la investigación por el episodio ocurrido a bordo del buque fresquero Niño Jesús de Praga, aseguró que hasta el momento no existe una denuncia formal por intento de abuso y que la causa se encuentra en una etapa inicial centrada en la recolección de pruebas.

“Hasta el momento no hay denuncia de intento de abuso. Sí alguna situación irregular como la que se relata y estamos recabando evidencia para determinar qué pudo haber pasado”, explicó el funcionario judicial en declaraciones a El Marplatense.

En ese marco, Martínez señaló que la tripulante involucrada se encuentra en buen estado y recibiendo contención, al tiempo que precisó que, tras el arribo de la embarcación, se realizaron requisas tanto en el barco como a los tripulantes. “No se encontraron drogas ni ningún otro elemento que pudiera vincularse al hecho”, detalló.

Asimismo, indicó que actualmente se analizan las cámaras de seguridad del buque, una de las medidas clave para reconstruir lo sucedido durante la navegación. La investigación, que tramita en el fuero federal, busca esclarecer las circunstancias de un episodio que, por ahora, permanece sin una calificación penal definida.

La influencer que denunció por abuso sexual al músico Chelo Torres, integrante de Grupo Green, reveló cómo comenzó el contacto entre ambos a través de redes sociales y relató detalles de los mensajes que recibió antes del encuentro que derivó en la denuncia.

Según contó la mujer en el canal América TV, el músico se comunicó con ella a través de TikTok y comenzó a enviarle mensajes en los que la halagaba y le pedía su número de teléfono. “Yo lo conocía, nunca había tenido diálogo. El lunes se contactó conmigo y me dejó un mensaje. Yo sabía quién era, pero no era fan”, relató.

De acuerdo con su testimonio, el artista insistió en comunicarse mediante una videollamada, que en un principio ella rechazó. Tras varios intentos decidió atender, momento en el que Torres reiteró su interés en verla personalmente.

La mujer explicó que finalmente el músico pasó a buscarla en su vehículo y ambos se dirigieron a una estación de servicio, donde él dijo que quería comer algo porque no había cenado. Durante ese encuentro, relató, el artista tomó su teléfono celular y comenzó a revisarlo.

“Me sacó mi teléfono, se reía irónicamente y se puso a revisarlo. Quería saber sobre mi familia. Me pedía que le mostrara fotos de mis hijas. Cuando terminó de comer le dije que me llevara a casa, pero no frenó en la puerta, se estacionó en la esquina donde hay dos propiedades en venta”, señaló.

Según la denuncia, en ese momento el músico le propuso trasladarse al asiento trasero del vehículo para conversar “más cómodos” y evitar que la policía los considerara sospechosos.

“Dijo que quería que hablemos más cómodos. Una vez atrás, me apretó, me empezó a besar y se bajó el short. Me agarró de los pelos y me obligó a hacer algo. Después me empujó y me violó. Me preguntaba si me gustaba”, afirmó la denunciante.

Tras la presentación judicial, Chelo Torres -cuyo nombre completo es Adrián Marcelo Torres Ruiz Díaz- quedó detenido mientras avanza la investigación del caso.

Fuente: con información de TN

Un hombre de 30 años que era buscado por la Justicia de San Nicolás en el marco de una causa por abuso sexual agravado, fue atrapado por agentes policiales en la Estación Ferroautomotora de Mar del Plata.

Del operativo participaron efectivos del Destacamento Ferroautomotor y de la Comisaría Cuarta, al constatarse que pesaba sobre él una orden de captura activa por abuso sexual agravado. El procedimiento se llevó a cabo cuando los agentes identificaron al individuo y verificaron sus datos a través del sistema informático policial.

Según se informó, el sujeto era requerido por la Justicia en una causa caratulada “abuso sexual con acceso carnal agravado, por haber sido cometido por el encargado de la guarda”, con intervención de la Fiscalí de Violencia de Género del Departamento Judicial San Nicolás.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Miofo, quien fue notificada del procedimiento y dispuso la inmediata detención del imputado, quien quedó alojado a disposición judicial y se coordinó su traslado a sede judicial de Tigre para continuar con las actuaciones correspondientes.

Un camionero que realizaba tareas vinculadas a la cosecha en una zona rural de Villa Ana, en el departamento santafesino de General Obligado, fue víctima de un abuso sexual grupal perpetrado por cinco compañeros de trabajo, quienes además registraron el ataque en un video.

El hecho ocurrió el 24 de enero pasado en un campo ubicado sobre un camino rural, a unos 200 metros de la Ruta Provincial 32. De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada por los agresores mientras cumplía tareas laborales en el mismo establecimiento.

Según consta en la causa, el hombre fue amenazado con un arma blanca, reducido y sometido a un ataque sexual por parte del grupo. Luego del hecho, los agresores lo habrían intimidado para que no realizara la denuncia, bajo la amenaza de causarle graves lesiones.

El material audiovisual del ataque fue secuestrado por los investigadores y se convirtió en una de las pruebas centrales del expediente judicial.

La fiscal Elisabeth Aguirre estuvo a cargo de las primeras actuaciones y ordenó la detención de los cinco imputados, identificados como Diego Mauri, Diego Bogadín, Jorge Spessot, Enrique Silvero y Mariano Benítez.

Durante la investigación, los acusados intentaron minimizar lo ocurrido al señalar que se trató de “un chiste”, argumento que fue descartado por la fiscalía ante la gravedad de los hechos y las pruebas reunidas.

La Justicia dispuso la prisión preventiva para cuatro de los imputados, mientras que Benítez continuará el proceso en libertad bajo estrictas condiciones judiciales.

Todos fueron imputados por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante, doblemente agravado por el número de personas intervinientes y por la utilización de arma”. La causa continúa en etapa de investigación.

Fuente: con información de Clarín

Un archivo recientemente divulgado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrojó luz sobre las intenciones del financista Jeffrey Epstein para distribuir su patrimonio antes de su fallecimiento en 2019.  Según el documento , que hasta ahora se mantenía oculto, Epstein firmó un fideicomiso dos días antes de que se confirmara su presunto suicidio en una cárcel federal de Nueva York.  

El instrumento legal, denominado “Fideicomiso 1953”, incluía una lista de casi cuarenta personas que habrían sido beneficiarias de parte de su fortuna, entonces estimada en cientos de millones de dólares. El texto sitúa a su entonces pareja, Karyna Shuliak, como la principal destinataria de esos bienes, con una asignación total prevista de 100 millones de dólares y acceso a numerosas propiedades.  

Shuliak, de origen bielorruso y residente en Nueva York, conocía a Epstein desde el 2012 y, según los archivos, fue la última persona con la que habló antes de su muerte en 2019. El fideicomiso incluía además otros beneficiarios puntuales, entre ellos el abogado personal de Epstein, Darren Indyke, y su contador, Richard Kahn, con montos estipulados de 50 y 25 millones de dólares respectivamente. También figuraban el hermano de Epstein, Mark Epstein, y Ghislaine Maxwell, condenada en 2021 por delitos relacionados con la red de abusos.  

No obstante, expertos legales consultados en los documentos aclararon que estas asignaciones estaban supeditadas a que todas las reclamaciones y deudas pendientes del patrimonio quedaran totalmente satisfechas, incluyendo las presentadas por mujeres que denunciaron haber sido abusadas por Epstein. 

Hasta ahora, gran parte de los activos del fideicomiso ha sido utilizada para pagar indemnizaciones y restituciones a víctimas, y el valor neto disponible para herederos no ha sido determinado en forma definitiva por las autoridades.  

La publicación de estos archivos forma parte de un conjunto de millones de páginas de investigación que comenzaron a hacerse públicas recientemente, con la intención de ofrecer mayor transparencia sobre las finanzas y actividades de Epstein antes de su muerte.  

Un caso estremecedor salió a la luz en las últimas horas en Lomas de Zamora tras la detención de un hombre de 33 años acusado de abusar sexualmente de una nena de 11. Ahora, investigan si la víctima está embarazada como consecuencia de los ataques.

El operativo, ordenado por la fiscal Fabiola Juanatey, se hizo en una casa del barrio Olimpo y estuvo a cargo de efectivos de la DDI local.

La causa se inició el 21 de enero pasado a raíz de la denuncia de la mamá de la menor, una mujer de 40 años que es dueña de un taller de ropa. Según su testimonio, el acusado trabajaba como empleado en su negocio.

La madre también advirtió que el sospechoso, de nacionalidad boliviana, habría intentado abandonar el país, lo que aceleró la intervención judicial y la orden de detención en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos.

En su declaración, la denunciante aseguró que su hija habría sido abusada durante al menos tres años por el hombre, que aprovechaba los momentos en los que quedaba a solas con ella para someterla. El último ataque habría ocurrido en diciembre.

En los últimos días, la nena comenzó a sufrir fuertes dolores abdominales, lo que llevó a la familia a pedir un turno médico en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, en el barrio porteño de Flores.

Allí, según publicaron distintos medios locales, los médicos le hicieron estudios para confirmar si la menor está embarazada como consecuencia de los abusos. La familia se encuentra a la espera del resultado de los estudios.

La causa quedó caratulada de manera preventiva como “Abuso sexual ultrajante con acceso carnal”. Intervienen la fiscal Fabiola Juanatey y la jueza de Garantías N.º 6 de Lomas de Zamora, Laura Ninni.

En tanto, el acusado permanece detenido mientras avanza la investigación.

Fuente: TN

La Justicia revocó la prisión domiciliaria del ex instructor de Bomberos de Córdoba Rodrigo Santi, acusado de abuso sexual contra menores, luego de que un allanamiento de urgencia en la vivienda donde cumplía el arresto revelara que tenía un teléfono celular, elemento cuyo uso estaba expresamente prohibido.

Según informaron fuentes judiciales a Agencia Noticias Argentinas, la medida se adoptó tras un procedimiento realizado en una vivienda de la ciudad de Villa María, donde el acusado cumplía la domiciliaria. Allí, los investigadores hallaron el celular oculto dentro del depósito de polvo de una aspiradora, junto con el chip que utilizaba para comunicarse.

Ante esta situación, la Fiscalía de Fuero Múltiple N°2 de Villa María dispuso revocar el beneficio otorgado el 23 de diciembre de 2025, ordenar su traslado al Establecimiento Penitenciario N°5 y dejar sin efecto la colocación de la tobillera electrónica. Además, se indicó que el Servicio Penitenciario deberá garantizar la atención médica y psicológica necesaria, de acuerdo a su estado de salud.

Las acusaciones y las denuncias de irregularidades

La causa contra Santi se inició meses atrás, cuando varias víctimas denunciaron abusos ocurridos durante prácticas en el cuartel de Bomberos. Actualmente, el ex instructor enfrenta cinco imputaciones: tres abusos sexuales simples a menores, tenencia de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores.

Desde la querella vienen denunciando irregularidades en el proceso, entre ellas la concesión de la prisión domiciliaria por problemas de salud mental, notificada a las víctimas varios días después de haber sido otorgada, y la falta inicial de control con tobillera electrónica.

El abogado de una de las víctimas, José Tomás Corigliano, sostuvo que el acusado “salía del domicilio y se movía por la zona”, y cuestionó además un acuerdo de juicio abreviado que redujo la posible pena de 12 o 14 años a ocho años de prisión.

Corigliano calificó el caso como “escandaloso”, denunció incompatibilidades éticas en la actuación de ex funcionarios vinculados a la defensa y aseguró que Santi “es un abusador serial”, al tiempo que afirmó que existirían más víctimas, aunque esos hechos estarían prescriptos.

Con la revocación de la domiciliaria, Rodrigo Santi volverá a cumplir prisión efectiva en un penal cordobés, mientras la causa continúa su curso judicial.

Fuente: NA

La causa judicial que sacude a la Legislatura bonaerense sumó en las últimas horas un nuevo y grave capítulo. La fiscal Ana Claudia Roche resolvió ampliar las imputaciones contra Nicolás Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado bonaerense, quienes permanecen detenidos y son acusados de liderar una estructura de características sectarias dentro del ámbito legislativo.

La decisión se tomó luego de que dos nuevas víctimas prestaran declaración, aportando testimonios que describen abusos sexuales reiterados y prácticas de sometimiento físico y psicológico. Según trascendió, los nuevos elementos probatorios indican que los hechos no solo habrían ocurrido en ámbitos privados, sino también en despachos de la Cámara Alta, en pleno centro de La Plata.

De acuerdo con fuentes judiciales, la fiscalía analiza ahora si existió una red de encubrimiento que involucró a funcionarios de mayor jerarquía, a partir de los lugares donde se habrían cometido algunos de los abusos y del acceso institucional de los imputados.

El dictamen judicial sostiene que las víctimas eran captadas mediante un ardid de tipo “guía espiritual” o “mesiánico”, para luego ser sometidas a vejaciones físicas y abusos sexuales. En ese marco, resultaron claves las pruebas obtenidas de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, que permitieron avanzar en la ampliación de la acusación.

Respecto del rol de Silva Muñoz, la imputación señala que lejos de proteger a las integrantes del grupo, cumplía una función activa en la captación y el sometimiento psicológico de las jóvenes. La Justicia remarcó que su participación fue necesaria para sostener el entramado de abusos.

Actualmente, el expediente reconoce cuatro víctimas formalmente identificadas —dos en una causa iniciada en 2019 y otras dos incorporadas en 2025—, aunque los investigadores estiman que el número real de mujeres atacadas podría ser mayor. Los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal agravado por el daño en la salud mental, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.

Los testimonios coinciden en la existencia de rituales de castigo físico, como laceraciones y caminatas sobre fuego, que tenían como objetivo anular la voluntad de las víctimas. En esa línea, la investigación profundiza ahora sobre la posible responsabilidad de otros niveles del Senado bonaerense.

Según consta en la causa, los primeros episodios denunciados se remontan a 2015, cuando una joven de 18 años fue contactada por Rodríguez en ámbitos académicos y políticos bajo la promesa de una pasantía. A partir de 2016 y 2017, los abusos se habrían vuelto sistemáticos, con la consolidación de una presunta organización denominada “Orden de la Luz”.

Dentro de esa estructura, Rodríguez era presentado como una figura con rasgos sobrenaturales, bajo el nombre de “KIEI”, mientras que Silva Muñoz actuaba como guía espiritual o “sensei”. Las víctimas relataron controles permanentes, amenazas y comunicaciones con lenguaje codificado, lo que, para la Justicia, refuerza la hipótesis de una organización planificada y no de hechos aislados.

La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avancen las pericias y se incorporen más testimonios.

Fuente: DIB

Paula Martínez fue abusada el 10 de diciembre de 2016 durante una fiesta en Florencio Varela. Denunció que fue drogada con escopolamina, raptada y violada por varios jóvenes. Durante años sostuvo la acusación, atravesó procesos judiciales, amenazas y hostigamientos.

El 26 de diciembre de 2021, con 23 años, la encontraron muerta en su casa. Se había quitado la vida. Su mamá sostiene que no resistió la revictimización y el amedrentamiento constante por parte del entorno de los acusados, ya que Paula encabezó múltiples marchas y pidió justicia por televisión.

A nueve años de la violación grupal que denunció, y a más de cuatro de su muerte, su mamá vuelve a pedir justicia. No solo por las condenas ya dictadas y el juicio que absolvió al último acusado, sino por un ADN clave que sigue siendo una incógnita.

Sandra Zapata aseguró que las pericias arrojaron la existencia de un sexto ADN que hasta el momento no fue identificado, y que no corresponde a ninguno de los imputados que ya fueron juzgados.

Paula Martínez, la víctima que denunció una violación grupal en Florencio Varela. (Foto: TN)

Actualmente, el expediente judicial está dividido en dos líneas. Por un lado, las causales de muerte de Paula, que continúa abierta pero sin resolución, pese a haber pasado más de cuatro años.

Por otro, una causa paralela que fue archivada y que es la que hoy la familia busca reactivar: la que investiga la presencia de un perfil genético masculino NN detectado en el material recolectado tras el abuso.

Según consta en la causa, ese ADN no coincide con ninguno de los cinco hombres que fueron juzgados. Sin embargo, la investigación fue archivada con el argumento de que en la Argentina no existe un banco de violadores que permita realizar comparaciones.

La mamá de Paula asegura que ese fundamento es falso, que el Banco Nacional de Datos Genéticos existe y puede ser utilizado para avanzar en la identificación.

Por ese motivo, pide que el expediente sea desarchivado y que se ordenen nuevas pericias. En concreto, solicita que se comparen los perfiles genéticos con personas señaladas durante la investigación y con testigos aportados por las defensas de los abusadores. “Hay un sexto ADN que nunca fue explicado. Ese dato sigue sin respuesta”, sostiene.

La causa por el abuso sexual está en manos de la fiscal Mariana Dongiovanni, de la UFI 2, una funcionaria cuestionada por familiares de víctimas y organismos por su falta de compromiso en este tipo de expedientes. “Esta mujer desampara por completo a las víctimas”, expresó Sandra. 

En el primer juicio, realizado en 2022, la Justicia bonaerense condenó a Diego Gabriel Domínguez, Gonzalo Daniel Sandoval, Gustavo David Carbonel y Guillermo Adrián Chávez por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

Domínguez recibió la pena más alta, de 20 años de prisión, por haber sido funcionario público (ex Guardia Comunal de Florencio Varela), mientras que los otros tres fueron sentenciados a 19 años de cárcel. Todos fueron considerados coautores del ataque.

En tanto, el quinto acusado, Mauro Nair Goncalves, permaneció prófugo durante cinco años. Por él, el Ministerio de Justicia ofreció una recompensa de cuatro millones de pesos.

Difunden la cara del sospechoso en las redes para facilitar la búsqueda. (Foto: Instagram/ personasdesaparecidasba)

Goncalves fue finalmente detenido en 2022 y juzgado en un debate aparte, a pedido suyo, mediante un jurado popular en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Florencio Varela. El jurado lo declaró no culpable.

Aun así, el resultado del juicio no despejó una de las principales incógnitas del caso sobre la presencia de un sexto perfil genético que no corresponde a ninguno de los hombres sentados en el banquillo.

Ese dato, que figura en el expediente, quedó sin investigación activa tras el archivo de la causa. Para la familia de Paula, se trata de una deuda central del sistema judicial. “No se puede cerrar una historia cuando hay una prueba biológica que indica que falta alguien”, remarcó su mamá.

En paralelo al reclamo judicial, la mamá de Paula denunció estar atravesando una situación que define como grave. “Tanto la Policía Bonaerense como la Guardia Comunal del Municipio de Florencio Varela me siguen, vigilan mis movimientos y generan un ambiente de intimidación hacia mí y mis hijos”, reveló.

Sandra asegura que cuenta con pruebas y testigos que respaldan esos hechos y por eso solicita protección urgente. En particular, pide que se le otorgue custodia fija dependiente de fiscalías y no de comisarías, por temor a sufrir represalias.

La mamá de Paula Martínez sigue pidiendo justicia. (Foto: Instagram SamZapa)

“Con todo el dolor que implica volver a exponerme, recurro nuevamente para que el caso tenga visibilidad, para que haya justicia y respuestas”, señaló.

El reclamo no se limita al pasado, sino que apunta a una investigación que considera inconclusa y a una prueba científica que, hasta hoy, no fue explicada.

Fuente: TN