El Gobierno detectó 178.000 Certificados Unicos de Discapacidad (CUD) que continúan activos a nombre de personas fallecidas, en el marco de la auditoría integral que se realiza en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la salida de su ex titular, Diego Spagnuolo. El hallazgo surgió de un cruce de datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y abrió la posibilidad de avanzar con denuncias penales contra beneficiarios y prestadores.

La detección se produjo durante el proceso de reordenamiento del organismo, intervenido luego del escándalo que derivó en la renuncia de Spagnuolo, tras la difusión de audios en los que se lo escucha hablar de un presunto circuito de cobro de coimas. Aunque el ex funcionario presentó recientemente en la Justicia un informe pericial en el que sostiene que las grabaciones fueron manipuladas mediante inteligencia artificial, la auditoría continuó y comenzó a exponer inconsistencias estructurales.

El actual interventor, Alejandro Vilches, médico sanitarista designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, ordenó el cruce de bases de datos y autorizó la baja inmediata de los certificados observados. Según fuentes oficiales, el próximo paso será cotejar la información de las personas fallecidas con los prestadores que declararon haber brindado servicios.

El Certificado Unico de Discapacidad es un documento público y gratuito que acredita la condición de discapacidad y habilita el acceso a prestaciones de salud, transporte gratuito, asignaciones familiares y otros beneficios. Se otorga tras una evaluación de una Junta Interdisciplinaria y, si bien no tiene un vencimiento fijo, requiere actualizaciones periódicas que actualmente se encuentran prorrogadas.

El hallazgo forma parte de una serie de irregularidades que motivaron al Poder Ejecutivo a impulsar, el pasado 28 de agosto, una auditoría integral sobre la agencia. La revisión incluye también el análisis de contratos, luego de que Spagnuolo señalara a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al armador político Eduardo “Lule” Menem por presuntos pedidos de coimas.

Los resultados finales de la auditoría aún no están cerrados y podrían ser oficializados hacia el final del primer trimestre de 2026.

Fuente: con información de DIB

El Gobierno Nacional logró este martes que la comisión de Diputados firmara el dictamen de mayoría para el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2026. Sin embargo, diversos sectores salieron a manifestarse en contra, ya que se plantea en uno de sus artículos la derogación del Financiamiento Universitario y la ley de Emergencia en Discapacidad. 

Al respecto, Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP, declaró en diálogo con El Marplatense que “estas leyes habían pasado por todas las instancias democráticas para su aprobación, inclusive la Ley de Emergencia en Discapacidad pasó dos veces por la cámara de Diputados y Senadores, ya que fue sancionada, vetada y finalmente revocado el veto”. 

Es decir que “esta noticia nos sorprende ampliamente a todos los que somos parte del sector. El artículo 75 dice derogar la ley sin explicar cuáles son los factores que impiden generar un presupuesto para el 2026 que permita la aplicación inmediata de estas leyes. Actualmente se encuentran sancionadas, pero sin aplicación por un decreto que las frenó hasta que la comisión explicara de dónde se iban a extraer los fondos”, remarcó. 

De modo que , desde Prestadores Unidos Mar del Plata, “decimos que esto es otra medida del gobierno para ajustar a un sector que ha sido vulnerado durante todo el año, que no solo está en emergencia, sino que se encuentra en urgencia. Actualmente han cerrado más de 700 centros categorizados, escuelas especiales, prestadores han migrado hacia otros sectores que le permitan sostener su economía. Esto afecta directamente la calidad de vida, y en ocasiones la vida, de la personas con discapacidad”, enfatizó. 

“Es el gobierno quien debe articular los medios para que el presupuesto permita la aplicación de estas leyes. No se puede derogar simplemente considerando que no existen los fondos cuando se han destinado a otros proyectos que nada tienen que ver”, agregó. 

Por consiguiente, “nosotros decimos claramente que las personas con discapacidad no se pueden considerar un número, un gasto para el Estado. Deben ser consideradas personas de derechos por las cuales se tienen que articular todos los medios para que tengan todo lo que se necesita para su real inclusión. Estamos hablando de rehabilitación, tratamientos, escolaridad, transporte, un gran sector que hoy se encuentra totalmente en emergencia”. 

“Así que pedimos a los señores diputados y senadores, que votaron en contra del veto, que no cambien su voto, sigan sosteniendo su postura a favor de la Ley de Discapacidad y el Financiamiento Universitario porque detrás hay un gran sector que necesita coherencia", concluyó.

A través de un proyecto de comunicación, el bloque de concejales de Unión por la Patria le solicitó al Ejecutivo local que incorpore dentro del presupuesto de obras correspondiente al ejercicio 2026 “la instalación de baños accesibles para personas con discapacidad y movilidad reducida” en los Polideportivos Barriales Centenario, Colinas de Peralta Ramos y Libertad.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, se explicó que “estos establecimientos están pensados para que puedan asistir la mayoría de los vecinos y vecinas de la ciudad con el objetivo de realizar actividades deportivas y recreativas en comunidad”.

A continuación, desde la bancada K se remarcó que “en estos polideportivos barriales municipales se evidencia la falta de infraestructura sanitaria adecuada, lo que genera barreras arquitectónicas y simbólicas que impiden o dificultan la participación de personas con movilidad reducida o con otras condiciones que requieren equipamientos específicos”.

“La accesibilidad edilicia no sólo garantiza derechos, sino que además fortalece la función social de los polideportivos, promoviendo la equidad, la inclusión y la integración comunitaria. La accesibilidad universal es un principio reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, a la información y a las instalaciones deportivas y recreativas”, se añadió.

A su vez, se resaltó que “la existencia de baños accesibles y adaptados resulta una condición básica e indispensable para el pleno ejercicio del derecho a la recreación, la práctica deportiva y la vida comunitaria de las personas con discapacidad”.

“Los presupuestos de obras y construcciones son la principal herramienta con la que cuenta el Departamento Ejecutivo a la hora de proyectar inversiones y desarrollos de envergadura a nivel público”, finaliza el texto.

Con el objetivo de fortalecer la atención y garantizar la continuidad de los servicios destinados a personas con discapacidad en todo el país, el Gobierno nacional dispuso una actualización del nomenclador nacional de prestaciones. El incremento será escalonado y se aplicará en tres tramos consecutivos durante octubre, noviembre y diciembre de 2025, con aumentos que oscilan entre el 29,7% y el 35,4%. Sin embargo, desde la ONG Prestadores Unidos MDP los calificaron como “insuficientes”.

“El Directorio de la Agencia Nacional de Discapacidad, después de más de un año de silencio, se reunió para anunciar aumentos escalonados e insuficientes, que lejos están de representar la verdadera aplicación de la Ley de Emergencia. Esos incrementos, además de contradictorios con la propia norma, recién impactarán en la economía de los prestadores hacia 2026, perpetuando un modelo de precarización y abandono. No se trata de una mejora: se trata de una limosna disfrazada de decisión técnica”, señalaron a través de un comunicado.

Como se indicó, el aumento fue definido tras la reunión del Directorio de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, en la que participaron la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud. La decisión fue posible gracias a una partida presupuestaria adicional otorgada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para afrontar los aumentos previstos en el último trimestre del año.

Desde ANDIS y el Ministerio de Salud -que también participa del esquema de seguimiento y control del sistema- señalaron que “se trata de una decisión concreta de acompañar a los prestadores y garantizar la continuidad y calidad de la atención”.

De todos modos, para los prestadores “la emergencia en discapacidad no se resuelve con porcentajes diferidos ni con parches administrativos. Se resuelve con la aplicación efectiva de la ley, con el cumplimiento inmediato de sus artículos y con una mirada integral que respete la dignidad de las personas y la sustentabilidad del sistema”.

Y consideraron que la ley “no se reduce a un aumento del nomenclador: abarca la continuidad de los tratamientos, la accesibilidad, la cobertura del transporte y el reconocimiento justo a quienes sostienen las prestaciones”.

Desde el Gobierno indicaron que el nuevo ajuste se aplicará sobre los valores del nomenclador nacional, referencia oficial para los aranceles que perciben instituciones, profesionales y servicios vinculados a la atención de personas con discapacidad. Entre los rubros beneficiados se encuentran internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación.

La actualización llega tras un largo período sin aumentos: el último había sido del 0,5% en diciembre de 2024. El retraso generó cortes en servicios, cierre de centros de atención y demoras en el pago de prestaciones. En ese contexto, organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad y otras agrupaciones realizaron movilizaciones frente al Congreso y al Ministerio de Salud, exigiendo que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que establece un aumento del 70%, superior al 35% concedido por las autoridades.

Desde Prestadores Unidos MDP lamentaron igualmente el no cumplimiento de la Ley de Emergencia al señalar que “en un país democrático, las leyes no se discuten: se cumplen”. Y cuestionaron el reciente decreto que detuvo su aplicación hasta que el Congreso defina el origen de los fondos: “Constituye un retroceso institucional y una vulneración directa de los derechos de las personas con discapacidad y de quienes garantizan sus apoyos cotidianos”.

“La ley no puede quedar suspendida por decisiones administrativas. No hay democracia posible cuando lo sancionado por el Congreso y promulgado por el Ejecutivo se frena por conveniencia política o por falta de voluntad presupuestaria”, manifestaron los prestadores.

El atleta Gabriel Novoa, la Escuela Especial Nº508 Madre Teresa de Calcuta, la Banda Red, Juan Antonio “Lole” Santoro y el Proyecto PUMA fueron galardonados hoy con la distinción Diego Camerucci, en un acto que se realizó en el Concejo Deliberante dentro de las conmemoraciones por el Día Municipal de las Personas con Discapacidad.

El evento inició con la proyección de un breve video documental sobre la vida de Diego Daniel Camerucci, docente e investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), licenciado en Trabajo Social y autodefinido “militante por la igualdad de las personas con discapacidad”. Nacido en 1969 y fallecido en 2017, su legado perdura como inspiración para una sociedad más inclusiva.

El atleta trasplantado Gabriel Novoa, Sergio Oviedo en representación de la Escuela Especial Nº508, Adriana Sapino por el dispositivo musical inclusivo Banda Red, Santoro como impulsor de la inclusión mediante instituciones como CIDELI y ALMA, el Proyecto PUMA (Por un Mar Accesible surgido de la colaboración entre la Fundación Lautaro Te Necesita, el Instituto Industrial Pablo Tavelli y CAFAMAR fueron los galardonados.

La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Zulcovsky, felicitó a los distinguidos “por la lucha cotidiana, por no bajar los brazos y por seguir impulsando aquello que creen justo. Qué importante es que la discapacidad pueda ser visibilizada e incluida. Hay un compromiso de seguir acompañando estos premios, a las personas que luchan por una comunidad más justa, inclusiva e igualitaria”.

El acto contó con la presencia de los concejales Daniel Núñez, Horacio Taccone y Miguel Guglielmotti; la directora de Desarrollo Social, Vilma Baragiola; la directora de Políticas para Personas con Discapacidad, Carina Cermesoni; familiares de Diego Camerucci e invitados especiales, entre ellos Silvia Aballay, presidenta de COMUDIS.

En el marco de la compleja situación que atraviesa el sector, la organización Prestadores Unidos Mar del Plata convocó a una nueva movilización este jueves 4 desde las 11:00 frente a la Municipalidad, en Luro e Yrigoyen. Allí esperan reunirse junto a instituciones, personas con discapacidad y sus familias con el objetivo de manifestar un “no al veto” y exigir a los senadores que aprueben definitivamente la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Jessica Machado, integrante de la entidad, aseguró en diálogo con El Marplatense sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad que “no soluciona toda la problemática del sector, pero viene a poner un aire fresco en una situación totalmente de emergencia y crítica”. Y agregó que la convocatoria es “para visibilizar claramente todo aquello que el Estado quiere ocultar”.

“Plata había, lo que no hay es decisión política para que ese dinero llegue a quienes tiene que llegar”, manifestó Machado. Y denunció que llevan meses sin aumentos en sus honorarios profesionales, cobrando las prestaciones con demoras de 60 o 90 días y en condiciones de absoluta precarización “frente a un sistema que nos recorta y vulnera nuestros derechos”.

Por último, la mujer señaló que las personas con discapacidad enfrentan una situación en la que “ven cada vez recortadas más sus prestaciones, con menos acceso a lo que requieren para mejorar su calidad de vida”.

El Gobierno nacional presentará una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró inconstitucional el decreto que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, destinada a incrementar los fondos para las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La acción se formalizará en los próximos días, según confirmaron fuentes oficiales.

El Ejecutivo, representado por el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, argumenta que el magistrado “se extralimitó en sus funciones”. Amerio, quien asumió su cargo en marzo en presencia del presidente del Consejo de la Magistratura y titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, llevará adelante la denuncia. Desde la Casa Rosada sostienen que “lo que entendemos es que se excedió y que hubo mal desempeño”, en referencia a la actuación del juez.

Paralelamente, el Gobierno apelará el fallo de González Charvay ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, tribunal con competencia sobre el juzgado de Campana. Los equipos técnicos del oficialismo trabajan en la elaboración de ambos documentos, con el objetivo de presentarlos en el corto plazo, según informaron desde Balcarce 50.

El Ejecutivo también prepara una estrategia judicial para frenar la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras el rechazo al veto presidencial en la Cámara de Diputados. Reconociendo la dificultad para obtener apoyos en el Senado, que podría convalidar la negativa al veto, el Gobierno evalúa recurrir a la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en la Cámara Alta, argumentando que la autoconvocatoria fue ilegal y que lo sancionado carece de validez.

Otra alternativa en análisis es realizar una presentación ante el fuero Contencioso Administrativo, enfocada en la “imposibilidad de la aplicación de la ley” debido a la insuficiencia de fondos. Según el oficialismo, las fuentes de financiamiento previstas en la norma no cubren más del 15% de los recursos necesarios, apelando a la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En un intento por acercar posiciones con los bloques aliados antes de la sesión en el Senado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Presidente está “considerando” un aumento en las prestaciones para personas con discapacidad. Sin embargo, desde el entorno del jefe de Estado aclararon que aún no se definió el monto del incremento ni la fecha de implementación.

Fuente: con información de TN

La Municipalidad de Mar Chiquita, a través de las Secretarías de Deportes, Cultura y Discapacidad, lanzará un Club de Día para Jóvenes con Discapacidad en la zona costera. Este espacio, destinado a personas de 18 a 30 años, comenzará a operar el próximo lunes 18 en el Polideportivo de Santa Clara del Mar.

El Club de Día funcionará los lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 17:00, ofreciendo diversas actividades como deportes, talleres culturales, actividades sociales y salidas programadas. Estas propuestas buscan promover la integración, el desarrollo personal y la recreación de los participantes.

El intendente Walter Wischnivetzky destacó que la intención es “seguir sumando espacios inclusivos que garanticen derechos y oportunidades para todos los jóvenes. Este Club de Día es un paso más para que las personas con discapacidad tengan un lugar de encuentro, formación y disfrute en la comunidad”.

Los interesados en participar pueden acercarse al Polideportivo de Santa Clara del Mar durante los horarios de funcionamiento para inscribirse y obtener más información sobre el programa.

Quedó inauguró en Coronel Vidal el Centro de Promoción para Personas con Discapacidad, un espacio ubicado en la sede del Rotary Club local. En el acto, que fue encabezado por el intendente Walter Wischnivetzky, se destacó esta obra colaboración con el municipio y la institución rotaria.

Wischnivetzky destacó precisamente que el proyecto surgió al “poner voluntades en paralelo con el Rotary Club, a cargo de Eleonora Navarro”. Esta iniciativa busca promover la inclusión y generar oportunidades laborales para personas con discapacidad.

“Este espacio es una muestra de que así se modifican las realidades, generando oportunidades e inclusión”, enfatizó el jefe comunal, y añadió: “Este es el camino: trabajar en conjunto pensando en el futuro de nuestros chicos y también de nuestros adultos”.

El nuevo centro funcionará como un taller con el objetivo de fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad. Durante el acto, Wischnivetzky expresó que “es una tarde de mucha alegría y mucha emoción. Rosa Blasetti, quien fue directora de Discapacidad, tenía esta asignatura pendiente y hoy lo vemos concretado. Esto también es en su honor”.

Por su parte, la secretaria de Discapacidad, Selva Lescano, subrayó el compromiso del centro con la inclu0sión: “Marca un compromiso firme con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para todos”. Además, señaló que el espacio estará dedicado a “brindar apoyo, asesoramiento y servicio”, asegurando “un lugar de hospitalidad, orientación y justicia para todos” mediante programas que promuevan la inclusión.

Wischnivetzky resaltó además la versatilidad del centro, afirmando: “Es una herramienta que tendrá mucho contenido y proyectos. Vamos a potenciar y albergar todo lo que la comunidad nos proponga”. 

El evento contó con la presencia de autoridades como la directora de Discapacidad, Teresa Vera; el secretario de Salud, Ludovico Gordon; la titular de Niñez, Adolescencia y Tercera Edad, Virginia Vázquez; y Verónica Zarza, responsable de Desarrollo Social.

En el marco del tratamiento en el Senado de la ley de emergencia en discapacidad, integrantes del colectivo Prestadores Unidos Mar del Plata realizaron una vigilia frente al Municipio. Jessica Machado, una de las referentes del espacio, alertó: “Si hoy no se aprueba la ley, el sistema como lo conocemos va a desaparecer”.

La protesta reunió a transportistas, profesionales, familias y personas con discapacidad, quienes expresaron su preocupación por el deterioro de las prestaciones, los atrasos en los pagos y la falta de actualización en los honorarios.

Desde el sector reclaman que se garanticen derechos ya existentes, no nuevas conquistas. “Se están vulnerando derechos adquiridos. Ni siquiera estamos pidiendo leyes nuevas, sino que se cumplan las que ya existen”, explicó en diálogo con El Marplatense.

Machado también cuestionó el silencio de los organismos oficiales y la falta de respuestas de los concejales marplatenses, a pesar de los reiterados pedidos de reunión. “Hace más de un año y medio que no nos convocan. Es vergonzoso”, afirmó.

La ley que se discute hoy no solucionaría todos los problemas, pero sería un paliativo. “Es una gran curita para un sistema en estado crítico. Sin eso, directamente se muere”, concluyó la vocera.

La organización marplatense “Guías a la Par” celebra ocho años de trabajo sostenido con una peña abierta a la comunidad este domingo al mediodía. Nacida en 2017 como un espacio de inclusión real a través del deporte, el grupo promueve la participación de personas con y sin discapacidad en actividades físicas y recreativas, apostando a un modelo colaborativo y horizontal.

“Hoy somos más de 70 personas trabajando juntas”, destacó Marisa, una de las voluntarias fundadoras. “No hablamos de inclusión porque ya es natural: cada uno colabora desde lo que puede y lo que sabe hacer mejor, sin importar si tiene o no discapacidad”, señaló en diálogo con El Marplatense.

El trabajo en equipo es el corazón del grupo. “No es que uno ayuda al otro: todos nos ayudamos mutuamente. Nos enfocamos en el potencial de cada persona, y ese es el lugar que ocupa en el grupo, en el entrenamiento y en cada evento que organizamos”, remarcó Marisa.

Uno de los logros más recientes fue la participación, por primera vez, de integrantes del grupo en los Juegos Bonaerenses. “No existe una categoría para personas con discapacidad que caminan, así que inscribimos a dos mayores de 60, una que ve y una que no, en la categoría convencional. El objetivo es claro: movernos, compartir, competir, más allá de cualquier etiqueta”, explicó.

Actualmente, una de las necesidades más urgentes del grupo es la incorporación de nuevos guías caminantes. “Estamos algo retrasados con los talleres de formación porque todo es voluntario y lleva mucho tiempo. Pero necesitamos capacitar más gente cuanto antes”, afirmó.

A pesar de las dificultades de coordinación y tiempos, Marisa valora el compromiso de quienes siguen desde el primer día. “Una vez que alguien se suma y siente que pertenece, es muy difícil que lo deje. Pero coordinar actividades entre 40 guías y más de 30 personas con discapacidad no es fácil”, admitió. Sin embargo, la energía y el entusiasmo no faltan: “Seguimos creciendo, caminando juntos, como desde el primer día”.

En una sesión atravesada por la tensión y con un resultado que sorprendió incluso a sus impulsores, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles tres iniciativas de fuerte impacto social: un aumento del 7,2% para todas las jubilaciones, un bono de $110.000 para quienes perciben el haber mínimo y la restitución de la moratoria previsional por dos años. También dio media sanción a la ley de emergencia en discapacidad, que busca reforzar derechos y financiamiento para personas con discapacidad y los prestadores del sistema.

Los proyectos ahora deberán pasar por el Senado, pero desde el Poder Ejecutivo ya anticiparon que el presidente Javier Milei los vetará si se convierten en ley. Desde La Libertad Avanza estiman que el costo fiscal combinado de estas medidas alcanzaría el 1,8% del PBI, algo que consideran incompatible con el objetivo de déficit cero.

Pese a las advertencias del oficialismo, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y diputados de provincias como Tucumán y Salta, que responden a mandatarios aliados al Gobierno, lograron imponerse con una mayoría inesperada.

“Se trata de crear una prestación proporcional, donde contemple que las personas que aportaron entre 10 y 29 años puedan tener una proporción de ese esfuerzo”, argumentó la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, impulsora de la propuesta alternativa al régimen de moratoria. La iniciativa, consensuada con Nicolás Massot y Alejandra Torres, propone una fórmula específica: parte de la Prestación Básica Universal más un adicional del 1,5% por cada año de aporte.

El dictamen de mayoría aprobado eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, suma congelada desde marzo de 2024 y con una pérdida del 40% de su poder adquisitivo. Con el aumento y el bono, el haber mínimo podría escalar a $436.727, siempre que también se apruebe en el Senado.

Además, el proyecto plantea fuentes de financiamiento para amortiguar el impacto fiscal: eliminar exenciones al IVA y Ganancias para ciertos sectores empresariales, redireccionar partidas asignadas por DNU a la ex SIDE (por $33.000 millones) y nacionalizar fondos de registros automotor.

Desde el oficialismo, sin embargo, el rechazo fue contundente. “El presidente ya adelantó que va a vetar estas sanciones. Es una decisión del Poder Ejecutivo y lo prioritario es mantener el equilibrio fiscal”, sostuvo el diputado libertario Lisandro Almirón. Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, advirtió que el costo fiscal total superaría los 12.000 millones de dólares.

La Cámara también aprobó con 143 votos afirmativos la ley de emergencia en discapacidad, que regirá hasta fines de 2027. El proyecto, impulsado por Daniel Arroyo, propone una serie de medidas administrativas y presupuestarias: incremento de pensiones no contributivas por invalidez (equivalentes al 70% del haber mínimo), actualización automática de aranceles para prestadores del sistema, condonación de deudas fiscales y fortalecimiento del funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta iniciativa también fue duramente criticada por el oficialismo, que la consideró “demagógica” y sin respaldo presupuestario claro.

Ante la inminencia del veto, algunos sectores del radicalismo propusieron establecer un plazo de 30 días para que el Ejecutivo aplique el bono con gradualidad, utilizando el superávit fiscal y los gastos tributarios. “No queremos que los jubilados vuelvan a quedarse sin respuesta, como ya pasó con el veto anterior”, sostuvo el radical Lisandro Nieri.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue categórico: el Gobierno utilizará “todas las herramientas constitucionales” para evitar que se comprometa la estabilidad fiscal. Desde la oposición, en cambio, anticiparon que insistirán si el veto se concreta. “El Congreso no puede estar cerrado y al servicio del oficialismo. Tenemos la obligación de representar a los sectores que están esperando respuestas”, sostuvo el diputado socialista Esteban Paulón.

El antecedente más cercano ocurrió en septiembre de 2024, cuando Milei vetó una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Entonces, 87 diputados respaldaron la decisión del Ejecutivo. Ahora, el escenario podría cambiar. Los próximos movimientos en el Senado y la eventual reacción del presidente marcarán el tono del nuevo capítulo entre el Congreso y la Casa Rosada.

Fuente: TN

Con una caravana de camionetas y una concentración frente al Palacio Municipal, organizaciones y prestadores vinculados a la atención de personas con discapacidad reclamaron este martes la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad, iniciativa que busca visibilizar la grave crisis que atraviesa el sector.

Juan Goldar, presidente de la Asociación de Transportistas y Prestadores de Servicios para Personas con Discapacidad (ATPCD), explicó la situación en dialogo con El Marplatense : “Estamos bajo una gran emergencia. Ya no podemos seguir brindando el servicio. Si esto no se soluciona, vamos a tener que pedir que se decrete el caos en discapacidad”.

Según Goldar, hace más de seis meses que la Agencia Nacional de Discapacidad no convoca a reuniones para modificar el nomenclador, herramienta que determina los valores que se pagan por las prestaciones. “Así no hay forma de sostener el transporte, que es el nexo entre las personas con discapacidad y la sociedad”, afirmó.

Durante la manifestación, el dirigente remarcó que las terapias, los centros educativos y los traslados adaptados forman parte de un sistema que permite el acceso a derechos básicos. “No es un pedido de ayuda. Estamos hablando de una ley. Las personas con discapacidad tienen esos derechos constitucionalmente garantizados”, subrayó.

Goldar advirtió que si no se declara la emergencia, el panorama será crítico: “El daño que se va a producir si esto no sale favorable va a ser prácticamente irreversible. Las personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos, van a quedar sin sus tratamientos, sin sus espacios, sin su vínculo con la sociedad”.

La protesta busca que el Estado reconozca la urgencia del reclamo. “La inclusión no se hace solo con la persona con discapacidad, se hace con la familia, con la sociedad y con un Estado presente. Hoy, ese Estado está ausente”, concluyó el presidente de ATPCD.

Frente a las puertas del Palacio Municipal de Mar del Plata, la organización Prestadores Unidos MDP encabezó una manifestación para exigir la aprobación de la ley de emergencia en discapacidad. La movilización fue acompañada por transportistas, terapeutas, familiares y personas con discapacidad, quienes reclamaron políticas públicas integrales y urgentes frente a una situación que califican como insostenible.

“Acá no hay partes, somos una gran comunidad que apoya a las personas con discapacidad y a sus familias. Por eso el reclamo es mancomunado. Logramos unirnos para visibilizar lo que está pasando y decir basta”, expresó Jessica Machado, una de las referentes del colectivo. “Queremos que se trate la ley de emergencia porque parece que no somos oíbles” manifestó en dialogo con El Marplatense.

La protesta denunció múltiples problemáticas: recortes en terapias, demoras de más de cinco meses en los pagos a prestadores, falta de aumentos en los honorarios y abandono por parte de las obras sociales. “Reclamamos también pensiones no contributivas que no se están pagando, y una auditoría real sobre el funcionamiento de las obras sociales. No se está cumpliendo la ley”, agregó Érica, otra de las voceras.

La situación, según los manifestantes, no solo afecta a los trabajadores del sector sino directamente a quienes necesitan estas prestaciones. “Hace 13 años que mi hijo tiene certificado de discapacidad y esto fue de mal en peor. Los más chicos necesitan muchas prestaciones para poder evolucionar y ser parte de esta sociedad”, expresó Érica con angustia.

El testimonio más contundente fue el de Santiago Navone, quien denunció directamente la mirada discriminadora del Estado: “Lo que dijo el director nacional de Discapacidad es una vuelta a una concepción totalmente discriminativa. El problema de la discapacidad es social. Nos puede pasar a cualquiera”.

Navone apuntó también a la falta de transporte público accesible y a la precariedad de los apoyos básicos: “Si me quedo sin acompañante terapéutico no puedo llegar a trabajar. No tenemos un sistema de transporte adaptado. Necesitamos vivir como cualquier otra persona: ir al cine, hacer kinesiología, tener calidad de vida”.

Y cerró con una definición que atraviesa el reclamo: “Estamos viendo una violación sistemática de nuestros derechos constitucionales como ciudadanos. Nos están condenando a volver al siglo XIX, y estamos en el siglo XXI”.

El contexto no es favorecedor, hay prestaciones impagas desde 2023 y los atrasos ya alcanzan los nueve meses. Incluso algunos transportistas no tienen las autorizaciones legales para ejercer su labor por el cambio de sistema y la migración a lo digital.

En diálogo con El Marplatense, Serrano explicó que la deuda afecta tanto al transporte como a los centros de día: “Tenemos gastos fijos que no podemos seguir sosteniendo. Los costos siguen subiendo y los ingresos están congelados”. El referente explicó que los aranceles nacionales, que marcan los valores de facturación, no se actualizan desde el año pasado.

El congelamiento de los aranceles, sumado a la suba constante de combustibles, servicios y salarios, empuja a los prestadores al límite. “Entre octubre y diciembre del año pasado el incremento fue solo del 2,8%, y en lo que va de 2025 no se tocó”, advirtió.

En la reunión con autoridades de IOMA, los transportistas recibieron una explicación: la demora se debería a la transición hacia un nuevo sistema digital para las autorizaciones y la carga de prestaciones. “Nos dijeron que tomaron nota de la deuda y que se van a activar los pagos a la brevedad”, relató Serrano.

Sin embargo, no hubo respuesta concreta sobre una posible actualización de los aranceles. “Nos explicaron que eso no depende de ellos, sino que se está discutiendo a nivel nacional”, dijo. La Federación de Transportistas (FATRADIS) y otras entidades ya elevaron el reclamo en el Congreso, pero la definición aún no llega.

“Hoy estamos sosteniendo el servicio a pulmón, pero si esto sigue así, no vamos a poder continuar”, alertó Serrano. A pesar de las dificultades, destacó que lo más importante son las personas con discapacidad que dependen de estos servicios. “Ahí está el foco. Necesitamos que quienes toman decisiones lo entiendan y actúen en consecuencia”.

Por último, recordó que la crisis no solo afecta al transporte y a los centros de día, sino también a otros prestadores del sistema, como acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales y hogares. “Todos estamos encuadrados dentro de un nomenclador nacional que está completamente desactualizado”, concluyó.

Desde la agrupación Prestadores Unidos MDP, que asiste a personas con discapacidad, manifestaron su postura contraria a un reciente comunicado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) respecto del tratamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunciaron retrasos en el aumento de los servicios que prestan, así como demoras en el pago. “Es muy cruel que haya un recorte en uno de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad”, señalaron.

Los integrantes de la agrupación consideraron que el documentado presentado por este organismo “no sólo niega la crítica situación del sector, sino que incurre en contradicciones, omisiones y datos inexactos que atentan contra la verdad y la dignidad de las personas con discapacidad”. Además, remarcaron que el comunicado oficial habla de una “mejora sostenida de los valores prestacionales” cuando el “desfasaje está por encima del 300%”.

Lucía, integrante de Prestadores Unidos MDP, indicó a El Marplatense que la situación de los trabajadores es “muy irregular, no sólo con respecto a los pagos, que en este momento superan los 90 días, sino también por autorizaciones que vienen con recortes, porque no hay un sector a donde reclamar, porque cada vez los papeles y los requisitos administrativos son mayores”.

Según explicó, los honorarios de los prestadores está actualmente en los 12.000 pesos, cuando para el sistema el monto mínimo ético de los colegios supera los 22.000 pesos: “Esto quiere decir que estamos cobrando, incluso colegas que hace 25 años que están en el área, la mitad de lo que nos corresponde como monto mínimo”.

En ese sentido remarcó que “todo esto es histórico para nuestro colectivo” y recordó que “venimos denunciando en distintas áreas, hace desde mucho tiempo, esto no es actual”. Para Lucía “esto habla de la deuda que tienen los diferentes gobiernos, es acumulativo, no es del actual gobierno aunque también estamos en desacuerdo con las políticas de salud o con los recortes que hay”.

La trabajadora señaló sobre la Ley de Emergencia que “intenta proteger y cubrir los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores”. Y confió que se trata de personas “formadas específicamente en el área. Somos especialistas en lo que hacemos. Con lo cual, nuestros honorarios tendrían que ser superiores a un monto mínimo, porque el monto mínimo que sugiere que recién se ingresa al sistema de salud”.

Sobre el desfasaje salarial, desde Prestadores Unidos MDP indicaron que con una inflación del 211,4% en 2023 la recomposición fue del 114%, en 2024 la recomposición fue del 74,9% con una inflación del 117,8%, y en lo que va de este año no hubo aumentos con una inflación del 8.4%. De ahí, que determinan que el desfasajes es superior al 300%.

“Lo que está pasando ahora es que la Superintendencia de Salud que responde al Gobierno actual está en desacuerdo porque considera que no tiene los medios para arbitrar estas decisiones. Por ejemplo, que no tiene los fondos necesarios para poder hacer frente a esta necesidad, que no es ni nada más ni nada menos que los derechos de los trabajadores y de las personas con discapacidad”, consideró Lucía.

Ante este panorama, para la trabajadora se pone “en riesgo” todo lo que es la atención de las personas. Y calificó a la atención ante la Superintendencia de Salud “como hablar con una pared o peor, porque muchas veces el maltrato es tal que las personas dejan de hacer tratamientos o de luchar por sus derechos. Y ante la negativa, las personas con discapacidad o sus familiares tienen que recurrir un recurso de amparo que es algo costoso”.

La crisis en el sector es tal, que según indicó la prestadora de salud “muchos profesionales ya no se dedican a atender a personas con discapacidad, no se atienden ciertas obras sociales porque se sabe que no se cobra, hay consultorios cerrados. Es muy cruel que haya un recorte en uno de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad”.

Por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde la Dirección General de Políticas Para Personas con Discapacidad realizaron una muestra en plena Peatonal San Martín, donde participaron emprendedores de diversas entidades y se mostraron los avances realizados en diferentes disciplinas.

“Estamos muy contentos, es un día muy especial para nosotros, poder mostrar y traer acá todo lo que se viene trabajando, todo lo que trabajamos día a día durante todo el año. Nos llena de orgullo y alegría poder compartirlo”, contó a El Marplatense Carina Cermesoni, directora general del área.

La actividad era llamativa y las personas que pasaban por ahí no podían evitar quedarse un rato y participar: “Obviamente la música convoca, cada vez que escuchan algún acorde se suma gente y se queda disfrutando de algún espectáculo”, contó Cermesoni.

Además de las diversas demostraciones que se ejecutaron, se pudo disfrutar de la feria de emprendimientos en los gazebos colocados alrededor, donde se ofrecían productos realizados por cada una de las instituciones participantes.

En relación a los avances y retrocesos relacionados con la problemática de las personas con discapacidad, Cermesoni se sinceró que dijo que “siempre los contextos suelen ser hostiles para la discapacidad”.

Y en ese sentido exaltó que “venimos trabajando en charlas de buenas prácticas en distintas instituciones, sean de salud o de educación, incluso dentro del mismo organismo de la Municipalidad para que de a poco vaya siendo una ciudad cada vez más inclusiva”.

Este martes, frente a la Catedral, se realizará una jornada abierta a toda la comunidad con feria y espectáculos artísticos que comenzarán a las 13. Las presentaciones estarán protagonizadas por personas con discapacidad de diversas organizaciones. Para más información, ingresar en mardelplata.gob.ar/discapacidad.

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Municipio de General Pueyrredon llevará a cabo la tercera edición del Festival por el Día de las Personas con Discapacidad. La actividad tendrá lugar este martes, de 10 a 16, en el playón frente a la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, en Plaza San Martín.  

El evento contará con espectáculos artísticos y una feria de emprendedores, abierta a toda la comunidad. Los puestos estarán disponibles desde las 10, mientras que las presentaciones artísticas comenzarán a las 13.  

Organizado por la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, el festival incluirá las actuaciones de la agrupación folklórica Guiando Raíces, Asdemar, Alma de Bailarín, el Centro Kumelén, la pareja de baile integrada por Miranda y Orlando González, y el hogar de día Portal del Sol. También se presentará la Banda Red, y el cierre estará a cargo de artistas nucleados en el Sindicato de Empleados de Comercio, quienes ofrecen propuestas artísticas durante todo el año.  

Reflexión sobre la fecha

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue proclamado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su propósito es promover los derechos y el bienestar de este colectivo en todos los ámbitos, fomentando su inclusión y oportunidades para un desarrollo pleno.  

En este sentido, la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad del Municipio desarrolla acciones destinadas a difundir derechos, brindar información y responder consultas sobre servicios como la gestión del Certificado Único de Discapacidad y la tarjeta SUBE, entre otros.  

Próximas actividades  

Además del festival, el jueves 5 se ofrecerá una charla a las 10 en la Escuela de Educación Especial Alito. El miércoles 11, la actividad se trasladará a la Escuela Modelo de Educación Especial.  

Para más información, se puede visitar el enlace mardelplata.gob.ar/discapacidad 

La Justicia ordenó hoy a las empresas de micros de larga distancia que deberán cumplir con la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad y sus acompañantes, en cumplimiento de la legislación vigente.

La decisión busca asegurar el derecho al acceso al transporte público, y se da luego que el Gobierno de Javier Milei avanzara con la desregulación del sector, por lo que las compañías dejaron de respetar el cupo de discapacidad previsto en la Ley Nº22.431.

El fallo responde a denuncias realizadas por pasajeros que se enfrentaron trabas para obtener los pasajes establecidos por ley que data de principios del año 2000, que estipula la gratuidad de estos boletos como parte de un esquema de inclusión social.

Frente a esto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) había presentado una medida cautelar ante la Justicia el 25 de octubre, para que las empresas estén obligadas a ofrecer pasajes para personas con discapacidad. “Las empresas deben cumplir con su obligación legal y asegurar que las personas con discapacidad puedan movilizarse sin barreras”, destacó el tribunal en su resolución.

La medida no solo refuerza los derechos de las personas con discapacidad, sino que también impulsa una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes para garantizar su cumplimiento.

En este sentido, el fallo determinó que las empresas están obligadas a reservar un mínimo de dos asientos para servicio para personas con discapacidad; los acompañantes también tienen derecho al paso gratuito cuando sea necesario, según lo acredita el certificado de discapacidad; y se prevén sanciones económicas para las empresas que incumplan esta normativa.

Fuente: DIB

Facundo Godoy, un empleado del Servicio Penitenciario Bonaerense que cumple funciones el Registro de Internos de la Unidad Penal N°50 de Batán será el arquero de la Selección Argentina de Fútbol 7 que competirá en el mundial de fútbol para personas con parálisis cerebral que se disputará en Barcelona (España).

El deportista tiene 21 años y vive en Mar del Plata. Su trabajo en la Unidad Penal N°50 está relacionado con lo que contempla la ley de discapacidad: hace seis meses hizo su ingreso al Servicio Penitenciario Bonaerense. Facundo recibió el apoyo de las autoridades de la cárcel y desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

Por una falta de oxigenación durante el parto de su mamá, tiene una dificultad motriz en una de sus piernas. Desde chiquito practica esta disciplina y actualmente es arquero del Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI) de Mar del Plata.

Allí conoció al director técnico de la Selección Argentina de Fútbol PC, Marcelo Sánchez, quien lo convocó para vestir la celeste y blanca. “El año pasado fui a los parapanamericanos en Bogotá con los juveniles y después pasé al seleccionado mayor con el que vamos a jugar el mundial en Barcelona, del 5 al 24 de noviembre”, contó.

En cuanto a la preparación que requiere este tipo de compromiso, Godoy indicó que “todos los meses nos juntamos a entrenar una semana en el CENARD, hacemos concentraciones, cancha y gimnasio”. Para él, pertenecer a la Selección “es un orgullo muy grande” y aunque declaró tener “muchos nervios porque va a ser mi primera competición con la mayor”, afirmó que “tenemos un buen grupo, muy unido, estamos confiados de dar lo mejor para tratar de ganar y salir campeones”.

La competencia mundial contará con la participación de 14 equipos divididos en distintas zonas. Argentina comparte zona con Ucrania y España y disputará el primer partido el 12 de noviembre cuando enfrentará a Ucrania, último campeón del mundo. El plantel está compuesto por catorce jugadores y cuatro integrantes del cuerpo técnico.

Facundo destacó que esto es posible gracias a la Federación Argentina de Deportes para personas con Parálisis Cerebral (FADEPAC), al Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y a la Secretaría de Deportes de la Nación.

Con relación al trabajo en el SPB, el jugador agradeció el acompañamiento de todas las autoridades y a la jefatura de Unidad 50, a cargo del director José Torres, y dijo que “me dan una licencia deportiva, me dan permiso siempre, desde el primer momento me dijeron que me iban a ayudar y así es”.

Facundo también agradeció a Andrea Fernández, directora general de Recursos Humanos del SPB, porque siempre estuvo pendiente de su evolución no solo laboral sino también deportiva.