En la recta final de la campaña electoral de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno de Javier Milei anunció que endurecerá por decreto el régimen migratorio. El anuncio lo hizo el vocero presidencial y candidato a legislador, Manuel Adorni, acompañado por Patricia Bullrich, y busca acelerar los tiempos de expulsión e impulsar el cobro de servicios de salud y educación para no residentes.

Entre las medidas previstas, habrá requisitos más severos para obtener la ciudadanía argentina, se expulsará inmigrantes ilegales o con condenas y buscará extender el cobro de servicios de salud y educación. En ese sentido, se buscará acelerar los plazos para echar del país a quienes cometan delitos dentro de la Argentina.

En primer lugar, se estableció que, a partir de la publicación del decreto, ningún extranjero condenado podrá ingresar al país y que aquellos que cometan un delito en el territorio nacional, cualquiera sea su pena, serán deportados, aunque aún no se informó cómo serán los procedimientos y cuánto se deberá esperar para hacerlo. Se habilitarán que los ilícitos con penas menores a 5 años sean motivo de denegar el ingreso al país o de deportación, según sea el caso.

“De ahora en adelante cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán expulsados. El que miente en cualquier información en su ingreso será también expulsado”, sostuvo Adorni.

Y agregó que “Argentina no será tierra fértil para la llegada de delincuentes”, e insistió que “todo aquel que sea condenado, será deportado, sea el delito que sea”.

Por otro lado, exigirán el pago de los servicios de salud a los residentes transitorios, temporarios e irregulares. Además, impondrán la obligatoriedad para contar con un seguro médico en su ingreso al país.

Según los datos oficiales, pretenden que se minimice el gasto de $ 114.000 millones que significó la atención a extranjeros. Tal y como habían dado a entender, se autorizará a las universidades nacionales a que, si quieren, podrán establecer aranceles para los servicios educativos a residentes temporarios. Esto no abarca a la educación inicial, primaria o secundaria.

“Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen a trabajar y formar su futuro, no es justo que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en el territorio argentino”, dijo desde Casa Rosada, sin aceptar preguntas.

Y sobre el final, el portavoz repitió que “van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. Sólo se va a otorgar a quienes residan dos años en el país sin abandonar el territorio”.

Fuente: DIB

El Gobierno parece estar decidido a encarar de lleno la agenda de la lucha contra la inseguridad. La implementación de las pistolas Taser y el anuncio del envío del proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años son algunas de las iniciativas que se propone la Casa Rosada para los próximos meses.

Otra medida apunta a los controles migratorios: mientras avanza en la búsqueda de consenso con un sector del peronismo para confeccionar un proyecto que endurezca la ley de Migraciones 25.871, busca agilizar la expulsión de extranjeros que delinquen o que ingresaron de forma ilegal al país, para lo que creará un Fuero Migratorio y una unidad especial de búsqueda de delincuentes extranjeros.

El control del flujo migratorio fue trazado como prioridad por Mauricio Macri casi desde que asumió. Y, luego de un año de gestión, firmó el decreto 70/2017 que incluyó una serie de requisitos para los extranjeros que quieren ingresar al país, como la prohibición para aquellos que cuentan con antecedentes penales en su país de origen; y, al mismo tiempo, modificó los plazos administrativos para agilizar los procesos de expulsión, que hasta entonces podían demorar hasta 6 años.

Ese DNU, sin embargo, fue impugnado por distintos sectores, desde lo político y también en el ámbito judicial. Hasta que el año pasado la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró su “invalidez constitucional” y frenó su aplicación. El Gobierno, de todos modos, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que ahora debe definir.

Avanzada parece estar la creación de un Fuero Migratorio, como lo ordena la actual ley. El borrador oficial ya pasó por los despachos de opositores. Se trata, entre otras cuestiones, de la conformación de una Cámara Nacional Migratoria -inspirada en la estructural de la Cámara Nacional Electoral- que permita unificar la vía recursiva en la material y pueda sentar jurisprudencia para todos los juzgados de primera instancia del país y reducir los tiempos de las actuaciones.

Por lo pronto, según informó Clarín, este lunes pasará por Casa Rosada el director de Migraciones, Horacio “Toto” García, quien se reunirá con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para trazar la hoja de ruta para los próximos meses.

Pero algunas de las iniciativas ya están en marcha: por un lado, Migraciones confeccionó un listado con los nombres de 354 extranjeros, con antecedentes penales o que ingresaron al país ilegalmente, que empezará a buscar para luego expulsarlos. Ya cuenta con el aval judicial. A esto se suma la nómina de 618 extranjeros que presentará ante la Justicia para solicitar su “retención” para su posterior expulsión. Serían casi 1000 extranjeros a punto de ser expulsados por delitos.