Un operativo conjunto encabezado por el Municipio permitió desarticular una ocupación irregular en la zona de Champagnat y Juan B. Justo, donde fueron demorados dos hombres, uno de ellos con un requerimiento judicial vigente.

La intervención fue realizada por personal de la Patrulla Municipal. Al arribar al lugar, los agentes constataron que tres individuos se encontraban dentro de la propiedad.

Según se informó, al momento de ser identificados, los hombres se negaron a aportar sus datos personales, por lo que se procedió a verificar su situación a través de los sistemas correspondientes. En ese marco, se determinó que uno de ellos tenía un pedido de captura activo.

Como resultado del procedimiento, dos personas fueron aprehendidas: una por el requerimiento judicial y otra por portar un arma blanca. Durante el accionar, ambos adoptaron una conducta agresiva hacia el personal interviniente. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría Cuarta.

En paralelo, cuadrillas del EMSUR realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento del inmueble, con el objetivo de recuperar el espacio.

Desde el Municipio indicaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia sostenida para intervenir ante situaciones que comprometen el uso del espacio público y la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Dos sujetos que realizaban actividades que ponían en riesgo la situación de vecinos del barrio Peralta Ramos Oeste fueron desalojados hoy, tras un accionar de la Patrulla Municipal a raíz de múltiples denuncias realizadas.

El operativo se llevó a cabo en Juan B. Justo y la vía, y permitió constatar una ocupación irregular del espacio público y eliminar una situación que representaba un riesgo para el barrio.

Según se informó oficialmente, durante el procedimiento se verificó que el lugar era utilizado como punto de permanencia por dos hombres, con prácticas que afectaban la convivencia y generaban peligro para el entorno.

Entre las situaciones detectadas se encontraba la quema de residuos, lo que motivó la actuación inmediata del personal municipal para prevenir posibles incidentes y proteger a los vecinos del sector.

Como resultado del operativo, se dispuso el desalojo del espacio, el retiro de las personas presentes -quienes abandonaron el lugar- y la remoción de los elementos utilizados para sostener esta actividad irregular, con el fin de evitar que la situación se repita.

La Municipalidad llevó adelante un operativo de desalojo y recuperación de una construcción ubicada en el barrio Los Pinares, tras denuncias vecinales por molestias constantes y situaciones de inseguridad generadas por el uso irregular del inmueble.

La intervención fue coordinada en Strobel y Monseñor Zabala por la Secretaría de Seguridad y ejecutada por la Patrulla Municipal con el acompañamiento de personal policial. En el lugar se procedió al desalojo de la edificación y a la identificación de dos hombres, uno de los cuales registraba antecedentes, quienes fueron retirados del sitio.

Como parte del procedimiento, se realizaron tareas de limpieza integral de la vivienda y una demolición parcial en el sector de mayor conflicto, con el objetivo de impedir que el espacio vuelva a ser utilizado como punto de encuentro y evitar nuevas situaciones que afecten la convivencia barrial.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones para “dar respuesta a los reclamos de los vecinos, prevenir situaciones de riesgo y garantizar el uso adecuado, seguro y conforme a la normativa vigente de los espacios públicos y privados”.

Tres hombres de 26, 30 y 36 años fueron detenidos, acusados de provocar lesiones a un joven, tras ingresar de manera violenta a una vivienda ubicada en la zona del barrio Sarmiento en el marco de un violento desalojo.

Según se informó, los imputados habrían irrumpido en el domicilio de Marconi y 3 de Febrero con la intención de desalojar por la fuerza a los moradores, circunstancia en la cual la víctima, de 25 años, resultó con una herida cortante en el sector izquierdo del abdomen.

El herido fue trasladado consciente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó a quirófano para la evaluación de una posible lesión interna.

En el hecho participó personal del Comando de Patrullas y en el lugar se procedió al secuestro de un vehículo Chevrolet Cruze y de prendas de vestir con manchas hemáticas, mientras que personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes.

Intervino la Fiscalía de turno, a cargo de Carlos Russo, que dispuso la realización de tareas periciales, la requisa del rodado, la demora de los tres imputados, el reconocimiento médico legal de la víctima y la recepción de declaraciones testimoniales a los moradores de la vivienda.

A partir de denuncias realizadas por vecinos del barrio Las Lilas, la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad llevó adelante un operativo para desalojar un acampe instalado en la vía pública. Como resultado del procedimiento, se desalojó a dos hombres y una mujer que ocupaban el espacio común.

La intervención contó con la participación de la Patrulla Municipal, personal del EMSUR y efectivos policiales. Durante el operativo se desmontó el acampe y se liberó el sector afectado, permitiendo restablecer las condiciones de seguridad y la libre circulación de peatones y vehículos en la zona.

Desde el Municipio destacaron “la importancia de este tipo de acciones” para dar respuesta a los reclamos vecinales, prevenir situaciones de riesgo y garantizar el uso adecuado de los espacios públicos.

Asimismo, remarcaron que estos operativos forman parte de “una política sostenida orientada a preservar el orden urbano y asegurar que los espacios comunes puedan ser utilizados correctamente por toda la comunidad”.

Se llevó a cabo la audiencia en el Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados, en la que se logró llegar a un acuerdo con mejoras en lo estipulado y se desestimó el desalojo del Club Social y Deportivo 2 de Mayo, situado en 3 de Febrero al 4585.

Por su lado, desde la institución le agradecieron a todas las personas que acompañaron la lucha, a los clubes barriales que apoyaron y a todos los medios por la difusión que realizaron y el espacio que  brindaron para contar la situación que tocó atravesar.  

"Es una alegría inmensa para todo el club poder mantener nuestra sede, con lo que significa para todas las familias, jugadores y jugadoras, sobre todo por el trabajo y el esfuerzo que se dedicó en refaccionarla", resaltaron en un comunicado.

Por último, enviaron un “especial agradecimiento a los abogados Pablo Zelaya Blanco y Evaristo Buccico” que representaron a la institución.

El conflicto inició hace dos semanas, cuando la institución sufrió un intento de desalojo a pesar de contar con contrato vigente. En esa situación, el presidente de 2 de Mayo, Carlos Brunini, había explicado: “Cuando nos dieron el lugar estaba prácticamente destruido. Lo reconstruimos con el esfuerzo de los socios y subsidios obtenidos. Hoy es un espacio digno para los chicos. Por eso, recibir una notificación de desalojo es incomprensible”.

En tanto, los letrados mencionados habían detallado que “lo que está en discusión no es solo un contrato, sino la continuidad de un espacio que forma parte del entramado social del barrio" y que "el derecho no puede ser una herramienta para desarmar la comunidad, sino para garantizar su permanencia y desarrollo”.

Además, habían calificado la demanda como “abiertamente inconsistente e improcedente”, ya que se basa en un supuesto incumplimiento de la cláusula 5 del contrato -referida a seguros, facturación y obligaciones administrativas-, cuando toda la documentación está al día y debidamente acreditada.

Por último, habían denunciado que, tras el fallecimiento de la titular original del contrato, el nuevo propietario increpó en reiteradas oportunidades a los miembros de la Comisión Directiva, hechos que adelantaron que iban a ser informados al Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata.

Una mujer que trabajaba como cuidadora del dueño del edificio que fue desalojado ayer en Punta Mogotes (un hombre de nombre Alberto, que padece demencia senil) fue quien cambió las cerraduras y subalquilaba los departamentos, según contó a este medio el fiscal de la causa, Luis Ferreyra. Además, destacó que el operativo se realizó con absoluta tranquilidad.

El operativo se llevó a cabo en una edificación de Lebensohn 1852. Con la presencia de las secretarías de Seguridad y Desarrollo Social, el Municipio desalojó a 21 personas, de las cuales siete eran menores y secuestró un arma de fuego. Por otra parte, personal de la División de Inspectoría y Maltrato Animal de Zoonosis rescató a 38 gatos, que ya fueron ubicados en un hogar de tránsito.

En diálogo con El Marplatense, Ferreyra explicó no obstante que lo que se realizó ayer fue un “lanzamiento”, que es como se refiere en el ámbito penal al desalojo de un inmueble, a diferencia de lo que ocurre en la sede civil. “Es una medida cautelar que se le pide al juez de Garantía, que a diferencia de un allanamiento que la otra parte no la conoce, es una medida que se le notifica previamente al imputado, o en este caso a los imputados. Se les da la oportunidad de que abandonen el inmueble voluntariamente, e incluso tienen la posibilidad de apelarlo”, detalló.

El fiscal indicó que la investigación se inició durante 2023 y 2024. En primer momento se solicitó el lanzamiento, pero fue rechazado, y el juez sugirió una instancia de mediación. Sin embargo esta acción “fracasó porque no concurrieron los imputados”. Por ello, se insistió en el pedido de lanzamiento, que finalmente fue otorgado por la jueza de Garantía, apelado por la defensa de los imputados y confirmado por la Cámara el 14 de agosto, lo que permitió su ejecución.

En cuanto al origen de la causa, Ferreyra relató que todo comenzó con la denuncia de un cuidador designado por las hijas del dueño del edificio, quien descubrió que las cerraduras del inmueble habían sido cambiadas. El fiscal explicó que una de las imputadas, quien era la cuidadora del dueño, “de alguna manera había abusado de la confianza, subalquilaba los departamentos y modificó las cerraduras para privarlo tanto a este hombre como a las hijas de la posesión del bien”.

Sobre el desalojo, Ferreyra aseguró que “los imputados estaban notificados que se iba a efectivizar este lanzamiento” y destacó el trabajo coordinado con la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la Municipalidad, en particular la colaboración del secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves. Además confió que con la presencia del grupo GAD se “evitó justamente que se diese cualquier tipo de conflicto”.

En ese sentido, aseguró que se anticiparon a posibles inconvenientes y con la presencia de más de 80 funcionarios policiales, junto con la Municipalidad y camiones, permitió que la medida se llevara a cabo “sin incidentes”. Además, señaló que “hasta se les brindó los medios para retirar las cosas y llevarlas a los domicilios que cada uno declaró”.

A través de las secretarías de Seguridad y Desarrollo Social, el Municipio llevó adelante esta tarde un operativo de desalojo en una propiedad usurpada, ubicada en Moisés Lebensohn al 1852, mediante el que retiró a 21 personas, de las cuales siete eran menores, y secuestró un arma de fuego.

En paralelo, el personal de la División de Inspectoría y Maltrato Animal de Zoonosis rescató a 38 gatos, que ya fueron ubicados en un hogar de tránsito. 

Según informaron desde el Gobierno comunal, de este modo le dieron respuesta a los reclamos de vecinos de la zona que veían en ese domicilio y en sus ocupantes un polo de conflicto permanente.

“Este operativo se concreta gracias a investigaciones judiciales que se llevaron adelante a través de la Fiscalía 12 de Usurpaciones, a cargo de Luis Ferreira”, señaló el titular de Seguridad municipal, Rodrigo Gonçalves, quien añadió que se encontraban "frente a una situación en donde algunos propietarios vieron vulnerados sus derechos, puesto que un grupo de personas usurparon su domicilio particular”.

“En función de esto -y como auxiliar de la justicia desde el ámbito municipal- se dio acompañamiento a lo establecido por el fiscal. Pudimos irrumpir en el lugar, controlar la escena, desalojar a las personas que estaban allí indebidamente y abordar cuestiones sensibles, como contención a menores y control estructural y de seguridad de la propiedad”, afirmó el funcionario.

En última instancia, remarcó que “siempre” acompañarán a la Justicia “cuando el objetivo es restablecer estos derechos que son vulnerados indebidamente”, al mismo tiempo que expresó que estarán "prestos a actuar para llevar adelante este tipo de acciones”.

Cinco hombres fueron aprehendidos esta tarde por intentar ingresar por la fuerza a un departamento ocupado por una mujer de 48 años, cuyo contrato de alquiler había vencido recientemente. Ocurrió en un inmueble situado en el macrocentro.

El episodio se registró en un edificio ubicado en la avenida Colón al 1800, donde efectivos de la Comisaría Segunda acudieron tras un llamado al 911. Al llegar, encontraron a cinco hombres, de entre 25 y 28 años, forzando la puerta de ingreso a la vivienda.

La víctima relató que su contrato había había vencido hace diez días y que los supuestos propietarios intentaban desalojarla por la fuerza, sin orden judicial.

La fiscal Mariana Puzzinelli, a cargo de la UFI N°12, dispuso notificar a los implicados por el delito de "usurpación en grado de tentativa", aunque no ordenó detenciones.

Alejandro es un caso testigo de muchos episodios similares que pasan en la ciudad, aunque en este caso con un plus que genera mayor indignación; la persona que lo estafó lo conocía hace veinte años. Fue esa confianza la que lo hizo entrar en un acuerdo, junto a su familia (tiene seis hijos), para la compra de un terreno en Acantilados, donde construyó su casa. Sin embargo, hoy se enfrenta a un potencial desalojo sobre el que quiere avanzar la mujer, quien en verdad habría usurpado esos terrenos. Una instancia dramática para una familia que se enfrenta a la posibilidad de quedar en la calle. 

Según explicó Alejandro, todo comenzó cuando, enfrentando problemas habitacionales, esta esta persona les ofreció ayuda proporcionándoles dos terrenos y una casa prefabricada. “Nosotros le veníamos pagando la casa en cuotas, ella nos había dicho que esos terrenos eran del hermano y que no se iba a hacer una sesión de derechos”, afirmó. 

Sin embargo, los problemas surgieron cuando iniciaron la construcción en el terreno, que estaba vacío. Tras un temporal, instalaron una casa prefabricada, pero pronto comenzaron los conflictos. “Me quiso echar, me dijo que el hermano quería los terrenos de nuevo, que quería volver a vivir ahí y, en un momento, se pisa y me dice que los terrenos no tenían dueño”, relató en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

Alejandro decidió investigar y descubrió que los terrenos carecían de propietario legal, ya que los dueños originales, tres hermanos, habían fallecido. “Efectivamente los terrenos no tienen dueño”, señaló, denunciando que ahora corre “peligro de quedarme en la calle” junto a sus seis hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad. Por esta razón, presentó una denuncia penal por estafa contra la mujer involucrada.

El relato de Alejandro revela más irregularidades. Según contó, la persona que les ofreció los terrenos les aseguró que se realizaría una sesión de derechos, pero luego se comprobó que los terrenos eran usurpados. “La prefabricada yo tengo las transferencias hechas que le veníamos pagando mes a mes. Cuando investigo, veo que los terrenos eran usurpados. Ella tiene los tres terrenos atrás de la casa también usurpados”, aseguró, añadiendo que esta persona ya enfrentaba otra denuncia por usurpar cuatro terrenos en la misma zona: “A mí me puso como chivo expiatorio en dos terrenos para poder quedarse con toda una manzana”.

El damnificado comentó que además esta mujer le hizo firmar un documento, que él creyó parte de un trámite legítimo, pero era parte de la estafa. “Supuestamente lo que estaba firmando era un acta municipal que se estaba edificando sin permiso y sin cartel de obra”, explicó, destacando que la confianza depositada en esta persona, a quien conocía desde hacía 20 años, lo llevó a no sospechar de sus intenciones.

Actualmente, Alejandro y su familia continúan viviendo en la casa prefabricada, pero la amenaza de desalojo es constante. “Yo no tengo dónde irme, si me desalojan a mí de ahí, yo me quedo en la calle”, expresó con angustia, detallando que incluso tomaron un crédito para seguir edificando, un esfuerzo que la denunciada conocía. Además, reveló haber recibido amenazas, por lo que colocó alarmas y cámaras de seguridad en su hogar: “Tuve amenazas de parte de ella, que tenía dos meses para irme, que si no me iban a venir y me iban a sacar”. 

La relación con la mujer, que alguna vez fue de amistad, se deterioró completamente. “Éramos amigos. Nunca te vas a imaginar que te quieren envolver en algo que al final y al cabo te das cuenta de que no tiene nada que ver”, lamentó Alejandro.

La mirada judicial

El abogado Juan Manuel Belliure, representante legal de Alejandro, señaló que el caso se originó por una serie de hechos que llevaron a la víctima a ser engañado para firmar un documento que resultó ser un comodato precario, cuando en realidad se le presentó como otro tipo de instrumento. “Esta señora utilizó el sistema de administración de justicia, específicamente el Juzgado Civil y Comercial, a los fines de haberlo hecho a él incurrir en la firma de un comodato precario, haciéndolo pasar por otro instrumento, lo cual le habilitó a ella la posibilidad de utilizar el sistema para utilizar el medio de desalojo”, explicó.

Sobre el comodato, el letrado indicó que su defendido “nunca tuvo conciencia de lo que había firmado, por lo cual tampoco se reconoció ni tuvo ninguna naturaleza de ningún contrato ni ningún negocio que las partes podrían haber tenido la intención de celebrar, todo lo contrario, la idea era otra”.

Ante esta situación, el abogado consideró pertinente presentar una denuncia por estafa en la fiscalía correspondiente. Explicó que la maniobra encuadra en la figura de estafa simple, contemplada en el artículo 132 del Código Penal, y en una figura más específica del artículo 133, inciso noveno, debido al “abuso de confianza y una calidad simulada” que caracterizan el caso. Belliure subrayó la importancia de respetar el principio de inocencia, pero afirmó que “prima facie existe una cantidad de elementos por los cuales es procedente la denuncia que se realizó”.

Además, destacó que se aportaron pruebas e información a la fiscalía para que continúe con la investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos y evitar que el sistema judicial sea utilizado de manera fraudulenta.

El abogado también hizo hincapié en la dimensión social del caso, que va más allá de un simple conflicto jurídico. Según sus palabras, “existe un poco de desatención al caso concreto, porque la realidad es que no es un simple caso de un negocio jurídico, sino que hay una situación de vulnerabilidad habitacional donde hay una familia que se encontró iniciando una operación a los fines de, en esa confianza que los unía con esta persona, poder proyectar, invertir una cantidad de dinero, lo cual para su condición particular era mucho”.

Esta confianza fue, según Belliure, manipulada para “configurar una estafa quedándose con el dinero de la casa, con la inversión que se realizó, con los activos, intentando utilizar el sistema de administración de justicia en el ámbito civil para desalojar por este famoso contrato a una familia valiéndose de que el sistema está engañado”.

En cuanto al proceso de desalojo, Belliure explicó que la demandante, con el respaldo de su abogado, inició una acción basada en un contrato que incluye una cláusula que permite el desalojo tras 30 días de notificación. Sin embargo, aclaró que “ella interpone una demanda de desalojo con su abogado, a lo cual eso tiene tratamiento y sigue un proceso en un Juzgado Civil y Comercial de la ciudad”, pero el documento en cuestión “nunca nadie quiso firmar, en este negocio jurídico que nunca existió”.

Por ello, el equipo legal de la familia afectada está trabajando para reunir pruebas que demuestren la nulidad del instrumento y frenen lo que califican como una “estafa procesal”. En sus palabras, “si el sistema se vale de un instrumento que en su naturaleza está viciado, está habilitando la posibilidad de que el Poder Judicial tome medidas, en este caso el desalojo, en la condición de vulnerabilidad que tiene esta familia”.

Sobre los próximos pasos, Belliure indicó que el objetivo es “juntar una cantidad de elementos que a la fiscalía le sirvan para seguir investigando, que fue lo que se aportó y a partir de ahí insistir con el Ministerio Público Fiscal para que desaboque todas estas cuestiones, produzca esta prueba y pueda acreditar estos hechos que nosotros relatamos”.

Asesorarse, siempre

El caso de Alejandro y su familia es un ejemplo de lo que sucede en muchos barrios. En ese sentido Belliure explicó que, en su trayectoria, ha intervenido en numerosas causas relacionadas con delitos económicos y usurpaciones, áreas que suelen investigarse en las fiscalías especializadas. En particular, señaló una problemática recurrente en la zona sur de la ciudad, donde se registra una actividad creciente de venta de lotes que no pertenecen a los vendedores. “Esas personas se meten, los usurpan, constituyen boletos, cadenas de boletos falsos, o sea, enajenan sin tener acreditación de, digamos, lo que nosotros conocemos como un informe de dominio”, detalló.

El abogado enfatizó la importancia de verificar la titularidad del terreno antes de realizar cualquier transacción: el informe de dominio es un documento esencial que permite conocer a quién pertenece legalmente la parcela. “Uno le pide al Estado que le entregue un informe que diga a nombre de quién sale esa parcela, ese espacio de terreno, una nomenclatura catastral. Entonces uno tiene una trazabilidad de ese negocio que va a celebrar y sabe que el día de mañana va a tener un derecho”, explicó.

Belliure también destacó la necesidad de asegurarse de que exista un “tracto sucesivo” claro, es decir, una cadena ininterrumpida de propietarios y adquirentes que permita acreditar la legitimidad de la operación. En casos de sucesiones, por ejemplo, recomendó verificar que los herederos estén debidamente acreditados para evitar complicaciones futuras: “Si nosotros no tenemos esa trazabilidad, es decir, el que vende y el que compra o el que quiere y transmite, no vamos nunca a poder constituirnos como propietarios, por lo tal vamos a tener un derecho que no tiene mucho sentido”. 

Para el abogado, la clave está en la prevención y el asesoramiento profesional. “La cuestión de la seguridad jurídica, sobre todo, está dada en la prevención a la hora de estudiar el negocio. Las personas tienen que pedir informe de dominio, índice de titularidad, verificar con qué personas están celebrando sus actos, y bueno, por supuesto tomar los recaudos”, subrayó.

Además, insistió en la importancia de recurrir a un escribano o un abogado especializado, ya que un buen asesoramiento puede evitar problemas significativos: “Siempre hay que asesorarse. Hay caminos cortos que son largos y hay caminos largos que son cortos. Un buen asesoramiento puede ahorrar mucho dinero y muchos problemas”.

Con el apoyo de la Prefectura Naval Argentina, el Consorcio Portuario Regional de Mar del Plata recuperó un predio ubicado en la banquina de los pescadores, que se encontraba ilegítimamente ocupado desde hace varios años.

El trámite de desahucio había comenzado en 2024 y fue ratificado en dos ocasiones por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y restantes órganos de la Constitución provincial. 

Desde el Consorcio destacaron que el predio se hallaba con el permiso vencido y una deuda superior a los 15 millones de pesos.

Sin embargo, ante la negativa del ocupante a devolver el predio se produjo el desahucio administrativo y el recupero del inmueble, procedimiento que se llevó adelante esta mañana.

Un violento intento de desalojo protagonizaron hoy tres mujeres, de 32, 24 y 21 años, en Santa Clara, motivo por el cual no sólo dañaron la propiedad sino además que atacaron y lesionaron a las inquilinas, una mujer de 44 y una joven de 19.

Convocados por el 911, personal de la Estación de Policía Comunal Santa Clara del Mar se constituyó en una vivienda de Habada al 900. Al arribo, realizaron la aprehensión de las tres imputadas, quienes intentaron desalojar a la fuerza a las víctimas.

Según informaron fuentes policiales, durante el accionar las agresores dañaron la puerta de ingreso al inmueble, lesionaron a la mujer de 44 años con un objeto contundente en su mano izquierda, mientras que a la joven le provocaron una herida cortante en su ceja derecha.

El fiscal Facundo De la Canale, de la Unidad de Flagrancia, confirmó la aprehensión de las imputadas y ordenó su notificación por “turbación de la propiedad y lesiones leves”.

La comunidad mapuche Lof Paillako, que encabeza el controvertido dirigente Ernesto Cruz Cárdenas, tuvo un nuevo revés en la Justicia y agotó las posibilidades legales para no ser expulsada del espacio que usurpa desde 2020 en el Parque Nacional Los Alerces.

El caso regresó al escritorio del juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien iniciará el proceso para desalojar a los intrusos y restituir las tierras a la Administración de Parques Nacionales. En la causa, además de Cruz Cárdenas, figura su pareja María Belén Salinas.

La defensa de los acusados presentó, como última estrategia, un recurso extraordinario en el que objetó la sentencia del magistrado y la resolución de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para tratar de frenar el desalojo. La estrategia también fracaso. Ahora Otranto podrá diseñar el plan para desalojar el predio.

El artículo primero de la parte resolutiva que rubrican los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suarez rechaza la nueva presentación.

Los abogados de la comunidad objetaron los alcances de la resolución que confirmó el fallo de Otranto e hicieron foco en la preexistencia de los mapuches en las tierras en conflicto.

En 2020 Cruz Cárdenas encabezó al grupo que irrumpió de forma violenta en la seccional de guardaparques El Maitenal, la ex población Felidor Salinas y el valle del arroyo Cascada, en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, donde tomó posesión y construyó galpones y viviendas.

La Administración de Parques Nacionales, durante la gestión anterior, actuó de forma contemplativa con la comunidad y buscó soluciones alternativas al conflicto, aunque nunca planteó la posibilidad de expulsar a los intrusos.

Toma mapuche en el parque nacional Los Alerces

En cuanto asumió el actual presidente del organismo, Cristian Larsen, aseguró que durante su mandato no habría contemplaciones. “Cruz Cárdenas, se te acabó la joda”, publicó a través de las redes sociales.

El proceso comenzó con un trámite administrativo, en el que emplazó a la comunidad a retirarse en un plazo de 30 días, luego de los cuales y atento a que el grupo decidió permanecer en las tierras del Estado, comenzó el trámite judicial.

Cuando la Justicia falló a favor del desalojo, antes de la presentación de los recursos por parte de los acusados, hizo una nueva publicación en el mismo sentido: “Cruz Cárdenas, afuera”, posteó en sus redes para anunciar la decisión judicial.

Desde ese fallo, el expediente recorrió distintos estamentos a partir de los recursos que presentó la comunidad Lof Paillako para dilatar lo que ahora, de acuerdo a la última resolución, parece inminente. El desalojo.

Tanto Larsen como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acusaron a Cruz Cárdenas de ser el responsable por los incendios forestales que arrasaron con más de 6 mil hectáreas en el verano pasado.

Desalojo mapuche en la Patagonia. Foto de archivo

El mapuche utilizó el mismo medio para defenderse y denunciar al funcionario por “racista” y “antimapuche”.

“Hoy, la justicia hizo lo que debía hacer: rechazó el último recurso presentado por el usurpador Cárdenas”, dijo Larsen. Agregó que “este es el fin de una etapa de maniobras legales para dilatar lo inevitable. No hay más artilugios para evitar lo que está por venir: Cruz Cárdenas será desalojado antes de que termine el año, y la seccional de Guardaparque, que había sido usurpada, regresará a su propósito original, como la casa de un Guardaparque. Estamos cerrando un capítulo de injusticia y abriendo uno nuevo, donde la ley se respeta y las cosas se ponen en su lugar. Es un cambio de era, donde se hace justicia”.

Para poder concretar el desalojo, se realizará una constatación del predio usurpado con el fin de saber en detalle cuántas personas residen en el territorio. Para ello, el juez Otranto ordenó un informe, que estará a cargo de Parques Nacionales, a través del cual podrá determinar no sólo los detalles de la población, sino también la cantidad de viviendas que construyeron allí, si hay niños y mujeres y definir las características de la población.

El organismo querellante contará con auxilio de las fuerzas federales para ingresar al lugar y culminar el relevamiento. Una vez que finalice, el magistrado podrá ordenar el desalojo en un plazo no mayor a los 15 días.

Fuente: Infobae

Luego del desalojo y cierre de una propiedad del macrocentro que fue usurpada por personas en situación de calle y en la que comercializaban cocaína, el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, dio detalles del allanamiento, la situación en la que se encontraba la vivienda y el trabajo de limpieza y prevención que desarrollarán en los próximos días. “Vivían en un estado de hacinamiento, vulnerabilidad e insalubridad”, contó.

Después del allanamiento, en el que identificaron a doce personas y detuvieron a tres, también secuestraron más de 200 bochas de cocaína listas para su comercialización. Muchas de esas personas sostuvieron que eran indigentes y que pagaban cerca de 5000 pesos diarios para vivir allí, a pesar de que se cree que el número de habitantes usuales doblaba al que encontraron, debido a que la trascendencia del hecho los advirtió.

En principio, desde el interior de la propiedad, Gonçalves le contó a “Los datos del día” de Mitre (FM 103.7) que se trata de “un lugar muy grande, de muchos metros cuadrados, que cuando uno ingresa puede notar el estado deplorable en el que vivía esa gente”, algunos de ellos con “padecimientos sociales y cuestiones psiquiátricas, y otros básicamente delincuentes”. Según manifestó, esto último se debe a que lograron corroborar que quienes allí vivían “se dedicaban a la compra y venta de drogas”.

Además, indicó que el inmueble “era investigado por la Policía” y que si bien “la orden de allanamiento estaba dada para el día de ayer”, no tuvo la “efectividad” que esperaban porque "la repercusión pública afectó los resultados judiciales y policiales, más no el cerramiento hermético, que es el tercero en cuatro manzanas”. 

“Viviendas en condición de abandono debido a sucesiones, muerte de los titulares o cuando no hay nadie que pueda acreditar ser el dueño, luego son usurpadas por personas que viven en condiciones paupérrimas y llevan a cabo acciones delictuales para los vecinos”, explicó acerca de los motivos más frecuentes por los que las autoridades intervienen en estos casos.

Por otra parte, el jefe de la cartera local comentó que convivían alrededor de entre 30 y 40 personas, aunque “al momento del allanamiento había doce personas, ya que algunas de ellas se fueron ayer por la tarde, producto de que tomó repercusión pública”. A su vez, detalló: “Vivían en un estado de hacinamiento, vulnerabilidad e insalubridad con un formato de alquiler de habitaciones medio extraño. Más allá de que la estructura está sólida y en pie, las más superficiales están totalmente destruidas”.

Asimismo, en cuanto a de qué manera trabajarán para prevenir que la situación se repita, aclaró que realizaron un “cerramiento hermético”, contruyeron paredes en los accesos e instalaron empalizadas “para que no puedan entrar”, al mismo tiempo que llevan a cabo un trabajo en conjunto a Espacios Públicos e Higiene Urbana.

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Y por último, el ex titular de Defensa Civil agregó que en la limpieza le dieron “prioridad” a productos “vencidos y que sean comestibles, o a los que generen interés para algún inescrupuloso que entre nuevamente a la zona”, porque algunos elementos quedarán en el lugar ya que consideran que “llevaría días limpiar el espacio por completo”.

Una toma de terrenos en Rauch entre Santa Cruz y Berutti alertó a los vecinos de la zona que se encuentra a metros del CIC Malvinas. 

Este grupo de personas denunció en diálogo con El Marplatense que “pagamos a una cooperativa, la cual nos daba un lote para poder armar una vivienda en el futuro, pero desaparecieron y nunca nos dieron respuesta”.

Durante este periodo, que lleva más de siete años, “la cooperativa cambió tres veces de nombre mientras íbamos pagando la cuota en una oficina arriba de una importante galería del centro”.

Asimismo, "tenían una página web en internet, número de celular para comunicarse y ahora no se encuentra nada disponible", comentaron. 

Respecto al terreno, dijeron que “hay un paredón que divide las viviendas con el espacio que era para el nuevo barrio. Esa casa está desde hace mucho tiempo, vimos cómo la levantaban, pero nunca quisimos tener problemas”. 

“Íbamos a preguntar qué pasaba con nuestro terreno o la plata, pero nunca obtuvimos respuestas. Igualmente está en la misma que nosotros, no tiene papeles ni puede justificar a la dueña porqué está ahí”, agregaron.

En este contexto, “tomamos la decisión de tomar la tierra entre todos los que pagamos, cada uno agarró una parte del terreno”, contaron. 

Por otro lado, resaltaron que la policía “nos quiere sacar, pero sin una orden” y que para desalojar “debés tener una orden fiscal que no puede existir si no ven una escritura de lo que está reclamando la dueña”. 

A su vez, dijeron que “la jefa de la Comisaría 6ta nos quiso tirar los palos sin una orden, nos dijo que nos teníamos que ir. Tratamos de explicar, que nos entienda a nosotros que pagamos, perdimos, que no nos podemos ir como si nada. Hace 7 años venimos peleando por lo mismo”.

Respecto a la cooperativa y la relación con la dueña, expresaron que “tienen la escritura de su casa, la empresa la estafó a ella también, le sacó la escritura para conseguir un préstamo en el banco y ahora creo que ellos la tienen. Si no le devuelven la plata al banco, no la van a volver a tener”.

Por todo lo explicado, aseguraron que  el objetivo es “mantenernos firmes, no nos vamos a ir si no obtenemos respuesta. Por lo menos que vengan con un papel a desalojar, porque si vienen a decirme que levante los palos, no lo voy a hacer”.

“La comisaría nos trata de ignorantes porque vos no podés venir sin una orden a decir tenés que levantarme todo esto, si la misma dueña no puede tocar el terreno”, agregaron.

“El terreno ya lo agarré y me pienso quedar hasta la última instancia. Si me presentan la escritura, bueno, tiene dueño y me iré, pero sino me voy a quedar y creo que todos mis vecinos están de acuerdo”, concluyeron.  

Tal como lo adelantó de manera exclusiva este portal de noticias, el Municipio comenzó este viernes los trabajos de desalojo del edificio conocido como "Villa Joyosa", ubicado a la vera de la ruta 11, en la zona norte de General Pueyrredon.

Luego de 211 días del pedido de vecinos y autoridades, el Municipio tomó la decisión de desalojar y demoler el espacio, de lo que fue una discoteca en los años ´80 y hoy se encuentra usurpado y los vecinos de la zona han realizado infinidad de denuncias, ya que se han generado hechos de inseguridad en los barrios adyacentes o en las paradas del colectivo 221.

La Defensoría del Pueblo se hizo presente junto a los vecinos en cada uno de los reclamos y pidió esta intervención del Estado municipal. Por ello, su referente expresó sus sensaciones en cuanto a este avance por parte del Municipio.

"Es un tema que se viene trabajando hace mucho tiempo en el cual participamos de muchas reuniones, fundamentalmente Daniel Barragán, con vecinos de la zona, donde se ha trabajado sobre usurpaciones, delitos en los barrios aledaños a Parque Peña y el estado de abandono del predio de Villa Joyosa, a pesar de que tiene propietaria identificada", explicó el Defensor del Pueblo Fernando Rizzi, en diálogo con CNN Radio Mar del Plata.

"Además de ser un presunto aguantadero para cuestiones delictivas o al narcomenudeo, reúne requisitos de riesgo para las personas que lo ocupan. Hay que trabajar en el traslado de las dos familias que son numerosas y ocupan el lugar, y la demolición para que no vuelva a ser objeto de usurpación", agregó.

En cuanto al futuro del lugar, Rizzi indicó que "una de las ideas es la utilización social del predio para actividades deportivas o lo que fuera, hasta que los dueños lo vendan o el destino que le quieran dar. En un principio se hablaba de una cesión en comodato de 5 años".

Este viernes, personal de las áreas municipales encontraron en el edificio dos familias, una de ellas con 12 integrantes (incluido 8 menores). La otra 10. Además el personal comunal comprobó que había personas dedicadas al trabajo informal en las calles, más conocidos como "trapitos" o "franelitas".

Las familias serán reubicadas, para poder comenzar los trabajos de demolición de la estructura.

Por Carlos Walker

Tal como lo adelantó El Marplatense, vecinos de la zona norte del distrito de General Pueyrredon se mostraron preocupados por edificio que está usurpado a la vera de la ruta 11 y a través de la cual se han generado hechos de inseguridad en los barrios adyacentes o en las paradas del colectivo 221.

Se trata del edificio conocido como Villa Joyosa, un sitio que supo ser discoteca y lugar de reuniones en la -por entonces- no muy poblada zona norte de General Pueyrredon.

El predio está ubicado en la avenida Félix U. Camet y Ringuelet estaba más asociada al lugar conocido como "vaciadero" de OSSE ubicado casi enfrente de ese emprendimiento privado.

"Estamos reunidos para hacer visible la desidia y el abandono de este lugar, llamado Villa Joyosa, y no es otro el reflejo de lo que pasa en los barrios Félix U. Camet, Parque Peña, Las Dalias, Parque Camet y jardín de Parque Camet que son jurisdicción de la comisaría 15ta", dijo Karina Scarafia, referente de los vecinos e integrante del Foro de Seguridad, institución que acompañó en el reclamo en su momento junto a los Defensores del Pueblo.

Luego de 211 días de ese pedido, el Municipio tomó la decisión de desalojar y demoler el espacio, tal como lo indica la documentación a la que El Marplatense tuvo acceso de manera exclusiva.

Bajo el decreto 1061, el jefe comunal estableció avanzar con el Expediente tras ponerse al tanto de los informes que se adjuntan, de parte de la secretaría de Obras (área de Obras Privadas) y de Defensa Civil quienes determinaron la "vulnerabilidad de los distintos ambientes y un notorio estado de dejadez".

El decreto contempla, además, una sentencia clara en cuanto a la "situación permanente de personas que usurpan el espacio y han emplazado un área habitacional, precaria, donde moran en condiciones de riesgo permanente".

El Juzgado N°12 ordenó el desalojo de la administradora del Alto Constitución. Carla Dalia, administradora de la feria, dialogó con El Marplatense y explicó la situación que atraviesan.

"Estamos enfrentando una demanda de desalojo por parte del propietario del inmueble. En principio comenzó como una demanda de desalojo donde teníamos que desmantelar la feria pero luego, la jueza ordenó desalojar  la administración dejándonos afuera del negocio", comenzó relatando Dalia.

En este sentido, detalló que la medida es "es ilegal" porque el propietario del inmueble "continúa explotando nuestro comercio".

Según Dalia, los motivos del desalojo comenzaron cuando "no logramos llegar a un acuerdo en el monto del alquiler. Estuvimos en tratativas para renovar el contrato, pasó el vencimiento y el propietario dejó de dialogar y decidió hacer la demanda de desalojo en septiembre".

Destacó que la feria funciona normalmente y que la administración sigue funcionando, porque la orden del juzgado todavía no está ratificada. "Quedamos fuera del negocio,donde tenemos por contrato que el propietario se hace cargo de las instalaciones", contó.

"Cuando alquilas una propiedad y dejas de hacerlo, la persona desarma el negocio y se va. En este caso la jueza nos saca, dejando el negocio funcionando a cargo del propietario. Es una estafa", concluyó.

El desalojo que esta mañana se iba a producir "de forma inminente" a una vivienda habitada por una abuela, su hija y dos nietas finalmente fue suspendido temporalmente. Así lo informaron esta tarde desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), junto a Somos Barrios de Pie y otras organizaciones.

Las organizaciones sociales llevaron adelante una jornada de alerta y movilización en las inmediaciones de los edificios. Esta mañana, El Marplatense dialogó con Mariela Cepeta, representante de CTEP, quien confirmó que había dos menores que "podían quedar en la calle".

Por lo tanto, estas organizaciones coordinaron con el Estado municipal, que se comprometió a tramitar un subsidio de alquiler para que las mujeres  puedan seguir viviendo juntas y no separen la familia en hogares.

En el conflicto intervino también la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Mar del Plata.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), junto a Somos Barrios de Pie y otras organizaciones, rechazaron el desalojo de una familia que habita en un complejo del barrio Centenario y piden que la ayuden con una vivienda o un alquiler porque "quedarán en la calle".

Durante la mañana del jueves, llevaron adelante una jornada de alerta y movilización en las inmediaciones de los edificios, donde en el trascurso de 48hs, la familia fue notificada del "inminente desalojo" que se llevaría a cabo en instantes.

Mariela Cepeda de Ctep, dialogó con El Marplatense y apuntó al Estado: "Tiene que hacerse cargo de esta situación. Una familia con dos menores, no puede quedar en la calle. Queremos que alguien nos de una respuesta".

Por su parte, Yanina Yani, una de las damnificadas explicó que hace 15 años quien era dueña del departamento lo dejó cerrado y se lo alquiló a su madre con un contrato por seis meses. "Acá no se puede vender ni alquilar porque es propiedad única", contó.

Luego de esos seis meses, "la señora no apareció más hasta hace 48 horas que nos llegó la orden de desalojo. Mi mamá esta a punto de un ACV y tiene las pulsaciones muy altas, se desmayo dos veces", relató con desesperación Yanina, y agregó: "También está a cargo de una persona mayor con Alzheimer y de dos criaturas de 14 años que no tienen papá. Lucha sola  y colabora con el merendero del barrio".