En las últimas horas el abogado y militante Juan Grabois se hizo presente en la ciudad y en el Palacio Municipal para entregar un petitorio y una denuncia penal hacia el intendente Guillermo Montenegro. El referente afirmó que los accionares se enmarcan en los recientes videos en donde se intenta desalojar a “cuidacoches” y personas en situación de calle por parte del Ejecutivo local. 

Las imágenes se hicieron visibles por parte del mismo Municipio en sus redes sociales, a modo de reestablecer el orden y disminuir la inseguridad en Mar del Plata. 

"El Intendente tiene una particular aversión al Movimiento de Trabajadores y una persecución pero sería bueno que conozcan lo que hacen, los barrios que urbanizaron, las viviendas que construyeron y como formaron grupos de pibes que hubiesen estado a la deriva. Yo los defiendo como Abogado, como militante porque los admiro por el laburo que hacen que nación habiendo salido de abajo", dijo. 

"Por otro lado, está el petitorio que dejamos e iniciamos una denuncia penal conta Guillermo Montenegro y los funcionarios responsables, considerando que todo el mundo tiene derecho a una defensa y la presunción de una inocencia, que a nosotros no nos otorgan porque siempre somos los culpables. Incluso de cosas tan ridículas como que mandamos gente de La Matanza a dormir a lugares. Hay una deshumanización con las personas que padecen adicciones", sentenció.

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Y sumó: "Ejercimos la denuncia porque hay métodos ilegales que se están usando, hay gente que no pertenece a las fuerzas de seguridad y que el propio Intendente en sus videos muestra como, le gritan y amenazan a gente que no se puede defender. Eso le puede parecer simpático a algún sector de la sociedad, pero violamos normas básicas del estado de derecho y cuando se cruzan esas líneas desde el propio Estado, es un problema".

"La violación de la Ley Antidiscriminación, el abuso de autoridad, sumado a otros tipos penales, le caben a Montenegro, pero nuestro principal objetivo no es judicializar las expresiones, sino que se le ablande el corazón. Quiero que entienda que a una persona con problemas de adicciones, hay que tratarla como a un ser humano. Los vendedores ambulantes y los trapitos ejercen de eso porque no tienen otro laburo para hacer y por eso, en vez de perseguirlo, hay que regularizarlos", afirmó Grabois.

"Creo que ante estas situaciones, se configuran dos factores muy terribles, una insensibilidad muy grande por parte del Intendente y que es propaganda política. Cuando estas dos cosas tienen votos, hay que prender una luz roja sobe lo que está pasando en nuestra sociedad. Esto se trata de la degradación del más débil. Ponerse en el papel de víctima cuando en realidad está golpeando gente indefensa, es patético", agregó el abogado.

"Adopta actitudes cuasifascistas y por eso creemos que hay que combatirlo. Tienen que ser consientes del daño que están haciendo al dividir a la sociedad entre vecinos buenos y fisuras", sumó.

Con respecto a la utilización de las armas no letales que se comenzarían a usar en las próximas semanas en la ciudad, el referente refirió: "Tiendo a creer que cuando hay situaciones abusivas, como en este caso, son un medio posible pero el tema es como se emplean. Hay organismos internacionales que dicen que son sirven de tortura pero yo no soy un experto en el tema. La cuestión es que, en un contexto de abuso de poder, para qué se puede usar eso si no es para agarrar a un fisura y meterle un picanazo. Se puede salvar alguna vida seguro, no tengo una posición dogmática pero a priori estoy en contra porque no confío en las mafias policiales".

El abogado del presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó en un comunicado que el mandatario ha sido objeto de una denuncia por un presunto delito de acoso sexual y convocó a la prensa este martes para dar detalles sobre algo que, según dijo, es “infundado”.

En un comunicado emitido el lunes, el abogado Jonatan Valenzuela Saldías negó que los hechos denunciados ocurrieran y aseguró que en este caso la víctima es el mandatario.

Mediante un comunicado de prensa, el abogado sostuvo que entre julio de 2013 y julio de 2014 el presidente Boric fue “víctima de un acoso sistemático -vía correo electrónico- por parte de una mujer mayor de edad que conoció en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas”.

Boric, según su abogado, recibió hasta 25 correos electrónicos provenientes de distintas direcciones “enviados por la misma persona”. Uno de ellos incluyó “el envío no solicitado ni consentido de imágenes de carácter explícito”, precisó.

Boric, según su abogado, recibió hasta 25 correos electrónicos provenientes de distintas direcciones “enviados por la misma persona” (EFE/Nina Osorio/Archivo)

El abogado reveló que diez años después, el 6 de septiembre de 2014, la remitente de los correos presentó una denuncia en la Fiscalía Regional de Magallanes, situada en Punta Arenas, la ciudad natal de Boric, quien pertenece al izquierdista Frente Amplio y asumió la Presidencia de Chile el 11 de marzo de 2022.

En la acción legal, la mujer acusa a Boric de haber difundido registros de imágenes privadas y de acoso sexual, pero, según el letrado, estos hechos nunca ocurrieron.

“Mi representado jamás tuvo relación afectiva ni de amistad con ella y no han tenido comunicación desde julio de 2014″, agregó.

El letrado ha anunciado que este martes dará una rueda de prensa para hablar de la denuncia y de la postura de Boric, de 38 años, quien “rechaza y desmiente categóricamente la denuncia, y así quedará demostrado en las instancias correspondientes”.

Cristián Crisosto, fiscal regional de Chile

La Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena confirmaron la existencia de una causa penal vinculada a una denuncia por acoso sexual contra Boric.

El fiscal regional Cristián Crisosto precisó que la denuncia se encuentra en una fase preliminar y que aún no se ha formalizado, aunque la investigación está en curso.

“En torno al comunicado publicado por el abogado Jonatan Valenzuela Saldías, la Fiscalía Regional de Magallanes y la Antártica Chilena pueden decir que efectivamente existe una causa penal relativa a los hechos que se indican”, explicó Crisosto.

El persecutor también aclaró que la causa se encuentra “desformalizada”, es decir, que no se ha iniciado aún el proceso judicial formal, pero que ya se están realizando diversas diligencias relacionadas con la investigación.

Crisosto también subrayó que la causa tiene un carácter reservado, algo habitual en este tipo de investigaciones.

“Estamos trabajando con un equipo especializado en la misma y por cierto, la causa es de carácter reservado”, señaló, al tiempo que afirmó que las diligencias continuarán en las próximas semanas, sin entrar en detalles sobre la naturaleza exacta de la denuncia ni los avances de la indagatoria.

Las investigaciones seguirán bajo estrictas medidas de confidencialidad.

Fuente: Infobae

Después de que integrantes de la Cooperativa RUM y del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) bloquearan el ingreso y la salida del predio del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), el titular de ese organismo, Santiago Bonifatti, presentó una denuncia para solicitar que se tomen “medidas urgentes”.

Desde las 7 de este martes, alrededor de 50 manifestantes usaron un vehículo para bloquear el acceso al predio municipal y acampan en esa zona para exigir mejores condiciones laborales y el acceso a servicios básicos.

Uno de los referentes de la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores seccional Mar del Plata, Cristian Blasina, sostuvo que plantean "el pago por kilo recuperado de material para el sector cartonero”, ya que “no se reconoce el trabajo de los cartoneros de la ciudad, que hace que ahorren millones de pesos”.

Otro de los pedidos es “que pongan un playón y un baño", debido a que "todos los caminos son de tierra, por los grandes volúmenes se rompe todo el piso y cuando llueve se arman barriales, con lo que no se puede operar de manera correcta”, según le manifestó a El Marplatense.

En este sentido, desde el Gobierno de Guillermo Montenegro presentaron una denuncia para solicitar que “se ordene de urgencia la liberación del portón de ingreso al EMSUR, permitiendo a los trabajadores municipales cumplir con sus obligaciones laborales”.

Además, en la denuncia expresaron que “la conducta asumida por el movimiento social es a todas luces ilegítima e ilícita”, al mismo tiempo que señalaron que la medida adoptada por el MTE y la Cooperativa RUM “genera graves inconvenientes y perjuicios no sólo a la gestión de la cual formamos parte, sino a toda la comunidad marplatense y batanense, que se ve privada de los servicios que proveemos, los cuales son absolutamente esenciales para la seguridad y salubridad de la población”.

Organizaciones de Derechos Humanos de Mar del Plata presentaron una denuncia penal por el expediente que se aprobó en el Municipio para instalar una destilería de gin en el predio junto al Faro de la Memoria donde funcionó un centro clandestino de detención. 

En este sentido, el Dr. César Sivo, representante de la causa, explicó que “se da un dato de abuso de autoridad porque se está tomando una decisión contrariando disposiciones legales específicas, entre otras cosas, la ley orgánica de municipalidades que establece determinadas obligaciones de los funcionarios municipales que en este caso no se cumplieron”. 

Por otro lado, “hay muchos doctrinarios de derecho penal que siempre manifiestan que en el tipo de delitos abuso de autoridad o incumplimiento del deber, siempre viene de la mano otro tipo de delito”, señaló. 

De modo que “acá aparece dentro de lo que se analiza en Naciones Unidas las matrices de corrupción, con un primer dato de la urgencia innecesaria. Una cosa es comprar una ambulancia y pasar de largo ciertos rigorismos formales, que justamente están para que las autoridades no abusen de su poder”, aseguró. 

“Esto hay que entenderlo, no significa que por tener la mayoría absoluta de votos se puede hacer cualquier cosa. No son los dueños de la ciudad. El funcionamiento regular de la administración pública tiene consecuencias penales cuando se hace irregularmente”, continuó. 

No obstante, “hay excepciones, comprar una ambulancia, tengo que hacer un hospital móvil urgente como en los casos de Covid. No es este caso, no había urgencia, no creo que alguien pueda entender que es una urgencia generar un centro de ocio para la próxima temporada”. 

“Esa urgencia la puede tener el empresario, pero no quien dispone del espacio público que además es de memoria”, afirmó. 

Un segundo dato a analizar es que busca “saltear elementos necesarios para la producción del acto jurídico. Lo administrativo requiere, entre otras cosas, dictámenes legales y recordarán al concejal Taccone que dijo con toda claridad que falta el dictamen de legal y técnica”. 

“La Municipalidad tiene cientos de abogados, un secretario de legal y técnica, y sin embargo no hay dictamen necesario. Al igual que de impacto ambiental, a pesar de que en el expediente dice que lo deben hacer”, agregó. 

Por consiguiente, “la urgencia inusitada, la irregularidad del trámite, la ausencia de firmas que se necesitan para este tipo de cuestiones, coinciden con la matriz de corrupción que marca Naciones Unidas”. 

En este contexto, “los organismos de Derechos Humanos entienden que esto no se puede obviar, se necesita una investigación profunda porque dentro de la matriz de corrupción hay que ver quién se corrompe y quién es el corruptor”. 

Como resultado, “la denuncia abarca a todos los componentes de este frente. Quieren sumar algo más, aparece la sociedad de fomento como intermediaria, triangulando. En otros casos, cuando aparece el tercer intermediando para facilitar una operación ilegal, suele quedar solapado o disimulado, recibe y después con el tiempo decí tal cosa. Acá está documentado en el expediente”, expresó. 

“Todos estos elementos hacen pensar que estamos frente a delitos penales, algunos formales como el abuso de autoridad. La regularidad de la función pública requiere que se cumplan todos los pasos y cuando no es así, debe haber razones super urgentes”, remarcó. 

En modo de reflexión, indicó que “si alguno puede pensar que poner un bar, una destilería de gin, un centro de ocio en un centro clandestino de detención tiene alguna urgencia, permite que no se hagan los trámites como corresponde y que se altere el funcionamiento de la administración, estaríamos en un problema”. 

Por ende, “es una denuncia penal que debe tramitarse y tomar medidas, tiene que haber acciones en concreto desde el ministerio Público Fiscal, pero son decisiones políticas. Los mismos que tienen la mayoría no van a votar suspenderse”, resumió.

“Estamos en un momento muy particular en lo que pasa en Argentina donde todos piensan que por haber tenido una legitimación electoral, pueden hacer cualquier cosa. Si están violando principios éticos tan elementales como transformar un centro clandestino en un espacio de ocio, a partir de ahí no creo que se pongan éticos para analizar que si los denunciaron, se toman licencia”, concluyó. 

El intendente municipal, Arturo Rojas, denunció penalmente a su antecesor, Facundo López, y a dos funcionarios de su equipo de gobierno involucrados por "obras que jamás se ejecutaron y para las que la Provincia envió dinero a modo de adelanto o se firmaron certificados para falsear el trabajo nunca concretado", comunicó el municipio este miércoles.

“En algunos casos amerita la denuncia penal y para ello ya están trabajando en el área de Legales. Mientras tanto, he comunicado esto en Provincia porque en algunos casos se han mandado certificados que terminan siendo falsos diciendo que se había hecho un tramo de tal obra para que manden más recursos”, afirmó el jefe comunal.

Justamente, en la jornada de este miércoles, el titular de Legal y Técnica, Ernesto Povilaitis, se presentó ante la justicia penal local para denunciar al exjefe comunal, Facundo López; al exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Asiain; y al exdirector de Obras Sanitarias, Leonardo Gaitán; por los delitos de “malversación de caudales públicos, defraudación contra la Administración Pública y falsedad ideológica”.

Para dar más explicaciones, Rojas aseveró que “fueron llegando recursos que no fueron a parar a las obras”, para destacar que “en algunos casos es preocupante porque, por ejemplo, tenemos una obra de saneamiento en el núcleo urbano Necochea-Quequén cuya certificación figura en el 58%, pero no hay nada hecho”.

El máximo mandatario continuó diciendo que “estamos hablando de una obra de tendido de agua de 10 millones de pesos y que para tal fin llegaron 5.8 millones, pero la realidad es que no se hizo nada”.

“Esto muestra a las claras lo que nos pasaba con los servicios públicos y el déficit que tenemos” porque en definitiva “hablamos de recursos que llegaban de Provincia y no iban a parar donde tendrían que haber ido” insistió Rojas.

Luego, metiéndose en los expedientes y en diversas obras que jamás si quiera empezaron, aseguró el Intendente que “hay obras adjudicadas y otras que no. Y en ese sentido tenemos la 531 y el natatorio de Quequén que están inconclusas” como así también “vemos el expediente para el edificio del anexo municipal y observamos que llegaron 6.200.000 pesos en el marco de un convenio de 30 millones, y no hay ni un ladrillo puesto”.

Y a acotó con respecto a ese expediente y a ese dinero que llegó a las arcas municipales que “hay una parte que se pagó a la empresa y que está siendo objetada por el Tribunal de Cuentas y otra que directamente no está”.

En cuanto al natatorio de Necochea también anunciado en reiteradas ocasiones por Facundo López, Rojas admitió que “es una obra de 17 millones de pesos, con un anticipo del 21, 20%, es decir de 3.700.000 pesos” para preguntarse inmediatamente: ¿“Ustedes vieron que se haya iniciado algo sobre la margen de Necochea?. No, porque no hay nada”.

“También hay obras de cloacas en Juan N. Fernández y La Dulce con convenios del 2016 y cuyo anticipos del 30% fueron llegando, pero que no se hizo nada”, reclamó.

Para finalizar, Rojas apuntó que “como se ve, hay un paquete de recursos de obras que vinieron de la Provincia y que no solo no se ejecutaron sino que se gastaron los anticipos, lo que nos obliga a ver como readecuamos y buscar otros convenios pero con otros valores que no son los de años anteriores”.

La ministra de salud de la provincia de Mendoza, Ana María Nadal, confirmó que ese gobierno denunció penalmente a un paciente que se contagió de COVID-19.

Se trata del hombre que se transformó en el caso 98 –el de la bodega de Maipú- y el Gobierno lo hizo porque teme que no haya respetado la cuarentena durante la etapa de aislamiento social.

Tras confirmarse el contagio de 2 compañeros de trabajo y 6 personas de su entorno, crecen las sospechas de que participó de un encuentro con amigos cuando no estaba autorizado.

Ese paciente tiene vínculos con al menos 8 nuevos contagiados en la provincia, incluidos los 3 nuevos de este lunes, si bien aún no se sabe cómo se contagió.

Por otro lado, todavía tampoco se sabe el nexo epidemiológico del paciente 96 –el profesor de Educación Física de Las Heras- pero la familia de su novia también está internada.

Son dos entonces los conglomerados en análisis en Mendoza en estos momentos, Las Heras y Maipú. Este lunes además se confirmaron estos tres nuevos casos de Coronavirus en la provincia.

Los pacientes, dos varones de 26 y 28 años, y una mujer de 23, mantuvieron contacto estrecho con otro caso positivo, el 98.

Según documentación a la que pudo acceder este medio y a la palabra del propio denunciante, el doctor Julio Razona, presentó en el día de hoy, una denuncia penal al Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, por el incumplimiento en los deberes como funcionario público.

El ministro fue denunciado a raíz del brote del Coronavirus que se da en el país. Según el denunciante, se podría haber evitado la muerte registrada por esta causa, si el Gobierno hubiese tomado las medidas acordes a la enfermedad, que tiene en vilo a China y varios países de Europa.

"En el código penal, el artículo 203, el cual fue reformado hace pocos años, hace referencia a la propagación culposa de una enfermedad contagiosa. Esto significa que cuando hay una negligencia, una impericia, una inobservancia de los reglamentos sobre salud de las personas responsables y esto produce daños graves en las personas o la muerte de una persona, tiene previsto una pena de hasta 5 años de prisión para castigar al autor materíal de este delito", afirmó Julio Razona, en diálogo con El Marplatense.

"En este caso he presentado una denuncia penal ante la justicia federal de Mar del Plata, contra el Ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzalez García, como autor responsable de este delito, atento a sus propias manifestaciones en cuanto a que ha obviado llevar a cabo medidas esenciales para evitar esta pandemia que ahora azota a todos los argentinos, incumpliendo con las funciones que tenía a su cargo", remarcó.

"Las medidas de prevención fueron tardías, incompletas, no se cumplió con los reglamentos sanitarios correspondientes. El ministro de Salud de la Nación tiene a su cargo, la salud pública de toda la población. Minimizó lo relacionado a las consecuencias del Coronavirus y las primeras medidas que tomó fueron declaraciones juradas de personas que viajaban", aseguró Razona.

"Personalmente vine del exterior, de Brasil y nunca nadie me preguntó, ni se me hizo ningún interrogatorio sobre si había viajado a otro país de contagio y lo cierto es que pasamos por todo el aeropuerto de Ezeiza, sin ningún tipo de medida de prevención, generando incertidumbre absoluta en todas las personas que viajaron con nosotros", detalló.

"El mismo ministro de Salud de la Nación a minimizado de tal manera todo el tema, que ha dicho que el Coronavirus en la Argentina no era un peligro, que no había que alarmarse y que no teníamos problema de Coronavirus en la Argentina, lo que llevó a que la gente no tome las medidas de prevención correspondientes y no le de importancia a esta pandemia que ha generado una enorme preocupación en el medio social", subrayó Razona.

"La denuncia la he presentado en el día de hoy por la mañana en la justicia federal, pidiendo la intervención del ministerio público fiscal, ofreciendo además de la prueba documental con las manifestaciones del ministro de Salud y copias que han sido publicadas en todos los medios de la Argentina", concluyó el doctor Julio Razona.

Por Carlos Walker

Juan Manuel Pettigiani, fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la ciudad de Mar del Plata, presentó este viernes una denuncia penal contra el intendente Carlos Arroyo por supuestas irregularidades en nombramientos en la planta de personal municipal.

En el texto, al cual El Marplatense tuvo acceso, el fiscal remarcó que “se habrían desarrollado diversas irregularidades en la incorporación, contratación, efectivización y ascensos en la administración central, los entes descentralizados u Obras Sanitarias”.

Cabe recordar que la Ley de responsabilidad fiscal N° 13295, a la cual General Pueyrredon adhirió, establece que “los municipios no tomarán medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente durante el último semestre del año de fin de mandato del Departamento Ejecutivo, exceptuando aquel cuya causa originante exista con anterioridad al período indicado y su cumplimiento sea obligatorio”.

En ese contexto, Pettigiani sostuvo que “el necesario control que le impone al organismo judicial la consagración que hizo el legislador de una norma que debería haber circulado en la ética del comportamiento político, se potencia en la actualidad por la agonía de un estado que desde las cuentas públicas de cualquier jurisdicción presupuestaria Argentina no puede sostener este tipo de prácticas”.

Y subrayó: “Las sospechas sembradas permiten presumir, en caso de constatarse -a partir de la apertura y profundización de la investigación que se incoa-, la comisión de hechos ilícitos, los cuales quedarían subsumidos, al menos en el delito previsto y reprimido por el artículo 248 del C.P, esto es, incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Entiendo sumamente importante la investigación de los hechos aquí denunciados atento que para proceder administrativamente a establecer la responsabilidad de los funcionarios públicos municipales por la realización los actos que importen extralimitación, transgresión u omisión de sus deberes”, concluyó el fiscal federal.