Debido a denuncias hechas por usuarios respecto de que salones de fiestas estarían realizando el cobro por derechos de autor, invocando a entes recaudadores como SADAIC y AADICAPIF, desde la Asociación Civil de Productores de Eventos de Mar del Plata (APE) recordaron que por decreto del Gobierno nacional “se establece que las reproducciones de obras musicales y audiovisuales que se realicen en espacios privados con acceso restringido están eximidas de dichos pagos”.

En diálogo con El Marplatense, el presidente de APE, José María García, comentó que “desde hace un mes nos llegaron las denuncias de personas que han contratado salones de fiestas y se les está obligando a pagar SADAIC, invocando el nombre de nuestra asociación, cuando en realidad ese pago es completamente indebido”.

“Al principio pensamos que eran casos aislados, pero se repitieron y preferimos curarnos en salud y dejar en claro nuestra posición: el pago es indebido y no corresponde”, agregó.

García remarcó en ese sentido que “nos preocupa la posición que se está dando a la asociación. Nosotros sabemos que el pago es indebido porque el decreto de ley es claro: las fiestas privadas no deben pagar. La gente no tiene por qué abonar algo que no le corresponde y que está aceptado por ley”.

El representante de los productores de espectáculos recordó que “si una persona organiza una fiesta particular en un ámbito privado, ya sea en su casa, en una quinta o en un salón de fiestas, esa es su fiesta privada y, por lo tanto, no debe pagar”. Y señaló que están trabajando en la difusión de esta situación irregular, para que la ciudadanía se entere lo que está ocurriendo: “Que la gente tenga claro que este cobro es indebido y no corresponde. Si alguien quiere pagarlo, está en su derecho, pero no se puede invocar la ley ni el servicio de auditoría de eventos para justificarlo”.

En cuanto a la campaña de difusión, desde APE emitieron un comunicado en el que destacan que si un salón o empresa exige esos pagos, los usuarios deben dirigirse a la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, solicitar la factura emitida por las sociedades de gestión colectiva, con los datos claros de lo que están abonando, y dirigirse a una abogado de confianza.

Los integrantes de la Asociación Productores de Eventos (APE), entidad que agrupa a los establecimientos y empresas dedicadas a eventos de Mar del Plata y la zona, celebraron mediante un comunicado la derogación del cobro por los derechos de autor por canciones, películas y otro tipo de obras artísticas que se reproduzcan en ámbitos privados.

La medida también modifica lo que se considera la “representación o ejecución pública” de las obras musicales, cinematográficas, dramáticas y literarias. El uso de las obras implicaban un cobro, ya que requiere ser autorizada por su autor o las entidades gestoras del régimen de propiedad intelectual.

En este sentido, resaltaron: "La razón del pago de derechos de autor y compositor por reproducción pública de obras musicales es en tanto y en cuanto se explote comercialmente con su reproducción. Es decir, cuando se obtiene un beneficio económico de su reproducción, nada más contrario a lo que ocurre en un evento privado, sea cual fuere, en un domicilio particular o en un salón alquilado. La familia o la empresa que organiza el evento no realiza un acto comercial ni explota absolutamente nada con la reproducción de temas musicales. No cobra entrada ni derecho alguno a los participantes". 

Asimismo, denunciaron que “tanto la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) como la Asociación Argentina de Intérpretes y Corporación Argentina de Productores de la Industria Fonográfica (AADI-CAPIF) han abusado de sus facultades recaudatorias, estableciendo en forma unilateral arbitraria y discrecional montos dinerarios a aquellas personas y entidades que realizan eventos privados en salones, con sumas cuantiosas que ahogaban la posibilidad de afrontar la celebración privada”.

Entonces, en consonancia con su “reclamo histórico” y la nueva normativa nacional junto a las repercusiones, la APE le aconsejó a sus asociados y a los establecimientos de la actividad “no exigir a sus clientes abonar suma alguna por derechos de propalación ya derogados, haciendo la salvedad que se deberá respetar la normativa nacional, provincial o municipal que legalmente se promulgue”.

Y en último lugar, desearon "que tal acierto de la actual administración nacional seconsolide y extienda a la normativa inconstitucional que autorizaba esos abusos,con el consiguiente recargo de contribuciones e impuestos distorsivos de laeconomía en general".