Una “marcha de antorchas” organizada por el Regimiento de Infantería 7 para conmemorar la partida de soldados a Malvinas se realizará este lunes 13 en La Plata, con participación de militares y veteranos, y generó un fuerte rechazo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim).

Más de cuatro décadas después de la guerra, el anuncio del evento reavivó la polémica en la ciudad. La iniciativa recuerda la salida de soldados hacia las islas el 13 de abril de 1982, pero fue cuestionada por ex combatientes y organismos de derechos humanos.

El lunes se prevén dos actos en simultáneo. Por un lado, el Regimiento 7 marchará 13 kilómetros a pie desde Arana hasta la zona de 19, 51 y 53, donde se encuentra el histórico portón que simboliza la partida de los conscriptos. La salida está prevista a las 18:00 y el acto central se realizará a las 21:00. Por otro, el Cecim, junto a organizaciones de derechos humanos y gremios, convocó a una actividad a pocos metros del lugar desde las 19:00.

Desde el Cecim calificaron la iniciativa como una “provocación” y una “afrenta” a la memoria de los soldados y a la ciudadanía. En un comunicado, señalaron: “El 13 de abril de 1982 es el día que comienza el destino desconocido, donde las familias de más de 800 soldados vivieron cada minuto de esos 74 días que duró la Guerra, en absoluta incertidumbre, angustia y en la zozobra del ‘vamos ganando!’”.

Y agregaron: “Para los soldados es el día que nos llevan hacia el hambre, la tortura y la muerte”.

El planteo también vincula al Regimiento 7 con su actuación durante la última dictadura militar. Según el Cecim, la unidad fue responsable de “represión, desaparición, tortura y muerte de cientos de platenses”.

En ese marco, los ex combatientes cuestionaron: “¿Cómo podemos aceptar que se promueva conmemorar el comienzo del Horror? Sin haber realizado en estos 44 años de culminada la guerra una sola autocritica”.

La organización también puso el foco en el carácter del espacio donde se realizará la actividad, la Plaza Islas Malvinas, que cuenta con protección como Sitio de la Memoria en virtud de la Ley 26.691 y una ordenanza municipal sancionada en 2016. “Hoy la Plaza Islas Malvinas es un espacio recuperado al horror para toda la ciudadanía platense. Una de las plazas más visitadas y disfrutadas de nuestra ciudad. ¿Podemos los platenses permitir semejante afrenta ante un dispositivo militar que marchará con una fanfarria estruendosa para intentar tapar las voces que claman Justicia?”, expresaron.

Asimismo, remarcaron: “Las voces de los Pibes de Malvinas torturados por sus jefes militares no merecen semejante provocación, a los muertos por el hambre y por la impericia se les falta el respeto”.

Según el Cecim, la organización de la marcha responde a una orden del Ministerio de Defensa, encabezado desde diciembre por el teniente general Carlos Presti, hijo del coronel Roque Carlos Presti, quien fue jefe del Regimiento 7 entre 1975 y 1977. Durante ese período, la unidad tuvo asiento en la actual Plaza Islas Malvinas y formó parte del Área 113, vinculada a centros clandestinos de detención como La Cacha, Arana y la Comisaría Quinta.

Organismos de derechos humanos señalan a Roque Carlos Presti como responsable de desapariciones, entre ellas la de la nieta de María Isabel “Chicha” Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo. El militar fue investigado, pero falleció sin condena.

En contraste, fuentes militares defendieron la actividad. “Esto es algo sentimental, simbólico con la finalidad de homenajear a los 36 caídos”, indicaron, y señalaron que la marcha “es algo ya tradicional” que se realiza desde 2012. “No había habido antes una reacción de este tipo”, agregaron.

Fuente: con información de DIB

Con el Aula Silvia Filler colmada, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó en Mar del Plata su informe anual “El sistema de la crueldad XIX”. La actividad, organizada junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y distintas organizaciones sindicales y sociales, reunió a referentes de derechos humanos, estudiantes, trabajadoras y trabajadores.

El documento, que la CPM elabora desde hace más de veinte años como mecanismo local de prevención de la tortura, realiza un diagnóstico integral sobre los lugares de encierro, las políticas de seguridad, salud mental y niñez en la provincia de Buenos Aires. En esta edición, el informe volvió a denunciar la persistencia del sobreencarcelamiento, la tortura sistemática, la violencia policial y la impunidad judicial.

Durante la presentación, el secretario ejecutivo de la CPM, Roberto Cipriano García, destacó que el informe “es una radiografía de las violaciones a los derechos humanos que el Estado penal ejecuta en la provincia de Buenos Aires”, y explicó que los equipos del organismo realizan un trabajo permanente de relevamiento e inspección en cárceles, comisarías y centros de salud mental. “Ninguna democracia puede convivir con las violaciones de derechos humanos que relevamos cotidianamente. Lo que pretendemos es aportar información y evidencia para que efectivamente las políticas públicas cambien”, sostuvo.

Además, Cipriano García advirtió que “las políticas de seguridad y penitenciarias son transversales a todos los gobiernos” y que, aunque existen algunas iniciativas de mejora, “estructuralmente no se modifican las condiciones de encierro”. En esta edición del informe, la CPM documentó una sobrepoblación del 110% y más de 80 mil hechos de tortura denunciados durante el año pasado.

Por su parte, la presidenta de la APDH Mar del Plata, Anahí Tanguikián, subrayó la importancia de que existan organismos independientes que mantengan una mirada crítica sobre las instituciones del Estado. “Las personas privadas de su libertad o en contextos de encierro viven situaciones de gran vulnerabilidad. Este informe permite visibilizar las violaciones institucionales y sostener una defensa activa de los derechos humanos como pilar de la democracia”, señaló.

Tanguikián también se refirió al contexto político actual, marcado por un retroceso en materia de derechos: “Estamos muy preocupados porque se desconocen conquistas básicas de hace más de 70 años. Se promueven discursos que legitiman la violencia y el odio hacia los sectores más vulnerados. Frente a eso, es fundamental mantenernos firmes y organizados”.

La jornada cerró con un intercambio entre los presentes sobre la necesidad de sostener una agenda común en defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia institucional.

El informe completo puede consultarse en la página web de la Comisión Provincial por la Memoria: www.comisionporlamemoria.org

 La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) brindó una conferencia de prensa en la que analizó el reciente fallo del Juzgado de Garantías N.º 4 de Mar del Plata, a cargo del juez Juan Tapia, que ordena al municipio cesar prácticas de hostigamiento y violencia contra personas en situación de calle.

Durante la presentación, la CPM sostuvo que no se trata de hechos aislados, sino de una política sistemática del Estado local hacia los sectores más vulnerables.

Rodrigo Pomares, integrante de la CPM, fue el encargado de exponer los detalles del caso y de remarcar la gravedad de las situaciones denunciadas. Según explicó, el fallo judicial da lugar a un habeas corpus colectivo impulsado por la Comisión y acompañado por organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos de Mar del Plata, que recogieron numerosos testimonios sobre el accionar de la patrulla municipal.

“Estamos frente a una metodología del municipio que no garantiza derechos, sino que ejerce violencia. Las personas en situación de calle no solo son abandonadas por el Estado, sino también perseguidas, golpeadas, humilladas, y despojadas de sus pocas pertenencias”, afirmó Pomares. El dirigente denunció también la existencia de operativos realizados por agentes encapuchados, con vehículos sin identificación, durante la noche, que actuaban de forma clandestina contra personas que dormían en la vía pública.

La Comisión alertó que esta política de violencia tuvo consecuencias fatales. En los últimos días, una persona en situación de calle falleció durante una ola de frío extremo. Para la CPM, ese hecho debe leerse como un resultado directo de la falta de protección estatal y del hostigamiento sistemático que se viene denunciando desde principios de año.

En el centro de la crítica estuvo el intendente de General Pueyrredon, a quien la Comisión acusa de haber legitimado públicamente el accionar ilegal de la patrulla municipal. “Lejos de denunciar estos hechos, el intendente los convalidó y realizó declaraciones extremadamente violentas y discriminatorias. Habló de ‘fisuras’, de ‘delincuentes’. Eso es apología del odio y una falta grave a sus deberes como funcionario público”, señaló Pomares.

Ante esta situación, la CPM, junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), presentó una denuncia penal contra el jefe comunal y funcionarios del área de Seguridad. La acusación incluye los delitos de apología del delito, apología del odio y discriminación, e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La Comisión destacó que el fallo del juez Tapia reconoce expresamente que las prácticas denunciadas existieron y resultan ilegales. En su resolución, el magistrado ordenó al municipio cesar todo accionar que implique restricciones a la libertad, violencia física o psicológica, y sustracción de pertenencias a personas en situación de calle.

“La situación cambió: ahora hay una orden judicial. Cualquier nuevo hecho de violencia no será solo una decisión política o administrativa, sino un incumplimiento de una resolución judicial”, advirtió Pomares. La CPM sostuvo que seguirá monitoreando la situación y acompañando a las personas afectadas.

Desde la Comisión también hicieron un llamado a la sociedad marplatense para exigir políticas públicas que respeten los derechos humanos y repudien la criminalización de la pobreza. “La persecución y el desprecio por quienes viven en la calle no pueden ser parte de ninguna política estatal. Este fallo es una oportunidad para frenar esa lógica y construir una respuesta basada en la dignidad y el respeto”, concluyó la conferencia.

En línea con el ajuste del Estado impulsado por el presidente Javier Milei, el Gobierno avanzó con un fuerte recorte en el área de Derechos Humanos. A través del decreto 357/2025, se oficializó la degradación del hasta ahora secretario, Alberto Baños, quien a partir del 22 de mayo pasó a desempeñarse como subsecretario ad honorem.

La medida responde a los anuncios realizados la semana pasada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que la reestructuración incluye una reducción del 40% de la estructura y del 30% del personal, lo que según el Gobierno implicará un ahorro anual de $9.000 millones.

“La cartera ahora sí se encargará de garantizar todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario”, remarcó Adorni durante su habitual conferencia de prensa. 

La decisión lleva la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien sostuvo que “el contexto actual exige el análisis y adopción de medidas urgentes para mejorar la estructura, funcionamiento y sustentabilidad del Estado”. Según el funcionario, ya fueron despedidos 405 empleados, lo que representa el 44% del personal recibido.

Baños ya había asumido el cargo con la misma modalidad sin goce de sueldo a través del decreto 46/2023. Exjuez y docente en la Universidad del Museo Social Argentino, mantiene un vínculo profesional con Cúneo Libarona desde su paso por la justicia ordinaria.

En enero, su nombre había ganado visibilidad tras el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, donde trabajaban 87 personas. El espacio, ubicado en el predio de la Ex ESMA, fue clausurado "para una reestructuración interna", según el comunicado oficial. En paralelo, los trabajadores fueron puestos en guardia pasiva y, según la nota enviada, aquellos que no adhirieron al plan de retiro voluntario o no fueron considerados "imprescindibles" no debían volver a presentarse.

Actualmente, la sede permanece cerrada y se realizan asambleas permanentes en la puerta bajo custodia policial.

Fuente: Infobae

La sesión especial del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, convocada por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, terminó en medio de un fuerte cruce político. Concejales de La Libertad Avanza, el PRO y la Coalición Cívica se retiraron del recinto, mientras organismos de derechos humanos leían un documento conmemorativo por los 49 años del golpe de Estado de 1976.

Uno de los protagonistas del momento fue el concejal de La Libertad Avanza, Emiliano Recalt, quien en diálogo con “Los datos del día”, programa que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

“Lo que sucedió tiene que ver con una cuestión de sentido común. Nosotros esperábamos una sesión profundamente democrática, donde todas las voces fueran escuchadas. Pero en el momento en que los organismos comenzaron a leer su documento, sentimos que se estaba cruzando un límite con afirmaciones que nos colocaban como defensores de la dictadura o negacionistas. Eso motivó que nos retiráramos”, dijo Recalt.

Según el edil, el tono del mensaje leído fue “extremista” y no dejaba lugar a matices: “No estamos en contra del repudio a la dictadura, eso está claro. Pero también creemos que, durante décadas, se ha contado una sola versión de la historia, con una carga ideológica que no permite construir una mirada más amplia”.

Consultado sobre el uso del número simbólico de los 30.000 desaparecidos, Recalt sostuvo: “Se convirtió en un símbolo que, en muchos casos, fue usado con fines políticos. Nadie niega los crímenes de la dictadura, pero también hubo víctimas en los años anteriores, durante los enfrentamientos con organizaciones armadas. Hay que contar todo el siglo XX con la verdad completa, para poder construir un futuro democrático en serio”.

El concejal remarcó que no comparte la postura de quienes señalan al actual gobierno nacional como una reivindicación del terrorismo de Estado: “Hoy se utilizó una causa noble como los derechos humanos para atacar al gobierno de Javier Milei, que fue elegido por más del 56% de los argentinos. Esa falta de respeto a la voluntad popular fue lo que nos hizo levantarnos. No vamos a permitir que se use esta fecha con fines partidarios”.

La salida del recinto por parte de varios bloques generó reacciones dentro y fuera del ámbito legislativo. Mientras tanto, en las calles de Mar del Plata y en todo el país, miles de personas participaron de las marchas por el Día de la Memoria, recordando a las víctimas de la última dictadura militar y reclamando justicia.

El episodio en el Concejo vuelve a poner en foco las tensiones políticas alrededor del debate por los derechos humanos y la interpretación de la historia reciente de la Argentina, a casi medio siglo del golpe de Estado.

En un contexto de tensión con el Gobierno nacional, pero también por las fricciones vividas hoy en el recinto del Concejo Deliberante, organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas se movilizan hoy por el centro de Mar del Plata en el marco del 49° aniversario del Golpe de Estado. “En 41 años de democracia nunca hubo un gobierno tan negativo en el tema de reconocimiento a la tragedia de la dictadura militar”, aseguraron desde la organización.

Bajo la consigna La memoria no se apaga, agrupaciones sociales, estudiantiles, sindicales y políticas se congregaron 14:30 en avenida Luro y San Luis desde donde marcharon por Luro hasta Buenos Aires y luego regresaban por avenida Colón, Independencia, Luro y vuelta al punto de inicio en San Luis. Lo hacían portando pancartas alusivas a la fecha, con referencias a los 30.000 desaparecidos, al clásico “Nunca más” y también al “negacionismo” por parte del gobierno de Javier Milei.

También se pudieron ver pancartas en las que se hacía mención a Pablo Grillo, el fotógrafo herido durante la represión en el Congreso durante la marcha de los jubilados del pasado 12 de marzo.

En ese contexto, Fernando Martínez Delfino, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Sur de la Provincia de Buenos Aires, consideró en declaraciones a este medio que “el país está pasando situaciones muy difíciles en materia no sólo de violación a los derechos humanos, sino también de violación a derechos de todos los colectivos del país”.

“Hace 41 años que estamos en democracia y nunca nunca un Gobierno nacional ninguneó a los organismos de derechos humanos y a la ciudadanía como este. Están reivindicando a los genocidas. Entonces me siento muy avergonzado, porque en todos estos años nunca hubo un Gobierno nacional tan negativo en el tema de reconocimiento a la tragedia de la dictadura militar”, agregó Martínez Delfino.

El referente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Sur de la Provincia de Buenos Aires también hizo mención al video publicado por el Ejecutivo nacional, donde se reclama “memoria completa”, a lo que consideró que es “como si en la posguerra los nazis tuviesen la oportunidad de contar su historia como si la historia contada y explicada por sobrevivientes, testigos de la tragedia, no fuese suficiente”.

Además se refirió a lo ocurrido hoy en el Concejo Deliberante, cuando en el medio de los discursos de agrupaciones de derechos humanos en el marco del acto por el 24 de Marzo, concejales del oficialismo se retiraron del recinto acusando de “discurso de odio” lo manifestado. “Están pasando cosas muy raras -consideró Martínez Delfino- Hace 25 años los organismos de derechos humanos leemos en el Concejo un documento que habla por nosotros. Siempre en el tema nuestro y de política nacional. Hemos dado palos a todos los gobiernos que nos pareció que estaban incumpliendo cierto mandato”.

Sobre la actitud de los ediles que se retiraron del recinto, recordó que “en 25 años ningún concejal se levantó. Es una vergüenza. Después dicen que la grieta viene de dos lados. Como concejales se tienen que bancar las opiniones de otras personas y escuchar con respeto, como nosotros escuchamos opiniones que no nos gustan”.

Se recuerda que como cierre al acto se desarrollará un Festival Artístico por la Memoria, que abrirá con la participación del Centro de Estudiantes de la Escuela Municipal de Danzas Norma Fontenla. También se presentarán Marita Moyano, Luis Caro, Seba del Hoyo y Barrios Bajos, con una propuesta musical que unirá a tres generaciones ligadas en la misma lucha, además de Locales Rock, El Carromato, Mi Perro Imaginario y Mala Espina, junto a intervenciones de jóvenes estudiantes que reflexionarán sobre el tema.

Fotos: gentileza Jere Magrini.

Tras denunciar “despidos masivos” en el Ministerio de Justicia y el “vaciamiento” de la Secretaría de Derechos Humanos, trabajadores de esas dependencias convocaron a un abrazo al Faro de la Memoria que se cumplirá mañana desde las 17:00.

“Se empieza a cumplir la promesa de los despidos masivos a las plantas transitorias y los artículos 9 de la Secretaría de Derechos Humanos. Esta es la noticia que recibimos de parte de personal jerárquico el 23 de diciembre, en vísperas de Navidad”, manifestaron a través de un comunicado.

Los trabajadores aseguran que “no paran de llegar los avisos de no renovación” y señalaron que esto se suma a “los 2400 despidos de los contratos de los entes recaudadores (ACARA) que se cumplen a fin de mes” y la “reducción salarial de más de 1500 trabajadores de planta permanente en un 70%. Salarios que en enero estarán por debajo de la línea de pobreza”.

En este contexto, es que denunciaron además que “compañeros artículo 9, cuyas contrataciones se renuevan cada tres meses y que trabajan en su mayoría hace ya más de diez años estuvieron rindiendo los perversos exámenes de ‘idoneidad’, donde se les toman ejercicios que nada tienen que ver con su desempeño profesional. A ello se suma el constante maltrato psicológico, la persecución política y el hostigamiento”.

“No queda nadie en la Secretaría de DDHH, ¡la amenaza del cierre dejó de ser una amenaza!”, exclama el comunicado.

Los trabajadores señalaron además que los sitios de Memoria son prueba judicial en los juicios de Lesa Humanidad y están bajo tutela de jueces y que por esos lugares pasan miles de estudiantes a hacer visitas guiadas, miles que vienen a hacer presentaciones de libro, actividades sociales y culturales. “Todas esas tareas hoy ya no van a realizarse. No podemos permitirlo”, remarcaron.

La Universidad Nacional de Mar del Plata junto con la secretaría de Educación del Municipio y la subsecretaría de Derechos Humanos, presentaron la iniciativa Democracia Digital. 

El proyecto impulsa el conocimiento de la importancia de participar en procesos electorales a partir de los 16 años y conocer las herramientas para ejercer el derecho al voto. 

Al respecto, Evelina Mazzola, integrante del Observatorio Electoral de la UNMdP, declaró en diálogo con El Marplatense que “en esta oportunidad nos encontramos en el museo Scaglia para poder presentar el trabajo que realizaron algunos alumnos. Son memes que en muchas ocasiones son muy cómicos, otros tienen información, y la idea de hoy es hacer un inicio o presentar esta propuesta para el 2025”. 

Para aquellos que quieran acceder, “en la página de la Municipalidad tendremos un QR para todas aquellas organizaciones y escuelas, ya sean públicas o privadas, puedan escribirnos y convocarnos para poder realizar esta propuesta”, comentó. 

Durante la jornada "vamos a hacer un simulacro de elección con los presentes para que aquellos que participaron puedan llevarse un premio", afirmó. 

Respecto a la importancia de estos eventos, aseguró que “sabemos que a partir de los 15 pueden participar en los comisiones, entonces la idea es que puedan estar. Es abierto, la participación de la Secretaría de Educación Municipal invita a que estén los chicos de las escuelas secundarias”. 

“Nuestra idea de llamarlo Democracia Digital, implica que utilizan recursos que son propios de su generación para que sean parte de los procesos”, concluyó.  

Organizaciones de Derechos Humanos de Mar del Plata presentaron una denuncia penal por el expediente que se aprobó en el Municipio para instalar una destilería de gin en el predio junto al Faro de la Memoria donde funcionó un centro clandestino de detención. 

En este sentido, el Dr. César Sivo, representante de la causa, explicó que “se da un dato de abuso de autoridad porque se está tomando una decisión contrariando disposiciones legales específicas, entre otras cosas, la ley orgánica de municipalidades que establece determinadas obligaciones de los funcionarios municipales que en este caso no se cumplieron”. 

Por otro lado, “hay muchos doctrinarios de derecho penal que siempre manifiestan que en el tipo de delitos abuso de autoridad o incumplimiento del deber, siempre viene de la mano otro tipo de delito”, señaló. 

De modo que “acá aparece dentro de lo que se analiza en Naciones Unidas las matrices de corrupción, con un primer dato de la urgencia innecesaria. Una cosa es comprar una ambulancia y pasar de largo ciertos rigorismos formales, que justamente están para que las autoridades no abusen de su poder”, aseguró. 

“Esto hay que entenderlo, no significa que por tener la mayoría absoluta de votos se puede hacer cualquier cosa. No son los dueños de la ciudad. El funcionamiento regular de la administración pública tiene consecuencias penales cuando se hace irregularmente”, continuó. 

No obstante, “hay excepciones, comprar una ambulancia, tengo que hacer un hospital móvil urgente como en los casos de Covid. No es este caso, no había urgencia, no creo que alguien pueda entender que es una urgencia generar un centro de ocio para la próxima temporada”. 

“Esa urgencia la puede tener el empresario, pero no quien dispone del espacio público que además es de memoria”, afirmó. 

Un segundo dato a analizar es que busca “saltear elementos necesarios para la producción del acto jurídico. Lo administrativo requiere, entre otras cosas, dictámenes legales y recordarán al concejal Taccone que dijo con toda claridad que falta el dictamen de legal y técnica”. 

“La Municipalidad tiene cientos de abogados, un secretario de legal y técnica, y sin embargo no hay dictamen necesario. Al igual que de impacto ambiental, a pesar de que en el expediente dice que lo deben hacer”, agregó. 

Por consiguiente, “la urgencia inusitada, la irregularidad del trámite, la ausencia de firmas que se necesitan para este tipo de cuestiones, coinciden con la matriz de corrupción que marca Naciones Unidas”. 

En este contexto, “los organismos de Derechos Humanos entienden que esto no se puede obviar, se necesita una investigación profunda porque dentro de la matriz de corrupción hay que ver quién se corrompe y quién es el corruptor”. 

Como resultado, “la denuncia abarca a todos los componentes de este frente. Quieren sumar algo más, aparece la sociedad de fomento como intermediaria, triangulando. En otros casos, cuando aparece el tercer intermediando para facilitar una operación ilegal, suele quedar solapado o disimulado, recibe y después con el tiempo decí tal cosa. Acá está documentado en el expediente”, expresó. 

“Todos estos elementos hacen pensar que estamos frente a delitos penales, algunos formales como el abuso de autoridad. La regularidad de la función pública requiere que se cumplan todos los pasos y cuando no es así, debe haber razones super urgentes”, remarcó. 

En modo de reflexión, indicó que “si alguno puede pensar que poner un bar, una destilería de gin, un centro de ocio en un centro clandestino de detención tiene alguna urgencia, permite que no se hagan los trámites como corresponde y que se altere el funcionamiento de la administración, estaríamos en un problema”. 

Por ende, “es una denuncia penal que debe tramitarse y tomar medidas, tiene que haber acciones en concreto desde el ministerio Público Fiscal, pero son decisiones políticas. Los mismos que tienen la mayoría no van a votar suspenderse”, resumió.

“Estamos en un momento muy particular en lo que pasa en Argentina donde todos piensan que por haber tenido una legitimación electoral, pueden hacer cualquier cosa. Si están violando principios éticos tan elementales como transformar un centro clandestino en un espacio de ocio, a partir de ahí no creo que se pongan éticos para analizar que si los denunciaron, se toman licencia”, concluyó. 

Organizaciones de Derechos Humanos se presentaron en la Comisión de Legislación de Honorable Concejo Deliberante para rechazar la instalación de un bar de gin en el predio del Faro de la Memoria.

En este sentido, Alberto Pelegrini, representante de las entidades y sobreviviente de la dictadura, declaró: “Tenemos en el calendario días que nos marcan, un 5 de agosto del año '76 pasé a ser un detenido desaparecido. Me tocó marina en el Servicio Militar Obligatorio y empecé mi detención en la Base Naval, el segundo periodo fue en el faro y terminé en Puerto Belgrano”. 

“Cuando uno está encapuchado, vendado y atado, no tiene mucha referencia de los días que estuve. El periodo más oscuro fue en la Base Naval, ahí estuve aproximadamente tres semanas sobre una mesa que después se reconoció que era el Centro de Transmisión de Radioperadores y había una acústica especial por los paneles”, continuó. 

En su relato, explicó que “estábamos sentados las 24 horas del día, encadenados con grilletes, al poco tiempo pasó un médico a vernos y escucho que mirándome dice 'miren cómo tiene las patas este' tenía flebitis por estar sentado todo el tiempo y llagas en las nalgas. Por eso me puso un banco bajo la mesa para que tenga la pierna alta y me recetó una medicación. En el primer cambio de guardia dijeron 'este que se joda' y patearon el banco. Así que cuando me llevaron a Puerto Belgrano estaba realmente horrible”. 

Por ello, “yo siempre digo, nunca me gustó ser autorreferencial, porque siempre creí que mi historia era pequeña y yo era una persona afortunada. Las historias duras, graves, las pesadas, son las de los que no pueden estar sentados acá contándolas porque no están”, resaltó. 

De modo que “mi presencia aquí es porque yo tengo la obligación de ser voz de los que no tienen voz, porque acabaron con ellos con machetes y balas. Yo sentí los gritos, viví los llantos y por eso estoy acá”, aseguró. 

Respecto a la apertura del bar, dijo que “cuando me entero del proyecto que pone el Ejecutivo en discusión de este recinto, primero me pareció una cosa absolutamente increíble, dado que el Municipio de General Pueyrredon tiene una extensión de 1500 km² y justo ahí tienen que poner una gintonería, ¿justo en ese lugar?”.

Asimismo, reveló que “me llama la atención la velocidad con que se trata este proyecto, siendo una ciudad que está rota, sucia, las plazas dan vergüenza, esto corre por una autopista. Eso es sospechoso. Incluso que todos los bloques oficialistas de este Concejo acompañen sin cuestionar. Me recordaba a los militares con ese tema de obediencia debida. Lo decían cuando los mandaban a hacer cosas crueles como matar, secuestrar, torturar y decían que ellos no se podían negar porque era la orden de un superior”. 

Por lo que “acá parece que el intendente Montenegro les dice 'muchachos esto tiene que aprobarse' y yo estoy convencido de que todos los concejales están de acuerdo con esto. Primero porque muchos vienen de militancia política y han defendido esta banderas históricas que tienen Argentina, que ha sido líder en Derechos Humanos”, enfatizó. 

“Cuando ese que se llama el padre de la democracia, Alfonsín, recibe de manos de Ernesto Sábato el ejemplar que Nunca Más, es una foto muy fuerte y aún está en la facultad de Derecho. Acá hay egresados de esa casa de estudio. Seguramente algunos dicen que se han sacado fotografías junto a ese mural”, agregó. 

Por consiguiente, “¿nadie puede decirle al señor Intendente este es un límite que no se puede pasar? No hay forma de que así sea. Por lo que es un proyecto que me duele, me hace mucho ruido y estoy convencido de que ninguno de los que están acá presentes, sean concejales o público, pueda concebir que Mar del Plata necesite más noche o alcohol”, preguntó. 

“Ya bastante alcohol y noche tiene esta ciudad como para que se presente eso como un buen proyecto para la ciudad. Por más que lo quieran dibujar, no van a poder y nosotros los sobrevivientes, los organismos, la gente de bien - por así decirlo- porque he escuchado que dicen que hacemos negocios con los derechos humanos. Yo no hago ningún negocio con los Derechos Humanos, yo lo que quiero es que en ese lugar no haya un espacio de noche, música y alcohol”, reafirmó. 

Por lo tanto, “es una falta de respeto a nuestros muertos, a nuestra memoria, una frontera que no se debe cruzar. Así que apelo a los concejales que tomen conciencia de eso y si esto prospera, Yo, Alberto Pelegrini, voy a hacer una solicitud al Concejo para que cambie el nombre y se deje de llamar Honorable”, concluyó. 

El ocho de octubre de 2023, antes del balotaje, Javier Milei adelantó: “No vamos a adherir a la Agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, a la decadencia”. Ocho meses después, ya asumido como Presidente, Milei ordenó a la Cancillería que Argentina debía objetar o rechazar todos los proyectos multilaterales que repliquen esa Agenda para el Desarrollo Sostenible que fue aprobada por 193 países en las Naciones Unidas (ONU).

Los 17 objetivos de la Agenda Sostenible son: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; energía sustentable y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsable; acción por el clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.

Todos los estados miembros de la OEA -incluida la Argentina- votaron a favor de la Agenda 2030 que se aprobó Naciones Unidas en 2015. Este cambio de posición sorprendió en el foro regional, y causó malestar entre las delegaciones que trabajaron durante meses para consensuar iniciativas que ahora quedaron abiertas hasta la Asamblea de Asunción.

El Presidente defiende la libertad, la división de poderes y la democracia en sí misma. Pero su posición dogmática sobre los 17 objetivos de la Agenda 2030 puso en jaque su propia perspectiva del mundo y las cosas. Al rechazar la agenda 2030, como sucedió por su propia instrucción en la OEA, colocó al país en una situación diplomática muy incómoda.

Argentina llegará a la Asamblea General de la OEA con una posición pública que implica cuestionar todos los temas de fondo que se tratarán en la cumbre del foro regional. Esta situación nunca había sucedido en 40 años de democracia. Un caso práctico de la imposible convivencia entre el dogma y la realpolitik.

La Doctrina Milei vinculada al rechazo de la Agenda 2030 se aplicó por primera vez la semana pasada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que sesionó en Washington para considerar los proyectos de Resolución que la Asamblea General aprobará hacia fin de mes en Asunción.

Sonia Cavallo, embajadora de Argentina en la OEA, objetó todos los proyectos de Resolución referidos a los derechos humanos, seguridad hemisférica, fortalecimiento de la democracia, la crisis de Haití y la necesaria igualdad de género en la diplomacia global.

Las instrucciones que recibió Cavallo se alinean con el pensamiento ideológico del presidente. Milei es fiel a su pensamiento y quiere dejar impreso su juicio político sobre la Agenda 2030 en todos los ámbitos diplomáticos.

La instrucción política a la embajadora argentina causó un inesperado cruce de posiciones con Frank Mora, representante de Estados Unidos en la OEA. El lance diplomático sucedió cuando Cavallo objetó un párrafo de una resolución a favor de Haití, que es respaldada por la Casa Blanca y apoyada por unanimidad por la Organización de Estados Americanos.

El párrafo objetado por Argentina sostiene (sic): “REITERANDO que mejorar la situación de seguridad multidimensional, abordar las crisis humanitarias, proteger y garantizar los derechos humanos y abordar todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género, siguen siendo requisitos esenciales para los preparativos de elecciones libres y justas en Haití”.

Mora pidió la palabra y citando a la Argentina defendió el concepto “abordar todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género”, que Cavallo objetó cumpliendo las instrucciones que le llegaron desde la Casa Rosada.

Tras la posición pública de Mora, la embajadora insistió con las instrucciones que había recibido desde la Casa Rosada y la Cancillería. El debate político sobre Haití, entonces, recién quedará saldado en la Cumbre de Asunción.

Argentina y Estados Unidos son aliados estratégicos: coinciden en sostener al Estado de Israel frente a Hamas e Irán, defender a Ucrania ante Rusia, garantizar la seguridad continental y frenar la ofensiva de China en América Latina. Pero la posición de Milei sobre la Agenda 2030 abrió una fisura en el discurso único entre ambos países.

Desde esta perspectiva ideológica, Milei se siente más cómodo con Donald Trump que con Joe Biden, que apoya la Agenda 2030 y es un punto de enfrentamiento con el candidato republicano que sueña con regresar a la Casa Blanca.

Las objeciones de la delegación argentina no terminaron en la iniciativa vinculada a Haití. También avanzaron sobre el “Proyecto de Resolución sobre Promoción de la Seguridad Hemisférica: un enfoque multidimensional”.

En este caso, acorde al texto, los cuestionamientos del Gobierno (ad-referéndum, en la jerga de la OEA) fueron múltiples:

“La Delegación de Argentina tiene ad-referéndum los párrafos 7, 25.a, 37, 39, 69.a, 124 y la sección titulada “Consecuencias del cambio climático en la seguridad”.

Estas objeciones respetan los conceptos esenciales de la Doctrina Milei sobre la Agenda 2030. Es un rechazo directo a la idea de igualdad de género y cambio climático, que apoyan en bloque todos los países miembros de la OEA.

“Reafirmar la importancia de mejorar la participación en todos los esfuerzos para la promoción de la paz y la seguridad, la necesidad de aumentar su papel en la adopción de decisiones en todos los niveles con respecto a la prevención, gestión y resolución de conflictos, e integrar una perspectiva de género, en todas las políticas, programas y actividades de todos los órganos Interamericanos, organismos, entidades, conferencias y procesos que traten asuntos de seguridad hemisférica. (Acordado, ad-referéndum de la Delegación de Argentina)”, sostiene el párrafo 7 impugnado del proyecto de Promoción de Seguridad Hemisférica.

El párrafo 25.a -también observado- refiere a la región como zona libre de minas terrestres antipersonal:

“Continúe fortaleciendo las capacidades de implementación y el respaldo a los Estados Miembros en la erradicación de minas antipersonal. Esto incluirá apoyo técnico a las autoridades nacionales contra minas, formación en educación sobre riesgos de minas, asistencia integral y reintegración económica para los sobrevivientes de minas y sus familias, así como la recuperación de áreas minadas. Se insta a que este respaldo incluya una perspectiva étnica y de género; y (acordado ad-referéndum de la Delegación de Argentina)”.

Una de las iniciativas fundamentales que tratará la OEA en Paraguay lleva como título “Proyecto de Resolución Ómnibus Promoción y Protección de Derechos Humanos”. Para la Organización de Estados Americanos, los derechos humanos son un pilar esencial de su historia y de su rol institucional en la región.

“Condenar de forma enérgica todo acto que impida o dificulte de forma arbitraria, directa o indirectamente, las tareas que desarrollan las defensoras y los defensores de los derechos humanos en las Américas, incluido las y los defensores del medio ambiente, así como las y los defensores indígenas de esos derechos, contra todo acto de represalia, la violencia, y la criminalización de su trabajo, el acoso, la intimidación, los ataques, la tortura, la desaparición forzada, la detención y el encarcelamiento arbitrario, el asesinato y todas las demás formas de abuso de los derechos humanos que cometen agentes estatales o no estatales, entre otros”, sostiene un artículo clave del proyecto.

Esta iniciativa de Protección de los Derechos Humanos en América Latina fue objetada en su totalidad por Argentina.

Además de la defensa de los derechos humanos y la intención de garantizar la transición democrática en Haití, el Consejo Permanente de la OEA debatió dos iniciativas vinculadas al fortalecimiento de la democracia y a igualdad de genero en la diplomacia.

Son proyectos que apuestan a evitar la supervivencia de los regímenes autoritarios y a lograr que termine la misoginia en la política exterior.

Argentina también se opuso.

Fuente: Infobae.

Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, murió hoy mientras estaba en terapia intensiva, luego de ser operada por una hernia. Tenía 94 años.

Nora Morales de Cortiñas, tal su nombre completo, nació el 22 de marzo de 1930 en Buenos Aires. Fue psicóloga social y profesora en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Y desde el pasado 27 de mayo se encontraba internada por enfermedades preexistentes, tras una cirugía de una hernia.

La salud de la referente de Madres se había resquebrajado hace tiempo. De hecho en la última conmemoración por el 24 de marzo se la pudo ver participando de las movilizaciones en silla de ruedas.

La vida de “Norita”, como se la conocía, cambió el 15 de abril de 1977 cuando su hijo, Gustavo de 24 años, fue detenido y desaparecido por la Dictadura. Era militante de la Juventud Peronista en la Villa 31 y empleado del Ministerio de Economía.

Así comenzó a militar en agrupaciones de derechos humanos, convirtiéndose en cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, organización desde la que se dedicó a buscar la verdad y recuperar hijos y nietos desaparecidos por la dictadura. Allí surgieron las históricas rondas de los jueves en Plaza de Mayo.

Además de sus acciones en Argentina, Cortiñas denunció los crímenes del Gobierno militar en organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y de las Naciones Unidas. ​

Por su lucha en favor de los derechos humanos recibió múltiples distinciones, entre ellas reconocimientos de las universidades de Bruselas, Salta o Buenos Aires. Además, recientemente fue homenajeada en la Legislatura porteña, donde se la reconoció con el premio Jorge Morresi por su “trayectoria, compromiso y defensa de la democracia y los derechos humanos”.

El Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata realizó una Sesión Pública Especial, con motivo de conmemorarse el 48º aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

Este encuentro, tuvo como objetivo reafirmar “la democracia y los derechos humanos, en repudio al terrorismo de Estado y toda forma de discriminación”, detallaron en el anuncio.

Luego de cantar el Himno Nacional Argentino, presentaron un video que mostraba el recorrido histórico de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sus pérdidas y luchas para encontrar a los nietos desaparecidos en la Dictadura Militar. 

Una integrante de Derechos Humanos, mediante un discurso, señaló que “cada 24 de marzo conmemoramos en nuestro país y en el recinto el día nacional de la memoria, la verdad y la justicia, en homenaje a las víctimas de la última dictadura cívico militar de 1976 a 1983. No es morbo, odio ni rencor, es justicia, memoria y conciencia colectiva para asegurar que los golpes de Estado, la violencia política y la violación a los derechos humanos no se repitan nunca más y que sus autores sean enjuiciados y castigados”. 

Asimismo, “en nuestro distrito funcionó un poderoso dispositivo represivo clandestino estatal y paraestatal que provocó el secuestro, tortura y asesinato de cientos de personas, de manera planificada y sistemática”, destacó. 

En este contexto, “las personas fueron secuestradas violentamente de sus casas, sus bienes robados, fueron salvajemente violadas, torturadas y en su mayoría desaparecidas. Esto llevó que nuestra ciudad, tristemente, se encuentre entre las ciudades con más desaparecidos en relación a su población”.

Ante esta situación, nacieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, “irrumpiendo en la escena pública, pidiendo la aparición con vida de sus hijos y la restitución de sus nietos apropiados, desafiando la violencia autoritaria del Estado”. 

“El 30 de octubre de 1983, millones de argentinos concurrieron a las urnas para manifestar su voto, luego de uno de los periodos más negros de nuestra historia. La Asunción de Raúl Alfonsín trajo alegría y esperanza, todas las plazas del país se colmaron de personas celebrando el retorno de la democracia”, resaltó. 

En esta línea, explicó que "el presidente electo tuvo el valor de conformar la CONADEP, de la cual este año se cumplen 40 años, y el Banco Nacional de Datos Genéticos iniciando así el proceso de Memoria, Verdad y Justicia donde en unos pocos meses se lograron registrar testimonios de sobrevivientes y familiares que dieron cuenta de la magnitud del horror del terrorismo de Estado, transformándose en la base para el inicio del Juicio a las Juntas". 

“El Plan represivo fue tan devastador, que aún hoy, 48 años después, no existe una cifra definitiva y todavía se siguen registrando testimonios”, aseguró. 

A lo largo de estos años de democracia, la Argentina ha demostrado al capacidad de resolver crisis graves sin salir del cauce democrático, tomando siempre los principios de nuestra carta magna como acuerdo elemental. Hoy en este recinto invitamos a todos a retomar el pacto social para reivindicar todas las bases irrenunciables de nuestra democracia para constituir la unión nacional", concluyó.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense pondrá en marcha un Plan de Capacitación Integral destinado a todo el personal penitenciario de la provincia de Buenos Aires, quienes deberán aprobar cursos que abordarán diversas temáticas y modalidades para progresar en su carrera institucional.

El ministro Julio Alak dijo hoy en declaraciones a la prensa que "el Servicio Penitenciario Bonaerense contará por primera vez en su historia con un plan de capacitación integral de estas características".

Asimismo, destacó como dos hechos importantes en materia de capacitación "el convenio con la Universidad de La Plata para que el personal penitenciario pueda tener un título universitario que va a jerarquizar su carrera", y la ampliación de la Escuela en esa unidad penal.

Por su parte, el director de Planificación y Capacitación Educativa del Personal Penitenciario, Sergio Vázquez, destacó la importancia de la descentralización de los estudios.

"Históricamente aquel que quería capacitarse lo tenía que hacer en un centro urbano y el agente que estaba en un lugar más lejano no tenía esa posibilidad", señaló Vázquez, e indicó que "al momento de las compensaciones por jerarquía eso pesaba".

La capacitación prevé que en la primera mitad del año se dicten los cursos clásicos obligatorios por Ley para ascensos en determinadas jerarquías, más la propuesta de cursos de capacitación por roles institucionales, cuya temática será seleccionada por las Direcciones Generales del SPB, en virtud de sus demandas y necesidades.

En la segunda mitad del año, se agruparán nuevas capacitaciones, especialmente diseñadas para todas las jerarquías de todos los escalafones.

La mayoría de las actividades se realizarán en seis lugares de cursada presencial: la sede académica descentralizada de Sierra Chica, las sedes de Florencio Varela, Junín, San Nicolás y Bahía Blanca, y en el Centro de Capacitación de Lisandro Olmos.

También se desarrollarán en las delegaciones educativas que funcionan en los complejos donde no hay sedes académicas.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el subsecretario del área en la Provincia de Buenos Aires, Matías Moreno, inaugurarán este viernes en Mar del Plata, una oficina de trámites para quienes estén vacacionando en la costa bonaerense.

El acto se llevará a cabo a las 12 en el ex centro clandestino de detención que funcionó en el El Faro, donde actualmente está emplazado un sitio de la Memoria, ubicado en la Avenida de los Trabajadores 5700, según consignó un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos.

La dependencia atenderá los miércoles y viernes de 9 a 15, y tendrá el objetivo será el de "facilitar el acceso a derechos que ayuden a sostener y acompañar las consecuencias que produce la pandemia sobre la comunidad".

"En el lugar se podrán gestionar diferentes trámites como la Tarifa Social, la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar, trámites vinculados con el DNI y Pasaporte, asesoramiento sobre distintos programas, como Potenciar Trabajo o Tarjeta AlimentAR, entre otros", explicaron desde la Secretaría.

En ese sentido, se informó que participarán del espacio las dependencias de PAMI, Anses, Renaper, CAJ, Cajus y los ministerios de Justicia y Derechos Humanos; de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería y Pesca nacionales y los ministerios bonaerenses de Salud; Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; y Justicia y Derechos Humanos.

En la inauguración, también estarán presentes la ministra de Mujeres y Políticas de la Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz; la titular de la Anses, Fernanda Raverta; el subsecretario de políticas culturales de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Grimson, la a directora provincial de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Víctima, Lucía Iáñez; y el director de Planificación y Articulación de Políticas de la Agricultura Familiar, Rodolfo González Greco, entre otras autoridades.

"Comprometidos con un Estado presente en la promoción y la defensa de los Derechos Humanos, las puertas de El Faro estarán abiertas con protocolos sanitarios y cupos limitados por el distanciamiento social", se informó de forma oficial.

El listado completo de los trámites que podrán realizarse en esta oficina marplatense podrá descargarse en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/verano_con_derechos_2021.pdf

El presidente Alberto Fernández recibió este lunes a las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y otros organismos de DD.HH y, en ese marco, aseguró que en la Argentina "no hay presos políticos" sino "detenidos arbitrarios".

El encuentro, a agenda abierta en el Salón Eva Perón, marcó el regreso de la Mesa Nacional de Organismos de Derechos Humanos a la Casa Rosada. La agenda de esas 13 organizaciones giró en torno al rol de la Justicia durante la gestión macrista y a los "presos políticos". En ese contexto, el mandatario diferenció la situación de ex funcionarios kirchneristas detenidos con las detenciones sin proceso.

"Alberto Fernández dice no tener presos políticos, sino víctimas de una persecución política", expuso Carlotto, quien ofició de vocera del encuentro junto a Taty Almeida -de Madres Línea Fundadora.

La reflexión del Presidente, según reconstruyeron altas fuentes oficiales a Clarín, fue similar a la que había planteado en la campaña: "Un preso político es una persona que fue detenida sin proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus procesos en libertad, pero los detienen porque son opositores".

La respuesta del mandatario conformó a las Abuelas. Carlotto comprendió que Alberto F. "no quiere que se diga que él tiene presos políticos" y confió en que la situación de los detenidos arbitrarios cambiará en paralelo a las reformas de la Justicia que planteará el Gobierno. "Un milagro no se puede pedir, ni que las cosas cambien de hoy para mañana, porque tampoco es correcto. Nosotros no queremos que se hagan las cosas fuera del lugar propicio", concedió.

"Se habló mucho de los jueces. El dice que desde el año 30' existe este problema. La Justicia es un poder enorme y está contaminada. Pero con los recursos que va a tener, con legalidad y nada apresurado, va a volver a poner las cosas en su lugar", agregó.

Además de Carlotto y Almeida, en la reunión dijeron presente referentes de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia Zona Norte; de la Asociación Buena Memoria; de Familiares y Amigos de Santa Cruz; de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: del CELS, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza; y de H.I.J.O.S Capital

Junto a Pietragalla, por parte del Gobierno, también estuvo en la reunión la ministra de Justicia, Marcela Losardo. Carlotto explicó que ella "va a ser el nexo primario" de los organismos de DDHH con el Gobierno, "para recuperar los espacios perdidos durante el gobierno nefasto" de Mauricio Macri.

Lucía Florencia Duarte, autora del relato “Resoñar” sobre el exilio de un migrante venezolano, se quedó con el primer premio de la cuarta edición del concurso del concurso de relatos “Valijas con Historia”, organizado por la Dirección Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.

El premio fue entregado hoy por la titular de la oficina local de DDHH, Sonia Rawicki, durante un acto realizado en la Biblioteca Depositaria de Naciones Unidas, con la participación de una amplia cantidad de personas, muchas de ellas representantes de las nuevas migraciones que enriquecen a la comunidad de General Pueyrredon.

Durante el acto también se hizo entrega del segundo y tercer premio, que recayeron en Maira Luna -autora de “Esperanza en la costa”, texto que refleja la inmigración senegalesa y la conformación de una familia multicultural- y “1939”, de Mariana Dauverné -que describe parte de vida de Amparo, tía abuela de la autora que a sus 15 años emigró sola desde Alicante, España-.

Los y las integrantes del jurado, conformado por el periodista Bernabé Tolosa, la escritora Gabriela Exilart, el guionista y realizador Miguel Monforte y la licenciada en Letras Mirtha Caffaro, además de la propia Rawicki, decidieron entregar tres menciones.

La primera de ellas fue para María del Carmen Príncipi, quien se remontó a 1860 para relatar la inmigración desde Galicia de su bisabuelo materno y su bisabuela materna. Este relato fue destacado por los y las integrantes del jurado, integrado por por su aporte al patrimonio cultural histórico de la ciudad.

Por su parte el relato “¿Qué coño dijo?”, relato cargado de humor con el que Julio Graterol reflejó las diferencias idiomáticas que separan a los hablantes venezolanos de sus pares argentinos. Por último, se otorgó una mención simbólica al relato “Mi viaje desde Perú” de Jazmín Ponce Linares, una migrante trans que actualmente se encuentra en situación de encierro.

Durante el acto, del que también participó el director del Sistema de Biblioteca de la Municpalidad, Pablo Jacobo, Rawicki agradeció a los y las participantes por haber enviado sus relatos. Al hacer uso de la palabra, la funcionaria afirmó que la edición de este año del concurso fue “más plural que las anteriores, con relatos de nuevas migraciones que, sin embargo, nos remiten a idénticas emociones: desarraigo, raíces, la tierra como pertenencia, amores, olvidos, memorias y añoranzas”.

La funcionaria destacó especialmente “la riqueza humana tanto de quienes brindaron detalles de las hojas de su vida como personas migrantes como de los y las integrantes del jurado y del equipo de trabajo”, perteneciente al área de Promoción de la Dirección Municipal de Derechos Humanos.

El predio del Faro de la Memoria fue traspasado bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en un acontecimiento que desde el colectivo de la Memoria catalogaron como "trascendental". Anteriormente, se encontraba bajo control del Ministerio de Defensa.

El Faro funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar. Con la resolución comunicada esta mañana, se asigna en uso al Espacio para la Memoria y Promoción de DDHH ex ESIM, una superficie total aproximada de treinta y cuatro mil seiscientos metros cuadrados.De esta manera queda desafectado totalmente de la esfera del Ministerio de Defensa.

"Es un logro esperado desde hace muchos años, ya que las tareas desarrolladas se vieron afectadas gran cantidad de veces por la arbitrariedad y la falta de entendimiento con el personal de Hidrografía Naval con el que se comparte en la actualidad el predio", comunicaron desde el colectivo Faro de la Memoria.

El Espacio se encuentra actualmente en funcionamiento y desarrolla actividades de promoción y defensa de los Derechos Humanos bajo la órbita de la Ley Nacional de Sitios de Memoria 26.691, en materia de investigación, educación, centro de documentación, promoción de derechos, actividades deportivas, servicios comunitarios, asistencia a familiares y víctimas del terrorismo de estado y otras que se realizan diariamente.

Todas las actividades se desarrollan de manera conjunta entre la comunidad y el Estado, construyendo una nueva forma de estatalidad, expresaron en un comunicado.

"Este hecho concreta una de las demandas históricas de los Organismos de Derechos Humanos, principalmente de los Sobrevivientes, que integran el Colectivo Faro de la Memoria de Mar del Plata", continuaron, y agregaron: "Cabe decir que este logro fue posible gracias a las múltiples gestiones realizadas desde el Espacio de Memoria, a través de la Dirección Nacional de Sitios de Memoria, ante el Ministerio de Defensa y la Agencia de Administración de Bienes del Estado".

Para la organización, queda pendiente aún que el resto del predio de la Ex Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina sea cedido a la Universidad Nacional de Mar del Plata, "cerrando con esto una etapa de oscuridad y abandono, transformando definitivamente el predio en un espacio público lleno de vida y de luz. Un lugar de reflexión, de inclusión, de encuentro, de educación, de cultura y de construcción de ciudadanía".

"El Faro de la Memoria es un espacio en constante crecimiento con multiplicidad de proyectos e iniciativas, por eso el Colectivo Faro de la Memoria invita a las vecinas y vecinos de Mar del Plata y Batan a participar activamente de esta construcción colectiva", concluyeron.

El Gobierno nacional creó la Unidad de Garantía de Derechos Humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, correspondiente al ámbito de la Dirección de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad.

Se trata de "una acción reparadora a los daños causados por agravios a los derechos humanos de los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, ya sea por otros miembros de las Fuerzas o bien por ciudadanos".

La Unidad tendrá las siguientes funciones:

a. Relevar información y producir estudios de diagnóstico que permitan identificar las fortalezas y debilidades de la normativa relativa a la protección de los derechos humanos de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

b. Contribuir con acciones e iniciativas que persigan el objetivo de ampliar y garantizar la efectiva protección de los derechos humanos de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales.

c. Contribuir a fortalecer la cultura del respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos a través de la formación, promoción y difusión de los derechos humanos en las distintas etapas de formación y capacitación de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, coordinando estas acciones con las áreas competentes del Ministerio.

d. Impulsar programas de acción con el objeto de realizar estudios diagnósticos, investigaciones y relevamientos sobre conculcación, privación o restricción de derechos humanos de los efectivos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, incluso con la cooperación de instituciones académicas y técnicas.

Fuente: Infobae

Los talleres de "Química de la memoria" llegarán a Mar del Plata el 28 y 29 de marzo en el Centro Cultural Victoria Ocampo. La actividad, que busca reflexionar sobre el último golpe cívico militar, está organizada por la Dirección Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y cuenta con el apoyo de  la Secretaría Municipal de Cultura. 

Los talleres serán coordinados por la artista plástica Marga Steinwasser, tras haber pasado con gran aceptación de la comunidad por ciudades como Santiago de Chile, Montevideo y Rosario, siempre bajo la coordinación de la artista.

Sonia Rawicki, titular de la oficina local de DDHH, explicó que cada participante de los talleres deberá acercar algún objeto “que le permita conectar con sentimientos, reflexiones o incluso imágenes relacionadas con la última dictadura cívico militar”.

“Cada persona deberá compartir con el resto del grupo esos recuerdos a los que les remite el objeto. De esta manera, se generará un momento de intercambio, reflexión y enriquecimiento tanto a nivel individual como colectivo”, concluyó Rawicki.