Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina desarticularon una estructura dedicada al narcomenudeo en la zona sur de Mar del Plata, tras realizar cinco allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados sobre avenida Vértiz y las calles Santa Cecilia y San Salvador. El operativo permitió identificar un centro de acopio y cuatro puntos de expendio de estupefacientes.

La investigación comenzó en agosto, a partir de tareas de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de Mar del Plata, cuyos agentes detectaron un presunto punto de venta de drogas. A partir de ese hallazgo, y bajo las directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Estupefacientes, a cargo de la fiscal Daniela Ledesma, la fuerza federal desarrolló seguimientos encubiertos y registros fílmicos.

Esas tareas permitieron establecer el funcionamiento de la estructura investigada. Según se determinó durante la pesquisa, una de las propiedades era utilizada como centro de almacenamiento y depósito principal, mientras que las otras cuatro funcionaban como puntos de venta coordinados.

Con las pruebas reunidas, el juez Gabriel Adrián Bombini, titular del Juzgado de Garantías Nº5 del Departamento Judicial Mar del Plata, ordenó los procedimientos. Los allanamientos contaron con la participación de efectivos de la DUOF y de la Unidad Táctica de Intervención Federal (UTIF).

Durante los registros, los agentes secuestraron dosis de cocaína y marihuana preparadas para la comercialización, frascos de bicarbonato de sodio presuntamente utilizados para el estiramiento de las sustancias, balanzas de precisión y documentación considerada de interés para la causa.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nº23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron un presunto punto de venta de drogas al menudeo en el barrio Las Dalias. El procedimiento se realizó en una vivienda de Los Cerezos al 3200 y culminó con la detención de un hombre de 40 años.

La investigación comenzó en septiembre, a partir de reiteradas denuncias anónimas realizadas al servicio de emergencias 911. Así, se inició una causa que quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) de Estupefacientes de Mar del Plata, conducida por la fiscal Daniela Ledesma.

Las tareas de campo y la recolección de pruebas audiovisuales estuvieron a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la PFA. Según la investigación, las diligencias permitieron establecer que en el domicilio señalado se comercializaba cocaína e identificar al presunto responsable de la actividad.

Con los elementos probatorios reunidos, el titular del Juzgado de Garantías Nº5, Gabriel Bombini, ordenó el allanamiento de la vivienda.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al hombre investigado y secuestraron dosis de cocaína, elementos utilizados para el estiramiento de la sustancia, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión, municiones y tres teléfonos celulares.

Además, un hombre de nacionalidad chilena fue notificado del inicio de las actuaciones judiciales. El procedimiento se desarrolló bajo la supervisión del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El Personal de la Comisaría Octava, mientras realizaba un operativo de control, realizó una requisa a un interno de la Unidad  Penal N°15 de Batán, donde se secuestro marihuana y otras sustancias. 

En el procedimiento secuestraron 12,5 gramos de cannabis sativa, 5,1 gramos de una sustancia polvorienta blanca que dio resultado negativo para cocaína. A su vez se encontraron diez pastillas celestes, cuya composición deberá ser determinada. 

Intervino la UFI de Estupefacientes, que dispuso las actuaciones correspondientes bajo la carátula de tenencia de estupefacientes. 

Una red familiar que se dedicaba al trafico de cocaína fue desarticulada tras la detención de una pareja boliviana mientras realizaban una escala en el Aeroparque de Buenos Aires. Tras ser inspeccionados se les encontró 199 cápsulas de droga que tenían en el cuerpo. 

Este accionar fue descubierto por agentes de Gendarmería, quienes detectaron cómo integrantes de una familia ingresaban al país dosis de estupefacientes desde Bolivia y luego las llevaban hacia provincias patagónicas.

El transporte de la droga se realizaba mediante vía aérea y quienes cargaban con las sustancias se arriesgaban a llevar la droga en su organismo. 

La investigación llevó a los gendarmes, en forma conjunta con la Unidad de Investigación de Delitos Complejos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a interceptar en el Aeroparque a un hombre y una mujer de nacionalidad boliviana.

De acuerdo a lo que se supo, la pareja abordó un vuelo comercial en el Aeropuerto de Salta con destino a la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, y  contaría con una escala en la Ciudad de Buenos Aires. 

Cuando fueron sometidos al escáner corporal en la terminal aérea porteña,  los uniformados detectaron la presencia de elementos extraños alojados en sus tractos digestivos , por lo que  fueron trasladados al Hospital Fernández.

Tras la asistencia médica, los involucrados evacuaron 199 cápsulas que contenían 2 kilos 465 gramos de clorhidrato de cocaína. A su vez, los agentes secuestraron 840.700 pesos, 500 dólares, 2.530 pesos bolivianos y dos teléfonos celulares. 

El Ministerio Público Fiscal dispuso el secuestro de los estupefacientes y el de todos los elementos hallados, además de la detención de la pareja boliviana.

Un hombre de 33 años fue aprehendido por personal del Comando luego de ser identificado cuando circulaba en un Chevrolet Corsa gris.

El procedimiento comenzó tras un llamado al 911 que alertaba sobre presuntas detonaciones en la zona de Santa Fe y La Costa. Al interceptar el vehículo, los efectivos realizaron una requisa y encontraron distintos elementos.

Según informaron fuentes policiales, se secuestró una pistola de aire comprimido, 21 dosis de cocaína, 19 gramos de cogollos de marihuana y $206.600 en efectivo.

Las sustancias fueron sometidas a un test orientativo y dieron resultado positivo para cocaína y marihuana.

En el hecho intervino la UFIJE Temática Estupefacientes, a cargo de la fiscal Ledesma, que dispuso la aprehensión del acusado y su posterior traslado a la Unidad Penal N.º 44.

Agentes del Departamento Federal de Investigaciones realizaron un allanamiento en un predio industrial de Necochea, donde detuvieron a un hombre y secuestraron varios elementos vinculados a la venta de drogas.

La investigación había comenzado a principios de agosto cuando personal de la División Unidad Operativa Federal de Necochea advirtió de presuntas maniobras de acopio y venta de estupefacientes en un predio industrial tomado, ubicado sobre la calle 14.  A su vez se conoció tras realizarse las pesquisas,  que el lugar se encontraba muy cerca de un centro de rehabilitación de adicciones.  

En la investigación intervino la Unidad Fiscal n°30 de Necochea, a cargo del Dr. Carlos Larrarte.  Y ya con las pruebas obtenidas, el Juzgado de Garantías Nº2 de Necochea a cargo del Dr. Nicolás Lamberti, ordenó el allanamiento a dicho lugar.

En el operativo fue detenido un hombre de 34 años, a su vez se secuestraron dosis de cocaína y un kilo de marihuana junto a tres plantas de la misma. Además, se encontraron elementos de fraccionamiento, dos balanzas de precisión, tres cuchillos, 100 dólares y  11.600 pesos. 

El hombre y todos los elementos que se secuestraron en el lugar quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley de drogas.

Un importante operativo contra el narcotráfico se desplegó en Mar del Plata con la realización simultánea de 14 allanamientos que culminaron con cinco personas detenidas y el secuestro de drogas y otros elementos de interés para la investigación.

Según la información oficial, la causa comenzó a partir de denuncias y posteriores tareas de inteligencia criminal que permitieron avanzar sobre una organización sospechada de distribuir y comercializar estupefacientes en diferentes sectores de la ciudad.

La investigación puso el foco principalmente en el barrio Las Dalias, donde el grupo habría utilizado viviendas particulares y construcciones tipo “búnker” para almacenar, fraccionar y posteriormente vender drogas al menudeo.

A partir de los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia dispuso 14 allanamientos simultáneos. Como resultado, fueron detenidas cinco personas señaladas como integrantes de la estructura investigada.

Además, durante los procedimientos los agentes incautaron importantes cantidades de cocaína y marihuana, sustancias utilizadas para el corte de los estupefacientes, teléfonos celulares, dinero en efectivo y municiones, entre otros objetos considerados relevantes para la causa.

Tanto los detenidos como el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización y las responsabilidades de las personas involucradas

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y seis civiles, entre ellos dos abogados, por integrar una organización que utilizaba recursos y facultades del Estado para extorsionar a personas investigadas por narcotráfico, manipular causas y apropiarse de estupefacientes. Las penas llegaron hasta los 17 años de prisión, luego de un debate oral que se extendió durante casi dos años. 

Según quedó acreditado durante el juicio, la estructura estaba integrada por agentes que habían prestado funciones en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro. Desde allí se desarrollaron distintas maniobras que incluían extorsiones, cobro de dinero para evitar procesos penales y falsificación de actuaciones judiciales.

Uno de los episodios más relevantes analizados fue el denominado “Leones blancos”, ocurrido el 29 de diciembre de 2013 en una quinta de Moreno vinculada al clan Loza. El procedimiento, que posteriormente fue anulado por la Justicia, se inició a partir de una denuncia anónima falsa y terminó con el supuesto secuestro de casi media tonelada de cocaína. 

Sin embargo, la investigación determinó que los integrantes de la organización policial también se apoderaron de más de 480 kilos de cocaína que eran transportados en una camioneta que había salido del lugar. Esa droga fue desviada con el objetivo de volver a introducirla en el mercado ilegal. 

Uno de los puntos de la investigación tiene especial impacto en la región: el cargamento sustraído, valuado entre 2,6 y 2,8 millones de dólares, fue trasladado hasta Santa Clara del Mar. Desde allí se proyectaba su distribución en diferentes puntos de la Costa Atlántica y también en circuitos internacionales, mediante paquetes termosellados. 

Por las maniobras relacionadas con “Leones blancos” fueron condenados integrantes de la delegación de Quilmes, entre ellos el comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta, considerados coautores de delitos que incluyeron uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. 

También fueron alcanzados por el fallo los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco, quienes recibieron penas de 14 años y seis meses de prisión, mientras que la sargenta Tamara Silvina Machuca fue condenada a 11 años. 

La investigación determinó además que no se trataba de un episodio aislado. Maniobras similares fueron detectadas en las causas conocidas como “Bustamante”, “Basaldúa”, “Acosta” y “Santellán”, en las que se comprobaron extorsiones a personas investigadas por narcotráfico, pedidos de dinero para evitar imputaciones y el armado de actuaciones judiciales.

En cuanto a la estructura que operaba desde San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty recibió una pena de 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita. En tanto, el sargento Santiago Ignacio Cabré fue condenado a 14 años y el teniente Mario Alberto de Armas, a 12. 

El fallo también alcanzó a civiles. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli recibieron penas de ejecución condicional e inhabilitación especial para ejercer la profesión, tras ser considerados integrantes de la asociación ilícita y partícipes en delitos de extorsión y cohecho. En total, hubo 25 condenados y seis personas absueltas. 

Además, el veredicto abrió un nuevo capítulo en la investigación sobre las posibles responsabilidades dentro del ámbito judicial. El tribunal dispuso profundizar las actuaciones relacionadas con el destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y otros funcionarios que podrían haber tenido participación o conocimiento de las maniobras investigadas. 

La sentencia expuso así un entramado que, de acuerdo con la acusación acreditada durante el proceso, utilizó estructuras estatales destinadas a combatir el narcotráfico para intervenir ilegalmente en ese mismo mercado, mediante extorsiones, causas fraguadas y la apropiación de cargamentos millonarios de cocaína. 

Una organización presuntamente dedicada a la comercialización de estupefacientes fue desarticulada hoy en el barrio Parque Camet, tras un amplio operativo encabezado por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, dependiente de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado - División Sede Descentralizada V. El procedimiento incluyó 20 órdenes de registro domiciliario, secuestro y detención.

La investigación se había iniciado de oficio el 19 de mayo pasado, a partir del abordaje de distintas problemáticas delictivas vinculadas al narcomenudeo en un sector específico del barrio. En ese marco, los investigadores detectaron presuntas maniobras relacionadas con la venta, el acopio, la guarda y el fraccionamiento de sustancias ilícitas.

Además, durante el desarrollo de las tareas investigativas se establecieron presuntas vinculaciones entre la organización y distintos hechos violentos registrados en la zona. Entre ellos se identificaron robos con armas, abusos de armas, lesiones y tentativas de homicidio.

Como resultado de los veinte procedimientos, ejecutados con habilitación horaria expresa, las fuerzas de seguridad aprehendieron a doce personas: siete hombres y cinco mujeres, de entre 28 y 72 años.

Durante los allanamientos se secuestraron cocaína, marihuana, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo. También fueron incautados elementos presuntamente utilizados para el fraccionamiento y la comercialización de estupefacientes, documentación de interés, objetos destinados al ocultamiento y logística, además de otros elementos que estarían vinculados con la actividad investigada.

El operativo contó con la intervención de la Fiscalía de Estupefacientes del Departamento Judicial Mar del Plata y del Juzgado de Garantías Nº3.

De acuerdo con lo informado, el procedimiento permitió afectar de manera significativa la estructura logística y territorial de la organización, al interrumpir presuntos puntos de comercialización, acopio y fraccionamiento de estupefacientes en distintos sectores del Partido de General Pueyrredon.

El panorama nacional respecto del consumo de estupefacientes presenta cifras preocupantes. Según datos del Observatorio Argentino de Drogas, se registraron 12.670 muertes asociadas al uso de sustancias psicoactivas entre personas de 15 a 64 años, cifra equivalente al 15,3% del total de fallecimientos en ese grupo etario. A su vez, la prevalencia del consumo de cocaína en adolescentes aumentó del 2,0% al 2,9%, ubicando a Argentina entre los países con mayores niveles de consumo de la región. En este contexto, el presidente de Posada del Inti, Fabián Messina, advirtió sobre el agravamiento de la problemática y cuestionó la falta de políticas públicas efectivas.

En diálogo con el programa Modo Regreso por Radio Mitre Mar del Plata, Messina recordó que pasaron dos años desde el final del convenio entre la institución y Sedronar, lo que obligó a la institución a reestructurar su funcionamiento y reducir de manera significativa la capacidad de atención ambulatoria que tenía en la sede de la calle Caseros.

“Posada del Inti dio un paso al costado porque era inviable trabajar con lo que paga el Estado. No se pueden cumplir las exigencias que ellos mismos imponen: hay una normativa que no podés cubrir ni el 30% con lo que Sedronar exige. Esas contradicciones delirantes del Estado hacen que hoy un montón de pibes no tengan adónde ir. Se acotó la oferta de tratamiento de una manera casi criminal”, sostuvo.

Según explicó el titular de la institución, tras el repliegue del acompañamiento estatal debieron reorientar la atención hacia pacientes particulares y de obras sociales para poder sostener la estructura. De esta manera, pasaron de atender a cerca de 450 personas a contar con un cupo aproximado de 80 pacientes. Messina calificó como “desgarrador tener que decirle que no a 10, 15 o 20 llamadas por semana” de familias que buscan asistencia y no encuentran una respuesta dentro del sistema público de salud.

Al analizar las transformaciones registradas durante los últimos dos años, Messina señaló también un rejuvenecimiento de las personas en situación de calle, con una franja etaria predominante de entre 20 y 35 años. También alertó sobre la disminución de la edad de inicio en los consumos y relató una situación que presenció recientemente en un barrio vulnerable: “Hace poquito fui a buscar unos delantales a la casa de una modista en la villa La Palangana. A las cinco de la tarde había dos pibitos de 8 o 9 años ‘pipeando’ (fumando cocaína) y dos pibitas de 13 o 14 años que se me acercaron a ofrecerme sexo”, relató.

A partir de esa experiencia, reclamó una mayor presencia territorial del Estado y de las instituciones. “Falta barro, calle y botas de goma para meterse en los sectores vulnerables”, enfatizó.

En cuanto a las sustancias de mayor prevalencia, Messina describió un escenario de policonsumo en el que aparecen el alcohol, la marihuana, los psicofármacos y la cocaína de baja calidad. Además, señaló que entre las personas en situación de extrema vulnerabilidad es habitual el consumo de “cachuñas”, combinaciones elaboradas con alcohol fino puro, y advirtió que esta práctica contribuye a incrementar los niveles de violencia en la vía pública.

Messina también cuestionó la naturalización de la venta de sustancias y la pérdida de percepción sobre los riesgos asociados al consumo.

“Antes, que alguien vendiera droga era algo alarmante. Hoy en todos los barrios hay mínimo un punto de venta por manzana y la gente convive con eso. Me preocupa muchísimo la normalización de esto y, sobre todo, la indiferencia del Estado”, afirmó.

El dirigente también se refirió a la aparición de nuevas problemáticas, como la ludopatía digital y las apuestas online. En ese sentido, criticó la falta de respuestas anticipadas por parte de los organismos gubernamentales y comparó la situación con experiencias desarrolladas en otros países de la región, como Chile. “Llegamos tarde siempre porque nos miramos el ombligo y nadie piensa en el bien común ni en la construcción colectiva”, sostuvo.

Messina realizó un llamado a las autoridades provinciales y municipales para que asuman un rol activo frente a la problemática y dejen de concentrar las respuestas en diagnósticos y mesas de trabajo. “Con casi 30 años de recorrido pido al arco político que se deje de joder, que vayan a La Plata si hay que hacer barullo y pidan lo que hay que pedir. Estoy cansado de participar en mesas y comisiones donde se analizan diagnósticos; hay que arremangarse y laburar”, expresó.

La Unidad Fiscal Mar del Plata, bajo la dirección interina del fiscal general Horacio Azzolin, llevó a cabo la incineración de más de 75 kilogramos de marihuana y casi 1,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un crematorio privado de Miramar, en el marco de una diligencia judicial vinculada a causas federales concluidas.

El procedimiento se convirtió en la tercera quema de estupefacientes realizada en la jurisdicción desde la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio el 7 de abril de 2025, consolidando el mecanismo de destrucción de evidencia en expedientes ya resueltos.

Los cargamentos eliminados correspondían a pruebas recolectadas en seis investigaciones finalizadas durante el primer semestre de 2026, tramitadas por la Oficina de Narcocriminalidad del Area de Investigación y Litigio de Casos Complejos y el Área de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal.

La destrucción fue ordenada por el juez federal de Garantías Santiago Inchausti en audiencias de homologación de acuerdos de juicio abreviado, que concluyeron con 13 condenas de hasta 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de la suspensión del juicio a prueba para otros tres imputados.

El operativo de traslado, custodia y supervisión sanitaria se desarrolló con la participación del Area de Atención Inicial, la Oficina de Evidencias y la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina, junto a las autoridades del crematorio que facilitaron el espacio para la diligencia.

La Policía Federal Argentina desarticuló una organización acusada de almacenar, fraccionar y distribuir estupefacientes en distintas ciudades de la Costa Atlántica y la Patagonia.

El procedimiento fue realizado por el Departamento Federal de Investigaciones, bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad de la Nación para la lucha contra el narcotráfico.

La investigación comenzó a partir de distintas pesquisas desarrolladas por personal de la División Antidrogas Mar del Plata, en el marco de la causa denominada “Coirón”. En el expediente intervino la Unidad Fiscal de Mar del Plata, Área de Narcocriminalidad, a cargo de Hércules Giffi.

Durante varios meses, los agentes realizaron tareas de inteligencia criminal, seguimientos encubiertos y análisis de información para establecer el funcionamiento de la organización y reconstruir el circuito utilizado para comercializar drogas en Mar del Plata, Miramar y Trelew.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia ordenó seis allanamientos simultáneos para evitar posibles fugas o la destrucción de evidencia. Cuatro procedimientos se llevaron adelante en Mar del Plata, uno en Miramar y el restante en Trelew, provincia de Chubut.

Como resultado de los operativos, fueron detenidos dos hombres y una mujer. Además, los investigadores secuestraron más de medio kilogramo de marihuana, varias dosis de cocaína y 30 gramos de tusi, sustancia conocida popularmente como “cocaína rosa”.

También encontraron bicarbonato de sodio utilizado como sustancia de corte, una balanza de precisión, un arma de fuego de fabricación casera tipo tumbera calibre .22, municiones y otros elementos considerados de interés para la causa.

Durante los allanamientos fueron incautados nueve teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación y determinar posibles conexiones con otras personas vinculadas con la organización.

Los tres detenidos y todo el material secuestrado quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Drogas 23.737.

Una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, integrada por ciudadanos chinos y con operaciones en Argentina, fue desarticulada luego de una investigación que se extendió durante casi diez meses. El operativo culminó con la detención de dos hombres, uno de ellos señalado como el presunto jefe de la estructura criminal, durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La causa comenzó en septiembre de 2025, cuando una mujer fue descubierta en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Malasia. En su equipaje transportaba 6,8 kilos de cocaína ocultos en envases plásticos de alimentos. La carga tenía un valor estimado de 102.000 dólares, equivalente a unos 152 millones de pesos, por lo que quedó detenida y se dio inicio a una investigación judicial.

A partir del análisis de su teléfono celular y del seguimiento de movimientos bancarios, transferencias, comunicaciones y compra de pasajes aéreos, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de la organización e identificar a quienes presuntamente coordinaban la operatoria. La pesquisa fue llevada adelante por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, con la intervención de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cinco allanamientos en el AMBA. Allí fueron detenidos un ciudadano chino, señalado como el supuesto líder de la banda, y otro hombre acusado de actuar como testaferro y colaborar con la logística de las maniobras investigadas.

Durante los procedimientos se secuestraron 629 pastillas de catinonas sintéticas, valuadas en alrededor de 20.000 dólares, además de 9 gramos de pseudoefedrina y otras sustancias estupefacientes. Las catinonas sintéticas son drogas psicoactivas de nueva generación consideradas de alta peligrosidad por su fuerte poder adictivo y por los graves efectos que pueden provocar sobre el sistema cardiovascular y la salud mental. Según los investigadores, incluso pueden resultar más dañinas que el MDMA, conocido popularmente como éxtasis.

La causa continúa abierta para determinar si existen más personas involucradas en la organización y establecer el alcance de sus operaciones. Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia y, en caso de ser condenados por el delito de contrabando agravado, podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.

Un hombre fue aprehendido durante un operativo de control motovehicular realizado en la zona de Carasa y Cervantes Saavedra, luego de intentar evadir a los agentes municipales y policiales, ingresar sin autorización a una vivienda particular y ser hallado con estupefacientes entre sus pertenencias.

El procedimiento se llevó a cabo en el marco de los controles impulsados por la Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito y el Cuerpo de Patrulla Municipal, con apoyo de efectivos policiales.

Según se informó, durante una recorrida preventiva en las inmediaciones del operativo, los agentes detectaron una motocicleta cuyo conductor circulaba sin casco. Al advertir la presencia de los controles, el motociclista comenzó a desplazarse en contramano e intentó ocultarse junto al rodado en un domicilio de la zona.

Cuando el personal intentó identificarlo, el hombre adoptó una actitud hostil, se negó a aportar sus datos y forcejeó con los agentes. Posteriormente emprendió la fuga e ingresó sin autorización a una vivienda ajena, siendo perseguido por efectivos policiales y personal motorizado que acudió en apoyo.

Finalmente fue reducido y aprehendido. Durante el procedimiento descartó un morral que fue secuestrado en presencia de un testigo. En su interior se encontraron cinco envoltorios con estupefacientes fraccionados, una tijera y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Asimismo, la motocicleta fue secuestrada por las infracciones detectadas y se labraron las actuaciones correspondientes.

Como resultado de la intervención, el hombre quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde se iniciaron actuaciones por los delitos de resistencia a la autoridad, violación de domicilio y tenencia de estupefacientes.

Desde el Municipio señalaron que el operativo se desarrolló en el marco de las acciones preventivas que se llevan adelante en distintos sectores de la ciudad para reforzar la seguridad y promover el cumplimiento de las normas en la vía pública.

Un operativo realizado en la ciudad terminó con el desmantelamiento de un presunto punto de venta de drogas y un hallazgo que sorprendió a los investigadores: dos monos capuchinos y varios gallos presuntamente utilizados para peleas clandestinas permanecían encerrados dentro de las propiedades allanadas. La intervención estuvo a cargo de efectivos de la División Investigaciones Especiales de la Policía Federal, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

La investigación, impulsada por la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma y autorizada por la jueza de Garantías Rosa Frende, derivó en procedimientos simultáneos en dos inmuebles ubicados sobre Leguizamón al 2500 y Rawson al 9100, lugares que estaban bajo seguimiento por presuntas maniobras de venta de droga.

Durante las requisas, los agentes secuestraron cocaína, marihuana y otros elementos considerados de interés para la causa judicial. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando los efectivos encontraron en las viviendas a dos monos capuchinos en cautiverio y varios gallos de riña, en un presunto caso paralelo de tenencia ilegal de fauna.

Pese al despliegue policial, no hubo detenidos durante los allanamientos, ya que la pareja investigada no se encontraba en los domicilios al momento de los procedimientos. Fuentes ligadas a la causa indicaron que ambos continúan siendo buscados mientras avanza la investigación judicial. Los animales rescatados quedaron bajo intervención de organismos especializados para evaluar su estado y definir su traslado.

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre acusado de comercializar drogas en Las Toninas, en el marco de una investigación por narcomenudeo que se desarrolló durante varios meses en la Costa Atlántica.

La causa se inició en diciembre de 2025, cuando la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°3 de Dolores ordenó una serie de tareas investigativas para determinar posibles maniobras vinculadas al tráfico de estupefacientes en esa localidad balnearia.

A partir de distintos trabajos de campo, análisis de datos y seguimientos realizados por efectivos de la División Unidad Operativa Federal Pinamar, los investigadores lograron identificar dos viviendas que presuntamente funcionaban como puntos de acopio, fraccionamiento y venta de droga.

Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N°6 de Villa Gesell autorizó allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados sobre Calle 21 y Avenida Costanera.

Durante los procedimientos fue detenido un hombre, mientras que una mujer quedó imputada en la causa. Además, la Policía secuestró varias dosis de marihuana, una bolsa con “tusi”, una ampolla de ketamina, más de un millón de pesos, 300 dólares, un motovehículo, teléfonos celulares, tijeras, elementos utilizados para fraccionar sustancias y documentación considerada de interés para la investigación.

Los operativos fueron supervisados por el Ministerio de Seguridad Nacional y forman parte de las acciones impulsadas para combatir el narcotráfico en distintos puntos del país.

Tanto el detenido como la mujer notificada quedaron a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Drogas.

Un suboficial principal del Servicio Penitenciario Bonaerense fue detenido acusado de vender drogas a internos en la Unidad Penitenciaria Nº6 de Dolores, tras una investigación iniciada en 2024 a partir de denuncias realizadas por personas privadas de la libertad.

El imputado fue identificado como Juan José Blanco, quien quedó acusado por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por su condición de funcionario público encargado de la custodia de detenidos.

La causa se originó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº3, a cargo del fiscal Marcos Scoccimarro, luego de que internos denunciaran que el agente les vendía marihuana. Según la investigación, los pagos se realizaban mediante transferencias a una cuenta personal del imputado en el Banco Provincia.

A partir de las pruebas reunidas, la fiscalía solicitó un allanamiento en el domicilio del acusado, donde se secuestró su teléfono celular, considerado un elemento clave para profundizar la recolección de evidencias.

Las constancias de transferencias abarcan al menos todo 2024 y constituyen uno de los principales elementos probatorios. Con estos indicios, el juez de Garantías Emiliano Lazzari ordenó la detención de Blanco.

Los investigadores intentan determinar si el caso forma parte de una red más amplia dedicada a la comercialización de drogas dentro del penal, que involucraría a otros actores y mecanismos de distribución entre la población carcelaria.

Fuente: con información de DIB

El fármaco Ozempic nació como un tratamiento para la diabetes tipo 2, pero en los últimos años dio un giro inesperado: se convirtió en una de las herramientas más buscadas para adelgazar, especialmente en el mundo del espectáculo.

Su principio activo, la semaglutida, actúa regulando el azúcar en sangre y generando sensación de saciedad, lo que reduce el apetito. Aunque no fue diseñado específicamente para bajar de peso, ese efecto colateral lo puso en el centro de la escena. 

El salto a la popularidad masiva tuvo un punto clave en Hollywood. Figuras como Kim Kardashian quedaron en el centro de rumores por sus cambios físicos en poco tiempo, mientras que otras celebridades como Oprah Winfrey, Rebel Wilson o Serena Williams reconocieron el uso de este tipo de medicamentos o similares para perder peso. 

Por eso, el medicamento empezó a ser conocido como “la droga de Hollywood”, impulsado por influencers, actores y figuras públicas que lo adoptaron como parte de sus rutinas para adelgazar rápidamente. 

Sin embargo, el fenómeno también abrió una fuerte discusión. Especialistas advierten que su uso con fines estéticos, sin indicación médica, puede implicar riesgos, desde efectos secundarios digestivos hasta complicaciones más serias. Además, la alta demanda generó problemas de abastecimiento en algunos países, afectando a pacientes que realmente lo necesitan para tratar enfermedades. 

El caso de Ozempic refleja un cambio cultural más amplio: la búsqueda de soluciones rápidas para el peso en una sociedad atravesada por la presión estética. Mientras algunos lo ven como una herramienta eficaz, otros cuestionan su uso masivo y el mensaje que transmite.

Así, lo que comenzó como un avance médico hoy es también un fenómeno social que cruza salud, consumo y modelos de belleza.

En el marco de una investigación llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, se realizaron 24 órdenes de allanamiento en distintos puntos de Mar del Plata y el Partido de Mar Chiquita, donde se logró desarticular una estructura dedicada a la comercialización de estupefacientes.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidas 17 personas -11 hombres y 6 mujeres-, mientras que otras 4 fueron notificadas de la formación de causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal.

Durante los operativos se secuestró una importante cantidad de estupefacientes, entre ellos más de 770 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada en dosis, más de 5,5 kilogramos de marihuana fraccionada y compactada, y más de 36 kilogramos de plantas de cannabis.

Además, se incautaron múltiples armas de fuego de distintos calibres -incluyendo pistolas y revólveres, varias con numeración suprimida-, junto a municiones de diverso tipo.

En cuanto a los bienes secuestrados, se contabilizaron un vehículo Volkswagen Gol, autopartes varias, 38 teléfonos celulares, 5 balanzas digitales, un inhibidor de señal, dispositivos electrónicos, indumentaria con insignias policiales, herramientas, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes, 8 bicicletas y una suma de dinero en efectivo de $386.650.

Los procedimientos permitieron desarticular una organización vinculada a la comercialización de drogas y otras actividades delictivas conexas, mientras continúan las tareas investigativas para determinar la totalidad de los involucrados y sus responsabilidades penales.

En el marco de una investigación por abuso de arma y lesiones leves, personal policial realizó un allanamiento en el barrio Puerto que culminó con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de un arma de fuego, estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

La causa se inició a partir de un episodio ocurrido el pasado 20 de febrero en Guanahani al 3300, donde un hombre de 30 años resultó herido de arma de fuego en su pierna izquierda. Según su testimonio, el ataque se produjo cuando salía de la vivienda de su pareja y fue sorprendido por un hombre -a quien identificó como hijo de una vecina- que, sin mediar palabra, efectuó varios disparos, impactando uno de ellos en su extremidad inferior.

La víctima sufrió una fractura de tibia y peroné, fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). De acuerdo a los primeros elementos de la investigación, el hecho estaría vinculado a conflictos de larga data en el entorno familiar del agresor, lo que habría derivado en una escalada de violencia que culminó en el ataque armado.

El operativo realizado hoy se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de Pescadores y Magallanes, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron la toma de testimonios y el análisis de registros fílmicos, lo que permitió identificar al principal imputado.

Durante el procedimiento, en el que intervinieron efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Tercera con apoyo del GTO de la Comisaría Novena, el Grupo GAD e Infantería, se secuestró una pistola semiautomática calibre 9 mm Bersa Thunder -con inscripción de la Policía Federal Argentina- junto a su cargador y municiones. Además, incautaron cuatro teléfonos celulares, 22 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total aproximado de 19 gramos y dinero en efectivo.

En el lugar fueron aprehendidos dos hombres de 33 y 41 años. La Fiscalía N°5, a cargo de Alejandro Pellegrinelli, dispuso para el principal imputado la formación de causa por tenencia de arma de guerra, abuso de arma, lesiones y encubrimiento, ordenando su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Asimismo, ambos quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con intervención del Juzgado de Garantías N°3, que convalidó el secuestro de los elementos incautados.