El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rechazó presentar su renuncia y defendió su gestión durante su informe ante la Cámara de Diputados, donde también respondió cuestionamientos sobre su patrimonio y viajes personales.

Ante una consulta del diputado Pablo Juliano, el funcionario fue categórico: “Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”.

Además, sostuvo que su rol al frente del gabinete es un “orgullo” y remarcó: “El Presidente me confió el honor y responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia”.

Durante su exposición, también se refirió a las investigaciones judiciales vinculadas a sus viajes personales, asegurando que “he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia” y que no existió financiamiento de terceros ni uso de recursos públicos.

En ese sentido, remarcó que “el Estado Nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales” y cuestionó las denuncias públicas al afirmar que son “tendenciosas” y “falsas”.

Sobre la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial, explicó que la Justicia determinó que no hubo irregularidades: “La misión fue debidamente autorizada y no hubo delito”.

Asimismo, indicó que la causa fue archivada y subrayó que no existió gasto alguno por parte del Estado en concepto de viáticos, alojamiento o transporte.

Con relación a su patrimonio, afirmó haber cumplido con la Ley de Etica Pública y anticipó que presentará su declaración jurada dentro de los plazos establecidos.

Finalmente, el funcionario aseguró: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, y apuntó contra la oposición al sostener que se intentan instalar “operaciones políticas” en su contra.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

Las amenazas de tiroteos en escuelas generaron unas 1000 denuncias solo en la provincia de Buenos Aires, en un contexto de creciente intervención judicial y policial que ya derivó en la identificación de estudiantes y en medidas para trasladar los costos de los operativos a sus familias.

Según datos del Ministerio Público Fiscal, en el Departamento Judicial de La Matanza se registraron cerca de 200 denuncias, mientras que en Moreno se contabilizaron alrededor de 70 casos, vinculados a pintadas, carteles y publicaciones en redes sociales con exhibición de armas.

En Moreno, la fiscal de Responsabilidad Juvenil Alejandra Piqué, de la UFI N°6, junto a Érica Chiessi y Solange Castelli, de la UFI N°7, solicitó embargos contra los padres de alumnos involucrados en amenazas. La investigación permitió identificar a siete menores, dos de ellos de 16 años y, por lo tanto, punibles.

En ese marco, la DDI realizó siete allanamientos en los que se secuestraron armas -presuntamente las exhibidas en redes sociales-, además de celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos. Los sospechosos fueron notificados por el delito de intimidación pública.

El monto de los embargos aún no fue determinado y deberá ser fijado por la Fiscalía de Estado bonaerense, en base a los gastos generados por los procedimientos policiales, las investigaciones y los cambios de protocolos en las instituciones educativas.

En Mar del Plata, el fiscal general Fabián Fernández Garello dispuso que los padres de estudiantes identificados como responsables deberán afrontar los costos de los operativos y posibles daños ocasionados, medida que ya fue comunicada a los fiscales del distrito.

En otras jurisdicciones también se adoptaron decisiones similares. En Santa Fe, por ejemplo, estimaron que cada operativo policial ante una amenaza puede costar entre cinco y seis millones de pesos, en una provincia donde se registraron 65 denuncias en un solo día.

Fuente: con información de DIB

En medio de cuestionamientos judiciales y tras la suspensión de su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos, en un gesto que el Gobierno interpretó como una señal de respaldo político y continuidad en el cargo.

Según informó Presidencia, durante el encuentro ambos repasaron la agenda legislativa y delinearon la segunda etapa de la gestión, con proyección hasta 2027. “En una reunión de trabajo mantenida en la Residencia de Olivos, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de gobierno”, indicó el comunicado oficial.

Como parte de esa planificación, Adorni encabezará una serie de reuniones con ministros y equipos técnicos con el objetivo de evaluar la ejecución de cada cartera y establecer metas operativas para el período 2026-2027.

El cronograma comenzará el 6 de abril con el Ministerio de Seguridad, continuará el 7 con Salud y el 8 con Defensa, dando inicio a una ronda de encuentros sectoriales que marcarán el rumbo de la gestión en esta nueva etapa.

El respaldo presidencial se produce en un contexto complejo para el funcionario, atravesado por denuncias y avances en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. En ese marco, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana que intervino en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Pese a este escenario, desde el entorno presidencial aseguran que no habrá cambios en el gabinete y que el Gobierno no cederá ante lo que consideran “presiones mediáticas y judiciales”, una postura que Milei volvió a reforzar con este encuentro.

Fuente: con información de DIB

La abogada santiagueña Agostina Páez pagó una caución de 18.500 dólares y quedó habilitada para regresar a la Argentina, luego de que la Justicia de Brasil le retirara la tobillera electrónica, tras haber sido retenida por un caso de injuria racial, según confirmaron fuentes judiciales.

El pago, equivalente a 97.260 reales (casi $26 millones), se concretó tras más de una semana de espera del fallo definitivo del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, que dispuso levantar las restricciones sobre la joven.

El juez Luciano Silva Barreto resolvió dejar sin efecto el monitoreo electrónico y consideró que la retención de Páez implicaba una restricción indebida de su libertad, por lo que revocó la decisión de primera instancia. La abogada había sido condenada a dos años de prisión en suspenso.

El caso se originó a partir de un episodio ocurrido en un bar, donde Páez fue filmada realizando gestos racistas frente a empleados del lugar, imágenes que se viralizaron y fueron utilizadas como prueba en el proceso judicial.

Según la versión de la imputada, el conflicto comenzó por una discusión vinculada a una cuenta mal cobrada durante unas vacaciones con amigas. No obstante, el registro audiovisual del hecho resultó determinante para la intervención de la Justicia brasileña.

La injuria racial es un delito tipificado en Brasil desde hace tres años, con penas que pueden alcanzar hasta los 15 años de prisión, y cuenta con pocos antecedentes similares en relación a ciudadanos argentinos.

En declaraciones previas, la joven había manifestado sentir “mucha ansiedad” y estar “desbordada, ansiosa y saturada” por la situación que atravesaba en el país vecino.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

El empresario Mauricio Novelli solicitó hoy invalidar el análisis técnico de su teléfono celular en la causa por la criptoestafa Libra, al denunciar “accesos indebidos” y “fallas graves”, y exigir una auditoría externa del procedimiento.

El planteo fue presentado por su abogado defensor, Daniel Rubinovich, quien cuestionó el peritaje realizado por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y pidió la nulidad de la prueba.

Según la defensa, la sospecha se sustenta en una resolución administrativa (PER 171/2026) que habría confirmado accesos indebidos por parte de personal, al detectarse que un agente ingresó a archivos específicos, los duplicó y los almacenó en su computadora sin justificación.

En el escrito, Rubinovich sostuvo que “la integridad, autenticidad y trazabilidad” del material peritado “quedó comprometida”, lo que, a su criterio, evidencia una falta de rigurosidad en la preservación de la prueba.

Además, el análisis de la DATIP abarcó 812 gigas de información que, según el empresario, debían estar bajo controles estrictos que no se cumplieron. En ese sentido, denunció una “exploración general” de su dispositivo que implicó una intromisión en su vida privada.

La defensa también afirmó que se incorporaron chats y archivos sin relación con el objeto de la investigación, lo que habría derivado en un volumen de documentación superior al necesario. En ese marco, Novelli sostuvo que el material resulta inválido desde el punto de vista legal y carece de utilidad para el avance de la causa.

Fuente: con información de Noticias Argentinas

En la ciudad de la Plata, un grupo de padres presentó una denuncia penal contra un ex juez y varias profesionales de la salud mental, a quienes acusan de haber intervenido en causas judiciales con informes presuntamente falsos que derivaron en la ruptura del vínculo con sus hijos.

Según la presentación, impulsada por varios hombres que atravesaron procesos judiciales por denuncias de abuso que luego fueron desestimadas o archivadas, existiría un patrón en la elaboración de pericias psicológicas. Los denunciantes sostienen que esos documentos habrían sido utilizados para respaldar acusaciones que no prosperaron en la Justicia, pero que igualmente generaron consecuencias duraderas en el contacto familiar.  

De acuerdo con el planteo, las intervenciones de las profesionales presentarían similitudes entre sí, tanto en la metodología como en los contenidos, incluso en expedientes distintos. Esto despertó sospechas sobre la posible existencia de un accionar coordinado vinculado a una organización liderada por un ex magistrado.  

La denuncia incluye delitos como asociación ilícita, falso testimonio agravado y otras figuras vinculadas a la presunta manipulación de pruebas en causas sensibles. Además, se cuestiona el impacto de estas prácticas en los menores involucrados, ya que, según los denunciantes, habrían sido sometidos a tratamientos psicológicos que reforzaban hipótesis de abuso inexistentes.  

Uno de los puntos más críticos señalados es la utilización de técnicas de evaluación que, según los abogados, podrían inducir respuestas en los niños. También remarcan que, pese a que varias causas fueron cerradas sin pruebas, en muchos casos no se restituyó el vínculo entre padres e hijos, lo que prolongó el conflicto familiar.  

La gravedad de las acusaciones motivó la intervención de organismos judiciales, que comenzaron a relevar información para determinar si se trata de hechos aislados o de una práctica sistemática. Mientras tanto, el caso abre un fuerte debate sobre el rol de las pericias psicológicas en la Justicia y su impacto en procesos vinculados a la niñez.

La causa que investiga a la secta conocida como “La Orden de la Luz”, liderada por dos empleados del Senado de la Provincia de Buenos Aires, sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba. La fiscal Betina Lacki intenta determinar si una funcionaria bonaerense habría intentado evitar que las denuncias salieran a la luz.

En ese marco, fue mencionada Melina Gaudino, militante del movimiento Movimiento Ciudadano La Capitana y exdirectora en un área del Ministerio de Seguridad bonaerense, quien fue señalada por tres denunciantes como parte de una posible maniobra para tapar los hechos o frenar el avance judicial.

Según consta en el expediente, una de las víctimas recurrió a Gaudino en enero de 2017 en busca de ayuda. Fue ella quien las puso en contacto con el abogado Claudio Yacoy, actual secretario de Derechos Humanos de Avellaneda, hoy citado como testigo clave. Las mujeres aseguraron haber entregado material probatorio contundente, que incluía mensajes, correos electrónicos, fotos y audios, bajo la promesa de que la causa avanzaba.

Sin embargo, con el correr de los meses, las denunciantes comprobaron que no se había presentado ningún escrito, que no existían pedidos de perimetral, indagatorias ni prisión preventiva, y que ni la fiscal ni el juez habían sido contactados, tal como se les había asegurado.

Al tomar contacto directo con Yacoy, las víctimas relataron que el abogado negó haber presentado documentación alguna y afirmó que nunca tuvo reuniones con la fiscal ni con el juez de la causa, lo que profundizó las sospechas sobre un posible encubrimiento.

Yacoy había sido citado a declarar la semana pasada, pero no se presentó. La fiscalía evalúa ahora si fue correctamente notificado y, de confirmarse, convocar una nueva audiencia para avanzar en la investigación.

Los principales imputados, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, permanecen detenidos desde diciembre y están procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado, en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019. Él figura como autor y ella como partícipe necesaria.

De acuerdo a la fiscalía, la organización tenía una estructura piramidal, con Rodríguez como líder absoluto, autodenominado “Dios Kiei”, mientras que Silva Muñoz actuaba como guía espiritual y facilitadora, captando y manipulando a las víctimas, muchas de ellas a través de la militancia política, el ámbito universitario o espacios feministas.

La investigación continúa en pleno desarrollo. En los próximos días, la fiscal deberá solicitar la prisión preventiva, mientras que el 22 de enero se realizará la apertura de teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados. Además, se evalúa que podría haber al menos 20 víctimas, algunas menores de edad, que aún no se animaron a denunciar formalmente, pero podrían aportar testimonio en la causa.

Fuente: TN

El conflicto entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo luego de que el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia, Gregorio Dalbón, denunciara en redes sociales la existencia de un “avance coordinado” desde distintos sectores estatales contra la conducción del fútbol argentino.

El mensaje fue difundido en medio de las actuaciones iniciadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y de las presentaciones realizadas ante organismos nacionales e internacionales.

Bajo el título “Datos públicos”, el letrado -también abogado de la ex presidente Cristina Fernández- puso el foco en los denunciantes y en el rol de funcionarios vinculados a las causas que involucran a la AFA. En ese marco, señaló que “el denunciante de la AFA, Juan Facundo Del Gaiso, registra ingresos del Estado” y mencionó antecedentes administrativos que lo relacionan con el ámbito futbolístico.

Dalbón también apuntó contra Matías Yofe, de quien afirmó que “mantiene vínculos laborales con el Estado y reuniones institucionales con funcionarios y magistrados, de público conocimiento”.

Otro de los ejes del mensaje fueron las filtraciones a la prensa. El abogado sostuvo que “parte del material difundido en medios (allanamientos) proviene de filtraciones cuya trazabilidad y motivación merecen ser esclarecidas”, y pidió investigar los roles de la ex ministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, y de la ministra Alejandra Monteoliva.

En su publicación, Dalbón advirtió: “Cuando se avanza coordinadamente contra ‘Chiqui’ Tapia, Pablo Toviggino y la AFA, la pregunta no es ideológica: ¿quiénes intervienen, desde dónde y con qué intereses?”. El mensaje concluyó con una frase que anticipa una profundización de la estrategia legal: “Transparencia. Estado de Derecho. Nada más. Nada menos. Ahora vamos por TODO”.

Fuente: con información de DIB

Durante el tercer trimestre de 2025, General Pueyrredon registró 3.503 delitos contra la propiedad, consolidándose como el tipo de delito más denunciado en el distrito, según el Reporte Trimestral de Seguridad elaborado por el Centro de Análisis Estratégico del Delito (CeMAED).

Del total de hechos contra la propiedad, el 76,22% correspondió a robos y hurtos, lo que confirma que esta modalidad continúa siendo el principal problema delictivo en el partido durante el período comprendido entre julio y septiembre.

El informe detalla que, en los tres meses analizados, se contabilizaron 2.670 robos y hurtos, con una leve suba del 2% respecto del segundo trimestre, y un incremento del 16,2% en comparación con el mismo período de 2024.

Dentro de ese total:

El análisis por modalidad muestra que el delito más frecuente fue el robo y hurto simple, representando el 56% del total. En segundo lugar aparecen los robos y hurtos de automotores, que alcanzaron el 20%, seguidos por los robos y hurtos de motos, que representaron el 24%.

En números concretos:

En cuanto a los delitos económicos, el informe señala que:

Respecto al lugar de ocurrencia, el 33% de los robos y hurtos se produjo en viviendas, seguido por:

En el caso específico de los robos en comercios, se registraron 252 hechos, 23 más que en el trimestre anterior. El 84% fueron robos consumados, mientras que el 16% correspondió a tentativas.

El informe también identifica patrones temporales claros:

En cuanto a las víctimas:

El grupo etario más afectado fue el de personas de entre 36 y 45 años, seguido por los rangos de 26 a 35 y 46 a 55 años. En el caso de menores de 18 años, la incidencia fue significativamente menor.

El informe señala que la Comisaría Segunda fue la jurisdicción con mayor cantidad de robos y hurtos denunciados, seguida por la Primera y la Quinta. También se detectaron incrementos interanuales significativos en las comisarías 13ª, 8ª y 7ª.

Si bien algunos indicadores muestran variaciones moderadas, los datos oficiales reflejan que los robos continúan siendo el delito más denunciado en General Pueyrredon, con una fuerte incidencia en viviendas, vía pública y comercios, y con patrones horarios y geográficos claramente identificados.

Desde el CeMAED destacan que esta información permite orientar estrategias de prevención, patrullaje focalizado y políticas de seguridad urbana, especialmente en las zonas con mayor concentración de hechos.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicaron este miércoles fotos y videos inéditos de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses, en el Caribe. Se trata de la isla donde se produjeron los abusos del magnate.

En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared.

También hay una imagen de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry; y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como “poder”, “engaño” o “política”.

La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como “la isla de la pedofilia”, fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.

“Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein”, aseguró el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.

Imagen captada de un drone de la isla de Jeffrey Epstein (Foto: Reuters)

El Comité también recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos.

El pasado 18 de noviembre, el Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019, y Ghislaine Maxwell, cómplice y pareja que cumple condena en una cárcel.

El Congreso de Estados Unidos aprobó en noviembre una ley, con el voto a favor de republicanos y demócratas, para obligar al Departamento de Justicia a que publique los documentos del caso, que todavía no han sido revelados.

Trump, quien hace décadas tuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso en un principio a la publicación de los archivos, argumentando que era una estrategia de los demócratas para dañar su imagen, pero luego respaldó la ley.

Fuente: TN

El candidato de LLA aseguró que la denuncia se trata de "una campaña sucia", y agregó “es la misma que vengo sufriendo desde el año 2021 cuando infructuosamente trataron de que yo no entrara en la Cámara de Diputados. Es lo mismo. El kirchnerismo destruye al país y después no quiere que se discuta como reconstruirlo, sino que prefieren hacer campaña sucia”, se defendió Espert.

La denuncia penal fue presentada por Juan Grabois, dirigente de Patria Grande y candidato a diputado de Fuerza Patria. En la misma se acusa al Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de haber recibido u$s200.000 de Federico “Fred” Machado, empresario investigado por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos.

A raíz de ello la ministra remarcó “Nosotros tenemos la vara muy alta, el voto liberal y republicano exige respuestas". Dejando en claro su postura sobre el tema.

Desde el gobierno nacional buscan bajarle el tono a la discusión, tal como hizo el presidente Javier Milei refiriéndose a la situación como "chimentos de peluquería".

La Dirección del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Oscar Alende, declaró una guerra frontal contra la venta ilegal de turnos, un problema que afecta directamente a la calidad del servicio de salud pública. En una fuerte actitud de gestión, que busca erradicar la corrupción con los turnos, se realizó una denuncia penal formal, sentando un fuerte precedente.

La doctora Renata Montaño Oliver, directora asociada del HIGA, encabezó este proceso, implementando una serie de auditorías y seguimientos por redes sociales, que revelaron la existencia de un mercado negro de turnos que impedía el acceso equitativo a la atención. "No vamos a tolerar que se haga negocio con la salud pública, por eso personalmente hice la denuncia penal luego de meses de investigaciones", sentenció la directora. "Además hemos reestructurado por completo el esquema de turnos por teléfono para cuidar al personal del hospital y poner un manto de transparencia en la entrega. Quienes más lo necesitan deben ser los primeros en ser atendidos, no aquellos que puedan pagar un turno clandestino."

Este compromiso se alinea con la política del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Nicolas Kreplak, en su camino hacia la Historia de Salud Integrado (HSI) y la implementación de turnos web en la que el hospital regional avanza en su ingreso. Sin embargo, la batalla del Hospital va más allá de un simple cambio administrativo. La denuncia penal es el paso definitivo para demostrar que la dirección y el ministerio, están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. "Vamos a ir a fondo. Quienes lucren con la necesidad de la gente tendrán que rendir cuentas ante la justicia", afirmó Montaño Oliver. Este hecho no es el primero que se conoce en la salud bonaerense, y en estos casos además de lo penal se avanzó con sumarios administrativos, cuando existió connivencia interna. En el caso del hospital Alende ya están identificados quienes vendían los turnos, pero ahora ya es una tarea de la justica, destacan.

La situación se agrava por el contexto actual, que disparó la demanda de atención en el HIGA. El hospital, por su naturaleza de centro de agudos, está diseñado para el tercer nivel de salud, pero se ve forzado a absorber el primer nivel debido a la falta de respuesta del mismo. A esto se suma el aumento masivo de pacientes que, debido a la coyuntura económica, quedaron desempleados y perdieron su obra social o se vieron obligados a dejar sus prepagas.

La venta de turnos exacerba esta situación, creando un cuello de botella artificial que beneficia a unos pocos y perjudica a la inmensa mayoría que busca acceder a una atención digna. La dirección del hospital hizo un llamado a la comunidad para sumarse a esta lucha. "Les pedimos a todos que, si detectan la venta de turnos, lo denuncien de inmediato a través de nuestras redes sociales. Vamos a erradicar este negocio, cueste lo que cueste, porque la salud es un derecho, no una mercancía." 

En el marco de la investigación de la Justicia bonaerense por el presunto cobro de “retornos” de contratos la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicitó en las últimas horas elevar a juicio oral a uno de los asesores de la legisladora, Kevin Alan Razimoff.

En detalle, el fiscal Mario Rafael Pérez también pidió el sobreseimiento de otro colaborador, Gonzalo Javier Torrijo Fuertes. Ambos planteos fueron elevados al juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, quien interviene en la causa.

La investigación se inició tras la denuncia de Yanina Arce, ex cuñada y exempleada de Delmonte, quien aseguró que la senadora le había ofrecido un contrato a cambio de una devolución mensual.

Según la Fiscalía, ese esquema se habría replicado al menos con otros cinco empleados. Sin embargo, los dos asesores citados negaron las acusaciones. En paralelo, desde el entorno de la legisladora radical denuncian una maniobra de desprestigio y vinculan la presentación judicial con su proceso de divorcio. “Es una denuncia que se da un año después de que Arce dejara de trabajar con Delmonte”, indicaron fuentes cercanas a la senadora a Diputados Bonaerenses.

El fiscal también señaló que el Senado bonaerense continúa sin dar estado parlamentario al pedido de desafuero de Delmonte, lo que dificulta avanzar en la investigación. Además, denunció demoras en la entrega del listado completo de asesores designados por la senadora y los miembros de la comisión de Comercio Interior, PyME y Turismo, que presidió entre 2020 y 2022.

En su descargo público, Delmonte afirmó que la denuncia “obedece a hechos expuestos por una ex colaboradora con interés en perjudicarla políticamente”, en el marco de su divorcio. También sostuvo que se presentó ante la Justicia desde el primer momento y denunció que el pedido de desafuero “ni siquiera ingresó a la Cámara de Senadores bonaerense”.

“Lamento profundamente las odiosas comparaciones con otros casos”, expresó Delmonte, y agregó: “Estoy convencida de que se hará justicia. No existe ningún delito y lo aclararé en el ámbito correspondiente. Luego iniciaré las acciones contra quienes nos están calumniando”.

Fuente: Diputados bonaerenses

La legendaria banda de rock alternativo Jane's Addiction atraviesa un escándalo judicial tras la pelea en vivo entre Perry Farrell y Dave Navarro, ocurrida durante un concierto en Boston en 2024. El incidente no solo provocó la cancelación de la gira de reunión, sino que ahora derivó en cruces de demandas entre los integrantes del grupo.

Navarro, junto a Stephen Perkins y Eric Avery, demandó a Farrell por al menos 10 millones de dólares, acusándolo de un comportamiento errático, agresiones físicas y de haber saboteado el proyecto de regreso de la banda.

“Con una serie de golpes rápidos, él solo destruyó el nombre, la reputación, la marca registrada y la viabilidad de la banda”, alegaron en su presentación ante la justicia de Los Ángeles.

Farrell, por su parte, contraatacó judicialmente junto a su esposa Etty Lau Farrell, responsabilizando a sus compañeros por una supuesta “campaña de acoso” que incluía tocar los instrumentos a un volumen tal que le impedía oírse cantar. También los acusó de agresiones físicas antes y después del show.

El conflicto estalló durante un show el 13 de septiembre en Boston, donde videos muestran a Farrell abalanzándose sobre Navarro y golpeándolo. Pero según el cantante, fue él quien sufrió violencia desproporcionada. Tras el escándalo, el vocalista llegó a pedir disculpas públicamente por su “comportamiento inexcusable”.

Another camera view of yesterday's incident at the Jane's Adicction concert. It's a shame that this happened. At the moment they have not given any statement or explanation about it. We will see what the future holds for the band. pic.twitter.com/vDMKP2vdFh

Jane’s Addiction fue un pilar de la escena alternativa de Los Ángeles en los años 80, y tuvo varios regresos desde su primera disolución. La gira de 2024 marcaba el reencuentro de su formación original, pero terminó abruptamente y con un cierre amargo. Ambas partes se acusan de incumplimiento de contrato, agresión y daño emocional.

Fuente: Asociated Press

Un hombre de 59 años quedó imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa, luego de que se comprobara que había mentido al afirmar que le robaron su vehículo a mano armada en la vía pública. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal N° 10, especializada en Delitos Económicos, se inició tras detectar inconsistencias en su declaración y pruebas que lo contradicen.

El hecho ocurrió el pasado 15 de febrero, alrededor de las 18:30, cuando el sujeto se presentó en sede policial y denunció que había sido víctima de un robo violento. Según su relato, había estacionado su Fiat Fiorino Qubo blanco en la zona de Talcahuano al 1100 y, al momento de descender, fue sorprendido por delincuentes armados que le sustrajeron el vehículo. A partir de esa denuncia, se insertó el pedido de secuestro del rodado.

Sin embargo, con el avance de la causa caratulada inicialmente como "Robo automotor", bajo la intervención de la fiscal Lorena Irigoyen, se analizaron imágenes de cámaras de seguridad y se tomaron declaraciones testimoniales que pusieron en duda la versión del denunciante. Las pruebas recolectadas no coincidían con lo informado por el hombre, lo que llevó a sospechar que se trataba de un intento de estafa a la compañía aseguradora.

Tras ser notificada de las irregularidades, la fiscalía de Delitos Económicos, a cargo del doctor Bruna, ordenó iniciar actuaciones por “Falsa denuncia y tentativa de estafa”. Además, dispuso tomar declaración testimonial al representante legal de la aseguradora involucrada, incorporar copia del legajo del seguro y notificar al imputado de la formación de la causa.

Por el momento, la Justicia no adoptó ninguna medida restrictiva de libertad contra el acusado, aunque la investigación continúa su curso.

El Intendente Guillermo Montenegro brindó una conferencia de prensa tras presentar a la audiencia por la denuncia realizada por la Comisión Provincial por la Memoria: “Está claro que nosotros defendemos a los marplatenses, defendemos al que labura y no defendemos chorros”, señaló.

El conflicto surgió a partir de una serie de posteos y comentarios en redes sociales sobre la intervención de la Patrulla Municipal en la detención de cuidacoches y “trapitos” en las zonas comerciales de la ciudad. 

Respecto a la entidad que presentó la denuncia, aseguró que “es un grupo de burócratas que trabajan en la provincia de Buenos Aires y que además tienen sueldos pagados por los vecinos. Que estemos trabajando en esto, me cuesta creerlo”.

En esta línea, comentó que "nosotros tenemos una posición muy clara que tiene que ver con cómo defendemos a los marplatenses, cuál es el la función del Municipio. Históricamente en seguridad se planteaba problemas con las luces, las cámaras, nosotros ahí tomamos una decisión de una posición mucho más proactiva de defensa de los vecinos y de control del espacio público".

“Y empezamos a trabajar en coordinación con la Provincia y con el Gobierno nacional, arrancamos con la zona roja, que era una problemática muy clara que tenían los vecinos de la ciudad. Trabajamos muy fuerte en las tomas y lo vamos a seguir haciendo. Trabajamos y seguimos trabajando en todo lo que tiene que ver con con los trapitos y los fisuras que son los que extorsionan a los vecinos de la ciudad”, continuó.

Asimismo, destacó que “los vulnerables son los que van a laburar a la mañana, los que no pueden ir a trabajar a su hotel, el que no puede entrar a su a su casa, el que no puede entrar a un cajero y en eso nosotros vamos a seguir siendo muy exigentes en el cuidado y control del espacio público”.

“También vimos una modalidad muy clara en el último tiempo, antes tenían que ver con las tomas, y ahora directamente tomaron la decisión de mandar gente a Mar del Plata para que pululen por las calles y generen caos, no lo vamos a permitir”, agregó.

Por lo que “el mayor responsable de la Patrulla Municipal soy yo y las decisiones que se toman del cuidado de los vecinos de nuestra ciudad y lo voy a seguir haciendo. En este último mes casi 30 de las intervenciones que tuvo la Patrulla, fueron personas que tienen pedido de detención”, indicó.

En consecuencia, “no me importa la cantidad de denuncias que hagan este tipo de organismos, porque yo tengo muy claro desde el primer día cuál es mi posición y es la posición que tenemos todos los que vivimos en Mar de Plata y que no rompemos el culo laburando para que las cosas vayan bien”, remarcó.

“No tiene que ver con Montenegro. Esto tiene que ver con los que necesitamos los marplatenses y yo voy a estar en ese lugar, si tengo que defenderlo judicialmente y llegar a la Corte Suprema de Justicia de la provincia o a la Corte Nacional, lo voy a seguir haciendo y también voy a continuar con lo que tengo que hacer en lo operativo para cuidar a los vecinos de la ciudad”, concluyó.

Los vecinos Estación Camet se sienten olvidados. A pesar del gran operativo de seguridad que utiliza el intendente Guillermo Montenegro como bandera, los robos en los barrios de la Ruta 2 lejos están de disminuir. 

En las últimas semanas los comentarios rondan en el mismo tema, la bicicleta que desapareció de la casa de uno, la moto que ronda por la cuadra controlando los movimientos de las familias, la falta de luz en las calles. 

A pesar de los múltiples avisos al destacamento ubicado en la entrada de El Tejado, la cobertura es casi nula por falta de recursos, un patrullero que debe recorrer kilómetros para atender a cualquier llamado y que más de una vez queda fuera de servicio. 

En diálogo con El Marplatense, un vecino contó que "estamos averiguando para poner una alarma vecinal porque el grupo de WhatsApp que armamos entre los residentes de la manzana ya no alcanza".

Asimismo destacó que "en los últimos días vemos un auto con vidrios polarizados circular por la zona, pero al momento que llega el patrullero desaparecen mágicamente. Vivimos de toda la vida acá y sabemos reconocer a quienes son del barrio". 

En la misma línea, una mujer dijo que "el otro día quisimos pedir delivery, pero el repartidor no aceptó venir a casa porque están robando muchas motos. Al principio nos pareció insólito que no quieren llegar hasta acá, después entendimos que también están asustados por la inseguridad". 

Entre los vecinos se alertan sobre "actitudes sospechosas", desde un auto que reduce la velocidad al pasar por las casas hasta el ladrar continuo de los perros. Aseguran que más allá de la falta de iluminación de las calles que parecen "una boca de lobo", la ausencia de mantenimiento de los pastizales de las vías del tren "son el lugar ideal para que se escondan de noche". 

Aunque la solidaridad entre vecinos para poder afrontar esta situación es importante, los residentes del barrio El Tejado, Las Margaritas, el Sosiego, La Trinidad - donde murió un chico de 14 años atropellado-, La Laura y el 2 de Abril quieren respuestas de los mandatarios que afirman en cada discurso que la seguridad es su prioridad. 

El Club Alemán de Mendoza quedó involucrado en un escándalo después de que una deportista denunciara haber sufrido abusos durante una “bienvenida”, una especie de ritual de iniciación al que la sometieron cuando ella tenía 16 años y formaba parte del equipo de hockey sobre césped de la categoría primera A.

Según la denuncia, sus compañeras la hicieron vivir situaciones degradantes, como desnudarse, hacer juegos humillantes y completar consignas sexuales. También contó que, mientras realizaba esas prácticas aberrantes, la filmaron con un celular sin su consentimiento.

El caso fue reportado en 2023, cuando la joven le contó a sus papás lo que había pasado y ellos decidieron intentar resolverlo de forma interna, pero en la institución prefirieron que el hecho sea investigado por la Justicia, y desde la comisión directiva hicieron una presentación judicial ante la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Mercedes Moya.

La chica, que en ese momento tenía 16 años, fue citada a declarar y ratificar la denuncia. En su testimonial, detalló hechos muy graves y mencionó prácticas abusivas y humillantes entre las jugadoras del club. Además de la joven, habría al menos cinco menores más que habrían sido víctimas y que decidieron sumar su testimonio en los últimos meses.

De acuerdo a la versión de la primera denunciante, todo ocurrió en 2023, en el baño del club, donde la habrían obligado a ella y a otras deportistas a desnudarse de la cintura para arriba. Luego -sostiene la denuncia- le hicieron ponerse un “top creativo”, caminar como perros y cumplir consignas sexuales.

También contó que les vendaron los ojos con toallitas femeninas, les habrían metido salchichas en la boca y les colocaron una morcilla en la zona genital, encima de la calza de deporte.

“Días antes de la bienvenida, una de las líderes me preguntó si era virgen. Ese mismo día, el del ritual, cuando me estaba duchando, me quitaron la toalla y una decía dale, dale, que te queremos ver la c...”, detalló la joven en diálogo con Los Andes.

Después les ordenaron que se pusieran “en cuatro patas” y fueran hacia otra parte de los baños. Entonces, una de las mujeres dijo: "Mordé este hueso; ahora sos un perro“, mientras otras hacían comentarios de índole sexual. Allí fue cuando le colocaron el embutido. “Yo moví la morcilla porque me daba asco que tocara mis genitales y ellas me decían que me deje”, contó.

“Yo estaba muy incómoda con la situación. Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no podía hablar. Una hora y medio riéndose de mí, mientras decían hasta cosas de mi mamá”, recordó.

“En el momento no entendía qué había pasado. Me sentía mal, estaba angustiada, no podía ponerle palabras. Sabía que estaba mal y que cuando le contara a mis padres se iba a armar un tema. A medida que pasaban los días me di cuenta de la dimensión de lo que había pasado, por cómo reaccionó el club y las chicas. Pero en el fondo siempre supe que estaba mal lo que hicieron”, expresó.

“Yo iba a que me tiñeran el pelo. Era lo único que pensé que me iban a hacer. En el momento, por las ganas de pertenecer, dije ‘tengo que pasarlo’. Nunca supe que me filmaron hasta que me sacaron la venda. Yo no di consentimiento para nada”, contó.

Cuando la menor habló con sus otras compañeras sobre lo que habían vivido, algunas le dieron su apoyo. Pero todo se disipó. “Al principio dijeron ‘la pasamos mal’, se les fue las manos, está mal. Si vos hablás, saltamos todas, lo tengo en el chat. Pero al final nadie saltó. Una dijo ‘no nos van a creer’. Creo que no hablaron por querer seguir jugando en primera”, recordó.

“La he pasado muy mal, me quedé sola. Fui a declarar 50 veces, mis papás dejaron de trabajar para acompañarme, tenía que dejar el colegio, cada vez tenía que revivirlo, con detalles específicos”, sostuvo.

Su objetivo es “que no se repita y que haya consecuencias, todo ha recaído en mí que soy la víctima”, contó.

La denuncia fue presentada por la comisión directiva del Club Alemán, ya que la familia de la joven denunciante inicialmente trató de manejar el tema puertas adentro, y pidieron que las jugadoras involucradas sean sancionadas. Sin embargo, al ver la dimensión del caso, decidieron sumarse a la presentación judicial y exigir respuestas.

A partir de esto, las autoridades emitieron un comunicado para poner en conocimiento a sus socios de lo que estaba pasando. “La Comisión Directiva luego de tomar conocimiento de dicha presentación -por imperativo legal- tomó la inmediata decisión de poner en conocimiento de los hechos expuestos ante la Fiscalía Penal en turno de Mendoza”, remarcaron.

“También se puso en conocimiento de esa presentación a todas las personas nombradas en la misma, para que ejercieran los derechos de defensas que por ley corresponden. Como efecto de ello, han efectuado sus descargos, ejerciendo de esta manera sus derechos fundamentales de defensa”, anticiparon.

“Por lo expuesto, la Comisión Directiva tomó la decisión de someterse a todas las directivas que imparta la Fiscalía Penal competente en pos de resguardar los derechos de todos los socios de esta institución”, informaron.

Después, sacaron otro comunicado y advirtieron: “La Comisión Directiva del Club Alemán de Mendoza prohíbe la realización de cualquier tipo de ceremonias de iniciación (BIENVENIDAS) en el deporte federado y no federado".

“Se considera que este tipo de situaciones no corresponden a actos para la institución. Con esta decisión, se trata de prevenir y erradicar las conductas y prácticas que constituyan violencia en las relaciones interpersonales”, cerraron.

En el expediente consta la versión de las 10 jugadoras denunciadas, quienes hicieron una nota a modo de descargo ante la comisión directiva del club ante el riesgo de alguna sanción. Todas negaron las acusaciones y aseguraron que se trató de juegos sin connotaciones sexuales y sin contacto con zonas íntimas.

Fuente: TN

El concejal del PRO, Agustín Neme, salió en defensa del intendente Guillermo Montenegro, tras la denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria por apología del delito respecto de la forma en que el jefe comunal aborda la temática de la inseguridad y el control del espacio público. “Esto fue transformado en un reducto kirchnerista”, confió el edil oficialista.

“La verdad que la carta enviada por la Comisión indigna en cuanto a su contenido”, cuestionó Neme con relación al texto presentado por la Comisión presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, que solicitó la intervención del Concejo Deliberante “para que, conforme sus atribuciones, realice todas las acciones tendientes a revertir la situación e investigue y de corresponder sancione al intendente Guillermo Montenegro”.

“La Comisión, para ponerla en un contexto, fue transformada en un reducto kirchnerista. Desde hace tiempo vienen con este tipo de actitudes. Por un lado dicen que el intendente no puede entrometerse en cuestiones de seguridad ciudadana porque eso es una postead del Gobierno de la provincia, ellos mismos que defienden a Kicillof le dicen a un intendente que no se meta en la seguridad de los vecinos”, consideró Neme en diálogo con Los datos del día por Radio Mitre Mar del Plata.

El edil del PRO aseguró que “piden una sanción al intendente por invertir en seguridad y dar pelea” y confió que “hubiera sido muy fácil para Montenegro cuando asumió decir ‘la potestad es de la provincia’. Pero no lo hizo, no miró para el costado. Y encaró muchísimas cuestiones desde el ámbito local que hasta exceden en calidad de recursos lo que podemos hacer”.

Tras remarcar que “la seguridad para nosotros es una prioridad”, Neme recordó acciones como el traslado de la ‘zona roja’, la adquisición de armas no letales, la inversión en la Patrulla Municipal y en el anillo digital. Consultado precisamente sobre si la Patrulla Municipal está recurriendo a acciones que trasgreden la ley, fue categórico: “No, de ninguna manera, está defendiendo a los marplatenses y batanenses de bien”.

En ese sentido, el concejal profundizó en el discurso de Montenegro y consideró que “los delincuentes son delincuentes, quienes intentan apropiarse del espacio público, extorsionan y violentan a los ciudadanos de bien, son delincuentes” y remarcó que “estamos controlando el espacio público, principalmente en aquella cuestión donde se generan situaciones de extorsión y de violencia”.

De todos modos, para Neme se trata de “una discusión ridícula”, aunque reconoció que “tiene que ver con una cuestión ideológica que viene sucediendo en nuestro país. Para algunos los delincuentes son las pobres víctimas y para nosotros todo lo contrario. Las víctimas son los vecinos que son violentados”.

“Un intendente que pone recursos para ayudar no sólo al gobernador de la provincia sino también a la Justicia y desde el kirchnerismo y desde la propia Comisión nos dicen que nosotros queremos espiar a la gente. Lo que les pido es que se pongan de acuerdo, porque indigna escucharlos. Queremos una ciudad más segura y vamos a seguir invirtiendo para darle seguridad”, concluyó el concejal del PRO.

Lo que comenzó el viernes como un tuit de promoción de una criptomoneda por parte del presidente Javier Milei escaló hasta decantar en una fuerte polémica, que el Gobierno intenta minimizar y la oposición buscar potenciar con presentaciones de pedidos de juicio político y de investigaciones en el Congreso.

Pero más allá de ese escenario, lo cierto es que la fallida promoción del token $LIBRA, que dejó miles de damnificados que perdieron sus inversiones, generó ya más de un centenar de presentaciones en la Justicia Federal.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, hasta hoy hay 112 denuncias penales contra el mandatario, a partir de su publicación en redes y posterior marcha atrás. De esas presentaciones, 111 fueron de manera digital en diferentes juzgados, que recién se activarán mañana, cuando abran esas dependencias.

Sin embargo, una de esas denuncias se hizo de manera presencial en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y ya fue aceptada por el fiscal Guillermo Marijuan. Fue realizada un hombre identificado como Miguel Ángel Heredia.

De acuerdo a las fuentes, más allá del debate que se producirá mañana sobre quién debe tomar el caso, esta presentación deberá ser la que tenga preponderancia a la hora de agrupar las denuncias para determinar si el Presidente incurrió en algún delito. La denuncia cayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 a cargo de Sebastián Casanello, en la Secretaría N°13 del doctor Martin Smietniansky.

La Justicia, ahora, deberá evaluar si Javier Milei incurrió en algún delito al promocionar la criptomoneda $LIBRA, que tuvo un abrupto ascenso en su cotización para luego derrumbarse rápidamente. El mandatario mantuvo durante algunas horas la publicación en su cuenta oficial de la red social de X, aunque luego la borró y subió otro mensaje en el que se desligaba del tema.

“Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y, luego de haberme interiorizado, decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, arrancaba el texto. Luego volvió a su estilo habitual y trató de “ratas inmundas de la casta política” a quienes, según su criterio, quisieron “aprovechar esta situación para hacer daño”.

Hasta ahora, no está claro si la publicación de Milei constituye en sí un delito, más allá de las acusaciones que hicieron distintos sectores políticos, principalmente el kirchnerismo, que adelantó que presentará en el Congreso un pedido de juicio político contra el mandatario.

Fuente: Infobae