El municipio de General Pueyrredon concretó el desalojo de la feria conocida como “La Saladita” en la zona de la Rambla, en un operativo que se llevó adelante con intervención de fuerzas de seguridad y sin registrarse incidentes. La medida se enmarca en una estrategia oficial orientada a recuperar sectores considerados emblemáticos de la ciudad.

El secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, explicó  a El Marplatense que la decisión responde a la necesidad de “devolver el espacio público a quien corresponde” y dejar atrás situaciones que, según señaló, se habían naturalizado durante años. En ese sentido, recordó que la intervención tuvo origen en una denuncia impulsada por el entonces intendente Guillermo Montenegro, a partir de irregularidades detectadas en el predio.

De acuerdo a lo informado, la Justicia constató diversas infracciones, entre ellas problemas estructurales, riesgos eléctricos y presuntas violaciones a la ley de marcas en gran parte de los puestos. Tras un proceso previo de notificación y retiro voluntario de mercadería, el espacio fue liberado casi en su totalidad y quedó nuevamente a disposición del municipio. Las autoridades aseguraron que este tipo de operativos continuará en otros puntos de la ciudad.

La concejal de la UCR, Marianela Romero, presentó un proyecto para que se convoque a una jornada de trabajo en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante con el objeto de analizar la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles en General Pueyrredon.

En ese sentido, la edil radical manifestó su preocupación por “la problemática de las usurpaciones y ocupaciones ilegales de inmuebles, que constituye un fenómeno creciente con impactos jurídicos, sociales, ambientales, de seguridad y de ordenamiento territorial”.

A su vez, remarcó que “estas situaciones generan una profunda afectación del derecho de propiedad y exponen a los vecinos a hechos de angustia, violencia y conflicto, particularmente cuando se producen intentos de desalojo”.

“La experiencia demuestra que las modalidades de usurpación son diversas: ocupaciones violentas, asentamientos clandestinos, engaños mediante boletos apócrifos o falsos poderes de disposición, y maniobras de estafa que terminan perjudicando a familias de buena fe”, añadió Romero, quien también sostuvo que “en muchos casos, la falta de control oportuno y de requisitos más estrictos para trámites vinculados a la acreditación de la titularidad, cambios de dominio o solicitudes de servicios básicos, contribuye involuntariamente a la consolidación de ocupaciones irregulares”.

Además, la concejal indicó que “las consecuencias no se limitan al derecho individual de los propietarios, sino que impactan en el entorno urbano, generando degradación ambiental, pérdida de tierras fiscales que podrían destinarse a fines comunitarios, y mayor inseguridad para la población”.

“Las usurpaciones y ocupaciones irregulares producen efectos sobre el ordenamiento territorial, al consolidar procesos de urbanización no planificada que dificultan la provisión de servicios, la infraestructura adecuada y el desarrollo de políticas de hábitat integrales, afectando tanto a los vecinos involucrados como al conjunto de la comunidad”, expresó Romero.

En último lugar, la edil explicó que “la realización de una nueva jornada de trabajo en el Honorable Concejo Deliberante constituye una herramienta institucional adecuada para debatir diagnósticos, sistematizar experiencias y elaborar propuestas que contribuyan a dar respuestas sostenibles a esta problemática”.

El congelamiento de los alquileres concluirá a fin de mes, tras lo cual propietarios e inquilinos deberán acordar cómo continúan los contratos y el financiamiento si hubiera deuda acumulada, al tiempo que desde el Gobierno afirman que "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación".

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, anticipó que cuando venza el decreto que congela alquileres y prohíbe desalojos el 31 de marzo próximo, "no habrá extensión".

El funcionario aseguró que tras el descongelamiento "no habrá posibilidad de desalojos sin mediación”, dado que "lo más fuerte en la reglamentación de la Ley de Alquileres es la mediación de los desalojos y la inscripción en AFIP de los contratos".

La Ley de Alquileres establece que el Ministerio de Justicia debe facilitar ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo para la resolución de conflictos derivados de los alquileres.

En tanto, la obligatoriedad de inscribir los contratos en AFIP entró en vigencia esta semana, y los propietarios que no tengan registrado el contrato podrán ser multados, al tiempo que no podrán llevar adelante juicios de desalojo.

En este contexto, Inquilinos Agrupados manifestó en un comunicado "preocupación" por la finalización el 31 de marzo del decreto que comenzó a regir un año atrás, entre las primeras medidas económicas de emergencia que tomó el Gobierno por la pandemia.

"El ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, anunció que no se va a extender el decreto que suspende desalojos; a partir del 1/4/21 las familias endeudadas quedarán en la calle y habrá juicios de embargos a mansalva", alertó la organización.

En el caso de que se haya acumulado deuda, el decreto contempla que los inquilinos deberán pagar las deudas de alquileres en un plazo de 6 a 12 meses, sin punitorios.

Según Inquilinos Agrupados, los resultados de la encuesta nacional a inquilinos de enero arrojó que el 40% no sabe dónde va a vivir cuando finalice el decreto.

En tanto, el 35,7% no pudo pagar el alquiler de enero o lo abonó parcialmente, lo que "los ubica en una situación de posible desalojo".

Gervasio Muñoz, presidente de la federación dijo que "durante la pandemia el decreto evitó que familias quedaran en la calle extendiendo automáticamente los contratos de alquiler y el mercado inmobiliario respondió a esa medida con aumentos de precios que hoy".

"El panorama hoy es: familias que hace meses acumulan deudas, no tienen dinero para mudanza, no tienen dinero para pagar un nuevo alquiler, y mucho menos para saldar las deudas mientras pagan un nuevo alquiler. La única alternativa es la calle", advirtió.

Del otro lado de la mesa, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, dijo que "en el mercado habitacional, la acción judicial en un desalojo y en un cobro no son frecuentes".

"Los conflictos se resuelven entre propietarios e inquilinos", aseguró Bennazar en declaraciones radiales.

El directivo agregó que el sector viene "desde hace 36 meses en un tobogán de caída libre" y aseguró que "el mayor de los problemas para el propietario es la rentabilidad, es la más baja de la historia".

Días atrás, el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (Cofeci) señaló que "continuar con la prórroga indefinida del DNU con las actuales condiciones establecidas, profundiza la problemática de los inquilinos, propietarios e inmobiliarios, generando una incertidumbre angustiante".

En ese sentido, la entidad propuso la creación de una "tarjeta alquilar", para subsidiar a los inquilinos y aplicar programas de financiamiento para aquellos inquilinos que hayan generado deudas durante la prórroga del DNU.

El ministro Ferraresi se refirió al endeudamiento de los inquilinos y dijo que a partir de abril se podrá “ver el resultado de esta situación y tener datos reales de quiénes están en posibilidades de desalojo".

"Vamos a tener datos concretos de las familias vulnerables y aplicaremos distintas políticas”, aseguró Ferraresi.

Fuente: Télam