Siete horas antes de que Hill enviara el despacho, una bomba de cinco kilos de trotyl había estallado junto al Comando en Jefe del Ejército, sobre la avenida Madero. El artefacto, colocado bajo el motor de un Ford Falcon, mató a un camionero platense e hirió a cuatro coroneles, siete suboficiales y cinco soldados. Videla llegó tarde esa mañana porque su caravana quedó atascada en el tránsito. Montoneros reivindicó el ataque.

El documento de Hill retrataba una fractura dentro de la propia cúpula golpista. Según sus fuentes, los sectores más radicalizados de las Fuerzas Armadas presionaban por adelantar la fecha del alzamiento, mientras los comandantes en jefe sostenían una estrategia de mayor cautela. 

El plazo tácito lo había fijado el propio Videla desde Tucumán en la Nochebuena de 1975: noventa días para que el gobierno terminara con la subversión. Vencía el 24 de marzo.

Un segundo cable, fechado al día siguiente, analizaba la fragmentación del peronismo. La Embajada describía al partido dividido en al menos cinco corrientes irreconciliables, desde el sector de Ítalo Lúder hasta los aliados del gobernador bonaerense Victorio Calabró, y concluía que los militares habían esperado deliberadamente a que el movimiento se desintegrara solo antes de actuar.

Un tercer documento del 16 de marzo registraba el estado del Congreso con un detalle que vuelve elocuente lo que estaba por ocurrir: varios legisladores habían llamado a la Embajada para despedirse, y de al menos un bloque se habían llevado el televisor, la heladera y un busto de Yrigoyen.

Faltaban nueve días para el golpe del 24 de marzo.

Este mediodía se conoció la sentencia en el denominado Juicio La Huerta, uno de los procesos más importantes por delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 12 durante la última dictadura militar.

En total se dictaron ocho condenas, de las cuales cuatro fueron a prisión perpetua. Por primera vez recibieron esta pena los jefes de Operaciones e Inteligencia de la Base Aérea de Tandil -Román Valdecantos y Héctor Martínez Salgado- junto a Osvaldo Héctor Repetto y Alejandro Guillermo Duret.

En tanto, Martín Carlos Luzuriaga fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión; Luis Ernesto Benítez a 6 años y 9 meses; Roberto Jorge Casares a 6 años; y José Luis Álvarez a 5 años. Además, el tribunal dictó 27 absoluciones. Los fundamentos se darán a conocer el próximo 19 de diciembre.

Tras la lectura del veredicto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Matías Moreno -hijo del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, una de las víctimas- destacó: “Es un proceso angustiante pero reparador. Los sobrevivientes fueron fundamentales para construir la verdad”.

El fallo reconoció que los hechos juzgados fueron delitos de lesa humanidad, incluyendo secuestros de sindicalistas en Azul la noche del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La audiencia tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) de Tandil, con la presencia de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos de toda la región. La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense actuó como querellante en el proceso iniciado el 25 de febrero de 2022.

El Circuito Represivo de la Subzona 12 incluyó centros clandestinos en Tandil, Azul, Olavarría, Las Flores y Sierra Chica, entre otros. Se juzgaron crímenes cometidos contra 191 víctimas, aunque algunas no pudieron declarar por su avanzada edad y otras fallecieron antes de testimoniar.

Fueron 104 audiencias en las que se escucharon más de 200 testimonios. Con esta sentencia, se consolida un nuevo paso en el camino de Memoria, Verdad y Justicia -más de cuatro décadas después de los crímenes-.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno desclasificará todos los archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura militar. El funcionario además reclamó que haya “memoria completa”, en línea con el video del Gobierno por el 24 de marzo.

En ese sentido, explicó: “Esta decisión responde al cumplimiento del decreto 4 del año 2010, que si bien se dictó hace 15 años, nunca fue implementado completamente”. El texto, publicado en el Boletín Oficial y firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, determinó: “Relévase de la clasificación de seguridad a toda documentación e información vinculada con el accionar de las fuerzas armadas en el período comprendido entre los años 1976 y 1983″.

El anuncio del portavoz se conoció en medio de las marchas de organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y de izquierda a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria. El funcionario detalló que la medida “implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a la órbita del Archivo General de la Nación", y destacó: “En nuestro compromiso inclaudicable con los derechos humanos, contar la historia completa es tarea crucial”.

“Durante décadas, los archivos en manos de la SIDE permanecieron en las sombras y sólo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra vaya a saber uno con qué motivo. El accionar de las fuerzas en la última dictadura pasará a estar al servicio de la memoria y no del accionar político", agregó.

A su vez, Adorni explicó: “Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo se avanzó en procesos de desclasificación. La Argentina no puede quedar rezagada en este proceso. Lo que ocurrió en el pasado debe estar en los archivos de la historia, no en los de inteligencia”.

Desde la Oficina del Presidente explicaron en un comunicado que “la inmediata desclasificación de los archivos” en poder de la SIDE están “vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983″. Y asimismo, remarcaron: “Esta administración sostiene que lo que ocurrió en el pasado debe permanecer en los archivos de la historia, no en la SIDE. Es por eso que pone fin a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos y los pone a disposición de la sociedad”.

Fuente: TN

El presidente Javier Milei le solicitó al Senado de la Nación el ascenso de 15 tenientes coroneles que el gobierno de Cristina Kirchner frenó debido al parentesco que tenían con condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

La mayoría de los expedientes que serán analizados por la Cámara alta datan del 2010 y la decisión que tomó el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas es que a esos efectivos, que ya están retirados, se les reconozca el grado de coronel a partir del 31 de diciembre de 2018.

“Se termina una injusticia. A esos militares los castigaron por considerar que eran culpables de lo que habían hecho sus padres o sus tíos. Decían que no podían ascender porque se criaron en casas de represores, por portación de apellido”, explicaron fuentes oficiales. La crítica apunta a la gestión que durante el kirchnerismo ejecutó Nilda Garré, quien le dio intervención a los organismos de derechos humanos para que tuvieran la última palabra antes de que se definiera un ascenso a grados superiores.

En un mensaje fechado el martes, firmado por el presidente Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, le solicitaron al Senado para que, “en cumplimiento del artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional", den el acuerdo necesario "para promover al grado inmediato superior” a los siguientes tenientes coroneles:

Guillermo Alejandro Saá, Jorge Luis Toccalino, Ricardo Horacio Muñoz, Ramón Centeno de la Vega, Francisco Javier Canevaro, Marcelo Ramón Borzone, Mario Alejandro Díaz, Justo Rojas Alcorta, Edgardo Calvi, Gustavo Cattáneo, Julio Balloffet, Oscar Faisal, Marcelo Huergo, Pedro Tagni y Antonio Agustín Duarte.

En el mensaje firmado por Milei y Petri se advierte que “el personal en consideración ha reunido en oportunidad de su propuesta de promoción las condiciones exigidas por la Ley para el Personal Militar N° 19.101 y sus modificatorias". Es una posición que modifica el anterior criterio que había tenido la gestión del kirchnerismo y que no se modificó durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández.

Esta decisión repite el mismo sentido que la tomada en los últimos días hábiles de diciembre, cuando el Gobierno envió un mensaje similar pero referido a la Armada Argentina pidiendo al Senado la promoción de los capitanes de fragata Marcelo Barbich, Gustavo Barreto Neuendorf, Juan José Lucena, Eduardo Enrique Pizzagalli, Jorge Emilio Sciurano y James Ronald Whamond.

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada, si se aprueba la solicitud, los uniformados tanto del Ejército como de la Marina -la Fuerza Aérea no tuvo situaciones similares- serán promovidos con carácter retroactivo desde el último día de 2018, ya que “reúnen las condiciones exigidas por la Ley”.

Cuando se anunció a fines de 2024 el envío del primero de los mensajes, las autoridades nacionales remarcaron que “de la información suministrada por la entonces Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del ex-Ministerio de Justicia y Derechos Humanos surge que no se hallan antecedentes que vinculen al Personal Militar precedentemente citado con causas por violaciones a los Derechos Humanos y/o contra el Orden Constitucional".

Antes de esta medida, durante la presidencia de Macri, quien fuera su ministro de Defensa, Oscar Aguad, había iniciado las gestiones para dejar sin efecto la medida de bloquear los ascensos que había ejecutado su antecesora Garré. “Es una reivindicación ante una injusticia, como lo fue dejar afuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido. Una muestra del populismo del anterior gobierno, que tomaba decisiones solo para quedar bien con sus votantes”, afirmó entonces el funcionario.

La decisión de volverle a pedir al Senado el ascenso de estos 21 militares va en sintonía con una medida previa que tomó la actual conducción del Ministerio de Defensa. Desarmó la dirección de derechos humanos que revisaba sin intervención judicial los legajos de los militares y bloqueaba los ascensos y les daba documentos e información a organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Además, en un giro clave, el Ministerio de Defensa contrató en la Dirección de Derechos Humanos a Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, los hijos de dos coroneles que fueron asesinados en los 70 por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Se trata de la hija de Jorge Ibarzábal, que siendo teniente coronel en 1974 fue secuestrado tras un ataque a los cuarteles de Azul y luego asesinado; y el hijo de Argentino Del Valle Larrabure, un coronel que vivió un brutal cautiverio de 370 días en una “cárcel del pueblo” del ERP y murió en 1975 tras ser fusilado.

Fuente: Infobae

A 48 años del golpe de Estado cívico-militar de 1976, los organismos de derechos humanos marcharán a la Plaza de Mayo recordando a las víctimas, en el primer día de la Memoria, Verdad y Justicia bajo el mandato de Javier Milei.

Las Abuelas de Plaza de Mayo y la agrupación H.I.J.O.S convocaron a las 12 del mediodía en la Avenida de Mayo y Piedras bajo el lema “30 mil razones para defender la patria”. Nunca más miseria planificada”. 

Las voces de la convocatoria son: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión de Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica Argentina, Liga Argentina de los Derechos Humanos, y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

Por otra parte, la Asociación Madres de Plaza de Mayo se concentrará desde las 11 de la mañana, en Hipólito Yrigoyen 1484, con un acto político desde las 12 y la consigna será “La patria no se vende. La vida no se entrega. El pueblo se subleva”.

También, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), que agrupa organizaciones de derechos humanos y de izquierda, hará un acto independiente, ya que la propuesta de compartir un acto con agrupaciones peronistas fracasó. La misma será a las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacía la Plaza de Mayo. La consigna será “Son 30 mil, fue y es genocidio. Abajo el plan de Milei, los gobernadores y el FMI”.

En la ciudad de Mar del Plata, las organizaciones de Derechos Humanos elaboraron un documento denominado “más de 30 mil razones para defender la Patria”, donde invitan a adherirse a las movilizaciones y reivindicar la memoria de los 30 mil desaparecidos a nivel federal.  La marcha será el domingo desde Luro y Mitre a las 15 hs.

El documento fue firmado por Abuelas Plaza de Mayo Filial Mar del Plata – APDH Regional Mar del Plata, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires, Colectivo Faro de la Memoria, Espacio para la Memoria Ex CCD ESIM Asociación Nacional de ex Presos Políticos – Hijos Resiste – Asociación de ex Detenidos Políticos del Sudeste y Nietes Mar del Plata.

En La Plata, el Municipio anunció una guía turística por la ciudad en bicicletas y/o en colectivo: “con el objetivo de reconocer los espacios marcados por el terrorismo de estado”, para “reflexionar sobre los horrores vividos durante la última dictadura cívico-militar.

A 48 años del golpe cívico-militar de 1976, la Justicia contabiliza 321 sentencias, en las que fueron condenadas 1.176 personas y 183 resultaron absueltas, desde los primeros juicios orales y públicos realizados en 2006 por delitos contra la humanidad, tras la declaración de nulidad e inconstitucionalidad de las denominadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

De acuerdo con el sitio fiscales.gob.ar, 17 juicios se encuentran en curso en diferentes jurisdicciones y 62 causas cuentan con requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal. En este contexto se registran 661 personas detenidas, 1.491 en libertad y 36 están prófugas.

Los datos corresponden a la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, publicados por la oficina especializada a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. Son el resultado de la información suministrada hasta el 15 de este mes por las fiscalías federales y unidades fiscales de todo el país que intervienen en los procesos por crímenes de lesa humanidad. La comparación anual evidencia que el último año en que se registraron más personas detenidas que en libertad fue 2015. A partir de 2016, el segundo grupo comenzó a superar paulatinamente al primero. Y desde 2021 las personas en libertad son más del doble que las detenidas.

De acuerdo con el informe, entre quienes se encuentran privados y privadas de la libertad, 508 obtuvieron el arresto domiciliario, 91 permanecen en establecimientos penitenciarios y 62 se encuentran en otro tipo de dependencias. De estos últimos, 61 están en la denominada Unidad N° 34 del Servicio Penitenciario Federal, que funciona en el ámbito de la guarnición militar de Campo de Mayo y que la procuraduría especializada no considera una institución penitenciaria.

Por otro lado, desde el reinicio de los procesos fallecieron 1.559 personas investigadas por crímenes de lesa humanidad.

Uno de los aspectos que puso de relieve la procuraduría en la difusión de las estadísticas tiene relación con el juzgamiento y visibilización de los delitos de violencia sexual: 162 de las 1.176 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad fueron encontradas responsables de esos delitos. La visibilización de la violencia sexual aparece en 53 sentencias -17% del total-, de acuerdo con el informe. La primera sentencia que incluyó delitos sexuales fue dictada en 2010 y desde entonces, con la excepción de 2011, en todos los años hubo sentencias que visibilizaron esos crímenes.

A 48 años del Golpe Militar, que tuvo lugar desde 1976 hasta 1983, organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata y Batán convocaron una masiva marcha para este domingo a las 15:00 en avenida Luro y San Luis. 

Respecto a la organización, Fabián Muñoz, referente de Abuelas de Plaza de Mayo en Mar del Plata, contó que todos los años “se van sumando a la propia coordinación las centrales trabajadores, movimientos sociales, partidos políticos. Ya no es lo que ocurrió en los '80, un grupito de organismos encabezados por las Madres, Abuelas, Familiares, Amigos de Detenidos Desaparecidos”.

Esto significa un apoyo importante, en un marco donde “nos impacta fuertemente la desaparición física de las madres y las abuelas, pero dejan su lucha, su legado, se está produciendo un traspasamiento generacional en esta pelea que es permeable a todos los sectores”, destacó.

La marcha a 48 años del inicio de la dictadura, se da en el contexto “de un gobierno libertario, no solamente negacionista, sino que reivindica la Dictadura Militar y el exterminio. Así que es una de las convocatorias más importantes desde el avenimiento de la democracia en el '83”.

De modo que “es fundamental que se haga una enorme demostración de fuerza. También hay otra marcha convocada en Plaza Rocha y esos compañeros también van a movilizar para hacer una movida colosal para comenzar a ponerle freno a este avance salvaje sobre la vida de las personas”. 

Por otro lado, se refirió la denuncia de la organización por los derechos humanos H.I.J.O.S sobre una militante que fue atacada por dos individuos que la esperaban dentro de su domicilio, la golpearon, abusaron sexualmente y recibió amenazas de muerte. 

Asimismo, la agrupación señaló que “los autores materiales del hecho pintaron en la pared la sigla ‘VLLC’ (Viva la libertad, carajo)”, de la frase que utiliza Milei y que es una bandera de los libertarios que lo apoyan.

“Ocurrió en la ciudad de Paraná y refiere al ataque salvaje sobre una compañera, planificado, que generó que sea ultrajada, violentada y hubo un mensaje posterior. No es algo en mano de dos o tres loquitos, sino algo organizado por un aparato mayor, según la información que se tiene hasta ahora”, enfatizó.

Esta situación, “lo que va a tener como respuesta es una movida organizada, horizontal y nacional. No puedo dar mayor información porque están los organismos y distintos sectores de la sociedad reunidos. Ya no son las locas de Plaza de Mayo con un pañuelo en la cabeza haciendo una ronda, sino que hay una parte inmensa de la sociedad alerta sobre estas cosas”, concluyó.  

En la previa del 24 de marzo, el Gobierno sostiene que no darán indulto ni prisión preventiva a los militares y que sólo publicarán un video con imágenes de archivo y foco en las víctimas civiles y militares de los atentados previos al golpe militar.

Según se pudo saber, estarán los testimonios del ex jefe de la SIDE en el menemismo, Juan Bautista “Tata” Yofre, el ex montonero Luis Labraña y la hija del capitán Humberto Viola, María Fernanda Viola.

La línea del Ejecutivo es “no faltarle el respeto a ninguna víctima de los 70” y pronunciarse en contra de la dictadura cívico militar en el Día de la Memoria.

El video lo produjo el publicista y director audiovisual de la Presidencia, Santiago Oría, junto a su equipo y la línea discursiva la planteó el asesor presidencial Santiago Caputo.

Desde el Gobierno rechazaron que las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre que hay militares que están “injustamente detenidos” tenga que ver con una medida de indulto o de prisión domiciliaria para estos. “No va a haber nada de eso”, expresó a TN un funcionario.

“Los tienen hace 15 años sin causa, eso en un Estado de Derecho no puede pasar, esas personas no pueden seguir presas. Y se sacó el beneficio de los 70 años. Eso es absolutamente para discutirlo y sobre todo en aquellas personas que no tuvieron acción directa y están sin causas”, manifestó la ministra.

“Los jueces tienen que ordenar eso y realmente animarse a estar en el marco de lo que las leyes y los convenios internacionales marcan en Argentina. Eso lo defiendo. Una persona que ha perdido esa situación, enfermos, detenidos... ya se ha convertido en una venganza”, agregó.

Bullrich además habló sobre los crímenes de lesa humanidad y dijo que lo que se discutió respecto del accionar militar durante la década de 1970 “fueron los métodos, no la acción contra el terrorismo, que como dice ella (por Villarruel) fue una orden de un gobierno constitucional”.

Fuente: TN

“Con 63 años veo a esa adolescente y me duele. No lloro por mí, lloro por la adolescente. Como mujer adulta duele mucho que a una persona le hagan eso, es terrible. Pero bueno, acá estoy”. Margarita Ferré declaró en el juicio denominado “Cueva 3”, que la tiene como víctima. Tenía 19 años cuando la secuestraron y le robaron tres años de su vida hasta que pudo recuperar la libertad en 1979. Las huellas de la clandestinidad, la violencia cotidiana y las torturas perduran y salen a flote al narrar lo vivido durante la última dictadura cívico militar.

Ferré fue la segunda testigo que a través de la plataforma digital Zoom escucharon la jueza Sabrina Namer y los jueces Daniel Obligado y Fernando Machado Pelloni, el fiscal general Daniel Adler y los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail, y los abogados defensores de los cuatro imputados que llegaron a juicio acusados por asociación ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios en el marco del terrorismo de Estado.

También participó de la audiencia virtual el acusado Emilio Guillermo Nani, quien debió ser reconectado como público luego de interrumpir el testimonio para hablarle a su abogado: “Eduardo (San Emeterio), te mandé un mensaje”, le dijo con el micrófono abierto.

Margarita Ferré no recuerda fechas con exactitud y elije no refrescarlas. Sabe que se la llevaron en el invierno del 76 y en 1979 recuperó la libertad, con las secuelas de la violencia y la imposibilidad de estudiar y de trabajar. “Quería estudiar y no pude, me recomendaron de la Universidad que no fuera. Y con trabajos me pasó lo mismo, me decían ‘mirá, nos vinieron a ver y es mejor que te quedes en tu casa’”, relató.

El itinerario de los lugares clandestinos de detención donde estuvo empieza en la Subcomisaría Peralta Ramos, donde permaneció varios días sin que su familia supiera nada de ella. “Fui interrogada… fui torturada”, dijo con la dificultad de verse nuevamente en esa situación. Luego la trasladaron hasta la comisaría Cuarta, que funcionó como centro clandestino de detención, donde debió ser atendida por un médico a raíz de la hemorragia que le había provocado la picana.

Sobre fines de 1976, la trasladaron en avión junto a otras compañeras hasta la cárcel de Olmos, donde permaneció una semana aproximadamente. El destino final fue la cárcel de Devoto, donde estuvo detenida tres años.

Su privación ilegítima de la libertad se dio en medio de un consultorio médico del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) de Mar del Plata, donde había ido a atenderse una situación de salud, dado que por entonces trabajaba en una fábrica portuaria. Atrás había dejado su militancia en la UES, la Unión de Estudiantes Secundarios. Apenas distinguió los gorros de lana y los borcegos de las personas que ingresaron de manera violenta, porque de inmediato la pusieron contra la pared, la sacaron agachada mirando el piso, y apenas cruzaron la puerta del gremio, fue encapuchada.

Una vez que estuvo alojada en las celdas de la comisaría cuarta fue sacada -siempre de manera violenta- a distintos destinos. En una oportunidad, junto al Gallego Fernández, fue llevada hasta la costa: lo intuye por el ruido de mar y el olor de la playa tan característico.

Y al menos dos veces fue trasladada a lo que identificaría después como la Cueva, que fue el centro clandestino de detención que funcionó en el viejo radar subterráneo de la Base Aérea. “En la Cueva no me picanearon, sí fue muy violento porque hubo golpes. Nos ponían en el piso, había maltrato como para acobardarnos”, contó la testigo, que recordó haber sido trasladada esposada en el baúl de un auto y uno de los interrogatorios en el que la hicieron reconocerse en una foto. “Eso me asustó mucho, no entendía”, mencionó.

Consultada bajo qué autoridad habría estado detenida en la comisaría cuarta, dijo que serían los militares, de acuerdo a lo que le decían los propios cabos de la dependencia policial, quienes se encargaban de sacarlos de las celdas y ponerles las capuchas antes de que otro grupo pasara por ella y sus compañeros.

¿Qué militares estaban a cargo? “No sé quiénes estaban a cargo, sí recuerdo el nombre de Nani, es más mi mamá tenía su teléfono inclusive, había estado en mi casa por lo que me relató mi familia”, contó la testigo. De acuerdo a lo que le dijeron, fue a buscar ropa suya: debía cambiar sus prendas debido a la hemorragia que le habían provocado.

Lo buscaban y los miraba desde la vereda de enfrente

Antonio Marincevic tiene hoy 83 años y está jubilado. Brindó su testimonio por videoconferencia, desde Suecia, dado que la dictadura lo impulsó al exilio. “Con el Golpe del 24 de marzo todos los que teníamos actividad política nos pusimos alertas, mi caso era uno más”, mencionó.

Médico de profesión y abocado en ese momento a la investigación, militaba entonces en el PRT – ERP, por lo que sus compañeros le aconsejaron irse de Necochea, dado que allí lo conocían. Una cadena de solidaridad de amigos y familiares lo llevaron a pasar por Mar del Plata, Miramar, La Plata y Buenos Aires, donde permaneció unos dos años, cambiando continuamente de domicilio. “Me dijeron ‘no te quedes quieto en ningún lugar porque te van a detectar’”, relató 44 años después. Ya había comenzado a tramitar su salida del país, vía Brasil, con destino a Yugoslavia, donde tenía familiares, para luego llegar a Suecia.

Algún tiempo después de irse de Necochea supo que el Ejército fue “revisando” las casas donde había estado, como la vivienda de sus ex suegros. “Entraron rompiendo puertas, robaron, los vecinos vieron cómo sacaban cosas. Los oficiales de más jerarquía venían con camionetas y cargaban lo que querían”, señaló. De hecho, uno de los operativos que realizaron en la casa donde vivía Marincevic lo vio desde el balcón de la vivienda de enfrente donde había pedido resguardo.

También lo fueron a buscar a una clínica donde había prestado servicio: trabajó solo un mes porque le aconsejaron irse. “La cosa se venía poniendo brava”, rememoró. Al centro médico “entraron de la manera que entran ellos, siempre muy educados (se ríe), violentaron puertas y demás. No piden permiso”, sumó luego.

Si bien al momento de prestar declaración no recordaba el nombre de quién había estado a cargo de esos operativos, que fueron incluso publicitados por los medios, con la ayuda de un recorte del diario Ecos de Necochea -que se encuentra incorporado a la causa-, leyó que en octubre de 1976, el propio imputado Nani, entonces teniente primero, brindaba información de los operativos realizados como parte del plan establecido por autoridades superiores.

La próxima audiencia está prevista para el 14 de octubre, fecha para la que se espera escuchar tres testimonios.

El Fiscal General del Departamento Judicial de Mar del Plata, Fabián Uriel Fernández Garello, apelará en los próximos días su procesamiento en una causa en la que se investiga su participación en crímenes de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

Según pudo saber El Marplatense, la defensa del funcionario entiende que "no ha existido modificación al material probatorio presente en la causa" en la que la misma jueza Federal de San Martín, Alicia Vence, dictó con anterioridad la falta de mérito con relación a la denuncia en su contra, que fue parcialmente confirmada por la Sala I de la Cámara Federal del Departamento Judicial de San Martín.

De acuerdo a la valoración de la defensa de Fernández Garello, la prueba con la que se dictó la falta de mérito en septiembre de 2018 es la misma con la que dispone ahora el procesamiento, mediante una resolución de la misma magistrada con fecha 12 de abril de 2019, es decir, que no se habrían incorporado nuevos elementos a la causa. 

El 18 de diciembre de 2018 la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó parcialmente la falta de mérito del Fiscal General de Mar del Plata y le devolvió el expediente a la jueza Vence para que decida si procesaba o sobreseía a Fernández Garello, que está imputado por los procedimientos del 23 y 24 de julio de 1981 que culminaron con la detención y tortura de tres integrantes del Partido Comunista chileno en la Brigada de Investigaciones III de San Martín.

En su resolución, Vence sostuvo que hay pruebas que demuestran que el funcionario judicial fue “partícipe necesario penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida por un funcionario público; e imposición de tormentos inflingidos por un funcionario público, agravado dado que se trataba de perseguidos políticos, en tres hechos, todos los cuales concurren realmente entre sí”.

Fernández Garello sostiene que en, esas tres detenciones, había tomado intervención el juez federal Roberto Mollard, quien había convalidado las actuaciones llevadas a cabo por el grupo de efectivos policiales del que formaba parte por aquel entonces.

"Las mismas se realizaron con las formalidades y plazos dispuestos por el Código de Procedimiento Penal vigente a la fecha de los hechos, y sin que se hubieran producido lesiones o apremios de ninguna naturaleza", destaca la defensa del Fiscal General.

En el marco de la conmemoración del "Día de la Memoria", el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inició este domingo una nueva campaña para localizar a familiares de personas desaparecidas durante la dictadura cívico-militar, y así poder identificar a los más de 600 cuerpos recuperados que mantiene en resguardo -por orden judicial- en su sede ubicada en el predio de la ex ESMA.

“Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el EAAF tiene en resguardo”, dice el video difundido a través de las redes sociales.

El equipo invita a esas personas a contactarse -de manera confidencial- al 0800 3453 ADN (236) para poder brindar una muestra de sangre que posibilite la identificación de cuerpos que permanecen como NN (ningún nombre).

Comunicado del @EAAFoficial Nueva campaña invitando a familiares de #desaparecidos entre 1974 y 1983 a contactarse al 0800 3453 ADN (236) para identificar los cientos de cuerpos que tiene en resguardo. pic.twitter.com/N78GoQjaHB

— EAAF (@eaafoficial) 24 de marzo de 2019

“Una sola gota de sangre puede ayudar en este proceso de identificación. No se trata de obligar a nadie. Es una decisión personal de cada familia, con sus tiempos y que se lleva a cabo de manera confidencial. A 43 años de la dictadura, aún sigue siendo una decisión difícil, pero buscamos que las nuevas generaciones tomen la posta”, dijo Luis Fondebrider, miembro fundador del equipo y actual director ejecutivo de la organización.

A través de una línea telefónica -que funciona de lunes a viernes de 9 a 16- el EAAF orienta a los familiares sobre los pasos a seguir, y -según aclaran desde el equipo- “no implica ninguna obligación de dar sangre sino que distintas opciones” y, en caso de aceptar ofrecer la muestra, ésta “sólo se puede utilizar con fines identificatorios”. 

A punto de cumplir 35 años de labor, el EAAF lleva recuperados más de 1.400 cuerpos del período que va de 1974 a 1983, es decir que incluye a desaparecidos en operaciones represivas contra organizaciones guerrilleras y sectores sociales durante el gobierno de Isabel Perón, como el Operativo Independencia, y todo el período de la última dictadura cívico-militar.

De esos 1400, logró identificar a 795 personas y pudo restituir la mayoría a los familiares. 496 se produjeron en la última década, junto al avance de la técnica genética. El proceso se frenó el año pasado, en el que sólo hubo 10 coincidencias, y se necesitan ahora nuevas muestras de sangre para avanzar.

Además de exhumar y rearmar las osamentas, el Equipo reconstruye las biografías de los desaparecidos. Una oficina de investigación preliminar, la Unidad de Análisis, Contexto y Búsqueda Forense, indaga en las relaciones laborales, sindicales, familiares y de militancia política de las víctimas, para intentar saber por qué fueron blanco de la represión y generar hipótesis de identidad sobre los cuerpos encontrados.

En el marco de distintas causas judiciales abiertas, los cuerpos fueron recuperados de cementerios -como el de Avellaneda o San Vicente-, de fosas clandestinas -como el Pozo de Vargas, en Tucumán- o encontrados en la costa del mar, y dados en resguardo al EAAF, que también lleva adelante la delicada relación con las familias.

Bajo cuidados especiales -como una temperatura adecuada, cámaras de vigilancia las 24 horas y circuitos antiincendios monitoreados-, los restos se encuentran guardados en el edificio Clyde Snow del Espacio Memoria y Derechos Humanos, en la ex ESMA, que fue cedido hace un año por Abuelas de Plaza de Mayo al EAAF.

Con una labor reconocida internacionalmente, el EAAF viene trabajando en el hallazgo de fosas clandestinas de la dictadura, la recuperación e identificación de personas desaparecidas, pero también en casos como el atentado a la AMIA, la investigación sobre la muerte de Carlos Menem hijo, el caso de Santiago Maldonado y, más recientemente, en la identificación de 112 soldados enterrados en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.

Los talleres de "Química de la memoria" llegarán a Mar del Plata el 28 y 29 de marzo en el Centro Cultural Victoria Ocampo. La actividad, que busca reflexionar sobre el último golpe cívico militar, está organizada por la Dirección Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos y cuenta con el apoyo de  la Secretaría Municipal de Cultura. 

Los talleres serán coordinados por la artista plástica Marga Steinwasser, tras haber pasado con gran aceptación de la comunidad por ciudades como Santiago de Chile, Montevideo y Rosario, siempre bajo la coordinación de la artista.

Sonia Rawicki, titular de la oficina local de DDHH, explicó que cada participante de los talleres deberá acercar algún objeto “que le permita conectar con sentimientos, reflexiones o incluso imágenes relacionadas con la última dictadura cívico militar”.

“Cada persona deberá compartir con el resto del grupo esos recuerdos a los que les remite el objeto. De esta manera, se generará un momento de intercambio, reflexión y enriquecimiento tanto a nivel individual como colectivo”, concluyó Rawicki.