La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un nuevo plan destinado a jubilados y pensionados bonaerenses que tienen deudas impositivas, con el objetivo de facilitar su regularización a través de beneficios específicos.

El esquema contempla importantes reducciones en intereses y recargos, además de distintas opciones de pago adaptadas a la capacidad económica de los contribuyentes. Entre las alternativas, se incluyen cancelaciones al contado o planes en cuotas con tasas de financiación reducidas.

La iniciativa alcanza deudas vinculadas a impuestos patrimoniales como el Inmobiliario y el Automotor, incluso en casos que ya se encuentran en instancia judicial, ampliando así el universo de beneficiarios. 

Según informaron desde el organismo, el objetivo es que los adultos mayores puedan ponerse al día con sus obligaciones fiscales y recuperar beneficios asociados al cumplimiento, como descuentos por pago anticipado o bonificaciones por buen comportamiento tributario.

Para acceder, los interesados deberán cumplir con determinados requisitos vinculados a su condición previsional y a la situación de los bienes alcanzados, además de adherirse al plan dentro de los plazos establecidos.

Desde ARBA destacaron que la medida busca aliviar la carga económica sobre uno de los sectores más vulnerables, en un contexto donde el cumplimiento impositivo puede resultar difícil de sostener para quienes tienen ingresos fijos.

La situación económica de las familias argentinas continúa mostrando signos de deterioro. Un relevamiento de la consultora Zentrix indica que el 56,4% de los hogares se endeudó en los últimos seis meses para afrontar gastos esenciales como alimentos, servicios, alquileres y compromisos financieros.

El dato refleja un cambio en el rol del crédito, que dejó de ser una herramienta para mejorar el nivel de vida y pasó a utilizarse como un recurso para sostener el consumo diario frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Dificultades crecientes para sostener el consumo

El informe advierte que una porción significativa de la población depende del financiamiento para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, dentro de ese grupo, cerca de nueve de cada diez personas ya presentan inconvenientes para cumplir con los pagos asumidos, lo que evidencia un escenario de fragilidad financiera en aumento.

Según el análisis, este proceso responde a una secuencia marcada: caída del ingreso real, dificultades para llegar a fin de mes, endeudamiento para cubrir la brecha y problemas para afrontar las obligaciones contraídas. En ese contexto, el 83,9% de los encuestados sostiene que sus ingresos no logran acompañar la inflación, mientras que más de la mitad asegura que no alcanza a cubrir sus gastos más allá del día 20 de cada mes.

Brecha entre estadísticas y realidad cotidiana

El estudio también pone en evidencia una fuerte desconfianza hacia los indicadores oficiales. Un 65,8% de los consultados considera que los datos de inflación difundidos por el INDEC no reflejan el impacto real en la vida diaria.

Esta percepción se vincula con la experiencia concreta de los consumidores, que observan un aumento sostenido en los precios y cuestionan si las mediciones oficiales logran representar sus hábitos de consumo.

Consecuencias en la opinión pública

El contexto económico comienza a tener repercusiones en el plano político. La desaprobación de la gestión del presidente Javier Milei se ubica en el 53,3%, tras registrar un incremento respecto a la medición anterior, mientras que la aprobación alcanza el 38,5%.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof muestra una leve mejora en su imagen, aunque continúa con balance negativo.

El informe configura así un escenario atravesado por la pérdida de ingresos, el endeudamiento creciente y un clima social que comienza a reflejar el impacto de la crisis en la vida cotidiana.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció la implementación de un nuevo esquema de planes de pago para regularizar deudas impositivas en instancia prejudicial y judicial, que comenzará a regir el 2 de febrero en la provincia de Buenos Aires y apunta a facilitar el cumplimiento fiscal de los contribuyentes.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca permitir la cancelación de obligaciones adeudadas, la normalización de la situación fiscal y la recuperación de beneficios vigentes, como el pago anual anticipado y las bonificaciones por buen cumplimiento.

“Regularizar deudas no solo permite ordenar la situación fiscal, sino también volver a acceder a los descuentos que reconocen a quienes cumplen. Nuestro objetivo es dar herramientas concretas para que más contribuyentes puedan ponerse al día”, señaló Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.

En el caso de las deudas en instancia prejudicial, el plan general contempla la regularización de obligaciones vencidas o devengadas al 31 de diciembre de 2025, con alternativas que incluyen el pago al contado en una sola vez o la financiación mediante un anticipo del 5% con hasta 3 cuotas sin interés, de 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual, o de 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual.

Para quienes requieran plazos más extensos, se prevé un anticipo del 10% con financiación de 27 a 48 cuotas a una tasa del 3,5% mensual, o un anticipo del 20% con planes de 51 a 60 cuotas y un interés del 4% mensual.

ARBA también habilitó planes específicos para deudas en instancia judicial y para casos de fiscalización con allanamiento, que incluyen el pago al contado o la financiación con un anticipo del 5% en hasta 3 cuotas sin interés, de 6 a 12 cuotas con un interés del 1,5% mensual, de 15 a 24 cuotas con un interés del 2,5% mensual, o bien un anticipo del 10% con planes de 27 a 48 cuotas al 3,5% mensual.

Desde el organismo recordaron que la cancelación de deudas exigibles es un requisito indispensable para acceder a los beneficios fiscales vigentes, entre ellos el 15% de descuento por pago anual anticipado y una bonificación del 10% por cuota para quienes mantienen buen cumplimiento y abonan en término.

Por último, ARBA informó que el Impuesto Inmobiliario tendrá su primer vencimiento en febrero de 2026, mientras que el Impuesto Automotor comenzará a abonarse a partir de marzo, bajo una modalidad mensual que busca brindar mayor previsibilidad a los contribuyentes.

El pago de deuda en moneda extranjera se perfila como uno de los principales desafíos económicos del año para las provincias. De acuerdo a estimaciones privadas, los distritos deberán afrontar vencimientos por cerca de US$2500 millones durante 2026, lo que implicará una fuerte demanda de divisas y un impacto directo sobre las reservas del Banco Central de la República Argentina, además de sumar tensión en la relación con la Casa Rosada.

El primer test llegará la próxima semana en Tierra del Fuego, donde el gobernador Gustavo Melella deberá afrontar pagos por casi US$6 millones el 21 de enero, en un contexto de recambio reciente en el gabinete económico provincial y con márgenes fiscales ajustados.

Durante el último tramo de 2025, la provincia fueguina ya había evidenciado dificultades financieras. En ese marco, el Ejecutivo provincial recurrió a un adelanto de una tasa al sector industrial para reunir fondos y, además, acordó con el Gobierno nacional un adelanto de coparticipación por $20.000 millones, que comenzará a devolverse desde este mes.

Tierra del Fuego será la primera en cumplir con compromisos en dólares, pero no la única. Según datos una consultora, durante el primer trimestre del año los vencimientos provinciales alcanzarán los US$750 millones. Solo en enero, Chubut, Córdoba, Neuquén y Tierra del Fuego deberán desembolsar en conjunto US$107 millones, mientras que en febrero se sumarán otros US$122,5 millones correspondientes a Córdoba, Neuquén, Entre Ríos y Chaco. La Rioja aparece como un caso aparte, al ser la única provincia que declaró el default de su deuda en dólares.

A lo largo de 2026, los mayores compromisos estarán concentrados en la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y Chubut. En el caso porteño, una parte de los vencimientos será refinanciada mediante un bono emitido hacia fines de 2025.

Las provincias pueden acceder a los dólares necesarios a través de dos vías: la compra directa al Banco Central o la adquisición en el mercado cambiario. En paralelo, el mercado internacional comenzó a mostrar señales de reapertura para la deuda subnacional. En los últimos meses, Córdoba, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires lograron colocar bonos en dólares, aunque a tasas elevadas, reflejo del riesgo financiero y del contexto macroeconómico.

Fuente: TN

El Observatorio Universitario de la Ciudad de la Universidad FASTA  presentó los resultados del relevamiento anual sobre la percepción de la situación económica de los marplatenses, en el que reveló que la crisis sigue afectando de forma estructural a la población, sin mejoras significativas en las condiciones de vida ni en las expectativas futuras.

Entre los datos más destacados, el estudio indicó que solo el 31% de los encuestados logró ahorrar en el último año,  una baja interanual del 6% , mientras que el 56% no pudo guardar nada y el 13% tuvo que endeudarse. Asimismo, el 29,6% admitió que no llega a fin de mes y el 40,5% manifestó que lo hace, pero recortando gastos o  privándose de actividades y servicios.

El relevamiento también indagó en las estrategias que los encuestados utilizan para  enfrentar la situación económica, donde se descubrió que la mayoría recurre a reducir el consumo (61%) y a buscar precios más bajos (59%) para sostener la economía del hogar.

Por otro lado, el pago en efectivo con descuento también creció (49%), al mismo tiempo que disminuyó el uso de cupones o promociones (33%). Asimismo, informaron que, en comparación con el año pasado, el recurso de tomar préstamos aumentó del 7 al 12%.

A su vez, el 46% de los encuestados indicó que le pide dinero a familiares o amigos y el 34% que realiza trabajos extra para cubrir gastos. Pero en cuanto a las estrategias de financiamiento, el uso de ahorros cayó del 41% al 26% en 2025, mientras que creció el empeño o venta de bienes (22%) y los créditos formales (23%).

El relevamiento, que comenzó en 2019,  documentó un patrón estructural de restricciones económicas persistentes, como que la mayoría de los marplatenses no logra cubrir sus gastos sin ajustarse o  endeudarse. Y según indicaron los autores del informe, “los datos de este año no solo empeoraron, sino que confirman un escenario de estancamiento”, ya que cuando consultaron sobre los consumos que debieron dejar, las respuestas más frecuentes aluden a recortes en productos básicos (18%), salidas sociales (16%), gastronomía (11%) y viajes e indumentaria (9%).

Además, en el estudio se observó un patrón de  escepticismo: más de 8 de cada 10 marplatenses admitieron que no esperan mejoras en  los próximos meses, y el 40% cree que su situación seguirá igual y un 29% anticipa un  empeoramiento.

En paralelo, el 47% de los encuestados que están ocupados considera “poco probable” perder  su empleo, un 28% se siente totalmente seguro de que no sucederá y el 9% cree que es muy probable quedarse sin trabajo, el nivel más alto desde la pandemia.

En otro punto, entre los encuestados que están desocupados, más de la mitad (51,6%) no visualiza posibilidades concretas de inserción laboral a corto plazo y además, un 32,3% de desocupados respondió que “no sabe” si cree probable encontrar un empleo en los próximos seis meses.

El estudio completo puede consultarse en el siguiente enlace: www.ufasta.edu.ar/observatorio. 

A través de la Resolución General 5628, la ARCA -ex AFIP- decidió prorrogar hasta el 31 de julio el inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, pero solo para determinadas entidades sin fines lucro y no se renovó para el resto de MiPymes.

En ese sentido, para amortiguar el impacto de esta medida en las PYMES, la ARCA dictó también la Resolución General 5629 estableciendo un plan de pago, que "es mejor que caer en una ejecución fiscal”, según le dijo el contador público nacional, Marcelo Corbalán, a Los datos del día de Radio Mitre (FM 103.7). 

“Me puse hurguetear un poco más con la suspensión de ejecuciones fiscales, lo que quiere decir que la ARCA va a empezar a ejecutar la deuda que tiene. En 2023 no se hizo, en 2024 tampoco ni en la pandemia. Ahora arrancó, pero no había visto que publicaron un cronograma de ejecuciones. Por deuda de más de $20 millones empiezan a ejecutarse el 17 de febrero, por más de $7 millones el 17 de marzo y el resto, el 14 de abril”, explicó.

Entonces, añadió que “lo que uno debe tener en cuenta para no caer en una ejecución es lo que trae aparejada, porque no es que hacen el juicio para cobrarte, sino que trae un aumento de la tasa de interés, que la normal es del 7,26% y la de intereses punitorios -cuando empieza el juicio- se eleva al 8,38%”.

En este punto, Corbalán explicó que ello significa un “sobrecosto altísimo” y agregó: “La otra cuestión es que ese juicio tiene un costo del paquete total de un 20% de honorarios por el abogado del fisco. Y a su vez, se toman medidas precautorias, como embargar las cuentas. En una empresa que está en marcha, es un trastorno. Desde el punto de vista operativo para una PYME, una ejecución fiscal es una molestia importante, más allá del costo”.

De acuerdo al contador público nacional, para ello se debe “buscar algún plan de pago disponible”, donde en este caso existe uno “amplio” para deudas vencidas al 31 de diciembre del 2024. “Si tenés una deuda ahí, podés adherirte a este plan que tiene hasta 48 cuotas. No te perdonan nada, pero no tendrás embargos ni las medidas cautelares o los honorarios del abogado. Es un buen momento para usar ese plan de pago y evitar estos problemas”, subrayó.

Sobre la misma línea, aclaró que la ARCA tiene un menú con planes de pagos más cortos, por lo que recomendó que “cuando uno tiene un vencimiento debe ver cómo lo puede pagar porque si hay una forma de hacerlo con una financiación, es mejor que caer en una ejecución fiscal”.

“A veces uno no puede pagar, pero en la medida que se pueda evitar, que en la gran mayoría sí se puede, hay que hacerlo. Y por eso hay que planificar fiscalmente”, sentenció.

En Ciudad de Buenos Aires “sólo 4 de cada 10 vecinos pagan las expensas” lanzó Armando Pepe, ex titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de aquel distrito. Eso levantó las alarmas sobre lo que estaría ocurriendo en Mar del Plata, pero desde la Cámara de Consorcios de Provincia de Buenos Aires aseguraron que la incidencia en el no pago del servicio “mucho más baja”.

Bernardo Giles, secretario general de la entidad, destacó que en verdad “es relativo, cada consorcio es una realidad aparte y son situaciones que se dan puntualmente”. Y resaltó que “en algunos tenés una morosidad importante, pero es puntualmente en ese consorcio y no en todos. Si hacemos un promedio, creo que sobre todo en Mar del Plata esmucho más bajo de lo que se dice que pasa en CABA”.

En declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, Giles indicó que en verdad “tiene que ver mucho con la incidencia en la cantidad de edificios que hay, y también un poco con la forma de vida del edificio marplatense, que es mucho más sencillo que el edificio de Capital en líneas generales”.

En ese sentido, el referente de la Cámara de Consorcios de Provincia de Buenos Aires graficó que en su gran mayoría los edificios de Mar del Plata están “preparados para pasar pocos días de tiempo en temporada, y no tienen tanta infraestructura como tienen los de Capital, como amenities o espacios comunes dedicados al esparcimiento y cosas más allá de la vivienda”.

Tras recordar que si hay una deuda de parte del inquilino en el pago de expensas “lo que hace el administrador en representación de los consorcios es reclamarle la deuda a la unidad, es decir al propietario”, Giles resaltó que se observan algunos focos de conflicto: “Notamos que hay una crispación cada vez mayor y que eso repercute en la vida consorcial de manera tal que se dan conflictos. Es parte de nuestra labor mediar en los conflictos consorciales y llevar la situación a buen puerto”.

Desde que rige la cuarentena obligatoria en el país, el trabajo y, por lo tanto, los ingresos de han visto afectados. Recortes de sueldos, suspensiones y un tele trabajo han influído en el rendimiento de cada persona y las consecuencias económicas.

Esas son las conclusiones a las que llegó el Centro De Economía Regional y Experimental (CERX), dirigido por la economista Victoria Giarrizzo, a partir de una encuesta a 6089 hogares y de cruzar los resultados con los datos del Banco Central.

La deuda total de las familias creció 9,5% en un mes y al 22 de mayo alcanzó los $1.821.704 millones, afectando a 12,1 millones de hogares, que equivalen al 87,7% de los hogares del país: casi 9 de cada 10. Frente a abril, 955 mil nuevos hogares pasaron a tener deudas, principalmente no bancarias.

El dato surge de un estudio privado, que indica además que lo que más se dejó de pagar en mayo fueron los impuestos, los servicios y los préstamos con familiares o amigos. Para casi la mitad de los hogares, las deudas fueron provocadas por la pandemia.

La deuda de los hogares aumentó con respecto al mes pasado, cuando el 80,8% de los hogares quedó “debiendo algo”. Ahora, la deuda total de las familias creció 9,5% en un mes. La deuda bancaria aumentó 2,4%, pero la no bancaria, 25,9%.

En promedio, cada familia adeudaba en mayo $150.686. “Ese monto no incluye los costos asociados a moras y retrasos, que fueron en incremento con los días en cuarentena y podrían incrementar en más de 50% ese stock”, aclara el texto.

Las deudas bancarias, que acumulan un stock de $1.187.110 millones, no crecieron tanto como las no bancarias. Por caso, la de tarjetas de crédito creció un 4,9%, pero la de préstamos personales cayó 0,1%. El informe explica que gran parte de esta deuda se frenó porque se dejaron de pedir préstamos personales y porque las tarjetas de crédito comenzaron a recibir la acreditación de créditos a tasa cero, que se usaron para cubrir los mismos pagos.

La deuda bancaria “suele estar muy asociada a períodos de auge, situación contraria a la actualidad”, suma.

Casi la mitad de los hogares (49,5%) respondió que el endeudamiento que contrajo fue consecuencia de la cuarentena total y de la pandemia del coronavirus. El 23% dijo que se endeudó antes de la emergencia sanitaria y el 27,6% restante, tanto antes como después del aislamiento. Las deudas no bancarias son las que más crecen en este contexto.

“Las familias volvieron a dejar de pagar compromisos y acumular deudas por las restricciones de ingresos del mes. Especialmente deudas no bancarias que son las asociadas netamente con situaciones de ingresos críticas. Si bien las ayudas del Estado compensaron, se usaron mayormente para cubrir gastos corrientes. Lo mismo con los ingresos proveniente de la flexibilización de actividades”, analiza CERX.

Los impuestos acumularon deudas de casi $150.000 millones, un 48,6% más que en abril. “Tanto en abril como mayo las familias dejaron de pagar impuestos como el inmobiliario, patentes, y otros nacionales. Explica ese ítem el 23,5% de la deuda no bancaria actual”, suma. Al 22 de mayo, casi siete millones de hogares (poco más del 50% del total) debían algún gravamen.

El 70% de los hogares también acumulaba deudas de servicios como luz, gas, agua, teléfono, cable o internet en mayo. Con una deuda promedio de $14.683 por familia, explicó el 22,5% de la deuda no bancaria. “En abril había sido la mayor deuda acumulada. Pero en mayo fue superada por las deudas impositivas”, detalla el informe.

Además, 2,5 millones de hogares están endeudados con familiares y amigos, con un monto promedio de $45.509 cada uno. Esto explica el 18,3% de la deuda no bancaria.

Finalmente, en mayo creció mucho la deuda con comercios por ventas en modalidad de “fiado”: avanzó un 318,1% con respecto a abril. “En este último componente las más mencionadas fueron deudas con farmacias, almacenes, zapaterías, contadores, y servicios profesionales en general, que subieron fuerte en el último mes, especialmente en ciudades chicas”, detalla el documento.

El próximo 31 de mayo vencerá la declaración de emergencia económica para los productores de peras y manzanas, declarada por una ley del Congreso. Si no se prorroga esa ley, que tenía vigencia inicial de dos años, la AFIP estaría en condiciones de enviar a remate decenas de chacras y hasta empaques de frutas del Alto Valle de la provincia de Neuquén, ya que se acumuló una deuda cercana a los 1700 millones de pesos que los productores no cancelaron.

El Congreso sancionó a mediados de 2017 la Ley 27.354, que declaró a los productores de peras y manzanas en situación de emergencia económica. Esta norma prorrogó los pagos de impuestos y de aportes patronales por parte de los productores y de los galpones de empaque.

Los beneficios de esta ley, que además del Alto Valle favorecen a productores de otras provincias como Mendoza, tienen fecha de vencimiento a fines de mayo próximo. Los aportes acumulados deberían ser cancelados a partir del 1° de junio.

La necesidad de que el Congreso -o el presidente de la Nación, mediante un decreto- defina una prórroga, fue planteada, según el portal Infobae, tanto por las grandes empresas frutícolas nucleadas en la Cámara Argentina de Fruticultores ManzaIntegrados (CAFI), como también por Sebastián Hernández, presidente de la Federación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén, que agrupa a los pequeños chacareros.

Este será uno de los reclamos que la entidad traerá a Buenos Aires el 24 de abril cuando se realice un "frutazo" en Plaza de Mayo. A esta protesta se estarán sumando otras economías regionales, como la citricultura y la vitivinicultura.

En el "frutazo", además, se reclamará la reducción de las retenciones de 4 pesos por cada dólar exportado a 3 pesos. Y también, recuperar los niveles de reintegros a las exportaciones que cobraban estas economías regionales.

Por otra parte, insistirán en que se extiendan los plazos de pago de dichas retenciones, ya que la mayor parte de las empresas deben pagarlas a los 15 días de completado cada embarque, cuando cobran la carga a los 90 o 120 días. Es decir que es el sector privado que financia al fisco.

Fuente: Infobae