En declaraciones a El Marplatense, la abogada Victoria Loisi, representante de la Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal, confirmó que los consorcios de edificios volverán a gestionar una prórroga para completar la adecuación de ascensores a la normativa vigente dispuesta por las autoridades locales.

La letrada explicó que todavía existe un número significativo de inmuebles que no se han ajustado a los requerimientos técnicos y de seguridad. Según indicó, se estima que alrededor del 50% de los edificios aún no finalizó el proceso de modernización. En muchos casos, señaló, la demora responde a cuestiones operativas con las empresas de mantenimiento, como la dificultad para conseguir determinados repuestos.

Sin embargo, también reconoció que el factor económico pesa en la postergación. “Hay consorcios que no han logrado reunir los fondos necesarios para afrontar estos trabajos”, sostuvo. En otros casos, añadió, los recursos disponibles debieron destinarse a urgencias edilicias o problemas estructurales, lo que fue desplazando en el tiempo el cumplimiento de la norma.

Loisi remarcó que la adecuación no debe interpretarse solo como una exigencia administrativa. “No se trata únicamente de cumplir con un trámite burocrático, sino de garantizar condiciones de seguridad adecuadas. Si ocurre un accidente, el consorcio es responsable”, advirtió. Además, recordó que las aseguradoras suelen exigir el cumplimiento estricto de la normativa para brindar cobertura, lo que podría generar conflictos adicionales ante un eventual siniestro.

Finalmente, recomendó que aquellas administraciones que todavía no avanzaron con la actualización convoquen a una asamblea de propietarios para abordar el tema de manera urgente y evaluar la posibilidad de establecer una expensa extraordinaria que permita reunir los recursos necesarios y evitar tanto sanciones como riesgos mayores.

Las cámaras de seguridad del edificio ubicado en Crocce al 1800, en el barrio Punta Mogotes, captaron el momento en que dos hombres encapuchados y con mochilas forcejaban la puerta de entrada. La maniobra duró apenas 20 segundos, tiempo suficiente para ingresar y retirarse corriendo con pertenencias del lugar.

Las imágenes muestran cómo, tras forzar el acceso, ambos delincuentes escapan rápidamente, dejando en evidencia la vulnerabilidad del edificio y la falta de medidas de seguridad efectivas. Según relataron testigos, el hecho ocurrió a primera hora de la mañana, cuando la circulación de personas era escasa.

Vecinos del edificio expresaron su indignación por lo que consideran una grave omisión de la administración del edificio, que no radicó la denuncia correspondiente. “La inoperancia de la administración no sienta precedente”, afirmaron, advirtiendo que esta falta de acción favorece la impunidad.

El episodio se suma a una seguidilla de hechos de inseguridad que, según los residentes, se han vuelto cotidianos en Punta Mogotes.  Esta es otra prueba más de la anarquía que se está viviendo en el barrio, donde la delincuencia se hizo rutina y los vecinos no encuentran respuestas.

Hasta el momento, no hubo comunicados oficiales sobre el caso ni confirmación de que la policía cuente con una denuncia formal para iniciar la investigación. Los vecinos, en tanto, piden patrullajes más frecuentes y medidas urgentes para frenar la escalada de robos en la zona.

Encargados de edificios y representantes del gremio Suteryh manifestaron su preocupación por el crecimiento de robos y hechos delictivos en inmuebles de Mar del Plata, especialmente en las zonas céntricas, La Perla y el norte de la ciudad. 

Mario Fernández, titular del gremio que nuclea a los trabajadores de edificios, dialogo con El Marplatense sobre la inseguridad que afecta cada vez más a los inmuebles que no cuentan con encargados. “Hay poco control. Mucha gente durmiendo en la calle, y te roban los porteros eléctricos, los picaportes, los pasamanos”, relató. 

Según dijo, los delincuentes se aprovechan de la falta de vigilancia, se meten en pasillos y lavaderos, y hasta duermen dentro de los edificios. “En los lugares donde no hay encargado, se meten y nadie los controla”, advirtió.

Fernández citó un caso reciente en la zona céntrica: “Yo estoy entre San Martín y Catamarca. Ahí robaron todos los negocios. Al edificio de enfrente le llevan cada dos por tres las puertitas de los reguladores del gas. Es constante”.

En algunos casos, los encargados que permanecen en funciones logran evitar los robos gracias al monitoreo de cámaras. “Uno de nuestros compañeros, en la zona de la costa, vio por las cámaras que se le metieron dos personas al edificio y los corrió. Pero tuvo suerte de estar ahí. Donde no hay nadie, no hay forma de reaccionar a tiempo”, explicó Fernández.

También cuestionó la eficacia de la intervención policial: “Cuando llamás, te vienen cinco o seis patrulleros, llenan el edificio. Pero llegan cuando ya pasó todo. El encargado ya corrió al que se metió o ya se fue solo. Lo que falta es prevención”, remarcó.

El secretario gremial de Suteryh, Pablo Ravagni, coincidió con el diagnóstico y detalló que los robos son frecuentes en zonas como España, Colón, Independencia y La Perla. “Parecen zonas liberadas. Entran sabiendo que no hay encargado, porque hay empresas de limpieza. Algunos usan las mismas llaves que se les da a los empleados de limpieza para ingresar a los edificios”, denunció.

Ravagni señaló además que en barrios como el norte y los desarrollos cercanos a Camet, los delincuentes aprovechan los accesos a las cocheras o las puertas principales para llevarse bicicletas, motos y otros objetos de valor. “En muchos casos, los administradores ven en las cámaras cómo entran en horarios determinados, cuando ya conocen la rutina del edificio”, explicó.

El dirigente también reveló que algunos encargados han recibido amenazas por denunciar estos hechos. “Hablamos con un encargado que ya lo denunció y sigue sin respuestas. La policía llega, sí, pero tarde. Entran al edificio, revisan todo, pero los vecinos terminan más asustados”, dijo.

Ambos referentes del gremio coincidieron en que la ausencia de encargados permanentes, reemplazados por empresas tercerizadas de limpieza, genera un vacío que facilita los delitos. “Antes el encargado estaba atento, controlaba, conocía a los vecinos. Hoy muchos edificios están sin presencia fija, y eso deja la puerta abierta al delito”, concluyeron.

Por la polémica autorización para construir edificios de 12 metros junto al mar en el balneario La Reserva y el informe presentado por el Colegio de Arquitectos Distrito 9, su presidente Diego Domingorena expresó que “sería un error generar una grieta en este tema” y pidió que haya un “trabajo en conjunto”.

“Organizamos un evento para atender el tema que está en debate, sobre el patrimonio, la planificación y las excepciones. Hace algunas semanas realizamos un encuentro en el que convocamos a varios sectores relacionados a estas facetas, tales como desarrolladores, colegios profesionales, el Municipio y ONG´s que se encargan del patrimonio, para que mandaran a un representante. Y después llevamos a tres arquitectos especialistas, quienes fueron Eduardo Reese, Mariana Quiroga y Alfredo Garay”, comentó sobre la serie de conferencia e intercambios que llevaron a cabo para debatir el proyecto autorizado por el Concejo Deliberante en 2022.

Entonces, a partir de allí, el líder del Colegio de Arquitectos Distrito 9 le contó a Primera Tarde de Mitre (FM 103.7) que realizaron una gacetilla con "la síntesis del encuentro”, en la cual cuestionaron la construcción de viviendas multifamiliares de hasta 12 metros en La Reserva.

Puntualmente señalaron que “el cambio de playas naturales a playas urbanizadas afecta fuertemente el patrimonio físico, natural y paisajístico de la costa debido al deterioro, la fragmentación, y la pérdida de ambientes y biodiversidad”.

Sin embargo, aseguró que “sería un error generar una especie de grieta en este tema”, ya que “en los países centrales y las ciudades sostenibles y sustentables esto no es una grieta, sino un trabajo en conjunto”.

En este punto, Domingorena sostuvo que a pesar de que “sin el aporte privado es imposible que las ciudades crezcan”, siempre de por medio deben existir “normas, acuerdos y planificaciones”. Y aclaró que esa es “la síntesis del documento” que presentaron, donde "la avenida del medio serían los acuerdos entre el desarrollo y la ciudadanía para que esto sea un círculo virtuoso que beneficie a todos y no solo a un sector”.

Es que el cierre del informe critica la audiencia pública sobre este proyecto que se celebró a fines de noviembre, donde consideraron que el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) no garantizó el acceso a a participar, ya que “la única forma de inscripción" fue “personal y presencial” en la sede del organismo “que se encuentra en la periferia de la ciudad”. Allí añadieron que ”otra limitación a la hora de emitir la posición de la comunidad es el breve tiempo de exposición otorgado, solamente cinco minutos para opinar sobre un texto que supera las 192 páginas".

“Somos proactivos con el Municipio, siempre nos ponemos a disposición, y hemos sido convocados para algunos temas relacionados a la planificación y también trabajado en ordenanzas de incentivo a la construcción. Nos juntamos para hablar de la legalización de las obras, pero sobre lo que estamos abordando, que es una planificación integral, tienen una deuda pendiente”, denunció.

Y finalmente recordó que “hace meses presentamos un proyecto para crear un Consejo de Vivienda, Hábitat y Derecho a la Ciudad, que nos parecía una herramienta necesaria para disparar este tema y que se empiece a tratar”. No obstante, no volvieron a ser convocados.

El consejo “apuntaría a repensar o generar opinión sobre cuestiones como el déficit habitacional, la intromisión de los espacios públicos o la falta de movilidad en sectores de la ciudad", según le manifestó a este medio a fines de septiembre.

"Los extremos siempre son malos, no debe haber ni una ciudad liberada a que se haga lo que aparezca como negocio ni una ciudad cerrada en la que no se puede hacer ningún tipo de desarrollo”, concluyó el arquitecto.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que sería “lógico” quitar la imagen de Evita Perón del edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social. El funcionario dijo en declaraciones a ¿La Ves?: “Supongo que se puede sacar sin ningún problema, sería lógico, no parece razonable que en un edificio público se pongan estas imágenes”.

Francos respaldó la política del Gobierno de retiro de referencias del kirchnerismo en sedes públicas, como el desplazamiento del busto del expresidente Néstor Kirchner de una oficina de la ANSES: “El criterio que se planteó fue que las cosas que son públicas no tienen por qué tener nombres que se asocian a un partido político”.

Francos aclaró que no propuso “demoler” el edificio ubicado en Avenida 9 de Julio entre Moreno y avenida Belgrano: “La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dijo que estaban reorganizando los inmuebles en ese ministerio. No estoy proponiendo demolerlo, sí se analiza qué hacer con él, porque es demasiado grande para la función que cumple y no está en buen estado. Tiene problemas, genera un costo elevado para el Estado y no es funcional”.

El jefe de Gabinete había planteado previamente, en declaraciones a Radio Mitre, sobre el edificio que fuera sede del ex Ministerio de Desarrollo Social: “La demolición del edificio que está en medio de la 9 Julio no es nueva, hace décadas que la escuchamos hablar. Yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires, allá por los ‘90, y era un tema que siempre estaba en discusión, que era un edificio que no solamente que estaba en bastante malas condiciones sino que además entorpecía el tránsito dentro de una avenida central en la ciudad”.

El Gobierno decidió retirar el busto del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba ubicado en la oficina central de la ANSES. (Video: X @secasfpi)

En los últimos días el Gobierno decidió retirar el busto del expresidente Néstor Kirchner que estaba en la oficina de la ANSES en el microcentro porteño. El anuncio lo hizo Pettovello en su cuenta de X, y adjuntó imágenes de la subida del busto a una camioneta para retirarlo del lugar.

Lo comunicó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, en su cuenta de X: "Como ya lo dijo el presidente Javier Milei, los edificios públicos son de todos los argentinos". (Foto y video: X @catalanlisandro)

Además taparon un mural de Néstor Kirchner que estaba en la sede del Correo Argentino ubicada en el barrio de Retiro. Lo comunicó el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, en su cuenta de X: “Como ya lo dijo el presidente Javier Milei, los edificios públicos son de todos los argentinos. No corresponde que en ellos haya propaganda política”.

Catalán planteó: “Por eso, estamos removiendo pintadas y símbolos partidarios en todos los edificios públicos, para garantizar la libertad de expresión y de pensamiento. En este caso, avanzamos con la remoción de un mural en la sucursal de Retiro de Correo Argentino”.

Fuente: TN

Los vecinos del Barrio Constitución (calles Derqui, Patagones, Lijo Lopez, Aragón, Cataluña, Blas Parera y sus alrededores) elevaron una carta al intendente Guillermo Montenegro para rechazar la construcción de edificios en la zona de Aragón y Patagones.

En el escrito, los vecinos expresaron su "disconformidad" por la construcción de las torres en un espacio de 1800 m2, "dado que no solo nos acarrearía una serie de inconvenientes en los servicios de luz, gas y agua, estacionamiento y tránsito, sino que además perjudicaría la esencia del barrio paseo con sus calles zigzagueantes provocando contaminación visual y auditiva, afectando el espacio verde".

"También nos preocupa como vecinos, que nuestros inmuebles que hoy tienen un importante gravamen como barrio residencial se vean afectados en su valuación si se llevara a cabo dicha obra", aseveraron.

Asimismo, destacaron que ya se ha sentado un precedente "con la construcción de un edificio ubicado en Cataluña y Patagones (de 5 plantas más la terraza) la cual no se pudo evitar, no deseamos que nuestro barrio se vea invadido por ese tipo de construcciones, sino por el contrario deseamos que las mismas sean acordes al perfil del entorno".

Bajo cualquier modalidad se han intentado robos, siempre. El ingenio para los ilícitos no para de sorprender. Muchos son los casos de delincuentes que se visten de policías para vulnerar a las víctimas. Pero en la actualidad, aprovechando el contexto de la pandemia, el "camuflaje" resulta otro: trabajadores de la salud.

Si bien aún no han logrado su cometido, los intentos comenzaron en los edificios, según explicó el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERyH), Juan Domingo Rodríguez.

"Ya tuvimos varios casos de gente que se ha presentado informando que son del SAME, personal de Salud e inclusive con los uniformes para entrar a los departamentos manifestando que van a hacer los hisopados sin cargo", comenzó el referente del sector.

Y alertó: "Por suerte los encargados de edificio son personal esencial y están muy atentos y no han permitido que ingresaran. Por ese motivo, alertamos a todos los encargados que no dejen entrar a nadie sin autorización".

En cuanto a la tarea de los encargados de edificios frente a la pandemia, Rodríguez informó que "estamos bien, no hay casos entre nosotros. La mayoría de los encargados de edificio están expuestos, pero se cuidan. De todas maneras, hay edificios en los que no usan el barbijo y no toman las medidas de seguridad. Estamos haciendo un informe para presentar en el Ministerio de Trabajo para que sean inspeccionados".

Asimismo, avisó que "los espacios comunes como pasillos y quincho, hay que tratar de evitar que la gente circule. Los encargados tienen que tratar que la población del edificio no ande circulando", para cuidarse sanitariamente y evitar la propagación del virus.

A pesar de la que impide cortar el gas siempre que no haya riesgos, desde la Cámara de Propiedad Horizontal manifestaron su preocupación por las actuaciones de Camuzzi que dejan sin servicio a todo el edificio y estimaron que actualmente son alrededor de 60 los afectados.

"Energas publicó una nueva normativa que habla de artefacto, que si está defectuoso lo retiran y le dan al propietario 90 días para que pueda solucionarlo antes de cortarle el gas. En edificios es diferente, porque es general. Alguien hace una llamada apara decir que hay olor a gas, Camuzzi hace control y si no ven pérdida, en forma precautoria cortan el gas del edificio", destacó Daniel Echeverria, titular de la Cámara, en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata.

En este marco, destacó que las obras para reacondicionar tienen costos "importantes". "Las pruebas pueden arrojar perdidas en los departamentos y ahí son los inconvenientes. Hoy cambiar la cañeria de gas, más tramites, honorarios del matriculado y materiales, son cifras muy importantes", agregó.

Asimismo, señaló que alrededor de 60 edificios están sin gas en la ciudad, aunque se intervinieron más y explicó que "si la cañería no arroja pérdida, hay que revisar el departamento el consorcio y después el propetario adecuar las instalaciones".

"Hay edificios que estuvieron hasta un año sin gas. Es peor porque no encontrando nada, preventivamente lo cortan. Cuesta entender que por una denuncia anónima corten un edificio", aseveró.

Desde el Colegio de Técnicos de Mar del Plata apuntaron algunas críticas al decreto ad referéndum del Concejo Deliberante que definió semanas atrás el Intendente Carlos Arroyo para aplicar cambios a la ordenanza 12.526 sobre mantenimiento y conservación de fachadas y consideraron que la iniciativa no representa una "solución de fondo" a la problemática.

Martín Carrasco, quien está al frente de la entidad, consideró que el "mejor" camino para abordar respuestas debe surgir de una "normativa consensuada con la mirada de todos los actores para establecer bien la responsabilidad de cada uno".

En diálogo con El Marplatense, el referente de la institución colegiada dijo que lo que se tiene que priorizar es el "mejoramiento del parque edilicio de los marplatenses". "No queremos que haya informes archivados en un cajón y deslinden las responsabilidades de distintos actores", señaló, y agregó: "Tiene que haber un círculo que se cierra con el informe, el diagnóstico, las líneas de trabajo que hay que hacer y cómo se conectan las lineas de trabajo".

Para Carrasco, la medida impulsada por el jefe comunal puede ser un "inicio" para encontrar algunas soluciones pero dijo que su implementación sera "vital" para determinar "si sirve o no". "Igual hay que tener en cuenta que este decreto no soluciona la cuestión de fondo", aclaró.

El titular del Colegio de Técnicos también recordó que el carácter ad referéndum del decreto obliga a una correspondiente revisión de los concejales para definir su aprobación o no, por lo que se mostró a disposición de los ediles para aportar su mirada al respecto.

EL DECRETO

La disposición, formulada luego del proyecto enviado por el Colegio de Ingenieros tras lo ocurrido con el derrumbe de los  balcones en Punta Mogotes, contempla a aquellas estructuras que posean una altura igual o inferior a planta baja y dos pisos, cuya antigüedad sea de más de 5 años, contados a partir de la firma del certificado final de obra o bien de su incorporación de oficio del catastro municipal.

“Visto la necesidad de extremar las medidas precautorias y de control destinadas a evitar riesgo a la seguridad de las personas y los bienes, que pudiere ocasionar el desprendimiento parcial o total y la consecuente caída de elementos constructivos de cualquier tipo integrantes de salientes que avancen sobre el espacio público de acera, en edificios públicos y privados, que posean una altura igual o inferior a planta baja y dos (2) pisos, cuya antigüedad sea de más de cinco (5) años”, dice el escrito firmado por el jefe comunal.

Para Arroyo, “resulta necesario, oportuno y conveniente extremar los recaudos a los efectos consignados en el visto, sobre aquellos inmuebles que pese a no estar incluidos en los alcances de dicho marco normativo, ameritan su consideración precautoria y de control”.

El arquitecto Esteban Bianca advirtió que la Municipalidad de General Pueyrredon cuenta con "muy poco personal" como para cumplimentar todas las inspecciones que deberían realizarse en las edificaciones que hay en el distrito, después de la tragedia que se suscitó este fin de semana en Punta Mogotes y que se cobró la vida de una mujer de 35 años y su hija, de 3.

El profesional matriculado destacó que el trabajo de los inspectores es "continuo" aunque al mismo tiempo señaló que es "muy limitado" por el escaso número que dispone la comuna hasta la fecha. "Hoy son 4 los inspectores que hay en el Municipio y tienen 600 expedientes cada uno. El año pasado eran 6 y se han jubilado 2. No dan abasto para cubrir esto", aseveró, en diálogo con El Marplatense.

Sobre los controles, el arquitecto recordó que la Municipalidad comenzó en el año 1999 a realizar las inspecciones sobre edificios con una antigüedad superior a 10 años y dijo que "poco a poco los fue incorporando". "El problema es que cuenta con poco personal como para seguir incorporando edificios. Incluso, los edificios nuevos que ya tienen 10 años no los ha podido incorporar porque no cuenta con el personal correspondiente", señaló.

A su vez, Bianca recordó que en la ordenanza 12.526 se regula en la ciudad el mantenimiento de las fachadas de cualquier construcción, en la cual se estipula que los profesionales independientes deban elevar, cada 3 años, los informes técnicos para revisar las "patologías que el edificio presenta".

Al analizar la situación que ocurrió en la edificación de Puán y Acevedo, el profesional consideró que se da un escenario "muy particular" porque se debería "presuponer que las estructuras cuentan con su armadura correspondiente", en relación a la ausencia de hierros que dieran un soporte a los balcones.

"Si no había ningún tipo de fisura en la base de los voladizos, ningún profesional hubiera dudado de que existen los hierros de refuerzo. Incluso el edificio podría tener un informe técnico favorable, pero creo yo que en este caso estamos hablando de un vicio oculto. Es decir, que cuando se hizo el edificio no se colocaron los hierros en la estructura original", afirmó.

Bianca instó a que haya una colaboración por parte de los propietarios, para que "cuando detecten una fisura lo hagan saber a la administración" y así se pueda "contratar a un profesional idóneo y determinar qué grado de gravedad tiene".