En declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Atlántica (SECZA), Guillermo Bianchi, aseguró que “el mundo sindical es el que se está enfrentando decididamente de forma colectiva a Milei”, en el marco de un análisis crítico sobre la situación política, económica y social que atraviesan los trabajadores.

Al trazar un panorama general, Bianchi sostuvo que “la justicia social en Argentina no es un pecado, sino un objetivo supremo de las organizaciones colectivas”, y planteó que para explicar el presente del país bastaría con “llevar a un extranjero a la marcha de los jubilados o al Hospital Garrahan para mostrar cómo se desprotege la vida de los niños y la importancia de los sindicatos”.

Respecto del rumbo nacional, advirtió que el oficialismo ejerce “una sociedad de mercado basada en el autoritarismo, no en la democracia”, y que “el discurso violento acentúa el autoritarismo no solo desde lo discursivo, sino también desde sus acciones legislativas, ejecutivas y policiales”.

También cuestionó el relato presidencial de lucha contra “la casta”. Aseguró que “nada de lo que hace Milei es nuevo. Lo único distinto es la forma de comunicarlo. La gente ya se dio cuenta de que la casta es la mayoría del pueblo argentino”.

En cuanto al rol de las organizaciones gremiales, el titular del SECZA afirmó que “la acción sindical debe incorporar la comunicación como forma de lucha”, ya que “el conflicto no ocurre solo en la calle o el lugar de trabajo, sino también en el celular de cada trabajador”. Propuso avanzar hacia un “sindicato 4.0” capaz de informar, canalizar reclamos y promover derechos desde lo digital.

Bianchi denunció además que el Gobierno “interviene en todos los niveles salariales para disciplinar a los trabajadores”, desde el Salario Mínimo, Vital y Móvil hasta las jubilaciones, salarios estatales y convenios colectivos. “Incluso cuando hay acuerdos entre Comercio y las patronales, el Ministerio de Trabajo se niega a homologarlos. Es una forma de controlar el ingreso y romper la negociación colectiva”, criticó.

Finalmente, enfatizó que “el movimiento sindical es hoy el principal obstáculo para un modelo que busca desarticular derechos y avanzar sobre los sectores más vulnerables”.

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) solicitó al Gobierno nacional que se incluya a la pesca en el listado de actividades productivas a las cuales se le reducen los porcentajes que se abonan en concepto de derechos de exportación.

Desde la entidad solicitaron esta reducción “en momentos en que se registra una importante merma en los precios internacionales de los productos provenientes de la pesca, el incremento de los costos de producción y la elevada carga impositiva que debe afrontar el sector”.

Por lo tanto, el documental presentado por la entidad solicita “una urgente revisión de la exclusión de esta actividad productiva del listado de reducciones de retenciones”.

“La pesca -indica el comunicado- además de pagar derechos de exportación también abona el Derecho de Extracción (DUE), que en diciembre el Consejo Federal Pesquero incrementó de forma considerable”.

Desde UCIP consideran que esos fondos que se pagan hoy como retenciones, “no sólo son importantes para el sector, sino para la economía de la ciudad ya que los mismos pueden quedar como ahorro que luego se volcará a la inversión en las empresas para generar más puestos de trabajo que terminan derramando en consumo en la ciudad”.

A diez años de su creación, el Concejo Deliberante local declaró “de interés” a la Asociación Mundo Igualitario (AMI), que promueve los derechos del colectivo LGBTTIQNB+ en la ciudad.

El acto protocolar se realizó hoy en el recinto deliberativo y contó con la presencia de representantes de organizaciones vinculadas al movimiento de mujeres, disidencias y diversidades.

Además, fue de la partida la concejal Valeria Crespo, que fue la impulsora del reconocimiento a esta agrupación que realiza diversas actividad en post de la inclusión.

También estuvieron presentes los ediles Miguel Guglielmotti, Daniel Núñez y Diego García, quienes representaron a los diversos bloques del Concejo. 

Sin avances por el momento, este viernes habrá una nueva reunión entre trabajadores de la panadería Chajamar y el Sindicato de Panaderos por el estado de alerta y movilización que rige desde el 31 de octubre, debido al incumplimiento de una serie de acuerdos paritarios por parte de la empresa. Definirán cómo continúa el plan de lucha. 

De acuerdo al comunicado emitido por el Sindicato de Obreros Empleados Panaderos de Mar del Plata y Zona Atlántica (SOEPMPZA), la firma continúa sin dar respuesta a los siguientes pedidos: “Reincorporación de trabajadores al sindicato, cumplimiento de la jornada laboral de siete horas y suspensiones injustificadas con descuentos en los sueldos”.

Al mismo tiempo, resaltaron que “el conflicto también se generó por el pago y liquidación de feriados y horas extras, así como la mala registración de las vendedoras de las distintas sucursales”.

"Estas medidas son de total rechazo por el SOEPMPZA y los trabajadores panaderos. Nos encontramos en estado de alerta y movilización y hacemos responsables de esta situación a los representantes de Brando e Ilde S.A", añadieron en el comunicado.

Pero más allá de que el estallido tuvo lugar a fines del mes pasado, es una problemática de larga data. Como le comentó a este medio el secretario general de SOEPMPZA, Matías Coronel, el gremio siempre tuvo una “tensión constante” con Chajamar, donde contó que durante la pandemia iniciaron una mesa de trabajo con los trabajadores y se enteraron de que "el 35% estaba abajo con los salarios”.

Sin embargo, también detalló que esa situación se normalizó desde enero de este año, cuando por su parte comenzaron a “solicitar una estabilidad en la falta derechos que había en base a nuestro convenio colectivo”, como ”bancarización de los trabajadores, registración por jornada completa de los vendedores, y pago de feriados y aguinaldos en tiempo y forma".

Esos pedidos del sindicato nunca fueron tomados en cuenta y por esa razón es que desde marzo intentaron avanzar con reuniones, inspecciones y audiencias con los ministerios de Trabajo tanto de la Provincia como de Nación. En conclusión, no se trata únicamente de un conflicto salarial, sino de una búsqueda para que los trabajadores adquieran los derechos correspondientes.

Desde el Colegio de Arquitectos de General Pueyrredon, su presidente Diego Domingorena advirtió que hace cuatro meses presentaron un proyecto de ordenanza para la creación de un consejo de Hábitat, Vivienda y Derechos, pero que “nunca más” fueron convocados por el Concejo Deliberante.

El consejo “apuntaría a repensar o generar opinión sobre cuestiones como el déficit habitacional, la intromisión de los espacios públicos o la falta de movilidad en sectores de la ciudad". Por ejemplo, podría involucrarse en la construcción que planean realizar en Alem y Gascón.

“Presentamos ese proyecto de ordenanza el 6 de junio y después de una audiencia en la que convocaron a los tres colegios para comentar de qué trataba y que los concejales nos hicieran preguntas, se pasó a un cuarto intermedio para que los ediles pudieran ver minuciosamente el proyecto, y tras ello nunca más nos convocaron. Nunca tuvimos respuesta”, le comentó Domingorena a El Marplatense.

En tanto al proyecto, indicó que el Consejo de Hábitat “es una herramienta que se desprende de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, que viene a complementar la Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial, ya un poco vetusta”. Entonces, sostuvo que la Ley 14.449 viene a “brindar herramientas nuevas para la gestión de la ciudad” y que ese consejo, “conformado por actores relacionados a la planificación de desarrollo urbano”, se reuniría, haría análisis, propuestas y un control sobre el Concejo Deliberante, y generaría insumos para planificar, ya que apunta a la participación".

A su vez, el líder del Colegio de Arquitectos remarcó que el consejo “apuntaría a repensar o a generar opinión” sobre cuestiones como el expediente que avanzó en la comisión de Obras para permitir la construcción de una torre de 35 pisos y un edificio de cinco sobre Alem y Gascón, “el déficit habitacional, la intromisión de los espacios públicos, la falta de movilidad en sectores de la ciudad y muchas otras”.

En tanto a si el Colegio de Arquitectos fue llamado por la mega construcción que planean realizar en la manzana delimitada por las calles Alem, Aristóbulo del Valle, Falucho y Gascón, criticó que “nunca” son convocados y aclaró que no pueden emitir opinión sobre otras obras porque “el Código de Ética no lo permite”, aunque sí pueden exigir “que se cumplan las normas que se deben tener en cuenta a la hora de hacer una aprobación”.

Y por último, acerca del proyecto de ordenanza, Domingorena resaltó: “Vamos a insistir hasta que se ponga en tratamiento porque consideramos que es una herramienta fundamental y, si bien valoramos el impulso que esta administración le da a la construcción y la cantidad de empresarios que quieren invertir en la ciudad, eso no habilita a que se haga todo sin pensar ni planificar. Hay que conducir ese desarrollo para que sea virtuoso para el que invierte y para la ciudad también”.

A partir de la aprobación de la Ley Bases en general y el paquete Fiscal, el sector comercial marplatense anunció su preocupación, desde donde el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), Guillermo Bianchi, advirtió que “apunta a la quita de derechos de los trabajadores”.

Frente al empate y posterior desempate de Victoria Villarruel, Bianchi analizó en comunicación con El Marplatense que se aprobó una Ley “parcial y micro comparada de lo que habían propuesto” en un primer momento, pero que "todavía no está concluida porque sufrió algunas modificaciones y pasó a la Cámara de Diputados".

"Lo veníamos señalando, el DNU que tenía un capítulo muy extenso en lo laboral y que fue detenido a partir de la intervención de la CGT, hoy se consagra como una precarización laboral. No intenta modernizar las relaciones laborales porque no tiene ningún capitulo que se refiera a las nuevas formas de trabajo y como el mundo evoluciona de la mano tecnológica", señaló.

Para él, la aprobación de la Ley Bases “apunta a la quita de derechos de los trabajadores”, debido a que entendió que intentan conseguir un “mercado laboral barato”, como el Gobierno ya lo ha hecho con los sueldos, “que no acompañan bajo ningún punto de vista al proceso inflacionario”.

A su vez, el referente gremialista destalló que "precariza el empleo, abre a las economías extranjeras sin ningún tipo de restricción en la extracción de los recursos naturales y premia con bienes personales y ganancias".

"Francos dijo hoy que van a intentar voltear el tema de bienes personales y ganancias. Además de intentar la privatización de Aerolíneas, el Correo y la Televisión Pública. Ellos no buscan acuerdos, sino la imposición y la Ley Bases es el ejercicio del autoritarismo. Estamos ante un ejercicio de presión e imposición muy fuerte. No creo que traiga más fuentes de trabajo porque están vinculadas al proceso económico y crecimiento del empleo. Intentan precarizar y vulnerar los derechos de la gente", comentó.

En otro punto, recordó cuando Javier Milei aseguró que “se cortaría la mano antes de aumentar un impuesto”, y que “desandó el camino al llegar a ser presidente”. También, en cuanto al jefe de Estado, acotó que “fracasó en su primer intento, en el segundo y así y todo, una vez que consensuaron volvieron a plantear que irían por eso en Diputados”. Por eso, planteó que "es el ejercicio a la imposición".

Y por último, con respecto al sector comercial local, Bianchi remarcó que trajo consecuencias “muy complejas” en materia de mercado interno porque para sostener los números macroeconómicos como lo hace el Gobierno “se tuvo que apelar una baja del consumo quitándole poder adquisitivo de compra a la gente”. Y concluyó al subrayar que "la política de Milei apunta a la transformación absoluta del pequeño y mediano comercio".

El Sindicato de Trabajadores Municipales, tal como lo plantea la CGT Regional Mar del Plata y la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, decretó un paro y marcha el viernes 8 de mazo en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

La concentración se realizará a las 17 en avenida Luro entre Pampa y San Juan para sumarse a la gran columna que recorrerá el centro de Mar del Plata para visibilizar la lucha de las mujeres. 

Asimismo, mediante un comunicado, expresaron que en esta oportunidad “marchamos y nos movilizamos contra el DNU del gobierno de Milei contra el ajuste y a precarización que impacta directamente en nuestras vidas”. 

También lo harán por “la defensa de nuestros derechos laborales (…) y en contra de la violencia institucional contra las mujeres, las infancias y las diversidades”, señalaron.

En esta línea, aseguraron que recorrerán las calles “contra la violencia machista y patriarcal que sigue cobrando la vida de nuestras congéneres” y por la defensa de “las políticas públicas con perspectiva de género”. 

Al final del documento, denunciaron que “las mujeres municipales somos las trabajadoras del Estado más precarizadas y violentadas”, por lo que piden “el pleno cumplimiento de la Ley 14.656 en toda la provincia de Buenos Aires”, la cual es garante de derechos, y una "ley integral de cuidados como política pública esencial". 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció que febrero cerró en la isla con al menos 282 acciones represivas, entre ellas 95 detenciones arbitrarias. En el balance mensual de la ONG constituida en Madrid, se explica que, de las detenciones arbitrarias, 71 fueron contra mujeres y 24 contra hombres.

Además, el régimen cometió otros 186 abusos contra civiles. Entre los datos recopilados por el OCDH, se reportan 63 denuncias realizadas por actos contra presos políticos, presos comunes y sus familiares.

“Con estas, ya suman más de 600 acciones represivas documentadas desde el inicio de 2024, relacionadas con la violación de derechos civiles y políticos”, indicó el observatorio en un informe.

Y siguió: “El OCDH recibió denuncias sobre violaciones a los derechos sociales, las cuales reflejan la crítica situación socioeconómica cubana, marcada por un 88% de familias en la extrema pobreza”.

Por último, recordó que, como expresaron recientemente 34 eurodiputados en una carta a el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, estos problemas “son consecuencia de la crisis estructural y de la falta de voluntad política del régimen cubano para realizar los cambios que el país necesita, en lugar de las medidas como el reciente ‘paquetazo’, que implican sacrificios solamente para la población”.

“Para el pueblo no es el momento” de aplicar un ajuste, le dijo a la agencia de noticias AP la jubilada de 62 años Lourdes González. “Ahora mismo la gente está con problemas y situaciones económicas fuertes”, subrayó.

La gasolina premium pasó de 30 a 156 pesos cubanos. Y el mismo comportamiento tuvieron los combustibles de diferentes tipos como el diésel y la gasolina de menor calidad, llamada en Cuba “regular”, que pasó de 25 a 132 pesos cubanos.

El precio difiere según la tasa de cambio que se utilice: la de 24 pesos -el cambio oficial- o la de 120 pesos, tasa que el Estado ofrece a los particulares cuando entregan efectivo.

Además, aumentó el precio de la tarifa eléctrica para los grandes consumidores y algunos boletos de transporte para la media y larga distancia, tanto de autobuses como trenes. En tanto, se pospuso el aumento del balón de gas con el que muchas familias cocinan.

Fuente: Infobae

La Argentina y el mundo conmemoran hoy el día que alerta y concientiza acerca de los maltratos que padecen las personas mayores.

▪1 de cada 6 personas mayores de 60 años sufrieron algún tipo de abuso en entornos comunitarios.

▪Las tasas de maltrato son altas en instituciones como residencias de ancianos y centros de atención de larga duración.

▪De hecho, 2 de cada 3 trabajadores de estas instituciones indican haber infligido malos tratos en el último año.

▪Las tasas de maltrato a las personas de edad han aumentado durante la pandemia de Covid-19.

▪El maltrato puede conllevar graves lesiones físicas y tener consecuencias psíquicas.

▪Habrá un aumento de esta problemática por causa del envejecimiento poblacional.

▪En ese sentido, pasará de 900 millones (2015) a 2000 millones (2050) el número de personas mayores a 60 años.

La Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en la Argentina tiene vigencia a través de la Ley Nº 27.360, establece una serie de derechos. Entre ellos:

▪Igualdad y no discriminación por razones de edad. Queda prohibida la discriminación por edad en la vejez.

▪Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez.

▪Derecho a la independencia y a la autonomía: se reconoce el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a desarrollar una vida autónoma e independiente, a elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir.

▪Derecho a la participación e integración comunitaria.

▪Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia.

▪Derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

▪Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal.

Desde la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, conducida por Daniel Adler, y con la participación de la encargada de la Oficina de Coordinación de Asistencia a Víctimas, Mila Montaldo, se convocó a un espacio de trabajo a los gobiernos municipal, provincial y nacional, junto a las organizaciones de la diversidad, para avanzar en la restitución y reparación de derechos de la población travesti trans.

El abordaje surgió a partir de la realidad que se vive en la denominada “zona roja” de la ciudad: mujeres trans y travestis que encuentran allí su subsistencia, la violación al ASPO, las quejas de los vecinos por las situaciones que se tejen en la zona ante la llegada de posibles prostituyentes o personas en busca de comprar estupefacientes.

De esta manera, se conformó la Mesa Transversal en Derechos Humanos y Géneros, que reúne a representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Municipio de General Pueyrredon, de la Dirección Provincial de Políticas de Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de género y Diversidad sexual, del Centro de Referencia local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la Dirección Nacional de Migraciones Delegación Mar del Plata, de la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia (ATAJO), del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Fiscalía General.

Las reuniones periódicas permitieron conformar equipos de trabajo operativos. Por un lado, las y los representantes de los órganos ejecutivos se abocan a la articulación de recursos para restituir y reparar derechos, que van desde la alimentación, la documentación, la asistencia en salud, la cuestión habitacional y el acceso a la Justicia, entre otras. Por otro lado, se conformó una comisión para avanzar en la capacitación y sensibilización de fuerzas de seguridad y trabajadores/trabajadoras estatales de atención al público.

“Integrar la diversidad es muy importante. Lo que estamos haciendo es un modelo democrático, en la búsqueda de salidas consensuadas, desde la integración de todos los niveles de gobierno, las organizaciones de la diversidad, el Ministerio Público Fiscal de la Nación, y las policías en la instancia de sensibilización”, destacó el fiscal general Daniel Adler.

Organizada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Daniela Zulcovsky, la Municipalidad de General Pueyrredon puso en marcha la campaña #CelebremosLaDiversidad, cuyo objetivo es luchar contra la discriminación desde la sensibilización y la capacitación a distintos sectores de la comunidad.

La campaña incluye tanto la realización de charlas y talleres en distintas instituciones -tanto públicas como privadas- como la difusión de piezas comunicacionales que buscan generar conciencia sobre qué casos constituyen una posible discriminación e informar sobre las distintas herramientas de protección que existen para los casos en que un hecho de este tipo se produzca.

En este marco, el pasado viernes se puso en marcha en instalaciones del Yatch Club Mar del Plata la propuesta “Buenas prácticas respetuosas de los Derechos Humanos en el sector turístico”, diseñada de manera conjunta por el área de Promoción de la oficina local de DDHH y el Ente Municipal de Turismo.

El encuentro, que contó con la participación de la titular de la subsecretaría de DDHH y el vicepresidente del EMTUR, Bernardo Martín, estuvo dirigida a personal de los balnearios del consorcio de Playa Grande.

La propuesta incluyó la realización del taller Comunicación & Derechos, cuyo objetivo es promocionar la utilización de un modelo de comunicación respetuoso de derechos, que incluya a las diversidades y elimine los giros discriminatorios del lenguaje. Como elemento motivador para la reflexión se utilizan publicidades, algunas de ellas premiadas y otras sancionadas, que contribuyen a detectar estereotipos que pueden derivar en conductas discriminatorias.

Por su parte los representantes del EMTUR brindaron una charla en la que describieron la realidad del turismo LGTBIQ+ como actividad comercial. En este sentido, los representantes del Ente realizaron una breve descripción del contexto mundial y nacional de este segmento, sus características y los factores de competitividad, así como hicieron una breve reseña de su importancia para la ciudad.

“El objetivo es que las personas participantes inicien, o profundicen, un proceso de deconstrucción de modelos culturales negativos y se afiancen en la valoración de la diversidad como un elemento que nos enriquece tanto en lo individual como lo colectivo” explicó Zulcovsky, quién también consignó que la idea es llegar con esta propuesta a los distintos sectores relacionados con la industria turística, lo que va desde otros balnearios a hoteles, locales gastronómicos y establecimientos recreativos, entre otros.

La funcionaria también explicó que la campaña #CelebremosLaDiversidad también incluye la realización del taller Comunicación & Derechos para otras instituciones, y no solo las relacionadas con el segmento turístico. “Nuestra idea es llegar a la mayor cantidad de personas posible, porque nuestro objetivo es trabajar juntos por una ciudad libre de discriminación”, destacó.

Las instituciones que deseen sumarse al programa -sean o recibir estas capacitaciones pueden escribir a derechoshumanos@mardelplata.gob.ar o llamar al 499 6628. También pueden obtener más información sobre las actividades que lleva adelante la Subsecretaría de Derechos Humanos ingresando a www.mardelplata.gob.ar/derechoshumanos.

Esta tarde se llevó adelante la presentación del proyecto de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso Nacional. A su vez, se desarrollaron en distintas ciudades del país y el exterior, "pañuelazos" a favor de la legalización y despenalización del aborto.

Victoria Tesoriero, socióloga, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, habló con Radio Mitre Mar del Plata sobre los puntos claves del proyecto y de la presión que la Iglesia Católica ejerce para no permitir que se legalice la práctica.

Esta fue la octava vez en la historia que el proyecto ingresa al Congreso Nacional, pero con algunas modificaciones respecto al presentado en el 2018. "Es un proyecto especial porque fue redactado por el movimiento social de mujeres, con algunas modificaciones en función de los debates del año pasado. Tiene un núcleo duro e histórico que es la despenalización del aborto porque es una cuestión de salud y derechos,y no del código penal. Y de darle el derecho a la mujer o la persona gestante a decidir la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14", explicó la socióloga.

"Entre lo nuevo agregado se sumó la necesidad de que se cumplan las otras leyes que tenemos como la de educación sexual integral (ESI), que debería cumplirse, y el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, para darle mayor integralidad a la propuesta de ley", consideró.

En este sentido, Tesorioro detalló que los únicos médicos profesionales que están en condiciones se llevar adelante una práctica abortiva con los que se desempeñan en el área de derechos sexuales y reproductivos, respondiendo a varias preguntas a causa de la desinformación, voluntaria o involuntaria. "De todas formas, hoy el aborto, por los avances de la medicina, se hace con una pastilla ambulatoria aceptada por la Organización Mundial de la Salud", reflexionó.

"El aborto con pastillas- continuó-  ha reducido los riesgos del aborto clandestino, pero la cuestión es que las pastillas han aumentado su precio y las farmacias han restringido su venta. Hoy hay a una red de organizaciones de mujeres que dan información y asesoran a las mujeres que quieran abortar con pastillas, que es un método más seguro y más al alcance de cualquiera", enfatizó.

En esta línea, manifestó que existe "una idea de que queremos el aborto porque queremos ir corriendo a abortar pero no es así. No es una decisión que se de a la ligera. Creo que ninguna mujer en su vida tiene ganas de abortar o estar en una situación de un embarazo no deseado. Por eso resaltamos la integralidad de la propuesta con educación sexual integral, anticonceptivos gratuitos e información sobre este tema".

La iglesia y su postura sobre el aborto

Victoria es una de las integrantes de la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, conformado por personas que practican la religión pero que a su vez se manifiestan a favor de la ampliación de derechos para las mujeres.

"Somos una organización de mujeres católicas que venimos de familia católica, pero creemos que eso no tiene nada que ver con impedir un derecho. La fe que una pueda tener va por un lado. Recuperamos una serie de argumentos de la teología feminista, para sostener que no hay contradicción entre ser católica y estar a favor del aborto", contó.

También se refirió a la postura de la institución frente al aborto: "La jerarquía de la iglesia católica se ha dedicado a militar en contra de los derechos de las mujeres, con cierto odio. Creemos que eso no tiene nada que ver con la fe católica y la creencia en Dios. No hay contradicciones entre ser católica y ser feminista. Defendemos el Estado laico y que el Estado no debe beneficiar ninguna religión en especial, tiene que existir esta separación".

"Es una cuestión del Estado, tiene que tomar este tema de política y salud pública. Es un problema de política pública y de acceso a la salud. Hay un doble discurso de la jerarquía de la iglesia que dice que milita la pobreza y, sin embargo, sabemos que las que más sufren las consecuencias del aborto clandestino son las mujeres mas jóvenes y pobres. Es una incoherencia", finalizó.