El Gobierno nacional anunció que avanzará en la desclasificación y publicación de documentos históricos correspondientes al período comprendido entre 1973 y 1983, una etapa atravesada por la violencia política y la última dictadura militar en la Argentina.

La iniciativa contempla la apertura de archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas y otros organismos durante esos años, con el objetivo de que puedan ser consultados por la ciudadanía y utilizados en investigaciones judiciales y académicas.  

Según se informó, el material será puesto a disposición a través de organismos oficiales encargados de preservar documentación histórica, lo que permitirá ampliar el acceso a información clave sobre uno de los períodos más oscuros del país.  

El recorte temporal incluye tanto los años previos al golpe de Estado de 1976 como el período de la dictadura cívico-militar, que se extendió hasta 1983 y estuvo marcado por graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas y persecuciones.  

La decisión se enmarca en una política que busca avanzar en la reconstrucción histórica y garantizar el acceso a documentación que, en muchos casos, permaneció bajo reserva durante décadas. En ese sentido, los archivos podrían aportar información relevante para causas judiciales en curso y contribuir a esclarecer hechos aún no resueltos.  

No es la primera vez que se impulsa una medida de este tipo: en años anteriores ya se habían dispuesto procesos de desclasificación de documentos, aunque con distintos niveles de acceso y alcance.  

Con esta iniciativa, el Ejecutivo busca dar un paso más en la apertura de archivos y en la construcción de memoria sobre un período clave de la historia argentina. 

Un insólito episodio se registró este lunes en el Juzgado de Faltas, ubicado en Garay 3136, cuando una mujer de 50 años se presentó con la documentación de un vehículo Renault Sedán y el personal advirtió que uno de los papeles era falso.

Según informaron fuentes oficiales, el hecho se descubrió cuando los agentes constataron que el formulario 08 era apócrifo, por lo que se dio aviso a la Central de Emergencias 911. Minutos más tarde intervino personal del Comando de Patrullas.

El doctor Felipe Erdociain, responsable del Área de Atención Inicial Federal, ordenó el secuestro de la documentación y la notificación de formación de causa a la implicada por el delito de “Uso de Documento Apócrifo”. Además, se dispuso la elevación del acta de secuestro para continuar con las actuaciones correspondientes.

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER), dependiente del Ministerio del Interior, puso en marcha un operativo especial en Mar del Plata luego de confirmarse fallas en la impresión de miles de pasaportes emitidos en el país.

La magnitud del problema se conoció el 22 de agosto, cuando el Consulado argentino en San Pablo alertó por correo electrónico a los residentes argentinos en esa ciudad. Según estimaciones oficiales, más de 200.000 documentos quedaron bajo revisión, aunque el RENAPER calcula que entre 5.000 y 6.000 serían los realmente afectados.

En respuesta, el organismo instaló equipos especiales de verificación en el Centro de Documentación Rápida (CDR) de Mar del Plata, ubicado en San Juan 1521, donde los ciudadanos podrán comprobar el estado de sus pasaportes y, de ser necesario, gestionar la reposición inmediata.

Los horarios de atención en el CDR local son de lunes a viernes de 08:00 a 20:00, y sábados de 08:00 a 14:00, mientras que domingos y feriados se encuentra cerrado.

Una mujer de 56 años fue imputada en las últimas horas en Mar del Plata por el delito de "Uso de documento público falso, luego de que presentara papeles irregulares en el intento por denunciar una supuesta usurpación.

El hecho ocurrió en la Subcomisaría Acantilados, cuando la acusada se acercó a denunciar que una propiedad ubicada en calle 689 bis y 697 había sido usurpada, aunque al ser requerida la documentación correspondiente, los efectivos constataron que los papeles presentados carecían de legalidad.

Según fuentes policiales, los documentos no tenían sellos ni certificaciones válidas, presentaban membretes genéricos, timbrados no coincidentes y carecían de datos completos.

Ante la sospecha de falsedad, se dio intervención a la UFI de Delitos Económicos N° 10, a cargo del fiscal Bruna, quien avaló el procedimiento policial y dispuso el secuestro de la documentación, la notificación de la mujer por el delito y la elevación de las actuaciones al magistrado interviniente.