La medida, impulsada por el presidente Javier Milei, establece criterios más estrictos para el ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros, así como cambios significativos en el acceso a la salud y la educación pública.

En salud, los residentes temporarios deberán tener un seguro médico para ser atendidos en hospitales públicos, salvo en casos de emergencia. Los residentes permanentes conservarán el acceso gratuito como los ciudadanos argentinos.

Respecto a la educación, los niveles inicial, primario y secundario seguirán siendo accesibles incluso para quienes tengan situación migratoria irregular. En cambio, las universidades públicas podrán cobrar a estudiantes sin residencia permanente, aunque se mantendrá la posibilidad de acceder a becas.

Se creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, que permitirá obtener la ciudadanía argentina a quienes realicen inversiones relevantes en el país, como forma de atraer capitales y generar empleo.

Además, se restringió el ingreso a personas con antecedentes penales, condenas por delitos graves o quienes hayan desvirtuado el motivo declarado de ingreso. El incumplimiento de requisitos podrá derivar en una prohibición de entrada por cinco años o más.

La residencia permanente podrá ser retirada a quienes cometan delitos dolosos o pasen más de un año fuera del país. Para los residentes temporarios, el plazo será de seis meses.

Fuente: Infobae

El gobierno consiguió dividir al peronismo y se cayó la sesión en la que se iban a limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia de Javier Milei y hacer caer el decreto del canje de deuda de Luis Caputo.

El peronismo debió convocar una reunión de urgencia ante la amenaza de 8 diputados del bloque de Unión por la Patria de jugar para Javier Milei y hacer caer el quórum.

Finalmente, tras no conseguir el consenso en labor parlamentaria, el bloque de Germán Martínez decidió postergar la sesión para el 21 de noviembre.

Quienes provocaron la fisura del bloque peronista fueron los cuatro diputados de Catamarca que responden al gobernador Raúl Jalil, un aliado clave de la Rosada. Además jugaron para el gobierno el jujeño Guillermo Snopek y la chubutense Eugenia Alianello, que juntó firmas para Ricardo Quintela en la trunca interna del PJ. Tampoco estuvo el mendocino Adolfo Bermejo, por problemas personales.

Otros diputados que amenazaron con dar quórum y finalmente facilitaron el triunfo libertario fueron Jorge “Loma” Ávila, que responde al gobernador de Chubut, Nacho Torres, y Francisco Morchio, que hace lo propio por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Ambos pertenecen al bloque de Encuentro Federal que lidera Miguel Pichetto.

Fuente: DIB

Si bien la Ley de Alquileres fue derogada a partir del famoso DNU 70 del Gobierno de Javier Milei, hubo beneficios impositivos que se han sostenido y que ahora se conocen a partir de normas emitidas por AFIP que los confirman. Algunas tienen como beneficiarios a los monotributistas, en bienes personales o en el impuesto al débito y crédito.

El contador Marcelo Corbalán señaló que en primera instancia con la derogación de la Ley “quedaban en el aire eran todos los beneficios impositivos que traía”, por lo que restaba saber si los mismos “estaban vigentes o no”.

“Ahora sabemos que están -dijo en declaraciones a Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata-. Tenemos derogada una parte, pero tengo un híbrido que dejó vigente los beneficios impositivos: nos damos cuenta por las normas que están saliendo por parte de la AFIP”.

De todos modos, el contador recordó que para gozar de esos beneficios “hay que registrar el contrato en AFIP”. Y explicó: “Te alquilo una casa, no tengo que hacer el contrato como decía la Ley de Alquileres, me puedo poner de acuerdo con vos en ese contrato. Ahora, si te la alquilo para poder tener mi beneficio impositivo, ese contrato lo tengo que inscribir en AFIP”.

“No tiene que ver con nuestra relación jurídica, si tenemos un problema con el alquiler lo dirimimos en la Justicia, no importa si ese contrato está inscripto o no. Pero tengo que inscribirlo para poder usar todos los muchos y muy buenos beneficios para locador y locatario”, explicó Corbalán.

En ese sentido, y teniendo en cuenta los alcances pautados por lo que era la Ley de Alquileres, para el especialista “el más beneficiado fue el monotributista, sin dudas, porque si sos monotributista te cambia el paradigma como locador. Vos podés alquilar un montón de inmuebles y seguir siendo monotributista”.

De todos modos dijo que estas normativas son muy beneficiosas “también en el impuesto de crédito y débito, porque si abro una cuenta y canalizo todos los alquileres por esa cuenta y tengo el contrato inscripto, no me van a cobrar el impuesto. Sea el contribuyente que sea, monotributista o responsable inscripto”.

En un contexto de intensos debates en el Congreso Nacional, el PRO publicó hoy un comunicado en el que reafirmó sus principios y su posición en relación al gobierno de Javier Milei, y manifestó su aval ante un eventual veto del presidente a la reforma jubilatoria aprobada el jueves en el Senado.

“El PRO declara su apoyo al veto del presidente Milei a esta ley inapropiada”, cierra el documento publicado en todas sus redes sociales.

Había sido el propio mandatario quien los criticó horas antes cuando aseguró que “Juntos por el Cambio se comió 14 toneladas de piedras por querer hacer una reforma previsional en línea con la que presentamos y ahora votan con los kirchneristas una porquería para quebrar el sistema”, y les reclamó: “Pónganse de acuerdo. Son una manga de mentirosos demagogos”.

Quizá el comunicado del PRO respondió a los cuestionamientos del presidente, pero de alguna manera contradice las declaraciones del presidente del bloque del PRO en el Senado, Luis Juez, quien aseguró que el voto sobre la ley de reforma jubilatoria estaba consensuado con el Gobierno nacional.

“Nosotros estuvimos trabajando durante 15 días buscando soluciones y alternativas. Con claridad, el Gobierno dijo que si votábamos el artículo 2, el 4 y el 10 lo poníamos en un quebranto. Y en el marco de esas conversaciones fue lo que se votó”, sostuvo Juez durante una entrevista en Radio Mitre.

“En la situación actual, el equilibrio fiscal es innegociable. Ninguna fórmula de aumento a los jubilados va a funcionar si no se arregla antes la economía. La historia de los últimos años lo demuestra”, es uno de los párrafos que cierra el documento del PRO. Milei había cuestionado a Macri por estas contradicciones en el interior de su partido: “O no maneja la tropa o la tropa no entiende el daño que están haciendo”.

El documento del PRO va en sintonía con las expresiones del viernes hechas por su presidente, Mauricio Macri, en la red social X. “A pesar de que algunos senadores del PRO decidieron votar en contra de los artículos más gravosos de la ley de aumento de las jubilaciones, pero a favor del proyecto en general -contradiciendo la postura de los diputados del PRO, quienes rechazaron la ley en su totalidad- el partido ratifica que no avala un incremento del gasto previsional sin un financiamiento genuino. Comprometer el superávit fiscal no es una opción. Por lo tanto, consideramos que el presidente debe vetar la ley aprobada”, escribió el ex presidente.

El texto enfatizó en la necesidad de “ratificar los valores” que unen a los integrantes del partido y destacó la importancia de trabajar por el cambio que promete Milei, tanto como apoyar iniciativas que favorezcan el crecimiento, la libertad y la democracia. Según el comunicado, el PRO busca hacer lo correcto sin especular sobre las “conveniencias particulares”.

Sin embargo, el presidente del bloque del PRO en la Cámara alta contó que el viernes al mediodía mantuvo una reunión por Zoom con Macri, y dijo que seguramente el ex presidente no estaba enterado de las negociaciones al publicar su apoyo al veto presidencial, anunciado el jueves. Un día antes, Macri y Milei habían almorzado en Olivos.

“Probablemente, no estaba informado al dedillo en el momento que opinó sobre las distintas variedades. Las mayorías parlamentarias hay que construirlas, hay que tener la capacidad para imaginarse distintos escenarios. Cuando no tenés la mayoría, tenés que construirla. Nosotros construiremos una importante cantidad de votos negativos en tres artículos que al Gobierno le resultaba absolutamente clave porque son los que financian el presupuesto y rompe el equilibrio fiscal. En eso hemos cumplido a rajatabla la palabra empeñada”, remarcó Luis Juez, quien agregó: “Los funcionarios deberán explicarle al presidente qué estrategia se dio en el Senado”.

El Senado aprobó la ley de movilidad jubilatoria el jueves, con 61 votos a favor y ocho en contra. Eso significa que se aprobó por dos tercios y se establecieron cambios al modelo que propuso el Ejecutivo por DNU. Horas más tarde, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que confirmó la decisión del Poder Ejecutivo de vetar el proyecto que ya tuvo la aprobación en las dos cámaras.

“En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, decía el documento oficial.

No obstante, en Diputados el PRO votó en contra del DNU emitido por el presidente Javier Milei que aumentaba los fondos reservados de la SIDE. Esta medida fue vista por algunos sectores como un intento de reforzar los mecanismos de inteligencia del Estado en un contexto de creciente inseguridad, mientras que otros la consideraron un movimiento preocupante hacia un mayor secretismo y falta de transparencia.

“Más allá de las acciones que a veces requieren las técnicas legislativas, el PRO siempre ha mantenido un compromiso con una visión del país basada en el crecimiento, la libertad y la democracia. Por eso, acompañamos las medidas macroeconómicas que está llevando a cabo el presidente Milei y también nos sentimos libres de tener discrepancias sobre aspectos institucionales con los que no estamos de acuerdo”, dice el texto.

Desde el partido macrista remarcaron que no alientan “los atajos” porque “a la larga dañan el sistema que sostiene la democracia, la república y la libertad de los argentinos”. En este sentido, justificaron su voto en Diputados contra el DNU que aumentaba los fondos reservados de la SIDE.

Este párrafo generó la respuesta del diputado del PRO Damián Arabia, que responde a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Milei y protagonista de una clara interna con Macri por los destinos del partido. “Yo soy diputado del bloque del PRO y junto con otros diputados del bloque del PRO no voté en contra del DNU. Buen domingo”, escribió el legislador en X.

Fuente: Infobae

La Cámara de Senadores, presidida por la vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel, debatirá a partir del mediodía el paquete fiscal y la Ley Bases en caso de que los legisladores de la oposición brinden el quórum necesario para sesionar.

En ese sentido, existe una cierta tensión entre los bloques que acompañarán las medidas impulsadas por Javier Milei, mientras que el oficialismo espera un tratado rápido de los artículos de los proyectos de ley.

Los gobernadores peronistas presionaron a sus senadores para que voten a favor de algunos artículos específicos en el recinto legislativo. En general, se espera un ajustado triunfo para la Ley Bases, aunque prevé una votación ajustada en particular.

Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) son los gobernadores del norte del país que acompañarán las propuestas del gobierno de Milei con sus legisladores en la cámara alta.

El bloque de Unidad Ciudadana y el Frente Nacional y Popular darían el pulgar hacia abajo en la sesión para tanto la Ley Bases como el paquete fiscal. El radicalismo dará quórum, pero expondrá sus propias modificaciones al plan original de la administración oficialista.

“Mañana voy a estar en la banca sesionando porque debemos discutir leyes que son muy importantes para el futuro de los argentinos”, señaló el presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousetau.

Con el presidente Javier Milei ausente por su participación en la cumbre del G7, la vicepresidenta Victoria Villarruel asume un rol clave, pero con limitaciones en su capacidad de voto en el Parlamento.

La Cámara Alta confirmó oficialmente que la sesión para tratar la Ley Bases se llevará a cabo el miércoles 12 de junio a partir de las 10 de la mañana. Este anuncio se hizo a través de un documento oficial del Senado, marcando una fecha importante en el calendario legislativo.

Los senadores decidieron pasar a un cuarto intermedio hasta esta tarde, a la espera de que el Gobierno responda sobre los cambios que le presentaron los bloques dialoguistas a la Ley Bases y el paquete fiscal.

La intención del bloque de La Libertad Avanza es la de conseguir hoy dictamen para ambos proyectos de ley y así encaminarse a una sesión el miércoles de la semana próxima y, en el medio, intentar sumar la mayor cantidad de votos con el fin de asegurar el proceso.

Desde fines de la semana pasada, el Gobierno decidió asumir la imposibilidad de lograr apoyo a los proyectos tal como habían llegado de la Cámara de Diputados y abrió un canal de negociaciones. En ese esquema se sucedieron varias reuniones con los jefes de los bloques con el fin de ajustar los proyectos y destrabar lo que hasta ahora, en las últimas tres semanas, no pudo.

Entre los cambios que se plantearon hubo modificaciones al Régimen Impositivo para Grandes Inversiones (RIGI): la oposición propuso salvaguardas para las empresas locales y protección a la industria nacional, así como también la defensa de las autonomías provinciales -que los gobernadores puedan tener voz y voto respecto de esas inversiones que se vayan a radicar en sus provincias- así como también cuotas para la industria local. Desde el radicalismo también se propuso que se implemente un régimen similar de beneficios pero para las inversiones pymes.

Otro punto en el que también se propusieron cambios es en el blanqueo de capitales que está en el paquete impositivo. Para los senadores de la oposición, el texto que llegó de diputados “permitía el lavado de capitales de una manera escandalosa”. Los cambios apuntan a la apertura para que no participen familiares directos de los funcionarios, así como también los beneficios para aquellos que adelanten el pago del impuesto a los Bienes Personales.

Respecto del Monotributo, hubo unanimidad de los bloques dialoguistas para que se mantenga la categoría de monotributo social, algo que el proyecto original y el que obtuvo media sanción en Diputados eliminaba.

A diferencia de la Cámara Baja, entre los senadores se discutió bastante la intención del oficialismo de modificar y cerrar los organismos descentralizados. En este caso, se propone la continuidad de todos aquellos relacionados con ciencia y tecnología, así como también asegurar el presupuesto para que puedan continuar.

Algo similar sucede con las empresas a privatizar. Los senadores patagónicos rechazan el vaciamiento y la privatización de Radio Nacional, Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino. Sin los votos de este sector, es poco probable que el oficialismo tenga la aprobación ya que representan al 25% de la Cámara de Senadores.

“Nosotros les pasamos las modificaciones por escrito, estamos esperando respuestas. Una vez que lleguen, se definirá si sale y cómo sale el dictamen”, explicó el senador radical Víctor Zimmerman.

Los funcionarios designados por el Ejecutivo que dialogaron con la oposición fueron: el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy; a ellos se sumaron otros responsables de áreas económicas y operativas de la Casa Rosada que estuvieron en las oficinas de la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para recibir propuestas y delinear esqueletos de textos renovados.

Desde los bloques de la oposición esperan que sean ellos quienes esta tarde expliquen los cambios en el texto.

Por el lado de Unión por la Patria, el planteo se mantiene inalterable. Los 33 senadores van a firmar un dictamen rechazando ambos proyectos de ley.

Fuente: Infobae

El Gobierno nacional derogó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/2020 que promulgó la gestión de Alberto Fernández en 2020, donde se declaraba como servicios públicos esenciales a internet, la telefonía y la televisión por cable.

Lo hizo a través de otro decreto, el 302/2024, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, donde puso fin a la regulación de los precios del mercado a través del Enacom, que también establecía los aumentos.

“El presidente en acuerdo general de ministros decreta: artículo.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación´”, establece la normativa.

Durante la pandemia de Covid-19 y la cuarentena decretada por el Gobierno de Alberto Fernández, los servicios de Internet, telefonía y cable fueron declarados como esenciales y era el Ente Nacional de Comunicaciones el que establecía los aumentos tarifarios de las empresas prestadoras.

Ahora, los licenciatarios de servicios TIC podrán establecer sus tarifas. El objetivo es fomentar la competencia y también generar inversiones para mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

En febrero, el rubro Comunicaciones registró una suba del 24,7% mensual, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el Indec. Mientras que en enero, la variación fue del 25,1%; en diciembre, del 15,6%; en noviembre las tarifas se incrementaron un 15,2% promedio; y en octubre, 12,6%.

“Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”, agrega el decreto.

El decreto lleva la firma del presidente Milei, los ocho ministros nacionales y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. 

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, le advirtió al Gobierno nacional que sus legisladores “no van a acompañar ningún tipo de Ley Bases” y que “tampoco va a haber Pacto de Mayo” para ellos.

El motivo es “el ajuste que le aplica Nación a la provincia en materia de educación y de salud” con “la difícil situación” que atraviesa y “el grave problema económico que heredamos”, según Vidal.

Días atrás, Vidal había declarado que desde su Santa Cruz quería “aportar al país” porque su deseo es “que le vaya bien al país”, sin embargo, dejó en claro que al Pacto de Mayo iría sólo a través del diálogo, “a las patadas, no”.

Paralelamente, la provincia tuvo que atravesar situaciones complejas en varios sectores: UTE Represas Patagónicas despidió 1800 obreros de la construcción, al mismo tiempo que la intervención del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) demoró el pago de los sueldos de los mineros.

Por su parte, YPF informó la suspensión de petroleros, camioneros y obreros por el cierre de diez áreas en la provincia, a partir de este mes, y que en total suman 5000 puestos de trabajo.

Con respecto a la posibilidad de privatizar YCRT, el jefe provincial escribió en su cuenta personal de la red social X un texto en apoyo al yacimiento carbonífero y recalcó que “no van a negociar despidos”.

“Defendemos a YCRT para que siga siendo pública: junto a los intendentes de 28 de Noviembre y Río Turbio le manifestamos al ministro del Interior, Guillermo Francos, nuestro rechazo a cualquier intento de privatización”, sentenció el gobernador.

En medio de la tensión con el gremio de estatales por su decisión de desvincular a miles de trabajadores del Estado, se conoció cuál es la cifra de empleados públicos que el Ejecutivo estableció como tope máximo para 2024. En la ampliación del Presupuesto vigente, publicada vía DNU este miércoles, quedó fijado un total de 384.711, lo que supera en 14.416 a los establecidos en el texto original de 2023.

En uno de los anexos que acompañan el DNU 280 por el que se amplió el Presupuesto, se especifica la cantidad de empleados públicos con los que puede llegar a contar el Estado para este año. TN no obtuvo respuesta cuando consultó en distintas dependencias del Gobierno las razones para haber establecido ese número, por encima de varios indicadores, incluso las últimas cifras de dotación de personal estatal que difundió esta semana el Indec.

El anexo 2 del DNU explicita que el total de empleados de la Administración Central puede llegar a 300.535 (290.104 en planta permanente y 10.431 temporarios), mientras los organismos descentralizados están autorizados a cubrir 61.766 cargos (60.607 de planta permanente y 1159 temporarios), mientras las instituciones de Seguridad Social llegan a 14.073 (14.050 de planta permanente y 23 temporarios).

“En este contexto, es pertinente determinar el total de cargos y horas cátedra para las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, así como otorgar la facultad al señor jefe de Gabinete de ministros para atender situaciones excepcionales durante el desarrollo del ejercicio fiscal 2024. Es preciso establecer disposiciones respecto a la cobertura de cargos vacantes de la Administración Nacional”, señala uno de los considerandos del decreto.

Se trata de un número que por el mismo texto de decreto no pueden excederse salvo por una decisión de “la Jefatura de Gabinete, mediante decisión fundada y con la previa intervención de la Secretaría de Hacienda, en el marco de las necesidades de dotaciones que surjan de la aprobación de las estructuras organizativas de las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional, como también de las que resulten necesarias para responder a los procesos de selección resultantes de los concursos regulados”, sostiene el decreto.

El Presupuesto suele fijar los máximos de “recursos humanos” con los que puede contar la Administración Pública Nacional durante un ejercicio fiscal. Entre las tres jurisdicciones (Central, descentralizados e instituciones de la Seguridad Social), la autorización por la ampliación presupuestaria totaliza 384.711 cargos. En tanto, la Ley de Presupuesto original, aprobada por el Congreso a fines de 2022, establecía en ese sentido un máximo de recursos humanos de 370.295.

Solo en Administración Central se autorizan este 2024 308.872 cargos (298.441 de planta permanente y 10.431 temporarios), contra los 300.535, (290.104 en planta permanente y 10.431 temporarios) expresados en el texto original 2023.

Para los organismos descentralizados, en tanto, se autorizan hoy 61.766, contra los 55.715 trabajadores (54.556 de planta permanente y 1159 temporarios) de 2023. Y para las instituciones de Seguridad Social se establecen 14.073 apenas por encima de 2023, cuando se contabilizaron 14.045 (14.022 de planta permanente y 23 temporarios).

Aun cuando en los papeles se habiliten cargos incluso por encima de los planificados en la gestión anterior, el Gobierno avanza en desvincular a empleados de distintos organismos y ministerios, lo que llevó a uno de los gremios estatales a plantear un paro para el miércoles 3 de abril y llamar a “un ingreso masivo y simultáneo” a las dependencias públicas.

En paralelo a la llegada de telegramas, mails y llamadas telefónicas que se repitieron en las horas previas al inicio del fin de semana largo por Semana Santa y el Día de los Caídos en Malvinas, el Gobierno reforzó su intención de desvincular a 15.000 trabajadores este mes y analiza nuevas bajas para junio, como informó TN.

“El universo de contratos analizados es de algo más de 70.000, de ese total todavía no está el número final, hay 15.000 que van a proceder a la baja el 31 de marzo, sin incluir el PAMI y empresas públicas”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, y planteó que “el resto entra en un nuevo proceso que se sigue auditando y se sigue revisando por otro trimestre adicional”.

El Senado de la Nación rechazó el DNU impulsado por el Gobierno Nacional y generó una gran incertidumbre en el sector inmobiliario por la posible eliminación de la medida que derogaba la Ley de Alquileres promulgada en julio del 2020. 

“Hoy la incertidumbre la genera para todas las partes involucradas, llámese propietarios, inquilinos y nosotros en calidad de intermediados, que manejamos un volumen importante en relación a las locaciones de vivienda permanente”, señaló Oscar Cherú, secretario general del Colegio de Martilleros, en diálogo con El Marplatense.

La posibilidad de que el DNU quede sin efecto, por el posible rechazo en Diputados, genera mucha inquietud y expectativas en el sector que se ha visto golpeado principalmente por la falta de ofertas. 

Sin embargo, aclaró que “hoy sigue vigente” y que la elección de la cámara puede llevar a que “la modificación que se hizo sobre la Ley de Alquileres también desaparezca”. 

A nivel local, destacó que “Mar del Plata tiene la particularidad del aprovechamiento por parte del propietario de la locación temporaria -enero y febrero- , por lo que los alquileres de vivienda permanentes, de 24 o 36 meses,  comienzan a partir de marzo”.

Por lo que, “hemos visto muy poco ese crecimiento. Si bien hay un poquito más de oferta en comparación al mismo periodo del año pasado, pero las expectativas eran mayores”.

No obstante, “la incertidumbre hace que la gente esté viendo cómo se va desarrollando toda esta situación producto del DNU. Hoy creo que el incremento es escaso y el panorama nos genera un estado de alerta porque no sabemos qué va a ocurrir”, explicó.

La difícil situación de los alquileres no escapa al estado de la economía en el país. La inflación e inestabilidad que se han registrado en el último tiempo, imposibilitan que el mercado inmobiliario pueda despegar. 

“Tenemos que ver cómo impacta esto en la oferta porque demanda tenemos mucho, lamentablemente es así”, enfatizó. 

Algunos sectores políticos y comerciales vinculados a la vivienda pidieron que la derogación de la Ley siga vigente, a pesar del posible rechazo en la Cámara de Diputados que terminaría de sepultar el DNU impulsado por el presidente Javier Milei.

Igualmente, aseguró que “hoy los contratos se firman de acuerdo a lo que permite el DNU, podemos hacerlo por el plazo que uno quiera por la actualización que quieran y la moneda que consideran. Si mañana el DNU se cae, recién ahí retrotraeríamos hacia la ley anterior 27.552 con la modificación de la 27.737”.

“Esto es importante destacarlo porque el propietario que tiene dudas sobre poner la propiedad en alquiler por estos motivos, puede saber que puede firmar sin ningún tipo de inconvenientes como lo venimos haciendo”, agregó.

En detalle, el Decreto de Necesidad y Urgencia, define que el plazo de los alquileres se puede acordar por las partes sin un mínimo legal; el valor puede ser elegido en base a cualquier índice público o privado; que existe total libertad para determinar la actualización del contrato; y que puede hacerse en cualquier tipo de moneda acordada. 

De modo que “estamos tratando de que la gente entienda que hoy, si la pretensión era por el lado del inconveniente de la actualización, el plazo y moneda, en este momento tienen la libertad de hacer como ellos decidan”, concluyó. 

El mega DNU de desregulación de la economía enviado al Congreso por el presidente Javier Milei fue rechazado esta tarde en el Senado por 42 votos contra 25 a favor, y cuatro abstenciones. Ahora el proyecto vuelve a Diputados.

Al rechazo del kirchneirsmo se sumaron los votos de los dos senadores de Santa Cruz que responden al nuevo gobernador, también la que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la que se asoció al gobernador neuquino, Rolando Figueroa. 

También inclinaron la balanza los votos radicales de Martín Lousteau (CABA) y Pablo Blanco (Tierra del Fuego).

Tras una polémica entre Milei y la vicepresidente Victoria Villarruel, a quien se cuestionó por “ceder” a las presiones de la oposición para convocar a la sesión especial, hoy pasadas las 11:00 comenzó el debate en el Senado. De hecho, en el arranque fracasó un intento libertario de postergar el tratamiento.

El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, llamado formalmente “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina” y firmado por el Presidente el pasado 20 de diciembre, modificaba, sustituía o derogaba más de cien leyes o decretos, entre ellos la ley de Alquileres, la de Contratos de Trabajo y los aumentos de la medicina prepaga.

Ni bien se rechazó el DNU, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó en su cuenta de la red social X que se trata de un “nuevo récord histórico: la decadencia y el pasado por primera vez en la historia rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas tres meses de asumir el nuevo gobierno”.

Nuevo récord histórico: la decadencia y el pasado por primera vez en la historia rechazaron en el Senado de la Nación un DNU a apenas tres meses de asumir el nuevo gobierno.Fin.

También se mostró en contra el diputado PRO Cristian Ritondo, quien en la misma red social advirtió que “el Senado nunca rechazó ninguno de los casi 500 DNU del kirchnerismo. Votar en contra del DNU es votar en contra de los que producen, de los que invierten, de los propietarios y de los que alquilan, de los trabajadores y de todos los que queremos que Argentina cambie para siempre. No es votar contra Milei, sino votar contra los argentinos”.

También hubo fuertes críticas a la postura de Lousteau por parte de otro hombre del PRO, Hernán Lombardi, quien lo señaló directamente en X: “Decís que te criticarán hordas y troles. No te victimices Lousteau, enfermo de importancia. Te critico yo: Hernán Lombardi”.

Y remarcó que “en los momentos clave siempre jugás y votás al lado del kirchnerismo. Para vos es una costumbre. ¿No te hace un poco de ruido que siendo presidente de la UCR ningún senador radical te acompaña?”, criticó el diputado.

Una de las voces que salieron a favor de la decisión de los senadores fue la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz: “Gana el pueblo argentino. El Senado rechazó el DNU de Javier Milei que atenta contra los derechos de los argentinos, la Constitución Nacional y la posibilidad de construir un país industrializado con empleos de calidad”.

GANA EL PUEBLO ARGENTINOEl Senado rechazó el DNU de @JMilei que atenta contra los derechos de los argentinos, la Constitución Nacional y la posibilidad de construir un país industrializado con empleos de calidad.Ahora nos toca a los diputados frenar definitivamente este… pic.twitter.com/4C4dF3kXUF

Y concluyó: “Ahora nos toca a los diputados frenar definitivamente este mamotreto, que desde que entró en vigencia no hizo más que empobrecer al pueblo y perjudicar el desarrollo productivo, social y cultural de la Argentina”. Si el DNU es rechazado nuevamente por Diputados, se caería definitivamente.

Con información de Clarín.

El senador radical Martín Lousteau hizo un encendido discurso en el debate por el DNU, donde manifestó que votará en contra “porque es anticonstitucional”, a la vez que advirtió que “son más de 300 artículos que derogan 80 leyes”, por lo que no tendrían "más que discutir”. Pero también hubo duras críticas desde la Unión por la Patria, por parte de Marcelo Lewandowski y María Eugenia Duré.

Lousteau también aprovechó para cargar contra el Gobierno: “Atemoriza y amenaza”. Además, calificó al presidente Javier Milei de “insensible”, y argumentó: “Dice que solo el 15% los jubilados son pobres, es insensible ante las madres que tienen que cambiar a los hijos de escuela y con las pymes”.

En esta misma línea, lanzó una indirecta al PRO: “Lo pueden justificar por convicción, conveniencia y temor porque este es un Gobierno que atemoriza y amenaza, o porque el fin justifica los medios. Los que acompañan esto están creando un monstruo”.

Pero por fuera de las críticas del presidente del Comité Nacional de la UCR, en la previa al tratamiento en el Senado del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica también hubo otros fuertes cuestionamientos de la oposición.

Por su lado, el senador nacional de Unión por la Patria, Marcelo Lewandowski, aseguró que hubo “una instalación del terror en la población”, a lo que agregó: "En la vida hay tiempo para rectificarse. El Presidente dijo que si tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, se queda con la mafia. Bueno, la mafia se unió contra el Estado y mató a cuatro inocentes en la ciudad de Rosario, entre tanto inocentes que vienen matando en los últimos 15 años. Hay tiempo para rectificarse”.

Y su par de bloque, María Eugenia Duré, del mismo modo apuntó contra el jefe de Estado, la vicepresidente Victoria Villarruel y la canciller, Diana Mondino: “La causa Malvinas está siendo pisoteada y denigrada por este Gobierno nacional. No hemos visto ninguna acción concreta para con este tema. Solo hemos visto inacciones y provocaciones. Las Malvinas no se venden, las defendemos”.

Fuente: con información de TN

En medio del debate parlamentario por el DNU 70/2023 de Javier Milei sobre desregulación económica, la Cámara Federal de San Martín confirmó la suspensión de los artículos 335 y 345 que habilitaban a transformar las asociaciones civiles en sociedades anónimas deportivas. Los camaristas Juan Pablo Salas, Marcos Moran y Marcelo Darío Fernández dieron lugar a la cautelar que frenó esta medida debido a que no se encuentra una situación de urgencia.

"No se verifican, al menos en este estado liminar de la causa, los extremos requeridos por la normativa y jurisprudencia citada para el dictado del DNU cuestionado -en la materia de que se trata-, al no evidenciarse y tampoco explicitarse una situación de excepcionalidad o de necesidad que justifique la adopción de las medidas aquí analizadas”, explica el fallo. Y añade: “Tampoco se advierte la imposibilidad de elegir una decisión menos gravosa (trámite parlamentario), ni que las ventajas de la vía escogida sean mayores a las desventajas advertidas”.

Los camaristas agregan que ambos artículos del DNU “alteran el estado de situación de un colectivo de incidencia social como son las entidades deportivas, pues impide desarrollar su vida asociativa”. La Justicia indicó que la suspensión busca proteger a las asociaciones con fines útiles, la libre asociación y la autonomía de la voluntad y reserva de acciones privadas.

Se trata de la segunda objeción judicial que recibe el DNU en cuanto a sus aspectos deportivos. El DNU está en vigor; se encuentra suspendido solamente en sus aspectos vinculados con las relaciones laborales, y ahora en esta cuestión deportiva. La norma permite la posibilidad de que los clubes de fútbol sean sociedades anónimas con fines de lucro y no solo asociaciones civiles, como lo son.

Los artículos suspendidos son el 335 y el 345. El primero ordenaba incorporar en la Ley de Sociedades Anónimas que “no podrá impedirse, dificultarse, privarse o menoscabarse cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, si la misma está reconocida en esta ley y normas complementarias”.

Y el artículo 345 establecía que “las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas dispondrán de un año, contado a partir de la reglamentación del presente, para modificar sus estatutos a efectos de adecuarse a los términos previstos por aquel, lo que deberá ser aplicado sin perjuicio del cumplimiento de los mandatos preexistentes”.

En enero pasado, un juez federal de Mercedes suspendió de manera cautelar la vigencia de ambos artículos. El fallo fue del juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que hizo lugar a una medida cautelar que planteó la Liga de Fútbol de Salto y fue comunicado oficialmente por la AFA, que históricamente está en contra de la posibilidad de que los clubes se conviertan en empresas.

MIlei defiende la necesidad y urgencia de aprobar estos dos artículos porque entiende que el cambio implicaría un rápido ingreso de capitales del exterior, interesados en la compra de clubes de la Argentina.

En la actualidad, todos los clubes inscriptos en AFA del fútbol argentino son considerados Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, en donde el control mayoritario del club está en la potestad de los socios que son quienes eligen a las autoridades del club en elecciones cada cuatro años. Distinto es el caso de países como en Chile, Brasil o Uruguay, donde son Sociedades Anónimas.

La reunión de Gabinete prevista para hoy -se realiza todos los martes y jueves- finalmente fue suspendida por “razones de agenda”, según supo Infobae de fuentes oficiales.

La noticia se conoció en medio de la enorme expectativa que hay por la sesión que se realizará hoy en el Senado -desde las 11 de la mañana- para tratar el DNU 70/23 que desregulariza la economía.

El encuentro del presidente Javier Milei con sus ministros suele contar con la presencia de Victoria Villarruel, pero en las últimas horas la titular de la Cámara Alta fue blanco de críticas internas por impulsar el debate que, en caso de derrota, tendría un alto costo político para la administración libertaria.

“La Oficina del Presidente expresa su preocupación por la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, a fin de entorpecer las negociaciones y el diálogo entre los distintos sectores de la dirigencia política”, dice el texto que publicó el gobierno nacional, en un mensaje que muchos leen como un reproche directo a la vicepresidente.

“El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse’ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”, se apunta en el escrito que se conoció sobre la tarde noche del miércoles, cuando se confirmó la convocatoria a la sesión en el Senado.

Fuente: Infobae.

Hasta la última hora del miércoles, la vicepresidenta Victoria Villarruel tenía decidido mantener sin cambios el temario que firmó de cara a la sesión convocada para este jueves y que incluye el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con las reformas económicas establecido por Javier Milei pocos días después de haber asumido al frente de la Casa Rosada, lo cual reabrió las fisuras entre ambos.

La incorporación de esa cuestión, que la oposición reclamaba desde hacía tiempo discutir en el recinto, principalmente los integrantes de Unidad Ciudadana y del Frente Nacional y Popular, sorprendió al Poder Ejecutivo Nacional, que pretendía postergar el debate.

“Yo me enteré cuando se convocó, no sabía nada”, reconoció un funcionario cercano a Milei, que está molesto con la decisión que se dio, además, previo a que se les entregue a los gobernadores la nueva versión de la Ley Ómnibus.

En el Gobierno, los principales funcionarios y asesores estaban convencidos de que el DNU no tenía que ser tratado hasta tanto el oficialismo no tuviera garantizados los 37 votos afirmativos que necesita para ratificarlo, un número que hoy estaría lejos de conseguir.

El escenario para La Libertad Avanza se agravó recientemente, a partir de un hecho inesperado y trágico, que fue el fallecimiento de la esposa del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que por este motivo podría ausentarse durante la reunión.

A lo largo del miércoles, hubo algunos intentos para buscar alternativas que permitan frenar la votación del Decreto, ya sea postergando la sesión o quitando esta cuestión del temario, pero no hubo acuerdo.

Finalmente, según confirmaron a este medio distintas fuentes, el encuentro en el recinto se mantenía firme y Villarruel no tenía pensado modificar los puntos que se van a discutir en el mismo, a pesar de las quejas expresadas por el Gobierno.

La Vicepresidenta considera que ya logró detener durante bastante tiempo la discusión del Decreto, pero que tanto la oposición como los aliados del oficialismo en el recinto le reclamaban que dejara de dilatar el asunto y la forzaron a incluirlo en la sesión de este jueves.

Asimismo, en el bloque aseguran que hubo una falta de cooperación por parte de las autoridades nacionales a la hora de buscar los consensos necesarios en la Cámara alta: “Desde mediados de enero que estamos con esto, ellos no quieren discutirlo hasta no tener los votos, pero no ayudaron a conseguirlos”, señalan.

En este sentido, algunos referentes del oficialismo recuerdan que la semana pasada, por ejemplo, ningún funcionario, “ni de primera ni de segunda línea”, asistió a la comisión bicameral del Congreso para defender el DNU.

En este contexto, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que criticó duramente “la decisión unilateral de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta”, en la previa de la firma conjunta del Pacto de Mayo y del tratamiento de la nueva Ley Ómnibus.

“El Gobierno Nacional espera que el Poder Legislativo no se deje cautivar por el canto de sirena de quienes pretenden ‘anotarse’ victorias de corto plazo en detrimento del futuro de los 45 millones de argentinos”, remarcó el organismo.

Aunque el texto no está dirigido contra nadie en particular, Milei sí se ocupó de agradecerles “a aquellos legisladores que, comprometidos con los intereses de la Patria y la senda del cambio, no se prestan al juego perverso de aquellos que han decidido deliberadamente entorpecer el desarrollo de la Nación”.

“El potencial rechazo del DNU, que actualmente se encuentra próximo a una definición de la Corte Suprema de Justicia, conllevaría un grave retroceso en los derechos y necesidades del pueblo argentino, implicando, por ejemplo, el regreso de la Ley de Alquileres, el retorno al sistema rígido de obras sociales sindicales, el sostenimiento del modelo corrupto de los Registros Automotor, y la anulación de la política de cielos abiertos, entre otras”, advirtió la Oficina del Presidente.

Esta situación marcó una nueva fricción entre Milei y Villarruel, luego de que hace tan solo unos días la titular del Senado haya lamentado por lo bajo la forma en la que el mandatario nacional criticó el aumento de sueldo que ella y Martín Menem, su par en la Cámara de Diputados, autorizaron para los legisladores.

En aquella oportunidad, la compañera de fórmula del economista le recriminó que solamente había firmado un incremento salarial similar al que se otorgó en el Poder Ejecutivo para los funcionarios. Sin embargo, el jefe de Estado no se convenció con ese argumento y ordenó cancelar todas las subas.

Aunque desde que asumieron en sus respectivos cargos se generaron algunas tensiones entre ambos, los dos mantienen una conversación fluida. Con menos de tres meses de gestión recorrida, ninguno de ellos quiere que la relación se vea perjudicada.

Fuente: Infobae. 

La decisión de Victoria Villarruel de habilitar el debate en el Senado del decreto de necesidad y urgencia (DNU) que dispuso fuertes desregulaciones a la economía, puso al gobierno de Javier Milei ante el riesgo de ser el primer presidente en democracia al que le rechacen un decreto. Sería una derrota política de primera magnitud y podría comprometer, en un futuro, las reformas de 300 leyes que fueron modificadas por esta medida.

La dirigente libertaria cedió a la presiones que motorizó el kirchnerismo más duro de la Cámara alta, una bancada granítica de 33 legisladores que reclamó de manera constante que el DNU sea puesto a consideración. Los pedidos para que se lleve al recinto el DNU lo hizo el senador ultracristinista formoseño, José Mayans, en cada encuentro y en cada sesión, pero no encontró eco. Mientras Unión por la Patria estaba a cuatro votos de los 37 que conforman la mayoría, Villarruel mantuvo su negativa, pero todo cambió el mes pasado cuando los representantes de los bloques que responden a los gobernadores se pronunciaron también por tratar el DNU. Y, lo que es peor, adelantaron que estaban dispuestos a votar el rechazo.

En el momento de mayor debilidad, la Vicepresidenta empezó a dar señales de que no podría mantener su decisión de no convocar a sesiones para tratar el decreto, pese a que desde la Casa Rosada le enviaron claras señales del riesgo que podría tener para el gobierno y para la economía habilitar una sesión con el horizonte de una derrota.

El decreto, de todos modos, tiene una salvaguarda. Por la reforma que impulsó Cristina Kirchner cuando era presidenta, los decretos de necesidad y urgencia requieren para ser dejados sin efecto el rechazado de las dos cámaras. Si el Senado repudia lo firmado por Milei, los estímulos para que Diputados recorra el mismo camino crecerán de manera inevitable. Pero el DNU todavía continuará vigente.

Sin consenso interno en el Gobierno y sin tener asegurada la posibilidad de impedir una derrota, Victoria Villarruel igual convocó a la sesión y puso fecha para que sea el jueves la sesión. Apenas se conoció la convocatoria hubo festejos en los campamentos del kirchnerismo. Es que los senadores “federales” que responden a los gobernadores se mantienen, hasta este martes a la noche, dispuestos no solo a dar quórum, sino también a votar en contra del Gobierno de Milei. Todavía duran los enojos por las descalificaciones en la apertura de sesiones.

Además, dirigentes como Martín Lousteau, que es presidente de la UCR y a la vez senador nacional por la Capital Federal, expresó públicamente su oposición al DNU, al que llegó a calificarlo como “inconstitucional”. Son expresiones que anticipan manos levantadas para el rechazo.

La convocatoria oficial para la sesión especial, firmada por Villarruel, incluye la discusión del decreto de necesidad y urgencia, pero los detalles sobre el desarrollo de la misma se definirán recién en una reunión de Labor Parlamentaria que se llevará a cabo este miércoles, a partir de las 18, donde se esperan intensas negociaciones entre los distintos bloques. Acá podría abrirse una instancia de negociación que evite un traspié para Milei de imprevisibles consecuencias. A eso apuestan “manos amigas” para evitar que la política vuelva a enviar una pésima señal a la economía.

La decisión de Villarruel tomó por sorpresa a los libertarios -un malestar que llegó hasta la misma Casa Rosada- porque habían negociaciones para evitar llegar a una instancia tan peligrosa para el oficialismo. Es así que durante el transcurso de este martes, un grupo de legisladores libertarios y de la oposición anti K empujó una nueva solicitud, que no incluía el DNU.

La decisión de la titular de la Cámara alta de incluir el decreto en el temario desbarató ese intento final.

Este escenario reabrió las permanentes especulaciones en torno a la relación entre Milei y su vicepresidenta. Es que la compañera de fórmula del líder libertario y quien compartió banca durante dos años en Diputados, quedó relegada al ámbito sólo del Senado en el nuevo poder que alumbró el 10 de diciembre. Quedaron en nada las promesas de que estaría a cargo de Seguridad y Defensa, áreas donde quedó a cargo Patricia Bullrich y Luis Petri, respectivamente. Más allá de gestos de distensión, la vicepresidenta ejerce su cuota de poder sólo en el Senado.

El rechazo del DNU no implica, solamente, una posible derrota política para el Presidente, sino que por sobre todas las cosas podría afectar al devenir mismo de la economía. Es que en la Cámara alta La Libertad Avanza estaba en condiciones de mantener blindado el DNU. Si es rechazado allí, el kirchnerismo redoblará la presión para hacer lo mismo en Diputados.

Es un escenario que, como desenlace, podría afectar las reformas que ya están en marcha a partir de la firma del DNU. Ocurrió en el sector de los alquileres, una pesadilla que venían viviendo aquellos que buscan y que ofrecían inmuebles. Este es uno, pero no el único mercado que, a partir de la medida decreto, se empezó a normalizar.

Una anulación definitiva del DNU podría afectar a la economía porque el DNU derogó la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas, la Ley del Compre Nacional, el Observatorio de Precios, la Ley de Promoción Industrial y comercial, entre muchas otras. ¿Si cayera el DNU, qué pasaría con los nuevos contratos? Son los costos hundidos que pueden emerger si cae ese decreto y aparece un limbo jurídico si el Senado efectivamente rechaza el decreto.

Fuente: Infobae.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 287 del 1 de mayo, que fue prorrogado hasta el próximo 25 de junio, establece una serie de restricciones, según un semáforo epidemiológico que divide a los distintos distritos del país en cuatro categorías.

Los cuatro niveles son: bajo riesgo, medio riesgo, alto riesgo y alerta epidemiológica, que se crearon ene función de los parámetros de la razón y la incidencia de los contagios.

Los tres primeros niveles incluyen departamentos o partidos de más de 40.000 habitantes, mientras que la categoría de "alerta" es aplicada a los grandes aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300.000 habitantes.

Estos se considerarán en alerta si la incidencia es igual o mayor a 500 casos cada 100.000 habitantes, o donde el porcentaje de ocupación de camas unidades de terapia intensiva es igual o mayor al 80%.

En ese marco, las actividades restringidas para mitigar el impacto de la segunda ola, establecidas en el DNU 287 del 1 de mayo, que fueron prorrogadas hasta el 25 de junio, según el DNU 381 publicado este sábado en el Boletín Oficial son:

En todo el país:

- Siguen suspendidos viajes grupales de egresados, jubilados, de estudio, para competencias deportivas no oficiales; de grupos turísticos y de grupos para la realización de actividades recreativas y sociales.

- Siguen suspendidas actividades y reuniones sociales en domicilios particulares de más de 10 personas.

- Se establece un aforo del 50 por ciento de todas las superficies cerradas para realizar actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios.

- Se fomenta el teletrabajo para aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que puedan realizar su actividad laboral bajo esta modalidad.

En las zonas de "alarma epidemiológica y sanitaria":

- Siguen suspendidas actividades de centros comerciales y shoppings.

- Los locales comerciales deben cerrar entre las 19 y las 6 horas del día siguiente.

- Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.), deben cerrar entre las 19 y las 6 horas del día siguiente, salvo en las modalidades de reparto a domicilio y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanía. Entre las 6 y las 19, los locales gastronómicos solo podrán atender a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre.

- Queda suspendida la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre

- Queda suspendido el funcionamiento de clubes, gimnasios y otros establecimientos afines.

- La restricción de circular regirá desde las 20 hasta las 6 del día siguiente.

- Las clases presenciales se suspenden en todos los niveles y en todas sus modalidades.

En las zonas del país en "alto riesgo" epidemiológico:

- Siguen suspendidas las reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieran especiales cuidados.

- Siguen suspendidas las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas.

- Sigue suspendida la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados.

- Siguen cerradas las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas.

- Se prohíbe la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.

- Siguen cerrados cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, salvo que funcionen al aire libre.

- Los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) entre las 23 y las 6 del día siguiente, salvo en la modalidad de reparto a domicilio; y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanía.

- Se establece un aforo del 30 por ciento en comercios y espacios cerrados de locales gastronómicos.

- La circulación nocturna se prohíbe entre las 0 y las 6 de cada día.

El Gobierno nacional anunciará este viernes los alcances de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con medidas de cuidado para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus que atraviesa el país, y que continuará con el parámetro del semáforo epidemiológico, que establece distintos tipos de restricciones según la situación sanitaria en cada distrito del país.

"El DNU se va a renovar con los mismos parámetros que se vienen aplicando hasta ahora, con el fundamento de aplicar criterios objetivos y que no haya mucha más discusión", anticipó anoche el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en declaraciones a la señal de cable A24.

El nuevo DNU -que comenzará a regir esta medianoche- se extenderá por las próximas dos semanas, mientras el Gobierno nacional espera que la Cámara de Diputados debata la ley de "Emergencia Covid" que el jueves obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones.

Este proyecto establece un marco normativo sobre parámetros epidemiológicos y sanitarios para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.

El objetivo del Gobierno nacional era obtener el jueves la sanción de la norma, ya aprobada por el Senado, antes de que venza este viernes el DNU vigente con restricciones, pero ante la falta de acuerdo con la oposición, la propuesta deberá ser tratada en una nueva sesión dentro de dos semanas.

En sus declaraciones de anoche, Cafiero ratificó que la nueva norma va a extenderse por "dos semanas" a la "espera" de que "se termine el tratamiento de la ley que también copia estas medidas", por lo cual, aclaró, "cuando se apruebe, tampoco va a cambiar" el criterio para adoptar las restricciones.

El gobierno nacional extendió por seis meses el pago de doble indemnización a los trabajadores que sean despedidos "sin justa causa" que había dispuesto en diciembre pasado, se informó oficialmente.

La medida fue dispuesta por el presidente Alberto Fernández mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 528/2020, indicó la Casa Rosada.

El artículo 1º del DNU dice: "Amplíase por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019".

"En consecuencia -añade- durante la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con los términos del artículo 3° del Decreto N° 34/19 y la legislación vigente en la materia".

El artículo 2 aclara que "el presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran".

El DNU, se indicó, tiene vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

El presidente Alberto Fernández anunció una prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo inclusive con el objetivo de contener el avance del coronavirus en la Argentina.

El primer mandatario informó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa la cuarentena en la Fase 3, es decir, el mismo nivel que hasta ahora; mientras que en el resto del país se avanzará a la Fase cuatro, que aumenta la cantidad que actividades que se pueden retomar.

El mandatario estuvo acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes detallaron la forma en la que se comenzará a incorporar algunas actividades de forma paulatina en sus distritos.

“Toda la Argentina, salvo el AMBA, pasa a la fase cuatro, mientras que el AMBA sigue en la fase tres. El objetivo no se ha podido lograr, ya que allí la densidad demográfica es muy grande”, anunció.

Esto implica que en el Área Metropolitana de Buenos Aires para habilitar comercios y empresas, el Gobernador y el Jefe de Gobierno deberán consultar con el Poder Ejecutivo Nacional que analizará si se dan las condiciones sanitarias adecuadas para que la actividad vuelva a funcionar. En esa región continuará prohibido el transporte interjurisdiccional, salvo quienes tienen tareas esenciales.

El nuevo Decreto de necesidad y urgencia contiene la siguiente información:

1. Se prorroga el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el domingo 24 de mayo inclusive.

2. Prohibiciones generales: Dictado de clases presenciales. Eventos públicos y privados (sociales, culturales, recreativos,deportivos, religiosos). Centros comerciales. Cines, teatros,centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios y clubes. Transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional. Actividades turísticas, aperturas de parques y plazas.

3. Las fronteras continúan cerradas.

4. Continúan dispensados del deber de asistencia al lugar de trabajo los mayores de 60 años, las embarazadas y las personas en los grupos de riesgo.

5. Se habilitan las siguientes ramas industriales, sin uso de transporte público: Automotriz y autopartes. Electrónica y electrodomésticos. Textil, calzado e indumentaria. Productos de tabaco. Metalurgia, maquinaria y equipos. Gráfica, ediciones e impresiones. Madera y mueble. Juguetes. Laboratorios farmacéuticos. Química y petroquímica. Fabricación de motocicletas y bicicletas. Fabricación de neumáticos.

6. Los gobernadores y las gobernadoras (excepto AMBA) podrán decidir excepciones teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

7. El Área Metropolitana de Buenos Aires continúa con las restricciones del Aislamiento y las excepciones deberán ser requeridas al Jefe de Gabinete de la Nación.