A través de la Resolución General 5628, la ARCA -ex AFIP- decidió prorrogar hasta el 31 de julio el inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares, pero solo para determinadas entidades sin fines lucro y no se renovó para el resto de MiPymes.

En ese sentido, para amortiguar el impacto de esta medida en las PYMES, la ARCA dictó también la Resolución General 5629 estableciendo un plan de pago, que "es mejor que caer en una ejecución fiscal”, según le dijo el contador público nacional, Marcelo Corbalán, a Los datos del día de Radio Mitre (FM 103.7). 

“Me puse hurguetear un poco más con la suspensión de ejecuciones fiscales, lo que quiere decir que la ARCA va a empezar a ejecutar la deuda que tiene. En 2023 no se hizo, en 2024 tampoco ni en la pandemia. Ahora arrancó, pero no había visto que publicaron un cronograma de ejecuciones. Por deuda de más de $20 millones empiezan a ejecutarse el 17 de febrero, por más de $7 millones el 17 de marzo y el resto, el 14 de abril”, explicó.

Entonces, añadió que “lo que uno debe tener en cuenta para no caer en una ejecución es lo que trae aparejada, porque no es que hacen el juicio para cobrarte, sino que trae un aumento de la tasa de interés, que la normal es del 7,26% y la de intereses punitorios -cuando empieza el juicio- se eleva al 8,38%”.

En este punto, Corbalán explicó que ello significa un “sobrecosto altísimo” y agregó: “La otra cuestión es que ese juicio tiene un costo del paquete total de un 20% de honorarios por el abogado del fisco. Y a su vez, se toman medidas precautorias, como embargar las cuentas. En una empresa que está en marcha, es un trastorno. Desde el punto de vista operativo para una PYME, una ejecución fiscal es una molestia importante, más allá del costo”.

De acuerdo al contador público nacional, para ello se debe “buscar algún plan de pago disponible”, donde en este caso existe uno “amplio” para deudas vencidas al 31 de diciembre del 2024. “Si tenés una deuda ahí, podés adherirte a este plan que tiene hasta 48 cuotas. No te perdonan nada, pero no tendrás embargos ni las medidas cautelares o los honorarios del abogado. Es un buen momento para usar ese plan de pago y evitar estos problemas”, subrayó.

Sobre la misma línea, aclaró que la ARCA tiene un menú con planes de pagos más cortos, por lo que recomendó que “cuando uno tiene un vencimiento debe ver cómo lo puede pagar porque si hay una forma de hacerlo con una financiación, es mejor que caer en una ejecución fiscal”.

“A veces uno no puede pagar, pero en la medida que se pueda evitar, que en la gran mayoría sí se puede, hay que hacerlo. Y por eso hay que planificar fiscalmente”, sentenció.

Alrededor de 18.000 personas fueron asesinadas por las Fuerzas de Seguridad de Venezuela desde 2016 bajo el mandato de Nicolás Maduro,  según lo informó el estudio realizado por la ONG Human Rights Watch. La razón detrás de las numerosas ejecuciones es "resistencia a la autoridad". 

La medición tomó como base los datos difundidos por el Ministerio del Interior venezolano, que indican que 5.995 personas murieron por esta causa en 2016, 4.998 en 2017 y 6.856 en 2018 y los primeros cinco meses de 2019. El número incluye las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas de Seguridad, las FAES y otros grupos leales al chavismo.

"Desde que se crearon las FAES, como parte de la Policía Nacional Bolivariana, agentes de esta fuerza han cometido impunemente graves violaciones de derechos humanos", expresaron en el informe, que precisa que recientemente las ejecuciones y detenciones arbitrarias se concentraron en comunidades de bajos recursos que dejaron de apoyar al régimen de Nicolás Maduro.

"En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia", explicó José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.

En todos los casos que Human Rights Watch investigó, agentes armados de las FAES vestían uniformes negros del cuerpo policial. En varios casos, llevaban el rostro cubierto, llegaron en camionetas negras sin matrícula e irrumpieron en viviendas en vecindarios de bajos ingresos. Los agentes con frecuencia obligaban a los familiares de las víctimas a salir antes de llevar a cabo las ejecuciones. En varios casos, también robaron alimentos y otros artículos difíciles de conseguir en Venezuela debido a la crisis económica y humanitaria.

La ONG subrayó que en todos los casos de ejecuciones investigados, hubo familiares que dijeron que agentes de las FAES alteraron el lugar de los hechos y manipularon la evidencia. "Los agentes colocaron armas y drogas para incriminar a las víctimas o efectuaron disparos contra las paredes o al aire para sugerir que las víctimas se habían 'resistido a la autoridad'. En algunos casos, los familiares dijeron que después de las ejecuciones tuvieron dificultades para obtener los cuerpos de sus seres queridos, los informes de la autopsia o los certificados de defunción", denunció HRW.

La mayoría de las ejecuciones examinadas por Human Rights Watch coinciden con las prácticas policiales abusivas que varios organismos de seguridad vienen empleando hace años. Entre 2015 y 2017, las fuerzas de seguridad venezolanas realizaron redadas en comunidades de bajos ingresos en el marco de la OLP. Entre las fuerzas de seguridad participantes se encontraban la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y fuerzas de policía de los estados.

En el marco de estas redadas hubo señalamientos generalizados de abusos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

En noviembre de 2017, la entonces fiscal general de Venezuela indicó que las fuerzas de seguridad habían matado a más de 500 personas durante estos operativos. Funcionarios del gobierno afirmaron en varias oportunidades que las víctimas eran delincuentes armados que habían muerto durante "enfrentamientos". En muchos casos, testigos o familiares de las víctimas desmintieron estos señalamientos. En varios casos, las víctimas fueron vistas con vida por última vez bajo custodia policial.

Cuando se crearon las Fuerzas de Acciones Especiales en 2017, Maduro indicó que su finalidad era combatir el crimen y el terrorismo y "proteger al pueblo" frente a "las bandas criminales y las bandas terroristas alentadas por la derecha criminal". El organismo del cual dependen, la PNB, es parte del Ministerio de Interior de Venezuela, que está a cargo de Néstor Reverol desde 2016. Reverol responde directamente a Maduro.

"En lugar de investigar los numerosos señalamientos de violaciones de derechos humanos cometidas por integrantes de FAES, las autoridades venezolanas han defendido su actuación", concluyó Human Rights Watch. El 17 de julio de 2019, Maduro dijo "¡Que viva el FAES!" y expresó su pleno apoyo "para el FAES en su labor diaria", recopiló Infobae.