El régimen talibán ha ordenado a todas las ONG, “nacionales y extranjeras”, que despidan a todas las mujeres que puedan tener contratadas, ya que de lo contrario se reserva el derecho de ordenar el cierre de estas organizaciones, en línea con otras medidas discriminatorias adoptadas desde la vuelta de los fundamentalistas al poder hace más de tres años.

El Ministerio de Economía ha publicado en redes sociales esta orden, en calidad de la autoridad responsable del registro y la supervisión de la actividad de las ONG y como recordatorio de un dictamen previo. “En caso de que (las organizaciones) no cooperen, se suspenderán todas las actividades de la parte infractora y el permiso de actividad”, reza la nota.

La medida fue anunciada un día después que el jefe supremo de los talibanes prohibió construir ventanas en lugares residenciales desde donde se pueda ver a mujeres, y recomendó obstruir las que ya existen, para prevenir la “obscenidad”.

Según un comunicado publicado la noche del sábado por Zabihullah Mujahid, el portavoz del régimen talibán, los nuevos edificios que se construyan a partir de ese día no podrán tener ventanas por las que se pueda ver “el patio, la cocina, los pozos comunes y otros lugares que suelen utilizar las mujeres”.

“El ver a mujeres trabajando en las cocinas, patios o sacando agua de un pozo puede generar actos obscenos”, prosigue el documento difundido por Mujahid en la red social X, escrito en parte en árabe, darí y pastún.

Los ayuntamientos y otras autoridades competentes deberán vigilar las obras para asegurarse de que no sea posible ver el hogar de sus vecinos, describe el comunicado.

En el caso de que ya existan ventanas, los talibanes invitan a los propietarios a construir un muro u obstruir las vistas, para “evitar causar molestias a los vecinos” según indica el decreto.

Desde el retorno de los talibanes al mando del país en 2021, las mujeres han sido progresivamente expulsadas de los espacios públicos, algo que las Naciones Unidas describieron como “un apartheid de género”.

En la actualidad, las mujeres afganas no pueden ir a parques, gimnasios, centros de belleza, ni salir de sus casas sin un acompañante.

Tampoco se les permite cursar estudios secundarios o superiores, y están obligadas a abandonar su educación al acabar la primaria.

Las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) han expresado su firme condena ante una nueva decisión de las autoridades talibanes que prohíbe a las mujeres y niñas en Afganistán tomar cursos médicos en instituciones públicas y privadas.

La UNICEF advirtió que esta prohibición representa “otro golpe devastador” a los derechos de las mujeres y niñas en Afganistán, que podría tener consecuencias mortales a largo plazo para la población del país. La directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, se mostró “profundamente alarmada”, señalando que la medida “interrumpiría de inmediato la formación médica de miles de mujeres” y pondría en peligro el acceso de las mujeres y niñas a la atención sanitaria.

Los talibán han recuperado en estos años las restricciones sexistas que ya impusieron durante su primera etapa en el poder, lo que se ha traducido en la progresiva expulsión de la mujer de espacios públicos. A nivel educativo, las niñas ya no pueden acceder a la educación secundaria.

Fuente: Infobae

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata procesó, sin prisión preventiva, al director de dos revistas digitales donde se difundieron mensajes discriminatorios contra el judaísmo en incitaron públicamente a la violencia colectiva, según el fallo de los jueces Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, en línea con lo dictaminado por el fiscal general ante la Cámara, Daniel Adler.

La causa se inició en enero pasado, luego de una denuncia formulada ante la Fiscalía Federal de Dolores, a cargo de Juan Pablo Curi. Allí se tomó conocimiento de distintas publicaciones en redes sociales con contenido discriminatorio hacia la comunidad judía. Con el avance de la investigación, se dieron por acreditados los anuncios y la vinculación del imputado con los medios digitales investigados.

El Juzgado Federal de Dolores, a cargo del juez Martín Bava, dictó el procesamiento, aunque la defensa cuestionó la resolución por considerarla “arbitraria” al entender que no existían pruebas que avalaran el encuadramiento de las conductas en los tipos penales previstos en el artículo 212 del Código Penal y 3 de la Ley 23.592 de Medidas contra Actos Discriminatorios. Las penas varían entre los 3 y los 6 años.

Según el fallo, las publicaciones “se sustentan en ideas de supremacía religiosa, agraviando a la religión judía (nótese que los trata de hablar un idioma satánico, de fanáticos religiosos, de adoradores de dioses paganos al cual le ofrecen niños en sacrificio, etcétera)”.

Posteriormente, la Fiscalía General pidió la confirmación de la situación procesal del imputado por entender que la conducta investigada vulneraba los mencionados artículos del Código Penal y de la Ley 23.592, al tratarse de mensajes en redes sociales de acceso público que permiten llegar a un número indeterminado de personas.

Por lo tanto, la Cámara Federal entendió que debía confirmarse la decisión del juez instructor, aunque revocó la prohibición de salida del país por la inexistencia de un peligro real de fuga u obstaculización de la investigación por parte del imputado.

No obstante, se dio por acreditada la voluntad del imputado de realizar las acciones típicas que promovieron la discriminación religiosa a la comunidad judía y destacó las ilustraciones que acompañaron a las publicaciones que evidenciaron una clara intención discriminatoria.

A ello, agregó que “dichas afirmaciones inspiran, claramente, una propaganda que tiene por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa de las creencias de la comunidad judía, con un remarcado sentido de odio”. Y concluyó que los bienes jurídicos protegidos de las normas cuestionadas son distintos, y por ende, debe mantenerse el concurso ideal de ambas figuras.

Fuente: Fiscales.gob.ar

Inadi, delegación Mar del Plata se hizo eco de una denuncia por discriminación en una reconocida cervecería de Mar del Plata contra dos mujeres trans.

La delegada Cintia Monaco dijo que "nos reunimos con Macarena, una mujer trans, quienes vinieron con el asesoramiento de la ONG AMI a la delegación de Inadi Mar del Plata, a traer su denuncia por discriminación”.

Macarena denunció que, junto a su amiga, el jueves a la noche, - justamente el día que se conmemoraba el Día de la Visibilidad Trans-, en un reconocido bar "les impidieron su ingreso pese a contar con una invitación que les había hecho hace una semana atrás uno de los organizadores", y detalló que por “el simple hecho de ser chicas trans”, mientras veían cómo frente a ella, otras personas “cis” entraban sin precintos ni reserva previa”.

Luego relató que fueron allí "porque uno de los dueños del lugar las invitó al festejo del aniversario que hacían el pasado jueves 31 de marzo, diciéndoles que vayan y que les iban a dar unos precintos de invitadas", pero al llegar, "un empleado de seguridad de muy mala manera les dijo que no podían ingresar sin precinto, sin darle la posibilidad de entrar a buscar al dueño para que les dé los precintos", se informó.

"A este hecho se suma que el mismo personal de seguridad veces anteriores también había realizado chistes discriminatorios hacia su persona con un grupo de hombres”, indicaron desde Inadi en un comunicado oficial que llegó a esta redacción.

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense busca sancionar a aquellas personas que discriminen, hostiguen o amenacen a los trabajadores de la salud por su condición laboral en el marco de la pandemia de coronavirus.

La iniciativa, de la diputada Alejandra Lorden, pretende modificar el Código de Faltas para proteger a trabajadores de la salud de agresiones que reciben por su contacto con pacientes con COVID-19 debido a su desempeño laboral.

"La pandemia del coronavirus ha puesto en debate la situación lamentable que se encuentran atravesando numerosos médicos, enfermeras y personal sanitario, enfrentando discriminación de vecinos que creen que pueden contagiarlos con COVID-19", aseguró la legisladora en un comunicado.

La propuesta parlamentaria pretende modificar el Decreto-Ley N° 8031/73 y modificatorias del Código de Faltas "estableciendo sanciones para aquellas personas que discriminen, hostiguen, amenacen por cualquier medio al personal sanitario por su condición laboral, la que los pone en contacto con pacientes con coronavirus".

Lorden dijo que "la discriminación encontró nuevas formas para expresarse: haber contraído COVID-19, ser sospechoso de poder contagiarse, ser extranjero o trabajar en el sistema de salud son hoy las razones que esgrimen vecinos indignados para escrachar, maltratar, perseguir y amenazar".

Añadió que se basa "no sólo en lo que uno puede observar sino también que el Inadi informó que desde que se inició el aislamiento social obligatorio, más de la mitad de las consultas recibidas fueron por denuncias por alguna situación discriminatoria en relación al coronavirus".

La legisladora reflexionó que se trata de una situación muy preocupante "toda vez que médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, personal de limpieza, de mantenimiento y tantos más, en este momento inédito de lucha mundial contra la COVID-19 son quienes sostienen el sistema de salud".

El bullying alimenticio ha tomado protagonismo durante esta etapa de aislamiento social. Y esto ha quedado en evidencia a través de las redes sociales que están llenas de “memes” referidos a cómo estarán las personas cuando termine la cuarentena.

La mayoría se refieren a la gordura, donde la tendencia es a comer de más por la sensación de encierro.

“La mirada propia y las opiniones en las redes pueden dañar a los enfermos que sufren de trastornos de alimentación. Las redes sociales en parte promueven hechos de discriminación y son un medio de burlas” detalla la licenciada Agustina Murcho, especialista en nutrición y trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

De acuerdo con la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo publicada por el Ministerio de Salud y el INDEC más del 60 por ciento de la población sufre de sobrepeso y obesidad.

“Argentina es hoy uno de los países con más casos de desórdenes alimentarios en el mundo” advierte la especialista.

En las redes sociales circulan muchas cuentas con consejos de alimentación a criterio de la profesional erróneos sobre la restricción de ciertos alimentos, la promoción del ayuno intermitente, el consumo de alimentos de moda, el día de los permitidos, etc. y comentarios agresivos sobre el cuerpo de las personas.

Gordofobia: es un término que se ha vuelto mucho más viral durante la cuarentena y es el rechazo consciente o inconsciente por los cuerpos de mayor peso. La sufren en su mayoría las mujeres.

Flacofobia: Es menos común que el que sufren las personas con obesidad pero también está presente. Se refiere al trato despectivo que sufren las personas que tienen una figura demasiado delgada.

La licenciada explica que las TCA esconden dificultades psicológicas complejas y graves que repercuten en el funcionamiento normal de su vida diaria.

Una dieta puede ser un disparador de esta enfermedad y también pueden tener influencia los comentarios negativos y discriminatorios.

Hace tiempo que el cuerpo ha tomado un valor importante para la sociedad en donde los estándares de belleza han ido cambiando según las modas. En este último tiempo se han puesto de moda los cuerpos fitness y son innumerables las rutinas que figuran en las redes sociales para hacer en casa.

Si bien es importante realizar ejercicio, ninguna obsesión es buena. Entre las consecuencias que sufren las personas con trastornos de alimentación muchas sufren la adicción al ejercicio, obsesión por comer alimentos sanos, evitan las reuniones sociales, cumpleaños etc.

“Necesitamos más profesionales que generen consciencia para prevenir trastornos alimentarios y mala información relacionada con la alimentación, porque si nos llevamos mal con la comida empezaremos a tener problema de salud física y mental” concluye Murcho.

Eugenio de Alvear, integrante de la Comisión Directiva del Balneario Ocean Club de Playa Grande, dialogó con Todo Noticias para intentar explicar el caso de discriminación que sufrió una pareja gay, a la cual les fue prohibido el ingreso.

"No estamos de acuerdo con las versiones que se están diciendo. El Ocean Club es un club de socios, cerca de 1000, que pagamos durante todo el año para tener algunos lugares de sombra. Los socios pueden traer a sus invitados. El motivo de no dejarlos ingresar es sencillamente porque no son socios. El club no tiene problema con ninguna orientación sexual", señaló.

En el video que se viralizó, se puede ver a un empleado del balneario impidiendo el ingreso de la pareja porque se trata de "un lugar familiar". Ante esa situación, De Alvear señaló: "La persona que está en el video, es carpero, no está capacitado ni informado del estatuto del club. El club es de socios y las personas para ingresar tienen que ser socios o invitados".

Asimismo, se excusó diciendo que "no hay ninguna denuncia" en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) o algún otro organismo, y que harán "un descargo formal" en caso que sea presentada.

"Estos señores no son socios y no pueden entrar. Tienen que ser invitados por un socio. Si no, los mil socios que pagamos todo el año estaríamos perjudicados. No se permite el ingreso irrestricto de las personas. Es un tema de cupo de socios, hay sombra limitada para los socios", concluyó uno de los responsables del lugar.

Tres personas fueron procesadas este martes por el juez Santiago Inchausti, titular del Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata, por haber realizado pintadas xenófobas contra la comunidad boliviana de la ciudad. Además, se les trabó embargo por 20 mil pesos.

En su fallo, el magistrado los consideró "coautores penalmente responsables del delito de daño doblemente agravado, por haberse realizado en venganza de la determinación de una autoridad y por el carácter discriminatorio de los mismos, en razón de la nacionalidad de las víctimas".

El hecho que se les atribuye ocurrió entre el 24 y 25 de febrero del año 2014, y consistió en realizar una pintada en el Centro de Residentes Bolivianos de Mar del Plata, donde se anotó una frase discriminatoria. Uno de los tres implicados era en ese entonces menor de edad, por lo que en la resolución se resguardó el nombre de todos los procesados.

"Entre la medianoche del día 24 de febrero de 2014 y las 02.40 horas del día 25 de febrero del mismo año por lo menos tres (3) masculinos identificados como FMP, IP y RLP, integrantes de la agrupación FONAPA y/o “La Giachino”, dañaron mediante pintadas con pintura en aerosol de color negro el frente del Centro de residentes Bolivianos ubicado en Av. Colón 9040 de este medio, dejando un mensaje discriminatorio en el paredón que textualmente decía: “FUERA BOLIVIA DE SALTA. LA PATRIA NO SE NEGOCIA. OJO...ARDERÁ EL ESCARMIENTO. FONAPA – LA GIACHINO. VIVA LA PATRIA CARAJO”, como así también habrían incendiado parte del portón de chapa lindero a tal paredón", describió los hechos el juez.

Luego, las pintadas fueron "reconocidas, reivindicadas y justificadas por Carlos Gustavo Pampillón, quien habría instigado a FMP, IPI y RLP a ocasionar el daño, no sólo en los medios televisivos locales (canal 8 y canal 10), sino así también mediante publicaciones realizadas en principio en su cuenta de Facebook a través de un “posteo” titulado: “me ayudas a que se enteren en toda ARGENTINA Y BOLIVIA??? yo no le obedezco a los traidores de la patria”.

"Se estaba orquestando un operativo de pintadas contra la comunidad boliviana, que ello tenía que ver con la situación de Salta y que Carlos Pampillón estaba al frente dando órdenes. Entre los elementos o indicadores que justifican afirmar la participación, puede mencionarse la contigüidad temporal entre la producción de los daños al Centro de Residentes Bolivianos de Mar del Plata y la publicación (mismo día) de las fotos en las cuentas de Facebook del “Fonapa Foro Nacional Patriótico”, de Pampillón y de “La Giachino Mar del Plata”, aseguró el juez en su resolución respecto al rol orquestal que tuvo en los actos Pampillón.

En un hecho similar, durante la madrugada del 7 de septiembre de 2011, otros cuatro menores de edad fueron imputados por "haber dañado todos ellos, como integrantes de la agrupación que dirige Carlos Pampillón, denominada “Foro Nacional Patriótico” (FONAPA) y/o “La Giachino”, el monumento conmemorativo de la lucha por los derechos humanos, que reza “VERDAD-JUSTICIA-MEMORIA”, ubicado en sector lindero a la zona frontal de acceso la Base Naval de esta ciudad".

En ambas causas, el líder del Foro Nacional Patriótico, en la instancia previa al juicio oral, logró que el Tribunal Oral Federal aceptara el pedido de probation, el cual ya había sido concedido por la fiscalía. Dicha aprobación se dio a cambio que Pampillón dejara la actividad política en dicha agrupación por tres años y que estudie Derecho Constitucional.