El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió que las promesas de privatización de la infraestructura pública y la reactivación de obras bajo un nuevo esquema se han demorado.

Sturzenegger identificó el traspaso de las rutas nacionales al sector privado como el principal foco de retraso, aunque defendió la decisión de eliminar la obra pública tradicional para desterrar los altos niveles de corrupción adjudicados a la gestión anterior. Además, destacó que el ajuste del gasto y el achicamiento del Estado ya han generado un ahorro de US$2000 millones anuales.

El funcionario reconoció las demoras en los planes de transferencia, mencionando específicamente: “Las rutas las tenemos que pasar al sector privado, y la verdad que nos demoramos en eso”.

El ministro explicó que, si bien el Gobierno respaldó plenamente la decisión de no tener más obra pública debido a la corrupción, ahora debe asegurar que el sector privado se movilice para asumir esas responsabilidades, algo que, según él, "tendríamos que haber hecho más rápido". No obstante, consideró que "la rueda se puso a rodar" con la reciente apertura de sobres de la licitación de la primera etapa de las rutas del Mercosur, que recibió siete ofertas.

El titular de Desregulación confirmó que el "reordenamiento del Estado" y el ajuste de gastos se profundizarán. Subrayó el éxito de la política de achicamiento de la planta de empleados públicos, la cual permitió el ya mencionado ahorro de US$2000 millones por año, fondos que se devuelven a la población.

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el funcionario arremetió contra la oposición, acusándola de "hacer daño en el Congreso" al "emitir leyes que generan gastos sin hacerse cargo de los recursos", criticando el intento de "debilitar el equilibrio" fiscal.

Previo a la reunión entre los presidentes Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, Sturzenegger se refirió al encuentro. Destacó que, desde el punto de vista geopolítico, Argentina es un "socio interesante para Estados Unidos", debido a que Milei y Trump "comparten muchas visiones" y a que la alineación del país con EE.UU. e Israel es "única en Latinoamérica".

Fuente: TN

El Gobierno nacional avanzó con la eliminación de 71 regulaciones comerciales que influyen en los precios con el objetivo de disminuir la burocracia y simplificar las relaciones de consumo en el país.

La Secretaria de Industria y Comercio impulsa la derogación de las normas considerando que “habilitan controles de precios abusivos, exigen información que no es utilizada para ningún fin específico y fijan regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos, Ley de Abastecimiento y Ley de Góndolas”.

La medida se efectivizó mediante la Resolución 357/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, dando de baja 27 normas complementarias a la Ley de Abastecimiento, ya eliminada a comienzos de la gestión libertaria, revelando que “algunas de estas resoluciones tienen más de 50 años de vigencia y representan trabas burocráticas en las relaciones de consumo”.

Al detallar la función de las normas que serán eliminadas, Comercio precisó que “exigen a las empresas de productos e insumos para la construcción a incrementar la producción al máximo de su capacidad; solicitan información a productores y comercializadores de algodón; establecen mecanismos de regulación de precios; intervienen en la distribución y producción de Gas Oil, distorsionando los precios finales; fijan precios máximos en el marco de la pandemia de COVID-19; entre otras”.

También se derogarán 24 normas que tenían la finalidad de supervisar y regular el funcionamiento del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un ente que ya había sido eliminado.

Además se darán de baja 20 normativas referidas a programas desarticulados y en desuso, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

Desde el área dependiente del Ministerio de Economía destacaron que “esta medida reduce la carga administrativa de las empresas y simplifica el marco regulatorio, suprimiendo normas que generan distorsiones de precios y alteran las relaciones comerciales”.

Asimismo, remarcaron que “de esta manera, el Gobierno dará un paso más en el objetivo de seguir conformando un ordenamiento jurídico que permita eliminar las trabas burocráticas y transparentar el comercio interno”. 

Las derogaciones propiciadas se suman a las más de 170 derogaciones realizadas por Comercio desde el inicio de la gestión “para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia”.

Entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por USD 5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales. En la misma línea, para transparentar el comercio interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros.

Fuente: NA