Desde este lunes 13 se podrá retirar en el Palacio Municipal (Yrigoyen y Luro) el Pase Libre Multimodal, tarjeta que habilita a viajar en forma gratuita en el transporte interurbano, otorgada por el Ministerio de Transporte provincial. Por lo tanto, las personas con discapacidad que hayan tramitado esta tarjeta pueden retirarla en días hábiles de 08:00 a 14:00 en la oficina de la planta baja, presentando el DNI del beneficiario.

Carina Cermesoni, directora general de Políticas para Personas con Discapacidad de la Municipalidad, explicó en diálogo con El Marplatense que este beneficio permite trasladarse “en transporte terrestre, ferroautomotor o fluvial de forma gratuita”, tanto en servicios interurbanos como de larga distancia, con o sin acompañante según cada caso.

La funcionaria detalló que el trámite se inicia de manera online y que “las personas que tienen certificado único de discapacidad actualizado pueden solicitarlo a través de un formulario”, ingresando al sitio oficial del Ministerio. Además, el sistema permite hacer el seguimiento del estado del trámite y canalizar reclamos a través del mismo enlace.

En esa línea, se recordó que pueden acceder al beneficio no solo personas con discapacidad, sino también personas trasplantadas o en lista de espera, quienes deben contar con DNI y Certificado Único de Discapacidad o la credencial correspondiente del INCUCAI o CUCAIBA. Asimismo, al momento de gestionar el pase, es necesario seleccionar el Partido de General Pueyrredon para que la tarjeta sea enviada al distrito.

Sobre el circuito administrativo, la funcionaria precisó que el Ministerio provincial “va a recibir el pedido, imprime y luego nos avisa a nosotros la Dirección de Discapacidad para pasar a retirarlo”, ya que es el área municipal la encargada de recibir las credenciales y entregarlas a los beneficiarios.

En cuanto a la demanda, destacó que durante enero “se retiraron cerca de 700 pases”, aunque aclaró que todavía hay muchos disponibles. Por eso, remarcó que “solicitaron este pase antes de enero, probablemente ya se encuentre en el municipio”.

Finalmente, recordó que el Pase Libre Multimodal no reemplaza la tarjeta SUBE para los viajes urbanos en colectivos de línea dentro de la ciudad.

El Gobierno nacional apeló hoy la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad. El recurso fue concedido con “efecto devolutivo”, lo que implica que la sentencia se mantiene vigente hasta que se expida la Cámara Federal de San Martín.

La apelación lleva la firma del Procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, y de Julio Comadira. El magistrado otorgó al Ejecutivo un plazo de cinco días para presentar los fundamentos detallados de la impugnación.

El pasado viernes 12, el juzgado federal hizo lugar a un amparo colectivo presentado por padres de niños con Certificado Unico de Discapacidad, y ordenó la puesta en marcha de la Ley 27.793. El fallo también suspendió el artículo que exigía al Congreso explicitar las fuentes de financiamiento para su implementación.

La ley había sido aprobada en julio, estableciendo la emergencia en el sector hasta fines de 2027. Aunque el Ejecutivo la vetó por razones de equilibrio fiscal, el Congreso insistió en su sanción y logró su promulgación sin restricciones. Sin embargo, el Gobierno emitió el Decreto 681/2025, condicionando su entrada en vigencia a la inclusión de partidas presupuestarias específicas.

Los demandantes argumentaron que el decreto presidencial paralizaba la ley y dejaba sin protección a miles de personas, impidiendo el acceso a tratamientos, servicios de calidad y derechos básicos como salud, educación e integración social. También señalaron que el Ejecutivo no puede condicionar una ley ratificada por el Congreso ni someterla a normas de menor jerarquía.

Desde el Ministerio de Salud, se rechazaron las acusaciones de arbitrariedad y se defendió que aplicar la ley sin fondos definidos pondría en riesgo la estabilidad financiera del Estado y otros programas prioritarios.

El juez González Charvay consideró inválida la disposición del artículo 2 del decreto, por contradecir el mandato de promulgación establecido en el artículo 83 de la Constitución Nacional. Además, descartó los argumentos fiscales del Gobierno, recordando que el Congreso había autorizado al jefe de Gabinete a ajustar el presupuesto para cubrir la ley, y que desde diciembre de 2023 se realizaron más de 19 reasignaciones para otras áreas.

“Nada obsta para que la Jefatura de Gabinete utilice el mecanismo de financiamiento previsto en la Ley 27.793 y reoriente fondos como ha hecho en múltiples ocasiones. De lo contrario, se configuraría un manejo selectivo y discriminatorio de los recursos, contrariando las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado argentino”, expresó el magistrado.

La sentencia subrayó la urgencia de aplicar la ley, especialmente para niños y adultos mayores con discapacidad, y la necesidad de una salvaguarda especial.

Fuente: con información de TN

En una jornada especial, multitudinaria y emotiva la Cámara de Diputados fue sede del primer parlamento bonaerense de la discapacidad, organizado por la diputada Margarita Recalde y contó, en la apertura, con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara. Además, estuvieron presentes las diputadas Soledad Alonso, Mayra Mendoza y su par Ariel Archanco.

El público presente pudo asistir a múltiples y multitudinarias actividades que se desarrollaron a lo largo del día y de las que participaron personas con discapacidad, familiares, organizaciones, legisladores y funcionarios provinciales.

El espacio brindado fue destinado a escuchar, dialogar y debatir con el objetivo de fortalecer la legislación y las políticas públicas que están orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y trabajadores.

La iniciativa en el recinto estuvo conformada por tres bloques: trabajo, accesibilidad y comunidad. El trabajo con foco en la inclusión al empleo de las personas con discapacidad; la accesibilidad vinculada a las transformaciones para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos sin impedimentos; y comunidad, dedicado a los espacios que ocupan diariamente.

Como se estableció en el llamamiento a la jornada, la convocatoria se enmarca en los principios establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como objetivo eliminar las barreras físicas y sociales, garantizar el acceso a la educación, al empleo y la salud, y fomentar una cultura de respeto hacia todos.

Al comenzar el encuentro, el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, tomó la palabra y celebró este primer parlamento al afirmar que “una sociedad más inclusiva no se construye solamente desde las normas sino que también desde los vínculos y los ámbitos que compartimos”. Y concluyó diciendo que “una sociedad justa se mide en cómo trata a las personas con discapacidad y en quienes más necesitan el acompañamiento del Estado”.

Por su parte, la diputada Margarita Recalde se mostró conmovida por la presencia de decenas de personas y aseguró que “es un orgullo poder generar este tipo de instancias que son fundamentales y que tienen a las personas con discapacidad como protagonistas”.

Como parte de la actividad y como complemento del Parlamento se entregaron, en el Salón Auditorio del Edificio Anexo, los sellos Argentina Valora 2025, un reconocimiento a las organizaciones públicas y privadas que llevan adelante prácticas laborales inclusivas para las personas con discapacidad.

También, en el Salón de los Pasos Perdidos del edificio principal, se realizó una feria inclusiva con representantes de diversos talleres protegidos de la provincia, que exhibieron y brindaron información sobre sus productos.

La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon informa que aquellas personas con discapacidad que mantengan beneficios para el uso del sistema de transporte público a través de la tarjeta SUBE deberán revalidar sus plásticos para el Ciclo 2026.

Para ello se requiere que las personas usuarias que utilicen la tarjeta física y cuenten con descuentos locales se acerquen a cualquiera de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) distribuidas en distintos puntos de la ciudad y apoyen la tarjeta en el dispositivo hasta que el equipo indique que lo retire.

También se puede realizar la validación utilizando la aplicación para quienes tengan teléfono celular con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC. En este caso, es necesario ingresar a la APP, seleccionar la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que muestre el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. 

Para utilizar el validador a bordo del colectivo, se debe indicar al chofer que el usuario tiene una actualización pendiente en la SUBE, para luego, acercar la tarjeta al validador, que se ubica en el mismo punto en el que se paga el boleto. No se debe retirar la tarjeta hasta que la pantalla indique que la validación se ejecutó correctamente.

Esta actualización responde a un requerimiento técnico propio del sistema SUBE a nivel nacional y es indispensable llevarlo a cabo para que las personas con discapacidad accedan sin inconvenientes a los descuentos correspondientes.

Se puede consultar el listado de Terminales Automáticas SUBE de todo el distrito de General Pueyrredon ingresando en www.mardelplata.gob.ar/discapacidad/terminalessube

A casi un año de haberse decretado la Emergencia en Discapacidad y a más de dos meses de la promulgación de la Ley 27.793, el Gobierno nacional continúa sin aplicar las medidas que dicha norma establece. Diversas entidades del sector denunciaron a través de un comunicado titulado “no somos cómplices” que el Estado argentino “incumple un mandato legal y social” que exigía “respuestas urgentes” para un sistema que atraviesa una “crisis estructural”.

La ley, sancionada por el Congreso tras un amplio proceso, ordenaba corregir un desfasaje arancelario del 70%. Sin embargo, el aumento recientemente anunciado alcanza solo el 35% y se terminará de cobrar entre marzo y abril de 2026. “Lo que debía ser una reparación se convirtió en una nueva forma de ajuste”, señalan desde el colectivo de prestadores.

El incremento, además de insuficiente, se considera tardío y ajeno a la gravedad del contexto. No contempla compensación retroactiva por lo no reconocido entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024, lo que equivale a tres meses de facturación perdida. Mientras tanto, “los prestadores continúan endeudándose, las instituciones se sostienen con recursos mínimos y las familias asumen costos que el Estado debería garantizar”.

“El aumento correspondiente a octubre se hará efectivo recién entre enero y febrero de 2026”, advirtieron. A esto se suma el atraso arancelario acumulado, que obliga a las instituciones a afrontar gastos ordinarios, incrementos salariales, aguinaldos, combustible y servicios básicos con valores desactualizados.

Desde el sector afirman que el discurso oficial habla de avances, pero la realidad es otra. “El aumento no representa una mejora: representa el desconocimiento de una ley vigente, un acto de desobediencia institucional que precariza la atención, debilita a las instituciones y condena al colectivo de la discapacidad a seguir sosteniendo, con esfuerzo y deuda, lo que el Estado elige desfinanciar”.

Se realizó la presentación de una serie de proyectos de ley elaborados por la diputada Margarita Recalde que incorporan una perspectiva de inclusión laboral y ambiental en los procesos de Compras y Contrataciones de la provincia de Buenos Aires.

Según explicó la legisladora, “la idea es hacer una modificación en la actual Ley de Compras y Contrataciones para incorporar la perspectiva de discapacidad a la hora de ser proveedor del Estado provincial, trabajando con talleres protegidos y cooperativas y, de esta forma, tener prioridad en las compras y contrataciones”.

De este modo, “aquellas empresas y pymes que quieren ser proveedoras del Estado provincial tengan en su planta contratadas formalmente a personas con discapacidad para tener prioridad a la hora de ser proveedoras”.

Así también, fue presentado otro proyecto de ley para crear un Registro Provincial de Transportistas de Personas con Discapacidad “para darle previsibilidad y confianza a aquellas familias que necesitan contratar a alguien para trasladar a familiares con discapacidad”, puntualizó Recalde.

Por su parte, el periodista, escritor y actor Gonzalo Giles, activista argentino que perdió la voz a los cinco meses por una meningitis pero se comunica a través de una aplicación en su celular,  remarcó que “el trabajo no debería ser un privilegio sino un derecho con acceso real, pero hay miles de personas con discapacidad que no consiguen empleo, no porque no puedan, sino porque el sistema no quiere verlos debido a que lo seguimos confundiendo con caridad y las oportunidades con favores”.

Por tal motivo, reclamó “políticas públicas que no se queden en los slogans sino que exijan cupos reales y accesibilidad física en los lugares de trabajo”, y consideró necesario legislar al respecto “porque sin ley no hay derechos y sin derechos no hay dignidad, la igualdad no se negocia se garantiza”.

Participaron también del panel la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Contrataciones de la provincia de Buenos Aires, María Victoria Anadon, y la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud de la provincia de Buenos Aires, María Lourdes Farias, mientras que estuvieron presentes autoridades provinciales, legislativas y municipales, y miembros y representantes de entidades de bien público e invitados especiales.

Este viernes 24 a las 10:00 en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante se llevará a cabo el acto de entrega de las distinciones Diego Camerucci, instituidas en 2022 en el marco del Día Municipal de las Personas con Discapacidad, que se otorgan a personas e instituciones que contribuyen diariamente a promover la inclusión de personas con discapacidad.

Los galardonados son seleccionados anualmente por un comité integrado por el cuerpo legislativo, la Dirección de Políticas para Personas con Discapacidad, la COMUDIS y la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En la categoría de Mérito Deportivo, se distinguirá al nadador trasplantado Gabriel Novoa, representante argentino en el Mundial de Trasplantados desde hace años, donde ha conquistado diversas medallas. En la edición 2025, celebrada en Alemania, obtuvo la medalla de bronce en su categoría. Su compromiso constante con la difusión del deporte inclusivo lo posiciona como una inspiración para quienes enfrentan desafíos cotidianos.

La distinción al Mérito Artístico recaerá en la Banda Red, un dispositivo musical inclusivo de encuentro comunitario impulsado por la tarea de Extensión Universitaria de la Facultad de Salud y Trabajo Social de la UNMdP. Este espacio se erige como un pilar de la inclusión, con una perspectiva integral de derechos, fomentando la participación a través del arte y, en particular, la música.

En cuanto a la Trayectoria Individual, el homenaje será para Juan “Lole” Santoro, presidente de ALMA, una de las primeras instituciones de Mar del Plata fundada como asociación para personas con discapacidad motriz. Su labor ininterrumpida durante décadas, fortaleciendo espacios de participación, encuentro, deporte, recreación y acompañamiento, sigue transformando la vida de quienes conviven con esta condición.

La distinción a la Trayectoria Institucional se otorgará a la Escuela Domiciliaria y Hospitalaria N°508 Madre Teresa de Calcuta, una institución pública, mixta y dependiente de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Atendida a estudiantes que, por razones de salud, no pueden asistir presencialmente, su equipo docente y comunidad educativa ejemplifican el esfuerzo por garantizar trayectorias inclusivas, promoviendo la integración y el desarrollo pleno de las potencialidades de los alumnos en General Pueyrredon.

Finalmente, el reconocimiento al Compromiso Social será compartido por la Fundación Lautaro Te Necesita y el Instituto Industrial Pablo Tavelli, entidades que colaboran mancomunadamente desde hace años.

La Fundación, una asociación civil dedicada a asesorar familias afectadas por leucodistrofias, impulsa actualmente un proyecto de ley para ampliar la pesquisa neonatal e incluir enfermedades como la adrenoleucodistrofia, una patología degenerativa que afecta a niños menores de 12 años.

Por su parte, el Instituto, con un amplio recorrido en formación técnica y profesional, fomenta el compromiso social entre sus estudiantes. Desde 2017, en alianza con la Fundación, construyen y donan implementos adaptados para sillas de ruedas, facilitando el acceso a playas y terrenos difíciles en balnearios y campings de la Costa Atlántica, y así promoviendo la accesibilidad recreativa y turística.

La ceremonia, que constituye el acto oficial por el Día Municipal de las Personas con Discapacidad, es abierta al público y se invita a la comunidad a participar en este evento de celebración y reflexión.

Tras una reunión caliente en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre representantes de diversos sectores vinculados a la discapacidad y el interventor del organismo, Alejandro Vilches, desde Prestadores Unidos MDP exigieron a través de un comunicado “la puesta en marcha inmediata y efectiva de la Ley 27.793, con ejecución presupuestaria real y verificable”.

La suspensión imprevista de una reunión programada para esta jornada, llevó a que los delegados ingresaran al edificio y forzaran un encuentro con Vilches. Según indicaron los prestadores “en el diálogo mantenido, el interventor no garantizó la realización de la reunión del directorio en el corto plazo y sugirió que la convocatoria podría posponerse hasta después de las elecciones”.

“Esta postergación provocó una reacción inmediata entre las organizaciones presentes, que interpretaron la respuesta como una amenaza implícita a los derechos fundamentales”, señalaron en el comunicado. Por eso, además del cumplimiento de la ley piden “la convocatoria inmediata del Directorio de ANDIS para resolver, sin más dilaciones, los puntos pendientes” y “garantías de pago inmediato a prestaciones adeudadas, actualización del nomenclador y mecanismos de transparencia en la gestión”.

Sobre la dilación a cumplir con la reunión y los pagos pendientes, Prestadores Unidos MDP señaló que es una postura que “debe ser denunciada con firmeza, pues votar no puede convertirse en moneda de cambio para garantizar prestaciones básicas que sostienen la vida diaria de miles de personas”.

“La gravedad de la situación es tangible y cuantificable -señalan y enumeran- centros de día, escuelas especiales y espacios terapéuticos cierran u operan con pérdidas; tratamientos vitales se interrumpen por falta de fondos; y profesionales e instituciones abandonan el sector o no logran mantener la atención adecuada. La postergación agrava esta realidad, que hoy se manifestó en las calles con protestas y reclamos urgentes”.

Además, recordaron que la no implementación de la Ley 27.793 “expone a personas con discapacidad, sus familias y prestadores a una vulnerabilidad extrema. Lejos de ser un retraso técnico, se trata de un vaciamiento sistemático del sistema de discapacidad, reflejo de una decisión política que desfinancia y elude responsabilidades estatales, recayendo el peso sobre este sector olvidado”.

En el comunicado, los representantes de Prestadores Unidos MDP indicaron que rechazan “cualquier forma de extorsión institucional que condicione derechos a un calendario electoral; el silencio y la dilación como instrumentos de gobierno; el vaciamiento por omisión”.

“La discapacidad no puede esperar. No toleraremos que la vida y el sustento de personas y familias queden como rehenes de decisiones políticas. Seguiremos visibilizando, acompañando y movilizando hasta que el Estado cumpla su obligación primordial: garantizar derechos, no negociarlos”, concluyeron.

Prestadores Unidos junto a personas con discapacidad, familias, instituciones y trabajadores del transporte se manifestarán este miércoles a las 11 en las puertas del Municipio en rechazo al decreto 681/2025 que frenó la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Al respecto, Jesica Machado, referente de Prestadores Unidos MDP,  señaló en diálogo con El Marplatense que “es una ley que vino a poner una curita a un sistema que está en total crisis y emergencia”. 

De modo que “este decreto constituye violencia institucional, ya que no solo frena algo aprobado por el Congreso en todas las instancias, inclusive después del veto presidencial, pone en riesgo a la comunidad de las personas con discapacidad”. 

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En esta línea, destacó que “lo que nosotros estamos observando es un gran cierre de instituciones que no pueden seguir sosteniéndose con los honorarios completamente congelados y devaluados, venimos percibiendo con un mismo importe desde diciembre 2024”. 

Ante esta situación, “los prestadores migran hacia otras profesiones porque no puede seguir sosteniendo solamente sus ingresos con los servicios a personas con discapacidad. Transportes que dejan de circular, y así todo el sistema está colapsando”, resaltó. 

Por este motivo, “el Ejecutivo debe implementar las partidas para que la Ley de Emergencia en Discapacidad sea puesta en marcha ya. Hoy se encuentra en vigencia, pero suspendida y sin partidas presupuestarias”. 

“Desde prestadores Unidos MDP pedimos el apoyo de la comunidad, ya que esto no se trata solamente de una problemática de las personas con discapacidad, sino que hablamos de derechos humanos”, concluyó. 

Los abogados que representaban a Diego Spagnuolo en la causa donde lo investigan por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad renunciaron hoy a su defensa. Se trata de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes notificaron su apartamiento del caso a través de un escrito presentado a la Justicia.

“Por medio del presente manifestamos que por motivos personales renunciamos al cargo de abogados defensores del Sr. Diego Orlando Spagnuolo que nos fuera oportunamente conferido”, se lee en el documento al que accedió Infobae.

Además, el fiscal del caso, Franco Picardi, realizó allanamientos en propiedades del ex titular de la ANDIS y Daniel Garbellini, otro ex funcionario del organismo, y en otro operativo llevado a cabo en la sucursal de un banco se encontraron 80 mil dólares y 2 mil euros sin declarar en una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo.

Tanto Diego Spagnuolo como Daniel Garbellini optaron por no apoyar el pedido de nulidad presentado por la defensa de la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, también investigada en el expediente. Los abogados de Spagnuolo -que ahora renunciaron- argumentaron la necesidad de revisar el expediente antes de fijar posición y solicitaron una prórroga ante el juez federal Sebastián Casanello.

Hasta el momento, las defensas de ambos ex funcionarios no habían acompañado el planteo de nulidad ni descartaron la posibilidad de que Spagnuolo se convierta en imputado colaborador, aunque su entorno sostiene que no han tomado una decisión definitiva al respecto.

El pedido de nulidad cuestiona la validez de los audios como prueba, denunciando un inicio del proceso caracterizado por “oscurantismo” y desinformación, y señalando una supuesta vulneración al derecho a la intimidad consagrado en la Constitución Nacional. Por este motivo, consideraban que todo lo actuado en la causa debe ser anulado.

Actualmente, ninguna de las personas mencionadas en la causa -Spagnuolo, Garbellini o los dueños de la droguería- recibió una imputación formal. El expediente se mantiene bajo secreto de sumario, situación que restringe el acceso de las partes y que podría prorrogarse otros diez días a pedido del fiscal Franco Picardi. El juez Casanello espera ahora la opinión de la fiscalía y la querella (a cargo de la ONG Poder Ciudadano), para resolver sobre el planteo de nulidad, decisión que podrá ser apelada.

Fuente: Infobae

Tras el escándalo desatado por los audios revelados de Diego Spagnuolo denunciando sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que conducía, en las últimas horas difundieron otras grabaciones adjudicadas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En los registros puestos al aire en el canal de streaming Carnaval, la hermana del presidente no hace ninguna referencia a lo acontecido en la ANDIS ni a la causa judicial iniciada al respecto, aunque advirtieron que es “la puntita” de nuevas grabaciones que serán difundidas en próximos días.

“No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, se escucha en el primero de los nuevos audios publicados por el periodista Mauro Federico, el mismo que había dado a conocer los registros de Spagnuolo denunciando un entramado de corrupción.

En la segunda grabación, no queda muy en claro a qué se refiere la funcionaria, aunque sí que está siendo captada sin que ella lo note. “Entonces, acá ni siquiera... porque en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”, se le escucha decir a Karina Milei.

La semana pasada, en el programa Data Clave, de Carnaval, se difundieron audios en los que Spagnuolo hace referencia a que están "desfalcando la agencia” con pedidos de coimas para la compra de medicamentos y nombró a la droguería Suizo Argentina, con vínculos con los hermanos Eduardo “Lule” Menem -asesor de la Secretaría General de la Presidencia- y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados de la Nación.

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, contó Spagnuolo.

Spagnuolo era amigo de Javier Milei y fue su abogado antes de asumir como presidente de la Nación. Fue una de las personas que más veces lo visitó en la quinta de Olivos y en los audios reveló que se reunió con el jefe de Estado para contarle lo que estaba ocurriendo con los pedidos de coimas: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En la noche del jueves 21 de agosto, apenas conocidos los audios, el juez Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó 14 allanamientos, que incluyeron las sedes de la ANDIS, de la droguería Suizo Argentina y los domicilios de varios involucrados.

Por ejemplo, fue allanada la casa en el barrio de Nordelta de Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de Suizo Argentina. Cuando las fuerzas llegaron, Kovalivker se estaba yendo en un auto: en el asiento de atrás le encontraron distintos sobres, en cuyos interiores había distintas cantidades de dólares. En total, eran 266 mil dólares y siete millones de pesos. El dinero fue hallado con anotaciones y al empresario le secuestraron el celular y el pasaporte.

A Spagnuolo lo encontraron al día siguiente, mientras manejaba dentro de un country en Pilar.

Además, esta mañana volvieron a realizar múltiples allanamientos en sedes de la ANDIS y de la droguería Suizo Argentina. El objetivo es dar con documentación de interés para la causa que será secuestrada y puesta en manos de la Justicia.

Ayer, Spagnuolo presentó ante la Justicia Federal el nombre de los dos abogados que llevarán el caso: el ex funcionario designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales. Hasta el momento, se trataría del único involucrado que cuenta con una defensa designada.

Fuente: Infobae

En un momento donde se discute la Ley de Emergencia en Discapacidad y se cuestiona la política del Gobierno nacional en el tema, datos de Naciones Unidas, el Banco Mundial y UNICEF certifican que entre el 11 y el 14% de la población argentina “tiene una condición de discapacidad”, según indicó Raúl Lucero, director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad de la provincia de Buenos Aires.

“El censo del 2010 a nosotros ya nos estimaba un 10,6% de personas con discapacidad y el último que se hizo se habla de un entre un 12 y un 13%”, agregó el funcionario provincial en diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata.

Específicamente con el territorio que administra, Lucero confió que “con una población estimada de 17 a 18 millones de habitantes, estamos hablando de una prevalencia de 2 millones de personas”. Y además destacó un dato alarmante sobre el autismo: “Hasta hace 10 años la prevalencia era un nacimiento cada 160 nacimientos. Hoy, la prevalencia es uno cada 36 nacimientos, ya se habla de uno cada 30, 32. Es decir que por aula hay un pibe seguramente que transita con la condición del espectro autista”.

Lucero cuestionó además las políticas que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, al destacar que impactan transversalmente en primer lugar a todas las personas con discapacidad del territorio nacional, considerándolo “un hecho nunca vivido por el colectivo de las personas con discapacidad y sus familias”.

Según el funcionario bonaerense, las familias son las más afectadas, ya que “seguramente son quienes llevan el desafío, el abordaje, el trabajo de rehabilitar o de generarle las condiciones para una vida digna a sus hijos”. También hizo referencia al impacto en “todo el ecosistema que contribuye a garantizar una vida digna a las personas con discapacidad, que son las diferentes prestaciones que a lo largo de la vida una persona con discapacidad requiere”.

Tras mostrar su preocupación por el contexto que atraviesa la atención a las discapacidades, Lucero llamó atención sobre “los contextos de mayor grado de vulnerabilidad”, en los que “tal vez el mayor impacto lo están sintiendo las personas a través de la suspensión de las pensiones ya anunciada por el Gobierno nacional, que son aproximadamente 130.000 de las cuales 110.000 corresponden a cartas documentos que nunca llegaron a un domicilio”.

Lucero señaló que si bien “el Estado nacional tiene todo el derecho de auditar”, el problema surge precisamente de que si no se recibe la carta documento en el domicilio “sos punible de la pérdida de esta pensión”. Como consecuencia, “esas personas tienen que venir a la Agencia Nacional de Discapacidad acá en Capital Federal, presentar la documentación y que ahí se les rehabilite esa pensión no contributiva”.

Lucero denunció una actitud de “crueldad hacia las personas con discapacidad y sus familias” por parte del Gobierno y reflexionó sobre los paradigmas históricos en torno a la discapacidad: “Hay un paradigma desde la Presidencia. Cuando las sociedades descartaban por su condición a las personas con discapacidad, las descartaban, las eliminaban”.

En ese sentido, alertó sobre las consecuencias de estas políticas: “De continuar esta medida, de hecho lo dicen organizaciones que ya hay X cantidad de personas que por no consumir, por no adquirir el medicamento, mueren. El planteo económico o de equilibrio fiscal no puede ir en contra de un derecho humano constitucional”.

En medio del escándalo por los audios filtrados que denuncian coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que mencionan a Karina Milei y a Eduardo "Lule" Menem, el jefe de Gabinete Guillermo Francos expondrá en Diputados la semana que viene. El secretario parlamentario de la Cámara Baja ya convocó a los diputados para la sesión que será el miércoles que viene a las 12.

Su último informe de gestión en esa cámara había sido en abril, cuando explotaba el caso de la criptomoneda $LIBRA y ahora le tocará hacerlo mientras crece el caso por las presuntas coimas en la ANDIS por el que ya fue desplazado su titular, Diego Spagnuolo.

Según informaron, la fecha ya estaba pautada hace un mes y Francos no va a suspenderla. Si bien recibió más de 1200 preguntas de los diputados por escrito, las preguntas centrales en el recinto serán sobre este caso y el del fentanilo contaminado.

En una primera consulta que periodistas le hicieron a Francos en la actividad del Council de las Américas, el funcionario había planteado que no ponía "las manos en el fuego por ningún funcionario", aunque había aclarado: “Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y en la de Eduardo Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia”.

En ese sentido, Francos volvió a referirse hoy al tema y en diálogo con El Observador, señaló que le parece bien que la Justicia avance rápido en la investigación para "descubrir la verdad" , a pesar de que planteó sospechas electorales: "A mí me llama mucho la atención, porque aparece a esta altura, en este momento, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez".

Por otra parte, aseguró que fue él quien informó al presidente que había que cesarlo a Spagnuolo en el cargo, decretar una intervención y que se haga una investigación.

A su vez, apuntó contra el ex titular del ANDIS por no denunciar a la Justicia. "Si el señor Spagnuolo tenía conocimiento de todo eso, tenía que denunciar la justicia. Es una obligación de un funcionario público la de denunciar en la justicia un hecho del que él toma conocimiento", sentenció.

Además, ratificó que él nunca le planteó ninguna denuncia ni sospecha y relató su última conversación con Spagnuolo: "En algún momento se mencionaba que se iban a dar 100 mil pensiones de baja y después otras 100 mil más, porque estaban dadas irregularmente. Yo lo llamé a Spagnuolo y le pregunté qué pasaba que no daban de baja las pensiones. Esta fue mi conversación, que es la última, hace dos meses. Pero nunca me planteó a mí una denuncia o una sospecha".

Asimismo, el bloque de Encuentro Federal ya presentó un proyecto para citar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, a dar explicaciones en el pleno.

Al mismo tiempo, el diputado socialista santafesino Esteban Paulón, junto a su compañera Mónica Fein y Margarita Stolbizer (del GEN), también presentaron un pedido pero para interpelar a Spagnuolo y a Karina Milei.

El legislador porteño de la Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra Javier Milei, su hermana Karina, Spagnuolo y "Lule" Menem. Pide que se los investigue por "defraudación contra la administración pública, tráfico de influencias y cohecho".

Fuente: Clarín

El Gobierno designó al nuevo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la salida de Diego Spagnuolo por la difusión de una serie de audios donde denunciaba hechos de corrupción. Además, el Ejecutivo confirmó que comenzará una auditoría sobre todos los procesos internos del organismo.

El reemplazo de Spagnuolo será Alejandro Vilches, quien hasta ahora se desempeña como secretario de Gestión Sanitaria. Se trata de un funcionario cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, que hoy estuvo reunido desde temprano con el asesor presidencial Santiago Caputo, y más tarde circuló por las oficinas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por su lado, la Casa Rosada mantiene la postura de que no tiene información para corroborar si las grabaciones que le atribuyen a Spagnuolo son ciertas, y asegura que colaborará con la investigación y con el proceso judicial. “No podía seguir más tiempo en el cargo. Aparte, reconoce ser cómplice de lo que denuncia, en caso de que se comprueben los hechos”, agregan en Nación.

Bajo este marco, el presidente Javier Milei firmará hoy el decreto de la designación, que saldrá publicado en el boletín oficial de mañana. En paralelo, el oficialismo también formalizó el desplazamiento del director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, uno de los apuntados en la denuncia sobre el cobro de coimas.

En los considerandos del decreto, el Gobierno expresó que “la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del Estado, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública”.

“Por razones de público conocimiento y a fin de que el Poder Judicial efectúe las investigaciones que resulten necesarias, corresponde, en esta instancia, limitar las designaciones del doctor Diego Orlando Spagnuolo y del doctor Daniel María Garbellini en los cargos referidos”, agregó.

En cuanto a Vilches, es médico egresado de la Universidad del Salvador y ya cuenta con un paso por la gestión pública y por el sistema solidario de salud. Se desempeñó como asesor en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y en el Congreso, además de ocupar distintos cargos en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y en la Armada Argentina. También fue director general de Evaluación de Calidad de los Servicios de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

En el ámbito sindical y de la seguridad social, tuvo responsabilidades en varias obras sociales: la de ceramistas, la de químicos y petroquímicos de Zárate-Campana, la del gremio de la carne y la de trabajadores del cuero, entre otras. En todos los casos, ejerció como director médico o gerente de prestaciones.

El Juzgado Federal de Campana declaró la invalidez del decreto del gobierno de Javier Milei que vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso. En el fallo, el juez Adrián González Charvay sostuvo que “el derecho a la salud, educación y rehabilitación de niños con discapacidad debe prevalecer frente a restricciones presupuestarias”.

Esta decisión se enmarca en un amparo presentado por los padres de dos menores con discapacidad, quienes argumentaron que buscan “asegurar que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida”, tal como se afirma en el sitio oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Los afectados por la medida, aseguró el juez, “son personas en situación de múltiple vulnerabilidad por su condición de niños y de personas con discapacidad (Art. 75 inc. 23, Constitución Nacional), de lo que se desprende que sus derechos deben ser objeto de una protección especial”, destacó la sentencia.

La sentencia consideró que la decisión del Gobierno “viola obligaciones internacionales de derechos humanos al mantener el desfinanciamiento del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad”.

“El veto cuestionado provoca como resultado directo el deterioro progresivo de servicios y prestaciones a la salud que afecta a un grupo de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y demandan una protección especial por parte del Estado”, advirtió González Charvay.

El juez recordó también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva a instancias de la República Argentina, en la que reconoció la existencia del derecho autónomo al cuidado e hizo énfasis especialmente en la responsabilidad del Estado con los menores de edad, los adultos mayores y las personas con discapacidad.

Esta decisión, que implica la vigencia automática de la Ley 27.793, con medidas como compensaciones arancelarias y actualización de prestaciones, puede ser apelada por el Estado ante la Cámara Federal de San Martín.

En el Decreto 534/2025, el Gobierno fundamentó su decisión al sostener que las leyes aprobadas implicaban un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026, sin fuentes de financiamiento suficientes ni cálculos actuariales que aseguraran su viabilidad.

La ley vetada declaraba la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y disponía un refuerzo en las pensiones no contributivas por invalidez, elevándolas al 70% del haber mínimo jubilatorio. Además, establecía que dichas pensiones serían compatibles con empleos formales, siempre que los ingresos no superaran los dos salarios mínimos.

Fuente: TN