El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica dio a conocer que los resultados de la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en relación a la situación laboral en la tradicional Tienda y Shopping Los Gallegos de Mar del Plata.

Durante el encuentro, el SECZA solicitó la incorporación a la audiencia de dos gremios vinculados a la actividad que se desarrolla dentro del shopping: el Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros y la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, pedido que fue aceptado por la empresa.

Ademas gremios de la Confederación General del Trabajo de Mar del Plata acompañaron el reclamo de este martes en la puerta de la tienda Los Gallegos y en el Ministerio de Trabajo de Provincia. 

En la reunión se abordó la situación de los dos trabajadores que habían sido despedidos en los últimos días. Según informaron desde el sindicato, el directorio de la empresa —que participó de la audiencia— decidió revocar las desvinculaciones, señalando que las mismas habían sido dispuestas por personal administrativo y que el directorio resolvió dejar sin efecto esa decisión, garantizando así la continuidad laboral de ambos trabajadores.

Desde el gremio destacaron que esta resolución representa un paso importante para sostener la paz social y la estabilidad laboral dentro del establecimiento.

Por otra parte, durante la audiencia la empresa confirmó que existen conversaciones preliminares con otra firma en relación a un posible proceso de venta. Sin embargo, ante los gremios, delegados y trabajadoras presentes, el directorio dejó asentado en el acta que en caso de concretarse una transferencia de la empresa, la misma se realizará con la totalidad del personal.

Desde el sindicato señalaron que esta garantía escrita representa una señal de tranquilidad para los trabajadores en un contexto económico complejo.

“Hoy podemos decir que se logró la continuidad laboral de los dos compañeros y que quedó asentado en acta que, si hubiera una venta de la empresa, será con todos los trabajadores. En un momento tan difícil para el empleo, sostener más de 250 puestos de trabajo es una muy buena noticia”, señalaron desde la conducción gremial.

Crece la preocupación entre los trabajadores de la Tienda y el Shopping Los Gallegos ante el proceso de cambio de propietarios que atraviesa el tradicional complejo comercial de Mar del Plata y que ya comenzó a generar incertidumbre sobre la continuidad de los puestos laborales.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica advirtieron que en los últimos días se registraron dos despidos, lo que encendió la alarma entre el personal debido a que, según señalaron, existía un compromiso previo de no avanzar con cesantías durante la etapa de transición hacia el nuevo grupo empresario.

El gremio sostuvo que la situación impacta directamente en los trabajadores de la Tienda y el Shopping Los Gallegos, donde se desempeñan alrededor de 150 empleados, a los que se suman más de 100 puestos de trabajo indirectos vinculados a los distintos locales y servicios que funcionan dentro del complejo.

En ese contexto, desde la organización sindical remarcaron que cualquier recorte de personal podría afectar a más de 250 familias marplatenses que dependen de la actividad comercial que se desarrolla en el establecimiento.

Ante este escenario, el sindicato informó que realizó presentaciones ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires para solicitar la intervención del organismo y que se revisen las cesantías registradas durante el proceso de transición empresarial.

Desde el gremio señalaron que seguirán de cerca la situación y aseguraron que impulsarán las acciones necesarias para resguardar las fuentes laborales y evitar que se profundice la incertidumbre entre los trabajadores del complejo comercial.

La histórica empresa de neumáticos Fate anunció este miércoles el cierre definitivo de su planta industrial ubicada en Virreyes, partido de San Fernando, y confirmó el despido de 920 empleados. Con más de ocho décadas de trayectoria en el país, la firma deja de operar en medio de una profunda crisis que arrastraba desde hace varios años.

A través de un comunicado oficial, la compañía informó que cesa su actividad “a partir del día de la fecha”, y atribuyó la decisión a los cambios en las condiciones de mercado. En el documento, el directorio destacó el recorrido industrial de la empresa, su inversión tecnológica y su liderazgo en la producción de neumáticos radiales para el mercado local y para exportación.

La crisis de la firma comenzó a evidenciarse en 2019, cuando aplicó una reducción de 450 puestos de trabajo. En los años siguientes la situación se profundizó con nuevos recortes, conflictos gremiales y una caída sostenida en las ventas. En julio de 2024, la compañía había solicitado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el Gobierno nacional, entonces encabezado por Javier Milei.

Según había informado la propia empresa, la demanda interna cayó alrededor de un 30% y las pérdidas superaron los 30 millones de dólares en la primera mitad de 2024. En ese contexto, Fate implementó despidos, ajustes de turnos y reducción de su estructura productiva con el objetivo de mejorar su competitividad.

Entre los factores señalados por la firma para explicar su deterioro económico figuran la sobrecarga impositiva, las restricciones cambiarias para importar insumos, los altos costos laborales, la baja productividad y la conflictividad gremial. Con el cierre de su planta en la provincia de Buenos Aires, se apaga una de las principales referencias de la industria nacional del neumático y se abre un nuevo foco de tensión social por el impacto laboral.

Una planta industrial dedicada a la producción de neumáticos cerró en forma repentina sus instalaciones y despidió a la totalidad de su personal, unos 40 operarios.

Se trata de la empresa Industrias del Fuego S.A. (IBF), dedicada a la fabricación de neumáticos, y está ubicada en la capital de la Docta.

Desde el sindicato advirtieron que la modalidad utilizada vulnera derechos laborales básicos, de acuerdo con la información recogida.

Los operarios denunciaron que la empresa avanzó con el cierre sin abrir instancias de diálogo ni negociación con el gremio.

Además, señalaron que el procedimiento incluyó la presencia de seguridad privada y escribanos, lo que fue interpretado como una maniobra para imponer la decisión por la fuerza.

“Las patronales están desbocadas. Quieren negar que existen leyes laborales”, sostuvo Miguel Díaz, delegado sindical, quien calificó la decisión empresarial como “totalmente desmedida”.

El conflicto se agravó con un episodio judicial ocurrido durante la permanencia pacífica de los trabajadores dentro de la planta.

Germán Silva, referente del Sindicato del Neumático en Córdoba, denunció que se presentó una acusación falsa para habilitar el desalojo policial.

“Hubo una denuncia anónima diciendo que teníamos a un trabajador secuestrado dentro de la planta. Con esa excusa la fiscalía dictó la orden y la policía vino a sacarnos de prepo”, explicó.

La planta de neumáticos IBF comenzó a operar en Córdoba como un emprendimiento industrial de escala media, orientado a la producción y recapado de neumáticos, con foco en el mercado interno. 

Durante sus primeros años mantuvo una dotación estable de trabajadores y una actividad productiva regular, vinculada principalmente al abastecimiento regional.

Con el correr del tiempo, la empresa atravesó distintos períodos de inestabilidad, que incluyeron interrupciones en la producción, dificultades financieras y conflictos recurrentes con su plantel de trabajadores. 

Según denuncias sindicales, en esos años comenzaron a registrarse atrasos en el pago de salarios y problemas en el cumplimiento de obligaciones laborales.

En etapas posteriores, IBF aplicó suspensiones, reducciones de turnos y cambios en las condiciones de trabajo, lo que derivó en reclamos gremiales y en la intervención del Ministerio de Trabajo en más de una oportunidad. 

Los delegados señalaron que nunca se presentó un plan de crisis formal ni se informó oficialmente un proceso de cierre o reconversión.

Durante el último período de funcionamiento, la planta operó de manera intermitente, con menor nivel de actividad y sin anuncios claros sobre su continuidad. 

Los trabajadores advirtieron sobre un proceso de vaciamiento progresivo, marcado por la falta de inversión y la incertidumbre permanente sobre el futuro de la fábrica.

El cierre repentino de la planta y el despido de los 40 operarios fue señalado por el sindicato como el desenlace de ese proceso, ejecutado sin cumplir los mecanismos legales previstos y sin instancias de negociación, lo que derivó en el conflicto laboral y judicial que actualmente permanece abierto.

Los despidos no se toman vacaciones en Argentina y muestran un diciembre que llega a las fiestas de fin de año con suspensiones, huelgas y cierre de fábricas y comercios en todo el país.

Casos como el de la industria del calzado registran en los últimos dos años más de 100 plantas productivas que bajaron sus persianas y cerca de 10.000 trabajadores perdieron su empleo, de acuerdo con datos del propio sector.

La apertura de las importaciones, el ingreso de mercadería por contrabando y el avance de plataformas digitales chinas como Shein y Temu aparecen entre los principales factores que explican el derrumbe de la actividad.

El inicio de 2025 ofreció una señal clara de la profundidad de la crisis. 

El 3 de enero, el Grupo Dass cerró su planta en Coronel Suárez, en el centro-sur de la provincia de Buenos Aires, y despidió a 360 trabajadores. 

La empresa, de capitales brasileños, producía zapatillas para marcas reconocidas como Adidas, Asics, Umbro y Fila, y justificó la decisión en la caída de las ventas y el impacto de la creciente ola importadora.

El cierre de Dass tuvo un fuerte impacto en la economía local. Hasta ese momento, la firma era una de las principales empleadoras de la ciudad. 

“Esto implica una debacle total para nuestra economía”, expresó el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, al conocerse la noticia, reflejando la preocupación social que generan estas decisiones industriales.

Los números de la producción confirman la tendencia negativa. En 2023, la industria del calzado alcanzó los 120 millones de pares producidos, cifra que descendió a 100 millones en 2024.

Para el cierre de 2025, incluso las proyecciones más optimistas estiman una caída hasta los 80 millones de pares. 

Frente a este panorama, muchas empresas recurrieron a adelantos de vacaciones, suspensiones, despidos y, en última instancia, al cierre definitivo de sus plantas.

Fuente: NA

La desaceleración económica ya se siente con fuerza en el ámbito laboral. En las últimas semanas, varias empresas comenzaron a implementar suspensiones temporales o a adelantar vacaciones con el objetivo de reducir costos operativos y evitar un parate mayor en sus líneas de producción. Se trata de una herramienta que, aunque legal y común en contextos de crisis, vuelve a tomar protagonismo ante la compleja situación actual.

Las compañías argumentan que la fuerte caída de la demanda, la suba de costos y la dificultad para sostener niveles normales de actividad obligan a tomar decisiones rápidas para equilibrar sus cuentas. En muchos casos, las suspensiones se aplican de manera rotativa, mientras que el anticipo de vacaciones permite organizar turnos reducidos y mantener las plantas funcionando en un nivel mínimo.

Para los trabajadores, el impacto es directo. Algunos ven en la suspensión una forma de resguardar sus puestos en medio de la incertidumbre, mientras que otros expresan preocupación ante la pérdida temporal de ingresos y la falta de definiciones sobre la continuidad laboral. Los gremios, por su parte, siguen de cerca cada caso para evitar abusos y garantizar que se respeten las condiciones acordadas.

Este escenario deja en evidencia que la presión económica empuja al sector privado a adoptar medidas excepcionales para sostenerse hasta que el mercado vuelva a repuntar. Mientras tanto, miles de empleados atraviesan un período de inestabilidad que refleja la magnitud de la crisis y los desafíos que afrontarán las empresas en los próximos meses.

El conflicto entre los trabajadores de Caromar y la empresa sumó este martes un nuevo capítulo tras la audiencia realizada en la sede marplatense del Ministerio de Trabajo bonaerense. La instancia, convocada en medio de fuertes tensiones y tras la ruptura previa del diálogo por parte de la firma, permitió alcanzar un primer avance que trae alivio a las familias afectadas.

Durante el encuentro, del que participaron empleados junto al Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) y los representantes legales de la empresa, se confirmó que los trabajadores percibirán este mes sus salarios y el medio aguinaldo, un reclamo que venía generando profunda preocupación tras el cierre de la sucursal local.

Además, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia para el próximo 16 de diciembre. En esa reunión, la empresa deberá presentar una propuesta concreta sobre las indemnizaciones correspondientes a los empleados despedidos.

Desde el SECZA remarcaron que continuarán acompañando el reclamo y defendiendo los derechos laborales de todos los trabajadores afectados, al tiempo que exigieron que la compañía dé respuestas claras y definitivas en la próxima instancia de diálogo.

Un grupo de operarios de la fábrica de porcelanatos ILVA, ubicada en el Parque Industrial de Pilar, lleva casi tres meses acampando frente a los portones de la planta en reclamo por las 300 cesantías y la falta de pago de salarios e indemnizaciones. 

Según denunciaron los trabajadores, la firma propuso reabrir la planta con apenas 40 empleados seleccionados por la compañía bajo un esquema que, aseguran, implica “una precarización total”: turnos 6x1 y sin transporte, comedor, obra social ni beneficios previos. La iniciativa, presentada en la Justicia comercial como parte de un plan para reanudar las operaciones, recibió un rechazo generalizado.

Marcelo Barrionuevo, delegado y uno de los despedidos, indicó que la empresa busca desde hace semanas la aprobación de su concurso de acreedores, aún sin resolución. Los operarios sostienen que ILVA declaró haber abonado el 50% de las indemnizaciones, algo que desmienten de forma categórica, señalando que se trata de una maniobra para justificar el cierre.

La planta, fundada por la familia Zanon y con más de 30 años en actividad, comunicó los despidos vía WhatsApp y colocó un candado en sus instalaciones. Aunque el Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria, la firma no la acató y nunca reincorporó al personal.

Mientras continúan los acampes y asambleas, los trabajadores esperan una intervención judicial que obligue a la empresa a cumplir con sus obligaciones laborales y a respetar los derechos adquiridos.

Fuente: Dib

En el contexto de la crisis que atraviesa la industria textil argentina, agravada por la creciente importación de ropa extranjera, la empresa Textilana S.A., fabricante de la reconocida marca Mauro Sergio, anunció el despido de 150 operarios y una reducción del 20% en su producción. Los despidos responden a la reestructuración de la compañía ante la falta de demanda y el sobrestock de mercadería.

Según denuncian los gremios, la empresa pasó de contar con 350 trabajadores a poco más de 200, y se reportan casos de despidos sin indemnización y renuncias forzadas debido a bajos salarios y atrasos en los pagos. “La temporada invernal no trajo alivio”, indicaron desde el sector sindical, alertando sobre el impacto en los trabajadores.

A nivel nacional, más del 70% del consumo de indumentaria en Argentina proviene de productos importados. Entre enero y mayo de 2025, las compras al exterior crecieron un 136%, alcanzando un valor de US$ 1.572 millones, según datos de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). Las importaciones textiles, por su parte, aumentaron un 93%, con un valor promedio por kilo de apenas US$ 5,67, lo que evidencia prácticas de dumping que afectan la competitividad local.

En paralelo, las importaciones “hormiga” a través de plataformas como Shein o Temu ganan terreno. Solo en mayo, estas operaciones superaron los 50 millones de dólares, y se proyecta un nuevo récord para julio. Mientras tanto, la producción nacional de hilados cayó un 14% y la de tejidos un 26%, según la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA).

La crisis ha golpeado duramente al sector textil, que emplea a más de 530.000 personas, de las cuales el 69% son mujeres, y agrupa a 24.000 empresas en 17 provincias. En lo que va del año, 68 pymes textiles cerraron, se perdieron más de 4000 empleos y la capacidad instalada del sector cayó al 40%. En el Conurbano, más del 40% de la maquinaria industrial permanece inactiva, agravando la situación de las economías regionales.

Fuente: con información de DIB

Luego de la audiencia realizada este viernes en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, tras el despido de 56 trabajadores en el Frigorífico San Telmo, el secretario general del Sindicato de la Carne de Mar del Plata, Osvaldo Quiroga, aseguró a El Marplatense que "se avanza en la solución de algunas cuestiones", aunque la reincorporación de los empleados todavía no está garantizada.

En diálogo con la prensa, Quiroga informó que la reunión concluyó con un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, y que durante el encuentro el gremio solicitó la reincorporación de los trabajadores despedidos. Sin embargo, desde la empresa argumentaron que "como no hay actividad, eso es medio imposible", aunque dejaron abierta la posibilidad de avanzar en un esquema de retiros voluntarios, con el correspondiente pago de indemnizaciones.

“La empresa propuso ver si se puede hacer una especie de listado de retiro voluntario, pagando como corresponde. Eso está en evaluación”, explicó el dirigente gremial.

Quiroga también destacó que, en las últimas horas, la empresa cumplió con algunas obligaciones salariales pendientes. “Ayer se pagó la quincena que se debía, y hoy, después de la audiencia, se depositó el aguinaldo. Los compañeros ya lo vieron reflejado en sus cuentas”, detalló.

Frente a este panorama, desde el sindicato manifestaron su esperanza en que el frigorífico retome la actividad productiva lo antes posible. “Bregamos y luchamos por la fuente de trabajo. Esperamos que la planta vuelva a funcionar y se logre preservar el empleo”, expresó Quiroga.

La nueva audiencia fue fijada para el próximo miércoles a las 9 de la mañana, también en el Ministerio de Trabajo bonaerense. Hasta entonces, el gremio continuará en estado de alerta, sin medidas de fuerza confirmadas, pero evaluando el desarrollo de las negociaciones.

Tras conocerse el despido de 56 trabajadores en el Frigorífico San Telmo, el secretario general del Sindicato de la Carne de Mar del Plata, Osvaldo Quiroga, señaló que si bien analizan tomar alguna medida a futuro, esperan por lo que ocurrirá este viernes cuando a las 08:30 se realice una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial.

Quiroga explicó que el conflicto comenzó la semana anterior, cuando se despidió a un grupo inicial de 26 trabajadores: “No habían pagado la quincena ni el aguinaldo”, detalló a El Marplatense. Ante esta situación, los trabajadores realizaron una asamblea y decidieron esperar unos días para evaluar si la empresa cumplía con los pagos adeudados.

Sin embargo, la falta de respuesta derivó en medidas concretas: “Como todavía no se hizo el pago, ayer se efectuó una denuncia en el Ministerio de Trabajo de la provincia y hoy hubo 30 despidos más. Estaban pagando la indemnización de los primeros 26 compañeros y nos desayunamos con eso”.

El dirigente señaló que la situación del frigorífico es alarmante, ya que no registra actividad productiva desde hace meses. “El frigorífico no hace tareas de faena desde mediados de abril, que fue la última faena que hizo, con cuarenta animales”, afirmó. Esta falta de producción complica cualquier posibilidad de reactivación inmediata, según explicó Quiroga: “En realidad un plan de lucha está analizado, lo que pasa es que el frigorífico está paralizado, no tiene faena, no tiene carne en las cámaras, no tiene nada”.

A pesar de las dificultades, el gremio busca soluciones a través del diálogo con las autoridades de la empresa y las instancias institucionales. Quiroga mencionó que se reunieron con el gerente general del frigorífico para abordar la crisis, pero reconoció que “en realidad la situación está complicada”. 

Por ello, el sindicato decidió acudir al Ministerio de Trabajo, donde se espera que la audiencia del viernes permita avanzar en la resolución del conflicto. “Desde el gremio estamos apostando a ver cómo manejamos la situación”, aseguró.

La Procuración del Tesoro Nacional (PTN), organismo que reúne a los abogados del Estado, comunicó una reestructuración institucional que incluye el despido de más de 60 funcionarios y la reducción de áreas técnicas. La información se produce tras la detección, por parte de la Casa Rosada, de filtraciones y sospechas de venta de información de empleados del Estado en el marco del juicio por la expropiación de YPF, que se tramita en Estados Unidos. 

Aunque el comunicado oficial de la PTN no hace mención a estos hechos, sí destaca la eliminación de “lujos jerárquicos” y la búsqueda de una administración más eficiente. Los cambios se implementan de inmediato en la sede del organismo en Buenos Aires, bajo la presidencia de Santiago Castro Videla, con el objetivo de optimizar el funcionamiento y reducir el gasto público.

“La Procuración del Tesoro de la Nación (PTN) pone en marcha inmediata una profunda reestructuración institucional para eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público, en el marco de los lineamientos establecidos por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, orientada a consolidar una administración pública más ágil, moderna y efectiva”, expresó el organismo.

La PTN, encargada de gestionar la causa por YPF y otros casos en estrados internacionales, subrayó que esta reestructuración implica un “recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas”. Desde la llegada de la actual gestión en febrero de 2025, tras la salida de Rodolfo Barra, el organismo redujo su personal en más del 20%, pasando de seis a cuatro direcciones nacionales. Además, se disolvió la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, cuya función de capacitación será asumida por un nuevo centro con menos de un tercio del personal anterior.

“Entre los principales cambios se destaca la reducción de unidades jerárquicas innecesarias, la reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas. Con una nueva política de ahorro y reasignación de recursos se han reducido desde el inicio de la gestión las comitivas y gastos en viajes oficiales”, detalló la PTN.

En cuanto al funcionamiento operativo, la PTN informó que las tareas se sostendrán mediante la reasignación interna de funciones previamente tercerizadas. “Esto refleja una gestión más austera y autosuficiente, abocada a sus competencias concretas y sin lujos jerárquicos”, concluyó el organismo, reafirmando su compromiso con la eficiencia y el uso responsable de los recursos públicos.

Fuente: con información de Infobae

UTHGRA Mar del Plata informó que el trabajador que había sido injustamente despedido del Hotel Edén fue reincorporado a su puesto, luego de una audiencia celebrada hoy en la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

El sindicato había iniciado ayer una medida gremial contundente en el establecimiento ubicado en Gascón al 1700, en repudio al despido de un empleado, quien fue desvinculado por firmar un aval en apoyo a la Lista Celeste de cara a las próximas elecciones internas.

Por esa situación, el gremio desplegó una protesta en las puertas del albergue transitorio del centro y hoy se llevó a cabo una audiencia en la que se determinó que el trabajador debe ser reincorporado a su puesto de trabajo.

"La reincorporación de este compañero es el resultado de una acción colectiva que, por un lado, demuestra que hubo una gravísima práctica antisindical completamente fuera de lugar, pero también marca que cuando hay unidad, convicción y lucha, el trabajo se defiende y se respeta como corresponde”, expresó el secretario general del sindicato a nivel local, Pablo Santín, al darse a conocer la resolución.

"Además, esto es un ejemplo de que los empresarios no pueden hacer lo que se les de la gana. Tienen que ajustarse a la ley y respetar los derechos laborales de los trabajadores", agregó.

Por último, desde UTHGRA celebraron la decisión tomada a instancias de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, agradecieron el acompañamiento de delegados y trabajadores, y reafirmaron que la conducción seguirá firme en la defensa de cada derecho que intente ser vulnerado.

La Asociación Bancaria denunció despidos masivos en el Banco Santander a nivel nacional y lanzó medidas de fuerza en distintas localidades del país. En Mar del Plata, el sindicato realizará asambleas este martes de 13 a 15 en la sucursal de Belgrano e Independencia, con el objetivo de visibilizar el conflicto.

En diálogo con El Marplatense, Eduardo Zingarelli, secretario general de La Bancaria local, afirmó: “Estamos teniendo problemas con despidos en varias seccionales del país. Es un plan que se está ejecutando y nos preocupa muchísimo”.

El dirigente aseguró que si bien había “indicios” previos, la situación se intensificó en los últimos días: “Ya lo veníamos viendo, había aprietes, pautas que los compañeros no podían cumplir, y eso los terminaba afectando emocionalmente. Después les ofrecían lo que llaman retiros voluntarios, pero en realidad son despidos encubiertos”.

Zingarelli remarcó que la incertidumbre es creciente también en la ciudad, y que por eso la próxima semana repetirán la protesta el martes 15, ampliando el horario de la medida.

El Sindicato de Sanidad de Mar del Plata realizó una manifestación frente a la Clínica 25 de Mayo para denunciar una serie de despidos que, aseguran, tienen como trasfondo el reclamo por mejores condiciones laborales. La protesta se dirigió contra la empresa encargada de la gestión del sanatorio, a la que acusan de despedir de forma sistemática a trabajadores que exigen el cumplimiento de sus derechos.

“Lo que está sucediendo en la Clínica son despidos a cuentagotas: uno o dos por mes. Lo más preocupante es que quienes son desvinculados suelen ser personas que reclaman por algo que les corresponde o se niegan a realizar tareas fuera de su convenio. Si el Sindicato interviene, la respuesta de la empresa es echarlos. El mensaje es claro: si te quejás con quien te protege, te quedás sin trabajo”, denunció en diálogo con El Marplatense Analia Moreda, secretaria general de ATSA Mar del Plata.

Según el gremio, en el último mes se registraron dos nuevos casos que encendieron la alarma, en un contexto de despidos reiterados que no son acompañados por nuevas incorporaciones. “No les importa si la persona tiene años de antigüedad. Lo más grave es que no reponen al personal que despiden, lo que genera una sobrecarga de tareas para los que quedan. Hace poco echaron a una compañera del área de quirófano y ahora se redujo la cantidad de cirugías por falta de personal”, explicó Moreda.

Desde ATSA también pusieron en duda los argumentos empresariales que justifican las desvinculaciones. “Es una locura echar a alguien por ‘reestructuración’ cuando el lugar necesita de esos trabajadores para funcionar. Con el prestigio y la excelencia que dice tener la Clínica 25 de Mayo, esto no debería pasar”, apuntó la referente sindical.

Por último, la secretaria general hizo hincapié en el clima laboral que atraviesan los trabajadores del sanatorio. “Hay mucho hostigamiento por parte de algunos supervisores y jefes, mucho maltrato verbal. Esto nos tiene a todos aterrados, nadie puede hablar ni quejarse de nada. Esta gente tiene que pensar dos veces si vuelve a echar a un compañero, porque vamos a replicar este tipo de medidas en todos los establecimientos donde se repitan estas situaciones”, concluyó.

El 1 de marzo los trabajadores de las entidades estatales que funcionan en el espacio Unzué fueron notificadas del despido de un gran porcentaje de los trabajadores, en el marco de las políticas de ajuste que propuso el presidente Javier Milei. 

Al respecto, Patricia Coronel, delegada de ATE en el Centro de Referencia, declaró en diálogo con El Marplatense que “afectaron a casi el 90% de los trabajadores que estábamos prestando servicios”.

En este marco, comentó que “en el relevamiento supimos que una compañera que cuenta con 32 años de antigüedad en planta permanente, y estamos esperando de otra persona de 38 años, le llegó el pase a disponibilidad”.

Para esclarecer, explicó que “el pase a disponibilidad es para los trabajadores de planta permanente, le van a pagar seis meses de un sueldo básico -en el Estado están muy inflados por presentismo, categorías y antigüedad - por lo que queda reducido en un 70% lo que veníamos percibiendo”.

En consecuencia, “tendría que haber otro organismo que solicite los servicios para poder continuar trabajando en el Estado. Eso realmente es algo muy difícil porque todos están atravesando la misma situación que nosotros. De modo que el pase a disponibilidad es un despido para un futuro cercano”.

Sobre los números registrados, dijo que “en el CDR en total fueron 38 personas, quedamos a la espera 13 y 8 pasaron a disponibilidad. En el Unzué hubo 10 despidos de 15 trabajadores”.

Por este motivo, “en ATE siempre nos mantenemos en estado de asamblea y movilización. El miércoles nos vamos a reunir con los compañeros despedidos para decidir en conjunto qué medidas tomar”.

Para ejemplificar, contó que “en Capital Federal van a movilizarse hasta el Ministerio de Capital Humano, hace poco tiempo participamos de una marcha en el mismo lugar que fue duramente reprimida, lo que corresponde a las políticas de este gobierno con la represión y despidos masivos”.

De modo que “no tenemos certeza de nada de lo que puede llegar a pasar, el miércoles asistiremos a nuestro espacio de trabajo y esperamos poder ingresar por lo menos para sacar nuestras cosas”.

“Esperamos que no pase nada, un espacio tan lindo y con tantos años de Mar del Plata, termina vaciado. Trataremos desde nuestro lugar seguir defendiéndolo porque es nuestro, de los trabajadores y los marplatenses”, concluyó. 

En el marco de los despidos que se llevaron a cabo en las oficinas de PAMI y los recortes en salud, este miércoles numerosos afiliados de la obra social cortaron la intersección de Avenida Independencia y Luro con el objetivo de obtener soluciones.

Según detallaron desde la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), el tema ya se encuentra en pleno diálogo con las autoridades de la Obra Social. Sin embargo, hasta el momento, los ocho empleados marplatenses que fueron despedidos, se encuentran a la espera de una restitución. 

En ese sentido, afiliados presentes dialogaron con El Marplatense y expresaron: "Esto es un reclamo a las autoridades de PAMI y por elevación a la Presidencia de la Nación. La finalidad que perseguimos es no pagar el ajuste nosotros, que nos aumenten los sueldos, que no nos retiren los medicamentos, que no son gratuitos porque los pagamos con nuestros años de aporte. Nos vamos a manifestar hasta que nos den bola". 

"No nos llamaron a dialogar en ningún momento y los resultados están a la vista. La falta de dialogo es una característica de este Gobierno. Nosotros no tenemos tiempo y si nos restan de atención, despidiendo a empleados de las oficinas, suman a nuestro desgaste. No disponemos de juventud ni de vitalidad como alguien de 40 años, ya pasando cierta edad es más complicado, llegan las enfermedades. Venir a reclamar todo por lo que pagamos en nuestros aportes, es una locura", dijeron.

"Esto es en contra de todas las políticas de crueldad e inhumanidad que implementa este Gobierno porque está dejando a trabajadores en la calle, sin sustento y a jubilados en un estado paupérrimo que no alcanza para vivir", agregaron.

Y sumaron que "el costo de los medicamentos de hace un año hasta acá, aumentó muchísimo por la inflación. Y si le sumamos la baja de cobertura de PAMI, hace imposible mantener los tratamientos de salud". 

Tal como se anticipó, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) se reunió en una asamblea para decidir que medidas tomar, respecto a los despidos que se efectuaron en PAMI, en donde al menos ocho marplatenses fueron desafectados. 

En ese marco, desde el sector afirmaron que el próximo lunes retomaran el plan para “frenar todo" y reincorporar a los trabajadores, ya que “podrían ejercerse más despidos”. 

En ese sentido, Claudia Rey, secretaria general de ATE, dialogó con El Marplatense y explicó: "Se hizo la mesa, la presentación de la problemática y el próximo lunes retomaremos con la intención de trabajar en las reincorporaciones de los compañeros para frenar el tema de los despidos".

Asimismo, la referente indicó que los ceses fueron de forma “sorpresiva” pero “sin asombro, ya que es la política que lleva adelante el gobierno de La Libertad Avanza, siendo que el Presidente se considera un topo que vino a destruir al Estado".

Tras denunciar “despidos masivos” en el Ministerio de Justicia y el “vaciamiento” de la Secretaría de Derechos Humanos, trabajadores de esas dependencias convocaron a un abrazo al Faro de la Memoria que se cumplirá mañana desde las 17:00.

“Se empieza a cumplir la promesa de los despidos masivos a las plantas transitorias y los artículos 9 de la Secretaría de Derechos Humanos. Esta es la noticia que recibimos de parte de personal jerárquico el 23 de diciembre, en vísperas de Navidad”, manifestaron a través de un comunicado.

Los trabajadores aseguran que “no paran de llegar los avisos de no renovación” y señalaron que esto se suma a “los 2400 despidos de los contratos de los entes recaudadores (ACARA) que se cumplen a fin de mes” y la “reducción salarial de más de 1500 trabajadores de planta permanente en un 70%. Salarios que en enero estarán por debajo de la línea de pobreza”.

En este contexto, es que denunciaron además que “compañeros artículo 9, cuyas contrataciones se renuevan cada tres meses y que trabajan en su mayoría hace ya más de diez años estuvieron rindiendo los perversos exámenes de ‘idoneidad’, donde se les toman ejercicios que nada tienen que ver con su desempeño profesional. A ello se suma el constante maltrato psicológico, la persecución política y el hostigamiento”.

“No queda nadie en la Secretaría de DDHH, ¡la amenaza del cierre dejó de ser una amenaza!”, exclama el comunicado.

Los trabajadores señalaron además que los sitios de Memoria son prueba judicial en los juicios de Lesa Humanidad y están bajo tutela de jueces y que por esos lugares pasan miles de estudiantes a hacer visitas guiadas, miles que vienen a hacer presentaciones de libro, actividades sociales y culturales. “Todas esas tareas hoy ya no van a realizarse. No podemos permitirlo”, remarcaron.

Trabajadores estatales manifestaron su preocupación ante una nueva ola de despidos y la falta de renovación de contratos en distintas instituciones de la ciudad. Estas medidas se acoplan a las directivas del presidente Javier Milei de reducir las plantillas de empleados. 

En diálogo con El Marplatense, Ezequiel Navarro, secretario gremial de ATE, declaró que “el jueves recibimos dos despidos en la SENAD, dos en la secretaría de Trabajo y otros en un programa del INCAA”. 

No obstante, “logramos la reincorporación del trabajador afiliado a ATE en la secretaría de Trabajo, el resto hasta el momento estamos realizando gestiones, pero no hemos tenido novedad”, señaló. 

“Tampoco han llegado las renovaciones de los contratos que se viene haciendo cada tres meses”, agregó. 

En este contexto, “lo que se pide es la reincorporación, y en caso de no ser así, depende de la antigüedad que tenga cada trabajador, se inicia un proceso judicial”. 

Sobre la posibilidad de hablar con los responsables, contó que “en el único lugar que hay un funcionario es en la secretaría de Trabajo, con el cual el viernes estuvimos reunidos y se comprometió a hacer la gestión para pedir las reincorporaciones, dado que el día anterior habíamos tenido la reunión de presentación y nos había manifestado que estaba muy conforme con el personal y la forma de trabajar”. 

“Tampoco creemos que sea una casualidad que a lo largo y ancho del país echaran a 80 inspectores, cuando días anteriores se reglamentó la parte de la reforma laboral donde claramente deja sin control a las empresas”. 

Por lo que “durante mucho tiempo, una de las tareas fundamentales del ministerio de Trabajo era buscar la registración laboral, ahora con la reglamentación de esta ley esto queda librado a la buena voluntad de las empresas, si quieren o no registrar a sus trabajadores”, concluyó.

En el marco de los despidos a empleados estatales y públicos que anunció el presidente Javier Milei cuando asumió, trabajadores bonaerenses se manifiestan este viernes en las puertas del Ministerio de Trabajo de la Nación ante dos nuevos ceses de contrato.

En esta oportunidad, los telegramas de despido le llegaron ayer a dos empleados del propio Ministerio que se desarrollaban como inspectores. En ese sentido, la secretaria general de ATE, Claudia Rey dialogó con El Marplatense y expresó padecer descontento y fuerte incertidumbre por 750 trabajadores que podrían recibir sus ceses antes de octubre. 

"Nuestra presencia aquí es para repudiar las políticas que toma el gobierno nacional ya que despidió a dos trabajadores inspectores del organismo. Justamente el jueves nos reunimos con el nuevo delegado del Ministerio, donde nos planteó la importante tarea que realizan los inspectores y que es por eso que no sobraba ningún trabajador. Pero a las 19 llegaron los telegramas de despido y es producto de la política que lleva adelante el Ejecutivo, ya que le interesa garantizar el negocio del privado actuando despiadadamente sobre los trabajadores estatales", dijo. 

"Como siempre decimos, no es solamente una política de ajuste sino que también es desguace y desmantelamiento estatal. Hasta el momento son dos los despidos aquí pero se encuentran en riesgo 750 contratos en la ciudad, de los cuales entendíamos que podían llegar sus ceses durante el fin de semana o el próximo lunes. Empezaron prematuramente con esto, con la mayor violencia al enviar los telegramas en un horario que ya no es laboral", agregó. 

Y a modo de conclusión, Rey indicó: "Reafirmamos lo macabro que es este gobierno por la incertidumbre que se le genera a las personas por la continuidad laboral. No es solamente perder el trabajo, son las políticas públicas que se pierden y lo más importante, detrás de cada trabajador despedido hay sueños, un proyecto de vida y una familia. La situación es muy difícil".